El generalizado convencimiento de que el modelo de relaciones aplicado por España desde hace años con Marruecos no sirve plantea la obvia necesidad de diseñar otro que nos lleve a superar tanto el permanente chantaje de Rabat, como el inútil apaciguamiento de Madrid ante cada nuevo pulso. A partir de ese punto se abre aparentemente un amplio abanico de opciones para, sea cual sea el color político del inquilino de la Moncloa, poder salir airoso de una relación de vecindad tan cargada de asignaturas pendientes.

La opción más radical sería la entrega a Marruecos de Ceuta, Melilla y el resto del territorio español que la corona alauí viene reclamando desde hace décadas. Habitualmente se suele descartar esa posibilidad con los consabidos argumentos históricos de su pertenencia a España desde mucho antes de la existencia de Marruecos como Estado, con el añadido de la consideración a los derechos de ceutíes y melillenses como plenos ciudadanos españoles, al mensaje de debilidad que algo así transmitiría de un país que renuncia a su propio territorio y al previsible efecto multiplicador que eso tendría en las reivindicaciones marroquíes (con Canarias en su horizonte maximalista).

En todo caso, la historia está llena de cesiones territoriales que parecían inicialmente impensables. Por eso, si esa alternativa queda descartada actualmente, mucho más allá de los argumentos históricos, legales y hasta sentimentales, es, sobre todo, porque, dicho llanamente, no hay nada que Marruecos tenga lo suficientemente atractivo a cambio –sea en el terreno geopolítico o geoeconómico– como para que en su momento un gobierno y una sociedad española se planteen dar ese paso.

Si se atiende a muchos de los comentarios suscitados por la crisis de Ceuta, parecería que el camino a emprender ante cada gesto marroquí de lo que melifluamente se suele denominar “asertividad” tendría que ser el de la fuerza. Más policías y guardias civiles, más soldados desplegados permanentemente sobre el terreno, acompañado de la reimposición de las concertinas, así como de vallas y barreras aún más altas.

Por un lado, son sobrados los ejemplos de que una valla mayor o un carro de combate adicional no detienen la desesperación de los abandonados por su propio Gobierno. Por otro, basta con recordar el extemporáneo “Al alba y con viento de levante…” con el que el entonces ministro defensa, Federico Trillo, dio cuenta en julio de 2002 de la operación Romeo-Sierra para recuperar Perejil para entender que ese nunca será el camino que resuelva los problemas con nuestro vecino del sur.

Lo que se necesita es atreverse a tomar decisiones, empleando los instrumentos ya creados, para hacer ver a nuestro vecino que no dispone de carta blanca para jugar a su antojo sin consecuencias

Ceuta y Melilla son, militarmente, indefendibles por muchos que sean los medios desplegados en sus muy escasos terrenos. Por supuesto, en un contexto de guerra abierta, España tendría muchas vías para defenderse y para hacer sentir su superioridad en el campo de batalla; pero sería a todas luces un camino equivocado, no solo porque Marruecos ya tiene un potencial militar considerable (con Washington y Tel Aviv a sus espaldas), sino porque nada garantiza el resultado y tensaría brutalmente nuestras alianzas tanto europeas como atlánticas.

Implicación de la UE

Lo que queda entonces, asumiendo los imperativos de la geografía y el interés por contar con la colaboración marroquí en la lucha antiterrorista, en la represión del narcotráfico y en la gestión de los flujos migratorios, es optar por el entendimiento pacífico. Un entendimiento que no cabe confundir con sumisión y edulcoramiento y que debe asumir que Marruecos ya ha activado hace tiempo una “estrategia en la zona gris”, con la vista puesta en hacerse con todos esos territorios españoles. Una estrategia que incluye emplear a su propia población como ariete, piratear teléfonos ajenos o corromper a periodistas y eurodiputados, con el evidente propósito de lograr concesiones y posiciones de ventaja en cualquier asunto de su interés.

Eso es, en esencia, lo que España lleva haciendo desde los años 80 del pasado siglo con el entonces llamado “colchón de intereses”; es decir, la creación de una tupida red de interdependencias –tanto en el terreno comercial como en el político, judicial y de seguridad– que sirva para evitar una confrontación directa y para responder a cualquier bufido marroquí. Hoy puede decirse que la red es suficientemente densa, pero lo que falta es voluntad para emplear su potencialidad cuando Rabat se deja llevar por su instinto soberanista. A fin de cuentas, ni el muy criticado alineamiento con la posición marroquí en relación con el Sáhara Occidental, ni el silencio ante su espionaje telefónico, ni la oferta para que se sumara a España y Portugal en la organización del campeonato mundial de futbol han servido para garantizar la calma.

La imagen ofrecida perjudica directamente a la UE como un actor político inoperante e insolidario

No se trata, por tanto, de inventar lo que ya existe. Si lo que se busca es ir más allá de titulares fantasiosos que sirven para criticar al gobernante de turno, buscando una rentabilidad electoral a corto plazo, es obligado reconocer que el citado colchón sigue siendo válido como esquema global de relaciones. Pero también lo es admitir que, sin voluntad política para emplearlo, cuando dicha relación se tensa porque Marruecos se sale de la senda acordada conjuntamente, lo único que se garantiza es el abuso y el chantaje. No hay una fórmula mágica que sacar de ninguna chistera. Lo que se necesita es atreverse a tomar decisiones, empleando los instrumentos ya creados, para hacer ver a nuestro vecino que no dispone de carta blanca para jugar a su antojo sin consecuencias.

Y nada de eso puede funcionar sin la implicación de la Unión Europea en el esfuerzo, haciendo valer su peso ante Marruecos tanto en el terreno comercial como en el presupuestario. Desgraciadamente, una vez más, los Veintisiete han dado un pésimo ejemplo de desunión ante lo ocurrido en una de sus fronteras exteriores más problemáticas. Es cierto que, si el propio Gobierno español ha optado por no señalar la responsabilidad de Marruecos en lo sucedido en Ceuta, no cabía esperar que el resto de los gobiernos de la Unión fueran a suplir esa pusilánime dejadez en la carta firmada por 22 jefes de Estado y de Gobierno. Pero también lo es que la imagen ofrecida perjudica directamente a la UE como un actor político inoperante e insolidario.

La marea humana que ha llenado las calles de Ceuta ha visibilizado una crisis logística –con el reto de atender las necesidades inmediatas de decenas de miles de personas en una ciudad de limitados recursos–; migratoria –ante la necesidad de gestionar su situación administrativa y los muy probables retornos sin salirse del marco legal y sin afectar a sus derechos básicos– y de seguridad –tanto en materia de orden público en una ciudad de poco más de 80.000 habitantes como de seguridad nacional, especialmente en relación con el control de fronteras–.

Lo primero que nos enseña esta crisis es que, en contra del discurso oficial que maneja el Gobierno español, Marruecos no es un país amigo. Como cualquier otro país del planeta, Marruecos tiene intereses y está decidido a emplear todos los medios a su alcance para defenderlos.

En este caso, el interés de Rabat es cumplir su sueño de integrar a Ceuta, entre otros territorios españoles, bajo su soberanía, y uno de sus principales instrumentos es su propia población, de la que manipula vergonzosamente sus carencias y sus expectativas. Eso explica, una vez descartada la opción militar de un asalto por la fuerza, la activación de una “estrategia en la zona gris”, tal como figura desde hace años en los manuales al uso.

Una estrategia que se traduce en acciones que, individualmente consideradas, quedan por debajo de lo que cabría entender como un casus belli (motivo por el que comienza una guerra), pero que tienen una clara intencionalidad de provocar un cambio radical de la situación de partida, sin tener que recurrir a las armas.

Lo primero que nos enseña esta crisis es que, en contra del discurso oficial que maneja el Gobierno español, Marruecos no es un país amigo

Marruecos lleva años desarrollando esa estrategia –es inevitable recordar la Marcha Verde, en la que movilizó a centenares de miles de civiles marroquíes hacia el Sahara Occidental, calculando (acertadamente) que España no se atrevería a frenarlos con su ejército–.

La crisis también nos muestra que el rey Mohamed VI no tiene reparo alguno en mostrar al mundo la pésima situación en la que viven millones de sus súbditos (más que ciudadanos). La supuesta estabilidad y progreso del país, en los que ha puesto tanto énfasis en su reciente discurso de conmemoración de su acceso al trono, quedan de inmediato cuestionados con esas imágenes de descontrol fronterizo y de unos marroquíes que demuestran con su acción lo poco que ya esperan de sus gobernantes.

Muy negativas tienen que ser sus condiciones de vida para que se arriesguen de ese modo –mientras sigue aumentando el número de quienes han muerto en el intento de llegar a donde creen (infundadamente) que todos sus problemas se van a resolver–.

En esa misma línea, tampoco es creíble la insistencia de distintos responsables gubernamentales españoles en la “plena colaboración” prestada en todo momento por Marruecos para solucionar el problema de lo que, autoengañándose, se quiere hacer pasar por movimientos espontáneos de población próxima a la frontera y de la acción de las mafias locales que trafican con personas.

Nada de estas proporciones ocurre en un país tan autoritario y represor de cualquier tipo de disidencia sin que responda a una decisión política que busca volver a demostrar (como sucedió en 2021) quién tiene, no solo la sartén, sino también el mango en su mano. Y que, una vez desencadenada la crisis, Rabat se apresure a desplegar medios y colaborar con Madrid no es más que una señal adicional del nivel de control sobre una dinámica en la que el régimen marroquí es un consumado experto.

Nada de estas proporciones ocurre en un país tan autoritario y represor de cualquier tipo de disidencia sin que responda a una decisión política que busca volver a demostrar quién tiene no solo la sartén, sino también el mango en su mano

Todo eso muestra, asimismo, el fracaso del esquema ideado por los sucesivos Gobiernos españoles para evitar los sustos que Marruecos nos proporciona regularmente. Ni el pleno alineamiento con la tesis soberanista marroquí respecto al Sahara Occidental, ni las condecoraciones a altos responsables de la seguridad del reino (los mismos que algo tendrán que ver con el espionaje telefónico al que ha sido sometido el propio presidente del Gobierno español), ni el extremo cuidado en no alimentar sus suspicacias (renunciando incluso a que el personal de refuerzo de Frontex esté presente en la zona fronteriza) han servido para evitar la repetición a mayor escala de lo sufrido hace cinco años.

Tampoco parecen haber sido muy útiles los servicios de Inteligencia españoles: a pesar de que en la primera mitad del año la entrada de irregulares había aumentado un 150% respecto al mismo periodo del año anterior, no han sido capaces de detectar lo que se venía preparando.

En definitiva, da igual si esta nueva crisis es la respuesta marroquí a la reciente visita del jefe de gobierno español a Argel o si busca forzar la aceptación española de que la final del Mundial de fútbol se celebre dentro de cuatro años en Casablanca. Lo que deja en claro es tanto la voluntad de Rabat de mantener el rumbo soberanista (más aún al saberse respaldado por Washington y Tel Aviv), como la incapacidad española para neutralizar esa estrategia en la zona gris.

Seguimos atrapados en un esquema que no ha servido para garantizar una relación bilateral mutuamente fructífera y que –como demuestra la reacción inicial de nuestros socios, con Italia y Finlandia en primera línea– tampoco consigue alinear a los Veintisiete –con toda la potencialidad presupuestaria, comercial y diplomática que atesoran– para dejar suficientemente claro quién tiene realmente la sartén en su poder.

Lee aquí la segunda parte del artículo: Qué puede hacer España en su relación con Marruecos tras la crisis de Ceuta

En el mes que ha transcurrido desde la firma del Memorándum de Versalles ha quedado claro que aquel documento no certificaba el final de nada. Ni Estados Unidos ni Irán han dejado de golpearse desde entonces, aunque ambos siguen apostando por mantener activo el proceso de negociación que hipotéticamente debería conducir a un verdadero acuerdo de paz.

Visto en perspectiva, resulta evidente que, con aquella firma, Donald Trump tan solo buscaba un alivio puntual de la tensión económica, procurando rebajar el riesgo de un resultado electoral adverso el próximo noviembre. Eso le llevó a suscribir un pacto que apenas escondía el rotundo fracaso de su estrategia de fuerza contra Teherán, en la medida en que ni logró derribar el régimen de los ayatolas, ni tampoco eliminar su programa nuclear o recuperar la libertad del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Lo que ha ocurrido a continuación ha sido, básicamente, un intento desesperado de modificarlo a su favor, aplicando más fuerza bruta. La medida de esa desesperación la da el hecho de que el propio Trump no tiene reparos en declarar abiertamente que está dispuesto a cometer crímenes de guerra, al ordenar ataques contra instalaciones civiles.

Golpear aún más fuerte

En ese contexto asistimos a la materialización de una estrategia que se ajusta a su lema preferido –“paz mediante la fuerza”–, tratando de golpear aún más duro, hasta que Mujtaba Jamenei y los suyos terminen por aceptar los términos de lo que solo cabe calificar como una capitulación. El problema es que esa estrategia no le está dando los resultados soñados.

Por supuesto, la maquinaria militar estadounidense puede llevar a cabo más ataques contra objetivos de todo tipo en territorio iraní, aprovechando especialmente su abrumadora superioridad aérea; pero resulta ilusorio suponer que lo que no ha logrado tras destruir decenas de miles de objetivos, lo vaya a conseguir ahora con unos cientos más. De ahí que el Pentágono esté apuntando a otras opciones militares.

La superioridad militar estadounidense le permite llevar a cabo una operación de desembarco anfibio y de aerotransporte para controlar esa isla. Pero a partir de ese momento, la principal ocupación de sus invasores no sería asegurar el tráfico marítimo en la zona, sino más bien atender a su propia seguridad

La primera de ellas es la generalización de la campaña de bombardeos a todo el territorio iraní, no solo con el propósito de perturbar aún más la vida de la población, sino buscando el colapso económico del régimen. En esa línea ya se están intensificando las sucesivas andanadas de acciones aéreas y el lanzamiento de misiles contra infraestructuras críticas, desde instalaciones portuarias a puentes y estaciones de generación eléctrica, sin olvidar desalinizadoras y fábricas ligadas de algún modo al sistema de defensa nacional.

La segunda supondría una novedad absoluta, sumando a las operaciones navales y aéreas una dimensión terrestre. La invasión y ocupación de la isla de Jarg –donde se concentra el 90% de la capacidad de carga de los hidrocarburos iraníes– parece el objetivo más probable. De ese modo, se obligaría a las fuerzas iraníes a tener que atender un nuevo frente, dificultando aún más la capacidad del régimen para sostener la defensa en la medida en que perdería su principal baza de exportación. Adicionalmente, la presencia de tropas estadounidenses en Jarg y en alguna de las otras islas ubicadas a caballo de Ormuz podría concederle a EEUU una posición de ventaja para hacer realidad su ensoñación de pasar a controlar el estrecho.

Una vez más, cabe entender que la superioridad militar estadounidense le permite llevar a cabo una operación de desembarco anfibio y de aerotransporte para controlar esa isla. Pero a partir de ese momento, la principal ocupación de sus invasores no sería asegurar el tráfico marítimo en la zona, sino más bien atender a su propia seguridad. Jarg se encuentra apenas a unos 20 kilómetros de la costa iraní, lo que permite a los Pasdarán y a las fuerzas regulares iraníes someterlos a una lluvia permanente de ataques, haciendo inviable su permanencia prolongada.

La respuesta iraní

Por su parte, Irán sigue demostrando su capacidad tanto para resistir el castigo, como para responder a los ataques. Y lo hace no solamente contra bases e intereses estadounidenses en la región, sino también contra objetivos de los Estados vecinos, buscando que sean sus gobiernos los que terminen por disuadir a Washington de seguir por esa senda.

Trump no sabe cómo salir del pantano en el que se ha metido. Todo ello, contando con que ya se han encendido las señales de alarma en muchos países (EEUU incluido) por el bajo nivel actual de reservas estratégicas de hidrocarburos

Igualmente, se encarga de seguir atemorizando a armadores y aseguradoras internacionales con ataques puntuales a alguno de los barcos que se atreven a desafiar su control de Ormuz; sin necesidad de lograr un cierre total para dejar claro que no está dispuesto a renunciar a esa baza en cualquier escenario futuro. Y por si eso no fuera suficiente, Teherán parece dispuesto también a activar a su peón yemení, el grupo Ansar Allah, amenazando con hacer lo propio en Bab el Mandeb, lo que tendría un efecto extraordinario en la economía mundial.

En definitiva, Trump no sabe cómo salir del pantano en el que se ha metido. Todo ello, contando con que ya se han encendido las señales de alarma en muchos países (EEUU incluido) por el bajo nivel actual de reservas estratégicas de hidrocarburos. Una nueva interrupción del tráfico por Ormuz y Bab el Mandeb tendría, por tanto, un impacto aún mayor del visto hace cuatro meses e Irán no sería el más perjudicado.

Los terremotos que acaba de sufrir Venezuela suponen el culmen de una prolongada tragedia que se explica tanto por los errores del chavismo como por el efecto de las sanciones internacionales y del intervencionismo militar de Washington. Y ahora, cuando urgentemente hay que responder a la emergencia y de inmediato llevar a cabo una reconstrucción global, al gobierno venezolano y al conjunto de la comunidad internacional se les plantea un desafío de proporciones extraordinarias, aunque también cabe verlo como una oportunidad no menos hercúlea.

Lo ocurrido es, obviamente, un enorme desafío para cualquier gobierno enfrentado a un golpe de esas dimensiones. Pero se hace aún más difícil si se tiene en cuenta que los sismos han golpeado a un país en el que, desde hace demasiado tiempo, el Estado ha perdido el monopolio del uso legítimo de la fuerza y en el que la población ni logra satisfacer sus necesidades básicas ni disfruta plenamente de sus derechos fundamentales. Basta con señalar que, a pesar de contar con las mayores reservas mundiales de petróleo, en estos últimos años unos ocho millones de venezolanos han optado por abandonar su tierra buscando una vida digna, mientras que el PIB ha caído un 80% en los últimos quince años.

Esa situación es, en gran medida, el resultado de la gestión de un régimen que, con el consabido cambio de caras desde Hugo Chávez (1999-2013) hasta Delcy Rodríguez (2026-), pasando por Nicolás Maduro (2013-2026), ha convertido a Venezuela en un Estado fallido, con una inflación desbocada, incapaz de garantizar el bienestar de la mayoría de su población, con una generalizada corrupción en todos los niveles de poder, unos servicios públicos abrumadoramente insuficientes e infrafinanciados y un inquietante deterioro del Estado de derecho. Y nada sustancialmente positivo ha podido aportar el gobierno actual desde el pasado enero, marcado por su escasa legitimidad y señalado por muchos venezolanos como un mero actor subordinado al dictado de Estados Unidos.

Todo ello significa que, más allá de la apreciable voluntad ciudadana para movilizar sus (muy escasas) fuerzas en repuesta inmediata a la tragedia, el aparato estatal está manifiestamente limitado para actuar eficazmente. Por un lado, no se distingue precisamente por su operatividad para atender a los asuntos públicos (más allá de la política de control represor de cualquier disidencia). Por otro, se enfrenta a una inquietante carencia de medios humanos y físicos para tratar de salvar vidas y asegurar los servicios esenciales en estas horas críticas, como consecuencia de la prolongada desatención a políticas públicas tan necesarias para prevenir y responder a estas situaciones.

En todo caso, también es cierto que esta misma coyuntura trágica puede convertirse en una oportunidad para consolidar a esos mismos gobernantes ampliamente cuestionados, si son capaces de estar a la altura de las circunstancias. Sin una llamada a las urnas a la vista, lo que ahora haga Rodríguez será una verdadera prueba de estrés político para su propia supervivencia y para la del régimen que encabeza, con la población venezolana escrutando cada una de sus declaraciones y, sobre todo, de sus actos. Su principal problema a corto plazo es que sus medios de respuesta son muy limitados por tantas carencias acumuladas, lo que previsiblemente va a aumentar incluso las críticas internas por los múltiples fallos que a buen seguro se van a producir en estos días. Y, mirando más allá, se va a encontrar con un serio dilema a la hora de asignar recursos, sabiendo que lo que dedique a reforzar las capacidades estatales de prevención y atención a las necesidades de la población no podrá dedicarlo a actualizar la infraestructura petrolífera que, a fin de cuentas, sigue siendo la base principal para imaginar una Venezuela más estable y desarrollada.

En esa misma tesitura, entre el desafío y la oportunidad, se encuentran actores tan señalados como Estados Unidos y España. El primero tiene ahora la oportunidad de demostrar si su interés por Venezuela va o no más allá de controlar sus riquezas petrolíferas. Si un personaje tan atrabiliario como Donald Trump es capaz de controlar su soberbia y su afán mercantilista, ahora tiene ante sí la posibilidad de ganarse a los venezolanos por mucho tiempo si se decide a poner todo lo que Washington puede aportar no solo para atender a las víctimas de los terremotos, sino, mucho más, a la necesaria reconstrucción de un país tan potencialmente rico. Y algo similar cabe decir de España, de la que se espera que no solo ayuda de emergencia, sino un activismo que vaya más allá de las palabras tanto en clave nacional como liderando la posición de la Unión Europea para contribuir a sacar a Venezuela del abismo en el que lleva tanto tiempo metida.

De momento, tanto España, que ya ha movilizado inmediatamente alguna ayuda de emergencia —enviando aviones con personal de búsqueda y rescate, así como maquinaria, agua y alimentos—, como EEUU —estableciendo una estructura militar de emergencia en Honduras— parecen querer estar presentes sobre el terreno. Para la tantas veces pendiente fase de reconstrucción conviene recordar, por cierto, que el objetivo no es volver a la situación anterior a los terremotos, sino colocar a Venezuela y a sus ciudadanos en condiciones de mirar al futuro con confianza.

A primera vista podría parecer que lo ocurrido el pasado día 7, cuando se registró el lanzamiento de una veintena de misiles iraníes contra territorio de Israel, es parte de la rutina bélica en la que ambos países, sin olvidar la evidente implicación estadounidense, están sumidos desde hace tiempo. Sin embargo, la decisión del régimen iraní supone una novedad —es la primera vez que Irán lanza misiles desde su propio territorio contra Israel como respuesta a los ataques de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) contra Hizbulá en suelo libanés— y puede provocar cambios sustanciales en la dinámica negociación-escalada que se viene desarrollando desde la supuesta tregua iniciada el pasado 8 de abril.

El hecho de que Irán haya optado por lanzar sus propios misiles, sin recurrir a actores interpuestos (como Hizbulá, Ansar Allah o Hamás) y sabiendo que Israel respondería, indica no solo su capacidad para seguir reaccionando ante las agresiones recibidas en su propio suelo, sino también, pasando de las palabras a los hechos, su voluntad de ligar su destino al de sus aliados regionales. Unos aliados que resultan vitales para su propósito de resistir el acoso y derribo de Washington y Tel Aviv, en la medida en que le ofrecen bazas con las que tratar de disuadir y castigar a sus enemigos.

Al mismo tiempo, ese atrevimiento iraní, exponiéndose a recibir nuevos golpes, indica que el régimen se siente en condiciones de aguantar el pulso que Donald Trump está planteando. Lejos de claudicar, Teherán ha dejado claro que su exigencia de que Israel debe detener sus ataques en Líbano no es una balandronada, sino un acto político que apunta directamente a un Trump cada vez más desesperado.

De hecho Trump ha confirmado este martes que Irán derribó el lunes por la noche un helicóptero estadounidense que patrullaba sobre el estrecho de Ormuz. “EEUU debe, necesariamente, responder a este ataque”, ha asegurado. Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Seyed Abbas Aragchi, le respondía:  “Para reducir el riesgo, la mejor solución es que se retiren. Preferimos el lenguaje de la diplomacia, pero también hablamos otros idiomas”

Más allá de la dificultad de “vender” un nuevo acuerdo como si fuese una victoria que ha merecido la pena, Trump se encuentra con un Benjamín Netanyahu que no está dispuesto a renunciar a su plan

Trump necesita imperiosamente algún tipo de acuerdo para frenar la sangría que sus errores de cálculo le están provocando, incluso entre sus propios simpatizantes. La urgencia es tan visible que eso le permite al régimen iraní contar con algunas bazas adicionales para resistir la embestida. El inquilino de la Casa Blanca sabe que la opción militar, salvo que su propia desesperación le lleve a plantear el uso de armas nucleares, no le garantiza un mejor resultado que el obtenido hasta ahora por vía convencional, sumando fuerzas con Tel Aviv.

Eso le deja como única vía realista una negociación en la que difícilmente podrá lograr mucho más de lo que ya había en mayo de 2018, cuando decidió romper el acuerdo nuclear logrado por Obama en 2015. Pero, más allá de la dificultad de “vender” un nuevo acuerdo como si fuese una victoria que ha merecido la pena —cuando no va a lograr ni eliminar definitivamente el programa nuclear iraní, ni sus arsenales y programas de misiles, ni el apoyo a sus peones regionales, ni recuperar la libertad del tráfico marítimo por Ormuz— se encuentra con un Benjamin Netanyahu que no está dispuesto a renunciar a su plan.

Netanyahu ha dado sobradas muestras de su desprecio al derecho internacional y de su interés por redibujar el mapa de Oriente Medio a su gusto —dejando a Israel como hegemón regional, disfrutando del monopolio nuclear y con poder suficiente para violar las fronteras de sus vecinos cuando lo desee—. Líbano es solo uno de los escenarios en los que se visibiliza tanto esa visión iluminada, como la vergonzosa pasividad de la comunidad internacional. Al mismo tiempo, es evidente que Netanyahu está haciendo todo lo que está en su mano para evitar un acuerdo entre Washington y Teherán, empeñado en seguir adelante con su estrategia de fuerza hasta la rendición definitiva de sus oponentes.

Esa actitud choca directamente con los planes de Trump. Por un lado, necesitado de que haya un alivio de la tensión para hacer posible el acuerdo con Irán, el presidente estadounidense procura frenar a Netanyahu para que no provoque una escalada hasta una guerra total. Si no lo acompaña en su aventura militarista y no le consiente saltarse todas las normas contra Irán y Líbano será acusado de abandonar a su principal aliado en la región. Pero si acepta, estará reconociendo que Tel Aviv tiene derecho de veto sobre las pretensiones estadounidenses. De ahí que, mientras iraníes e israelíes están nuevamente inmersos en un juego de acción y reacción a escala muy limitada, lo máximo que previsiblemente puede lograr Trump de su aliado israelí es que modere sus ataques en ambos frentes. Y una de las bazas que está empleando para ello es convencerlo de que su hipotética moderación podría verse recompensada con la firma por parte de varios países del Golfo de los Acuerdos de Abraham; es decir, el reconocimiento de Israel y la normalización de relaciones plenas, lo que supondría el abandono definitivo de la causa palestina. Una “zanahoria” que muy difícilmente va a convencer a Netanyahu, aunque solo sea porque esos mismos países del Golfo no parecen dispuestos a dar un paso de esa magnitud cuando están sufriendo las consecuencias de la guerra.

Que la Unión Europea no solo no figura entre las prioridades de la política exterior y de seguridad de Donald Trump, sino que es vista como un objetivo a destruir por parte de quien sostiene que fue creada para “joder” a Estados Unidos, es una realidad con la que los Veintisiete debemos contar sin titubeos.

Que, además, el actual inquilino de la Casa Blanca está despilfarrando el poder estadounidense, demostrando que su poderío militar no le sirve para hacer claudicar a una potencia media como Irán, y que su capacidad de atracción se ha transformado en una generalizada imagen de socio no fiable e indeseable, también es un hecho que afecta a su propia seguridad.

Que, en consecuencia, su soberbia y narcisismo están poniendo en riesgo los intereses de su propio país es un peligro que muy pronto puede lamentar quien hasta ahora era reconocida como la superpotencia de referencia, mientras China aprovecha esas circunstancias para ir consolidando su imagen de nuevo hegemón mundial.

La última señal (aunque el tiempo que media entre lo escrito y lo publicado hace que cualquier contabilidad quede anulada por su frenético ritmo de anuncios y contraanuncios) de esa pauta de errático y caprichoso comportamiento es lo ocurrido con el despliegue de tropas y material de defensa estadounidenses en territorio europeo. En un contexto de crecientes amenazas contra varios aliados europeos (con España y Alemania en cabeza), reforzadas por la profunda decepción que Trump dice sentir ante el comportamiento reticente de algunos de ellos para sumarse a la agresión ilegal contra Irán, se amontonan los mensajes que incluso llegan a apuntar a su retirada de bases de utilización conjunta.

De un comportamiento tan errático, planteado más en términos de premios y castigos que en consideraciones argumentadas de seguridad y defensa, no cabe esperar nada bueno

Así, primero manifestó su intención de retirar unos 5.000 efectivos de suelo alemán, seguido de un mensaje del Pentágono dando a conocer su decisión de castigar nuevamente a Berlín con la anulación del acuerdo para desplegar próximamente una batería de misiles crucero Tomahawk, con un alcance máximo en torno a los 2.000 kilómetros. Días después, tras haber manifestado su intención de no aumentar las tropas desplegadas en Polonia, Trump ha dado marcha atrás, confirmando que añadirá unos 5.000 soldados para reforzar la defensa polaca ante la amenaza de Rusia.

De un comportamiento tan errático, planteado más en términos de premios y castigos que en consideraciones argumentadas de seguridad y defensa, no cabe esperar nada bueno. Por una parte, los vaivenes estadounidenses no hacen más que aumentar la generalizada creencia de que Washington ha dejado de ser un socio fiable (como ya Angela Merkel sostenía en 2017, con el primer Trump como presidente), debilitando así un vínculo trasatlántico que aún resulta tan importante para los aliados europeos como también para EEUU.

Por otra, alimenta los sueños imperiales de Vladímir Putin, al hacer tan visible la endeblez de su compromiso con los vecinos de Moscú. Igualmente, desde el punto de vista operativo, complica aún más la colaboración entre los diferentes sistemas de defensa europeos, ante las dudas que surgen a la hora de planificar el reparto de la carga en la defensa aliada, asignando adecuadamente los medios humanos y materiales con los que se puede contar para las diferentes operaciones combinadas que se puedan planificar.

El cambio de orientación del innegable líder de la OTAN debe entenderse como un catalizador que debe acelerar el proceso de autonomía estratégica de los Veintisiete

En todo caso, más allá de la zafiedad de las formas, de lo que no puede caber ninguna duda es que Washington está decidido a reducir su huella militar en el Viejo continente. De hecho, ya desde el giro decidido por Barack Obama, con Hillary Clinton como secretaria de Estado, hacia la región Indo-Pacífico, quedó claro el interés estadounidense por pivotar su esfuerzo militar hacia aquella región, lo que llevaba implícito aligerar su huella de otras zonas, Europa incluida.

En lugar de lamentarse por las pérdidas que ese movimiento pueda ocasionar —desde la merma económica para las localidades dónde estén ubicadas esas bases e instalaciones empleadas por las fuerzas estadounidenses hasta la cobertura proporcionada por su paraguas nuclear—, el cambio de orientación del innegable líder de la OTAN debe entenderse como un catalizador que debe acelerar el proceso de autonomía estratégica que permita a los Veintisiete contar con sus propios medios para defender sus intereses sin depender de otros actores.

Sangre fría y prioridades claras

Por supuesto, algo así no puede lograrse de inmediato y de un solo golpe. Pero conviene recordar que, a pesar de las bravuconadas de Trump, dado que la OTAN es el principal instrumento con el que cuenta EEUU para influir en Europa mucho más allá del terreno militar, no cabe esperar que Washington decida salirse de la organización, arriesgándose a perder el poder que eso le otorga.

Eso, además de que el uso de bases europeas es imprescindible para sus planes de proyección de poder hacia África y Oriente Medio, concede algún tiempo a los europeos para activar su voluntad política en clave comunitaria, abandonando los enfoques nacionalistas que hasta ahora han lastrado el proyecto de unión política de la UE. Un buen ejemplo de ello sería reconducir el actual plan de rearme —basado equivocadamente en consideraciones nacionales y reducido al ámbito militar de la seguridad— para que realmente sirva para dotar a los Veintisiete de todos los instrumentos necesarios para hacer frente en común a toda la gama de amenazas y riesgos que afecten a nuestro bienestar y nuestra seguridad.

Queda por ver cómo se gestionan las tensiones trasatlánticas y las diferentes sensibilidades europeas en la próxima cumbre de la OTAN, el 7 de julio en Ankara.

Mali lleva mucho tiempo identificado como un foco de inquietud, tanto en términos de desarrollo como de seguridad. Por eso, desgraciadamente, no resulta tan sorprendente el estallido violento registrado el pasado día 26, con una ofensiva general en la que la milicia yihadista Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM) y la del Frente de Liberación del Azawad (FLA) han sumado fuerzas para desafiar abiertamente a las Fuerzas Armadas malienses (FAMA), o, lo que es lo mismo, a la junta militar golpista liderada por el general Assimi Goita, que rige los destinos del país desde 2020.

No es sorprendente porque dicha junta no solo no ha sido capaz de resolver ninguno de los problemas heredados, sino que ha terminado por agravar otros. Su prioridad, una vez rotos todos los vínculos tanto con Francia como con la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados del África Occidental), ha sido consolidar el poder de la nueva élite militar que se rebeló contra el presidente Ibrahim Boubacar Keïta.

El fracaso de la junta

Para ello han optado por una política de fuerza –centrada en controlar las principales ciudades del país, mientras han seguido desatendiendo las necesidades de la población rural–, apostando por Moscú como nuevo aliado. Así, primero con los mercenarios rusos del Grupo Wagner, sustituidos posteriormente por los uniformados del Africa Corps (dependientes del Ministerio de Defensa ruso), Goita y los suyos han tratado de proteger sus posiciones y de hacer frente a la amenaza real que suponen tanto el JNIM (ligada a Al Qaeda) como el Estado Islámico del Gran Sahara (EIGS, vinculado a Dáesh), sin olvidar la dinámica independentista de los tuareg de Azawad.

No hay, de hecho, ningún aspecto de la vida nacional, incluyendo el campo de representación política, en el que Mali haya registrado mejora alguna en estos últimos años bajo la junta militar

El fracaso cosechado ha sido total. En el plano socioeconómico, basta con recordar que Mali ocupa el puesto 188 (de un total de 191 países) en el Índice de Desarrollo Humano, con apenas el 45% de sus 26 millones de habitantes alfabetizados y una tasa de natalidad de 5,9 hijos por mujer en edad fértil –todo ello, mientras el crecimiento anual del PIB no ha logrado crecer por encima del 4% en lo que llevamos de década–.

Evidentemente, esa negativa situación tiene sus fundamentos en etapas anteriores de la historia de un país subordinado a agendas exteriores, con Francia como referencia capital, pero nada de eso resta responsabilidad a los actuales gobernantes, escasamente sensibles a las necesidades y demandas de una población muy diversa, tanto en clave étnica como religiosa. No hay, de hecho, ningún aspecto de la vida nacional, incluyendo el campo de representación política, en el que Mali haya registrado mejora alguna en estos últimos años bajo la junta militar.

Triple ofensiva

Por lo que respecta al ámbito de la seguridad, sin olvidar la represión que las propias fuerzas armadas y policiales ejercen sobre sus ciudadanos, el resultado se resume en que Mali es el cuarto país del planeta en el que la gravedad de la amenaza terrorista (yihadista, en este caso) es más alta, tanto en número de atentados como de víctimas registradas. Por un lado, JNIM y EIGS compiten entre ellos por el control de buena parte del territorio nacional, buscando simpatizantes y combatientes, y por el control de los diversos comercios ilícitos que pululan en una geografía en la que las FAMA nunca han logrado asentar su dominio. Por otro, ambos grupos desafían a Bamako, con pretensiones de imponer su particular visión del islam por la fuerza. Y a todo esto se añade la dinámica independentista impulsada por el FLA, junto a otros grupos de menor capacidad operativa.

Que ahora JNIM y el FLA hayan decidido coordinar sus acciones en una triple ofensiva que ha puesto de manifiesto tanto la debilidad de las FAMA como la falta de voluntad del Africa Corps para defender una causa que, en el fondo, no es la suya, supone un salto muy notable en sus planes de acción.

Por lejano que pueda parecernos, lo que ahora ocurre en Mali nos afecta muy directamente

Con la recuperación del control de la ciudad de Kidal, expulsando a los mercenarios rusos, junto a los ataques contra Gao y Tombuctú, el FLA aumenta significativamente sus opciones para revitalizar su máxima aspiración de fracturar Mali, creando un Azawad independiente. Simultáneamente, la toma de Mopti, Sévaré y buena parte de Bamako (incluyendo el aeropuerto internacional) por parte de JNIM, eliminando de paso al ministro de Defensa en la toma de la guarnición militar de Kati, indica tanto la inoperatividad de las FAMA y de Africa Corps como la intención de JNIM de ir más allá de lo que ya hicieron en 2012.

Cómo nos afecta

Y si en aquel momento Francia –con la operación Serval, primero, y posteriormente con la operación Barhane– logró frenar el avance yihadista sobre la capital y reducir durante un tiempo la pujanza bélica tuareg, ahora Goita no parece en condiciones, ni solo ni con ayuda externa, de resistir la embestida. Nada justifica los errores acumulados por Francia durante los años de la Françafrique, apostando por gobernantes escasamente legítimos que servían de socios para explotar las riquezas nacionales sin atender a las necesidades y demandas de la población; pero llegados a este punto, ya no basta con mirar atrás buscando responsables históricos.

Por lejano que pueda parecernos, lo que ahora ocurre en Mali nos afecta muy directamente. No solo se trata de asumir culpas históricas por los errores y desmanes cometidos, sino de entender que el colapso de este país (y de Burkina Faso y Níger) ofrece una oportunidad extraordinaria para la expansión de la amenaza yihadista, tanto hacia el golfo de Guinea –y la navegación por sus costas– como hacia el Norte de África, es decir, hasta el Mediterráneo y la Unión Europea. Terrorismo, comercios ilícitos… También puede tener consecuencias en los flujos migratorios hacia el continente.

Desde la Unión Europea, sería hora de entender que la respuesta securitaria no sirve para estabilizar esos países. Y si no lo hacemos por ética y responsabilidad histórica, deberíamos hacerlo por puro egoísmo inteligente, entendiendo que la contribución al desarrollo social, político y económico de la región del Sahel es la mejor vía para evitar el desastre que, de otro modo, se avecina.

Es comprensible el alivio generado por el anuncio de un cese temporal de hostilidades gestionado por Pakistán, justo al borde de un abismo por el que se podía despeñar lo último que queda de un derecho internacional que tanto Israel como Estados Unidos se han empeñado en violar sistemáticamente, hasta el punto de declarar sin disimulo su intención de cometer crímenes de guerra. Pero sería muy apresurado suponer que lo pactado va a conducir directamente a un acuerdo de paz que ponga fin a la agresión israelo-estadounidense y que satisfaga plenamente a un régimen iraní aún más radicalizado que antes.

Por mucho que se empeñen con su sistema de propaganda, los agresores no han logrado ninguno de sus objetivos. Evidentemente, al margen de cuál sea la situación personal de Mujtaba Jamenei, el régimen está hoy mucho más debilitado; pero conserva la capacidad suficiente para mantener a raya a su propia población y para responder puntualmente a los golpes que recibe desde el exterior, subiendo el coste no solo para los países vecinos, sino para la totalidad del planeta.

Tampoco ha sido eliminado su programa nuclear por muchos que hayan sido los ataques recibidos, incluso con las bombas estadounidenses GBU 57-B, incapaces de penetrar hasta las instalaciones subterráneas más profundas; ni tampoco ha perdido los alrededor de 400 kilogramos de uranio altamente enriquecido que se estima que ha acumulado en estos últimos años. Por último, queda claro que también sigue conservando misiles y drones en cantidad suficiente para batir objetivos tanto en Israel como en las bases estadounidenses en la región, así como en el territorio de sus vecinos árabes.

Peor aún, la torpeza estratégica de Donald Trump ha otorgado a Teherán un activo del que hasta ahora carecía: el control del estrecho de Ormuz. Un activo que se ha convertido en la mejor baza con la que cuenta para sacar algo de una negociación que se adivina larga.

El arma principal de Teherán

Antes del 28 de febrero, por Ormuz pasaban libremente unos 120 buques diarios, mientras que hoy no llegan a una decena y siempre previo permiso de Teherán que, por si fuera poco, está en condiciones de exigir un peaje que puede llegar hasta los dos millones de dólares por embarcación. Para quien es sobradamente consciente de que en términos militares es muy inferior a sus enemigos, ese control (que no cierre) se ha convertido en su arma principal, y su valor aumenta al mismo ritmo que la desesperación de Trump por encontrar una salida airosa al pozo en el que él mismo se ha metido (de la mano de Benjamin Netanyahu).

Su control le permite dañar seriamente los intereses de todos los países ubicados en el Golfo Pérsico y, en realidad, los de todo el planeta. Y para ello no necesita cerrar completamente el paso ni destruir todos los barcos que se atrevan a poner a prueba la voluntad de Teherán.

A Irán le basta con dejar claro que puede hundir alguno de ellos para provocar el pánico de los armadores y aseguradoras internacionales, generando un impacto mundial

Ormuz no es solo un punto de paso, sino que hay que tomar en consideración que desde Kuwait hasta ese punto tan angosto hay unos 1.500 kilómetros de travesía. Eso significa que, desde una costa que siempre está a menos de 100 kilómetros de esa vía de tránsito, Irán tiene numerosas posibilidades para perturbar el tráfico empleando una multitud de medios que van desde su artillería de costa, hasta sus drones (aéreos, de superficie o submarinos), cohetes, misiles, lanchas y buques costeros y, por supuesto, minas.

De manera selectiva, le basta con dejar claro que puede hundir alguno de ellos para provocar el pánico de los armadores y aseguradoras internacionales, generando un impacto mundial.

El futuro

En consecuencia, mirando hacia un futuro que apunta a una negociación a cara de perro, resulta muy improbable que Irán vaya a renunciar de entrada a su mejor baza. Sus gobernantes saben que por la fuerza no van a lograr derrotar a sus enemigos y son conscientes también de que necesitan el alivio de las sanciones internacionales para evitar el colapso interno, con una población que ya ha mostrado sobradamente su hartazgo con la corrupción reinante y la represión de cualquier tipo de disidencia.

Trump sigue atrapado por una visión iluminada que le lleva a pensar que, si golpea más fuerte, acabará por lograr la rendición incondicional de Irán

Dado que sus peones regionales están debilitados y sus propias capacidades menguan a ojos vista, no puede extrañar que Ormuz cobre aún más importancia como vía preferente para mantenerse en poder, lo que hace más improbable que decida permitir el paso libre sin nada sustancial a cambio (dando por hecho que no habrá un cese real de ataques contra su territorio). Más aun, en su sueño hay que incluir la aspiración a verse reconocido como el cancerbero del estrecho, con poder para establecer un derecho de paso, peaje mediante, lo que le reportaría unos ingresos nada desdeñables.

En todo caso, Trump sigue atrapado por una visión iluminada que le lleva a pensar que, si golpea más fuerte, acabará por lograr la rendición incondicional de Irán. De ahí que, si se asume que con lo visto hasta aquí no ha forzado su voluntad de resistencia, no quepa descartar que EEUU decida finalmente ir más allá, empleando medios aún más potentes y golpeando ya sin límite alguno. Y, sin ningún género de dudas, lo mismo cabe esperar de un Netanyahu que no ha tomado parte en el pacto y que no se siente obligado a frenar su apuesta belicista.

En un ejemplo más del desvarío en el que lleva tiempo instalado, Donald Trump dice que está pensando “seriamente” en sacar a EEUU de la OTAN. Un reclamo que tiene el mismo peso que su amenaza de expulsar a España de la Alianza Atlántica; es decir, ninguno.

Este nuevo exabrupto tan solo refleja la rabieta del mandatario estadounidense por no encontrar sumisión entre unos aliados (aunque él los vea como vasallos) reacios a acompañarlo en la desventura que ha emprendido contra Irán de la mano de Benjamín Netanyahu. Si con las amenazas de expulsión dejaba traslucir su ignorancia sobre el funcionamiento interno de la organización —basta con recordar que en su articulado no se contempla ningún procedimiento que permita expulsar a un aliado—, amagar con una salida estadounidense demuestra, además, su incomprensión sobre lo que la OTAN significa para su propio país.

Su ignorancia queda demostrada al no reparar en que la decisión de salirse de la Alianza está fuera de sus competencias, dado que su integración como miembro fundador (en 1949) fue formalizada como un tratado internacional y, por tanto, solo con la aprobación del Congreso, con una mayoría de dos tercios de sus miembros, se puede adoptar ese acuerdo, que se enfrenta a la insatisfacción del Legislativo por el creciente abuso de competencias del Ejecutivo en materia de política exterior.

Pero es que además hay una norma que excluye la posibilidad de abandonar la organización por decisión unilateral del presidente: la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2024. El hoy secretario de Estado, Marco Rubio, se encargó entonces de introducir la disposición que proscribe esa opción.

Trump es consciente de que su decisión de ir a la guerra contra Irán solo tiene el amparo de su propia soberbia imperial

A eso se añade el interesado olvido de Trump de que la OTAN es, por definición, una organización militar de carácter defensivo. Su recurso a la fuerza se entiende como respuesta al ataque recibido por alguno de sus 32 miembros en su propio territorio, una vez que se activa el artículo 5 de defensa colectiva. En el caso de Irán no cabe apelar a la legítima defensa ni tampoco los agresores cuentan con un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU que permita hacer uso de todos los medios disponibles (es decir, de la fuerza militar) para restablecer la paz.

Por lo tanto, estamos ante una flagrante violación del derecho internacional, lo que justifica sobradamente que la Alianza (al margen de lo que decida hacer alguno de sus miembros) se quede al margen de dicha agresión. Tan evidente es esta circunstancia que ni siquiera Turquía, que ha recibido al menos cuatro misiles balísticos iraníes contra su territorio, ha invocado dicho artículo. Y mucho menos lo ha hecho Trump, consciente de que su decisión de ir a la guerra contra Irán solo tiene el amparo de su propia soberbia imperial.

Trump no puede pedir a sus aliados que se sumen a una agresión violenta contra un país soberano —por muy criticable que sea la corrupción y el perfil represor del régimen contra sus propios ciudadanos— colaborando activamente en una violación del derecho internacional

En su deriva también olvida que la única vez que se invocó el mencionado artículo fue tras el 11-S, sin que George W. Bush se dignara entonces a atender aquella muestra de solidaridad aliada frente al ataque de Al Qaeda. Basta ese caso, aunque también se puede recordar el apoyo prestado en la invasión y ocupación de Afganistán, para invalidar la acusación presidencial a los aliados europeos de que nunca acuden en ayuda de Washington cuando lo necesita. Lo que no puede pedir es que esos mismos aliados se sumen a una agresión violenta contra un país soberano —por muy criticable que sea la corrupción y el perfil represor del régimen contra sus propios ciudadanos— colaborando activamente en una violación del derecho internacional

Admitiendo, en todo caso, que no puede decidir personalmente la salida de la Alianza, es evidente que Trump dispone de muchas palancas para hacerla cada vez más disfuncional. Pero si actúa de ese modo estaría yendo en contra de los intereses estratégicos de EEUU. La lectura habitual sobre el sentido profundo de la OTAN suele destacar que los europeos deberíamos estar eternamente agradecidos a EEUU por la protección que nos brinda con su paraguas de seguridad (especialmente el nuclear). Parecería, en consecuencia, que Washington actúa de manera altruista y, por tanto, estaría lleno de razón cuando Trump muestra su enojo por lo que califica de aprovechamiento de su generosidad.

Mejor para EEUU que para la UE

La realidad es muy distinta. Para EEUU la OTAN es el mejor instrumento que tiene para subordinar a sus aliados europeos a su dictado desde hace décadas, permitiéndole imponer una relación de la que obtiene múltiples beneficios, no solo militares, sino también comerciales. Dicho de otro modo, y sin excusar la falta de voluntad de muchos de esos aliados para atreverse a dar los pasos necesarios para lograr una verdadera autonomía estratégica, a Washington no le interesa que exista una Unión Europea capaz de contar con sus propios medios para defender sus propios intereses, en la medida en que algo así supondría perder una influencia de la que obtiene réditos muy concretos, como convertirse en el principal suministrador de armas y de gas del conjunto de los Veintisiete.

Más importante aún es que el conjunto de las bases e instalaciones militares dispersas en el territorio europeo le sirve como un elemento esencial para garantizar su capacidad de proyectar poder mucho más allá de su propio territorio continental hasta Oriente Próximo y Oriente Medio. Sin esa red de puntos de apoyo quedaría en entredicho su cada vez más cuestionado liderazgo global. Lo que de ahí se deriva, en contra de lo que Trump plantea, es que la salida estadounidense de la OTAN, más que para los europeos, sería un duro golpe para sus sueños hegemónicos.

Aunque los separan más de 2.300 kilómetros en línea recta, el conflicto derivado de la ilegal agresión israelí y estadounidense contra Irán y el que lleva sufriendo Ucrania desde ya más de cuatro años están inevitablemente conectados tanto en el terreno militar como en el económico y diplomático. El primero impacta negativamente en el segundo al menos en cuatro ámbitos distintos.

En primer lugar, ya es constatable la reducción en el suministro de material de defensa por parte de Estados Unidos a Kiev. Ya hace tiempo que Donald Trump había decidido ir cerrando el grifo de la ayuda económica y el suministro de armas a Ucrania, con la evidente intención de presionar a Volodímir Zelenski para que termine aceptando las condiciones que exige Moscú para llegar a algún tipo de acuerdo.

Ahora, metido en una guerra contra Irán que se adivina prolongada, Washington ha decidido cerrarlo por completo con el argumento de que, para derrotar a Irán, necesita un mayor volumen de drones, misiles (de ataque e interceptores) y munición de todo tipo.

Así ha venido haciéndolo en las semanas previas a la intervención —para cubrir sus propias necesidades y las de Israel- y previsiblemente así seguirá ocurriendo mientras el régimen iraní siga mostrando la capacidad y la voluntad política de responder a la agresión. Eso deja a Ucrania en una muy difícil situación en la medida en que, por mucho que haya aumentado su capacidad industrial para abastecer a sus tropas y por significativa que sea la ayuda recibida de sus aliados europeos, no dispone de medios suficientes para neutralizar los continuos ataques rusos contra sus instalaciones críticas, su población y sus tropas.

A eso se añade, en el terreno geoeconómico, el hecho de que los crecientes agobios de Trump para evitar que el incremento de los precios internacionales del petróleo y el gas (derivados de su pésima decisión de entrar en una guerra en la que no están en juego los intereses nacionales) termine por arruinar su presidencia, ponen aún las cosas más fáciles a Vladímir Putin.

Rusia, que hasta ahora tenía limitada su producción y estaba vendiendo el barril de petróleo con un descuento que lo dejaba en unos 30 dólares, pasa a venderlo al precio de mercado (en torno a los 100 dólares)

Así, la Casa Blanca ha decidido aliviar parcialmente las sanciones impuestas a los hidrocarburos rusos, permitiendo que Moscú pueda ahora venderlos a precio de mercado. Lo que busca, en esencia, es que la entrada de más petróleo ruso en el mercado internacional compense la caída provocada por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, evitando así que se produzca una fuerte subida de sus precios, con el consiguiente efecto inflacionario a escala planetaria.

Como consecuencia, Rusia, que hasta ahora tenía limitada su producción y estaba vendiendo el barril de petróleo con un descuento que lo dejaba en unos 30 dólares, pasa a venderlo al precio de mercado (en torno a los 100 dólares). Una medida, en definitiva, que le sirve al Kremlin para aliviar el malestar social provocado por la guerra contra Ucrania y que le permite contar con más recursos para financiar su invasión, confiando en que Kiev termine por arrojar la toalla.

Es la misma Rusia que ofrece información e inteligencia a Irán para facilitar sus ataques contra objetivos estadounidenses en la región y que, en un “intercambio de cromos”, puede plantearle a Washington que está dispuesta a dejar de hacerlo si EEUU hace lo propio con la información e inteligencia que proporciona a Ucrania.

¿Objetivo de Irán?

Tampoco es menor, en tercer lugar, el problema que se le plantea a Zelenski cuando, en una decisión que busca algún tipo de compensación futura en la defensa de su causa, se ofrece a Tel Aviv y a Washington para colaborar en la interceptación de los drones y misiles que Teherán lanza contra territorio israelí y contra las bases estadounidenses en Oriente Medio.

La vía diplomática impulsada por EEUU ha quedado paralizada desde hace semanas, dejando a Zelenski y los suyos obligadamente a la espera

En estos años de guerra, el Ejército ucraniano ha demostrado una alta capacidad de respuesta ante un enemigo muy superior, adaptándose y mejorando diariamente sus tácticas y sus medios de neutralización. No resulta extraño, en consecuencia, que, consciente del peligro que eso entraña para sus intereses, el régimen iraní haya optado por definir a Ucrania como un objetivo legítimo, tratando de disuadir a Zelenski de seguir por ese camino.

Por último, también es bien visible que la vía diplomática impulsada por EEUU ha quedado paralizada desde hace semanas, dejando a Zelenski y los suyos obligadamente a la espera. Es cierto que dicha iniciativa no había producido resultados significativos, más allá de su propia existencia y algunos intercambios de prisioneros entre ambos contendientes.

Mientras que el conflicto se ha convertido hace tiempo en una guerra de desgaste, con operaciones militares de alcance limitado, en el terreno diplomático son bien conocidos los puntos principales de desencuentro: cesión territorial y renuncia a entrar en la OTAN por parte Kiev y rechazo frontal de Moscú a aceptar las garantías de seguridad que demanda Zelenski (incluyendo la presencia de tropas internacionales en suelo ucraniano).

En todo caso, teniendo en cuenta la debilidad de Ucrania en una mesa de negociaciones en la que Rusia y Estados Unidos parecen ir de la mano, no parece que esa paralización sea ahora mismo el mayor de los problemas para los ucranianos.

El desencadenamiento de los ataques contra Irán por parte de Donald Trump y Benjamín Netanyahu es buen ejemplo tanto del disimulo y el desprecio al derecho internacional, como de las motivaciones que pueden conducir a la guerra.

Es disimulo porque Trump ha jugado a aparentar una seria voluntad de explorar la vía de la negociación mientras ordenaba un espectacular despliegue militar que, para mayor sarcasmo, ha querido presentar como un mero instrumento destinado a presionar a los gobernantes iraníes y vencer las resistencias de los sectores más duros del régimen liderado por Alí Jamenei y Masud Pezeshkian. El argumento era en realidad insostenible porque para ejercer esa presión no era necesario montar el mayor despliegue militar estadounidense en Oriente Medio desde la invasión de Irak (2003), con dos grupos de combate aeronaval, más de un centenar de aviones de muy diverso tipo y una ingente acumulación de munición en bases avanzadas en diferentes países del Golfo, hasta totalizar unos 70.000 efectivos sobre el terreno.

Algo así solo podía responder, como ahora se está viendo, a una intención nítidamente belicista, para la que, al revés, la apariencia de negociación no era más que un subterfugio. Basta con atender a las declaraciones del ministro de Exteriores de Omán, en su calidad de mediador, insistiendo tan solo unas horas antes del inicio de los ataques en que el acuerdo estaba prácticamente listo, una vez que Irán había aceptado incluso la renuncia a enriquecer uranio, para comprender que estábamos ante una simple tomadura de pelo por parte de quienes sueñan con poder redibujar el mapa regional a su gusto.

Trump y Netanyahu —movidos también por sus intereses electorales para sumar puntos ante sus potenciales votantes— han concluido que Irán no era una amenaza inminente, sino más bien un actor capitidisminuido al que bastaba un golpe más para noquearlo definitivamente

Es, asimismo, un desprecio al derecho internacional porque, por muy corrupto, ineficiente y represor que sea un régimen como el iraní, en este planeta y desde la II Guerra Mundial la fuerza solo puede ser utilizada en caso de legítima defensa o cuando hay un mandato explícito del Consejo de Seguridad de la ONU para neutralizar lo que solo ese órgano puede calificar como una amenaza a la paz. Unas condiciones que no se daban en este caso. Y la vía de escape que han buscado los atacantes, argumentando que se trataba de un ataque preventivo ante una amenaza inminente no se ajusta tampoco a las reglas de juego que definen el orden internacional que ahora está colapsando ante nuestros ojos. Eso fue lo que intentó ya George W. Bush para justificar su invasión de Irak, pero nunca logró que se admitiera como tercera forma válida para usar la fuerza.

El análisis de urgencia sobre lo que está ocurriendo aconseja revisar lo que nos enseña el estudio de las guerras interestatales, atendiendo a los dos tipos más básicos. Por un lado, están las que se emprenden porque están en juego los intereses vitales de una nación, de ahí que se entiendan como existenciales, lo que lleva a entrar en ellas para hacer frente a una amenaza que se percibe como gravísima e inminente, cuando se han agotado todas las vías diplomáticas. Por otro, están las que se deciden libremente sin que peligre ni la existencia del Estado ni la de sus habitantes. En términos generales, mientras que las primeras son propias de las potencias medias y pequeñas, abocadas a la guerra cuando su propia existencia está en peligro, las segundas se suelen dar entre las superpotencias (y entre descerebrados e iluminados de distinto pelaje), al servicio de muy diferentes agendas.

En el caso de Irán, podemos entender que para un régimen que se siente en la diana de enemigos tan poderosos como Washington y Tel Aviv su estrategia se centra en garantizar su propia supervivencia. Con esa intención, y conscientes de su inferioridad de medios, ha buscado dotarse de elementos de respuesta para disuadir a sus enemigos de que se atrevieran a tomar las armas para derribarlo, entre los que destacan el programa nuclear y los peones regionales distribuidos en la región (Hizbulá, Hamás, Ansar Allah y varias milicias activas en Siria e Irak). El régimen iraní está, por tanto, en modo de supervivencia y dispuesto a emplear todos los medios a su alcance para desbaratar los planes de sus enemigos.

Pero para Trump y Netanyahu se trata de una guerra por elección. No han atacado a Irán porque temieran una acción militar contra sus intereses vitales sino, más bien al contrario, porque lo perciben como débil y, por tanto, vulnerable. Han calculado que, en clave interna, y como resultado tanto de su propia ineficacia y de las sanciones internacionales, se encuentra ante un panorama de generalizado malestar social, con la población atreviéndose a mostrar abiertamente su hartazgo con unos gobernantes que solo representan sus intereses particulares.

Por otro lado, como efecto de esas mismas sanciones, resultan bien visibles las penurias tanto de su economía como de su industria para mantener el pulso militar contra quienes buscan su ruina desde hace años, y así quedó de manifiesto en la llamada guerra de los Doce Días (junio de 2025). Saben, además, que sus peones regionales han quedado sumamente debilitados como resultado del castigo al que las Fuerzas de Defensa Israelíes los han sometido en campañas que todavía no han terminado. En definitiva, Trump y Netanyahu —movidos también por sus intereses electorales para sumar puntos ante sus potenciales votantes— han concluido que Irán no era una amenaza inminente, sino más bien un actor capitidisminuido al que bastaba un golpe más para noquearlo definitivamente. Veremos.

Finalmente, con la acostumbrada escenografía fastuosa propia de Donald Trump, la “Junta de Paz” ha celebrado su primera reunión en Washington. A la espera de poder juzgarla por sus resultados, tanto en Palestina como en otros rincones del planeta, resulta conveniente no perder de vista los elementos perturbadores que la definen desde su nacimiento.

Es, en primer lugar, un abuso en toda regla por parte Trump de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU. El texto establecía que la Junta de Paz es “la administración de transición que determinará el marco y coordinará la financiación para la reurbanización de Gaza”; sin embargo, lo que el inquilino de la Casa Blanca ha pergeñado es una instancia con ínfulas planetarias, de la que se ha autodesignado presidente vitalicio (es decir, más allá de su mandato presidencial).

No tiene, por tanto, ningún mandato para ello, pero eso no lo ha frenado, incluso añadiéndole su personal toque crematístico, al establecer una arbitraria cuota de 1.000 millones de dólares para quien desee convertirse en miembro permanente.

También es un intento fraudulento de sustituir a la propia ONU como representante legítima de la comunidad internacional para gestionar la agenda mundial de paz y seguridad. Basta con recordar que la ONU reúne a 193 Estados nacionales, mientras que Trump, de las más de sesenta invitaciones que ha cursado, apenas ha logrado una respuesta positiva de una veintena de jefes de Estado y de Gobierno –mucho más interesados en los favores que puedan recibir de Washington que en la paz mundial o en la suerte de los palestinos–.

Un simple vistazo a la lista de los que han decidido jugar a su juego, desde Javier Milei, Viktor Orbán y Mohamed VI hasta los gobernantes de Bielorrusia, Israel o Arabia Saudí, sumando un total de 26 miembros, deja claro que ninguno de los países relevantes del escenario internacional ha querido sumarse a una iniciativa tan personalista. Una iniciativa, un juguete en manos de un narcisista dispuesto a saltarse la legalidad internacional dónde y cuándo lo considere oportuno, inmiscuyéndose en los asuntos internos de quienes no quieran aceptar sus deseos.

Y todo ello, sin la excusa de poder decir que, gracias a sus desvelos y a la Junta, la paz ha llegado a Palestina. Por el contrario, Israel sigue violando diariamente el acuerdo de alto el fuego logrado con Hamás el pasado 10 de octubre –se contabilizan ya más de 1.600 violaciones, con más de 600 palestinos muertos y más de 1.600 heridos–; el órgano tecnocrático palestino no ha podido comenzar sus funciones; la ayuda humanitaria sigue cortocircuitada a discreción por Tel Aviv y la anexión de Cisjordania (la misma que Trump dijo que no permitiría) está ya en su última fase.

Nada de lo que se ha anunciado al cierre de esa primera reunión de la Junta permite pensar que la situación vaya a cambiar de inmediato.

Por un lado, apenas se ha dado a entender que habrá una aportación de 7.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza, con otros 10.000 por parte de Washington (una cifra que palidece ante el descomunal apoyo económico y militar prestado por Washington a las fuerzas israelíes que se han encargado de reducir esos 360 km cuadrados a escombros, además de asesinar a decenas de miles de gazatíes).

Por otro, tampoco se ha concretado el plan de despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización, más allá de que Marruecos (fiel aliado de Trump) será uno de los participantes más destacados.

Son apuntes suficientes para concluir que la Junta de Paz (de la que los palestinos están obligadamente ausentes, a diferencia de los israelíes) es, en definitiva, un engendro. De ahí que no sea fácil entender la actitud de algunos países árabes y musulmanes –desde Arabia Saudí a Pakistán, pasando por Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Marruecos y Qatar–, en clara contradicción con su supuesto apoyo a la causa palestina, salvo que se asuma que ya han pasado página, pensando mucho más en sus intereses geopolíticos y económicos que en sus tan cacareados como incumplidos compromisos.

Y en esa misma incómoda posición se retratan tanto algunos de los Veintisiete como la propia Unión Europea. En una muestra más de la enorme dificultad para aunar voluntades a favor de una causa común, ahí están Bulgaria y Hungría, convertidos ya en miembros permanentes, mientras que Chipre, Finlandia, Grecia, Italia, Países Bajos y República Checa han estado presentes como observadores.

Peor aún, si cabe, es que la Unión Europea, como tal, haya querido estar también presente, enviando a Dubravka Suica, comisaria europea para el Mediterráneo, como observadora. Un nuevo gesto más de apaciguamiento, sin atreverse a marcar distancias con una deriva trumpista que también tiene a la UE entre sus objetivos a batir.

El papa León XIV, rechazando de plano de invitación, ha vuelto a demostrar que lo tiene más claro.

Solo si nos ponemos en la piel de un esclavo acostumbrado a la arbitrariedad, los insultos y los golpes de su amo podemos entender el generalizado sentimiento de alivio que parecen haber compartido muchos de los europeos asistentes a la reciente Conferencia de Seguridad de Múnich tras las palabras del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El simple hecho de que ese día el enviado de Washington no profiriera ningún nuevo insulto ni nos recordara, como hizo su compañero de gabinete, James D. Vance un año antes, que “un nuevo sheriff ha llegado a la ciudad”, terminó por provocar un generalizado aplauso como si, en el fondo, aquí no estuviera pasando nada, los amores trasatlánticos se mantuvieran incólumes, Estados Unidos nos deseara todo lo mejor y estuviera dispuesto a jugársela por nosotros ante cualquier amenaza. Nada más erróneo.

Admitamos que cada actor político tiene su propio estilo y que, por tanto, hay matices entre los acostumbrados exabruptos de Donald Trump y Vance, tan demostrativos al mismo tiempo de su propia ignorancia histórica y su carga mesiánica, y las formas de quien, a fin de cuentas, es el encargado de liderar la diplomacia del todavía hegemón mundial. Pero a partir de ahí, basta con recordar que Trump se ha rodeado de un grupo de figurantes definidos por su lealtad extrema y personal al líder supremo, para entender que todos ellos comparten plenamente la visión definida por el movimiento MAGA (Make America Great Again). Eso, en relación con la Unión Europea, supone el propósito declarado de destruirla. Sin más.

Un amo y sus vasallos

No se puede deducir otra cosa de la repetida declaración del inquilino de la Casa Blanca cuando insiste en que “la UE fue creada para joder a Estados Unidos”. Una inquina contra los Veintisiete que comparte con Vladímir Putin, y que se confirma tanto en la Estrategia Nacional de Seguridad como en la Estrategia Nacional de Defensa emitidas recientemente por la actual Administración estadounidense.

De dichos documentos se extrae la voluntad trumpista de potenciar a los llamados “partidos patrióticos” —es decir, a los partidos de ultraderecha, por definición antieuropeístas, que medran entre los Veintisiete— para que sirvan de punta de lanza en el intento por desbaratar los planes de integración hasta llegar a la unión política. De ese modo, fragmentando la Unión y explotando los anacrónicos resabios nacionalistas todavía tan vivos entre nosotros, cuenta con poder imponer su dominio en la relación con unas potencias medias y pequeñas que, individualmente, tienen poco que oponer al dictado de Washington.

Conscientes del peligro que esto representa para una UE que dice aspirar a la autonomía estratégica y que debe entender que toda dependencia (energética y militar) implica una indeseable subordinación a Washington, queda por ver cómo pensamos reaccionar

Si ya no fue causalidad que, tras su paso por Múnich, Vance se reuniera de inmediato con la líder de la ultraderechista Alternativa para Alemania, Alice Weidel, sin tener tiempo para ver ni al entonces canciller, Olaf Scholz, o al presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, tampoco lo es que en esta ocasión Rubio haya corrido a reunirse con el primer ministro eslovaco, Robert Fico, y el primer ministro (y candidato) húngaro Víktor Orbán, claramente alineados con las posturas trumpistas, sin detenerse a mantener un encuentro con Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad.

Lo que resulta evidente tanto en el tono suave de Rubio como en el prepotente de Vance es que Estados Unidos quiere seguir relacionándose con este lado del Atlántico, pero en unos términos que se asemejan más a la relación de un amo con sus vasallos que a una propia de aliados. Aparentando una paternalista preocupación por el colapso civilizacional de Europa, Trump está dispuesto a jugar sus bazas —sean arancelarias, financieras o de fuerza— para poner fin a la corriente migratoria hacia los Veintisiete, no solo reducir su carga financiera y militar en la seguridad del continente, sino lograr que le compremos más gas y más armas, así como eliminar las normas reguladoras comunitarias para facilitar la invasión de los servicios financieros y los gigantes tecnológicos en un apetitoso mercado de 450 millones de consumidores.

La reacción

Conscientes del peligro que esto representa para una UE que dice aspirar a la autonomía estratégica y que debe entender que toda dependencia (energética y militar) implica una indeseable subordinación a Washington, queda por ver cómo pensamos reaccionar.

De momento, y asumiendo que a corto plazo no hay capacidad real para contar con dicha autonomía, lo más visible es el intento de apaciguar a Trump para que no llegue a desligarse totalmente del vínculo trasatlántico, confiando en que pase la tormenta o, al menos, que amaine lo suficiente para seguir disuadiendo a Putin por un tiempo. Quienes así piensan se autosugestionan creyendo que las palabras de Rubio son una muestra de que lo peor ya ha pasado y de que, como acaba de declarar Friedrich Merz, es posible reparar la relación trasatlántica (el mismo que afirmaba hace semanas que dicho vínculo estaba irremediablemente roto).

Por su parte, quienes no comparten esa actitud genuflexa ante Trump (escasa minoría actualmente) se desesperan ante la inacción de la UE y la renuncia a emplear los instrumentos a su alcance para hacer ver a Washington que hay alternativa a su dictado. Una alternativa que debe materializarse cuanto antes, asumiendo que más que de capacidades (que también se necesitan) el desafío es, sobre todo, de voluntad política para superar el cortoplacismo y el rancio nacionalismo que hoy nos dominan.

Por si no fuera suficiente la inquietud que causa la deriva imperialista del trío Donald Trump-Vladímir Putin-Xi Jinping en pleno colapso del orden internacional, desde este 5 de febrero se ha añadido una nueva señal de preocupación. Al agotarse la prórroga acordada en 2021 entre Washington y Moscú, el final del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III o New START) deja vía libre a la proliferación de las armas de mayor poder destructivo creadas por el ser humano.

Dicho acuerdo, firmado en 2010, formaba parte del instrumental de control con el que ambas superpotencias se habían ido dotando desde la Guerra Fría, nacido del convencimiento de que una guerra nuclear abocaba a la humanidad a un suicidio colectivo en el que nadie podría cantar victoria.

Así, junto con el Tratado de Misiles Antibalísticos (ABM, anulado por George W. Bush en 2002) y el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, anulado por Trump en 2019), el START III establecía que ninguno de ambos actores podría contar con más de 1.550 cabezas nucleares estratégicas desplegadas, 700 vectores de lanzamiento estratégico [misiles balísticos intercontinentales (ICBM), misiles lanzados desde submarinos (SLBM) y desde bombarderos (ALCM)] y 800 lanzadores en total (desplegados o no).

Tanto o más importante aún, también creaba un sistema de inspecciones in situ, así como intercambios de datos y notificaciones sobre los respectivos arsenales.

Ahora se quiebra una dinámica que había logrado reducir significativamente el número de cabezas nucleares, desde más de 70.000 en plena confrontación bipolar hasta las aproximadamente 12.000 actuales, con EEUU y Rusia acaparando, a partes iguales, prácticamente el 90%.

Se había conseguido asimismo extender indefinidamente la vigencia del Tratado de No Proliferación (TNP), pieza angular del régimen de control a escala planetaria; poner en marcha el Tratado de Cielos Abiertos (anulado por Washington en 2020), el Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares (CTBT, nunca ratificado por Washington y del que Moscú se retiró en 2023) y hasta el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares (TPAN, 2021, aunque no ha sido firmado ni por las nueve potencias nucleares existentes ni por ninguno de los países miembros de la OTAN).

Un panorama desestabilizador

El panorama que se dibuja a partir de este punto es altamente desestabilizador en la medida en que ambas superpotencias, sumidas en los más ambiciosos programas de modernización de sus respectivos arsenales, emiten nítidas señales proliferadoras.

Por un lado, Putin se muestra orgulloso de los últimos ingenios creados en sus fábricas, con el misil de crucero intercontinental 9M730 Burevéstnik (SSC-X-9 Skyfall, en terminología OTAN) y el dron submarino Status-6 Poseidón (Kanyon, en argot OTAN) ya operativos, mientras lanza misiles balísticos hipersónicos de alcance intermedio Oreshnik 9M729 contra Ucrania. Y aunque, de momento, ninguno de ellos ha portado cabezas nucleares, el desasosiego es inevitable.

Mientras no se detecta ninguna señal de que Washington y Moscú tengan voluntad de negociar un nuevo tratado y mientras la tecnología está aún muy lejos de garantizar la impenetrabilidad de ningún escudo, todo apunta a una aceleración de la carrera nuclear

Por otro lado, Trump anuncia que ha dado órdenes de volver a realizar pruebas nucleares, algo que Washington no hace desde 1992 (y Moscú desde 1990), sin aclarar si se trata de explosiones en toda regla o ensayos de laboratorio para probar nuevos ingenios. Un anuncio al que se añade la pretensión de contar con un escudo antimisiles –denominado Cúpula Dorada–, supuestamente impenetrable, como si la historia no hubiese dejado claro que, más allá de sus limitaciones tecnológicas, ese tipo de medidas incentiva aún más la proliferación, en la medida en que el potencial enemigo procurará contar con más misiles ofensivos con los que saturar dicho escudo para garantizar que algunos de ellos llegarán con seguridad a sus objetivos.

Fue Putin el que, ya en 2023 –tras la invasión de Ucrania y cuando ambos países habían confirmado que ya habían ajustado sus arsenales estratégicos a los límites acordados–, decidió dejar de cumplir con el tratado, cerrando la puerta a las inspecciones regulares. También fue el líder ruso quien propuso, en septiembre pasado, seguir cumpliendo con dichos límites al menos un año más, sin que Trump haya respondido hasta hoy. Una propuesta, en todo caso, insuficiente si no iba acompañada de la reanudación de las inspecciones recíprocas sobre el terreno.

Sin señales de un nuevo tratado

En definitiva, mientras no se detecta ninguna señal de que Washington y Moscú tengan voluntad de negociar un nuevo tratado y mientras la tecnología está aún muy lejos de garantizar la impenetrabilidad de ningún escudo, todo apunta a una aceleración de la carrera nuclear. Una carrera en la que también hay que contar con una China que se resiste a implicarse en ningún proceso de negociación con el argumento de que su arsenal estratégico (unas 500 cabezas nucleares) está muy lejos del ruso y el estadounidense y que, por tanto, no cambiará de posición hasta que estén en niveles parejos.

Y una carrera en la que también queda por ver cómo actuarán los países de la Unión Europea ante la ruptura del vínculo trasatlántico –es decir, de la garantía de cobertura de seguridad proporcionada por Washington desde hace décadas–, si realmente quieren alcanzar la tan soñada, como de momento inexistente, autonomía estratégica.

Mientras Benjamín Netanyahu viola diariamente el acuerdo de alto el fuego en Gaza, asesinando y negando la ayuda a sus habitantes, ahoga a la UNRWA y prohíbe la actividad de 37 organizaciones humanitarias en Gaza y Cisjordania, su principal aliado, Donald Trump, va dando forma a una Junta de Paz doblemente inquietante.

Por un lado, lo que se deduce en primera instancia del borrador que se ha dado a conocer es que Trump no está pensando en Gaza, sino en su propio plan de liderazgo planetario, tan imperialista como contrario al multilateralismo y al orden internacional vigente. Un plan que apuesta por “la paz mediante la fuerza”, y para el que, en esencia, sostiene que debe contar con el ejército más poderoso y competente del planeta (como se recoge en la reciente Estrategia Nacional de Seguridad), así como eliminar todo obstáculo multilateral para imponer su dominio.

Así se entiende, por ejemplo, su reciente orden ejecutiva para sacar a Estados Unidos de 66 organismos internacionales, de los que 31 son parte del sistema ONU, argumentando no solo que no sirven a los intereses de Washington, sino que actúan en su contra. En esa misma línea, impulsado por un narcisismo que no conoce límites, ha enviado una carta al primer ministro noruego en la que (sin querer entender que el Comité Nobel es independiente del Gobierno noruego) dice que como no ha recibido el premio, se desentiende de la búsqueda de la paz para centrarse únicamente en la defensa de los intereses de EEUU (y de los suyos propios); como si hasta ahora hubiera hecho otra cosa.

Como resultado de ese afán caudillista acaba de presentar una Junta de Paz que, sin apenas disimulo, pretende convertir en un órgano de gobernanza global a su imagen y semejanza. Con ese engendro, Trump busca, por una parte, dar la estocada definitiva a la ONU como legítima representante de la comunidad internacional y, por otra, dotarse de una palanca de poder al servicio de su megalomanía.

Al margen de cuál pueda ser el resultado final de su iniciativa, ya resulta evidente su sesgo mercantilista, imponiendo una cuota de 1.000 millones de dólares a quienes quieran convertirse en miembros permanentes (sin aclarar el destino de lo recaudado), según ha informado Reuters, que ha tenido acceso al borrador de los estatutos.

Igualmente, resulta llamativo el listado de los alrededor de sesenta destinatarios de la invitación (solo jefes de Estado o de Gobierno), con personajes como Netanyahu, Milei, Orbán, Lukashenko y Mohamed bin Salmán, como figuras destacadas de un colectivo en el que solo falta Kim Jong-un, que no se distingue precisamente por su defensa de la democracia, los derechos humanos y la ley internacional. Un esquema en el que queda claro que el propio Trump figura como jefe supremo con potestad para determinar la agenda de la Junta, las entradas y salidas de sus participantes y, por supuesto, con derecho de veto sobre todas las decisiones que adopte.

El esperpento se completa con un Comité Ejecutivo del que solo forman parte sus leales escuderos Marco Rubio, Jared Kushner y Steve Witkoff, multimillonarios afines como Marc Rowan y Ajay Banga, y personajes tan controvertidos como Tony Blair. Con esa estructura, Trump aspira a tener un órgano que, mucho más allá de Gaza, le sirva para seguir alimentando su falsa imagen de pacificador universal, rodeándose de gobernantes interesados en seguir bajo el amparo de quien equivocadamente ven como un protector.

Cuenta así con poder moverse al margen de la legalidad internacional, inmiscuyéndose en aquellos países en los que por diferentes razones tenga intereses más o menos legítimos. Y todo ello, para mayor escarnio, contando con el aval que le proporciona la propia ONU, al haber aprobado en noviembre pasado la creación de dicha “Junta de Paz” en el marco de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad, que daba luz verde al plan de Trump para Gaza, contando con trece votos a favor y la abstención de China y Rusia.

Por lo que respecta a Gaza, en el acuerdo de cese de hostilidades alcanzado el pasado 10 de octubre se estipulaba una segunda fase cuyos hitos principales debían ser el desarme de Hamás, la retirada de las fuerzas israelíes, el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización y la creación de un órgano de gestión política de la Franja. A la espera de algún avance en los tres primeros puntos señalados, Trump anuncia también la creación de un Comité Ejecutivo para Gaza, subordinado a la “Junta de Paz” y en el que vuelven a aparecer Witkoff, Kushner, Rowan y Blair, acompañados del multimillonario chipriota-israelí Yakir Gabay y representantes de Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Turquía. No se trata solamente de que no haya ningún palestino en dicho comité, sino de que incluso Israel se ha manifestado en contra por considerar que no debe haber ningún representante de países árabes y, menos aún, de Turquía, a quien considera un enemigo.

Por su parte, los palestinos han mostrado abiertamente su rechazo a dicho comité, no solo porque entienden que Israel sigue incumpliendo descaradamente el acuerdo de alto el fuego, sino porque se ven relegados a una entidad de segunda fila, denominada Comité Nacional para la Administración de Gaza. Ese será el órgano supuestamente “tecnocrático y apolítico”, encabezado por Ali Shaath, que debe gestionar la penosa realidad diaria de la Franja sobre el terreno. El nombramiento de Shaath, que ya fue viceministro de la Autoridad Palestina, pone en evidencia la incapacidad de los líderes políticos de Palestina de encontrar alguna figura relevante que no haya estado vinculada a dicha Autoridad o a Hamás.

Este, en resumen, no puede ser el camino ni para un mundo más pacífico ni para una Palestina con futuro.

Una vez decidido a quebrar abiertamente el derecho internacional, quedaba por saber cuál era la opción preferida de Donald Trump para controlar Venezuela.

Consciente de que, por mucho que sea el malestar de la población local con una dictadura tan corrupta como ineficaz y represora, la captura de Nicolás Maduro no iba a provocar el aplauso unánime de los venezolanos y su sumisión entusiasta al dictado de Washington, el tándem Donald Trump-Marco Rubio se veía obligado a hacer algo más para lograr su propósito.

La ocupación militar

La primera opción a considerar era, siguiendo el modelo aplicado en Irak, la ocupación militar del país. Un país de más de 900.000 km², con una compleja orografía y algo más de 5.000 km de fronteras terrestres y otros 4.000 de costa, muy porosas y muy afectadas por comercios ilícitos y movimientos de grupos armados de todo tipo.

Esto solo podría hacerse desplegando un contingente militar significativamente muy superior al que actualmente tiene en la zona (en torno a los 15.000 efectivos y una docena de buques), con un alto riesgo de quedarse empantanado por tiempo indefinido en un escenario de creciente violencia en el que tanto los restos de las fuerzas armadas como los grupos paramilitares de adscripción chavista previsiblemente optarían por una guerra irregular.

Seguir ese rumbo no solo le supondría a Trump un coste apreciable entre sus simpatizantes, ilusoriamente convencidos de que se trata de un pacifista y un no intervencionista, sino que le forzaría a detraer recursos militares de otros escenarios, especialmente del que hace referencia a la contención de China como principal rival estratégico en la región Indo-Pacífico.

Los aliados locales

La segunda posibilidad era echar mano de actores locales que sirvieran fielmente a sus planes. En otros casos Washington ha podido contar con actores locales, tanto políticos como militares, que les han servido como instrumentos de control directo para evitar el colapso, encargados de mantener el nuevo orden y de gestionar la vida nacional en todos los ámbitos; todo ello sin tener que implicarse directamente.

En esa línea, parecía evidente en primera instancia que María Corina Machado y Edmundo González serían los elegidos para la tarea, en la medida en que para los críticos de Maduro parecían representar la alternativa más sólida y ambos habían sido encumbrados y respaldados tanto por Washington como por otras capitales occidentales. Una creencia que el propio Trump se encargó de dinamitar en su primera comparecencia pública tras dar a conocer que ya tenía al dictador venezolano en su poder.

Tanto Delcy Rodríguez como Vladimir Padrino y Diosdado Cabello eran calificados hasta hace bien poco como narcotraficantes que había que poner en manos de la justicia

Más allá de las simpatías o antipatías que pueda haber en Washington sobre una figura tan controvertida – alineada con un genocida como Benjamin Netanyahu y defensora de las ejecuciones extrajudiciales que Trump lleva ordenando en el Caribe desde septiembre pasado–, su defenestración responde a un cálculo mucho más pragmático que ideológico. A fin de cuentas, ni Machado ni González están físicamente en el país, no han logrado nunca aglutinar a toda la oposición a Maduro y, sobre todo, no controlan ninguno de los mecanismos de poder real –ni económico ni político ni, mucho menos, militar– sobre el terreno.

Son esos factores los que, en definitiva, han llevado a Trump-Rubio a decantarse por Delcy Rodríguez, como representante principal del régimen chavista. Es cierto que eso supone una aparente contradicción, en la medida en que tanto ella como los otros dos más destacados figurantes de dicho régimen –Vladimir Padrino, ministro de defensa, y Diosdado Cabello, ministro de interior– eran calificados hasta hace bien poco como narcotraficantes que había que poner en manos de la justicia.

La “transición apropiada”

Pero hay que recordar de inmediato que lo que según el propio Trump se busca en Venezuela no es una “transición democrática”, sino una “transición apropiada”. Y al igual que está claro que el golpe estadounidense no responde a la lucha contra el narcotráfico, también lo está que tampoco viene guiado por la defensa del bienestar y la seguridad de los venezolanos, sino por el interés de EEUU por lograr el control absoluto de todo el continente, con sus recursos naturales y sus minerales críticos incluidos, impidiendo por todos los medios que potencias extracontinentales (es decir, China y Rusia) puedan aprovechar algún resquicio para cuestionar el statu quo implícito en la actualizada doctrina Monroe.

Lo que Trump busca en el resto del continente no son aliados (mucho menos democracias), sino vasallos. De ahí que, por chocante que sea echar mano de actores como Rodríguez y compañía, su colaboración se convierte en la vía más conveniente para asegurar el control de un país al que pronto pueden seguir Cuba, Colombia, Nicaragua y más allá.

Ella y quienes la rodean tienen más interés –por simple supervivencia personal– y más capacidad real para evitar que Venezuela colapse y para, en clave lampedusiana, que parezca que todo cambia cuando nada va a cambiar

Es ella y quienes la rodean –todos ellos miembros del núcleo duro de la dictadura encabezada por Maduro– los que tienen más interés –por simple supervivencia personal– y más capacidad real para evitar que Venezuela colapse y para, en clave lampedusiana, que parezca que todo cambia cuando nada va a cambiar.

O al menos eso es en lo que Trump y Rubio confían. Si les sale bien, y logran evitar el estallido violento generalizado mientras se hacen con todos los activos del país, mal para Venezuela porque perderá la ocasión de llevar a cabo una transición verdaderamente democrática, prolongando la etapa de gobernantes corruptos y represores, manejados ahora desde Washington. Y si les sale mal, y Venezuela se sume en una guerra fratricida, mal también sin remedio para los venezolanos.

Dice Donald Trump que “estamos más cerca de la paz que nunca”. El mismo que dijo que terminaría la guerra de Ucrania en 24 horas, el que asegura tener dudas sobre quién empezó dicha guerra y el que parece creer las palabras de Vladímir Putin cuando repite lo de que “Rusia desea lo mejor a Ucrania”, como si lo que hace cada día no mostrase lo contrario sobre un país que no existe para él.

Por eso, atendiendo más a los hechos que a las palabras, lo mínimo que cabe decir tras la última reunión que el inquilino de la Casa Blanca ha sostenido con Volodímir Zelenski en su finca privada es que la paz está hoy tan lejos como siempre, al menos desde 2014.

Así se deduce, en primer lugar, de la situación militar sobre el terreno. Del mismo modo que resulta obvio que Ucrania no está en condiciones de expulsar a las tropas invasoras rusas de su propio país, también lo es que Moscú no ha logrado ninguno de los objetivos planteados en su “operación especial militar” hace casi cuatro años.

De hecho, a costa de sufrir unas 400.000 bajas (entre muertos, heridos y desaparecidos) en el año que ahora termina, tan solo ha logrado controlar unos 6.000 kilómetros cuadrados adicionales, sin llegar ni siquiera a una superficie equivalente a lo que ya tuvo en sus manos al inicio de la invasión. Y nada indica –cuando ya se van haciendo evidentes los efectos de las sanciones internacionales y el impacto de la caída de los precios de los hidrocarburos en las cuentas nacionales– que 2026 vaya a resultar más propicio para los planes de Putin. Ni cabe esperar que la ayuda china y norcoreana vayan a aumentar mucho más allá del nivel actual, ni tampoco que el Kremlin sea capaz de reclutar más personal para enviar al matadero ucraniano, volcando definitivamente la balanza a su favor.

El terreno diplomático

Es más probable que lo que pueda haber de novedoso, por tanto, se produzca en el terreno diplomático. De hecho, mientras se suceden como una trágica rutina normalizada los bombardeos rusos de objetivos civiles y del sistema energético ucraniano y los ataques en profundidad por parte de Kiev contra el sistema ruso de producción, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, es en este campo en el que se registra una mayor actividad. Una actividad que, en cualquier caso, no ha conseguido ni siquiera un mínimo acuerdo para establecer un alto el fuego, aunque sea temporal.

Zelenski está una situación nada envidiable de cara a lo que pueda deparar el nuevo año, sabiendo que no cuenta con efectivos humanos ni recursos económicos ni capacidades de inteligencia suficientes para hacer frente a un Putin y a un Trump que comparten una visión imperialista

Y si eso es así es, básicamente, porque Putin sigue creyendo que el simple paso del tiempo –contando con su ventaja demográfica, económica, industrial y militar, junto a la evidente presión ejercida por Trump sobre Zelenski– terminará por obligar a este último a aceptar los términos de una capitulación en toda regla.

Esa convicción, más la meliflua actitud estadounidense con Putin, es lo que explica que Moscú no se vea obligado a rebajar en algún punto sus exigencias, resumidas en la renuncia de Ucrania a buena parte de su territorio (actualmente ya controla el 22% del total del país y aspira a hacerse como mínimo con la parte de la región de Donetsk que todavía está en manos ucranianas), a integrarse en la OTAN y a reducir sustancialmente el volumen de sus efectivos militares. Una lista de demandas a las que, al hilo de cada nuevo contacto entre Kiev y Washington, se añaden otras más circunstanciales como el control de la central nuclear de Zaporiyia, la negativa a admitir el despliegue de tropas de la Alianza Atlántica en suelo ucraniano o la celebración inmediata de elecciones para sustituir a Zelenski.

Triquiñuelas rusas

La sensación dominante en la actualidad es la que determina que lo que Putin negocia con Trump no es lo mismo que lo que este último trata con Zelenski. De ese modo, cada vez que el mandatario ucraniano procura avanzar en algún punto que le permita firmar un documento que no suponga una rendición incondicional y vergonzosa para su propio país, Putin se encarga de inmediato de cerrar la puerta a todo entendimiento, echando mano de lo que sea necesario en cada caso. Y un ejemplo de ello es la amenaza transmitida este lunes por Moscú de tomar represalias y “revisar” su postura las negociaciones (paralizadas en cualquier caso) con la acusación de un ataque ucraniano con 91 drones contra la residencia presidencial en la región de Nóvgorod, que Zelenski ha negado.

Las triquiñuelas del Kremlin solo pueden convencer a quienes ya de partida no quieran ver su falta de voluntad para alcanzar una paz justa, global y duradera. Igualmente, los gestos de los aliados europeos de Kiev tampoco pueden ocultar su incapacidad para sustituir a Washington como sostén principal ante la visible renuncia estadounidense a mantener el pulso a Moscú.

Todo eso coloca a Zelenski en una situación nada envidiable de cara a lo que pueda deparar el nuevo año, sabiendo que no cuenta con efectivos humanos ni recursos económicos ni capacidades de inteligencia suficientes para hacer frente a un Putin y a un Trump que comparten una visión imperialista en la que Ucrania apenas es una piedra en el camino. De ahí que, aunque el presidente ucraniano insista en que prácticamente todo está ya cerrado con Trump –incluyendo una zona desmilitarizada o unas garantías de seguridad que Rusia rechaza–, sea muy difícil compartir su forzado optimismo.

Ante el alineamiento cada vez más visible entre Donald Trump y Vladímir Putin sobre el futuro de Ucrania, Kiev y Bruselas apuran sus últimas opciones para evitar que Volodímir Zelenski no tenga más remedio que firmar la capitulación ante Moscú.

El presidente ucraniano se ha reunido en los últimos días con líderes comunitarios y con los enviados estadounidenses. Además, este jueves se celebra una cumbre europea clave para el futuro de Ucrania y el apoyo económico a Kiev. Los Veintisiete no han logrado llegar a un acuerdo sobre los próximos pasos para sostener a Ucrania, pero el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha asegurado que la reunión no acabará hasta que se logre algún resultado. “La opción más creíble es el préstamo de reparación (a partir de los activos rusos inmovilizados) y en eso es en lo que estamos trabajando. Aún no estamos ahí y cada vez es más difícil, pero estamos haciendo el trabajo; todavía nos quedan algunos días”, señaló el lunes Kaja Kallas, alta representante de la UE.

El doble propósito de Trump

Ucrania no representa un interés vital para Estados Unidos, lo cual le permite a Trump utilizar esa ficha del tablero geopolítico para cortejar a su homólogo ruso, para quien ese mismo país sí constituye un interés vital.

El propósito del mandatario estadounidense es doble. Por una parte, pretende atraer a Rusia a su órbita, con el sueño de separarla de China, ofreciéndole no solo un tratamiento de potencia global (eso fue lo que se escenificó en la cumbre de Alaska el pasado mes de agosto), sino atractivas oportunidades de cooperación en campos muy diversos. Por otra, muy ligada a la anterior, Trump y su clan familiar vislumbran una gran oportunidad para hacer negocios personales en una Rusia tan necesitada de mejoras en todos los órdenes.

Por eso el inquilino de la Casa Blanca se muestra crecientemente impaciente ante los obstáculos que están frenando la materialización de unos planes que pasan por la firma de algún tipo de acuerdo en Ucrania. Obstáculos derivados, en primera instancia, del empecinamiento de Zelenski en rechazar unas condiciones que no solo dejarían a su país fragmentado, sino en una situación de insostenible vulnerabilidad ante futuras embestidas rusas. Y hoy, consciente de que con sus propias fuerzas ya no puede llegar más lejos, esa posición se sostiene en su creencia de que la Unión Europea va a estar dispuesta a respaldar económica y militarmente a los ucranianos más allá de su nivel de implicación actual, ante el riesgo (bien real) de que Trump decida cerrar el grifo.

A Putin, entretanto, le basta con delegar en Trump la presión política sobre su enemigo, aparentar una actitud proclive al acuerdo (pero aferrado a sus términos maximalistas) y confiar en que, con el impulso paralelo de sus tropas, finalmente buena parte de Ucrania quede en sus manos, sin posibilidad de entrar en la OTAN y con su ejército capitidisminuido; todo ello antes de que el castigo derivado de las sanciones internacionales le obligue a rebajar sus exigencias.

En un último intento por romper el guion que Washington y Moscú quieren imponer cuanto antes, Kiev y Bruselas parecen decididos a mover ficha. Steve Witkoff, enviado de Trump, dijo que se había logrado “mucho progreso” en la primera jornada de negociaciones el domingo en Alemania. El mismo mensaje mandó el canciller alemán, Friedrich Merz, tras la última ronda de conversaciones, celebrada el lunes.

Zelenski ha enviado a Trump una nueva propuesta que sirva de base para la negociación de un acuerdo. Hasta donde se conoce, lo más relevante es que, como cabía esperar, Kiev rechaza totalmente la pretensión rusa de hacerse con todo el Donbás, incluyendo la parte de Donetsk que las tropas rusas nunca han logrado ocupar por la fuerza. Algo así sería inadmisible para los luchadores ucranianos que han logrado hasta hoy frenar a los invasores; pero, además, equivaldría a dejar la capital ucraniana sin defensa, en la medida en que supondría desmantelar las principales líneas de contención que han servido precisamente para abortar el avance de Moscú. Lo que ofrece a cambio es un cese de hostilidades y empezar a negociar un acuerdo a partir de las actuales líneas del frente (lo que ya supone aceptar la ruptura del país).

Según distintas informaciones, Zelenski planteó la renuncia a sus intenciones de ingresar en la OTAN y después confirmó que EEUU ha ofrecido garantías de seguridad inspiradas en el artículo 5 del tratado de la alianza atlántica por el que consideraría un ataque a Ucrania como una agresión contra su propio territorio, algo que Putin difícilmente va a aceptar.

La UE que lo que está en juego no es solo la suerte de Ucrania, sino también la de la propia Unión, todavía impactada por la publicación de la nueva estrategia nacional de seguridad estadounidense, en la que Europa aparece como objetivo a batir

Zelenski también ha planteado la posibilidad de celebrar elecciones con la condición de que Ucrania reciba previamente garantías de seguridad. Trata de ese modo de responder a las criticas deslegitimadoras de Trump y Putin, empeñados en calificarlo como un dirigente ilegítimo que apuesta por continuar la guerra con tal de no perder el poder, como si no estuviese claro que es la propia ley marcial de 2022 la que impide la convocatoria electoral, y como si las encuestas no mostraran el apoyo mayoritario de los ucranianos a su retraso hasta que no termine la guerra. En todo caso, es prácticamente imposible que Kiev reciba unas garantías de seguridad que le resulten satisfactorias, por lo que es muy improbable que tales elecciones puedan tener lugar aunque Zelenski encuentre alguna vía legal para convocarlas.

La pelota, en el Consejo Europeo

Por su parte, la UE ha fijado el Consejo Europeo del próximo día 18 como el momento decisivo en el que debe quedar claro hasta dónde pueden y quieren llegar los Veintisiete en su apoyo a Kiev. Saben que lo que está en juego no es solo la suerte de Ucrania, sino también la de la propia Unión, todavía impactada por la publicación de la nueva estrategia nacional de seguridad estadounidense, en la que Europa aparece como objetivo a batir. En algunos casos el problema principal es la falta de capacidad; como por ejemplo en el terreno militar, en el que las industrias de defensa de los Veintisiete no están (ni estarán a medio plazo) en condiciones de cubrir las necesidades de las fuerzas armadas ucranianas si Washington se atreve finalmente a suspender su apoyo. Y menos aún en el terreno de la inteligencia que necesita Kiev para neutralizar la amenaza rusa.

Pero, en otros, como en el terreno económico, es más bien una cuestión de voluntad política. Especial relevancia cobra en este sentido lo que vaya a ocurrir finalmente con los activos rusos. La UE acordó el pasado viernes congelar de manera indefinida estos activos, que equivalen a unos 210.000 millones de euros (la mayor parte en manos de la sociedad financiera belga Euroclear). Hasta ahora se necesitaba la actualización semestral por unanimidad de los Veintisiete. El siguiente paso es emplearlos para financiar a Ucrania. De momento, no se ha logrado vencer la resistencia del Gobierno belga, que demanda un compromiso mancomunado por si en el futuro hay que responder a reclamaciones judiciales promovidas por Moscú.

El Consejo Europeo tiene la palabra.

Cincuenta años después de mostrarse impotente ante la astuta jugada de Hasan II con la Marcha Verde, resulta evidente a todas luces que España se ha desentendido completamente del Sáhara Occidental, olvidando que sigue siendo la potencia administradora de un territorio que la ONU identifica como sujeto a descolonización.

Fueron muchos los años en los que los sucesivos gobiernos españoles se escudaron en una supuesta “neutralidad técnica” que remitía a la ONU la resolución del conflicto iniciado tras la retirada de las tropas españolas (noviembre de 1975). Igualmente, a partir del plan de paz de 1991, la posición oficial seguía estando alineada con las Naciones Unidas y su pretensión de celebrar un referéndum en el que el pueblo saharaui pudiera hacer uso de su derecho a la autodeterminación. El paso del tiempo iba dejando cada vez más claro que dicho referéndum no iba a celebrarse y que el conflicto, aunque larvado, seguía abierto, con Marruecos ganando ventaja tanto en el terreno militar como en el plano diplomático.

Esa tradicional posición gubernamental apenas lograba esconder un cálculo muy básico. Se contaba con que la ONU no sería capaz de resolver el conflicto a corto plazo y que, por tanto, Marruecos se vería obligado a seguir manteniendo indefinidamente el grueso de sus Fuerzas Armadas Reales (llegó a contar con unos 120.000 efectivos militares en lo que siempre ha denominado “las provincias del sur”) desplegado entre la zona ocupada y la línea de muros que le permiten controlar el 80% de lo que se suele denominar el “Sáhara útil”. O, lo que es lo mismo, que Rabat no podría liberar fuerzas con las que bascular hacia Ceuta, Melilla y el resto de los territorios españoles que reclama insistentemente como propios. Conscientes de que la defensa militar de dichos territorios era (y es) muy problemática si finalmente Rabat decidía ir adelante en sus reivindicaciones soberanistas, se esperaba, en definitiva, que nuestro vecino del sur tuviera que continuar ocupándose durante años de otras tareas.

Aunque el cambio de posición no tiene una fecha exacta, es innegable que los atentados de Atocha (marzo de 2004) contribuyeron significativamente a acelerar un proceso que ya se venía gestando en el contexto de una pos Guerra Fría que, en el caso concreto del Sáhara Occidental, iba basculando cada vez más claramente a favor de Rabat. Así, comenzó a cobrar peso la idea de que nos interesaba intensificar la colaboración con Marruecos en, al menos, tres ámbitos que afectaban (y afectan) a nuestra seguridad: narcotráfico, terrorismo yihadista y flujos migratorios irregulares. A eso se añadía un nuevo planteamiento sobre la vecindad, considerando que a España le interesaba contar con un Marruecos estable y apaciguado, una cuestión que pasaba por cumplir con su sueño soberano sobre el Sáhara Occidental, pilar fundamental de una monarquía que había logrado convertir esa aspiración en prácticamente unánime dentro del reino.

En consecuencia, España apostó por incrementar la colaboración en esos tres campos a cambio de pagar el peaje de alinearse con una ambición marroquí a la que ya se estaban sumando otros actores internacionales; lo que, de paso, iba haciendo cada vez más visible el abandono en el que iba quedando tanto el plan de paz de la ONU como, por supuesto, el pueblo saharaui. Y, por si faltaba algo, para inclinar definitivamente la balanza española a favor de Rabat, ahí estaba Donald Trump, en diciembre de 2020, declarando al Sáhara Occidental como territorio marroquí (a cambio de que Rabat normalizara relaciones con Tel Aviv).

De ese modo se ha llegado a la situación actual. Una situación que deja a los saharauis desasistidos, por mucho que el derecho internacional esté de su parte, tras la dejación de responsabilidades de los sucesivos gobiernos españoles; y a Marruecos saboreando lo que ya considera una victoria definitiva tras la aprobación de la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU. Tanto es así que Mohamed VI acaba de decretar como nueva fiesta nacional el 31 de octubre, bajo el rimbombante nombre de Día de la Unidad.

Nada de esto implica ni que el conflicto se haya resuelto por fin —aunque es innegable concluir que el tiempo corre abiertamente a favor de Marruecos—, ni que el Gobierno español haya logrado lo que buscaba. Por una parte, la literalidad de la citada Resolución sigue contemplando tanto la continuación de la MINURSO como la vía de la autodeterminación, aunque ya identifique la propuesta marroquí de autonomía como la “opción más viable”. Y aunque el Frente Polisario no cuenta ni militar ni diplomáticamentecon con los medios necesarios para cambiar la dinámica a su favor, nada puede darse por seguro en una región sometida a una creciente carrera armamentística entre Rabat y Argel, con considerables apoyos externos desde Washington y Moscú (pese a que Rusia no votó la resolución del Consejo de Seguridad).

Por otra, al margen del discurso oficial que presenta las relaciones hispano-marroquíes como idílicas, basta con mirar a las recurrentes crisis provocadas por Marruecos —sea manipulando la desesperación de sus conciudadanos para chantajear a España y a la Unión Europea facilitando la entrada de personas migrantes en Ceuta y Melilla o incumpliendo los compromisos sobre los pasos aduaneros— para entender que Rabat sigue estando lejos de ser un vecino serio y fiable. Y todo ello sin olvidar que cualquier Gobierno español todavía tiene pendiente explicar a su propia opinión pública, mayoritariamente prosaharaui, un giro que difícilmente cabe calificar de exitoso.

No se trata de llevarle caprichosamente la contraria a Donald Trump ni de aparecer como un agorero empeñado en verlo todo negro. Se trata únicamente de separar las ensoñaciones iluminadas de los hechos, sin olvidar las reiteradas declaraciones belicistas de los principales actores implicados en el conflicto y una larga historia de incumplimientos de tantos pactos anunciados a bombo y platillo. Y, desgraciadamente, lo que se extrae de ahí es que, al contrario de lo que sostiene el actual inquilino de la Casa Blanca, esto no es el final de la guerra (aunque mejor sería decir de la masacre y el genocidio).

No lo es, en primer lugar, porque lo único acordado hasta ahora es una simple tregua. Una tregua, por supuesto, bienvenida, en la medida en que sirva para detener al menos momentáneamente las matanzas, para un intercambio de prisioneros y para permitir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Porque lo pactado no es de ningún modo un acuerdo de paz, sino tan solo la primera fase de un proceso muy desigual en cuanto a los compromisos asumidos por las partes.

Si nos atenemos a los hechos todo se reduce de momento a que Hamás libera a 24 personas (20 vivas y cuatro muertas) que tenía en su poder, lo que supone ceder la única baza de negociación que poseía para lograr que Benjamín Netanyahu cumpla su parte del trato. Eso le supone quedar totalmente a expensas de la buena (o mala) voluntad de Trump para forzar a Israel a cumplir su parte. Un Trump que, en su discurso en la Knéset, no ha tenido reparos en reconocerse como cómplice de la barbarie israelí (suministrándole armas que “han sabido usar muy bien”) y que ha empleado a Steve Witkoff y Jared Kushner, ambos judíos, como supuestos mediadores honestos.

Por su parte, Netanyahu solo se ha comprometido a liberar a unos 2.000 palestinos de la cárcel; aunque en realidad todo se queda en unos 200 que cumplían condena, dado que el resto forman parte de los más de 13.000 que las fuerzas israelíes se han dedicado a detener arbitrariamente, con la clara intención de amedrentar a los palestinos y contar con un remanente del que echar mano para el intercambio. En el terreno militar simplemente se limita a llevar a cabo un redespliegue –resulta absolutamente impropio denominarlo retirada, ni siquiera gradual–, lo que le permite seguir manteniendo el control directo del 58% de la Franja.

Negociaciones turbulentas por delante

Y hasta ahí, junto con la entrada de una ayuda humanitaria que Tel Aviv seguirá graduando en función de sus propios criterios, llega realmente lo que ambas partes han acordado. Eso significa que todo lo demás –la creación de una entidad política palestina, la retirada total israelí, el desarme de Hamás o el despliegue de una fuerza internacional de estabilización– queda sujeto a una negociación que se adivina muy turbulenta.

Lo pactado no es de ningún modo un acuerdo de paz, sino tan solo la primera fase de un proceso muy desigual en cuanto a los compromisos asumidos por las partes

Netanyahu ha logrado, de entrada, que la propuesta inicial de Trump, con sus 20 puntos, haya pasado a estructurarse en dos etapas de final abierto. La primera, que es la que ahora se acaba de materializar, está planteada como una capitulación del Movimiento de Resistencia Islámica, con el objetivo de hacerlo desaparecer de la escena política y de desarmarlo por completo. La perspectiva de una entidad política “tecnocrática” para gestionar la Franja, subordinada a una autoridad que coloca al propio Trump en la cúspide, con el ex primer ministro británico Tony Blair como virrey sobre el terreno, implica que ningún miembro de Hamás y del resto de las milicias armadas contra Israel podrá tener presencia alguna en lo que algunos se empeñan en presentar como una “nueva” Gaza.

Y a eso se pretende sumar la desintegración militar de Hamás, abandonando las armas que le han servido para ejercer una resistencia armada que el derecho internacional concede al ocupado con el fin de librarse precisamente del ocupante.

Se hace difícil imaginar que Hamás acepte ese guion que supone su eliminación total. Y la primera muestra de ello es su intento de recuperar el control de las calles de Gaza a punta de pistola, enfrentándose desde el primer momento a los clanes armados que han tratado de aprovechar (con apoyo directo de Tel Aviv) el vacío dejado al tener que concentrar su esfuerzo contra las fuerzas israelíes. Más difícil aún es creer que Netanyahu y los suyos vayan a poner fin a la ocupación, paso fundamental para hacer creíble la fórmula de los dos Estados en la Palestina histórica.

Israel no cede nada sustancial

En definitiva, Netanyahu ha logrado sumar puntos ante su población con la liberación de unas personas que nunca fueron su prioridad, sin tener que ceder nada sustancial a cambio. Eso le permite tener las manos libres para, en función de su único criterio, determinar en qué momento declara que algo no es de su gusto y, en consecuencia, se sienta nuevamente legitimado para bombardear lo que quede de Gaza. Por eso lo que se vislumbra en el horizonte es una repetición de lo que está ocurriendo en Líbano, donde desde noviembre pasado hay teóricamente un acuerdo que obligaba a Israel a abandonar ese territorio y cesar las hostilidades, pero se suceden los ataques israelíes en una abierta violación tanto de lo acordado como del derecho internacional.

Son muchas las razones –incluyendo la escandalosa ausencia de cualquier referencia a Cisjordania en lo que se pretende hacer pasar por la paz en Palestina– que llevan a pensar que el fin de la guerra no está cerca. Quizás por eso calificar de éxito histórico una mera tregua tras dos años de genocidio solo se entiende desde la irrealidad en la que Trump y sus sumisos coristas se han instalado desde hace tiempo.