Más de un centenar de familias se han manifestado frente a la Consejería de Educación de Murcia para reclamar una mejor atención temprana en los colegios, ante la falta de auxiliares técnicos educativos que den soporte a los alumnos con necesidades educativas especiales.

La concentración fue convocada por La Asociación Martín Espejo por la Inclusión Real (Amefir), en activo desde hace dos años, cuyo objetivo es también crear una plataforma que aglutine a todas las agrupaciones, sindicatos y personas interesadas en reclamar mejoras estructurales y asistenciales para los estudiantes con necesidades educativas especiales.

Desde la asociación han lamentado que con el comienzo de las clases ya se ha visto la falta de auxiliares técnicos educativos. Amefir ha lamentado el “abandonado total” del Gobierno regional a los alumnos con diversidad funcional. “Es mentira que no haya dinero; no apuestan por la inclusión y la equidad”.

Una de sus portavoces ha señalado que el pasado 10 de octubre se reunieron con la consejera de Educación, Mabel Campuzano, para pedir mejoras en el sector, y se negó a comprometerse para no crear a las familias “falsas expectativas”. Desde Amefir propusieron disminuir las ratios de alumnos por auxiliar técnico educativo a un máximo de cinco niños teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos, cubrir las bajas que se han quedado sin ocupar y trabajar en la figura del técnico, que requiere de conocimientos específicos, puntos que consideran claves: “De no hacerlo así puede repercutir en su salud y su progreso”.

Más de 30 instituciones educativas, y varias decenas de Asociaciones de Padres y Madres han secundado las carencias educativas denunciadas por Amefir, y ha asegurado que siguen llegando apoyos a día de hoy.

“Llevamos años de buenas intenciones y las familias estamos cansadas de que nos vapuleen”, ha indicado una de las portavoces de la Asociación.

Ante la “empatía enmascarada” de la consejera, Amefir ha reivindicado la necesidad de crear la plataforma, y ha agradecido el apoyo de las familias en su proyecto. La concentración ha finalizado con la petición de dimisión de la consejera de Educación.

La consejera de Educación de Murcia y ex de Vox, Mabel Campuzano, ha seguido los pasos de su compañero Pascual Salvador y ha abandonado también el grupo parlamentario que compartían con los otros dos diputados murcianos díscolos de la formación de extrema derecha, Juan José Liarte y Francisco Carrera. Salvador era el único diputado que se mantenía fiel al liderazgo de Santiago Abascal. Fuentes del partido aseguraron este jueves que la maniobra de Pascual Salvador responde a una “revancha” porque culpan de la crisis interna del partido a “Macarena Olona y a los expulsados de Vox”, y aseguraron que la decisión habría sido en contra de su voluntad: “Le dijeron que o lo hacía o estaba expulsado en 48 horas”.

Pero ha sido la espantada al Grupo Mixto de Mabel Campuzano, consejera de Educación del Ejecutivo regional, la que ha conseguido dinamitar al grupo parlamentario de Vox -los díscolos de Abascal continuaban utilizando las siglas del partido en la Asamblea Regional-. Con la salida de Campuzano, y al quedarse solo con dos diputados y ser el mínimo de tres, el grupo tiene que disolverse y pasar todos al mixto, integrado hasta ahora por dos diputados de Podemos y los dos de Ciudadanos fieles a Inés Arrimadas, y que ahora vuelve a doblar a ocho miembros. Y aunque no tiene por qué afectar al Gobierno del PP en el número efectivo de apoyos en la Asamblea Regional, es una nueva representación de la debilidad que está atravesando la Cámara en esta legislatura tras la moción de censura fallida contra Fernando López Miras, reventada por los parlamentarios tránsfugas de Cs en marzo de 2021, y apoyada por los tres parlamentarios expulsados de Vox.

La diputada ha comunicado su decisión de abandonar el Grupo de Vox este viernes, poco antes de las 15.00 de la tarde, argumentando que no se sentía “integrada” en el mismo “ni por un partido que no me quiere entre sus filas, ni por unos compañeros que me han tenido al margen de la actividad y decisiones del grupo parlamentario, tanto a nivel político como administrativo”, ha asegurado en un comunicado oficial. Y ha añadido que desde que aceptó las obligaciones de consejera del Gobierno de la Región de Murcia, “todo mi trabajo, esfuerzo y decisiones han respondido a la responsabilidad y lealtad que tengo ante el gobierno al que pertenezco”.

La salida del partido de extrema derecha de Liarte, Campuzano y Carrera se produjo tras quitar de las cuentas bancarias de su grupo parlamentario a dirigentes nacionales como Javier Ortega Smith, además de despedir a dos empleados colocados por la sede nacional. Una ruptura de la que parece que no habrá vuelta atrás pese a que un juzgado resolvió que debían ser readmitidos a principios de año. El presidente provincial de la formación política, José Ángel Antelo, llegó a calificar a los tres echados de “ratas” tras conocerse la resolución: “Los traidores nunca serán de Vox”.

Con el doble movimiento de Pascual Salvador y Mabel Campuzano, Santiago Abascal consigue después de varios intentos frustrados que los diputados díscolos dejen de operar en la Asamblea Regional bajo las siglas de Vox y les cierran el grifo de las subvenciones mensuales que reciben los grupos parlamentarios y que en este caso ronda los 20.000 euros, a los que hay que sumar los 52.650 euros que percibe anualmente cada diputado murciano.

Los rumores del paso de Mabel al Grupo Mixto empezaron a coger fuerza el pasado mes de abril por las discrepancias con Liarte y, especialmente, con Carrera. Ese mismo mes, Campuzano cesó al director general del Instituto de Industrias Culturales (ICA), José Ramón Palazón -propuesto por Carrera-, por “falta de confianza”. La titular de la cartera lo fulminó por “acciones muy graves”. El PP tuvo que mediar entre las partes, con el peligro de que perder un solo voto suponía el bloqueo parlamentario. Esa crisis se saldó con la cesión de la cartera de Cultura por parte de Mabel Campuzano a la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes.

La disolución del grupo parlamentario de Vox se produce días después de que el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se reuniera en un bar céntrico de la capital murciana con José Ángel Antelo. La relación entre los dirigentes llevaba meses enfriada, tras varios reclamos desde la extrema derecha de convocar elecciones tras la recomposición del Ejecutivo regional por la moción de censura fracasada. Todo apunta a que Antelo se presentará como candidato a las elecciones autonómicas por su partido en 2023, al igual que López Miras.

Crisis interna en Vox: no quieren “líderes periféricos”

Los malos resultados de la agrupación en los comicios andaluces, ha obligado a la dirección nacional a hacer cambios importantes en el partido. Macarena Olona, candidata de Vox en dichas elecciones, abandonó su escaño por razones médicas, y apareció a los pocos meses para reiniciar su vida política. Un cruce de acusaciones veladas con dirigentes de la agrupación de extrema derecha terminaron con Espinosa de los Monteros cerrando la puerta a su regreso. Olona amenaza ahora con fundar un partido tras los comicios municipales y autonómicos si Vox deja de ser una “alternativa”.

Hace dos semanas, los parlamentarios murcianos expulsados de Vox organizaron una ponencia de Macarena Olona en la Universidad de Murcia. Lo hicieron a través del Instituto Español de Estudios Políticos, asociación de la que son fundadores. Su portavoz, Liarte, declaró a este medio que el problema del partido de extrema derecha con Olona es su “alto nivel de preparación: Vox nunca ha querido el surgimiento de líderes periféricos”. El diputado aseguró que los de Abascal tienen “claro que el partido es de cuatro o cinco”. “En cuanto alguien es capaz de salir un poco del discurso extremo no gusta; yo creo que Macarena en algunas ocasiones ha tenido que recibir presiones para mostrarse más radical y más agresiva de lo que por naturaleza es”.

Las críticas internas contra Javier Ortega Smith por el descontrol territorial a un año de las elecciones locales y regionales ha provocado su caída, y ha sido sustituido al frente de la secretaría general y en Organización por Ignacio Garriga, candidato autonómico Catalunya. El diputado nacional y concejal madrileño se despidió a través de su perfil de Twitter y anunció que se volcará en la tarea que desempeña actualmente como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid y en preparar la campaña de 2023, una vez que ha sido ratificado como candidato municipal por el Comité Ejecutivo Nacional de la formación de extrema derecha. 

Más de un centenar de personas han increpado a Macarena Olona, exdiputada de Vox, a su llegada a la Universidad de Murcia -UMU- para participar en una ponencia sobre la inconstitucionalidad del estado de alarma. Una hora antes de su llegada, miembros de la comunidad académica se han ido concentrando a la puerta de la institución educativa esperando a Olona, tiempo en el que se han sucedido un par de encontronazos entre simpatizantes del partido de extrema derecha y los manifestantes. Un nutrido dispositivo policial ha estado presente en todo momento, y ha escoltado a la exparlamentaria a su llegada.

En la concentración se han podido escuchar cánticos como “Murcia será la tumba del fascismo”, “La uni es nuestra casa, barremos a los fachas”, “Olona aquí no te empadronas” u “Olona culpable, Luján responsable”, este último haciendo referencia al rector de la Universidad de Murcia, José Luján, por no suspender la conferencia con la exdiputada de Vox.

En una rueda de prensa para los medios, Olona ha vuelto a descartar crear “hoy” una nueva formación política, una acción que ha tachado de “tremendamente irresponsable” porque “fragmentaría el mapa político”. No obstante, ha asegurado que si en algún momento “Vox deja de ser alternativa de gobierno” ella estará a “disposición de los españoles”. En una entrevista concedida al periódico El Independiente, matizó que en función del resultado de las elecciones municipales de mayo de 2023 dirá si da “un paso al frente”.

La exparlamentaria ha reiterado que a partir de ahora “caminará sola” y que no contestará a más preguntas relacionadas con Vox para que no tenga que “desdecirse” de sus palabras. “Algunos internamente han aprovechado mi silencio para colocar un relato absolutamente falso con la maquinaria de triturar carne”, ha lamentado Olona, que ha insisto en que no es una “amenaza” para el partido. La exdiputada ha asegurado que hoy la gente sabe que si no está en Vox no es por su “voluntad”.

El organizador de la conferencia ha sido el Instituto Español de Estudios Políticos, un organismo creado por los diputados murcianos expulsados de Vox. En 2020, tres de los cuatro diputados del partido de extrema derecha en la Asamblea Regional quitaron de su cuenta bancaria a los dirigentes nacionales como Ortega Smith, además de despedir a empleados contratados por la cúpula central. La dirección nacional decidió entonces expulsarlos, pero en enero del presente año la Justicia obligó a la formación a readmitirlos por vulnerarse “sus derechos de asociación y participación pública”.

En un principio, la ponencia estaba programada en el Hemiciclo de la Facultad de Letras, pero su decano advirtió días antes de la celebración del evento que no disponían de la autorización pertinente. Finalmente la charla se movió al Paraninfo de la UMU, dependiente del rectorado universitario, que no puso trabas a su realización. “En la Universidad de Murcia no hay filtros para conceder o no un espacio para una ponencia, charla o conferencia con las asociaciones sin ánimo de lucro”, aseguraron a este medio fuentes de la propia institución educativa. 

La exdiputada de Vox se encuentra en el ojo del huracán por el cisma que ha provocado en Vox. Olona dejó su acta de diputada en Andalucía tras presentarse en las elecciones autonómicas del pasado junio en las que su partido obtuvo 15 escaños, alegando razones médicas. Meses después, reemprendió su vida política y se encuentra en un enfrentamiento velado con Santiago Abascal, que aseguró que ella ya no estaba el partido. Tras una entrevista de la exdiputada concedida al diario ABC en la que insinuó “falta de democracia interna” en el partido, uno de los hombres fuertes de Vox Ivań Espinosa de los Monteros anunció el “fin del camino” de Olona en la formación de extrema derecha.

La polémica en torno a la asistencia de Macarena Olona a una conferencia sobre la inconstitucionalidad del estado de alarma en la Universidad de Murcia continúa. Tras el llamado “Instituto Español de Estudios Políticos”, asociación con pátina académica que organiza el evento, están los diputados murcianos expulsados de Vox. En 2020, tres de los cuatro diputados del partido de extrema derecha en la Asamblea Regional quitaron de su cuenta bancaria a los dirigentes nacionales como Ortega Smith, además de despedir a empleados contratados por la cúpula central. La dirección nacional decidió entonces expulsarlos, pero en enero del presente año la Justicia obligó a la formación a readmitirlos por vulnerarse “sus derechos de asociación y participación pública”. Al ser los díscolos mayoría, tienen bajo su control de facto el grupo parlamentario de la formación ultraderechista en la Asamblea de Murcia.

Juan José Liarte es formalmente portavoz parlamentario de Vox, pero es crítico con el liderazgo de Santiago Abascal. Liarte justifica que el Instituto Español de Estudios Políticos organice el acto que lleva a Olona a Murcia. “El Instituto lleva en funcionamiento un año y medio”, afirma y añade que no sería razonable “que un grupo de la Asamblea organice conferencias, cursos o jornadas”.

La actividad principal del llamado 'Instituto' es la edición de la publicación digital 'Revista Española'. La anterior presidenta de la entidad fue Mabel Campuzano, otra de las expulsadas de Vox, que dejó el puesto al convertirse en consejera de Educación y Cultura: un cargo que asumió tras la fallida moción de censura de PSOE y Ciudadanos contra el PP en marzo de 2021, que con el apoyo de los diputados de extrema derecha y cuatro tránsfugas de Cs, consiguieron mantenerse en el poder. También forma parte del citado Instituto Español Francisco Carrera, el tercer parlamentario que echaron del partido.

Sobre la incógnita al cambio de sala para la conferencia de Macarena Olona, después de que el decano de la Facultad de Letras de la UMU señalara que no habían dado autorización para realizarla en su hemiciclo, Liarte indica que la reserva estaba hecha desde hacía varios días. “Macarena nos había pedido que no hiciéramos algo de masas, sino más enfocado a profesionales principalmente: que fuera más un acto académico que político”, asegura. Sin embargo, el domingo 18 de septiembre, el portavoz señala que alrededor de las 22:00 horas un miembro de la Facultad empleó “las prerrogativas que la Universidad concede para reclamar la sala”, un acto que en su opinión, “lo hizo evidentemente para boicotear”. Fue entonces cuando solicitaron el Paraninfo, cuyo acceso depende directamente del rectorado, y no han tenido problemas.

“En la Universidad de Murcia no hay filtros para conceder o no un espacio para una ponencia, charla o conferencia con las asociaciones sin ánimo de lucro”, aseguran a este medio fuentes de la propia institución educativa. “Nunca hemos tirado para atrás ninguna propuesta, el proceso de reserva es relativamente rápido” indican las mismas fuentes, que sopesan que tras la polémica con Olona, tal vez deban establecerse parámetros. La única traba para poder acceder a alguno de estos espacios públicos es su precio. Según las tarifas de 2021 subidas a la web de la Universidad, alquilar una sala para una jornada completa puede ir desde los 242,88 euros –con un aforo de hasta 50 personas– hasta los 560,50 euros; con una capacidad de hasta 200 personas.

“Fue como ver la misma película desde otro punto de vista”

Olona dejó su acta de diputada en Andalucía tras presentarse en las elecciones autonómicas del pasado junio en las que su partido obtuvo 15 escaños, alegando razones médicas. Meses después, ha reemprendido su vida política y se encuentra en un enfrentamiento velado con Santiago Abascal, que aseguró que ella ya no estaba el partido. Una afirmación desmentida por la propia Olona, que ha señalado que pedirá una reunión con el líder de Vox después de su paso por Murcia.

“Yo conozco cómo funciona el partido; cuando Macarena dijo hace unos días que se habían producido unas filtraciones que le habían provocado mucho dolor, recordé que sucedió algo parecido con nosotros”, explica Liarte, que habla de la publicación de un documento interno que se usó contra ellos, aunque luego se demostrara que la acusación era falsa. “Cuando oí a Macarena decir eso fue como ver la misma película desde otro punto de vista”, narra Liarte.

El portavoz considera que el problema de Olona en el partido es su “alto nivel de preparación: Vox nunca ha querido el surgimiento de líderes periféricos”. El diputado asegura que los de Abascal tienen “claro que el partido es de cuatro o cinco”. “En cuanto alguien es capaz de salir un poco del discurso extremo no gusta; yo creo que Macarena en algunas ocasiones ha tenido que recibir presiones para mostrarse más radical y más agresiva de lo que por la naturaleza es”.

La Asamblea de Estudiantes de la UMU ha llamado a la movilización contra la charla de la política de extrema derecha: “Una universidad que permite discursos de odio y con interés en la privatización de la educación pública que atentan contra la mayoría de los estudiantes” el próximo viernes a las 18.30 en la plaza de La Merced. La asamblea estudiantil también denunció “la colaboración de la UMU con los discursos de odio, racistas, anti-LGTB, machistas y clasistas [...] No es la primera vez que la UMU apoya la difusión de estas premisas”, añadieron.

El vicerrector de Comunicación de la UMU, José Manuel López, ha solicitado a la Delegación de Gobierno ayuda para que no produzcan problemas durante la presencia de Olona en la Universidad. “La Brigada de Información realizará una valoración de la conflictividad social y los riesgos que pueda genera este acto. En función de eso se dispondrán los medios de seguridad que sean necesarios”, indican a este medio fuentes de la Delegación.

Un miembro de la Asamblea, Francisco Cortés, sostiene que la manifestación será pacífica y que no es intención del colectivo que la concentración vaya a más. Respecto a los criterios para aceptar o no charlas en la Universidad, pide a rectorado que marque líneas “más claras”, mientras felicita al decano de la Faculta de Letras por haber “evitado que se celebre en un de sus recintos el encuentro con Olona”.

La presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM), Eva Garcés, ha descartado posicionarse desde el órgano que representa: “Los 35.000 estudiantes somos un reflejo de la sociedad y contamos con multitud de opiniones completamente diferentes”. Garcés señala que hay temas que son “muy claros y sencillos” para marcar una posición. “Como presidenta entiendo que parte de la comunidad académica no esté de acuerdo en que este evento se celebre dentro de un recinto público de la Universidad”.

La directora de la cátedra de Salud y Bienestar Social de la Universidad Católica San Antonio de Murcia –UCAM–, Sonia Fernández-Durán Thiebaut, ha sido imputada por un delito de falsedad documental. El procedimiento fue iniciado por el Juzgado de Instrucción número cuatro de Valencia el pasado 29 de junio. La acusada será juzgada por un delito penal con penas desde los seis meses hasta los tres años de prisión.

En febrero de 2021, Fernández-Durán firmó un “contrato de colaboración empresarial para la docencia” con otra entidad privada con el objetivo de implantar un máster de Medicina Estética en Remodelación Facial en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. El acuerdo se realizó a través del Instituto Internacional de Salud y Hábitos Saludables, organismo colaborador de la UCAM, fundado y presidido por la imputada.

Según recoge el auto al que ha tenido acceso este medio, Fernández-Durán remitió un certificado bancario de la cuenta corriente empleada para la gestión de la actividad económica del máster, que según los indicios presentados y analizados, fue presuntamente falsificado. Con esta información, el juez decidió la imputación por falsedad documental de la directora de la cátedra.

La UCAM ha dado luz verde a un nuevo curso con el máster de Medicina Estética en Remodelación Facial. El nombre, horas lectivas, precio y metodología del postgrado, según el nuevo dossier, es idéntico al de los años anteriores, pero en el apartado de dirección académica, Fernández-Durán ya no aparece y ha sustituido a toda la dirección académica y el profesorado.

Según los fundamentos recogidos en la web de la Universidad Católica, la institución prepara “profesionales mediante la generación y transmisión de la ciencia, la técnica y la cultura, según la verdad racional y a la luz de la fe de la Iglesia Católica; al servicio del desarrollo integral de la persona, la familia y la sociedad, según los principios del Evangelio”.

El artículo 79 del régimen disciplinario de la UCAM, recogido en el Boletín Oficial de la Región de Murcia –BORM–, señala que que en los “en los casos de infracciones graves y muy graves será preceptiva la formación y resolución de expediente, con audiencia de la parte interesada”.

La cátedra dirigida por la investigada coordina varios postgrados y contenidos académicos de ámbito sanitario además de la medicina estética, como el trasplante capilar, diabetes, u obesidad, entre otros.

Este medio se ha puesto en contacto con la acusada y su abogado, y ambos han declinado hacer declaraciones sobre la imputación.

Según consta en su currículo, Fernández-Durán es presidenta del Instituto Internacional de Salud y Hábitos Saludables desde 2018, mismo año en el que comenzó con la cátedra en la UCAM. También es directora de Relaciones Públicas y Protocolo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Marruecos en España desde 2010. Fernández-Durán es fundadora y directora general de Lallita Cosmética Natural desde 2014, una empresa que produce y comercializa cosméticos elaborados con productos naturales. Además, fue directora general de la Fundación Instituto Europeo de Salud y Bienestar social desde su fundación, en 1995, hasta 2017.

Quejas por un curso similar y mucho más barato

A la polémica por la imputación de la directora de la cátedra, se suma una queja firmada por los diez alumnos de la primera promoción del Máster meses después de acabar el curso lectivo, a la que ha tenido acceso este periódico. El motivo fue que el Instituto Internacional de Salud y Hábitos Saludables, respaldado por la cátedra de Salud y Bienestar Social de la UCAM, decidió implantar de forma paralela un curso de Especialista Universitario en Medicina Estética Facial, con un nombre y contenido similar al máster mencionado, con un equipo directivo y docente completamente distinto pero por 3.950 euros y menos créditos, un total de 44.

Según puede leerse en el dossier del Máster, su precio asciende a 9.800 euros por alumno: una suma que incluye la matrícula, tasas académicas, uniforme, material y productos sanitarios para las prácticas valorados en 3.000 euros, además de la expedición del título. El máster en su totalidad son 64 créditos –1.600 horas–.

Los estudiantes en su escrito, dirigido a la rectora de la Universidad Católica, tacharon de “inaudito” que se oferten formaciones con una “misma validez y a un precio mucho menor, que en el fondo son totalmente diferentes, no centrándose en fomentar nuevas promociones y que no apoye un proyecto que ha sido muy válido y totalmente satisfactorio”.

La Asociación de Militares Españoles (AME) tiene subido a su página web desde el 18 de agosto un artículo de opinión en el que se profieren graves improperios misóginos y homófobos a ministros y altos cargos del Estado. Desde esa fecha la agrupación, formada por militares retirados franquistas, está difundiendo un texto en el que llama “puta” al Fiscal General, Álvaro García Ortiz, a la exresponsable de RTVE, Rosa María Mateo, al director del CIS, José Félix Tezanos, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

La firma de la pieza está falsamente atribuida a un historiador del arte y filósofo que, en declaraciones a este medio, se ha mostrado “sorprendido” por la existencia del texto y ha negado de forma categórica ser autor del mismo. El artículo se encuentra dentro de una pestaña llamada 'Leído en medios' y supuestamente fue publicado en prensa el 15 de agosto. Este medio ha intentado ponerse en contacto con la asociación franquista para averiguar la procedencia de la pieza de opinión, sin éxito.

Quien dio aviso de la existencia del texto fue Podemos en la Región de Murcia. Su portavoz, María Marín, pidió la dimisión del único concejal de Vox en la localidad de Mazarrón, Carlos Corvalán Roldán, por compartir el artículo en su perfil de Facebook, que ya ha borrado.

Varios medios regionales se hicieron eco de la denuncia desde la formación morada. Marín rechazó que desde la responsabilidad de un cargo de representación ciudadana como el que ocupa el edil “alguien pueda llamar putas a todas las mujeres que no piensan lo que quiere la extrema derecha”.

El alcalde de Mazarrón, Gaspar Miras –PSOE–, emitió un breve comunicado en el que señaló que las declaraciones de Corvalán “lo único que persiguen es desunir y crispar, cuando el trabajo de un servidor público ha de ser crear concordia y unidad en torno al poder representativo. El edil de extrema derecha también compartió a principios de mes un post exaltando la figura Francisco Franco: ”Dios, qué buen vasallo, si oviera Buen Señor“.

En 2018 la misma asociación difundió un manifiesto firmado por 181 miembros titulado “Declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco Bahamonde, soldado de España”, en el que denunciaron la “campaña infame” que estaba llevando a cabo “la izquierda política” para desprestigiar al dictador a través de la “perversa pretensión” de exhumar sus restos del Valle de los Caídos. Un año después, Franco fue trasladado al cementerio de Mingorrubio. El manifiesto en favor del dictador sirvió de resorte para expulsar ese mismo año a la asociación del recinto público que ocupaban en las instalaciones de Ejército del Aire.

Las primarias internas de Ciudadanos celebradas en la Región de Murcia en 2019 siguen ahogadas en incógnitas. La Justicia lleva más de tres años con el ojo puesto en los comicios telemáticos que dieron la victoria a Isabel Franco, la actual vicepresidenta de la Comunidad, por un supuesto fraude en las votaciones. Un informe de enero de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apunta a que 233 de los 599 votos que recibió la ganadora de esas primarias, en las que solo podían participar los militantes murcianos, provenían de otras comunidades autónomas.

Los agentes se centran en una parte de esas 233 papeletas: 34 que salieron de Valencia, 71 de Barcelona, y 66 de Madrid. La emisión de los apoyos se encuentra concentrada en puntos cercanos a las sedes de la formación en Valencia, Barcelona y Madrid, y a sus respectivos ayuntamientos, en los que en el momento de las primarias los naranjas tenían representación. Son 171 votos en total que solo se explicarían si toda esa cantidad de afiliados de Ciudadanos en Murcia se hubiesen encontrado en esos puntos del país cuando se celebró el proceso de primarias, el 8 de marzo de 2019, algo que Policía considera “inusual”.

La concentración de votos que salieron de puntos cercanos a sedes de Ciudadanos se repite también con los apoyos emitidos desde la Región de Murcia, un 57,05% del total. El 4% restante, señalan desde la UDEF, provienen de otras regiones sobre las que no aportan más información.

En 2019, Leonardo Pérez, contrincante de Isabel Franco en las primarias y que quedó en segunda posición, encargó un peritaje informático en busca de irregularidades. En él ya se reflejaba que numerosas papeletas provenían de otras comunidades y también su aglutinación en puntos concretos. La UDEF se basó inicialmente en ese trabajo para sus investigaciones y ratifica ahora la información recogida por el técnico contratado hace ya tres años. “Se observa en general una agrupación de votos concentrada [...] con la misma geolocalización, algo inusual en este tipo de votaciones, que deberían presentar un voto mucho más disperso”, aseguran fuentes del departamento.

“Para que la gente lo entienda: es tan creíble como que un tercio de los votantes del PP o del PSOE en las elecciones generales estuviera de viaje; y encima, en las sedes”, señala a este medio Leonardo Pérez. “El hecho de que se identifiquen las sedes como foco de los votos descarta el azar, así como cualquier asidero técnico que pudiera utilizar la defensa el juicio”, asegura Pérez, el contrincante de Franco en aquellas primarias.

Durante el fin de semana del 8 y 9 de marzo de 2019, la formación que entonces lideraba Albert Rivera celebró en todo el país centenares de elecciones internas para decidir candidatos nacionales, regionales y locales. La gestión de los comicios estaba unificada a través del departamento de sistemas informáticos de Ciudadanos. Su responsable, Raúl Guillén, admitió ante el juez que durante un tiempo “indeterminado” los votos de los afiliados no eran secretos, y que el sistema que se empleó para las primarias era “obsoleto y limitado”.

La Policía sugiere en el informe remitido al Juzgado que se solicite a Ciudadanos y a la empresa que supuestamente gestionó la información sobre las elecciones –Lazarus Technology–, la relación de votos con cada nombre. El objetivo es poder confirmar dónde se encontraba cada persona en el momento de la votación. El juez aún no ha requerido la información, pese a que los propios agentes la llevan reclamando cerca de un año. La UDEF asegura que los indicios recopilados revelan una “serie de irregularidades” en las primarias en la Región de Murcia que podrían acarrear “responsabilidad penal”.

Cómo rastreó la Policía el origen de los votos

La Unidad de Delincuencia de la Policía indagó en las coordenadas de salida de cada voto a través del proveedor de servicio de internet (Vodafone, Movistar, Orange...) que conectó los móviles u ordenadores de cada uno de los afiliados murcianos que votaron ese día. También localizaron los nodos de los proveedores, dispositivos repartidos en puntos físicos que se emplean para dar mejor conexión a los usuarios, y que suelen tener un radio de alcance de unos cinco kilómetros, según fuentes especializadas consultadas. Además, analizaron la dirección IP –una etiqueta numérica que se asigna automáticamente a cada aparato electrónico que se conecta a la red– de cada uno de los dispositivos desde donde se emitieron votos para ese proceso.

En Murcia capital, por ejemplo, Franco recibió 160 votos, de los que 145 salieron de la misma geolocalización, por lo que para la Policía “todos ellos son compatibles con haber sido emitidos desde un punto de vista técnico-lógico desde la sede de Ciudadanos”, ubicada en las cercanías del nodo de conexión que provee de internet la zona, aproximadamente a 358 metros.

De las IP asociadas a los votos de Isabel Franco, la UDEF destaca seis emitidos el 9 de marzo de 2019, efectuados de madrugada (entre las 01:00 y las 08:30 de la mañana), a escasos minutos del cierre de las votaciones. Respecto a los del 8 de marzo, apuntan que la mayoría (106) están concentrados en la franja horaria de 09:00 a 12:00 horas y mantienen un margen temporal de menos de diez minutos. En Cartagena, constan 59, de los cuales 48 tienen la misma geolocalización, situados a 490 metros del Ayuntamiento del municipio, en el que Ciudadanos tenía tres concejales.

Del resto de municipios, todos ellos provienen de una sola geolocalización por localidad: 27 en Molina de Segura; 9 en Alcantarilla; y 8 en San Pedro. En todos se se repite el mismo patrón: votos en favor de Franco, a excepción de dos dirigidos a Leonardo Pérez, y emitidos desde una distancia que va desde los 100 a los 900 metros respecto a los ayuntamiento en los que Cs tenía representación.

Votos desde Madrid, Barcelona y Valencia

En Madrid, los agentes localizaron dos coordenadas con 34 y 32 votos dirigidos a Isabel Franco. Una de las etiquetas numéricas (o IP) se llega a repetir hasta once veces. Fuentes especializadas consultadas por este medio señalan que es “extraño” que una de las IP se repita más de una decena de veces. Si hubieran estado conectados con la misma red wifi, su etiqueta numérica sería la misma, pero no explicaría que las once personas votaran simultáneamente a la misma hora y en la misma fecha, las 17:22:00 del 8 de marzo. Si bien no se descarta que pueda haber un fallo en el rastreo, las mismas fuentes apuntan a que el sistema de votación podría estar “manipulado”.

En las primarias de Castilla y León, celebradas el mismo fin de semana que las murcianas, se descubrió un pucherazo que anuló la victoria de la candidata favorita del partido, Silvia Clemente, en favor de Francisco Igea. Militantes de la formación descubrieron que se habían validado más votos que votantes y que todos los votos de más correspondían a Clemente. Un total de 51 apoyos se emitieron a las tres de la madrugada del sábado desde la misma IP y simultáneamente.

La UDEF apunta que la primera coordenada rastreada en Madrid, de la que salen 34 votos, se encuentra a 2,68 kilómetros de la sede de Ciudadanos en la capital, y a 2,37 kilómetros del Ayuntamiento de Madrid, momento en el que la formación tenía siete concejales. La segunda coordenada, desde donde se emiten 32 apoyos, se localiza a 4,06 kilómetros de la sede y a 806 metros del Consistorio. Esto se traduce en que los 66 afiliados murcianos que supuestamente votaron desde Madrid deberían haberse encontrado en una zona próxima a cualquiera de las dos edificaciones mencionadas en el momento de votar. En el fin de semana de las primarias murcianas, también se celebraron las madrileñas, que dieron como ganador a Ignacio Aguado.

En Barcelona, el panorama es similar. El rastreo detectó dos coordenadas que situaron a los nodos del proveedor de servicio de internet, desde el que salieron 71 votos. Desde la primera geolocalización se emitieron 64, y se encontraban a 1,10 kilómetros de la sede de Cs. De la segunda salieron siete apoyos, situados a 1,80 kilómetros de las oficinas de los naranjas. En Valencia solo encontraron un punto de conexión desde el que salieron 34 votos, que se encuentra a 376 metros de distancia de la sede de Cs.

“Nosotros ya sabíamos por nuestro análisis pericial que según las IP aportadas por Ciudadanos, los votos de la candidata del aparato se repartían entre la sede de Murcia y ubicaciones fuera de la Región”, ha recordado a este medio Pérez. El informe de la UDEF, apunta, “va más lejos y dice que los votos de fuera de la región y en principio irregulares se sitúan en torno a sedes del partido”.

La UDEF descubre votos falsos

A la inusual localización de la mitad de los votos que dieron la victoria a Franco se suman una serie de votos falsos de los que la UDEF da cuenta en su informe. Entre los días 10 y 14 de enero, los agentes contactaron con varias de las personas que habían ejercido su derecho a votar en las primarias de Ciudadanos en la Región de Murcia, una información facilitada por el propio partido. 

De las 200 llamadas efectuadas, solo fueron atendidas 149, entre los que se encuentran nueve afiliados que no recuerdan si habían ejercido su derecho a voto, y seis afiliados que aseguran que ellos no ejercieron su derecho a voto. La UDEF remitió los nombres de las quince personas al juez, en caso de que estimara oportuno interrogarlos.

En marzo de 2019, Ciudadanos realizó decenas de primarias internas en toda España con el objetivo de elegir candidatos para las elecciones locales y autonómicas de ese año. Una de ellas fueron los comicios celebrados en la Región de Murcia, que dieron la victoria a la actual vicepresidenta de la Comunidad -y ahora tránsfuga-, Isabel Franco. Tres años después, y con una causa abierta por presunto fraude y delito informático, la judicialización de las primarias murcianas han revelado que el sistema electoral que empleó Cs a nivel nacional no era secreto en el momento de efectuar el voto.

Fue Raúl Guillén, responsable de sistemas informáticos de Ciudadanos durante dichas elecciones y hasta la actualidad, quien explicó que a la hora de votar y durante un tiempo “indeterminado”, se podía saber por qué candidato se había decantado cada afiliado. Guillén fue en calidad de testigo en las pesquisas del supuesto pucherazo en los comicios murcianos. Una investigación que ha tenido que sortear varios obstáculos: la propia Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) acusó a la formación naranja de entorpecer su labor.

Guillén respondió, el pasado junio, a las preguntas del juez y de los letrados de Leonardo Pérez -contrincante de Isabel Franco en los comicios murcianos-, y del propio partido Ciudadanos, ambos personados en la acusación. Durante “días, semanas o meses” el equipo de sistemas informáticos del partido tuvo acceso a la base de datos con los votos vinculados a los votantes, aseguró Guillén. Una vez finalizado el proceso de elección, se comprobaba que todo era correcto y transcurría un tiempo determinado que “no está fijado”, para disociar el voto del votante.

No había finalidad de ningún tipo en poseer esta información, expresó el testigo: “Es una limitación del sistema, [...] por un tema de recursos y tecnológicos no se implementó esa funcionalidad”. Una restricción, sostuvo Guillén, que no aporta nada “más allá de un riesgo de que si no se elimina esa información se puede saber quién ha votado a quién”.

“No sé quién tenía acceso ahí”

El responsable de sistemas también reconoció durante su declaración que, en el tiempo en el que se celebraron los comicios internos, las contraseñas de los afiliados al partido no estaban encriptadas. Guillén, que entró a trabajar en dicho puesto meses antes de las primarias, indicó que el sistema era “obsoleto” y no podía incorporar el cifrado de las contraseñas. 

Un extremo que abría la posibilidad de que terceras personas emplearan los usuarios de los afiliados para ejercer el derecho a voto en su nombre. A la información personal tenía acceso la empresa que alojaba el servidor y el equipo de desarrollo, junto con “gente” imposible de identificar para el informático: “Yo no sé quién tenía acceso ahí, no era algo que nosotros controláramos”. 

En octubre de 2019, la Policía Nacional verificó que Franco sumó catorce votos de dos IP (Protocolo de Internet). Un peritaje encargado por Leonardo Pérez a finales de 2020 asegura que el 90 por ciento de los votos en la ciudad de Murcia que dieron la victoria a Franco procedieron de la sede regional de Ciudadanos. El documento, elaborado por la empresa Tecnoperitaciones, señala que la agrupación de votos telemáticos en una zona geográfica con la misma geolocalización es algo “inusual” en este tipo de sufragios: “Deberían presentar un voto mucho más disperso”. En mayo pasado, un informe de la UDEF desveló que al menos seis afiliados de Ciudadanos que no participaron en los comicios internos aparecen en el censo de votantes.

Guillén señaló que para detectar fallos, como puede ser que haya varios votos a través de una misma IP, analizan cuál  ha sido la distribución para comprobar si hay alguna “acumulación extraña” de votos. El informático aseguró que “hasta hoy” no ha visto nada extraño en las primarias murcianas, y que no detectó “ninguna irregularidad”. Guillén admitió que no se hace ninguna comprobación para ver si la persona que ha votado es la que debía votar, “no tenemos mecanismos para eso”.

El testigo quitó importancia a la repetición de votos a través de una misma IP: “Hasta donde yo sé, no tiene por qué haber votado desde un mismo ordenador, puede haber muchos usuarios con distintos ordenadores”. El informático señaló que el “caso más lógico sería una wifi o una conexión compartida desde un móvil” a la que se conectan varias personas, y explicaría que haya una misma IP.

El Gobierno de la Región de Murcia se apunta a buscar vías para no aplicar el plan de ahorro energético aprobado por el Consejo de Ministros. Así lo ha hecho constar Marcos Ortuño, consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes de la Comunidad murciana. “Vamos a ver qué es lo que se publica definitivamente y qué es lo que dicen los servicios jurídicos al respecto” ha señalado Ortuño en declaraciones a medios tras una reunión con sindicatos.

Fuentes institucionales han expresado a este medio que la cuestión a analizar es si se invaden competencias autonómicas. Descartan, eso sí, incumplir la ley. Unas declaraciones que se mueven en sintonía -aunque no con la misma contundencia- con las de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que rechaza las medidas de ahorro energético para Comunidad, y amenaza con llevarlas al Tribunal Constitucional.

El secretario general del PSOE en la Región, José Vélez, ha lamentado la nueva deslealtad del PP murciano al Gobierno de España: “Al Señor López Miras le digo que la Ley se cumple en Cataluña, en la Región de Murcia y también en la Comunidad de Madrid. Es triste, pero López Miras se ha convertido en un pobre sucedáneo de Díaz Ayuso. El PP y López Miras siempre están a la contra”, ha declarado. Con relación a las palabras del ejecutivo murciano, Vélez ha recordado que hace una década el Ayuntamiento de Murcia, gobernado aún por los populares, ordenó el apagón de buena parte de las farolas de la localidad para ahorrar energía y que “por aquel entonces, nadie del partido dijo ni pío”.

Por su parte, el consejero murciano ha señalado que la propuesta nacional para reducir el consumo energético se compone de “medidas cosméticas, improvisadas y que no tienen ningún tipo de respaldo técnico”. Ortuño ha criticado que no hayan sido consensuada: “Vemos como el Gobierno de Sánchez exige a los ciudadanos de la Región, pero no se autoexige nada”. El consejero ha asegurado que están trabajando desde Hacienda en un plan de ahorro energético “con medidas concretas y eficaces que tienen como objetivo reducir la factura de la luz entre un 40 y un 60 por ciento en los edificios públicos pertenecientes a la administración autonómica”.

Entre las medidas que incluye el plan de ahorro energético anunciado este lunes por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se incluye limitar las temperaturas de calefacción y refrigeración, disponer de cierres automáticos en puertas de acceso en locales para impedir que queden abiertas y apagar el alumbrado de escaparates y edificios públicos a las 22 horas.

Tras ocho meses de retraso, el Ayuntamiento de Murcia ha dado luz verde a los presupuestos de 2022. Lo ha hecho con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos, que gobiernan la capital en coalición, junto con los concejales de Podemos-Equo. Tanto el Partido Popular como Vox han votado en contra. El presupuesto presentado asciende a 451.252.695 euros, con un incremento del 5,70 por ciento respecto al ejercicio anterior. El capítulo de inversiones asciende a 38,76 millones de euros, un 22,5 por ciento más respecto a los presupuestos del año pasado, de los cuales, más de la mitad de estas inversiones, el 69,21 por ciento, irán destinadas a las pedanías del municipio.

El pleno en el que se han aprobado las cuentas se extendió durante más de dos horas, y ha dado comienzo con una intervención no programada de la concejala de Vox, María Inmaculada Ortega Domínguez, debido a que minutos antes del pleno requirió una serie de informes relacionados con la viabilidad jurídica y económica de los presupuesto. El secretario general del Ayuntamiento murciano, Antonio Marín Pérez, ha señalado a la edil que las cuentas presentadas llevan todos los informes exigidos por la ley y que no procedía debatirse tal cuestión en el pleno. Finalmente, el alcalde ha dado paso a los representantes del resto de formaciones integradas en el Ayuntamiento.

“Nuestra intención habría sido traer estas cuentas antes”, ha expresado Enrique Lorca, concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana -PSOE-. El retraso, ha asegurado Lorca, “pone de manifiesto una situación anómala en este Ayuntamiento y que tenemos que corregir”. El concejal ha indicado que han tenido que hacer frente a una serie de dificultades, como “pagar numerosas facturas, y sentencias, derivadas de la nefasta gestión realizada por Ballesta -exalcalde del PP- y los suyos”. Otro problema ha sido la asunción de la competencia del transporte entre pedanías, que la Comunidad “de forma injusta no lo ha cedido sin darnos un solo céntimo”, ha criticado. El edil ha destacado que “estos presupuestos tienen la vista puesta en un nuevo modelo de municipio más sostenible, que pueda conseguir una Murcia más vertebrada y cohesionada, para que se corrijan las grandes diferencias existentes entre pedanías y barrios de nuestro territorio”.

El edil del PP, Eduardo Martínez Oliva, ha calificado de “incomprensible” el retraso en la aprobación de los presupuestos. “Ya les pasó en 2021 y les vuelve a pasar el segundo año”. El concejal ha asegurado que ha habido problemas de “entendimiento, y no de otra cosa”, y ha criticado las “prisas” por sacar las cuentas adelante, que se aprobaron en junta de Gobierno el pasado 22 de julio. “Recuerdo cuando se nos criticaba al equipo de gobierno del Partido Popular porque solo se le dejaba a la oposición diez días antes de la comisión informativa para el estudio de los presupuestos”. Oliva ha calificado las cuentas de “vulgares, faltos de iniciativa, nada ilusionantes y carentes de compromiso”.

Mario Gómez, vicealcalde y concejal de Infraestructura, Contratación y Fomento, ha reconocido la dificultad que se ha tenido para aprobar la financiación de la capital. Gómez ha indicado que no se ha podido hacer antes porque se han reducido “tasas, impuestos, ingresos por impuestos de sucesiones, e incluso se han tenido que regularizar contratos”. El edil ha recordado que han tenido que asumir, entre otros, el pago de las facturas de la luz del campo de fútbol de la Nueva Condomina, una deuda heredada del anterior gobierno. “Todo ello nos ha obligado a optimizar nuestros recursos, apretarnos el cinturón y gestionar mejor el dinero público”. Con los nuevos presupuestos, ha señalado Gómez, será posible financiar proyectos “emblemáticos” para Murcia a través de, por ejemplo, proyectos de accesibilidad, en infraestructuras viarias o de reordenación del tráfico.

La edil de Vox, Ortega Domínguez, ha mencionado la enmienda a la totalidad puesta a los presupuestos desde su partido. “Es un presupuesto presentado fuera de plazo con una única finalidad electoralista”, ha criticado. Ortega ha recordado que las cuentas se han presentado fuera de plazo, y ha acusado el procedimiento de estar plagado de “despropósitos e irregularidades”. La concejala ha asegurado que los presupuestos llevan aparejado un “aumento del endeudamiento de la administración local, sin darle situación de quiebra en el que actualmente se encuentra”.

Ginés Ruiz Maciá, edil de Podemos, ha señalado que el papel de su formación en los presupuestos desde la oposición ha sido con el objetivo de apuntar “hacia el modelo de municipio hacia el que uno caminaría si tuviera más representación”. El concejal ha citado varias de las medidas propuestas por lo morados, como partidas más grandes servicios sociales, servicio de igualdad, o de operación al desarrollo. Maciá ha indicado que han conseguido que se incluya medidas como la construcción del pabellón de Ronda Sur, un centro de atención temprana o una nueva escuela infantil. “Conseguir todo eso con dos concejales...la realpolitik es la que es”, ha ironizado. El edil ha sostenido que el Ayuntamiento debe afrontar principalmente dos retos: aprobar los presupuestos en fecha, y reevaluar las partidas destinadas a servicios dados desde el Ayuntamiento a la ciudadanía, y los servicios externalizado. Ambas se llevan más del 70 por ciento de la financiación, algo que según Maciá, “no es sostenible”.

No se le ha escuchado ni en uno solo de los 16 plenos que se han celebrado en el Ayuntamiento de Murcia desde que le arrabataran el bastón de mando en marzo de 2021 con una moción de censura orquestada por PSOE y Ciudadanos (los naranjas habían sido hasta ese momento sus socios en el Gobierno municipal) y que sumó el apoyo de Podemos. El exalcalde de la capital, el popular José Ballesta, no ha renunciado a mostrar su lado más carismático en la calle, pero sí que se ha ceñido –denuncian ediles de la oposición– a mantenerse lo más silencioso posible en la actividad del Consistorio.

Ballesta asumió el cargo de alcalde en 2015. Siete años después, se encuentra en la oposición y en un estado de hibernación en lo que a actividad institucional se refiere. La moción de censura que le desbancó supuso un duro revés para el exalcalde. Una acción que quitó el cetro de las manos al PP después de 25 años de victorias electorales ininterrumpidas en la capital. 

Durante este tiempo, ha mantenido un perfil inexistente en los plenos del Ayuntamiento murciano, según denuncian concejales del resto de agrupaciones. En la calle, se ha esforzado por mantener el aura de líder: se pasea por las pedanías para hablar con vecinos y monta eventos para anunciar políticas del PP para la capital. Una iniciativa que no ha sido casual, ya que se postula con toda probabilidad como candidato a la alcaldía para la capital en los comicios de 2023.

“La decisión de volver a presentarse solo le pertenece a él –reflexiona una fuente cercana a Ballesta–, pero lo que puedo asegurar es que pasear con él por Murcia es una locura, le para muchísima gente para saludarle y animarle a que lo haga”. La mayoría de ciudadanos de la capital “le sigue identificando como el alcalde, solo había que verle la mañana del viernes santo en la procesión de Salzillo, la cantidad de personas que le aplaudieron las seis horas que dura el recorrido, una barbaridad”, continúan fuentes del PP.

“Por encima del bien y del mal”

“El egocentrismo y el narcisismo de este hombre no le permiten hablar con la plebe”, asegura a este medio Mario Gómez, vicealcalde del Ayuntamiento murciano y concejal de Ciudadanos. Gómez acusa a Ballesta de sentirse un “alcalde perpetuo que está por encima del bien, del mal y del resto de los mortales”. El edil cree que el exalcalde no asume tener un papel secundario: “Siendo el número uno de su partido, es de sentido común que, si le apela en alguna moción, sea capaz de responder por sí mismo. No se responsabiliza de nada, no dice nada ni defiende ninguna postura”.

Coincide el concejal socialista Enrique Lorca: “Me parece una falta de respeto a los 29 ediles de la corporación, y también al resto de murcianos y murcianas; dudo mucho que desde que Alfonso X le dio a Murcia la posibilidad de establecer concejos –hace 700 años– haya habido algún político que no haya participado nada en 16 sesiones plenarias como ha hecho Ballesta”.

El exalcalde “ha asumido lo que pasó, y ha vuelto a su puesto como catedrático de Medicina en la Universidad de Murcia, pero no ha dejado de participar en las comisiones de pleno o de dirigir las reuniones del grupo popular”, explican fuentes cercanas al exalcalde, que precisan que “en la bancada de los plenos le acompañan los concejales que hasta hace poco habían dirigido las competencias del Ayuntamiento; ¿quién mejor que ellos para responder a las cuestiones que se planteen?”. Además, concretan, “Ballesta es una persona muy institucional, siempre ha trabajado con consenso, ha sido rector de la universidad y los plenos del Ayuntamiento se han convertido en una olla de crispación, con insultos, echando a gente del público... él no está para esas cosas”.

Aunque el exalcalde todavía no ha confirmado su candidatura, fuentes cercanas al PP aseguran que sí será el cabeza de lista. “Mi reflexión de hace cinco meses no es la misma que la de ahora; uno no es insensible a lo que pasa cada día”, dijo el exalcalde tras la presentación del proyecto de municipio 2023 correspondiente al mes de junio, centrado en la conexión Huerta-Ciudad. “Son proyectos propositivos, que presenta como concejal del grupo popular, y que podrían ser asumidos por el actual alcalde”, señalan fuentes del PP.

Murcia subterránea y baño de multitudes

De todos sus planes, el que más ha dado que hablar es el de proyectar dos túneles subterráneos dentro de su Plan Integral de Movilidad Metropolitana y que encaja en la docena de propuestas estratégicas que los populares de Murcia quieren presentar a lo largo de este año. Los túneles –que se destinarían al tráfico rodado– han recibido las críticas de vecinos, partidos de la oposición y algunas asociaciones conservacionistas que han advertido de que al menos uno de ellos podría afectar al Puente Viejo de la capital, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

El exalcalde tampoco desaprovecha ni una sola oportunidad para dejarse ver en las fiestas de las pedanías, la semana pasada en las de la Virgen del Carmen de Beniaján junto al consejero de Salud, Juan José Pedreño, o el pasado 8 de julio en el festival 'Las Noches del Palmeral' de Santiago y Zaraiche. Sigue recibiendo en los despachos del Consistorio a los vecinos “para construir un futuro juntos”, y organizando visitas a colectivos como el de los más mayores –a principios de este mes– en el Centro Social de El Raal.

Ballesta, desde que llegó a la alcaldía, se ha caracterizado por un apego especial a los macroproyectos al estilo de su plan 'Murcia Río' para recuperar el entorno del cauce del río Segura a su paso por la ciudad, la rehabilitación de la Cárcel Vieja –que le valió la denuncia de la Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur) por la demolición de los muros de un Bien de Interés Cultural (BIC)– o el proyecto 'Conexión Sur', que contemplaba destinar 34.700 metros cuadrados para jardines y zonas verdes, así como espacios deportivos o parques infantiles y muchos espacios peatonales.

También le distingue de otros políticos murcianos su afán por sus citas célebres. En el discurso de la moción de censura referenció desde a la poeta murciana María Cegarra a los escritores Jon Juaristi o Hannah Arendt. Y en su discurso de investidura en 2019 extrajo y readaptó algunas ideas de 'La política de la decepción' del filósofo Daniel Innerarity. “En la política es fundamentalmente el aprendizaje de la decepción, por tanto está incapacitado para ella aquel que no haya aprendido a dar por bueno lo que no le satisface”, dijo entonces el exalcalde. “Pero parece que él (Ballesta) no ha aprendido nada –critica el edil socialista Enrique Lorca– porque debería estar liderando la oposición, pero se le está escuchando más en la calle que en el órgano de representación ciudadana donde se debe debatir y consensuar”.

No se escapan. El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia contra al exalcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, y Santiago Meroño León, exconcejal del municipio, por un delito continuado de prevaricación administrativa. Los acusados asignaron a dedo quince proyectos de obra por valor de 511.355,73 euros entre 2004 y 2007. La condena, emitida por la Audiencia Provincial de Murcia en febrero de 2020, fue recurrida por los antiguos ediles, sin éxito. Contra el fallo del Supremo, al que ha tenido acceso este medio, no cabe recurso. García Madrid, afiliado al Partido Popular, fue alcalde de la localidad entre 2003 y 2014, y se vio forzado a dimitir un año antes de que acabara la legislatura por los escándalos de corrupción.

La pena, de seis meses de inhabilitación especial para cargos públicos, se adhiere a los diez años ya impuestos a los acusados en otra sentencia de 2014, en la que también fueron declarados culpables por prevaricar, y en la que igualmente se les prohibió acceder a cargos de alcalde, concejal o similares durante ese tiempo. 

La ampliación de la inhabilitación fue uno de los puntos recurridos por los condenados, que la consideran excesiva según el principio de proporcionalidad de la legislación vigente. Una idea que el Supremo descarta, al calificar la nueva condena de “sumamente prudencial”. La Audiencia Provincial amplió la primera sentencia porque no puede exceder la máxima pena recogida por la ley para un mismo delito continuado en el tiempo: en este caso, hasta doce años y seis meses. 

El Supremo, que hace referencia a la resolución de la Audiencia Provincial, señala que García Madrid y Meroño León decidieron “de mutuo acuerdo y con el resto de la Junta de Gobierno realizar las adjudicaciones sin expediente previo”, es decir, sin un concurso público o cualquier mecanismo legal habilitado para tal fin. La sentencia abunda en las irregularidades a la hora de asignar proyectos: “Se limitaban a adjudicarlos directamente, incluso de forma verbal, que está expresamente prohibido [por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas]”.

El Ministerio Fiscal considera que las contrataciones juzgadas contradicen “de forma clamorosa el quehacer administrativo”. Desde el Supremo aseguran que no cabe entender el “desconocimiento de la constante y absoluta ilegalidad perpetrada en las adjudicaciones relacionadas”. La máxima instancia judicial califica de “grosero” el método de asignación de los acusados: “De la mera contratación verbal [...] no deviene racional concluir que se entienda por quien tiene responsabilidades municipales que no conlleve una burda ilegalidad”.  

No se puede prescindir del expediente

En el recurso de casación, los acusados solicitaron, antes y al inicio de la vista oral del juicio, que se certificara si entre 2004 y 2007 el Ayuntamiento de Torre Pacheco había recibido algún tipo de advertencia por parte de alguna administración estatal, regional o local en cuanto a la forma de contratación de los proyectos adjudicados. Una petición que fue inadmitida por la Audiencia Provincial: “La advertencia de legalidad no es requisito necesario para que la conducta pueda ser calificada de prevaricación”. Una decisión secundada por el Supremo.

Los acusados aseguraron también en el recurso un error en la apreciación de las pruebas, a raíz de unas declaraciones del secretario general del Consistorio municipal recogidas durante las investigaciones judiciales. El funcionario señaló que la ley de contratos públicos permite la contratación directa, en relación al proyecto del Museo de Paleontología de la ciudad, una de las obras adjudicadas a dedo. El Ministerio Fiscal señala a este respecto que la norma permite contratar sin publicidad por “razones técnicas, artísticas o relacionadas con la protección de derechos exclusivos” que hagan que solo pueda encomendarse el proyecto a una empresa. No obstante, dicha condición no permite prescindir de hacer el expediente correspondiente. 

“Plena conciencia de ilegalidad”

Los exediles indicaron también que se infringió su derecho a la tutela judicial efectiva –a ejercitar la defensa de los intereses legítimos de una persona ante la Justicia, con la intervención de los órganos judiciales–. En la misma línea, consideraron vulnerado su derecho a obtener una resolución fundada en el derecho debido a la “ausencia de prueba suficiente” que permita condenarlos por un delito de prevaricación. De hecho, indicaron que no se cumplen varios requisitos del tipo penal –como la plena conciencia y lesión de un derecho–.

El Ministerio Fiscal esgrime que el único fundamento en este punto del recurso es la interpretación subjetiva sobre la conciencia de ilegalidad: es decir, cuán conocedores eran los acusados de que lo que hacían era contrario a la ley. En lo referente a la falta de pruebas, el Supremo expresa que los dos acusados reconocieron que los contratos se adjudicaron directamente de forma verbal y la única documentación que figuraba en el expediente era una factura emitida, la documentación contable para el pago y su aprobación por la Junta de Gobierno. 

El Supremo indica que los hechos probados, recogidos por la Audiencia Provincial, ratifican que se eludían los trámites legales para la adjudicación a sabiendas, “por lo que no cabe negar la plena conciencia de ilegalidad de su actuar”. Los exediles recurrieron también lo que consideran una duración indebida del proceso judicial, algo que el Ministerio Fiscal desecha al ser un procedimiento de complejidad que ha durado cerca de siete años, un intervalo de tiempo que valora como “adecuado”.

El Partido Popular en Murcia ha comenzado la cuenta atrás para las elecciones autonómicas en mayo de 2023. El pistoletazo de salida lo dio el propio presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, durante el debate del Estado de la Región el pasado martes. El jefe del Ejecutivo, encargado de dar cuenta de la acción de su Gobierno durante el último año, enarboló un discurso alejado de la crispación, y en el que apeló al diálogo y al consenso de las fuerzas políticas. Si bien dedicó críticas al Gobierno central en cuestiones relacionadas con la inflación, el Mar Menor o los impuestos, fueron comedidas. Una retórica que choca con la habitual camorrismo que se había incrustado en el argumentario del PP murciano y que parece apostar por una centralización del discurso.

El supuesto viraje no evitó que López Miras propusiera una ley de autonomía financiera, al estilo de la Comunidad de Madrid, para “blindar” las competencias fiscales que la Constitución reconoce a las comunidades, así como para proteger de “injerencias de otras administraciones fiscales que escondan subidas de impuestos”. Sí se mostró más abierto en políticas medioambientales. Sobre el Mar Menor, pidió que dejara de ser “objeto de confrontación” y que produjeran en torno a él “un amplio acuerdo” para su recuperación. López Miras admitió que la laguna salada había sufrido “numeras presiones” durante las “últimas décadas” -en las que ha gobernado el PP-: “Nadie lo esconde. Nadie trata de ocultar la realidad”. Además, anunció una formación para especialistas en instalaciones de hidrógeno verde, que consideró la opción más “prometedora para reducir la dependencia energética”. El jefe del Ejecutivo insistió en “apostar por las renovables como seguro de sostenibilidad social y económica” y en buscar fórmulas de autoconsumo por el precio de la energía.

También apostó en su alocución por Cartagena, a la que calificó de eje “industrial y tecnológico reconocido a nivel nacional e internacional”. Dicho municipio, el segundo en tamaño después de la capital, ha sido en los últimos años un feudo del Partido Popular. Un hecho que cambió en las últimas elecciones, con una una mayoría simple del partido localista, heredero del cantonalismo cartegenero, Movimiento Ciudadano (MC). Contra todo pronóstico, PP y PSOE pactaron un gobierno en coalición para evitar que el líder de la formación, José López, obtuviera la alcaldía. Una decisión que costó la expulsión de los socialistas de su partido. Con la llegada de unos nuevos comicios, los populares quieren recuperar terreno. Hace unas pocas semanas, López Miras incluso se mostró abierto a que Cartagena vuelva a ser una provincia: uno de los reclamos esenciales de Movimiento Ciudadano. En el debate del Estado de la Región, el presidente puso en valor la “la tradición militar histórica, el potencial de las fuerzas armadas y la formación de personalidad cualificado universitario”.

El jefe del Ejecutivo murciano habló sobre violencia de género y la ley de servicios sociales que garantiza la ayuda a las víctimas. Un tipo de violencia que calificó de ser “la peor expresión de desigualdad que existe hacia las mujeres”. También alabó el trabajo del Observatorio de Igualdad, dirigido por la consejera de dicho ramo, Isabel Franco. Un organismo que, pese a haberse reunido dos veces en dos años, consideró que “facilita la labor” y da una visión “más amplia de las necesidades de la Región”. Una dinámica en su discurso que lo alejó de la retórica de Vox, una formación que hasta ahora había condicionado su discurso en ciertas cuestiones por la necesidad de apelar a un mismo electorado. Un cambio de tono que parece desencadenarse tras la mayoría absoluta del PP obtenida en las autonómicas de Andalucía.

López Miras, sorteando obstáculos

En los tres años de legislatura, el presidente murciano, Fernando López Miras, ha tenido que sortear varios obstáculos que le han permitido dejar el terreno preparado. El primero de ellos, la modificación de la ley electoral, que no permitía volver a presentarse como candidato a los comicios. Un regalo envenenado de su predecesor, Alberto Garre, quien a su vez sustituyó en un principio al 'multimputado' Pedro Antonio Sánchez, presuntamente implicado en varios casos de corrupción. Sánchez resultó absuelto en la trama Púnica y en el caso Pasarelas -por haberse superado el plazo para ser investigado-, aunque continúa imputado en los casos Auditorio y Guardería, otras dos obras encargadas por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras cuando era regidor. Un problema menor tras la moción de censura fallida del PSOE y Ciudadanos en marzo de 2020, que reconfiguró el Gobierno del PP con apoyo de los tránsfugas naranjas y los diputados de extrema derechas expulsados de Vox, otorgándole una mayoría absoluta que, hasta ese momento, no poseían.

Por otro lado, la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, quien se había postulado tímidamente como candidata a la presidencia del PP en la Región durante la crisis del partido nacional que aupó a Alberto Feijóo como nuevo líder conservador, se retiró de la batalla tras la intervención de Génova en favor de una candidatura de unidad. Finalmente, López Miras fue proclamado hace una semana como único candidato en el congreso extraordinario que los populares murcianos celebrarán el próximo 15 de julio en la capital de la Región. El jefe del Ejecutivo murciano apuntó en esos momentos que sería “muy probable” que Fernández formara parte del próximo Comité Ejecutivo.

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, se mostró tajante al respecto durante su intervención en la segunda jornada del debate del Estado de la Región celebrada el pasado miércoles. “Tiene cinco ruedas, un sistema de regulación de altura e inclinación basculante ajustable, base giratoria, estructura y brazos de acero pulido-cromado, elevación por pistón de gas y tapicería en polipiel”: es la “poltrona” a la que se “agarra” el presidente murciano, el “único proyecto” de López Miras para la Región, según Marín. La diputada morada también criticó la Ley de Autonomía Financiera del presidente murciano, que consideró “un brindis al sol”.

“No se le recordará, señor López Miras por nada positivo, sino por haber colapsado el Mar Menor, por saltarse las listas de espera, la cola de vacunación y por degradar las instituciones, por haber sido declarado tránsfuga, por haber cedido la Educación a la ultraderecha”, le reprochó al jefe del Ejecutivo murciano, por su parte, Francisco Lucas, el portavoz socialista en el Parlamento murciano durante su turno de intervención el pasado miércoles, con un tono menos bronco frente al que ha predominado en la Asamblea Regional durante esta X Legislatura autonómica.

La mayoría absoluta de Juanma Moreno en Andalucía parece haber sido catártica para el PP murciano, según se vislumbró en la intervención del presidente durante el debate del Estado de la Región. Pero los de Abascal siguen creciendo en el territorio y doblarían el número de escaños respecto a las autonómicas de 2019, según el último barómetro del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP), pasando de los cuatro diputados que tienen actualmente en la Cámara autonómica a ocho. De ese modo, el PP necesitaría a Vox para alcanzar una mayoría absoluta.

Sofía es una joven de 12 años que vive en las costas del Mar Menor, y que se ve forzada a iniciar una nueva vida en Canadá después de la muerte masiva de peces en 2019 en la laguna salada. Su padre, pescador, vende su embarcación y toma rumbo a América con su hija. En 2056, la protagonista volverá a al Mar Menor. El largometraje, producido por InDirectFilm y rodado entre el documental y la ficción, dura 82 minutos y está dirigido por Joaquín Lisón. Su estreno fue el pasado jueves en la Filmoteca Francisco Rabal y se proyectará también viernes (20:00), sábado (21:30) y domingo (18:30).

El filme fue rodado sin guion. Una experiencia que, según narra su director a elDiario.es, se basa en “leer” el entorno. “Es entrar en un paisaje y escucharlo”, asegura Lisón, un ejercicio de atención en los muchos focos que uno se puede encontrar: “Vamos escogiendo personas o escenarios que vemos”. En este caso, el escenario es un “territorio herido de muerte” señala el realizador, lo que imprime una mayor carga dramática.

Para el largometraje contaron con tres adolescentes de la zona, que no dudaron en sumarse al proyecto pese a no tener experiencia actuando. “Era importante poner el foco en los jóvenes, en cuanto a los diferentes puntos de vista que íbamos a llevar adelante” indica Lisón, que se sorprendió de la “perfecta adaptación” de los tres actores. En la pieza de docuficción podemos ver también a Teresa Vicente, profesora de Derecho en la Universidad de Murcia y una de las propulsoras de la Iniciativa Legislativa Popular que quiere dar derechos al Mar Menor. Una iniciativa a la que se apuntó sin pensárselo. “Teresa nos ayudó a entender y a enfocar la película” cuenta Lisón, en la que querían resaltar la figura del refugiado del futuro, en caso de que el desastre natural termine de acabar con el Mar Menor.

El rodaje del filme comenzó en 2019, tras la muerte masiva de peces. Por ese entonces se encontraban rodando otra película, que pararon para poder asistir a la agonía del Mar Menor. Lisón ha vivido la crisis de la laguna con “profunda tristeza e impotencia”. Murciano de origen, intenta, a través de su filme, poner su granito de arena. No es la primera vez: “Trabajamos haciendo películas sobre la región y poniendo el ojo donde hay algún conflicto, por ejemplo, medioambiental, social, o de patrimonio”. Como cualquier murciano, asegura el realizador, sufre por ver su planeta degradándose mientras “ciertos sectores económicos creen que la naturaleza es un recurso inagotable. No es así”.

Cada voto cuenta en un parlamento autonómico. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, puede dar fe de ello. Un año después de una moción de censura fallida contra su Gobierno, el PP hace equilibrios para mantener un frágil control de la cámara. Con los apoyos de los cuatro tránsfugas de Ciudadanos, junto con los tres diputados expulsados de Vox –que continúan usando sus siglas del partido–, López Miras ostenta una mayoría absoluta volátil y por la mínima –23 diputados de 45–. A día de hoy, su principal escollo son las trifulcas entre los dirigentes de extrema derecha.

La trayectoria de los ex de Vox Juan José Liarte, Francisco Carrera y Mabel Campuzano ha sido ajetreada. Su expulsión del partido fue por quitar de las cuentas bancarias de su grupo parlamentario a dirigentes nacionales como Javier Ortega Smith, además de despedir a dos empleados colocados por Madrid. Una ruptura de la que parece que no habrá vuelta atrás pese a que un juzgado resolvió que debían ser readmitidos a principios de año. El presidente provincial de la formación política, José Ángel Antelo, llegó a calificar a los tres echados de “ratas” tras conocerse la resolución: “Los traidores nunca serán de Vox”.

La pugna por el control de su grupo parlamentario le granjeó a los tres diputados una relación cercana a la amistad. Unos lazos que se han ido rompiendo con el tiempo y de los que solo queda una aparente “cordialidad”. La implosión comenzó con la moción de censura de PSOE y Ciudadanos. El apoyo de los tres diputados de extrema derecha para que los populares mantuvieran el poder se pagó con la Consejería de Educación y Cultura, que pasó a estar presidida por Mabel Campuzano. Liarte y Carrera se quedaron en la sombra, pero con la intención de inferir en la actividad de la cartera de su compañera.

El PP ha tenido que desactivar varias crisis del grupo parlamentario de los ex de Vox, en las que se jugaba que se mantuviera el apoyo de los tres diputados para progresar con su agenda política y legislativa asamblearia. En una ocasión, Carrera recordó en un pleno del Parlamento que eran ellos quienes permitían que las propuestas del parlamentarias salieran adelante: una premisa que no han dudado en aplicar como mecanismo negociador.

La Consejería de Educación y Cultura se parte

El cese frustrado del director general del Instituto de Industrias Culturales (ICA), José Ramón Palazón, por “falta de confianza” de Campuzano fue un punto de inflexión entre los diputados de extrema derecha. La titular de la cartera lo fulminó por “falta de confianza” y “acciones muy graves”. El cisma se produjo porque Carrera “maniobró”, comentan fuentes cercanas, para que Palazón accediera a dicho puesto. El PP tuvo que mediar entre las partes, con el peligro de que perder un solo voto suponía el bloqueo parlamentario.

El enfrentamiento llegó envuelto en rumores sobre el posible abandono de Mabel de la Consejería. No obstante, desde el Gobierno regional echaron balones fuera y negaron “perturbaciones” en el seno del Ejecutivo. El embrollo se subsanó partiendo la cartera y cediendo Cultura a Presidencia, Turismo y Deportes, presidida por el popular Marcos Ortuño. El Gobierno confirmó la salida de Palazón, pero le crearon una dirección general en la Consejería de Economía y Hacienda, lejos de Campuzano. “Su fuerza son sus votos”, critican fuentes cercanas respecto a Liarte y Carrera. “Saben que los necesitan para no paralizar el Parlamento, por lo que les dejan a ellos dos para mantener su influencia”.

Pero las diferencias entre los diputados distaban de estar resueltas. El mes pasado, la consejera, ahora encargada solo de Educación, amenazó con irse al grupo mixto tras la destitución del responsable de la Biblioteca Regional, Juan José Lara. Quien lo cesó de palabra fue Pablo Braquehais Desmonts, el director general de Patrimonio Cultural, cercano a Liarte y Carrera, según fuentes consultadas. Campuzano se molestó debido a la “buena labor” de Lara en los últimos meses, que había sido reconocida desde el sector. Una vez más, el PP tuvo que calmar los ánimos y evitar que la diputada abandonara el grupo parlamentario de Vox. De haberlo hecho, el Grupo Mixto tendría cinco escaños y, por tanto, mayor representación que la formación de extrema derecha en la Asamblea Regional. Una recomposición de pesos que podría dejar en minoría al Gobierno regional.

Más embates políticos

Sobre la crisis que han atravesado las relaciones de los tres diputados ex de Vox, Liarte asegura a este medio “no comprender” la actitud de su compañera. “Lamento que se encuentre en esta situación, nunca he hecho declaraciones en su contra y en la última intervención que realicé en la Asamblea Regional defendí su gestión al frente de la Consejería”, asegura el dirigente. Su objetivo para el año que queda de legislatura es dejar preparadas tres proposiciones de ley: una sobre medio ambiente, otra de cuidados paliativos y una última sobre el legado histórico de la Región de Murcia. “No tenemos previsto presentarnos de nuevo a elecciones y eso nos permite no tener que estar preocupados por cuestiones que sí ocupan a los políticos”.

Tras los malos tragos de los últimos meses, Campuzano descarta dimitir de su cargo. No obstante, fuentes cercanas sospechan que se avecinan más “embates políticos”, pero esta vez “en clave interna y sin medios de comunicación”.

Dos llamadas telefónicas han sido fundamentales en la carrera política del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras: la que no cogió a Rajoy cuando se disponía a pedirle el apoyo para Soraya Sáenz de Santamaría y la que intercambió con el exsecretario general del PP, el también murciano Teodoro García Egea, la noche del 9 de marzo de 2021 para desactivar la moción de censura que pretendía fulminarle como barón popular y que acababan de firmar los diputados socialistas y de Ciudadanos de la Asamblea Regional.

Gracias a esta última conversación y a las negociaciones que ambos mantuvieron con los tránsfugas de Cs –Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez– y los disidentes de Vox –Mabel Campuzano, Francisco Carrera y Juan José Liarte– el jefe del Ejecutivo murciano se mantuvo en el poder y les arrancó el compromiso de apoyar la reforma a la Ley del Presidente que le permitió volver a presentarse a las elecciones de 2023, a pesar de ser una iniciativa impulsada por los propios populares en 2014, que no le habría permitido repetir como candidato.

Lo que en el momento se vendió como el resultado de la astucia política de García Egea, hasta el punto de que Pablo Casado vino a celebrar el triunfo del 'no' a la moción al Parlamento murciano, a la postre ha dejado a López Miras al albur de los caprichos de los consejeros y diputados tránsfugas. Por segunda vez y, en menos de dos meses, el presidente murciano vio la semana pasada cómo la estabilidad de su Gobierno se ponía contra las cuerdas por las desavenencias entre los tres díscolos de Vox, de quienes depende para tener mayoría. Si las tensiones entre la consejera de Educación, Mabel Campuzano, con sus compañeros Carrera y Liarte le llevaron a esta a perder la cartera de Cultura el pasado febrero, el jefe del Ejecutivo murciano apagó un nuevo fuego el jueves de la semana anterior cuando, tras tres horas de cese, fue readmitido el director de la Biblioteca Regional al amenazar Campuzano con abandonar a los suyos e irse al Grupo Mixto.

La 'Ayuso murciana' que apoya a Feijóo, posible adversaria

Y aunque López Miras se apuntó hace un semana el tanto de llevar a 85 de los 90 compromisarios murcianos al congreso extraordinario que se celebra el 1 y 2 de abril en Sevilla para nombrar a Alberto Núñez Feijóo nuevo presidente del PP, fue su presunta adversaria Patricia Fernández, alcaldesa del municipio murciano de Archena y conocida como 'la Ayuso murciana', quien se adelantó en Twitter al presidente murciano para pedir la celebración de dicho congreso. López Miras fue el último barón popular en retirar su apoyo a Pablo Casado y Teodoro García Egea durante la crisis interna popular.

La prensa regional lleva al menos dos años informando sobre la posible candidatura de la alcaldesa de Archena para liderar el Partido Popular en la Región. “A Fernández le apoya tanto la vieja como la nueva guardia del PP”, afirma una fuente cercana al PP respecto al soporte que ha recibido de antiguos líderes populares como el expresidente de la comunidad Ramón Luis Valcárcel o el antiguo alcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara, pero también miembros de Nuevas Generaciones. A la regidora archenera también le avalan tres mayorías consecutivas obtenidas en su municipio, mientras que López Miras no ha conseguido ninguna victoria en las urnas desde que accediera al poder en 2017: ni en las elecciones municipales, ni autonómicas ni nacionales.

El propio Feijóo, durante el encuentro que tuvo con los militantes populares el pasado 11 de marzo en el Teatro Circo de Murcia, acompañado por López Miras en el escenario, no tuvo reparos en criticar a los jóvenes que “vienen a la política a aprender”, abogar para que gobierne la lista más votada –en el caso de la Región de Murcia es el Partido Socialista– y hasta mencionar al expresidente Ramón Luis Valcárcel, quien gobernó con mayorías absolutas durante 19 años y le “sacaba diez puntos más” en las victorias obtenidas en sus respectivas comunidades: la Región de Murcia y Galicia.

Suspenso en el barómetro regional

El PP murciano está valorando la posibilidad de no celebrar el congreso regional previsto para este año para que López Miras no se les tenga que ver cara a cara con Fernández. “Patricia no lo tendría fácil en caso en unas primarias porque tendría que enfrentarse al aparato, a favor de López Miras. Al final, ganaría quien fuera señalado por Madrid”, apunta un joven militante popular. El pasado domingo ambos dirigentes coincidieron protagonizando el pregón de la Semana Santa en dos pedanías de la capital murciana, Torreagüera y San Ginés.

López Miras se ha enfrentado, además, por primera vez al suspenso como líder regional en el barómetro de invierno del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP): del 5,5 que obtuvo en la primavera de 2021 ha pasado a un 4,6. Los resultados del grupo de investigación de la Universidad de Murcia también otorgaron en este último barómetro 19 escaños al PP frente a los 16 con los que cuenta actualmente en el Parlamento murciano, mientras que Vox doblaría el número de diputados respecto a las autonómicas de 2019 y pasaría de cuatro a ocho.

El presidente murciano está acostumbrado, por otra parte, a lidiar con el azar en la vida política. No en vano, el antiguo presidente de la Región Pedro Antonio Sánchez (PAS) le eligió a dedo cuando su partido le obligó a dimitir por las acusaciones en el 'caso Púnica' en abril de 2017, aún cuando albergaba esperanzas de volver a recuperar el liderazgo popular en la Región. “He llorado esta mañana todo lo que tenía que llorar, a partir de ahora las lágrimas se tienen que convertir en fortaleza”, declaró López Miras la mañana en que PAS le propuso como candidato a presidir la Comunidad Autónoma. “Este va a seguir siendo el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez”, subrayó en aquel momento López Miras, quien se encumbró como el presidente más joven de una comunidad autónoma con 33 años.

“Guardar la silla”

“Ellos tenían pactado la vuelta de PAS al poder y Fernando acepta el cargo porque le va a guardar la silla”, apunta una fuente popular crítica con el actual mandatario murciano. “Pedro Antonio empieza a tener problemas con la justicia y a partir de ahí empieza la debacle del PP en Murcia. Dejamos de tener rumbo y ya hacemos la política del parche”. En esos momentos López Miras era diputado en la Asamblea Regional e iba tercero en la lista de los populares por Lorca. “No le ha importado nunca el tema de la integración, para él el partido son cuatro personas y el resto le sobran. Además, la comunidad autonóma debe cada vez más dinero, tiene peores políticas relacionadas con el medio ambiente y, algo inexplicable, le da la consejería de Educación a una persona negacionista”, añade en referencia a Mabel Campuzano, díscola de Vox y actual titular de Educación, quien declaró públicamente que no se vacunaría contra la Covid–19 por ser 'preguntacionista“.

En las elecciones de 2015 y 2016 Pedro Antonio Sánchez también eligió a García Egea como cabeza de lista del PP al Congreso por la Región de Murcia. “Teo y Casado son aprendices de Miras. No es que Murcia sea la réplica de lo que había en Madrid, es que Madrid era la réplica de lo que hay en Murcia”, afirma un antiguo dirigente popular.

“La transición de Ramón Luis Valcárcel, visto con el paso del tiempo, no ha podido salir peor”, añade esta misma fuente. El expresidente murciano ganó por mayoría absoluta cinco elecciones autonómicas seguidas entre 1995 y 2014. En 2011, los últimos comicios a los que se presentó Valcárcel, el PP venció también en 42 de los 45 municipios que componen la Región. Actualmente, el Partido Popular gobierna en 17 de ellos, mientras que el PSOE lo hace en 23.

El jefe del Ejecutivo murciano es descrito por otra voz crítica del entorno del PP regional como “una figura efímera que se ha convertido en aspirante a la eternidad”. “Feijóo no querrá de entrada generar un conflicto en una de sus baronías, pero si se necesita un voto de calidad no se va a decidir por López Miras”, añade.

El Gobierno de Murcia tiene un problema con que le monitoricen su actividad. Prueba de ello son las malas relaciones que se ha granjeado con los dos presidentes del Consejo de Transparencia que ha habido desde la creación de dicho organismo, en 2015. Como su propio nombre sugiere, esta entidad tiene el objetivo de fiscalizar la actividad de la Administración regional en su relación con personas, colectivos u otras instituciones, ya sean públicas o privadas. Una labor que ha resultado un quebradero de cabeza para las dos personas que, hasta ahora, lo han presidido.

El primero, José Molina, ostentó la presidencia del Consejo entre 2015 y 2020. Se fue del puesto dando un portazo, y acusando al Gobierno de Murcia de “torpedear” toda su actividad. En su rueda de prensa de despedida, Molina criticó las “malas excusas legales” frente al plan estratégico que diseñó, la intención de “laminar” su independencia y el haberle suministrado dos empleados públicos con la misión de “obstaculizar” su labor desde el interior del organismo.

La incomodidad del Gobierno regional pareció llegar a su fin con el advenimiento del nuevo presidente, el exmagistrado Julián Pérez-Templado, que fue propuesto por Ciudadanos en el parlamentos autonómico y respaldado junto a PP y Vox. Juez ya retirado, parecía un candidato afable para el gobierno conservador, dada su relación con miembros del Partido Popular: durante su etapa como magistrado fue puesta en duda su imparcialidad en diversas ocasiones por dichos vínculos, y fue apartado de la trama Púnica tras un posado robado en el que salía hablando con uno de los acusados.

Con 46 años de trayectoria profesional en la magistratura, Pérez-Templado creció en torno a la vieja guardia del PP, la que gobernó con mayoría absolutas durante 20 años (1995-2015) bajo el mandato del expresidente regional Ramón Luis Valcárcel, con quien guarda una estrecha relación: es íntimo amigo de su hermana y su cuñado. Un vínculo que el propio Pérez-Templado admitió hace diez años, cuando le pusieron una denuncia -que tampoco prosperó- por archivar una querella interpuesta contra Valcárcel, una decisión en la que podían haber influido los lazos personales que los unían. 

La amistad entre el magistrado retirado y el propio Ramón Luis, no ha sido obstáculo para que Pérez-Templado se enfrente al Gobierno de Fernando López Miras desde su puesto como presidente de Transparencia. El magistrado jubilado ha llevado al Ejecutivo a los tribunales por no permitirle contratar a sus empleados y mantener así su “independencia orgánica y funcional”. La pasada semana, exigió públicamente que se cree un canal telemático directo entre la sociedad murciana y el organismo que dirige, y que se eviten 'filtros' a través de la Administración. Desde la Comunidad aseguran que crear esa vía de comunicación “no es legal”. No obstante, consejos de transparencia como el de Andalucía o Canarias sí tienen registro propio. “A toda institución pública le molesta que entren a controlarle. He sido juez cerca de 50 años, dejaré de saberlo” cuenta Templado en una entrevista concedida a un canal local, en la que también advierte que “hay reacciones humanas que se deben someter a la legalidad”.

Recusaciones por su estrecho contacto con cargos del Partido Popular

Pérez-Templado vio discutida su imparcialidad para juzgar al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez -que ostentó el cargo entre 2015 y 2017- en dos ocasiones. La primera fue en 2014, cuando la Fiscalía quería saber si al anterior jefe del Ejecutivo murciano le habían regalado parte de una vivienda que había adquirido en Puerto Lumbreras, localidad de la que fue alcalde. El exjuez decidió, en un primer momento, aplazar el asunto indefinidamente. Tuvo que interceder el Tribunal Superior de Justicia de Murcia para instarle a continuar con las pesquisas, en contra del criterio del propio magistrado.

La segunda ocasión en la que se cuestionó su imparcialidad fue en marzo de 2017. Nuevamente Pérez-Templado se encontró con Pedro Antonio Sánchez imputado, esta vez en el caso Auditorio. Una fotografía desveló cómo el exjuez se tomaba unas cañas en el centro de Murcia con el político Cosme Ruiz, que había sido incorporado a la junta directiva del PP de Murcia, presidida por Sánchez. La imagen se tomó solo un día después de la declaración judicial del expresidente murciano. La nueva recusación también fue archivada, según señaló el magistrado a cargo debido a que los argumentos expuestos eran “artificiosos, infundados y carentes de rigor”.

Un año y nueve meses de prisión y suspensión de la condena. Los tres 'jóvenes de las vías' han sorteado su entrada a la cárcel después de que la Fiscalía ofreciera una rebaja de la pena propuesta originalmente: hasta ocho años de privación de libertad por un delito de desórdenes públicos y otro de daños, sumado a una indemnización de 133.750,56 euros. Los acusados, que han aceptado la reducción y se han declarado culpables, fueron detenidos por los altercados sucedidos la noche del 3 de octubre de 2017 en las vías del tren a su paso por el barrio murciano de Santiago El Mayor, en una manifestación de miles de personas contra la llegada del AVE en superficie a su paso por la localidad.

Tanto sus familias como vecinos se involucraron en la recaudación del dinero con el que cubrir la sanción económica reclamada por las dos empresas constructoras encargadas del proyecto del AVE en Murcia, Adif y Adelsa. En el inicio del juicio, se ha declarado la aceptación de ambas entidades con la cuantía que se había recogido hasta la fecha: 25.000 euros y 7.000 euros respectivamente. Una conformidad ha facilitado la rebaja de la condena, y que ha permitido a los tres jóvenes no entrar en prisión. Tanto la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los defensores de los acusados han mostrado su conformidad con la nueva pena propuesta, por lo que la sentencia es firme. Su ingreso en la cárcel no se producirá al no tener antecedente penales, haber abonado la indemnización pagada, y por recaer sobre ellos una pena inferior a dos años.

A las puertas del Palacio de Justicia de Murcia se concentraron, minutos antes del inicio del juicio, familiares y allegados de los tres jóvenes, que reclamaban su inocencia y criticaban la dureza de la pena propuesta en un principio. Entre los asistentes se encontraban Joaquín Contreras, portavoz de la Plataforma ProSoterramiento -que encabezó las protestas contra la llegada del AVE sin soterrar-, y Joaquín Sánchez, conocido como 'el cura de la PAH', y también miembro activo del movimiento de las vías.

En la noche de octubre de hace cuatro años la multitud prendió fuego a varios contenedores, arrancó vallas metálicas que protegían la vía ferroviaria, lanzó una catenaria sobre las vías para impedir el paso de los trenes, y destruyeron parte de las construcciones dirigidas a instalar el muro. “Esa noche estábamos ahí con unas dos mil personas y, aunque no sirve de nada, podemos dar fe de que nuestros hijos no hicieron nada”, señaló a este medio Plácido, padre de uno de los acusados.

Más de 40 años de lucha en las vías

Bajo el lema “La gente por arriba, el tren por abajo”, la reivindicación de soterrar la vía ferroviaria se remonta a los años 80. El alcalde de por entonces, el socialista José Méndez, encargó un proyecto para modernizar la estación de trenes del Carmen y una remodelación urbanística alrededor que incluía la estación en superficie. Es en ese momento cuando comienzan los primeros movimientos vecinales que consiguen que se retire la iniciativa.

El comienzo del Gobierno de Mariano Rajoy en 2011 supuso un paso atrás en las reivindicaciones de las vías. Los conservadores decidieron que el AVE tenía que venir a Murcia por la superficie, y ya se vería cuándo soterrar. La Plataforma decidió intensificar sus acciones ante esa tentativa. Una de sus manifestaciones más multitudinarias, en octubre de 2017, consiguió reunir a más de 50.000 murcianos y murcianas que exigieron, por las calles del centro de Murcia, el AVE bajo tierra.

El cambio de gobierno a través de una moción de censura en 2018 propició el comienzo del fin de los planes de los populares. El por entonces delegado del Gobierno por Murcia, Diego Conesa, se comprometió a soterrar las vías antes de la llegada de los trenes de alta velocidad como respuesta al clamor de los vecinos murcianos. El pasado marzo de 2021, por primera vez en 150 años, los vecinos de Santiago el Mayor cruzaron el paso a nivel sin vías.

Dos terceras partes de la sociedad murciana está a favor de regular la ubicación de macrogranjas porcinas, mientras que solo un 5'5 por ciento se muestran contrarias a que la Administración tome cartas en el asunto. De esta forma, el 68'1 por ciento de la población se muestra favorable a controlar dónde se construyen macroexplotaciones de ganadería, para asegurar su instalación alejada del casco urbano de pueblos y ciudades.

Los números están recogidos en el barómetro de invierno del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP), una encuesta destinada a saber qué opinan los murcianos sobre diversas cuestiones de actualidad política y social. La demoscópica, dependiente de la Asamblea Regional, publica una entrega cada cuatro meses, coincidiendo con el final de cada estación del año. Sobre la regulación de las macrogranjas respecto a su ubicación, un 37 por ciento de los encuestados está 'totalmente de acuerdo'; un 31 por ciento está 'de acuerdo'; un 7,8 por ciento no está 'ni de acuerdo ni en desacuerdo'; un 3,3 por ciento está 'en desacuerdo', un 2,2 por ciento está 'totalmente en desacuerdo', un 17,3 por ciento 'no sabe qué contestar', y un 1,3 por ciento 'no contesta'.

En el aspecto político, las personas más cercanas (en función del voto y la simpatía) a Unidas Podemos y al PSOE son las que muestran apoyos más elevados a la regulación de la ubicación de las macrogranjas, con niveles de respuestas afirmativas por encima del 80 por ciento. Las personas cercanas a Ciudadanos muestran a favor a la medida en una cifra superior al 70 por ciento mientras que las cercanas al Partido Popular lo hacen en algo más del 60 por ciento de los casos. Por el contrario, las personas cercanas a Vox muestran apoyos por debajo del 50 por ciento a la medida, si bien es cierto que un 12 por ciento de las mismas se muestran indiferentes y otro 27,2 por ciento no saben o no desean responder a la pregunta.

Las encuestas se realizaron a 820 personas residentes en la Región de Murcia entre el 15 de febrero y el 2 de marzo, dos semanas después de que un grupo de manifestantes asaltaran un pleno del Ayuntamiento de Lorca, en el que se pretendía aprobar una moción para contener la expansión de macrogranjas en el municipio. Una de las medidas de mayor peso, y que más oposición encontró desde el propio sector, fue la de establecer distancias para la construcción de nuevas explotaciones ganaderas con zonas pobladas, centros de salud o espacios naturales.

La Policía Nacional identificó a siete individuos entre los asaltantes, que ahora se encuentran a la espera de juicio. La jueza investiga unos actos que “presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de desórdenes públicos (terrorismo)”. Entre los detenidos se encuentran personas con intereses económicos dentro del sector porcino.

“Llevaban semanas instigando a los ganaderos, diciéndoles que les estaban robando el pan de sus hijos, ha sido una intoxicación porque a la mayoría de los ganaderos no les afecta la moción”, contó a este medio Gloria Martín, concejala de Izquierda Unida en Lorca, el pasado dos febrero. Días antes del asalto, dos concejales de Vox –María del Carmen Menduiña y José Martínez– y cinco del PP –Fulgencio Gil, Ángel Ramón Meca, Rosa María Medina, Belén Pérez y Juan Miguel Bayonas– se reunieron en el restaurante El Faroli a las afueras de Lorca con los organizadores de la manifestación, a la que asistieron las alcaldesas del PP de Puerto Lumbreras y Fuente Álamo. “El PP construyó el relato y Vox puso la gasolina, todo esto obedece a una pugna electoral entre ellos porque quieren hacerse con el apoyo de los ganaderos”, apuntó la edil de IU.

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha señalado a este medio que desde su Ayuntamiento seguirán trabajando para conciliar la vida en las viviendas y en los pueblos con las granjas y explotaciones ganaderas, “al margen de lo que puedan decir las encuestas, ya que lo hacemos por principios”. No obstante, considera un hecho “muy destacable y muy positivo” que la mayor parte de la población de la Región de Murcia esté de acuerdo en limitar y regular las distancias de cebaderos a viviendas y núcleos de población. “Es una señal de que estamos en el buen camino desde el Consistorio lorquino.

Las consecuencias judiciales por el asalto violento en Lorca a un pleno de su Ayuntamiento siguen su curso. La irrupción de unos cincuenta manifestantes en las instalaciones públicas en las que se iba a aprobar el pasado 31 de enero una moción para limitar la expansión de las macrogranjas porcinas, se pagó con la detención de siete involucrados en el asalto. El pleno pudo retomarse unas semanas después, el 22 de febrero. Entre los detenidos se encuentran trabajadores del sector en la zona o personas con vínculos entre las principales empresas y asociaciones relacionadas con el sector del cerdo, y que veían un perjuicio de sus intereses si se aprobaba una moción en contra de las macrogranjas.

Las siete personas identificadas tienen fijada la fecha del juicio para el próximo 13 de junio, según el auto al que ha tenido acceso este diario. El juzgado número siete de Lorca instruye el caso y la magistrada Cristina Ojados ha citado también a declarar a los denunciantes, entre los que se encuentra el concejal de Izquierda Unida de Lorca Pedro Sosa, el Ayuntamiento y tres de los agentes que intentaron frenar a los asaltantes.

La jueza investiga los actos que –según el auto– “presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de desórdenes públicos (terrorismo)”. El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ya se pronunció al respecto del caso asegurando que “trascendencia penal tiene, y bastante”; aunque pidió prudencia y esperar a finalizar la investigación para conocer si los detenidos pueden ser acusados de “delito contra bienes jurídico superiores”.

El 5 de abril han citado a declarar a Francisco Román Quiñonero, presidente de Adespolorca (Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado Porcino), uno de los convocantes de la manifestación previa al asalto. Esta asociación agrupa a unos 800 miembros. Quiñonero rechazó los actos violentos ese mismo día, aunque los justificó en parte al entender que se había llegado a esa situación “por no querer hablar, por no querer escuchar”. Al igual que hicieron desde PP y Vox.

Uno de los encausados es un familiar de Román, Francisco R. B., también ganadero, y que presume en sus redes sociales del buen estado de sus instalaciones. Junto a él, se encuentran los dos hermanos de Quesos el Roano, Pedro y Jaime G.R. El primero reconoció un día después del asalto su participación en los hechos, se mostró arrepentido y pidió “disculpas”. A ambos se les ve en repetidas ocasiones en las filmaciones de ese día encabezando al tumulto, con actitud exaltada y vestimenta de estética militar. Francisco Román Quiñonero declinó hacer declaraciones “por el momento” con respecto al asalto al pleno y la detención de su allegado.

Unos meses antes, en noviembre de 2021, se fotografiaba Pedro con el equipo de gobierno de Lorca tras ser galardonados sus quesos con una medalla de oro, dos de plata y una de bronce en los World Cheese Awards, junto a otras cuatro marcas del municipio. Días después del asalto al pleno, sus quesos recibieron un aluvión de apoyos en Twitter, entre ellos el del periodista Javier Negre que le escribía “Siempre con quesos El Roano. Consuman cada producto que boicotee la izquierda”. Según fuentes de su entorno, ambos hermanos son simpatizantes de Vox.

Entre los detenidos más conocidos en el sector porcino tanto en Lorca como en Fuente Álamo se encuentra Fernando F.M., empresario con un número elevado de cebaderos en ambos municipios y mucha influencia. “El día del asalto acompañó a la alcaldesa de Fuente Álamo, del PP, a Lorca para participar en la manifestación”, cuentan a elDiario.es Región de Murcia testigos presenciales. Las mismas fuentes relatan que tiene 107 expedientes de infracción urbanística, y está siendo investigado en el juzgado Número 7 por un delito ecológico, al estar aprovechándose del agua del río Turrilla para abrevar sus granjas porcinas en las pedanías de las tierras altas de Lorca. La primera edil fuentealamera condenó el asalto horas después de que ocurriera.

José G.C., quinto encausado, también está relacionado con el sector de la ganadería al proceder de una familia que se dedica al oficio. Y José M.R. es conocido por dar servicio a los empresarios del sector con cubas y contenedores. Mientras que Juan Antonio S.M. está vinculado con la comercialización de ganado y su transporte nacional e internacional.

Organizaciones políticas

Cinco ediles del Partido Popular y otros dos de Vox se reunieron con los ganaderos impulsores de la manifestación el fin de semana previo al asalto al pleno. Entre ellos se encontraban Fulgencio Gil, exalcalde de Lorca y representante municipal de los populares, y el exconcejal de Agricultura Ángel Meca, además de los ediles de los de Santiago Abascal, Carmen Menduiña, y José Martínez. El encuentro, que se celebró en el salón de bodas Faroli, congregó alrededor de un centenar de personas y terminó convirtiéndose en un mitin de ambos partidos políticos con la intención de fidelizar el voto de agricultores y ganaderos.

Lorca cuenta con una población que ronda los 100.000 habitantes y cerca de un millar de explotaciones porcinas. Con una extensión de 1.675 kilómetros cuadrados, 40.000 de sus habitantes viven diseminados en 39 pedanías, muchos de ellos vinculados a la agricultura y la ganadería. A ellos se dirigió un vehículo con megafonía el día anterior al pleno llamándoles a participar en la concentración bajo el argumento de que la reglamentación que iba a aprobar el ayuntamiento “nos afectará a todos”.

Sin embargo, los afectados directamente son nueve empresas cuyos expedientes están a la espera de una resolución pero que habían actuado por su cuenta ampliando los cebaderos, contrayendo préstamos y contratando personal en lugar de hacerlo con la licencia en la mano. Fuentes consultadas por este medio han señalado que, un mes después de la aprobación de la moción para introducir limitaciones a las macroganjas porcinas, no se ha cerrado ninguna instalación: “Solo buscaban meter miedo algunos interesados”. Las mismas fuentes recuerdan que las normas introducidas no tienen carácter retroactivo, por lo que no se cerrará ninguna instalación que ya estuviera aprobada y en funcionamiento con anterioridad, aunque no cumpla con los nuevos parámetros.