“Estoy muerta en vida desde noviembre de 2023. Pero con fuerzas de seguir luchando por la verdad y la justicia. Por mí, por las mujeres de mi familia y por todas”. Lo dice Anabel Cano, la primera mujer en abrir la vía judicial contra la Junta de Andalucía por un retraso de un año en el diagnóstico de su cáncer de mama debido a fallos en el programa de detección precoz del Servicio Andaluz de Salud (SAS). “Está a punto de cumplirse un año desde mi mastectomía, pero, para mí, el tiempo no ha borrado nada. Lo que más miedo me da no es que haya pasado casi un año. Es que pueda pasar otro y que todo quede en el silencio”, agrega.

“Sigo inerme. Entre otras cosas, por el letrozol que tengo que tomar por el cáncer, y que llamamos 'destrozol' por cómo nos deja de empanadas, pero también porque no siento rabia, sino asco de que haya personas que avalen las políticas del señor Juan Manuel Moreno Bonilla. Porque es como aplaudir que esté privatizando y haciendo mal los cribados. Como pasa con Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que está maquillando las cifras de las listas de espera en los hospitales”, añade María José Martín, otra de las víctimas de los errores en el sistema de prevención que saltó a la luz hace ahora un año, cuando el 28 de septiembre de 2025 la Cadena SER desveló los fallos.

La Junta de Andalucía ha reconocido 2.317 expedientes con retrasos y 23 tumores detectados tras su revisión interna. Sin embargo, la Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama (Amama), que estuvo desde el principio detrás de la denuncia pública, eleva a 366 las mujeres que terminaron desarrollando un tumor por estos errores, y a siete las fallecidas. La crisis estuvo a punto de pasarle factura a Juan Manuel Moreno Bonilla, que se vio obligado a poner al frente de las competencias de salud a su hombre más fuerte, Antonio Sanz, quien continúa tras el inicio de la nueva legislatura.

Pero ¿se ha arreglado? Ángela Claverol, presidenta de Amama, opina que no. “Hemos hablado con personal de todos los hospitales y está machacado, doblando turnos en rayos, oncología, cirugía... Porque no se dota de medios suficientes para la pandemia del siglo XXI, que es el cáncer, no solo el de mama. El acto único no se está implementando bien en todos los lugares, y no hablemos de la reconstrucción. Hay mujeres que esperan un año, año y medio, dos años... No ha acabado la crisis. Este verano hemos conocido el caso de dos jóvenes que han sido víctimas del mal funcionamiento del cribado de cáncer de mama y se enteran ahora de que tienen un tumor que ya fue detectado hace meses”.

La exigencia de responsabilidades judiciales ha quedado limitada a la vía administrativa, después de que el pasado mes de agosto se archivaran las dos últimas causas penales que seguían abiertas, con lo que ninguna de las 15 presentadas logró prosperar. En esta línea, Ángela Claverol calcula que unas 300 mujeres van a presentar reclamaciones patrimoniales, gracias a la mediación de Manuel Jiménez, abogado de Amama. “Es cierto que cuando se informó del archivo penal, muchas han desistido pensando que no hay otras vías. El SAS, además, está ralentizando todo el proceso, sin facilitarnos en tiempo y forma los informes de síntesis. Pero seguimos luchando, no por nosotras, sino por las que vengan”, remarca la presidenta de Amama.

Más de 200 reclamaciones presentadas

“El proceso de reclamaciones sigue su curso y se encuentra aún en vía administrativa, a la espera de respuesta por parte del SAS. La vía penal no fue iniciada por nosotros, sino por algunos partidos y otras entidades. Nosotros desde el principio abogamos por las reclamaciones patrimoniales para que resarzan a las mujeres por los daños padecidos, en algunos casos, la muerte”, aclara Manuel Jiménez, para quien “es una lucha muy compleja porque, aunque públicamente reconocieron lo ocurrido, se niegan a indemnizar a las víctimas, sometiéndolas a un calvario judicial al que una gran parte importante de ellas, desgraciadamente, no va a llegar”.

No en vano, los juicios se están señalando para 2030 en Sevilla, y en estos casos es que ni siquiera se han iniciado. “Hay presentadas cerca de 200, y residualmente sigue entrando alguna más. Tenemos todavía por resolver 30 o 40. Las reclamaciones patrimoniales son todas individuales porque cada caso es único. El Parlamento de Andalucía debería zanjar este asunto resarciendo a las mujeres del daño causado, y no despreciarlas haciéndolas ir a un juzgado al que muchas no llegarán”, concluye el abogado.

Un ejemplo de la complejidad de las reclamaciones patrimoniales lo podemos ver con una consulta de los informes del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA). Hay cuatro dictámenes hasta la fecha, todos desestimatorios. Uno de ellos por estar fuera de plazo la reclamación y los otros tres, por no apreciarse nexo causal. Todos casos de denuncias de retrasos en diagnósticos y tratamientos de cáncer de mama, si bien son previos a esta crisis.

“No somos números. No somos expedientes. Somos mujeres cuyas vidas han cambiado”, recalca Anabel Cano, víctima de un despropósito que vuelve a relatar con todo lujo de detalles: “En noviembre de 2023 acudí a un cribado. Se solicitaron pruebas complementarias que, según mi experiencia, no llegué a realizar porque no fui avisada. Un año después, en noviembre de 2024, esas pruebas se hicieron y en diciembre me confirmaron que tenía cáncer. Después llegaron meses de tratamientos, miedo y dolor. El 15 de octubre de 2025 me quitaron la mama derecha. Y casi un año después sigo con dolor y una movilidad muy limitada en el brazo, esperando una atención de rehabilitación que fue solicitada con carácter preferente. También sigo esperando respuesta a mi reclamación”.

María José Martín también resume su caso: “En 2023 me llamaron de una clínica privada de Dos Hermanas: ‘Corre, corre, corre, vente que te vamos a hacer una mamografía, y te vamos a llamar para sí o para no, o sea, tengas lo que tengas’. Pero nunca, jamás, llamaron, ni para sí, ni para no, y año y pico más tarde, yo me noto el bulto en el pecho derecho, con el resultado de tres tumores y nueve ganglios afectados. Como todo oncólogo dice, eso no sale de la noche a la mañana, ya estaban en las pruebas, tendrían que haber pedido más, y no se hizo”. En su opinión, no se ha podido seguir adelante con la denuncia por la vía penal, pese a que “todo queda registrado” en relación con los expedientes, “porque han echado tierra por encima”. Pero ella no se va a rendir en su lucha: “Porque a mí me han reducido un pecho, he perdido un 20% de la masa del seno, y esto se lo debo a las políticas de privatización del PP”.

Privatizaciones como las que ya reveló elDiario.es Andalucía, con la derivación de más de 300.000 mamografías a la sanidad privada. Y que seguirán, como recuerdan desde Adelante Andalucía, que ha desvelado una licitación de “más de 13 millones de euros para privatizar mamografías del cribado de cáncer durante los próximos cuatro años, con posibilidad de un año de prórroga”. Desde el SAS insisten en que únicamente se trata de la contratación de unidades móviles para realizar las exploraciones mamográficas, no la externalización de la interpretación médica de las pruebas.

Una persona migrante ha muerto este sábado a causa de un incendio registrado en un asentamiento de chabolas en Palos de la Frontera, en Huelva, lo que hace ascender la cifra a dos muertes durante septiembre en este tipo de campamentos en el que viven en su mayoría temporeros dedicados a la recogida de los frutos rojos. El fuego se ha iniciado en torno a las nueve de la mañana y al lugar se ha trasladado el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva para extinguirlo.

El fuego ha afectado a una veintena de chabolas que se encontraban en la zona del polígono de San Jorge, han trasladado desde la Diputación, aunque se desconoce si hay más personas afectadas. A la zona afectada se han desplazado cuatro bomberos y dos vehículos de extinción, así como Guardia Civil, Policía Local, el 061 y Cruz Roja.

Una vez controladas las llamas, los cuerpos de emergencia se esforzaron en disipar el intenso humo, ya que había serias dificultades para que el juez de guardia accediera al interior de la chabola en la que se encontraba la persona fallecida. Por el momento, se desconocen las causas del incendio.

El hombre que ha fallecido era de origen mauritano y tenía 39 años, han informado fuentes de su entorno a EFE. El joven llegó a Canarias en un primer momento en el año 2025, desde donde logró trasladarse al territorio peninsular y, finalmente, se instaló en Palos de la Frontera para trabajar en las campañas agrícolas tanto del municipio como de pueblos vecinos.

Dos muertes en un mes

Este asentamiento es uno de los de mayores proporciones en Huelva, en el que viven durante todo el año personas migrantes que trabajan como temporeros en las campañas agrícolas de la zona. Una cuestión por la que han clamado en diversas ocasiones los sindicatos para que se mejoren las condiciones de vida de este grupo vulnerable. Asimismo, cabe recordar que la última muerte registrada fue el pasado 12 de septiembre en Lucena del Puerto, donde murió otra persona migrante.

Dos meses antes, en julio, Palos de la Frontera sufría una de las mayores catástrofes que se han registrado en la zona a causa de un incendio que calcinó unas 300 chabolas y que se propagó a lo largo de 300 hectáreas, dejando inutilizable el terreno y destrozando las casas de las personas migrantes que viven en condiciones de penuria. En declaraciones a los medios, la alcaldesa de Palos, Milagros Romero, apuntaba a que esta continua alarma era “reiterada todos los años, siempre al final de campaña hay este tipo de sucesos”.

En el año 2023, el polígono San Jorge también vivió un episodio trágico: varias personas sufrieron lesiones y unas 200 infraviviendas quedaron quemadas tras un incendio virulento. Un punto caliente, ya que, como refleja el Informe Frontera Sur 2025 elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), esta área forma parte de los asentamientos más extensos de la provincia, siendo estos: San Jorge (Palos de la Frontera), Las Madres (Moguer), El Bosque, Santa Lucía y La Sevillana (Lucena del Puerto) y Lepe. En conjunto, Andalucía Acoge estima que hay alrededor de 5.000 personas viviendo en condiciones de extrema vulnerabilidad.

En abril de este año, la derecha tumbó una proposición no de ley (PNL) presentada en la Comisión de Política Territorial del Congreso de los Diputados para constiuir un Comisionado para la Migración Temporera en Huelva, una medida que buscaba mejorar la coordinación entre el Estado y Andalucía, al igual que desde el poder municipal, para lograr una solución conjunta a las condiciones de pobreza y abandono que sufren los temporeros.

Eduardo Rodríguez Rodway vivió lo suficiente para saber que Triana, el grupo sevillano que formó con el cantante Jesús de la Rosa y Juan José Palacios ‘Tele’ a mediados de los años 70, se convertía en algo más que un clásico de la música o en el buque insignia del llamado rock andaluz: en una verdadera leyenda, un legado inmarchitable que todavía hoy sigue inspirando a músicos de todo género y condición.

La luz del guitarrista, el último superviviente de aquel trío, se apagaba esta madrugada en el hospital de Puerto Real (Cádiz), a la edad de 81 años, dejando un precioso legado de canciones memorables.

Como afirmó el director Gonzalo García-Pelayo, quien dedicó a este grupo un filme documental, “Triana fueron nuestros Beatles”. El soplo de modernidad y atrevimiento que necesitaba aquella Andalucía que se disponía a inaugurar una nueva era coincidiendo con los últimos estertores del dictador. Y una modernidad que bebía de la música de raíz, que bebía nítidamente del flamenco sin ser flamenca, conectando con una memoria humillada que ahora, por la magia de la fusión y los nuevos sonidos progresivos, se volvía fresca y hasta bailable.

En el cielo de Sevilla

Procedente de los grupos Flexor’s y Los Payos, Eduardo Rodríguez Rodway integra otro proyecto, Tabaca, del que desertarían otros miembros y al que se incorporarían en seguida De la Rosa y Tele para conformar Triana junto aquellos Manuel Molina y Dolores Montoya que muy pronto se desgajarían para hacer su propio dúo, no menos mítico. “Triana reivindicó el rock andaluz fuera de los tópicos, inventó una música con luz propia”, afirmaba Rodríguez Rodway, afincado durante décadas en la localidad gaditana de Caños de Meca. “Después de 40 años, esa música sigue sonando en el cielo de Sevilla”.

Así ocurriría con discos como El Patio (1975), Hijos del Agobio (1977), Sombra y luz (1979) y sobre todo Un encuentro (1980), Un mal sueño (1981) o Llegó el día (1983), describiendo una carrera única en menos de una década. Ya con Triana disuelta, publicó dos discos en solitario, Velo de amor (1986) y Noche y día (1987), que pasaron prácticamente desapercibidos.

En esos mismos años 80, Tele recuperó el nombre del grupo para volver a escena con artistas jóvenes como Pepe Bao, Raúl Fernández o Andrés Herrera El Pájaro, entre otros, con los que grabó dos discos más. Tras el fallecimiento del batería en 2002, Juan Reina quiso mantener en activa la banda y llegó a grabar sendos álbumes con material nuevo, lo que encontró la oposición frontal de Eduardo Rodríguez Rodway. El Tribunal Supremo acabaría fallando este año a favor de los demandados, subrayando que el guitarrista no era propietario ni de las canciones ni de la denominación de la banda.

Colores frente a la grisura

Poco después del fallecimiento de otro tótem de la música sevillana de la época, Antonio Smash, y de aquel rey Midas de la producción discográfica que fue Ricardo Pachón, se apaga la última estrella de aquel rock andaluz, las seis cuerdas que mejor pusieron colores psicodélicos a la grisura del franquismo tardío y la inminente transición a la democracia. Y un ser humano afable y cercano, que amaba reír y compartir con sus amigos, y que entregó su vida a la música.     

El calor vuelve a azotar Andalucía en el último fin de semana de septiembre y el primero del otoño, con el aviso amarillo decretado para este sábado, 26 de septiembre, en diferentes comarcas de las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla por máximas de hasta 39 grados. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) expone que las altas temperaturas comenzarán a las 13.00 horas y se mantendrán vigentes hasta las siete de la tarde.

La alerta afectará a las campiñas sevillana y cordobesa, donde se esperan máximas de hasta 39 grados, así como a las comarcas jiennenses de Morena y Condado y Valle del Guadalquivir, donde se preve que los termómetros lleguen a registrar hasta 38 grados.

A nivel andaluz, para la jornada de este sábado se esperan cielos poco nubosos, con nubes bajas matinales y brumas en el litoral mediterráneo, más persistentes en el área del Estrecho, tendiendo a nubosos de nubes altas a partir del mediodía. Asimismo, se preve nubosidad de evolución diurna en las sierras.

Las temperaturas mínimas estarán en ascenso o sin cambios, mientras que las máximas descenderán en el interior de la vertiente mediterránea, con pocos cambios en el resto. Los vientos serán moderados de componente este en el litoral mediterráneo y flojos variables en el resto. En el Estrecho, soplará levante fuerte, con rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas expuestas.

Descenso de temperaturas

De cara al domingo, desaparecerán las alertas por calor y en buena parte del territorio habrá intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles en la mitad occidental de la comunidad. Además, persistirá la bruma en el litoral mediterráneo, sobre todo en el área del Estrecho y, en general, las temperaturas tendrán un descenso generalizado en el valle del Guadalquivir.

No obstante, las máximas rondarán los 36 grados en Córdoba, los 34 grados en Jaén y Sevilla, mientras que Málaga, Huelva y Granada bajarán a alrededor de los 30 grados. Una tendencia que se consolidará el lunes, ya que, ahora sí, habrá probabilidades altas de lluvias débiles, sin descartar que vayan acompañadas de tormentas ocasionales en el interior de Granada y la costa almeriense. Por lo demás, el termómetro descenderá, en especial en el interior oriental, dejándose notar el efecto de la nueva estación otoñal.

El tráfico de mercancías dejó en el Cerro del Villar un repertorio que sitúa a esta colonia malagueña dentro de circuitos mediterráneos de gran alcance. Ánforas griegas de talleres como Corinto, pesas fenicias de plomo y bronce, marfil y minerales llegados desde otros territorios muestran una actividad portuaria capaz de mover vino, aceite y productos de alto valor.

La última campaña confirmó la conservación del asentamiento

Los análisis con participación del CSIC han identificado incluso plomo procedente de Gádor, en Almería, mientras algunos investigadores han relacionado el enclave con la antigua Mainake.

La quinta campaña de la Universidad de Málaga ha terminado tras casi un mes de excavaciones con menos del 10% de unos 60.000 metros cuadrados desenterrados y nuevas pruebas del grado de conservación del asentamiento.

Los trabajos, realizados entre el 24 de agosto y el 18 de septiembre, cierran el Proyecto General de Investigación Arqueológica 2022-2026 y consolidan al Cerro del Villar como uno de los asentamientos fenicios mejor conservados del Mediterráneo occidental de su periodo. José Suárez, profesor de Prehistoria de la Universidad de Málaga y director científico de la campaña, señaló en la información difundida por la UMA que “la investigación de futuro resulta aún muy prometedora”.

La visita pública exigirá proteger las construcciones antiguas

La historia científica del enclave comenzó el 20 de diciembre de 1965, cuando el arqueólogo malagueño Juan Manuel Muñoz Gambero localizó el yacimiento junto a la desembocadura del Guadalhorce.

Las primeras excavaciones llegaron al año siguiente, aunque la gran etapa de investigación sistemática arrancó en 1987 bajo la dirección de María Eugenia Aubet, catedrática vinculada a la Universidad Pompeu Fabra. Tras casi dos décadas de interrupción, la Universidad de Málaga recuperó las campañas en 2022 bajo la dirección de Suárez.

La posibilidad de abrir el Cerro del Villar al público avanza sobre sectores que ya contienen calles, edificios, suelos, cocinas y almacenes capaces de formar un recorrido arqueológico. Suárez plantea seleccionar las áreas de mayor interés y protegerlas, porque excavar la totalidad del recinto no resulta viable y los muros de tierra y barro requieren cubiertas para conservarse. El profesor calcula una inversión de “al menos un par de millones de euros”, mientras el proyecto contempla un centro de recepción y un itinerario por las zonas acondicionadas.

Varias construcciones documentan siglos de ocupación fenicia

Los sectores septentrionales de la antigua isla han revelado al menos tres fases arquitectónicas superpuestas entre finales del siglo VIII y el siglo VII a.C., con edificios separados por calles y muros que alcanzan cerca de 1,5 metros. Esa acumulación formó un tell, una colina creada por sucesivas ocupaciones, y dentro de una de sus habitaciones apareció un almacén afectado por un incendio.

Allí permanecían al menos seis ánforas fenicias, madera quemada de antiguas estanterías y semillas, mientras las excavaciones del extremo meridional confirmaron que la ocupación arcaica se extendía también por esa zona.

La continuidad del asentamiento ha ganado otra dimensión con restos de hornos fechados entre los siglos VI y V a.C. sobre los niveles fenicios anteriores, una secuencia que prolonga la ocupación desde el siglo VIII hasta el V a.C.

Un nuevo fragmento de máscara de terracota fabricada en los talleres locales añade información sobre las prácticas de culto desarrolladas en la colonia. Suárez indicó en la información de la Universidad de Málaga que “esto significa que en esos momentos el asentamiento funcionó como un ámbito artesanal relacionado con la ciudad, pero con una entidad superior a lo que se había imaginado hasta el momento”. Esa continuidad amplía la cronología conocida de un enclave cuya mayor parte permanece todavía bajo tierra.

Un nuevo proyecto permitirá ampliar las excavaciones

La próxima etapa científica dependerá de un nuevo proyecto de investigación de al menos cuatro años que deberá solicitarse a la Junta de Andalucía para continuar las excavaciones.

El próximo año estará dedicado a redactar las memorias de resultados, estudiar los materiales recuperados y divulgar los avances, mientras futuras campañas podrán examinar edificios públicos, áreas residenciales y la relación entre distintos espacios de actividad.

Juana Rivas no tendrá que ir a juicio por el presunto delito de sustracción de menores por el que estaba siendo investigada al tratar de que su hijo menor se quedase con ella en España el año pasado. La Justicia ha archivado la causa abierta contra ella tras la denuncia presentada por su expareja, el italiano Francesco Arcuri, en marzo de 2025. El Tribunal de Primera Instancia 4 de Granada considera que no resulta debidamente justificada la comisión del delito y acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.

La resolución, contra la que cabe recurso, coincide con la petición formulada por la Fiscalía Provincial de Granada, que la semana pasada solicitó también el sobreseimiento provisional al considerar que las diligencias practicadas durante la investigación no aportaban elementos suficientes para formular acusación contra Rivas. El juzgado pone el foco en la forma en la que la madre actuó durante los meses en los que su hijo menor permaneció en España. La resolución considera que Rivas utilizó los instrumentos legales y procesales disponibles para oponerse al regreso del niño a Italia y que, cuando finalmente existió un requerimiento judicial efectivo para su entrega, cumplió la resolución.

La causa se inició después de que Arcuri denunciara a Juana Rivas en marzo de 2025 por la supuesta sustracción del menor, que permanecía en España después de que un tribunal italiano hubiera ordenado su regreso a Italia. La investigación quedó inicialmente archivada, pero la Audiencia Provincial de Granada ordenó en julio de 2025 continuar las diligencias para determinar si podía existir un delito de sustracción.

Ahora, el juzgado concluye que la conducta investigada no alcanza la relevancia penal necesaria para integrar el delito previsto en el artículo 225 bis del Código Penal. La resolución considera especialmente relevante que, cuando se presentó la denuncia, Rivas y su equipo de abogados estaban haciendo uso de los resortes legales para evitar que el menor se marchase con su padre, previo aval de la justicia granadina en primera instancia. El auto destaca además que durante ese periodo la granadina, a diferencia de lo sucedido en 2017, permaneció localizada y estuvo representada jurídicamente, mientras que las actuaciones posteriores se desarrollaron a través de los procedimientos previstos. El juzgado señala asimismo que, una vez que se produjo el requerimiento efectivo para la entrega del menor, esta se llevó a cabo.

El niño había permanecido inicialmente en España gracias a una medida cautelar acordada el 7 de enero de 2025 por el Juzgado de Instrucción 4 de Granada tras escucharle narrar presuntos episodios de malos tratos por parte del padre. Después de escuchar al menor, el juzgado suspendió de forma provisional su regreso a Italia ante el temor expresado por el niño respecto a su retorno con Francesco Arcuri. La medida fue posteriormente mantenida por el Juzgado de Instrucción número 9 y confirmada por la Audiencia Provincial de Granada. Meses después, el 25 de julio de 2025, Rivas entregó al menor en Granada para que regresara con su padre a Italia cuando así lo determinó la justicia.

La resolución conocida ahora establece una diferencia entre esta actuación y los hechos por los que Rivas fue condenada en 2017. En aquella ocasión, la Justicia consideró probado que la entonces condenada había retenido a sus dos hijos y permanecido durante semanas sin hacer efectiva su entrega. La Audiencia Provincial de Granada le impuso inicialmente cinco años de prisión, una pena que el Tribunal Supremo redujo en 2021 a dos años y medio al considerar que los hechos constituían un único delito y no dos. Posteriormente, Rivas recibió un indulto parcial que redujo la pena de prisión a un año y tres meses.

La defensa de Rivas entiende que esta resolución del juzgado avala su tesis de que la actuación de la madre en 2025 se produjo dentro de los procedimientos judiciales disponibles. “La resolución confirma algo que hemos sostenido desde el inicio: Juana Rivas no actuó al margen de la Justicia, sino utilizando los instrumentos legales y procesales disponibles para tratar de proteger a su hijo. Y cuando existió una resolución judicial que ordenaba efectivamente su entrega, la cumplió”, señalan sus abogados.

Italia sigue investigando

El archivo de esta causa no afecta en todo caso al procedimiento que se sigue en Italia contra Francesco Arcuri por los presuntos malos tratos físicos y psicológicos a sus hijos. Esta investigación penal, independiente de la causa seguida en Granada contra Rivas, continúa abierta en Italia y se encuentra actualmente en fase de juicio. La causa contra Arcuri investiga presuntos episodios de violencia física y psicológica contra los menores y ha incluido la declaración de Juana Rivas y de su hijo mayor, Gabriel, así como de distintos profesionales que tuvieron contacto con los niños. El procedimiento penal italiano sigue pendiente de resolución.

En paralelo, el Tribunal Supremo italiano confirmó en julio de este año la atribución de la custodia del hijo menor a Arcuri, después de varios años de litigios en los tribunales italianos. La resolución sobre la custodia se sitúa en el ámbito civil y no supone el cierre del procedimiento penal por los presuntos malos tratos, que continúa de forma independiente.

Con el auto dictado este 24 de septiembre, la investigación penal abierta en España contra Juana Rivas por la actuación de 2025 queda archivada provisionalmente. La decisión coincide con la posición de la Fiscalía y concluye que no existen elementos suficientes para sostener que la permanencia del menor en España y la posterior actuación de su madre constituyeran un delito de sustracción de menores. Falta por ver qué decidirá Italia con respecto a los presuntos malos tratos de Arcuri contra sus hijos, toda vez que hace tan solo unos meses le ratificó la custodia del menor de ellos, pese a estar siendo investigado por esos hechos.

El consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, ha informado de que la línea 3 Sur del Metro de Sevilla irá soterrada por Bellavista y Bermejales, tras ser el proyecto sometido a información pública y atender a las 66 alegaciones recibidas por parte de asociaciones de vecinos y del propio Ayuntamiento de Sevilla.

“Creemos que hemos llegado a una solución de consenso. Los vecinos no querían que el proyecto se adentrase en la zona de Bermejales y afectase al bulevar de la avenida de Europa, por lo que se ha propuesto una solución más tangencial”, ha indicado el responsable en una convocatoria a medios en la que ha presentado el proyecto definitivo del tramo Sur de la línea 3 de Metro junto al alcalde, José Luis Sanz.

De esta forma, se ha optado por una solución soterrada que entrará por la Avenida del Reino Unido, continuará por la Avenida de Polonia y finalmente alcanzará la Avenida de Irlanda. “Todo esto soterrado, para a continuación emerger y cruzar la SE-30 en viaducto”. Estas modificaciones llevadas a cabo en la zona de los Bermejales han sido planteadas “atendiendo a las reclamaciones y alegaciones del Ayuntamiento de Sevilla y de los vecinos”.

Bellavista

Por su parte, en Bellavista se ha mantenido el trazado “prácticamente igual” que el inicial, si bien irá de igual forma soterrado, en lugar de a través de la superficie del terreno.

En contexto, diversas plataformas vecinales de los referidos barrios afectados pedían que este tramo estuviese soterrado, ante la “precaución y malestar” que generaba sobre los vecinos la opción de ejecutar el trazado en superficie por la Avenida de Bellavista, entre la glorieta de Presos de los Merinales y el Hospital de Valme, al defender que el soterramiento es “la única alternativa compatible con una ciudad cohesionada, segura y funcional”.

Alertaban entonces de los efectos que tendría un metro en superficie en la movilidad y el tráfico del barrio, pues la implantación de un metro en superficie, según los implicados, podría haber reducido plazas de aparcamiento o carriles, “generando problemas de circulación, congestión y aumento de emisiones contaminantes” en una vía que sirve de acceso a Dos Hermanas y a desarrollos urbanísticos proyectados.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha dado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) un plazo de diez días para atender a una solicitud de información registrada por un ciudadano acerca de la “lista de espera de pruebas diagnósticas” en la comunidad autónoma andaluza.

Así se recoge en una resolución firmada por el director del Consejo de Transparencia, Jesús Jiménez, adelantada por la Cadena SER y consultada por Europa Press, y con fecha del pasado martes, 22 de septiembre, que responde a una reclamación presentada por escrito en septiembre de 2025 por un ciudadano ante dicho organismo “en materia de acceso a la información pública”.

El referido ciudadano acudió al Consejo de Transparencia tras presentar, el 21 de julio de 2025, ante el SAS una solicitud de acceso a información en relación a “la lista de espera de pruebas diagnósticas en Andalucía”, con los datos puestos al día “a la fecha más actualizada en el momento de responder” a dicha petición.

El mismo ciudadano solicitaba al SAS que, “caso de no existir un informe” con los datos reclamados, le aportara, “con la fecha más actual posible, a nivel provincial, el número de pacientes pendientes inscritos en el Registro de Procedimientos Diagnósticos por Provincia, tramos de tiempos de respuesta y tiempo medio de respuesta”. Además, solicitaba, “con la fecha más actual posible, a nivel provincial, el total de pacientes pendientes inscritos en el Registro de Procedimientos Diagnósticos por Especialidad y Tiempo medio de respuesta”.

El SAS, “sin ninguna herramienta”

El SAS contestó a esta petición el 19 de agosto de 2025 señalándole que “no se cuenta con ninguna herramienta que permita facilitar la información registrada” en los términos que dicha persona solicitaba sobre la “lista de espera de pruebas diagnósticas en Andalucía”.

El reclamante de la información reaccionó a dicha respuesta del SAS considerando “sorprendente” esa contestación, “puesto que lo que se solicitaba eran elementos sencillos de un básico sistema de información, que parece absolutamente imposible que no disponga el SAS, puesto que conocer lo que se solicita es absolutamente básico para cualquier planificación del servicio”, añadía el ciudadano.

En su resolución en respuesta a la reclamación del ciudadano, el Consejo de Transparencia aclara que “el Registro de Procedimientos Diagnósticos sobre el que se solicita la información es el conjunto de pacientes que en un momento dado se encuentran en espera para la realización de una prueba diagnóstica/terapéutica en atención especializada, solicitada por un médico autorizado por el Servicio Andaluz de Salud”.

“Se entiende como prueba diagnóstica aquel procedimiento que sea solicitado por facultativos que desempeñen sus funciones en consultas programadas ambulatorias de un centro de atención primaria o especializada del Sistema Sanitario Público de Andalucía”, aclara también la resolución de Transparencia antes de señalar que “es requisito exigible que el órgano o entidad interpelada realice y acredite un esfuerzo razonable para la localización de la información solicitada”.

“Satisfacer la petición con la información que obre en su poder”

En esa línea, desde el Consejo argumentan que “el esfuerzo referido exige que la entidad ofrezca, cuando sea posible, al menos la información que obre en su poder y que no exija una acción previa de reelaboración, y que permita al menos satisfacer parcialmente la petición”.

“Y este requisito no podemos apreciarlo en la resolución recaída”, advierte la resolución del Consejo de Transparencia, que llama además la atención acerca de que el SAS “no acredita motivos que le imposibiliten para proporcionar los datos de los que sí disponga, aunque no sea organizados o clasificados como requiere el solicitante”.

El Consejo de Transparencia puntualiza que “esta carencia resulta aún más necesaria de justificarse si se analiza el contenido del Real Decreto 605/2003, de 723 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, y el Decreto 96/2004, de 9 de marzo, establece la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía”, que “obliga a la tenencia y remisión de determinada información sobre las listas de espera”.

El Consejo de Transparencia considera que el SAS “ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, ocultando los datos personales que eventualmente pudieran aparecer en la misma y que excedan de la información solicitada, como pudieran ser datos sobre domicilios o teléfonos particulares, números de identificación, estado civil, etc”.

“La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física”, puntualiza también la resolución del Consejo de Transparencia.

De esta manera, dicho organismo ha resuelto que el SAS “deberá facilitar a la persona reclamante la información solicitada teniendo en cuenta lo indicado” al respecto de la ocultación de datos personales, “en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta resolución”.

“La entidad reclamada habrá de facilitar a la persona solicitante la información de que disponga y que se pueda obtener mediante un uso informatizado de uso corriente y que responda al menos con el contenido y nivel de desagregación lo más cercano posible al que la información ha sido solicitada”, precisa también la resolución del Consejo de Transparencia, contra la que cabe interponer contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla que por turno corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación“.

PSOE-A critica la “opacidad” del SAS

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha aludido este viernes a esta resolución en una entrevista en Canal Sur Televisión, en la que ha subrayado que “la salud es lo más importante que tenemos todos en nuestras casas”, y hay “una opacidad tremenda” en el ámbito de la Junta de Andalucía en relación a las listas de espera.

En esa línea, la dirigente socialista ha subrayado que es “importante” tener acceso a dicha información teniendo en cuenta que hay gente que “lleva meses, años, esperando una cita con el traumatólogo”, o “para poder operarse” o tener los “resultados de una biopsia”.

Se puede recorrer en la provincia de Huelva y es una de las rutas patrimoniales y naturales más singulares de toda Andalucía, un corredor que serpentea entre ríos, arroyos serenos y un valioso legado etnográfico compuesto por molinos harineros. Conocida como la Vía verde de los molinos del agua, esta senda cruza las comarcas del Condado y la Campiña, ofreciendo al caminante un trayecto de escasa pendiente y gran belleza. A lo largo del recorrido, el rumor constante del agua acompaña al viajero entre pinares, dehesas de alcornoques y frondosos bosques de eucalipto. Este enclave constituye un refugio ecológico de incalculable valor y un testimonio vivo de la convivencia histórica entre el trabajo humano y el dinamismo de los cauces fluviales.

El origen de este trazado histórico se vincula a la antigua línea del ferrocarril minero de la compañía El Buitrón, el primero en entrar en funcionamiento en Huelva entre los años 1870 y 1969. Aquella vía férrea, construida para conectar las minas de Buitrón con el puerto de San Juan del Puerto, ha resurgido hoy convertida en un itinerario accesible para senderistas y cicloturistas de todas las edades. Al recorrer municipios como San Juan del Puerto, Trigueros, Beas o Niebla, la ruta reutiliza viejas estaciones restauradas que funcionan como centros de interpretación. La transformación de la vía industrial ha permitido reconvertir la huella minera en un espacio de esparcimiento sostenible donde la rica historia local se descubre a cada paso.

Uno de los grandes atractivos de esta caminata es el singular río Tinto, cauce único declarado Paisaje Protegido por sus extraordinarias características paisajísticas y medioambientales. Las aguas de este río destacan por su acidez y por su elevado contenido en sales ferruginosas, responsables de la gama de colores rojizos que bañan sus orillas. Debido a este fenómeno, la vegetación de ribera tradicional es casi inexistente, dotando a la zona de un aspecto hipnótico que evoca parajes extraterrestres. Tanto es así que agencias científicas de prestigio como la NASA han realizado importantes investigaciones en sus aguas por sus notables analogías con el planeta Marte.

Riberas abajo, el aprovechamiento de la corriente dio lugar a la edificación de numerosos molinos harineros documentados en la provincia desde el siglo XV. Durante la Baja Edad Media, la riqueza cerealista motivó la construcción de complejos hidráulicos e ingenios mareales en los esteros de Moguer, San Juan del Puerto y Huelva. Registros de la época constatan la relevancia de construcciones como el Molino Nuevo, propiedad del Duque de Medina Sidonia en 1510, o los molinos del Pasaje y Anicoba. Llegó a haber en la provincia más de trescientos molinos dedicados a la molienda de trigo, una prolífica industria artesanal que garantizaba el pan a las poblaciones.

En la actualidad, la comarca del Condado de Huelva conserva un valioso inventario compuesto por 23 molinos distribuidos a lo largo del curso fluvial. Términos municipales como Niebla, Villarrasa, Paterna del Campo y Moguer albergan ejemplos sobresalientes de esta arquitectura popular. Destacan en Niebla siete molinos de piedra junto al cauce, entre los que figuran los de la Puerta del Buey, el Cuervo y el Puente, frente a las murallas árabes. Asimismo, en Villarrasa se aprecian cinco estructuras emblemáticas como los molinos de Gadea, La Vadera, Juan Muñoz, de la Torre y Centeno, que conforman una estampa fotográfica muy admirada en la provincia.

La arquitectura de estos ingenios se caracteriza por sólidas fábricas de piedra, mampostería y ladrillo macizo, levantadas junto a pequeñas presas o azudes para reconducir la fuerza del agua. Una de las peculiaridades más fascinantes en localidades como Villarrasa es el tono rojizo que han adquirido los sillares de piedra, teñidos progresivamente por la inmersión continuada en las aguas cargadas de hierro del río Tinto. Lejos de ocultarse, las ruinas se muestran plenamente visibles en el paisaje, integrándose de forma armónica en la ribera. Estas edificaciones rurales con bóvedas de cañón o tejados a dos aguas representan un patrimonio histórico-industrial de incalculable valor etnológico para la zona.

Atractivo turístico

El funcionamiento interno de estas complejas máquinas hidráulicas combinaba una notable sencillez mecánica con un profundo conocimiento de la física. El agua canalizada a través del cao descendía hasta la cárcava o infierno, donde impactaba contra las paletas de un rodezno horizontal de pino. Los artesanos evitaban los herrajes de hierro para impedir la pronta corrosión causada por el pH ácido del cauce. La fuerza del rodezno se transmitía mediante el árbol hasta la sala superior, haciendo girar la piedra volandera sobre la solera asentada en el alfanje. Mediante este engranaje, el trigo vertido desde la tolva quedaba reducido a harina recogida directamente en el contenedor del harinal.

Hoy en día, la recuperación de este valioso legado etnográfico ha convertido la antigua ruta harinera en un atractivo destino turístico que combina naturaleza, cultura e historia. La vía se integra en itinerarios culturales de relevancia como la Ruta al-Mutamid, atrayendo a numerosos visitantes deseosos de recorrer sus caminos a pie o en bicicleta. Las administraciones locales promueven rutas guiadas para preservar estas joyas de la ingeniería popular onubense. Visitar los molinos del río Tinto supone una oportunidad única para redescubrir un patrimonio olvidado, donde la huella del siglo XV y la fuerza de la naturaleza continúan cautivando a las nuevas generaciones de viajeros.

Un joven de 20 años ha sido detenido tras presuntamente matar a puñaladas a una mujer de 41 años con la que había gestionado una cita en la habitación de un hotel de la localidad sevillana de Bormujos. Según han informado fuentes de la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar entre las 22.30 y las 23.30 horas de la noche de este jueves.

El varón y la mujer, que ejercía la prostitución, se encontraban en la habitación durante un encuentro cuando este hombre agarró un objeto punzante y apuñaló a la víctima, según los primeros indicios recopilados. El cuerpo de la víctima sufrió varios cortes con resultado de hemorragias que derivaron en su muerte.

En declaraciones de Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla, se ha aclarado que se identificaron a dos mujeres en el hotel junto al agresor. Mientras una de ellas fue asesinada, la segunda que se encontraba en el mismo espacio logró escapar.

La investigación continúa abierta

Posteriormente, el presunto asesino abandonó el lugar de los hechos y, ya en la vía pública, alertó a los servicios de emergencias de lo sucedido. Llegó incluso a informar de su ubicación y de que había gestionado con la misma un encuentro de forma telemática, tal y como han concretado fuentes municipales, por lo que fue detenido por la Policía Local de Bormujos.

Por el momento, la investigación continúa abierta, en aras de esclarecer las circunstancias que rodean este suceso. El cuerpo de la víctima ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla. En 2024 se registraron un total de 10 mujeres asesinadas en Andalucía, cifra que ascendió a 15 en 2025 y, en lo que llevamos de año, la comunidad ya contabiliza 12 víctimas, de confirmarse este último asesinato machista, mientras que a nivel nacional son 38 mujeres las que perdieron su vida.

Candelaria, bajo pseudónimo, lleva 22 meses limpia y reconoce que gran parte de su recuperación se la debe a la Comunidad Terapéutica de Mijas, el único centro dedicado a la desintoxicación de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) que tiene en Málaga y que está dedicado exclusivamente a mujeres. “Necesitamos un centro para nosotras solas”, enfatiza, añadiendo que “si no hubiese dado con este sitio, no hubiese cumplido 43 años”. Sin embargo, este recurso ha cerrado finalmente sus puertas después de que la Junta de Andalucía tomara la decisión el pasado mes de agosto, sin que haya, por el momento, una alternativa. Tras mes y medio sin aclarar su futuro a los trabajadores, el proceso de reubicación forzosa se ha acelerado en las últimas horas, y la intención es que la próxima semana quede ya definido, según un documento al que ha tenido acceso elDiario.es/Andalucía.

Esta medida supone un duro golpe a la red de atención de la ASSDA, ya que la provincia no cuenta con una instalación para atender las adicciones en Andalucía oriental y tampoco que sea únicamente femenina. La clausura, adelantada por SUR y confirmada por este medio, supone la estocada final para un complejo sobre el que pesaban las amenazas de cierre en los últimos años. A preguntas de este medio, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, titular del servicio, no ha respondido al cierre de esta edición, aunque ha reconocido que el centro cuenta con “un informe negativo” porque las instalaciones están en una zona con riesgo de incendios y de inundaciones.

Una información que corrobora Juan Carrillo, delegado de CGT en la ASSDA, que indica que en una reunión mantenida con miembros de la Junta de Andalucía, en la que se encontraba el viceconsejero de Igualdad, José Repiso, y el director general de Atención Socionisanitaria del área de Sanidad, José Ángel Lázaro, “no se enseñó el informe”, pese a que lo reclamaron en varias ocasiones. Tampoco, al igual que a esta cabecera, se les comunicó que estuviera planteada la reubicación de la comunidad terapéutica en otro lugar. Lo que sí reconocieron, asegura el responsable sindical, es que “la privatización del servicio mediante un concierto era una opción perfectamente viable”.

La Comunidad Terapéutica de Mijas contaba con capacidad para 32 usuarias y, en el momento del cierre, había nueve pacientes a las que se le dieron de alta o se desplazaron a la comunidad de Almonte, la cual es mixta. Una cuestión sensible, ya que en el centro malagueño contaban con víctimas de violencia de género y, también, con inscritas en el sistema de protección VioGén. Además, se pierde un eslabón de la red pública andaluza de comunidades terapéuticas, con dos en Huelva (Cartaya y Almonte), una en Sevilla (Los Palacios) y otras dos en Cádiz (Tarifa y La Línea), por lo que la vertiente oriental queda desatendida y conllevará a un “traslado forzoso”, indica desde CGT, de las pacientes que requieran esta atención especializada.

De cierre provisional a definitivo

En el Centro trabajaban hasta el pasado 4 de agosto veinte personas, con la condición de personal laboral fijo de la Junta de Andalucía. Aquel día extraoficialmente les dijeron que el centro se cerraba ante el elevado riesgo de incendio, y que las nueve usuarias que había entonces serían reubicadas (siete de ellas), dadas de alta (una) o asignadas a una salida terapéutica. El lugar ya tuvo que ser evacuado en 2011 y 2013, cuando el fuego devoró parte de la Sierra de Mijas, y posteriormente se adecuó de acuerdo a lo que indicaron los especialistas.

Con el riesgo creciente por incendios, las trabajadoras confiaron que sería un traslado solo veraniego. “En la confianza de que el riesgo era real, pensábamos ingenuamente que podía tener sentido movernos en verano”, cuenta una trabajadora. Sin embargo, con el paso de las semanas aquella decisión aparentemente provisional fue cristalizando en algo definitivo, coincidiendo con el traslado de las competencias. El servicio está ahora adscrito a la Consejería de Sanidad, en manos de Antonio Sanz, mientras que la ASSDA, dependiente de la Consejería de Servicios Sociales e Igualdad, está encargada de la gestión del personal.

En estas semanas, nadie ha comunicado nada a los trabajadores, según denuncian. “Todo ha sido silencio y mutismo”, denuncia la trabajadora. Hasta que este miércoles, sin que ellas supieran nada, el cierre definitivo se aborda en una reunión del gerente de ASSDA con los sindicatos, con remate final: “Dicen que cierran y que no contemplan la reubicación del recurso”.

“Como trabajadoras estamos perplejas, indefensas y vulnerables, hay una falta de legalidad total y absoluta. Nos dijeron que nos iban a trasladar, pero ¿en qué condiciones? ¿A otra provincia? Hay un ocultismo total, desde el 4 de agosto hasta el miércoles”, lamenta. La puntilla ha llegado un día después. Esto va rápido: en una comunicación al Comité de Empresa, ASSDA comunica que inicia ya el “procedimiento de traslado colectivo” de todos los trabajadores por el cierre del centro.

En atención a este medio, fuentes de la Consejería de Loles López indican que los trabajadores “están cobrando su salario” y se abrirá un proceso negociador obligatorio “para reubicarlos”, confirmando así el cierre definitivo. La alternativa, dice la trabajadora, es el paro con una indemnización de veinte días por año trabajado y un máximo de doce mensualidades.

“Sin la ayuda de Mijas, sé que me hubiera muerto”

Candelaria es una de estas pacientes más vulnerables. Pasó 11 meses en la Comunidad Terapéutica de Mijas, situada en el diseminado de Entrerríos, y salió el pasado marzo tras recibir apoyo, orientación y recursos para acabar con ocho años de drogodependencia. “Los profesionales del equipo terapéutico confiaron en mí cuando ni yo misma lo hacía, hora tras hora, ayudándome a gestionar el dolor y el fracaso que me habían llevado al consumo tras tanto tiempo de destrucción”, relata a este periódico. “Sin la ayuda en Mijas, sé que me hubiera muerto”.

La malagueña vivió una relación de maltrato que no denunció, pero los daños físicos y psicológicos que vivió la arrastraron a una depresión. Ahí fue cuando empezó a consumir para “anestesiarse”. Poco a poco, perdió su trabajo como encargada en una tienda de ropa, su casa y, finalmente, la custodia de su hijo. Intentó salir del círculo de la adicción a través de dos programas diferentes de desintoxicación, primero en un centro de Huelva y luego en otro que la obligó a trasladarse a Cádiz, pero no logró remontar y, en ambos casos, abandonó la terapia. Una de las razones fue, en la primera atención, porque empezó una relación sentimental con uno de los trabajadores.

“Un centro dedicado solo a mujeres nos hace centrarnos en nuestra recuperación, porque cambiamos una adicción por otra. Yo cambié la adicción por las sustancias por la adicción a una relación tóxica”, explica sobre la importancia de que en este recurso se atienda solo a mujeres. “Estar con hombres nos complica muchísimo la recuperación: nos centramos en estar guapas, por ejemplo, en la atención, pero en Mijas me dieron las herramientas necesarias para recuperar mi vida e identificar estas nuevas adicciones”, como las compras, el sexo o, incluso, la toma de café, que debió reducir cuando cayó en la cuenta de que lo estaba tratando de forma compulsiva.

“Es un proceso complicado que, por desgracia, no todo el mundo puede superar”, expone la afectada, que ha convivido con mujeres que han vivido en situación de calle. A la adicción, le suma la vergüenza que sintió por la pérdida del control sobre su vida, la exposición pública y el hecho de ser mujer adicta, una cuestión sobre la que sigue pesando el estigma social. “Al principio, preferí estar fuera de Málaga. No quería que nadie se enterase. Pero han pasado varios años sin haber estado junto a mi hijo, que me necesitaba estando sana”, reflexiona.

Al volver, encontró al mismo tiempo las fuerzas para proseguir en su recuperación como las propias sombras del pasado: “Estar en Mijas me ha hecho estar cerca de mi hijo y, también, de un entorno cercano al consumo, sitios, personas... Pero en el centro me dieron herramientas para gestionar estas situaciones incómodas. Es un mal trago, tanto por la sensación de vergüenza como de pena, de verte a ti misma hace 11 meses, de ver al otro, con el que consumías, pero he podido seguir”. Con el apoyo de los especialistas, aprendió a afrontar estas posibles recaídas. Hoy en día cuenta con el Ingreso Mínimo Vital, que le ayudaron a gestionar, y disfruta de actividades tan cotidianas como diversas, ya sea el yoga, el teatro, el voluntariado o retomar los estudios para encontrar un nuevo trabajo. “Es fundamental que no se pierda este recurso para mujeres”, reitera.

“Quieren acabar con un recurso especializado y público”

“Hay alevosía, de un plumazo quieren acabar con un recurso especializado y el único totalmente público en toda Andalucía. Damos cobertura a mujeres en la red viogén con personal especializado desde el año 2000”, explica la trabajadora.

En consonancia, Carrillo, delegado de CGT en la ASSDA, incide en que el cierre definitivo de la Comunidad Terapéutica de Mijas es una cuestión que se viene gestando desde la entrada del PP en la Junta de Andalucía, ya que supuso un cambio en la atribución de las competencias desde la cartera de Servicios Sociales a Sanidad. En 2019 se dieron los primeros pasos para que la titularidad pasara tras algunos intentos infructuosos y, finalmente, en 2021 había una dificultad mayor: la falta de personal sanitario en los centros públicos, en los que debe haber, como mínimo, un médico, un ATS, un psicólogo, un trabajador social, un personal de oficio para tareas de cocina, limpieza y/o mantenimiento, y un monitor ocupacional.

Esta crisis se cerró, pero, de nuevo, en 2025, se procedió al desalojo de la comunidad terapéutica de Mijas debido a que no había personal para atender a las usuarias. Carrillo recuerda que gracias a la presión sindical se reabrió a mediados de febrero y se consiguieron nuevas contrataciones, pero en esta ocasión parece no haber vuelta atrás tras el informe desfavorable que tiene la Consejería de Sanidad en su poder. “Ya se había privatizado la limpieza, luego los trabajos de mantenimiento, al igual que la grabación de las solicitudes de dependencia a través de Tragsatec. Es un paso más en la política de privatización de este Gobierno”, zanja, sin que haya visos de una nueva ubicación para un recurso esencial para las mujeres.

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía (AVRA) carece del seguro de responsabilidad civil profesional para proteger jurídicamente a sus empleados públicos –arquitectos técnicos, aparejadores– ante cualquier litigio penal como consecuencia de accidentes laborales en las promociones de obra pública que mantiene activas en toda la comunidad.

El Gobierno andaluz prescindió de la póliza específica que cubría a los responsables de obras de AVRA, para meterles bajo el paraguas de un seguro generalista que tienen todos los empleados públicos de la Junta. Pero un informe ad hoc de la Dirección de Patrimonio, adscrita a la Consejería de Hacienda, reveló el pasado mayo que esa póliza no protege a los técnicos de AVRA, obligados a asumir su propia defensa legal en caso de verse envueltos en un proceso penal.

Esa “desprotección jurídica”, denunciada al unísono por todos los sindicatos de AVRA, sorprendió al colectivo y a la propia dirección de la Agencia de Vivienda hace un año, a raíz de un accidente mortal que ha derivado en la investigación judicial en curso por un supuesto delito de homicidio por imprudencia.

El pasado 13 de marzo de 2025, un hombre de 38 años falleció aplastado por un muro mientras trabajaba en las obras de un complejo de viviendas públicas de Sevilla, propiedad de la Agencia de Vivienda de la Junta de Andalucía. La directora de esa obra (aparejadora) y personal laboral de AVRA, está imputada, y la responsable de su ejecución, está citada como testigo, confirman fuentes del ente público.

En el juicio, previsto para principios de noviembre, la empleada pública de la Junta se enfrenta a penas de cárcel e inhabilitación para ejercer su profesión. Cuando la Fiscalía o los tribunales investigan a funcionarios o trabajadores públicos, es el seguro de responsabilidad civil de la Junta de Andalucía el que se encarga de su representación jurídica y le asigna abogados. Los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), por la especificidad de su oficio, tienen una póliza especial para defenderse de denuncias por posibles negligencias médicas, que son muy comunes.

Los sindicatos de AVRA sostienen que sus técnicos y responsables de obra tenían un seguro profesional similar, “obligatorio”, según el artículo 66 de su Convenio Colectivo, pero la Junta prescindió de esta póliza específica, “alegando recortes de gastos superfluos”, y les incluyó en el aseguramiento general para el resto de funcionarios.

La Consejería de Vivienda no ha aclarado en qué momento prescindió de la póliza de responsabilidad profesional para los técnicos de AVRA, aunque fuentes de la Agencia señalan 2016 como el año en el que se adhieren al seguro único de la Junta. Una resolución de la dirección de AVRA, de 31 de julio de 2014, recoge que, en ese momento, todo su personal sí estaba cubierto jurídicamente por el aseguramiento de la Administración ante posibles litigios penales. “Los terceros perjudicados [en obras públicas] deben dirigirse obligatoriamente contra la Administración y nunca pueden ejercer la acción de responsabilidad civil ante la jurisdicción civil contra el empleado público por actos derivados de su actividad profesional”, dice la orden, que los sindicatos consideran “plenamente vigente”

“La resolución de 2014 reconoce de forma expresa la 'situación de precariedad no deseable' en la que el proceso penal sitúa a los empleados y mandata a AVRA a asumir en primera instancia las indemnizaciones por responsabilidad civil, el pago de fianzas judiciales y la totalidad de los gastos de defensa jurídica (abogados, peritos, procuradores) en causas penales por razón del servicio, salvo sentencia condenatoria firme por dolo o culpa grave”, esgrimen los sindicatos de la Agencia, que han adjuntado esta resolución a la denuncia registrada ante la Inspección de Trabajo.

La imputación de una empleada de la Consejería de Vivienda por el accidente mortal en una promoción pública ha destapado una situación anómala que tiene tensionado a todo el personal técnico de la agencia desde hace meses. La dirección de AVRA admite el problema pero circunscribe su afectación a “69 personas, incluyendo los jefes técnicos”.

Los sindicatos, en cambio, denuncian que la “desprotección jurídica” afecta a “muchos más, no sólo entre el personal en activo, sino de los que ya están jubilados o incluso han muerto, porque el seguro profesional cubría a los técnicos hasta diez años después de entregada la obra”. “Al eliminar esa póliza, hay extrabajadores de AVRA que quedan desprotegidos y expuestos a un litigio penal en caso de denuncias por negligencias”, explican.

“El seguro de responsabilidad civil no sólo es para la dirección de obra en sí, también existe responsabilidad en la emisión de informes técnicos, o incluso en valoraciones, en trabajos de oficina. En realidad todos los trabajadores de AVRA tenemos responsabilidad en nuestras tareas, aunque las más graves, evidentemente, son las relacionadas con los accidentes en obra”, explican desde CSIF, que sostienen que el cálculo de trabajadores afectados por la falta de seguro profesional “se queda corto”.

En una respuesta por escrito a este periódico, la Consejería de Vivienda defiende que todo su personal “está cubierto por el seguro de responsabilidad civil contratado por la Junta de Andalucía y vigente en la actualidad”. Pero, acto seguido, reconoce que “la Agencia está manteniendo reuniones con los representantes sindicales y el personal técnico sobre este asunto y está estudiando la posibilidad de incorporar la contratación de un seguro específico para el personal técnico interviniente en cada obra”.

A pesar de todo, el departamento que pilota la consejera Rocío Díaz subraya que “la Administración no está obligada a contratar un seguro decenal de responsabilidad civil de los técnicos”. La falta de acuerdo entre los trabajadores de AVRA y la dirección hizo que el pasado mes de julio el comité intercentros de la empresa pública, con la firma de todos sus sindicatos, registrase una denuncia ante la Inspección de Trabajo reclamando la apertura de una investigación por la “quiebra absoluta de las coberturas” y la falta de “defensa jurídica” de sus técnicos de AVRA, a partir de las “exclusiones técnicas desveladas” en el seguro de la Junta de Andalucía.

La Junta admite que su póliza “excluye” ciertas responsabilidades

La imputación de la directora de obra en la promoción de viviendas de Sevilla donde falleció un operario, en marzo del año pasado, reveló la “desprotección jurídica y patrimonial” de todos los técnicos de AVRA que, en consecuencia, debían “asumir en primera instancia las indemnizaciones por responsabilidad civil, el pago de fianzas judiciales y la totalidad de los gastos de defensa jurídica en causas penales”, según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Antes de denunciarlo a las autoridades laborales, la plantilla de AVRA había trasladado su preocupación a la dirección de la Agencia. La dirección de la Agencia confirmó que el seguro obligatorio específico ya no existía, pero trató de tranquilizar a la plantilla asegurándoles que el personal técnico “estaba integrado” bajo el paraguas de protección jurídica de la Junta de Andalucía, que tiene un seguro más amplio. Pero eso no convenció a la plantilla, convencida de que la póliza generalista no cubría los riesgos inherentes a su profesión.

Los trabajadores denuncian que se está incumpliendo el artículo 66 de su Convenio Colectivo, “que exige expresamente el aseguramiento de las responsabilidades derivadas de la dirección de obra, dirección de ejecución, redacción de proyectos, coordinación de seguridad y salud y demás actividades análogas, garantizando obligatoriamente la defensa jurídica del personal y la cobertura de la responsabilidad civil derivada de la vía penal, civil (tanto la de carácter leve como la grave) y la responsabilidad de carácter profesional”.

La dirección de AVRA admitió ante los representantes sindicales de la empresa que existían “dudas jurídicas” y, para resolver el conflicto interno, elevó una consulta por escrito da la Dirección General de Patrimonio, adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda, “sobre el alcance del aseguramiento de la responsabilidad civil profesional de su personal técnico”.

El pasado 25 de mayo, el director general de Patrimonio, Joaquín Gallardo, confirmó por escrito los peores temores del personal técnico de AVRA respecto a su actual inseguridad jurídica: el actual seguro de responsabilidad civil/patrimonial de la Junta de Andalucía no ofrece una protección jurídica válida a los directores de obra pública, porque el pliego de condiciones contiene “exclusiones técnicas” que les afectan de lleno.

El informe de Patrimonio, al que ha tenido acceso este periódico, confirma que quedan excluidos del seguro de la Junta “las responsabilidades que deban ser objeto de cobertura mediante seguros de suscripción obligatoria”; “excluye la responsabilidad decenal” (deja fuera a los agentes de la construcción, como promotores, constructores y arquitectos); se limita al “periodo de vigencia contractual” (no cubre reclamaciones formuladas con posterioridad al cese, baja o jubilación del responsable de obra) y emplea una “formulación genérica” y poco específica sobre “los riesgos que asume el colectivo técnico de AVRA”.

El documento reconoce que “la modalidad de aseguramiento” actual de la Junta de Andalucía está “delimitada por las exclusiones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas”, entre las que figura “de manera expresa (...) la responsabilidad civil decenal, así como las responsabilidades que deban ser objeto de cobertura mediante seguros de suscripción obligatoria”.

El conflicto interno ha conciliado a todas las secciones sindicales de la Agencia de Vivienda –CCOO, UGT, CSIF y UITA– que firman la denuncia ante la Inspección de Trabajo y adjuntan el oficio de la Dirección General de Patrimonio para subrayar la “quiebra absoluta de las coberturas” y la falta de “defensa jurídica” de sus técnicos, a partir de las “exclusiones técnicas desveladas” en el seguro de la Junta de Andalucía, como reconoce el citado informe.

La denuncia, que firma el presidente del comité intercentros de AVRA, plantea el “riesgo económico y patrimonial desproporcionado” al que están sometidos estos trabajadores –expuestos a multas y a inhabilitación para el ejercicio de sus puestos–, “vulnerando el marco normativo de la Ley de Función Pública de Andalucía y la legislación de edificación”.

El escrito solicita a la Inspección de Trabajo la apertura de una investigación “de manera urgente” para constatar el “flagrante incumplimiento del Convenio Colectivo” de AVRA y las “graves deficiencias reconocidas oficialmente por la Dirección General de Patrimonio, requiriendo a la empresa la inmediata formalización de las pólizas de seguro de responsabilidad civil profesional exigidas” y procediendo al “acta de infracción”.

La Consejería de Vivienda ha rehusado aclarar en cuántas obras públicas trabajan sus técnicos en este momento en toda Andalucía. Los sindicatos calculan que hay unas 70 actuaciones en marcha de cierta envergadura, pero recuerdan que su responsabilidad civil no afecta sólo a las promociones de vivienda nueva, también a reparaciones menores de los pisos de alquiler propiedad de la Junta, que rondan los 40.000.

La directora de la obra donde tuvo lugar el accidente mortal, personal laboral de AVRA, se encuentra “muy afectada” y ha rehusado valorar su situación judicial. Este periódico se ha puesto en contacto también con su abogado, que tampoco ha aclarado si sus honorarios los paga su representada o si, como sostienen trabajadores de la Agencia, se ha hecho cargo la dirección hasta que se resuelva el conflicto sobre la falta de póliza de seguro profesional.

Los turistas se acercaban a los grupos, grababan, preguntaban qué ocurría, mientras los vecinos se sentaban, paseaban y hablaban, de pie, separados o en un círculo en el que se compartían aperitivos, se jugaba a las cartas o hasta traían los juguetes para entretener a los más pequeños. La plaza Virgen de los Reyes fue una estampa viva, colectiva, completamente opuesta a la protagonizada hace una semana cuando se cerró el entorno de la Giralda a causa de la celebración de un evento privado. Esta tarde, los ciudadanos de a pie reivindicaron el espacio público y, entre palmas y lecturas improvisadas, María Isabel Rodríguez lo dice alto: “La calle es de todos y de todas, tenemos derecho a transitar por ella libremente y a sentarnos de manera pacífica”.

La vecina se suma a la organización espontánea que se hizo a través de las redes sociales en respuesta a la gala privada con motivo del aniversario de la revista Escaparate, que levantó ampollas en la opinión pública por el cierre de la plaza del Triunfo y la Virgen de los Reyes en contra de lo estipulado por la ordenanza municipal. Un encuentro al que acudió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis Sanz, desde cuyas instituciones públicas organizaron y promocionaron el espectáculo con 36.000 euros públicos.

Ante la indignación popular, los vecinos llamaron a reunirse, a celebrar la vida un momento, a las siete de la tarde, antes de que la excepción se convierta en norma: “Apenas quedan vecinos y vecinas en las grandes ciudades, los pisos son para empresas tipo Airbnb, alquileres desorbitados, para la especulación, y nos tenemos que ir a la periferia o a los pueblos dormitorios, como es nuestro caso, y esto es imposible”. Frente a ella y sus dos acompañantes están Carmen y sus hermanas, de 9, 10 y 6 años, que están entretenidas encima de una alfombra, aprendiendo con el ejemplo a ser parte activa de las protestas.

“Estoy indignado”

Poco a poco, aumentan las silla de playa y no hay apenas significación política ni banderas en un acto que no responde a ningún partido ni organización social. Tampoco hay presencia policial, menos tras la polémica que arrastró a la concejalía de Turismo y Cultura a dar explicaciones sobre el contrato menor por casi 15.000 euros más IVA que se concedió a la empresa 'Sevilla por la gracia de dios, S.L.', al que luego se sumaría unos 18.000 euros por parte de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo de la Junta, que ahora dirige Vox en el Gobierno andaluz, con el fin de que se celebraran la XX edición de los premios. Es decir, un montante que supuso el 20% de los 150.000 euros que finalmente costó la gala, según el promotor y director de la revista Mario Niebla.

Bernardo Santos saca la botella de vino y monta una pequeña mesa junto a sus amigos, que dejan queso y algunos picos. “Estoy indignado”, comparte claramente, tanto a título propio como en representación de la Asociación de vecinos de La Revuelta, del Pumarejo, “ha sido una desfachatez, casi que reírse en nuestra cara, porque además de ocupar el espacio público, estos señores han ocupado el imaginario colectivo haciendo creer que las plazas son de un sector elitista de la ciudad”. Con su camisa vistosa y las bermudas, recuerda que el verano acabó hace apenas unos días y, retoma, “es una vergüenza que se cierre esta plaza para una empresa privada con dinero público”.

Una opinión que no comparte el vicepresidente segundo y líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, que en unas declaraciones recogidas por El Correo, mantuvo en la Comisión de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local que con la aportación desde el su área quería pensar que habían “pagado a los trabajadores de la cena”, defendiendo que se trataba de una publicación que “vende Sevilla” y que la petición de patrocinio “se había hecho en años anteriores”, cuando la consejería que ahora ostenta la dirigía el PP en solitario de Juanma Moreno.

“Por Maricarmen”

Preguntándole a Santos por la organización de esta protesta ciudadana, sonríe abiertamente y añade: “No hay que pedir permiso para merendar en la plaza de nuestra ciudad”. Al igual que tampoco lo hace Cati, que se sienta con su libro, que era el menos que pesaba de su biblioteca, ríe. Esta mañana le llegó la convocatoria por whatsapp y no se lo pensó dos veces, a sus 78 años está aquí, sola, pero rodeada de gente comprometida con la causa. “Mi marido está muy mayor, tiene 88 años, pero siempre ha sido el más guerrero”, asiente, y, lejos de amilanarse, señala “los abusos de PP y Vox, concretamente”: “Celebraron una fiesta privada para la gente de bien de Sevilla”.

¿Qué es la gente de bien? ¿Qué es la élite? ¿Cómo ha impactado esta imagen entre la ciudadanía sevillana, que recorrió las redes como la pólvora? ¿Qué mecanismo alteró para que, en vez de observar sin inmutarse, se reactivaran? Cati, que vive por la zona del parque de María Luisa, siente la Giralda como parte de su historia, tanto como Pepe y Araceli, que viven en un entorno que, desde hace algún tiempo, también pierde los tintes de barrio: la Alfalfa.

“Son unos impresentables”, manifiestan, “y hemos llegado a las siete y nos iremos cuando la gente se vaya”, porque aún queda en la retina la foto de “los señoritos andaluces” que llenaron con mesas estos metros. En sus palabras, también están presentes los desahucios. Unos desahucios que movilizaron ayer a todo el país tras el desalojo de Maricarmen, la pensionista madrileña de 87 años que, tras toda una vida, tuvo que abandonar su piso después de que un fondo buitre comprara la propiedad y se negara a negociar con ella ningún tipo de acuerdo, pese a que le habían subido el alquiler de un año a otro en un más de 200%.

Su nombre está presente entre Irene y Cristina. Las letras violetas de su cartel reivindican su memoria. “Teníamos claro que íbamos a venir, pero con lo que le ha sucedido a Maricarmen, nos decidimos”, comentan, conmovidas por los sucesos de la pasada noche. Enarboladas con sus abanicos, pipas y botellas de agua, sostienen que “nos ha dolido mucho que un espacio público sobre el cual hay una ordenanza municipal que se utilice para eventos y sí haya habido un dinero público para esto”.

Sevillanas de adopción, viven en la periferia y ven cómo “la ciudad se está deteriorando muchísimo”, como ocurre en La Macarena, de donde son vecinas. “El deterioro, la suciedad, la falta de recursos, clama al cielo. En muy poco tiempo se ha visto el deterioro rápido... ¡Que se hubiesen ido a La Barzola a celebrar la gala!”. Hoy permanecerán hasta que los ánimos aguanten, disfrutando de una tarde otoñal con sabor estival, admirándose con el esplendor de la Giralda, disfrutando, como hicieron los invitados de la gala, pero esta vez de forma abierta y en comunión con los vecinos.

La próxima campaña de vacunación, que empieza el 1 de octubre, incorporará la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincitial -causante de la bronquiolitis- a adultos, concretamente, a mayores que viven en residencias y a personas con estados de inmunodepresión grave.

Así lo ha anunciado Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias este jueves en comisión parlamentaria. Además, se administrará la vacuna antigripal de alta carga antigénica a partir de los 75 años, en vez de a los 80, y se utilizará la vacuna española Bimervax contra la covid en residencias de mayores y centros de discapacidad, así como en determinados pacientes con inmunodepresión grave de 12 años o más.

“Fortalecer la salud pública significa precisamente eso: anticiparnos a los riesgos, prevenir la enfermedad y proteger a la población antes de que necesite atención sanitaria, y hacerlo, además, ante nuevos desafíos vinculados al cambio climático, las enfermedades emergentes o la seguridad alimentaria”, ha explicado el consejero de Sanidad.

Tramos de acceso

Los primeros en acceder a la vacunación serán los niños de entre 6 meses y casi 5 años, y su personal docente; los niños de entre 5 y 17 años con patologías y situaciones de riesgo, y las embarazadas. Este año también, como novedad, las personas de residencias de mayores y centros de discapacidad, junto a los profesionales que los atienden y el personal sanitario y sociosanitario, podrán vacunarse también desde el 1 de octubre.

En el caso de los niños de 3 y 4 años, correspondientes a primero y segundo de Educación Infantil, la vacunación se realizará en los propios centros educativos mediante la vacuna intranasal. También podrán vacunarse los profesores de estos menores y las personas que conviven habitualmente con ellos, especialmente padres y hermanos.

La campaña de vacunación contra la gripe y la covid incorporará a partir del 7 de octubre a los mayores de 80 años, las personas con gran dependencia en sus domicilios y sus cuidadores habituales, así como a los profesionales sanitarios y sociosanitarios. El 14 de octubre se abrirá la vacunación para las personas a partir de 70 años, y para los adultos menores de 60 años con patologías y situaciones de riesgo.

Finalmente, desde el 21 de octubre podrán vacunarse las personas a partir de 60 años, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los bomberos, el personal de instituciones penitenciarias y los profesionales con exposición a animales. Asimismo, los convivientes de las personas para las que está recomendada la vacunación antigripal podrán ir recibiéndola al mismo tiempo que los grupos diana con los que conviven, conforme se vayan incorporando al calendario programado.

“Lo importante es protegerse”

Antonio Sanz ha animado a los andaluces que forman parte de los grupos recomendados a vacunarse y hacerlo cuanto antes, recordando que la vacunación constituye “una herramienta fundamental” para prevenir complicaciones, reducir hospitalizaciones y proteger también a las personas más vulnerables. “Lo importante es protegerse y proteger a los demás, porque la vacunación es prevención y los datos de nuestras campañas y de nuestras investigaciones nos permiten seguir mejorando y tomando decisiones para proteger a los andaluces”, ha concluido.

En la campaña del año pasado un total de 1.939.424 andaluces se vacunaron frente a la gripe, una cifra que, según ha destacado el consejero, se sitúa “por encima del récord histórico”. Asimismo, 778.824 personas recibieron la vacuna frente al Covid-19, mientras que 56.186 bebés fueron inmunizados frente al virus respiratorio sincitial.

Un perito ha descubierto, en una maleta comprada en un rastro malagueño, una llave que dice que es de época nazarí, que puede pertenecer a una de las torres o un calabozo de la Alhambra y que estaba junto a unos planos de este conjunto monumental de Granada.

José Antonio Fernández, perito judicial en arqueología y escritor, ha asegurado a EFE que hace unos años adquirió en un mercado de segunda mano de Benalmádena (Málaga) la maleta con esos planos de 1886 y que, organizando su trastero, examinó el interior de la valija y halló, “en un doble fondo de tela y aparentemente oculta, una pieza alargada de hierro forjado, con aspecto de varilla o pincho”.

Tras investigar y buscar referencias históricas, sostiene que se trataría de una llave de época nazarí (dinastía musulmana que reinó en Granada entre los siglos XIII y XV) y destaca el contexto del hallazgo: “Se encontraba en una maleta junto a documentación y dibujos vinculados a los trabajos de Manuel Gómez-Moreno, figura fundamental en el estudio y conservación de la Alhambra”.

De una torre de la Alhambra

Después de un estudio comparativo de su estructura, material y forma, mantiene la hipótesis de que, “por sus características técnicas, su posible cronología y el lugar donde apareció, podría corresponder a la llave de alguna de las torres del recinto fortificado”.

Este tasador de antigüedades, arqueología y obras de arte ha resaltado el parecido con la llave de la Torre de la Vela de la Alhambra y ha explicado que la ahora encontrada tiene 27 centímetros de largo, medida coincidente con las llaves del periodo nazarí y las del mencionado monumento, y que es de sección cuadrada. Ha precisado que la identificación de la llave no es sencilla porque su apariencia es de un pincho, debido a que los dientes aparecen desgastados.

Recuerda que él, que es también perito calígrafo, hizo un estudio de los documentos manuscritos hallados en su día en la misma maleta y determinó que eran de Manuel Gómez-Moreno, que fue restaurador de la Alhambra, por lo que contactó con el Patronato de este monumento.

Fernández conserva en la actualidad tales planos, que llegaron a exponerse en la biblioteca municipal de Benalmádena, y asegura estar dispuesto a colaborar con cualquier institución en relación con tales documentos.

Procede de una escombrera

Desconoce el origen de la valija con la llave y los planos y solo sabe que el vendedor al que se la compró en el rastro le comentó que la procedencia era una escombrera de Granada y que venía del vaciado de una casa. “Lo que le enlaza directamente con la Alhambra es que (la llave) estaba en la misma maleta donde aparecen los planos de Gómez-Moreno, para mí todo está en el mismo contexto, no tengo duda”, ha incidido.

“La suma de indicios lleva al dictamen. Es una llave de época nazarí, prácticamente igual a la de la Torre de la Vela, le faltarían las dos partes de los dientes, que están corroídas, y se une a que fue encontrada junto con los planos manuscritos de Manuel Gómez-Moreno”, ha indicado y, aunque cree que “había que hacer un estudio más en profundidad, probablemente pertenezca a una cerradura de la Alhambra”.

AMAMA, Marea Blanca de Málaga, Jubilados del SAS y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Rincón de la Victoria han dado este jueves su respaldo a las trabajadoras que han denunciado el uso irregular de reactivos caducados o en mal estado en el laboratorio del Hospital Regional de la Axarquía de Torre del Mar (Málaga). Las tres entidades han anunciado que el próximo 15 de octubre convocarán una concentración con la que esperan que la ciudadanía tome conciencia de lo que ha ocurrido.

“Lo que está sucediendo en este hospital es una prueba para la salud pública andaluza. Por desmantelar la sanidad pública y unos objetivos de productividad escandalosos se está poniendo en riesgo la salud de miles de personas”, ha denunciado Luis Rodrigo, parlamentario de Adelante Andalucía, que la semana que viene planteará una cuestión en Pleno al consejero de Sanidad, Antonio Sanz.

“Por dinero estamos echando a perder la salud de los ciudadanos. Está en juego la salud de todos”, ha advertido Ángela Claverol, presidenta de AMAMA, la asociación que destapó el escándalo de los fallos en el cribado del cáncer de mama, antes de pedir “decencia” a la Junta de Andalucía para “no poner reactivos caducados por ahorrarse cuatro duros”. “No hablamos de reactivos caducados: esto interfiere en nuestra salud”, ha explicado Claverol: “Si yo tengo tiroides, con un reactivo caducado puede salir bien o mal, y me van a subir la dosis o no, porque el médico va a entender lo que le diga el análisis”.

Antonio Herrero, de Jubilados del SAS, ha calificado lo ocurrido de “acciones de criminalidad contra la población y la salud pública”. “No es un caso aislado. Se usan de manera perversa los complementos de productividad”.

Investigación de Fiscalía

La Fiscalía está estudiando una denuncia interpuesta por el sindicato CSIF, mayoritario en el hospital, en la que se da cuenta del uso de reactivos caducados o con pérdida de estabilidad (abierto por más tiempo del indicado por el fabricante) en ese laboratorio. La denuncia contiene mensajes de texto (“si sale caducado, no lo tiréis. Yo los aprovecharé en rutina”), fotografías de botes en la nevera del laboratorio con la inscripción que recoge su caducidad y cuatro testimonios de trabajadores o extrabajadores que apuntalan las sospechas de esta práctica, que estaría auspiciada por las dos responsables del laboratorio, según la denuncia.

El uso anómalo de reactivos que imprescindibles para determinar el nivel en sangre de elementos, enzimas o medicamentos cuestiona la fiabilidad de las pruebas analíticas que, a su vez, son claves en el diagnóstico y tratamiento.

Este medio desveló que la unidad fijó como objetivo no tirar los reactivos con pérdida de estabilidad para no superar el presupuesto, y que consiguió reducir su consumo un 30% de un año a otro. La consecución de los objetivos facilita el cobro de los pluses de productividad, que pueden rondar los 15.000 euros para un jefe de servicio o un coordinador.

Denuncias ante Inspección de Trabajo

La llamada a la acción de estas tres entidades reconocibles y con peso en el sistema sanitario andaluz sirve también para arropar a las trabajadoras sospechosas de haber revelado esta práctica y descargarlas de la presión que están sufriendo. A través de CSIF presentaron una denuncia ante la Inspección de Trabajo, que esta semana ha visitado el hospital. Simultáneamente, se está pasando para firma dos documentos, según explican fuentes internas: uno que celebra el buen ambiente en el laboratorio, y otro que reafirma las explicaciones ofrecidas en su día por dos de las trabajadoras del laboratorio, que se grabaron un vídeo junto a gran parte de sus compañeros negando el uso de reactivos caducados.

Mientras, dos trabajadoras señaladas por desvelar esa supuesta práctica denuncian un calvario, con situaciones de “hostigamiento sistemático”, que incluyen menosprecio en público, gestos, comentarios y asignación a tareas sensibles para las que no tienen experiencia. Una de ellas tuvo que comparecer ante un instructor, tras ser citada por un cauce no reglado que provocó que muchos de sus compañeros se enteraran. Seis compañeras la habían denunciado por, según dijeron, grabarlas con el móvil, algo que ella niega. El instructor le advirtió de que podrían sancionarla sin empleo y sueldo de tres a seis meses. Tiene el acta de comparecencia, pero jamás le notificaron ni la apertura del expediente ni la resolución.

“¿Y a la que levanta la mano es a la que hay que hacer daño? Será el gerente el que tenga que pagar con su puesto lo que están haciendo. Las denunciantes nunca deben ser víctimas. Que las dejen en paz y a los cargos intermedios y el gerente que saben lo que se está haciendo, que los quiten o que den la cara”, ha reclamado Claverol, antes de advertir que estas situaciones se repiten en otros centros sanitarios de Andalucía: “Nos llaman profesionales de toda Andalucía y nos cuentan casos terribles, pero cuando les pedimos que lo digan públicamente les da miedo, como a ellas, de que las echen o las manden a un despacho a un sótano”.

El Ayuntamiento de Carboneras ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los recursos impulsados por los tres exalcaldes del municipio, los concejales José Luis Amérigo, Felipe Cayuela y Cristóbal Fernández -este último en calidad de presidente de una asociación- contra el acuerdo de Pleno aprobado el pasado 7 de julio para la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel ubicado en El Algarrobico, de cara a declarar la nulidad del permiso conforme al mandamiento del alto tribunal andaluz.

En un escrito que acompaña los recursos elevados durante el pasado mes de agosto, el Consistorio recuerda que el acuerdo para anular el permiso otorgado a Azata del Sol en enero de 2003 siendo alcalde Cristóbal Fernández con el PSOE se produjo tras una “importante serie de incidencias que nunca fueron imputables al actual alcalde”, Salvador Hernández (CS) sino que obedecieron a una “carencia de medios humanos”.

En sus recursos, los exalcaldes inciden en que la revisión de oficio de la licencia se aprobó sin tener en cuenta los acuerdos adoptados en un pleno anterior, en el que varios ediles apoyaron dejar sobre la mesa la decisión hasta recopilar nuevos informes jurídicos para evaluar el impacto de la medida.

“Línea torticera”

Frente a esta cuestión, desde el Ayuntamiento se incide en que el punto para propiciar la anulación de la licencia del hotel que finalmente se aprobó con el voto de siete concejales tuvo en cuenta la obligación de cumplir con las resoluciones judiciales firmes, conforme instó la Sala de lo Contencioso-administrativo.

“Si ello es de obligado cumplimiento, no parece que tal mandato sea acogido por una serie de personas que detenta funciones tanto en el ámbito privado como público y cuya pretensión es torpedear y sustraerse a la acción de la justicia, utilizando, para ello, el fraude de ley”, apunta el escrito municipal.

Así, desde el Consistorio se alerta de la “línea torticera” que, mediante estos recursos de reposición contra el acuerdo de pleno para anular la licencia de obras, mantienen algunos concejales y personas ajenas a la actual corporación.

“Todos los mencionados recursos accionados presentan, curiosamente, la misma redacción, tanto en sus fundamentos fácticos y jurídicos, como si de un auténtico calco se tratara, incidiendo falazmente en que no se cuestiona el deber del Ayuntamiento de Carboneras de cumplir las resoluciones judiciales sino la regularidad procedimental del Acuerdo plenario de 7 de julio de 2026”, observan desde el Ayuntamiento.

El acuerdo para la anulación de la licencia recibió un cuarto recurso, en este caso, impulsado por Azata del Sol, la empresa promotora del inmueble a la que se concedió el permiso en enero de 2003 para levantar el edificio que, conforme el actual planeamiento general, se asienta en terrenos no urbanizables de especial protección. Dicho escrito no se ha elevado al tribunal.

“Este es un acto político”. Unas palabras contundentes frente al veto de la Universidad de Sevilla (US), que rechazó prestar sus instalaciones para que se celebrara el acto de presentación de la plataforma Feministas frente al Fascismo este jueves por su “connotación política”. Lejos de amilanarse, prendió la mecha del espíritu de las organizadoras, que encontraron en CCOO una rápida respuesta. El espacio, estrenado en Sevilla con más de 200 mujeres, traza sus líneas de actuación frente al auge del negacionismo machista y el fascismo, poniendo especial foco en el tratamiento de la igualdad en Andalucía desde los espacios sanitarios, jurídicos y en la política.

Teresa Alba, presidenta de la Asociación Páginas Violeta y ponente inaugural de la jornada en sustitución de Mercedes Arriaga, directora de la Unidad para la Igualdad de la US, tras la cancelación del evento en la institución académica, sonrió ante sus compañeras que, rápidamente, llenaron el salón de la sede del sindicato y se colocaron en los bancos que se trajeron a la sala o se sentaron en el suelo espontáneamente para escuchar durante la tarde a las expertas en género y diversos ámbitos para tratar el estado de la democracia y en el ámbito de los derechos humanos. Entre aplausos y con nuevos ánimos, Alba tomó las reflexiones de Hannah Arendt para recordar que “el poder no es individual, sino poder de grupo, por eso tenemos que empoderarnos colectivamente”.

La plataforma dio sus primeros pasos en febrero de este año en una cita a la que acudieron 70 personas de distintas índoles, desde los campos sociales, políticos, económicos y sindicales. Un encuentro en el que, sostuvo Alba, se manifestó la inquietud común: “Bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de la mujer se pongan en cuestión”, citando a la filósofa feminista Simone de Beauvoir.

Los tres estandartes del colectivo son la diversidad, la pluralidad y la intergeneracionalidad, como un movimiento en el que la polaridad “está excluida” para evitar “que la violencia siga tiñendo la sociedad”. “Estamos juntas y muy revueltas”, advirtió frente a las amenazas de los grupos ultra, como Vox, que tachan el articulamiento feminista de “chiringuitos”, aunque, como añadió, “la autogestión” es el pan de cada día para aquellas pequeñas asociaciones que intentan ampliar y mejorar sus acciones en el entorno: “Necesitamos el compromiso del activismo feminista para construir una muralla para detener al fascismo, la amenaza más grande a la que se enfrenta nuestra democracia”.

Recortes en materia de igualdad y banalización del lenguaje

Poniendo el foco en la región, la ponencia marco de la periodista y escritora Mercedes de Pablos Candón y la secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO, Vanessa Casado Caballero, situó la controversia política constante en el marco de Andalucía como laboratorio político: la normalización de la extrema derecha. Pero, antes de comenzar, De Pablos tuvo unas palabras para la vecina madrileña de 87 años desahuciada hoy: “Mi nombre hoy es Maricarmen. Las mujeres siempre vamos a estar al lado de quien nos necesita, y recordemos con nombre propio a aquellos que no votan en el Congreso de los Diputados por las medidas para intervenir el mercado sin que se rompa el eje de la Tierra”.

¿Qué ocurre en Andalucía? Al fin y al cabo, no deja de ser un reflejo de lo que ocurre en la esfera internacional y nacional, donde los grupos ultraconservadores o la manosfera se hacen hueco en el discurso mediático y en la deriva democrática hacia estas opciones que, entre otras cuestiones, niegan la violencia machista o asumen el binarismo sexual y de género como la única via posible. “Desde posiciones aparetenemente no reaccionarias consentimos prácticas fascistas que rompen la costra de nuestra convivencia, y hemos dejado que se devalúe la palabra política o ideología”, declaró la periodista, “cuando habíamos conseguido incluir la igualdad dentro de la cartera de los derechos humanos, esta se rompió, y ahora se firman documentos donde a los niños y niñas se les llama menas, se les pone una estrella amarilla en la solapa, sin que esto sea rechazado por el resto de la sociedad”.

A lo que hacía alusión era al acuerdo de gobierno firmado entre Vox y el PP en Andalucía, al igual que en otras comunidades autónomas donde el pacto se ha dado aunque sea con estos principios xenófobos en los que se enmarca la prioridad nacional. “Acusar a quienes ponían los derechos por delante como buenistas fue el primer paso para perder la realidad nombrada, la palabra”, añadió, para lo que situó al feminismo como “el movimiento más radical de emancipación” y la “solución para salvar a la democracia”.

Entrando en materia, la representante de CCOO señaló varias prácticas cuestionables dentro de la administración pública, concretamente, en el Ayuntamiento de Sevilla, responsable de que la Oficina antiaborto cumple su segunda legislatura tras la cesión del PP a las peticiones de Vox o que haya una reducción de centros dedicados al diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual (ETS) mientras que se rechaza la reincorporación de los manuales de educación afectivosexual en los centros educativos de la capital hispalense.

Todo ello, afirmó, en un momento en el que se mantiene la financiación de grupos antiabortistas, como Red Madre, y “se lleva a la irrelevancia al Consejo Municipal de la Mujer y, también, al de LGTBI”. “Sevilla es un buen ejemplo del laboratorio político que, en lo micro, va en consonancia con la estrategia macro del fascismo”, aseveró. En este punto, su compañera de mesa reafirmó que, cuando se recorta en el apoyo al asociacionismo local, “se está dando un paso para aislar a las posibles víctimas de violencia de género, ya que el asociacionismo saca a estas mujeres de las casas y evita que el maltratador las aísle de su entorno”.

El derecho al aborto en Jaén y el sistema jurídico

Una de las grandes preocupaciones desde lo sanitario es la falta de cobertura para ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en Jaén. La filósofa y portavoz de Mareas Blancas Sevilla, Rocío Martín, hizo hincapié en que el deterioro del sistema público se evidencia cuando lo recogido en la ley no implica que su cumplimiento se vaya a ejercer. “Las mujeres en Jaén están desesperadas: tienen que desplazarse sí o sí, y los únicos tres casos que se han practicado en el hospital universitario fueron aquellos en los que la vida de la mujer corría peligro y, por tanto, era un problema médico, pero, en ningún caso, fue por una decisión libre tomada en las primeras 14 semanas de embarazo”.

Esta controversia, para la que el Defensor del Pueblo Andaluz también ha pedido explicaciones, deriva en un empobrecimiento tanto de las afectadas como de su red, además de la “vergüenza” a la que se ven sometidas. “Si existe una ley que reconoce y garantiza este derecho, ¿por qué las mujeres de Jaén no pueden ejercerla en las mismas condiciones de igualdad que el resto de mujeres?”, zanjó, en un momento en el que, también, la sanidad ha golpeado fuertemente a las mujeres, como ocurrió ahora hace casi un año con la crisis de cribado de cáncer de mama.

Además, para esta legislatura hay un cambio sumamente significativo: Justicia queda en manos de Vox y, tras la polémica suscitada por su nombramiento, las unidades de valoración de género serán examinadas por el líder andaluz del partido Manuel Gavira, consejero del ramo y vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía. Mientras el Ministerio de Igualdad pedía explicaciones al presidente andaluz Juanma Moreno por esta decisión que deja a la ultraderecha un organismo indispensable para la evaluación de las víctimas de violencia machista, desde el encuentro de Feministas frente al Fascismo, Amparo Díaz, abogada experta en la materia, ponía el dedo en la llaga.

“Hemos pasado en diez años de un sistema que se esforzaba en llevar a cabo una justicia igualitaria a una situación actual en la que, si se esfuerza alguien, le hacemos la ola”, manifestó. Desde los turnos de oficio, “infrafinanciados y con un personal sobresaturado”, aludió al mal presente en los tribunales andaluces: “Tenemos a médicos forenses negacionistas en las unidades de valoración, al igual que a jueces o juezas que niegan la violencia de género o a abogados que son maltratadores”, señaló.

“La falta de dotación, capacidad, interés, y el uso reiterado de procedimientos judiciales para maltratar a las víctimas” son los fallos más acuciantes a resolver, ya que, como indicó, “los maltratadores ya lo saben y, en este maltrato institucional, no podemos exigir a las víctimas que denuncien, sino que tenemos que organizarnos desde fuera”.

Llamando a la acción colectiva, Díaz invitó a las participantes a hacer uso de diversas herramientas, como la Ley de Transparencia, para fiscalizar y examinar la actuación de los poderes públicos y, sobre todo, a no darse por vencidas. Como ocurre con María Jesús Correa, abogada feminista y expresidenta de la Asociación Derecho y Democracia, cuyo trabajo conjunto con otras 17 letradas ha llevado a que el Tribunal Supremo admita el recurso que interpuso para que se dirima si el uso del nombre Colegio de Abogados de Sevilla, en vez de Abogacía, es o no discriminatorio. Un hito para este grupo, que lleva ya una década pleiteando este caso. Marcadas por “el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad”, Feministas frente al Fascismo abanderó la esperanza como un acto de resistencia desde Sevilla.

Controversia por el veto de la US

La crítica hacia la gestión de la Universidad de Sevilla marcó el curso de la jornada. Todas y cada una de las ponentes de Feministas frente al Fascismo señalaron la decisión del equipo de gobierno y a su rectora Carmen Vargas. “La rectora representa a la US, pero ni es suya, ni de los profesores, solo y únicamente, sino de toda la comunidad. Por lo tanto, como dijo Unamuno, ni convence, ni espero que convenza nunca”, lanzó Mercedes de Pablos.

A raíz de lo ocurrido, Casado, como secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO, explicó en declaraciones a este medio que la acogida por parte del sindicato se dio con tanta celeridad como respuesta para “siempre y cueste lo que cueste, promover aquellas iniciativas que quieran proteger la democracia”. “Este es un acto esencial en el que se habla de la erosión de los sistemas democráticos y de cómo enfrentarse a ellos desde el feminismo, y nos ha sorprendido la actitud de la Universidad de Sevilla, es grave y muy preocupante, pero creemos que es sintomática de los tiempos a los que nos enfrentamos”, enfatizó.

Al respecto, no ha habido explicaciones por este cambio de parecer en el último momento y aclara que, aún siendo un acto político, no se trata de un “acto partidista”. “Entendemos que un acto dedicado a hacer apología del terrorismo o a promover el machismo o una propuesta xenófoba no encaja dentro del marco institucional, pero son legítimos el feminismo y la posición contra el fascismo”, remarcó. “No quisiéramos llegar a pensar que la equidistancia sea la manera en que la US tenga que, quizá, protegerse de los problemas graves que tiene ahora”, en referencia a la infradotación presupuestaria que afronta el sistema público universitario, en el que la US ha hecho sus reclamaciones y cuyo interlocutor es ahora PP y Vox.

“Entre la universidad pública y la privada no solamente hay una diferencia en que tu hija se lo pueda pagar, sino una diferencia del concepto del espacio”, planteó Casado, “la universidad pública sirve para defender los derechos, la conciencia crítica y las posiciones democráticas, es algo a lo que no puede renunciar”.

El pasado 4 de julio, Juanma Moreno y Manuel Gavira comparecieron juntos, por primera vez, para firmar un acuerdo de Gobierno de coalición PP-Vox en Andalucía, que incluía 150 medidas, entre ellas, un replanteamiento general de las subvenciones públicas a sindicatos, ONG y ayudas a la cooperación internacional.

“Se acabaron las mariscadas a costa de los andaluces. Los recursos públicos deben destinarse exclusivamente a atender las necesidades de los ciudadanos”, dejó escrito ese día el líder regional de Vox, que días después juraría el cargo como vicepresidente primero de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.

A Gavira se le ha vuelto ese tuit en contra, como un boomerang lanzado con la furia de las redes sociales, al trascender que su propio departamento -la Empresa Pública para la Gestión del Turismo de la Junta- contribuyó con 18.000 euros (IVA incluido) a costear la polémica gala privada que tuvo lugar el pasado jueves en la Plaza Virgen de los Reyes, a los pies de la Giralda de Sevilla.

A la cena privada, donde se sirvió de segundo “una mariscada”, asistieron como invitados de honor el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y tres altos cargos de Vox: el secretario general de Desregulación de la Junta, Juan Antonio Aguado, la diputada nacional Reyes Romero y la senadora María Pastor. El evento consistió en la celebración de los 20 años de vida de la revista de sociedad Escaparate, y tuvo el patrocinio del Ayuntamiento y de la Junta, ambas administraciones del PP, que aportaron 36.000 euros brutos, dos contratos menores de 18.000 euros cada uno.

El asunto ha levantado una polvareda política, no sólo porque una cena privada para 400 invitados de la alta sociedad sevillana se haya pagado con dinero público, sino porque el Consistorio hizo uso de una cláusula excepcional de la ordenanza municipal de ocupación de espacios públicos del Conjunto Histórico, que permitió saltarse la prohibición expresa de celebrar eventos privados en las plazas Virgen de los Reyes y Virgen del Triunfo, espacios contiguos a la Giralda, la Catedral, los Reales Alcázares y el Archivo General de Indias, monumentos Patrimonio de la Humanidad desde 1987.

La oposición de izquierdas ha llevado la polémica al Pleno del Ayuntamiento -donde se ha topado con la contradicción de que el anterior alcalde, el socialista Antonio Muñoz, autorizó y participó el mismo evento en otra céntrica plaza de Sevilla (San Francisco, también próxima a la Giralda)- y al Parlamento de Andalucía.

Aquí, los diputados de PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía han criticado la “hipocresía” de los miembros de Vox, por denunciar las “mariscadas hasta que son ellos las que se las comen”. “Parrillada de primer plato y mariscada de segundo”, ha subrayado el parlamentario de Por Andalucía, Rafael Sánchez Rufo. “Los bien pagados. Los de las mariscadas. En Vox no tienen ninguna credibilidad. Maldita hemeroteca”, abunda la portavoz socialista, María Márquez. “Ahora les gustan los sillones y las galas para famosos, ricos y horteras”, ha dicho el líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García.

En su turno, el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Rodrigo Alonso, ha tratado de explicar el viraje de su partido en este asunto. “Esto no tiene la menor importancia. Todas las consejerías dan un dinero en promoción, se ha hecho como siempre se viene haciendo. Esto no choca contra nuestros postulados y nuestros principios, de que hay que dedicar el dinero público para lo verdaderamente importante, para nada”, ha subrayado Alonso.

El diputado almeriense ha dicho que “con todo lo que está cayendo en el mundo, que el gran problema sean 18.000 euros... Con el gasóleo a 1,80 euros, y con explotaciones agrarias que se están planteando ni plantar ni recolectar, esto no tiene ningún tipo de importancia”.

La empresa responsable de esta polémica gala se llama 'Sevilla por la gracia de dios, S.L' y ha recibido en años anteriores contratos similares por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía. El director de la revista Escaparate y promotor de la gala y la entrega de premios, Mario Niebla, ha cifrado el coste total del evento en 150.000 euros, de los que en torno al 20% lo habrían pagado las dos administraciones en calidad de promotores. El evento, con 400 invitados, también contaba con el patrocinio de 23 marcas y otras 24 entidades colaboradoras.

En declaraciones a los medios, Niebla ha asegurado que fue el propio alcalde de Sevilla quien le propuso celebrar la gala en la Plaza Virgen de los Reyes, y que la Diputación de Sevilla, que preside el líder del PSOE en la provincia, Javier Fernández de los Ríos, también colaboró cediéndole sus instalaciones de la Casa de la Provincia, en la misma plaza, como “camerinos y aseos para que los músicos que actuaron en el evento”.

Desde la Diputación de Sevilla matizan que esa propuesta de cesión, por escrito, no llegó a firmarse porque el promotor del evento no lo aceptó. “La Casa de la Provincia fue solicitada por la entidad interesada, pero no fue utilizada para los Premios Escaparate ni para ninguna actividad relacionada con dicho evento. Las instalaciones cerraron al público a las 21:00 horas y permanecieron cerradas hasta la mañana siguiente, sin que fueran empleadas como vestuario, zona de apoyo logístico ni para ningún otro fin vinculado a los Premios Escaparate. En consecuencia, no hubo uso efectivo alguno de la Casa de la Provincia por parte de la organización ni de los participantes del evento”, sostiene la institución en un comunicado.

El pasado noviembre, todos los partidos de la oposición al Gobierno votaron en el Parlamento a favor de la creación de una comisión de investigación sobre el escándalo de los cribados de cáncer de mama, la crisis política que más ha zarandeado a Juanma Moreno desde que es presidente. La mayoría absoluta del PP tumbó la iniciativa.

Diez meses después, el PP ya no tiene mayoría absoluta, pero cuenta con un socio de Gobierno, Vox, que este miércoles ha confirmado que votará en contra de la misma iniciativa que entonces apoyó. PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía han registrado hoy en el Parlamento la misma propuesta para crear esa comisión de investigación sobre los diagnósticos tardíos de cáncer de mama, que afectaron a más de 2.000 mujeres (según cifras de la Junta) y se cobró el cese de la consejera de Salud y todo su equipo.

La iniciativa conjunta de las izquierdas nace de una petición expresa de AMAMA, la asociación de mujeres con cáncer de mama de Sevilla que destapó el escándalo, y que pidió a todos los grupos que fueran de la mano. Su presidenta, Ángela Claverol, ha acompañado esta mañana hasta la puerta del registro de la Cámara a la portavoz socialista, María Márquez, el líder de Adelante, José Ignacio García, y el de Por Andalucía, Antonio Maíllo.

Pero, a la vez que entraba en registro la propuesta de creación de una comisión de investigación por la crisis de los cribados, el portavoz adjunto de Vox en la Cámara, Rodrigo Alonso, dejaba claro el viraje de 180 grados que ha dado su partido tras entrar en el Gobierno de coalición con el PP. En la negociación entre ambos partidos, Moreno llegó a ofrecer a la ultraderecha la creación de una comisión de investigación sobre los cribados si consentían en ser un socio externo y quedarse fuera del Consejo de Gobierno.

Pero Vox exigió entrar y ahora, con su líder como vicepresidente primero de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, han desistido de fiscalizar la gestión de la crisis de los cribados de cáncer que tanto denunciaron desde la oposición. “Nosotros no somos muy de comisiones de investigación”, ha explicado Alonso en rueda de prensa, tras asegurar que “ya sabemos lo que pasó” y que su partido no se prestará “al postureo” de los partidos de izquierdas.

“Vox siempre ha exigido que haya transparencia, que se diga cuál fue el fallo. Pero los partidos de la izquierda van a manosear todo lo posible este tema para sacar rédito político, y no nos vamos a prestar a eso. En diez meses ya se ha descubierto dónde estaban los fallos y ya se han puesto sobre la mesa las respuestas. En su día tenía sentido, ahora ya no”, ha abundado Alonso. Preguntado por qué, entonces, su grupo seguía exigiendo a Moreno explicaciones sobre la crisis de los cribados hace tres meses, en campaña electoral, el diputado almeriense ha aclarado que la fórmula en la que estaban pensando en ese momento no era ya una comisión de investigación parlamentaria.

La próxima semana se cumple un año desde que estalló el escándalo de los cribados de cáncer de mama, la mayor crisis política que ha golpeado al Gobierno de Moreno, con cientos de mujeres en las calles, mostrando sus pechos cortados, y gritando “Bonilla dimisión”. El presidente de la Junta cesó a la consejera de Salud, Rocío Hernández, y a todo su equipo, y perimetró la crisis en una sola unidad del hospital Virgen de Rocío de Sevilla, el más grande de Andalucía.

Las izquierdas también han presentado una propuesta de declaración institucional en solidaridad de las víctimas de la crisis de los cribados, frente al PP, que propuso antes un mismo posicionamiento político del Parlamento sobre la crisis migratoria de Ceuta. El portavoz popular en la Cámara, Toni Martín, ha criticado al PSOE por volver a traer “el manoseado cribado de cáncer de mama”. Martín ha recordado que los socialistas centraron toda su campaña electoral en este asunto y el resultado fue “el mínimo histórico” para este artido. “Han manoseado a mujeres con cáncer de mama y han hecho mucho daño a una asociación, instrumentalizando este asunto”, concluye.