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Las sospechas de pucherazos e irregularidades en las primarias de Murcia y Madrid persiguen a Ciudadanos

Juan Carlos Bermejo, en una rueda de prensa en la sede de Ciudadanos.

Carmen Moraga

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Ciudadanos no acaba de zafarse de las sospechas de irregularidades que se ciernen aún sobre las primarias celebradas en marzo de 2019 para elegir a sus candidatos autonómicos. Pese a haber logrado enterrar el escándalo del pucherazo de Castilla y León, que finalmente dio la victoria en las primarias a Francisco Igea frente a a la exdirigente del PP, Silvia Clemente, el partido continúa teniendo dos casos abiertos en los tribunales, uno en Murcia y otro en Madrid.

En Murcia, el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha vuelto a requerir a la dirección del partido que entregue al juez de Cartagena la información que omitió referida al presunto fraude de las primarias que dieron la victoria a Isabel Franco, actual vicepresidenta del Gobierno murciano, frente a su rival, Leonardo Pérez, que denunció el caso.

En un informe de la UDEF, al que ha tenido acceso la edición regional de este periódico se especifica que el partido, presidido entonces por Albert Rivera, solo aportó documentación sobre dos de los cuatro puntos requeridos judicialmente en octubre del año pasado y dijo que no podía aportar directamente el listado completo de IPs (Protocolo de Internet) ni el de cada uno de los identificadores de voto, “pues según consta en el escrito aportado por Ciudadanos tales evidencias están en posesión de la entidad encargada de obtener las mismas, Lazarus Technology”, la empresa que supervisó el proceso telemático.

La Policía Nacional verificó el pasado octubre que Franco sumó al menos catorce votos de dos IP estáticas de otras comunidades en las primarias que la designaron candidata de Ciudadanos a las elecciones del 26M. Los indicios apuntan a un presunto fraude en dichas votaciones.

El lunes pasado, la portavoz adjunta de Ciudadanos, Lorena Roldán, aseguró que el partido, que intentó, sin éxito, personarse en el caso al sentirse “parte perjudicada”, siempre ha estado dispuesto a la “máxima colaboración” con la Justicia y entregará esa documentación. “Estamos a disposición de cualquier requerimiento que nos llegue del juzgado”, insistió. Pero de aquellas primarias han pasado nueve meses y siguen sin entregarla.

El otro caso todavía sin cerrar es el de las primarias celebradas en Madrid, que también fueron impugnadas -aunque por motivos totalmente diferentes- por uno de los 14 candidatos que se enfrentaron a Ignacio Aguado para la candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. El demandante fue Juan Carlos Bermejo, el empresario y economista madrileño, afiliado de Las Rozas, que presentó una denuncia en el Juzgado 61 de Madrid por sentirse discriminado en el proceso del que pidió su nulidad. Entre otras cosas, Bermejo denunció que Aguado no respetó la 'jornada de reflexión' de la campaña de primarias y concedió entrevistas a varios medios de comunicación aprovechándose de su condición de portavoz y líder de Ciudadanos en Madrid. Además, unió a ello la falta de “neutralidad” demostrada por muchos dirigentes de la dirección de la formación que apoyaron sin tapujos al aspirante oficial.

Después de que se fijara fecha para la vista oral, antes de estallar la pandemia, tras la victoria de Arrimadas, el propio Bermejo inició negociaciones con la nueva dirección de Ciudadanos para intentar llegar a un “acuerdo amistoso” para zanjar la causa extrajudicialmente. Las condiciones que pone el empresario a cambio de dar carpetazo al tema son que se impulse un reglamento claro que mejore los mecanismos de control interno, que se garantice una mayor transparencia en el proceso, e igualdad entre todos los aspirantes al cargo, sin permitir la presentación de afiliados que no pertenezcan a la agrupación provincial, es decir, de 'cuneros'.

De paso, Bermejo ha pedido también a la nueva dirección que sustituya al actual secretario de Organización de Madrid, César Zafra, al que considera artífice del malestar interno que hay a nivel regional. También exige que se reduzcan a siete las Consejerías de la CAM “como en la época de Cifuentes”, y que acepten sus conocimientos como economista para trabajar como asesor externo para el partido “sin remuneración alguna”, puntualiza.

El caso quedó a la espera de fijar fecha para que ambas partes lo solventaran y evitar así el juicio. Sin embargo, al comprobar que en Murcia no había avances y que el partido seguía sin cumplir con los requerimientos del juzgado de Cartagena, el exrival de Aguado –muy molesto porque el partido, además, llegó a negar la negociación entre ambas partes–, amenazó con reactivar su denuncia si antes de que finalizara el lunes la dirección no cumplía su palabra y depositaba la documentación requerida. “La nueva Ejecutiva no puede crear dudas sobre su transparencia y honestidad”, señaló Bermejo en su perfil de Twitter tras alegrarse de las declaraciones de Lorena Roldán.

Aunque el madrileño considera “un buen gesto” las palabras de Roldán, está a la espera de que se hagan realidad. “No quiero convertir tampoco esto es un ultimátum, pero quedamos en darnos un plazo hasta el 16 de agosto para que se materialice el acuerdo. No obstante, si llegada esa fecha no han contestado a mis peticiones, reactivaré la denuncia”, advierte Bermejo en conversación con elDiario.es.

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