Que el celuloide atlántico viene teniendo en los últimos años un marcado acento femenino, es algo que los cinéfilos conocen bien, y que ese termómetro privilegiado que es el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ha confirmado rotundamente en sus últimas ediciones. En la que está a punto de inaugurarse este viernes, la número 52, la mitad de la programación está integrada por directoras, muchas de ellas firmes candidatas al Colón de Oro. Asimismo, el galardón de honor del festival recaerá este año sobre la actriz chilena Paulina García, ganadora del premio Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín y premio Platino por su interpretación en la película Gloria, de Sebastián Lelio.

Así lo ha dado a conocer la organización encabezada por el director del certamen, Manuel H. Martín, quien invita al público a disfrutar del centenar de títulos que se proyectarán del 13 al 21 de noviembre en la capital onubense, con entradas que pueden adquirirse online desde el pasado martes, y de forma presencial a partir de este jueves.

Según Martín, “afrontamos esta 52 edición con una programación una sección oficial con doce estrenos nacionales de películas que compiten por el Colón de Oro a la Mejor Película que combinan cineastas con trayectoria y nuevas voces con mucho que contar”, con producciones que han pasado por festivales como Berlín, Locarno o Toronto, además de El mundo de Gugu, de Allan Deberton, la película seleccionada por Brasil para competir en los Óscar. “Esa es una de nuestras principales responsabilidades: acercar un cine de calidad, con miradas y propuestas diferentes, y contribuir a que encuentre nuevos espectadores”.

Jurado Oficial

Así, la Sección Oficial reúne títulos como Después de Elena, de Shawn Garry; Las flores de Julia, de Cris Tapia Marchiori; A margem do rio, de Matheus Farias y Enock Carvalho; La vida es, de Lorena Villarreal; Soy Mario, de Sharon Kleinberg; o Funk, de Aly Muritiba. Completan la selección Los días libres, de Lucila Mariani; Quatro meninas, de Karen Suzane; Matapanki, de Diego ‘Mapache’ Fuentes; Pepita la pistolera, de Lucía Puenzo; El bovino de los cuernos curvos, de Omar E. Ospina Giraldo; o la citada El mundo de Gugu. Fuera de concurso se proyectarán El deshielo, de Manuela Martelli, y Chicas tristes, de Fernanda Tovar. El Jurado Oficial encargado de decidir el palmarés estará integrado por la directora y guionista onubense Remedios Malvárez, la guionista, productora y directora portuguesa Ana Luísa Oliveira y el periodista Moisés Rodríguez.

En cuanto a la Sección Acento. Cine Español, competirán por el premio a la Mejor Dirección Española La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, candidata española al Oscar a la Mejor Película Internacional de 2027; Lejos de los árboles, de Meritxell Colell; Ruega por nosotras, de Daniel Monzón; Jaleos, de Isaki Lacuesta; Viva, de Aina Clotet; y Yo no moriré de amor, de Marta Matute. La sección incluirá fuera de concurso Ceniza en la boca, de Diego Luna, y El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen.

También los espectadores otorgarán el Colón de Plata a la Mejor Dirección Andaluza, sección en la que concurren 200 vidas. Paco Rabal, de Vanesa Benítez; Anguita. El hombre de los tres siglos, de Hugo Cabezas; Califato ¾. Bale el êffuerço que emo exo, de Silvia Moreno y Daniel Llamas; Plus Ultra, de Elías Pérez; y Todos los días domingo, de Abraham López Feria. Fuera de concurso, Talento Andaluz contará con Back in time!, de Manuel Bellido y Sigfrid Monleón; Landa, de Gracia Querejeta y Miguel Olid; y El pezón de Elena, ópera prima del realizador onubense Esteban Magaz, interpretada por Silvia Acosta y Roberto Álamo.

La programación incluye asimismo 31 cortometrajes repartidos entre las secciones oficiales nacionales e internacionales, Talento Andaluz y Pantalla Huelva. Cabe recordar que el certamen es calificador para los Premios Goya en la Sección Oficial de Cortos Nacionales y para el Premio Ibershorts en las Internacionales Iberoamericanos.

Dimensión educativa

Por su parte, Amaia Salamanca (Sin tetas no hay paraído, Gran Hotel, Velvet) y Patrick Criado (Antidisturbios) recibirán sus Premios Luz, patrocinados por la Fundación Atlantic Cooper, durante la gala inaugural que tendrá lugar este viernes en el Palacio de Congresos de la Casa Colón, en el transcurso de una gala presentada por Toñi Moreno en el que está prevista la actuación de Pastora Soler.

Reconocimientos que se sumarán al Premio al Cineasta Andaluz, que entregará RTVA al actor Sebastián Haro. La Gala de Clausura, presentada por Adolfo Zarandieta, contará con la participación de los actores Omar Banana y Lucía de la Fuente, la actuación musical de la cantaora onubense Regina y se entregarán los premios del Palmarés Oficial.

“Queremos que el espectador se sienta parte del Festival, que descubra películas y participe activamente”, manifiesta Manuel H. Martín, para quien “las secciones Acento. Cine Español y Talento Andaluz, cuyos premios decide el público, refuerzan esa relación y nos permiten reunir algunos de los títulos españoles más destacados del año junto a propuestas que nacen de nuestra tierra”.

Incide el director del decano de los festivales andaluces en la dimensión educación de la cita onubense. “La mirada al futuro pasa también por la educación. Miles de escolares participarán en actividades educativas como Primera Pantalla, Cine y Valores y Ventana Cinéfila. Queremos despertar la curiosidad por el cine desde edades tempranas y ofrecer herramientas para comprender las imágenes y reflexionar sobre las historias que cuentan”, subraya.

Agrega a renglón seguido que “llegar a la edición 52 nos anima a seguir trabajando con esa ilusión y con el compromiso del equipo, las instituciones y las entidades colaboradoras que hacen posible el Festival. Su implicación permite ofrecer una programación de calidad y mantener un Festival cercano a la ciudad, abierto a la industria y conectado con las cinematografías de ambos lados del Atlántico”.

Hay más toneladas gracias a una mejor cosecha, pero el sector andaluz pone las barbas en remojo. La medida extraordinaria para retirar el 12% del excedente de aceite de oliva para evitar el desplome de los precios responde a, por una parte, “estabilizar” precios para el consumidor de cara a futuras crisis a causa de la sequía o a las lluvias torrenciales provocadas por la crisis climática y tirar de esa forma de las reservas para evitar el encarecimiento excesivo y, por otra, a ajustar los costos para que no le salga a pérdidas al productor. Dos caras de una misma moneada que, desde Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, defienden: “Con eso no se puede vivir”.

El Gobierno central decretó la retirada de 188.000 toneladas el pasado 30 de octubre a través del artículo 167 bis, una herramienta que ha sido sacada del sector vitivinícola, para el que nunca ha sido aplicada, y que se aplicó por primera vez con sendas reacciones en la esfera política y otros segmentos productivos. Al respecto, Cristóbal Gallego, presidente regional de aceite de oliva de Cooperativas, indicó este jueves en un encuentro informativo con medios, que aspiraban a más: “Pedimos al Ministerio de Agricultura otro cálculo para elevar el porcentaje al 20% a todo el mundo, sin excepción” y, al mismo tiempo, adelantar la reserva a octubre en vez de retrasarla a noviembre.

Esta es la primera vez que se decreta la retirada de aceite, aunque ya en la campaña de 2025-2026 se estuvo a punto de acometerla. En esta ocasión, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido que la activación de ese mecanismo por los “riesgos” que plantea para la competitividad y los propios consumidores, además del posible encarecimiento del producto y la reducción de su variedad y calidad. Por su parte, la industria envasadora ha anunciado que volverá a presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiciencia Nacional.

Calidad, competitividad y garantía de precios

No obstante, Rafael Sánchez de Puerta, presidente de aceite de oliva nacional de Cooperativas, incidió en tres aspectos relativos a la medida. De un lado, remarcó que afectaba a “todos los productores, sin excepción” y para lo que “cada operador decide el aceite que inmoviliza”, teniendo en cuenta que “todas las almazaras tienen lampante” por lo que no se dañaría la calidad la calidad final; a su vez, habló de una mayor competitividad de cara al próximo año, ya que, de todas formas, “iba a haber más volumen sin vender”; y, en tercer lugar, resumió la propuesta como “garantista” para el consumidor de cara a “la estabilización de precios” para “futuras campañas que sean escasas”.

Ya en octubre, con una producción de 70.000 toneladas, Gallegó cifró que se sumaban a las 135.000 toneladas de salida. Los precios se situaban, expuso, en 2,80 euros para el lampante y 3,20 euros para el extra virgen: “El productor con eso no puede vivir, le ha costado mucho más que lo que el mercado quiere pagar el producto”, en un contexto marcado “por la climatología y un cambio climático” que, en esta ocasión, ha provocado un excedente.

¿Cuáles son los números actuales? En Andalucía, la superficie destinada al olivar alcanza las 1,6 millones de hectáreas, de las que un 96% están dedicadas a variedades destinadas a almazara y un 4% (alrededor de 66.000 hectáreas) a las variedades de aceituna de mesa, según los datos disponibles de Cooperativas. Para la campaña 2026/2027, se prevé 1.602.509 toneladas (un 23% más que en 2025/2026), de las que 1'2 millones son de origen andaluz (alrededor de un 78% nacional, y donde ganaría Jaén frente a Córdoba y Sevilla).

Además, una cifra de la que saca pecho la entidad es que el 63% del aceite de oliva producido en España tuvo origen en almazaras cooperativas, es decir, unas 822.000 toneladas. En Andalucía, Cooperativas Agro-alimentarias integra un total de 332 cooperativas olivareras que facturaron alrededor de 4.301 millones de euros en 2025. En cuanto a la aceituna de mesa, se produjeron unas 572.000 toneladas en todo el país, de las que 466.000 fueron de origen andaluz, casi un 81% del total (con Sevilla, Córdoba y Málaga en el pódium).

“Es un modelo por el que apostamos para que se conozca y que la sociedad lo valore”, subrayó Jaime Martínez Conradi, director general andaluz de Cooperativas, “el sector tiene que liderar y no podemos ser moneda de cambio, como ha ocurrido en Mercosur, más cuando somos un modelo que no se deslocaliza”. Para ello, pide ganar en innovación, al igual que en variedades y “acortar las distancias la distribución entre los productores, que son el eslabón más débil de la cadena, y los consumidores”.

Túnez y Marruecos, los principales competidores

Entre las amenazas al sector están los aranceles de Estados Unidos, en torno al 10%, que sigue repercutiendo en las exportaciones de aceituna de mesa, con un déficit del 8% en exportaciones durante la campaña 2025/2026 y pérdidas en torno a los 30 millones solo en este país, pese a que en Bélgica, México, Ucrania y Rusia hay una mayor penetración en el mercado. De ahí que el desarrollo del mandato de Donald Trump sea analizado por los productores agroalimentarios. Sin embargo, el elevado coste de producción, como el encarecimiento del combustible o la inflación a causa de los conflictos internacionales, terminan por afectar al productor en origen, detalló Gallego Martínez.

De igual forma, el despunte de industrias dedicadas al olivar en otras áreas continentales también supone una amenaza para el agro español: “Túnez lleva durante todo el año vendiendo el aceite de oliva un euro más barato que en España y a los importadores que no les importa el origen, les sale más rentable; mientras que Marruecos ya ha dado entrada a la Unión Europea 30.000 toneladas este año”. Aprovechando que el consumo mundial de aceite de oliva aumenta, la cooperativa se esfuerza en alentar “cambios de habítidos de consumo” hacia la dieta mediterránea y estándares más saludables, donde el producto andaluz tiene hueco para diferenciarse de sus competidores.

Un punto, hablando de comercio internacional, para hacer hincapié en que las entidades del sector primario no tienen competencia ni mandato para influir en los acuerdos del mercado europeo: “Muchos decían que retiráramos las 200.000 toneladas del comercio exterior, pero es algo en lo que no tenemos capacidad de decisión”, atendiendo que las reglas del mercado común europeo se acuerdan desde la Comisión Europea, de acuerdo con el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, y afectan al conjunto de los 27 países miembros, aunque España tenga este bache.

“Tenemos que dar confianza a los consumidores”

Ante otro tipo de ataques, Rafael Sánchez criticó la “demagogia” utilizada: “No lo entendemos. No podíamos terminar la campaña sin aceite y hundiendo los precios. En todo caso, tenemos que dinamizar el sector y dar confianza a los consumidores”. Con ello, se refería a que, en un momento en que el mercado está tensionado por las diferencias entre la oferta y la demanda, donde el consumidor espera a que se produzcan los precios más bajos y no compra, el productor no puede colocar el aceite y, por tanto, a la pérdida de los recursos.

Los obstáculos para el desarrollo del olivar andaluz siguen siendo prácticamente los mismos que en la campaña anterior: falta de mano de obra, un “problema endémico”, como lo denominó Gabriel Cabello, presidente nacional de la sectorial de aceite de mesa en Cooperativas Agro-Alimentarias, para lo que exigió la regularización de los trabajadores del campo y mejorar las condiciones de las peonadas desde la administración. También, la falta de agua en el olivar de secano, que corresponde a un 70% de las cosechas y para el que se requieren inversiones “urgentes”.

La reforma de la PAC y contra la “nacionalización” del presupuesto

Asimismo, se pidió endurecer los umbrales de calidad para la entrada de producto exterior y mejorar los controles y la trazabilidad en los países de origen, demandas más que discutidas con Mercosur, y una batalla que está por librar: la reforma de la Política Agraria Común en los próximos presupuestos plurianuales de la Unión Europea.

Al tanto, el director general Jaime Martínez recordó que el borrador contempla un recorte del 20% de las ayudas comunitarias a los países y la implantación de un nuevo modelo que “nacionaliza” el reparto de las subvenciones. Es decir, el planteamiento sería el siguiente: en vez de marcar una serie de gastos que debe hacer cada país de forma obligatoria a partir del dinero que dispone la Unión Europea en sus partidas presupuestarias, cambia a que sea cada estado miembro el que decida cuánto y de qué forma emplear los fondos que reciben.

“No nos gusta y facilita a que haya una competencia desleal entre países”, manifestó, uniéndose al malestar de un sector que planea protestas a lo largo y ancho del continente y para lo que, en esta ocasión, cuentan con el apoyo de la Junta de Andalucía, dado que el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, acudió a Bruselas para solicitar una política agraria europea “fuerte y estable”.

No obstante, y preguntado por los recortes del 42% que hay en los presupuestos andaluces de PP y Vox para este 2027 con relación al campo andaluz y la sostenibilidad cuando la crisis climática y la extinción de los fondos europeos marcan el devenir del sector, Martínez comentó que plantearían el parecer de la entidad el lunes en sede parlamentaria y que, en todo caso, esperaba que la administración facilitase y diferenciase con incentivos al modelo cooperativo.

El gigante Deoleo

La industria andaluza respiró cuando el 5 de noviembre se anunció que las cooperativas Dcoop y Acesur se quedarían con Deoleo. Entre las dos, se repartirán el 50% de la marca emblemática, para lo que, calificó Sánchez de la Puerta, ha sido un proceso “muy largo” en el que ha habido que “buscar encajes” que satisficieran a todas las partes.

A partir de este momento, se da un período de entre seis meses y un año para que se ajusten todos los requerimientos, aunque, desde Cooperativas, adelantan que “hay esperanzas de que sea antes”. Preguntados por el mantenimiento de la plantilla, Sánchez de la Puerta afirmó que “se reabsorbe” este tejido industrial y, por el momento, no hay reajustes contemplados. A su vez, remarcaron que hay “seguridad” y que el objetivo final se ha cumplido: “Ha quedado en manos de empresas españolas”.

COAG y UPA también denuncian precios “de ruina”

En un comunicado, las organizaciones agrarias COAG y UPA han criticado los precios “de ruina” con los que ha arrancado la nueva campaña de comercialización del aceite de oliva. Las cotizaciones en origen se sitúan en el entorno de los tres euros por kilo, una cifra que no cubre los costes de producción de la mayoría de las explotaciones de olivar tradicional, por lo que exigen un mayor control para evitar la firma de contratos a pérdidas.

Tanto COAG como UPA coinciden en que estas cifras reflejan un adelanto generalizado de la recogida de la aceituna y una clara apuesta de los productores por los aceites Premium de máxima calidad. Este adelanto responde, además, al temor de que los precios sigan cayendo y a la posibilidad de que se repitan temporales de viento y lluvia que, como ocurrió el año pasado, tiren el fruto al suelo provocando cuantiosas pérdidas; una línea que se alinea con los expuesto desde Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía desde Sevilla.

El proyecto de ley de Presupuestos andaluces para 2027, bajo el sintagma de la “prioridad nacional” pactada por PP y Vox, ha superado este miércoles el primer trámite parlamentario, el debate de las enmiendas a la totalidad impulsadas por la oposición al Gobierno de Juanma Moreno.

Pero, en realidad, no ha sido un debate, sino una suerte de monólogo de las fuerzas que sustentan al Ejecutivo andaluz en una Cámara medio vacía por la huelga general, tras el plantón “reivindicativo” que han dado las tres izquierdas: PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía.

De los 109 parlamentarios han asistido 66 [PP tiene 53; Vox 15, han faltado dos] y han causado baja los 41 de la oposición: 28 parlamentarios socialistas, los ocho de Adelante y los cinco de la coalición Por Andalucía, que se han ausentado para apoyar los paros de los trabajadores y defender las políticas progresistas que inspiran la primera huelga general en 14 años, convocada 48 horas antes del arranque de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

La actividad normal de la Cámara legislativa también se vio alterada por el paro de sus trabajadores: de los 183 empleados fijos, el letrado mayor estableció unos servicios mínimos de 29 personas, y otros 40 hicieron huelga, un 26% del total.

Así las cosas, el Parlamento andaluz ha vivido una jornada histórica y, a ratos, surrealista, con las fuerzas del Gobierno implantando sus decisiones políticas ante una oposición invisible. Y la sesión plenaria de hoy estaba cargada de contenido altamente polémico, no era un Pleno ordinario en el que sólo se sustancia el debate de totalidad de las cuentas andaluzas.

En ausencia de sus rivales políticos, PP y Vox han aprobado una reforma exprés de la Ley de la Cámara de Cuentas, que dejará fuera a Adelante Andalucía del órgano de control externo de las cuentas públicas, con el objetivo de preservar su mayoría absoluta en esta institución.

Los partidos del bloque conservador se han puesto de acuerdo para suprimir un párrafo de un solo artículo de dicha ley, de 1988, que obligaba a adaptar la composición de la Cámara de Cuentas al resultado de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, una reconfiguración que cedía la mayoría al bloque progresista, con capacidad para fiscalizar más las cuentas de la Junta.

El Parlamento también ha votado este miércoles de huelga general los nombramientos de la nueva Defensora del Pueblo Andaluz y la renovación del director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA). Esta votación ha sido en urna. Pero, una vez más, sólo han votado los diputados de PP y de Vox, que han sido llamados uno a uno, pasando por delante de los asientos vacíos de toda la oposición.

La recién elegida Defensora del Pueblo Andaluz -primera mujer que ostenta el cargo- es Marta Bosquet, expresidenta del Parlamento durante el primer mandato de Moreno, exdirigente de Ciudadanos durante su Gobierno en coalición con el PP, y reabsorbida como alto cargo del último Ejecutivo de mayoría absoluta popular, tras la extinción del partido naranja.

Las izquierdas no estaban en la Cámara para subrayar lo que venían denunciando días antes: que es la primera vez que el nombre del Defensor del Pueblo Andaluz no se negocia con el resto de grupos, porque su designación requiere una mayoría de tres quintos de la Cámara, pero PP y Vox ya suman ese margen, de modo que no necesitan los votos de la oposición.

También ha sido nombrado, por tercer mandato consecutivo, el director de Canal Sur, Juan de Dios Mellado, sólo con los apoyos de PP y Vox. 48 horas antes, el PSOE había exigido su dimisión por asistir al mitin de Alberto Núñez Feijóo y de Juanma Moreno en Málaga, el pasado domingo.

Mellado explicó que había sido “invitado” como cargo institucional, pero luego el número dos del PP andaluz, Antonio Repullo, aseguró que el jefe de la RTVA había asistido a título personal. “Era un mitin abierto, es libre de ir donde le parezca”. Paradójicamente, el momento de su nombramiento en el Parlamento coincidió con que la emisión de Canal Sur se había ido a negro como consecuencia del seguimiento de la huelga de parte de sus trabajadores.

Las izquierdas han priorizado el apoyo a la huelga general que la defensa de sus enmiendas contra las políticas del Gobierno de Moreno, dibujadas en la ley de Presupuestos. PP y Vox, que controlan el Parlamento con una mayoría de más de tres quintos, consideran que el paro convocado por los sindicatos es “electoralista” y se han negado a cambiar el orden del día, como se ha hecho en el pasado, cuando el presidente de la Junta tenía agenda en Bruselas o asistía a un partido de fútbol de un equipo andaluz en competición europea, o cuando la consejera de Hacienda, Carolina España, se ausentó para estar en la feria internacional del turismo en Londres.

La líder del PSOE andaluz y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, pedía posponer el debate presupuestario a este jueves para evitar que coincidiera con la huelga. Moreno movió el Consejo de Gobierno del martes al miércoles, día de los paros, pero la presidenta de la Cámara, la popular Ana Mestre, rechazó de plano retrasar 24 horas el debate de totalidad.

Las enmiendas de la oposición han sido debatidas y votadas sólo por los partidos que las rechazan. Iban a decaer de todas formas, porque las izquierdas están muy lejos de la mayoría absoluta que suman PP y Vox. Pero que el resultado fuera previsible es secundario. En este Pleno tan atípico, el mayor mensaje político era el plantón de las izquierdas, alineadas con una huelga general que parece interpelar más a la oposición -responsable de tumbar los decretos de vivienda en el Congreso- que al propio Gobierno.

Así ha discurrido la sesión, con más eco de lo normal en las paredes del salón de plenos, porque la mitad de la Cámara estaba vacía. Con la consejera de Hacienda lanzando reproches y señalando con el dedo a una bancada sin un solo diputado. Y con los parlamentarios de PP y Vox aplaudiéndose a sí mismos. “Ni un solo euro público para los MENA. Primero los españoles, el dinero se queda en casa. No son presupuestos para argelinos ni magrebíes. Basta ya de importar personas que no conocemos”, leyó el portavoz de Vox, Javier Cortés.

Los grandes números de 2027 ya se conocían y la defensa que hicieron los portavoces de PP y Vox sobre el atril mutó en un mitin electoral contra Pedro Sánchez y los sindicatos, artífices de la huelga general. Los primeros Presupuestos de esta legislatura ascienden a 54.716 millones de euros, un 6% más que el del presente ejercicio (3.118 millones). 

El Ejecutivo andaluz presenta, una vez más, cifras “récord”, un 2,3% más que este año, con una previsión de crecimiento de empleo del 2,5% (92.800 más) hasta alcanzar los 3,7 millones de ocupados el próximo año. Las cuentas dedican las mayores partidas al gasto social -sanidad, educación, dependencia (donde está el gasto estructural en plantilla de empleados públicos). En total 35.246 millones. El dinero para infraestructuras cae un 7,9%, de 6.409 millones a 5.901 millones.

La consejera de Hacienda ha subrayado la importancia del presupuesto de vivienda -leitmotiv de la huelga general- como uno de los mayores “compromisos” y “apuestas” del Gobierno de Moreno para el próximo año. El montante global para este departamento no es de los más altos del Presupuesto -954 millones- pero sí crece un 22% más respecto a este año. Montero sostiene que el 60% del gasto para vivienda de las cuentas andaluzas provienen de fondos del Plan estatal de Vivienda, un dato que la Junta desmiente.

El primer Presupuesto de PP y Vox en Andalucía anticipa ya algunos de los puntos del acuerdo de Gobierno firmado el pasado julio, bajo la premisa de la “prioridad nacional”, esto es, la discriminación de los inmigrantes en las prestaciones sociales y ayudas públicas en favor de los nacidos en España. Moreno ha transigido en recortar gasto en materia de migración, aportaciones a sindicatos y cooperación internacional, en cumplimiento de las exigencias de la ultraderecha.

CCOO y UGT seguirán percibiendo las partidas que la Junta reparte a través de la Ley de Participación Institucional (1,7 millones para los sindicatos; 3,5 millones para la patronal), pero sí se recortan un 50% las ayudas nominativas de la Consejería de Empleo: de 1,2 millones a 600.000 euros.

La huelga general del 11N ya está aquí: crisis de la vivienda, subida de precios, pérdida de poder adquisitivo, bloqueo en las negociaciones de convenios con la patronal, defensa de los servicios públicos, pérdida de confianza en las instituciones, carestía de la vida,... Cuestiones que influyen en el trabajo y en el día a día de los millones de trabajadores que sostienen el país. Los sindicatos y las organizaciones de los movimientos sociales llevan semanas preparando la movilización con el reparto de octavillas, reuniones de comités de distritos y charlas en centros de trabajo. La mayoría de las manifestaciones en las capitales de provincia se realizarán a partir de las 17.30 horas o 18.00 horas.

“Esto no para aquí: lo que ha puesto el Gobierno central en materia de vivienda son parches, mientras que al Gobierno de la Junta de Andalucía no le preocupa esta crisis de vivienda. Nos sorprende la desidia cuando su única propuesta es construir más y olvidan lo que pasó en 2008”, apunta Jaime Jover, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Sevilla. “Vamos a seguir presionando para que se baje un 50% el alquiler, poner cotos a los pisos turísticos, para que se pare la compra especulativa y se saquen los domicilios vacíos”, añade. El caso de Maricarmen prendió la chispa el 26 de septiembre, día en que se acampó en la Puerta del Sol siguiéndole una retahíla de ciudades.

Desde entonces, las protestas y reivindicaciones se han hecho eco del malestar que llevaba tiempo rumiando la sociedad española. Los dos decretos aprobados de urgencia no fueron suficiente para frenar la convocatoria de huelga general y, en mitad del adelanto de las elecciones generales, ha servido para que los sindicatos mayoritarios respalden la propuesta de al hilo de la pérdida de masa salarial de los trabajadores mientras los precios de la vivienda, los gastos corrientes o la cesta de la compra van in crescendo.

Entre 2015 y 2025 la renta media por persona creció un 50% y los salarios, alrededor del 30%. Mientras, comprar una casa se encareció un 80% y alquilarla, un 87%, según los datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística mientras que el precio de los alimentos se ha encarecido un 37% en los últimos cinco años, compartidos por El País. Datos que se trasladan a las dificultades de sobrevivir, motivo por el que se impulsó el paro desde el Sindicato de Inquilinas con el apoyo de CGT, Cobas, Solidaridad Obrera, CNT, y al que luego se sumaron CCOO y UGT. Desde Andalucía, SAT, USTEA, la Asamblea por la Vivienda de Sevilla, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Oficina de Ocupación están en la red activista.

¿Cuáles son las principales reivindicaciones?

La proclama de CCOO y UGT va en esta línea: “En defensa de los salarios, el acceso a una vivienda digna y los servicios públicos”. A ello, en el contexto andaluz, habría que sumarle la huelga educativa que se había previsto con anterioridad para el mismo 11N en defensa de la educación pública.

“Queremos unos salarios dignos para el conjunto de los trabajadores: no es lógico que con la inflación que tenemos el precio de la vivienda no nos permita a la mayoría tener una vivienda digna”, defendió Alberto Márquez, secretario de organización de Servicios Públicos de UGT en una atención a medios. “Esta huelga va a ser un clamor”, indicó a su lado Carlos Aristu, secretario general de CCOO de Sevilla, viendo que la población “ve con mucha ansiedad” la posibilidad de adquirir una vivienda, renovar un contrato de alquiler o los gastos.

Otro escollo que se encuentran los sindicatos es la falta de compromiso de la patronal para desbloquear los convenios colectivos. Acerca de este asunto, hay dos convenios “muy sensibles” en Sevilla, como la ayuda a domicilio y los empleados de las clínicas privadas. “La patronal está pendiente del salario mínimo interprofesional cuando hablamos de trabajadores que cuidan a nuestros mayores y a los que no quieren pagar más”, reivindicó en un momento en que los sindicatos plantean la subida del SMI en alrededor de un 7%, una horquilla con la que sentarse a negociar; “y en la privada sigue sin convenio colectivo, en dos sectores que afecta a miles de trabajadores”.

¿Es una huelga política?

“Sí, sí es una huelga política”, manifestaba Márquez desde UGT, “estamos en contra de las políticas que nos perjudican a los trabajadores para tener una vida digna; contra todas las administraciones que no lleven a cabo una política de vivienda con un programa social para que no absorba el 70% de los salarios, al igual que reivindicamos unos servicios públicos de garantía, sin ellos, no seríamos capaces de pagar la sanidad, los estudios de nuestros hijos y garantizar su futuro”. “No solo para el gobierno que sale, sino para el que entre: es un aviso a navegantes”, advirtió.

“No es una huelga partidista, pero es política porque buscamos que las políticas giren alrededor de los problemas de la gente común, como la mejora de los salarios, intervenir sobre los precios de los suministros básicos, la vivienda o la salud”, subrayó el representante de CCOO.

Un alto en el camino fue el accidente de Urda. El accidente ferroviario provocó la muerte de 69 personas y más de un centenar de heridos. Una catástrofe que paralizó al movimiento sindical, pero que, de cara a la huelga, retoman este pulso para encauzarlo hacia la protesta: “Una tragedia que nos tiene a todos consternados. Durante una serie de días se paralizó la actividad por respeto a las víctimas y también asistimos a un espectáculo lamentable del uso partidista de un accidente que ha costado muchas vidas”.

Aun así, observó que el choque de trenes “refleja el estado de los servicios públicos y cómo unos y otros cuando gobiernan vienen recortando y dilapidando un sistema ferroviario que no está a la altura de lo que necesita este país. Los trabajadores del sector ferroviario tienen una indignación acumulada que se va a ver también en las calles”.

Se suma la protesta por la educación pública

El paro general por la crisis de la vivienda coincide en Andalucía con una jornada de huelga educativa contra “el deterioro de la enseñanza pública”. La convocatoria de la Asamblea Andaluza por la Educación Pública se anunció tres meses antes y el objetivo era reproducir en la región la ola de movilizaciones docentes que han sacudido a otras comunidades autónomas durante el último curso en Catalunya o Madrid.

Desde el sector de enseñanza andaluz se ha optado por mantener acciones de protesta propias durante la mañana del miércoles en las ocho provincias, con piquetes, concentraciones frente a las delegaciones territoriales de Educación y marchas por las calles de la ciudad, además de confluir como bloque verde en la manifestación prevista para la tarde.

Así, suman a sus reivindicaciones específicas en materia educativa –como la bajada de las ratios o el incremento de los recursos destinados a la escuela pública– cuestiones relacionadas con la vivienda, al considerar que la comunidad educativa también sufre el impacto de la crisis habitacional.

Itinerario de las marchas en las capitales de provincia

Una huelga “histórica”, así lo denominan desde los sindicatos. Empezando por Huelva, la marcha comenzará a las 17.30 horas en la Rotonda de los Bomberos y finalizará en la plaza de las Monjas. Luego, en Sevilla partirá desde el Prado de San Sebastián a las 18.00 horas y terminará en las Setas de la Encarnación. En cuanto a Cádiz, dará inicio en la avenida de las Cortes a las 18.00 horas y concluirá en la plaza de San Juan de Dios.

Si estamos en Córdoba, la manifestación dará el pistoletazo de salida a las 17.30 horas en la plaza de la Constitución y, tras pasar por la avenida Ronda de los Tejares y América, acabará en la plaza de las Tres Culturas. Al sur, en Málaga, la hora prevista es a las 18.00 horas y la salida será en la Fuente de las Tres Gracias hacia la avenida Andalucía.

En la vertiente oriental, Granada tiene la marcha programada para las 17.30 horas, con salida desde Triunfo para terminar en la explanada del Palacio de Congresos. Por último, Almería contará con el bloque a las 17.30 horas y desde la plaza de las Velas, terminando en el anfiteatro de la Rambla.

La organización barrio a barrio

La red del Sindicato de Inquilinas en Sevilla ha contado con entre 25 y 30 personas en cada comité de barrio organizado con tal de tener más manos para repartir octavillas con información general de la huelga, hacer pegadas de carteles y llamar a la movilización. “El balance es positivo, porque más allá de la capital, también se extiende el movimiento por la provincia”, al igual que ha sucedido en otras partes del territorio.

La recomendación principal a los participantes del movimiento social no es otra que “se sindiquen”, ya sea a la propia organización para que adquiera más peso de cara a negociaciones colectivas en un futuro o a las organizaciones sindicales mayoritarias en sus sectores. También, este miércoles se realizará huelga de consumo para parar la producción y, otra herramienta novedosa, ha sido el uso de la aplicación Toka para coordinar las actividades.

Desde CGT Sevilla, el secretario general Antonio Castellano prevé que las expectativas se superarán gracias a la organización en comités de barrio, al igual que la influencia de las redes sociales, las plataformas y las aplicaciones: “Hemos aprendido a vincularnos con estos movimientos y entender que la labor de los sindicatos es coordinarse y complementarse, porque cada uno ejerce su función en los espacios de militancia”.

Castellano, que lleva más de 20 años de lucha, ha compartido en cada reunión, centro de trabajo y charla su experiencia: “Nos hemos aprendido la movida a sangre y fuego, pero ahora hay mucha gente joven que vive una huelga general por primera vez. Tienen muchas dudas, desde sus derechos hasta lo que pueden hacer en el día con los piquetes informativos o la sanción a los trabajadores: a los viejos nos toca trasladar esas experiencias”. Hay que recordar que no es obligatorio hacer un preaviso de huelga y que, aunque el día se descuente de la nómina, no puede haber ningún tipo de represalia.

Lejos de que la lluvia sea un limitante, opina que arrastrará a más gente a la protesta. Comienza la cuenta atrás para conocer los primeros datos y los efectos de la llamada a la movilización en mitad de un clima político polarizado y que muestra las costuras del sistema público.

La Junta de Andalucía ha elevado este martes a fase de emergencia, situación operativa 1 (SO1), el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI), con efecto desde las 20:00 horas. La medida se adopta ante la llegada de la borrasca Charles, cuyos efectos se sumarán a los que ya ha dejado Bruna y empezarán a notarse el miércoles a mediodía. En un vídeo distribuido por redes sociales, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado la medida, explicando que AEMET había revisado al alza las previsiones en el litoral gaditano y onubense. En esas zonas el aviso es naranja, pero “está prácticamente en el umbral del aviso rojo”.

Entre las medidas adoptadas, se suspende mañana la actividad educativa lectiva presencial en los municipios del litoral de Cádiz y Huelva. La suspensión se produce ante el aumento de la intensidad del viento en la costa que ha pasado de los 90 kilómetros por hora previstos a los 120. La medida afecta asimismo a los centros de día.

En el litoral de Huelva, la medida afecta a Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Cartaya, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría y Villablanca. En el litoral gaditano y en la comarca del Estrecho, afecta a Barbate, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Vejer de la Frontera, Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Roque y Tarifa.

Además de la elevación del Plan, los ayuntamientos de las zonas con aviso naranja por viento deberán cerrar los parques y jardines municipales durante todo el periodo de aviso. Esta medida es de obligado cumplimiento. También queda prohibido cruzar badenes y cauces inundados.

La Junta recomienda evitar las actividades al aire libre mañana miércoles 11 de noviembre, y en especial las zonas arboladas, en las comarcas con aviso naranja por viento. En Huelva, la recomendación afecta al litoral, Aracena, Andévalo y Condado; en Cádiz, al litoral gaditano, la Campiña gaditana, Grazalema y el Estrecho; en Sevilla, a la Campiña sevillana y a las sierras Norte y Sur; y en Córdoba, a la Subbética cordobesa. En Málaga se aplica a Antequera y Ronda; en Granada, a la Cuenca del Genil y a Nevada y Alpujarras; y en Jaén, a Capital y Montes de Jaén, al Valle del Guadalquivir de Jaén y a Cazorla y Segura.

Charles, “borrasca singular”

Además, se pide a los ayuntamientos costeros que limiten el acceso a todo el litoral gaditano y onubense y al extremo occidental de la costa malagueña, hasta Málaga capital.

Los paneles informativos de tráfico de las carreteras andaluzas mostrarán mensajes sobre el temporal, con avisos por viento y la recomendación de extremar la precaución al volante y no cruzar zonas inundadas. La EMA ha trasladado también los avisos por viento y estado de la mar a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que ha activado su Plan de Autoprotección en nivel 2 y ha movilizado personal para adoptar medidas preventivas en sus instalaciones.

Mañana se reforzarán las salas del 112 y los Servicios Provinciales de Protección Civil estarán en máxima atención en las ocho provincias. EMA Infoca ha prealertado a sus equipos de guardia para despejar carreteras e infraestructuras municipales, como ya hizo en episodios anteriores, y GREA ha prealertado sus bases por si fuera necesario desplegar algún Puesto de Mando Avanzado. Los equipos de asesores técnicos de emergencia están preparados para desplazarse a puntos de inundación, con especial atención a Huelva y a la cuenca del Guadiana. El 061 y los agentes de medio ambiente estarán especialmente atentos en las zonas con aviso naranja.

Charles es una borrasca singular, según fuentes de Aemet se ha formado en aguas subtropicales, por lo que es más cálida y lleva más vapor de agua que las borrascas atlánticas habituales. Aunque ahora se espera que entre más hacia el noroeste, por Portugal, y su impacto en Andalucía será menor de lo previsto inicialmente. Pese a todo, el viento será el fenómeno más peligroso del episodio. Además, al ser la primera borrasca tras el verano, es previsible la caída de ramas y árboles, tanto en las ciudades como en el campo.

Emergencias coordinadas por el 112

El 112 Andalucía ha coordinado 155 emergencias por la lluvia y el viento desde las 00:00 horas del lunes hasta las 18:30 horas de este martes, 92 el lunes y 63 en lo que va de hoy. Sevilla es la provincia con más incidencias, con 68, seguida de Cádiz, con 38; Huelva y Málaga, con 15 cada una; Córdoba, con 13; Granada, con cuatro, y Almería y Jaén, con una.

Por tipología, 61 incidencias han estado relacionadas con riesgos naturales, sobre todo anegaciones de viviendas, calles y carreteras; 31 con derrumbamientos o caídas de ramas, árboles y objetos en la vía pública; 24 con incidencias de tráfico; 12 con anomalías en servicios básicos; cuatro con accidentes de circulación y una con un rescate, entre otras.

En la provincia de Sevilla, las lluvias de hoy han provocado una treintena de incidencias, la mayoría en la capital. Se han debido sobre todo a anegaciones de calzadas, rotondas, patios de viviendas y locales. Además de en Sevilla capital, se han atendido incidencias en Coria del Río, Mairena del Aljarafe, Espartinas, Almensilla y San Juan de Aznalfarache.

En Huelva capital, una mujer de 80 años resultó herida a mediodía al caerle una rama en la calle Cuesta de las Tres Caldas. Fue atendida por la Policía Local y el 061 y trasladada en ambulancia al hospital Juan Ramón Jiménez. No ha sido necesario realizar desalojos, confinamientos ni evacuaciones.

Un total de 34 municipios andaluces han activado o tienen prevista para mañana la activación de su Plan Territorial de Emergencia de ámbito Local: 15 en Sevilla, ocho en Huelva, seis en Málaga, tres en Cádiz, uno en Córdoba y uno en Granada.

Avisos para mañana miércoles 11 de noviembre

Aemet prevé avisos de nivel naranja o amarillo en todas las provincias andaluzas. El frente entrará por el oeste y avanzará hacia el este a lo largo del día. A partir de las 12:00 horas se activará el aviso naranja por viento en Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora. En las comarcas meteorológicas del litoral de Huelva y del litoral de Cádiz, Aemet ha elevado a 120 kilómetros por hora las rachas previstas.

En el litoral de Huelva y Cádiz estará vigente el aviso naranja por fenómenos costeros, con viento del suroeste de fuerza 7. Aemet advierte del peligro de acercarse a la costa para ver el temporal, ya que el viento fuerte puede arrastrar arena, un fenómeno poco frecuente en ese litoral. En el litoral de Cádiz también hay aviso naranja por tormentas, por la posibilidad de tornados y mangas marinas.

Por lluvias y tormentas habrá aviso naranja en el litoral de Huelva y Aracena, en la Sierra Norte de Sevilla, en Sol y Guadalhorce y Ronda (Málaga) y en Nevada y Alpujarras (Granada). En la sierra de Aracena y en la Serranía de Ronda podrían recogerse en torno a 80 litros por metro cuadrado en doce horas. Almería será la única provincia sin avisos naranjas, con nivel amarillo por viento o lluvia.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no prevé situaciones complicadas en la cuenca. Los embalses parten de niveles bajos y los de la zona de Aracena, en torno al 80 %, tienen todavía margen.

Recomendaciones de autoprotección

La Agencia de Emergencias de Andalucía pide extremar la precaución ante el viento. Hay que evitar parques, jardines, zonas arboladas y obras, y no situarse bajo árboles, andamios, cornisas o elementos sueltos en altura. En todos los inmuebles deben retirarse del exterior macetas, toldos, mobiliario y cualquier objeto que el viento pueda arrastrar y provocar accidentes. Conviene asegurar puertas, ventanas y persianas, y no tocar cables ni tendidos eléctricos caídos.

No hay que acercarse a la costa en todo el litoral atlántico ni en el Mediterráneo desde el Estrecho hasta Málaga, ni asomarse a ver el oleaje desde paseos marítimos, espigones o acantilados. Si es imprescindible conducir, hay que reducir la velocidad y extremar la precaución con las rachas laterales, sobre todo en puentes, viaductos y salidas de túneles.

Ante la lluvia, nunca se debe cruzar una zona inundada, ni a pie ni en vehículo. Tampoco se debe estacionar ni acampar junto a ríos, arroyos o ramblas, aunque estén secos. Si el agua empieza a entrar en la vivienda, hay que subir a las plantas superiores y evitar sótanos y garajes. La EMA recomienda seguir los avisos oficiales y las indicaciones de las autoridades. En caso de emergencia, hay que llamar al 112, gratuito y disponible las 24 horas.

Toda la información de avisos e instrucciones puede consultarse en la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía (https://ema112andalucia.es/).

El accidente ferroviario de Urda (Toledo), con 69 fallecidos, se ha convertido en munición electoral en manos del PP andaluz de Juanma Moreno, que ha cargado duramente contra la gestión estatal de los trenes, atribuyendo “motivos políticos” a los fallos de seguridad en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, donde hace 10 meses también colisionaron dos trenes, con 47 muertos en Adamuz (Córdoba).

Moreno ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez una “revisión íntegra” del sistema ferroviario en Andalucía, sin embargo, en 2023 anunció el traspaso de competencias de los trenes de Cercanías a Andalucía, previa solicitud formal al Estado, y en cumplimiento de un artículo del Estatuto de Autonomía. Aquella iniciativa, que contó con el aval del Parlamento, lleva tres años enterrada, sin que la Junta haya iniciado los mecanismos necesarios para ejecutarla: convocar al Gobierno a la comisión bilateral para negociar el traspaso.

En noviembre de 2023, el presidente de la Junta dio un golpe de efecto durante el debate del estado de la comunidad andaluza apoyando, por sorpresa, las iniciativas de dos grupos a la izquierda del PSOE para solicitar formalmente el traspaso a Andalucía de las competencias sobre los trenes de Cercanías y la “financiación asociada correspondiente”.

La propuesta de la coalición Por Andalucía era muy concreta: el Gobierno de Moreno se comprometía a “convocar la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Junta de Andalucía a fin de reclamar el traspaso integral del Estado a la Junta, a lo largo de la presente legislatura, del servicio de transporte ferroviario cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio andaluz”.

La redacción de Adelante Andalucía era más ambiciosa: el Ejecutivo andaluz debía asumir el control del Cercanías a su paso por la comunidad autónoma “para poner un plan de interconexión a través del ferrocarril de todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes de Andalucía”. Moreno firmó las dos, con el voto de sus 58 diputados. “¿Se imaginan qué haríamos en Andalucía con los 6.000 millones de euros de financiación de los trenes de Cercanías?”, se preguntó el presidente andaluz durante el debate.

El PP-A gobernaba entonces con mayoría absoluta. De aquel giro de guion –algo muy poco común en un dirigente que se precia de ser “previsible”– salió un mandato del Parlamento andaluz instando al Ejecutivo de Moreno a iniciar el trámite para reclamar al Estado el traspaso de Cercanías. Moreno debía invocar la comisión mixta Junta de Andalucía-Gobierno central, un mecanismo de negociación bilateral blindado en el Estatuto de Autonomía, pero tres años después no lo ha hecho.

Ni la Consejería de Presidencia, que pilota el vicepresidente de la Junta, Antonio Sanz, ni el departamento de Fomento, que gestiona la consejera Rocío Ruiz, han articulado ninguna gestión encaminada a cumplir el mandato del Parlamento andaluz que, con el voto mayoritario del PP, solicitó formalmente al Gobierno de Moreno que abriera un diálogo con el Estado para asumir la gestión de los trenes de corta y media distancia dentro de su territorio.

Del “agravio” a Andalucía al olvido en la comisión bilateral

El Ministerio de Política Territorial no ha recibido en tres años ninguna solicitud de la Junta de Andalucía para sentarse a negociar en el marco de la comisión bilateral, confirman fuentes del departamento de Ángel Víctor Torres. La Consejería de Presidencia ha eludido explicar a este periódico las razones de que, en tres años, no haya iniciado el trámite para el traspaso del Cercanías a Andalucía –un asunto que ha reaparecido varias veces en el Parlamento, a iniciativa de Adelante–. Tampoco ha aclarado si la Junta ha renunciado definitivamente a este propósito, que el presidente andaluz defendió en la tribuna de la Cámara en noviembre de 2023.

El apoyo sorpresivo que Moreno brindó a las propuestas de resolución de Adelante y Por Andalucía, dos grupos en las antípodas ideológicas del PP, se explica en el contexto político de entonces. El PSOE de Pedro Sánchez acababa de firmar un pacto con ERC que incluía el traslado de Rodalies a Catalunya, a petición del grupo independentista.

Desde el principio, el presidente andaluz ha hecho casus belli de los acuerdos entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los catalanistas –ya fuera la condonación de la deuda pública o la reforma del modelo de financiación autonómica–, denunciando el “agravio” y el “castigo” a Andalucía, frente a los “privilegios” para Catalunya.

En ese discurso tan autonomista, que recuperaba el lema de “no ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie”, Moreno aprovechó la reivindicación de la izquierda andalucista en el debate del estado de la comunidad para subirse al carro y reclamar, desde el Parlamento, las competencias sobre los trenes de Cercanías que discurren por territorio andaluz.

En realidad, el dirigente popular estaba reclamando un derecho ya reconocido en el artículo 63.3 del Estatuto de Autonomía (reformado en 2007), que ningún presidente de la Junta (todos socialistas) había esgrimido antes. El apoyo de un PP con mayoría absoluta (58 diputados) a las propuestas de dos grupos que juntos sumaban siete escaños descolocó, incluso, al PSOE andaluz, que se abstuvo en aquella votación, aunque minutos después su líder, Juan Espadas, trató como pudo de justificarse.

Quien sí ha avanzado en la reclamación del traspaso de competencias de Rodalies a Cataluña es la Generalitat, que lleva meses preparando con el Ministerio de Transportes la transferencia de la infraestructura de la línea que recorre el Maresme (R1). El Govern de Salvador Illa ha trabajado de la mano del exministro Óscar Puente, desde que el PSOE y ERC firmaron hace tres años el acuerdo que luego reclamó para sí Juanma Moreno desde Andalucía.

El presidente andaluz no inició los trámites para negociar con el Gobierno de España. El traslado de Rodalies a Cataluña, no obstante, aún debe oficialiarse en un Consejo de Ministros, y pasar por la comisión bilateral Estado-Generalitat y por la comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, donde se concretarán los plazos y la financiación para asumir la titularidad de las vías y las labores de mantenimiento de estaciones y catenarias. La empresa estatal Adif seguirá gestionando el control de la circulación ferroviaria.

El sindicato CGT Sevilla presentó una denuncia a Inspección de Trabajo por una presunta infracción en materia de contratación de la empresa de desokupación García Seguridad Integral. La entidad, a cargo de la vigilancia de las entradas y salidas que realizan los inquilinos y usuarios de los corralones de Castellar en el casco histórico, tendría a varios trabajadores realizando las labores sin un contrato vigente y sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Una cuestión que, desde la compañía, niegan frontalmente, asegurando que “todo está perfectamente”.

La denuncia, presentada en julio por el sindicato y a la que ha tenido acceso este medio, se fundamenta en que la plantilla, que consta “aproximadamente de siete trabajadores”, sufre “irregularidades graves y sistemáticas en la gestión laboral de la empresa”. Al no constar un contrato mediante, estarían desprotegidos en materia de salud laboral, al igual que en prevención de riesgos laborales y tampoco cotizarían ni disfrutarían de permisos retribuídos.

CGT considera en la denuncia presentada que “esta situación ha provocado indefensión de los trabajadores, que han tenido accidentes en el desarrollo de su trabajo, debiendo de actuar en algún caso la policía nacional, sin que la empresa se hiciera responsable de dichos accidentes”. Hasta el momento, Inspección de Trabajo no ha respondido formalmente al requerimiento, confirman desde el sindicato; por su parte, desde García Seguridad Integral declaran que en este período se ha realizado el control, sin especificar fecha, y que “todo está perfectamente”.

“Actuación urgente”

Acerca de la actuación policial, el grupo sindical se refiere a los diferentes enfrentamientos que hubo durante el verano, cuando el piso de la inquilina que vive en el corralón fue allanado y por el que fueron detenidas tres personas por la Policía Nacional. Además, también hubo otro detenido a finales del mes de julio a causa de la agresión que sufrió un acompañante de la inquilina y dos víctimas más por otra agresión, sin detenciones en aquella ocasión. A finales de septiembre, varias personas quedaron encerradas en la Fábrica de Sombreros por las desavenencias que había entre la propiedad y una antigua inquilina que visitaba el espacio.

Por ello, CGT solicita en el escrito una “actuación urgente” a Inspección de Trabajo “dada la gravedad de los hechos” que, estiman, se están cometiendo en los servicios contratados por la propiedad de los corralones de Castellar. Los trabajadores se colocan a las puertas del portal en el que vive la artesana Estefi Yeah, que ha denunciado vejaciones y amenazas por parte de la compañía, y mantiene el control de los accesos. “La comunicación fue hecha por los propios trabajadores y tenemos una constancia segura de la situación irregular”, añaden fuentes del sindicato, “ya es bastante con tener a fascistas en la calle como para que no cumplan con la normativa laboral”.

“Me están difamando”, responde la compañía

Miguel Ángel García, al frente de García Seguridad Integral, declara que “ya vino Inspección y todo está perfectamente”. Un examen que se habría realizado entre julio y noviembre, asegura, y para el que, subraya, “está todo legalizado y en condiciones”. A ello, añade que lo que se está llevando a cabo es una campaña de difamación por parte del sindicato y el movimiento social sobre su figura y de la empresa: “Me están difamando”.

Por este motivo, advierte que emprenderá acciones legales contra los medios de comunicación que ataquen su honorabilidad y espera a que todo se resuelva en los procesos judiciales iniciados, para las que todavía no hay fecha de vista. “No tengo ni una multa”, zanja.

Castellar, símbolo del pasado industrial de la capital andaluza, ha vivido en el último año un aumento de la tensión entre la propiedad, Garajes Santa Inés S.L., y los artesanos del inmueble. Una vez conocida la oferta de venta por 12 millones de euros a Arenas de la Bellida S.L., las presiones se han plasmado en los medios y el movimiento social. Por este motivo, más de 80 organizaciones vecinales, sociales y sindicales pidieron el cese del “acoso inmobiliario” y la “paralización” de la operación de compra para construir un hotel de cuatro estrellas y varias viviendas libres.

Pese a la incertidumbre del futuro del corralón sevillano, la actividad cultural continúa. La Asamblea Defiende los Corralones ha organizado para esta semana, en la que se convoca la huelga general del 11N, una serie de encuentros en el marco del Skisomic, un festival de fanzines, cómic y propuestas varias. Con talleres gratuitos y encuentros de la “fuerza colectiva del gentío”, impulsarán el diálogo artístico desde el barrio.

La política internacional viene marcada en las últimas semanas por una resistencia contra la homogeneización de la ultraderecha, ya sea Lula da Silva reelegido como presidente de Brasil, las midterms que dan la espalda al gobierno estadounidense de Donald Trump o la victoria de la lista Estudiantil en Serbia. Una ola progresista en un momento de amenaza a los derechos humanos, más aún en Latinoamérica, donde la derecha y los ultras acumulan millones de votos y la deriva autoritaria se cristaliza en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Desde Sevilla, los exiliados políticos que huyen piden más medios, investigación y presión desde los organismos internacionales en pos de la democracia.

Así lo refleja un nuevo informe de la Red Académica Iniciativa Centroamérica (RED-ICA), titulado Una aproximación a la situación, pensamiento y acción del exilio político centroamericano. Pero, ¿quiénes son estos ciudadanos, cómo contribuyen desde los lugares a los que se han visto desplazados, como Andalucía, al activismo social y la defensa de los derechos humanos? “Hay investigaciones sobre daños, costos materiales y emocionales, pero este estudio es pionero por centrarse en la potencialidad de los exiliados como actores políticos relevantes para incidir en los procesos políticos de Centroamérica”, indica Alexander Segovia, investigador del Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola, la Fundación ETEA y coordinador de RED-ICA.

A partir de 34 entrevistas en profundidad para analizar las circunstancias de aquellos que salieron forzadamente de sus países y fueron sujetos a la represión y la persecución por los agentes estatales “al considerarlos oposición e, igualmente, para debilitarlos y darles una muerte política”. El perfil es diverso: periodistas, como los reporteros de El Faro, miembros del movimiento social o la defensa jurídica. Entre las principales conclusiones, se encuentra con que, los afectados, se consideran “sujetos políticos en construcción”, cuya protesta no se ha dado por vencida a pesar de las penalidades, y “que la lucha por la democracia en Centroamérica es una tarea fundamental”-

Precariedad y falta de unanimidad internacional

El propio Segovia es exiliado salvadoreño y comparte la experiencia que han contado algunos entrevistados, como la reconocida activista nicaragüense Dora María Téllez. Tras recalar en Sevilla, impulsa la implicación de las universidades, un eslabón más para que no quede en el ostracismo la lucha y pervivencia de los activistas sudamericanos. “La presencia en Andalucía de exiliados políticos está en crecimiento, por ejemplo, hay en Granada un colectivo de nicaragüenses en expansión, al igual que en Sevilla. Esto tiene sentido cuando se ve a España como un país importante para salvarse de la persecución internacional”, detalla el profesor.

La regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de coalición constató esta tendencia, ya que la mayor parte de las personas acogidas al proceso en la comunidad, en donde hubo más de 160.000 solicitudes, eran procedentes de Colombia, Marruecos, Venezuela, Senegal, Perú, Paraguay, Nicaragua, Honduras y Argentina. Pero, ¿con qué obstáculos se encuentran los exiliados políticos? Al contrario de lo que ocurría en la década de los 70 u 80, plagada de movimientos sociales que cambiaron el prisma de la sociedad mundial, la solidaridad era la tónica en un mundo que avanzaba hacia la globalización. Una perspectiva a la que sustituyen el recelo y la desconfianza entre los bloques.

“El exilio centroamericano enfrenta un contexto internacional muy adverso y, pese a ello, intenta incidir. Hay grandes dificultades para desarrollar su potencial, como las restricciones materiales o las divisiones en la cooperación internacional”, declara, teniendo en cuenta que los exiliados nicaragüenses han sido desposeídos de sus pensiones por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además, habría que añadir, apunta, a la costosa integración en naciones que, históricamente, han sido receptores, como México o Costa Rica, “debido a que todo el tema antiinmigrante ha imposibilitado los procesos de regularización”.

En todo caso, los exiliados políticos critican esa doble vara de medir: si bien la presión internacional contra Nicaragua es prácticamente unánime a causa de una huida “masiva, heterogénea e intergeneracional” del país a raíz de las condiciones a las que está sometida la población, para la que la Unión Europea (UE) hizo una declaración en la que condenaba “el grave deterioro de los derechos fundamentales”.

Por su parte, El Salvador y Guatemala han estado unidas a un exilio “más individual, en el que se dificulta las relaciones entre los propios afectados”. Al respecto, la posición de la Unión Europea ha sido “tímida” con relación a Nayib Bukele y, mientras goza del apoyo de Trump, en mayo del año pasado destacó su preocupación por la ley aprobada para el recorte en ayudas internacionales o las detenciones indiscriminadas.

“Persecución transnacional”

Una práctica que comparten es la “persecución transnacional”, ya sea con medidas para mermar las capacidades de la oposición como la nicaragüense o el empleo de medidas judiciales o del lawfare para hostigar tanto a los individuos como a las familias de los exiliados dentro de los países en los que han aterrizado. Por ello, las demandas del exilio están relacionadas con las democracias europeas y americanas: “Quieren que tomen posición y utilicen su gestión política para dialogar y confrontar a los regímenes autoritarios en Centroamérica, tal y como se hacía en los 80' en un momento en el que la comunidad internacional logró implementar procesos de paz. En palabras de un nicaragüense, le piden a la comunidad internacional que tenga el colmillo que tuvo antes”.

Más allá del asilo político, la cuestión sería dotar de un apoyo integral a las víctimas al igual que crear espacios permanentes de comunicación desde las universidades. “Desde afuera se puede hacer mucho, pero el cambio viene desde dentro. Si no hay vínculo, las posibilidades de luchar son peores”, sostiene. En Guatemala, el progresista Bernardo Arévalo de León ganó las elecciones en 2023 tras una fuerte confrontación con la fuerza saliente y un Estado debilitado; al mismo tiempo, la pareja presidencial formada por Ortega y Rosario Murillo perpetran las modificaciones en la Constitución; y Bukele atenta contra los derechos humanos en las cárceles, convertidas en el símbolo de sus ya dos mandatos. “Hay elecciones en El Salvador el próximo año y el exilio lo tiene claro: Bukele va a ganar. Controla el Consejo del Estado y es popular, por lo que la transición política se debe dar con un proyecto alternativo que esté listo”.

En búsqueda de respuestas y de dar un mayor altavoz a estas causas, Alexander Segovia adelanta que el objetivo es hacer una red de universidades andaluzas para dar este apoyo a los exiliados centroamericanos. “Una de las mayores preocupaciones del exilio centroamericano es la posibilidad de desconectarse de los países de origen, por lo que habría que crear una comunidad en espacios permanentes”, añade. Con la vista puesta en cada movimiento, la RED-ICA abre nuevos caminos para la supervivencia del relato de la comunidad exiliada.

La huelga general del miércoles 11 de noviembre, convocada por los sindicatos de clase a rebufo de las movilizaciones masivas en defensa de la vivienda, ha trastocado la agenda política andaluza. Algunas, otras no.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, la reunión semanal del presidente Juanma Moreno con sus consejeros, suele celebrarse cada miércoles, pero fuentes del Ejecutivo han informado a Europa Press que la semana que viene se adelantará al martes 10 de noviembre “para evitar la coincidencia con el Pleno del Parlamento andaluz”.

La Cámara legislativa celebra sesiones plenarias cada dos semanas, empezando el miércoles por la tarde y continúa el jueves por la mañana. Pero el próximo miércoles tendrá lugar, desde las 12 del mediodía, el primer debate de los primeros Presupuestos Autonómicos del nuevo Gobierno PP-Vox, para el ejercicio 2027, junto a las enmiendas a la totalidad que han registrado los tres grupos de izquierdas en la oposición: PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía.

Los tres han pedido a la presidenta de la Cámara, la popular Ana Mestre, que cambie el orden del día para que sus diputados puedan asistir a las movilizaciones y apoyar la huelga de los trabajadores (sus señorías no tienen derecho a huelga). Pero la Mesa del Parlamento, controlada por la mayoría PP-Vox, se ha negado de plano, aduciendo que el debate presupuestario estaba fechado mucho antes de que se convocara la huelga general y, además, hay un antecedente en el que la presidenta socialista de la Cámara, Fuensanta Coves, hizo exactamente lo mismo cuando coincidió el Pleno de Presupuestos de 2011 con la huelga general del 29 de septiembre de 2010.

El reglamento de la Cámara permite ser flexible con el orden del día de los Plenos, es una cuestión de voluntad política que, por ejemplo, se ha usado cuando ha coincidido una sesión de control al presidente con un acto de Moreno en el Comité de las Regiones de la UE, del que el andaluz forma parte. O cuando la consejera de Hacienda, Carolina España, ha tenido que asistir a una feria internacional del turismo, en Londres.

Ahora, sin embargo, el PP no esgrime esa voluntad política. El jueves, segundo día de Pleno, arranca la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, y la líder de la oposición en Andalucía, la socialista María Jesús Montero, ha declarado que esta huelga general es “inédita” porque es “contra la oposición”. Los sindicatos CCOO y UGT defienden que no es una huelga “contra nadie”, sino “a favor de las políticas que prohíben los desahucios y facilitan el acceso a la compra y alquiler de vivienda”.

Así las cosas, el Gobierno de Moreno esquivará el día de la huelga, pero el Parlamento andaluz no tiene intención de hacerlo. Los trabajadores del Palacio de San Telmo tendrán menos trabajo el miércoles del que suelen tener -facilitándoles el derecho a huelga-mientras los trabajadores de la Cámara legislativa tendrán ese miércoles uno de los días más ajetreados.

En realidad, el debate de totalidad de los Presupuestos andaluces para 2027 no será tan intenso como en años anteriores si los grupos de izquierdas, como han anunciado Adelante y Por Andalulcía y como barrunta el PSOE, deciden finalmente ausentarse de la Cámara para hacer huelga.

En ese caso, la sesión comenzará con la intervención de la consejera de Hacienda, que defenderá las primeras cuentas conjuntas de PP y Vox -más de 54.700 millones de euros- con la cláusula ultra de la “prioridad nacional” (discriminar a los inmigrantes en el acceso a ayudas y prestaciones sociales) y el recorte de subvenciones a sindicatos y ONGs.

Luego llegará el turno de PSOE, Adelante y Por Andalucía, pero previsiblemente no habrá diputados de la oposición de izquierdas que defiendan en el Pleno su rechazo absoluto a estas cuentas. Las enmiendas a la totalidad se votarán sin que sus autores estén presentes para apoyarlas y, minutos antes de la votación, PP y Vox sí intervendrán para defender sus cuentas y despreciar los argumentos en contra de sus rivales.

En el mismo Pleno de la semana que viene, el Parlamento elegirá como defensora del Pueblo Andaluz a Marta Bosquet, expresidenta de la Cámara durante la primera legislatura del Gobierno de coalición PP-Ciudadanos. Bosquet fue dirigente del partido naranja hasta que se extinguió en las elecciones de 2022, fagocitado por completo por el PP de Moreno, y éste terminó fichándola a ella en su equipo (y a la mayoría de sus diputados, incluído el líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín).

Bosquet es la única candidata, a propuesta del PP, y cuenta con la mayoría reforzada del partido de Moreno y de Vox para salir elegida, en sustitución de Jesús Maeztu. La sesión también abordará la elección del presidente del Consejo de Administración de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), de nuevo Juan de Dios Mellado, y la reforma exprés de la ley que regula la Cámara de Cuentas.

Esta modificación ad hoc del órgano de control de las cuentas públicas andaluzas consistirá en eliminar un solo párrafo de un solo artículo que garantizaba el derecho de Adelante Andalucía a entrar con un consejero, en detrimento de otro del PP. De producirse ese relevo, las derechas perderían la mayoría y el control de la Cámara de Cuentas, que pasaría a estar en manos de los grupos de izquierdas.

También sobre RTVA, el Parlamento votará a María Jesús Botella como sustituta de Lourdes Fuster como consejera del Consejo de Administración del ente público. El resto de consejeros tomaron posesión de sus cargos el pasado miércoles.

En la Galería de la Academia de Florencia, frente a la mirada impávida del David, las esculturas de los Esclavos de Miguel Ángel luchan por escaparse del mármol al que pertenecen. Esta es la imagen hoy del PSOE tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que murieron 69 personas y quedaron cientos de heridos.

Los socialistas siguen de luto por la tragedia, pero la proximidad de la campaña electoral les obliga a forcejear para salirse de la piedra del pesimismo. Las primeras encuestas que ha hecho el partido tras el accidente de Urda no perciben un trasvase de votos del PSOE a otros partidos, pero sí un “enfriamiento” del electorado progresista, “letal” para sus expectativas.“El pesimismo desmoviliza a la izquierda”, sentencia un veterano dirigente andaluz.

El PSOE es un partido ciclotímico y el estado anímico de su tropa lo es todo en una contienda electoral como la que se avecina. Es la diferencia entre la victoria y la derrota. “El ánimo de los militantes y de los simpatizantes del partido es ahora como el de todos los españoles, es complicado para nosotros. Los socialistas estamos en duelo, en shock por este impacto. Pero uno se levanta y continúa, y en eso estamos”, reflexionaba este viernes el vicepresidente del Congreso y número uno en la candidatura por Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

El próximo jueves, Pedro Sánchez arrancará en Sevilla la campaña electoral “definitiva”. La estratega principal es María Jesús Montero, secretaria general del PSOE andaluz, que estos días busca desesperadamente cómo recuperar el pulso de su tropa. “La dimisión del ministro Óscar Puente era necesaria y su discurso de despedida nos devuelve la épica de la política. Necesitamos la épica para ganar unas elecciones que son constituyentes: o el modelo social de Austria o la motosierra de Argentina. En nuestra gente sí ha calado que estos comicios son definitivos y a eso nos agarramos”, explica un dirigente y candidato por Sevilla.

Sevilla es la cuna de un socialismo que ya no existe, el que personalizan Felipe González y Alfonso Guerra -hoy en las antípodas del secretario general-, pero también es el origen del sanchismo y de la “épica del perro”, como llaman algunos al resurgir del líder del PSOE enfrentado a la vieja ortodoxia del partido.

Sánchez siempre ha vuelto a esta plaza, no sólo por su alto valor simbólico, sino porque los números son clarividentes. Es la única provincia de Andalucía -otrora bastión socialista, hoy territorio de Juanma Moreno- donde el PSOE fue primera fuerza en las elecciones generales de 2023. Aquí se juegan 12 escaños en el Congreso, cinco fueron para los socialistas, cuatro para el PP, dos para Sumar y uno para Vox.

El PSOE de Sevilla sigue siendo la agrupación con más militantes de España y su vitola de líder invicto en unas generales, pese a la hegemonía actual del PP de Moreno, le confiere cierta autoridad moral dentro del partido. También un exceso de compromiso de cara a los próximos comicios, donde confían mantener los cinco escaños que ahora tienen. “Los sevillanos nos sentimos líderes en el ámbito provincial. También lo somos en cuanto a propuestas, iniciativas y trabajo”, dice Gómez de Celis, cuando le preguntan si se ven capaces de defender su primera plaza.

Fuentes de la dirección federal del PSOE aseguran que cualquier posibilidad de victoria para la izquierda el próximo 29-N “pasar por una participación superior al 70%”. La sorpresiva remontada de 2023, cuando Sánchez se quedó a dos puntos del PP, tuvo un 66,5% de participación en España, y fue casi tres puntos superior en Sevilla (68,74%). El resultado de los socialistas en esta provincia también se colocó por encima de la media nacional, un 36,6% del escrutinio -tres puntos por encima del PP-; por delante de Barcelona (35,7%), que aportó 13 escaños al Congreso.

La izquierda siempre ha esgrimido la participación en unas elecciones como parte de su fuerza vital. Y lo sigue haciendo, aunque los resultados de los últimos comicios andaluces, hace apenas cinco meses, demostraron que con una movilización extraordinaria para unas autonómicas en solitario (un 64,8% del escrutinio) el PP de Moreno revalidó su mayoría, 19 puntos por delante del PSOE de Montero, y alumbró un Gobierno de coalición con Vox. “Hay una diferencia histórica en el comportamiento de voto entre unas autonómicas y unas generales”, avisa Gómez de Celis. “Si votase el 100% sacaríamos mayoría absoluta”, remata.

Los socialistas sevillanos sacan músculo, prevén contar con todos los exdirigentes que se ofrezcan a hacer campaña, desde el expresidente de la Junta Manuel Chaves hasta Susana Díaz. Sánchez hará varias paradas en Andalucía, la comunidad más poblada y con 60 escaños en el Congreso, y sus ministros se volcarán aquí en la última semana antes de acudir a las urnas.

La gran diferencia de estos comicios respecto a los de 2023 es la solidez del bloque conservador PP-Vox y la segmentación de los partidos a la izquierda. En Andalucía se presentan cuatro papeletas progresistas: PSOE, Frente Amplio, Adelante Andalucía y Podemos. Una vez, hace casi una década, los tres últimos concurrieron bajo el mismo paraguas.

En Sevilla, la implantación territorial de IU en la Sierra Sur, en la capital y en algunos pueblos de la comarca puede garantizar al menos un escaño a la coalición que hoy ocupa el sitio de Sumar (dos diputados en 2023). Los socialistas no descartan que Adelante logre entrar en el Congreso tras su éxito en las andaluzas, donde cuadruplicaron su resultado.

La irrupción de la izquierda territorial no es algo que le preocupe mucho al PSOE andaluz, al contrario: argumentan que esto está pasando en todos los territorios de España (Bildu, BNG, ERC, Chunta...) y les homologa con ellos. “Nos beneficia más que nos perjudica, porque es una izquierda a la que nosotros no llegamos, concentrada en las ciudades y con mucho tirón en redes sociales. José Ignacio García [líder de Adelante] es el Gabriel Rufián andaluz y eso nos suma, no nos resta”, dice un candidato socialista.

El PSOE de Sevilla, que hoy comanda el presidente de la Diputación, Javier Fernández de los Ríos, anda a estas horas buscando el espacio del primer mitin de Sánchez en campaña. Se han topado con la rechazo del Ayuntamiento de la capital a alquilarles el centro deportivo de Pino Montano, un barrio obrero tradicionalmente de izquierdas, que siempre ha respondido muy bien a la llamada de los socialistas.

El Gobierno de Moreno tampoco les ha cedido el antiguo pabellón de la Navegación, en la Isla de la Cartuja, porque está inhabilitado temporalmente. Lo más probable es que se decanten por el auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes), con asientos para unas 2.500 personas, que es el aforo que están buscando.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha advertido al Gobierno de Juanma Moreno que su política de “rebajas fiscales sustanciales y progresivas” -recogidas en el proyecto de Presupuestos andaluces para 2027- y las “previstas para los próximos tres ejercicios” son “contrarias a las recomendaciones formuladas” por dicho organismo, “afectan negativamente a la regla de gasto y perjudican la situación global de la comunidad en el medio plazo”.

El órgano supervisor ha publicado este miércoles un informe sobre las cuentas andaluzas para el próximo año, las primeras del Gobierno de coalición PP-Vox, que inician la semana que viene su tramitación parlamentaria. Los números de la Junta recogen una merma de ingresos de 280 millones de euros, según cálculos de la Airef, como consecuencia de una reducción progresiva de los impuestos autonómicos, sobre todo la eliminación de Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales, que gravan a las rentas más ricas.

El informe de Airef, que firma su presidenta, Inés Olóndriz, aplaude el “equilibrio” presupuestario en las cuentas andaluzas, prevé un superávit en el presente ejercicio y en el siguiente, pero en el bloque de las recomendaciones cuestiona el paquete de rebajas fiscales del que Moreno ha hecho una seña de identidad desde que es presidente (la “bajada masiva de impuestos”) y alerta de que, “a medio plazo”, puede descuadrar los números del Gobierno andaluz.

“Las medidas de ahorro adoptadas, aunque permiten anular parte del crecimiento del gasto derivado de las medidas de personal, son insuficientes para evitar aumentos superiores a las tasas de referencia”, reza el documento.

El órgano supervisor prevé que Andalucía “incumpla la regla de gasto nacional” en los años 2026 y 2027, y estima que alcanzará superávit del 0,1% y 1,1% del PIB, respectivamente, en ambos ejercicios, aunque deja constancia de la ingeniería numércia que ha usado el Gobierno autonómico. “Sin los gastos asociados a paliar los daños del 'tren de borrascas' de principios de 2026, el superávit de la comunidad alcanzaría el 0,7% del PIB en 2026 y el 1,2% en 2027”, advierte.

La Airef estima que “el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional aumentará en la comunidad un 4,2% en 2026 y un 5,9% en 2027, superando los límites individuales del 3,5% y 4% vigentes, respectivamente, para cada uno de los años”.

Asimismo, en el informe se apunta que “el crecimiento del gasto primario considerado en la regla de gasto europea se estima para la comunidad en 2026 y 2027 en el 4% y 5,5%”, así como que “el cumplimiento de la regla de gasto en los dos años llevaría al superávit del 0,2% del PIB en 2026 y del 1,4% del PIB en 2027”.

Un “crecimiento del gasto computable ajustado a los límites actuales en ambos años permitiría, bajo las previsiones de ingresos de la Airef, mejorar tres décimas las estimaciones de cierre de 2027”, añade el documento. Desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal han constatado que la Junta de Andalucía prevé “cerrar en equilibrio 2026 y 2027 y cumplir la regla de gasto”, así como detallan que “el proyecto de presupuestos de la comunidad prevé alcanzar el equilibrio en 2027 bajo un nivel de empleos no asociados a fondos finalistas muy superior al previsto por la Airef”.

A pesar de ello, “estima un crecimiento del gasto computable de la regla de gasto nacional ajustado al límite del 4%, ya que contempla la propuesta de que se habilite legalmente la posibilidad de destinar créditos por un importe de 2.496 millones de euros a gastos excluidos del cómputo de la regla”.

Por parte de la Airef advierten de que “esta posibilidad de aplicar el posible superávit del ejercicio a gasto excluido de la regla, adicional al derivado de las borrascas, actualmente no tiene cobertura legal”.

El informe precisa que, “de acuerdo con lo indicado por la comunidad, dichos créditos quedarían retenidos, y si no se habilitara la propuesta no se ejecutarían, para permitir el cumplimiento de la regla, lo que llevaría a un superávit por el importe del gasto no ejecutado de un 1% del PIB”, y, “si se ejecutaran los créditos previstos en el proyecto sin habilitarse la posibilidad que plantea la comunidad, el crecimiento del gasto computable en 2027 superaría el 11%”.

Bajada de impuestos

De igual modo, la Airef estima que los ingresos de Andalucía en 2027, “sin tener en cuenta los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)”, aumentarán un 9%, alcanzando el 18,9% del PIB.

Por otro lado, el mismo organismo estima una caída del 4,5% de los ingresos tributarios en su conjunto, “por el efecto de las nuevas bonificaciones en el Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y la bajada de tipos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Itpajd)”.

En el resto de los recursos, se prevé un crecimiento del 9% “condicionado por la evolución de los fondos europeos, los ingresos asociados a la producción y las transferencias del Estado que, entre otros elementos, registran la aportación adicional al gasto en dependencia”.

Por otro lado, el proyecto de Presupuestos “recoge para 2027 los recursos del sistema de financiación comunicados” por el Ministerio de Hacienda y “previsiones similares a las de la Airef sobre los ingresos impositivos en su conjunto, pero contempla un volumen superior de fondos europeos que sitúa su escenario de ingresos por encima del de la Airef”.

Asimismo, la Airef prevé que los gastos de Andalucía en 2027, “sin considerar los financiados por el Plan de Recuperación de la UE ni asociados al tren de borrascas, aumentarán un 6% y alcanzarán el 17,7% del PIB”, abunda el informe, que puntualiza que, “añadiendo las actuaciones desarrolladas y previstas en 2026 y 2027 para paliar los daños ocasionados por las borrascas de primeros de año, el crecimiento de los gastos será cercano al 4%”.

De igual modo, la Airef prevé que los proyectos vinculados al Plan europeo de Recuperación y Resiliencia en la comunidad autónoma de Andalucía alcancen en 2026 el 0,4% del PIB y “sigan ejecutándose en 2027 por un 0,1% del PIB”. En materia de deuda pública, la Airef considera que la de Andalucía se situará “al cierre de 2027 en un 15,1% del PIB”. Partiendo de un 17,9% en 2025, la ratio “mejoraría en casi tres puntos en el periodo 2026-2027, por efecto del crecimiento previsto del PIB y, en menor medida, por la aplicación a la amortización de deuda de los saldos fiscales previstos en el periodo o realizados en ejercicios anteriores”, agrega el informe.

Recomendaciones

Con este análisis, la Airef “sigue observando riesgo de desviación en 2026 y 2027 que se mantiene para los años siguientes como consecuencia de las rebajas fiscales previstas, las medidas de personal y el crecimiento esperado de otros gastos”.

Desde la Airef advierten además de que “las rebajas fiscales sustanciales y progresivas previstas para los próximos cuatro años son contrarias a las recomendaciones formuladas” por dicho organismo, “afectan negativamente a la regla de gasto y perjudican la situación global de la comunidad en el medio plazo”.

Además, consideran desde la Airef que “las medidas de ahorro adoptadas, aunque permiten anular parte del crecimiento del gasto derivado de las medidas de personal, son insuficientes para evitar aumentos superiores a las tasas de referencia”.

Por otro lado, “de ejecutarse los créditos de gasto contemplados en el proyecto autonómico sin la habilitación correspondiente que permita su exclusión se produciría una significativa desviación en la regla de gasto y podría suponer un elevado nivel de gasto estructural y un rápido deterioro del saldo autonómico a medio plazo”, informa Europa Press.

Así las cosas, la Airef concluye su informe recomendando a la comunidad autónoma de Andalucía que “evite la adopción de medidas adicionales que supongan mayores incrementos estructurales del gasto primario neto de medidas de ingresos, lo que incluye tanto medidas de carácter permanente de reducción de ingresos como de incrementos de gastos que no cuenten con financiación también de carácter estructural”.

El exCEO de la productora de Canal Sur, Gustavo Fuentes, no podrá acercarse a menos de 100 metros de la reportera que le ha denunciado por agresión sexual, acoso sexual continuado y acoso laboral ni comunicarse con ella “por cualquier medio” mientras dure la investigación que instruye el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla.

La Audiencia de Sevilla ha impuesto una orden de alejamiento contra el exdirector general de Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM), copropiedad del Gobierno andaluz, al considerar “necesarias” las medidas cautelares solicitadas por la acusación “para la adecuada protección de la presunta víctima” y ante “la probabilidad de que hechos como los denunciados pudieran volver a producirse”, según consta en el auto, al que ha tenido acceso este periódico.

El tribunal provincial, compuesto por tres magistrados, ha aceptado las medidas cautelares de protección solicitadas por la reportera hace diez meses, cuando interpuso la denuncia contra su jefe, revocando así los autos del Juzgado instructor que denegaron esas medidas en dos ocasiones anteriores (febrero y marzo) al considerar que “no existía riesgo para su integridad física”.

Entonces, la instrucción estaba en fase muy temprana (sólo constaba la denuncia y las declaraciones juradas de siete testigos). Ahora, la Audiencia de Sevilla ha tenido en cuenta las primeras diligencias de la investigación, incluida la declaración de Gustavo Fuentes y de dos de las testigos de la acusación, y ha corregido la decisión del juez instructor, Francisco José de Córdoba, al apreciar que “constituyen indicios de la realidad de la versión de la denunciante las diversas testificales obrantes en la causa, que corroborarían siquiera periféricamente el relato de la misma”.

Los tres magistrados de la Audiencia han ponderado la versión del acusado y de la denunciante -“que ofrecen versiones divergentes sobre lo ocurrido”- y concluyen que la orden de alejamiento en un ratio de 100 metros y comunicarse con ella son medidas “necesarias”, “vista la entidad de la intimidación” ejercida por el productor, “consistente en haberla sometido a una prolongada situación de acoso sexual y laboral, que habría puesto en riesgo su integridad física y emocional y su libertad personal”.

También se tiene en cuenta que en enero de 2025 “la denunciante sufrió una crisis ansioso-depresiva” en el lugar de trabajo, que aún compartía con su jefe, “que determinó su baja laboral y posterior excedencia”. La Audiencia ha dado avisó a la Policía Nacional para que vele por el cumplimiento de estas medidas de protección para preservar su integridad física.

Gustavo Fuentes era el CEO de una de las productoras más potentes del sector audiovisual andaluz: ADM, una empresa público-privada cuyo accionista mayoritario es la propia Junta de Andalucía, y asociada a la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), su principal cliente.

El directivo mantenía una estrecha relación con el Gobierno de Juanma Moreno, que también le confió la presidencia del Clúster Audiovisual de Andalucía, un conglomerado de empresas del sector, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.

El pasado febrero, una reportera de ADM presentó una denuncia contra él por delitos sexuales, adjuntando siete declaraciones juradas de otras trabajadoras y exdiretivos de la empresa corroborando las agresiones sexuales y situaciones de acoso sexual y laboral.

El escrito venía acompañado de 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad, describiendo tres agresiones sexuales, aportando el lugar, la hora y testigos que escucharon lo sucedido el mismo día que ocurrió o poco después.

El 25 de marzo el juez tomó declaración a la periodista y, ese mismo día, dictó un auto citando a Gustavo Fuentes como imputado por un delito contra la libertad sexual y otro de acoso sexual continuado, castigado con pena de prisión de uno a cuatro años (en el primer caso) y de cinco a siete meses (en el segundo, cuando existe “prevalimiento de autoridad o superioridad laboral”).

Fuentes tenía que haber declarado ante el juez la segunda semana de mayo, en plena campaña para las elecciones andaluzas, pero cambió de abogado en el último momento y su citación se pospuso.

El pasado 9 de junio, elDiario.es reveló que el CEO de la productora de Canal Sur estaba siendo investigado por agresión sexual a una reportera desde hacía dos meses, una información que conocían otros directivos de la productora y de la dirección de la RTVA, como pudo confirmar este periódico.

24 horas después de la noticia, el Consejo de Administración de ADM le cesó de sus funciones -primero de forma “temporal” y al día siguiente de manera “definitiva”-. Gustavo Fuentes también fue destituido como presidente del Clúster Audiovisual.

En conversación con este periódico, ese mismo día, negó rotundamente las acusaciones, aseguró que se trataba de una “denuncia falsa” y vaticinó que “todo quedaría en nada” porque tanto el juez instructor como la Fiscalía habian rechazado las medidas cautelares de protección solicitadas por la víctima, el 9 de febrero, al no percibir riesgo para su integridad física.

Diez meses para unas medidas de protección

El auto de la Audiencia de Sevilla, fechado el pasado lunes, corrige parcialmente aquella decisión, después de que el abogado de la reportera presentara un recurso de reforma (también rechazado) y posteriormente un recurso de apelación ante el tribunal provincial, que acaba de resolver a favor de las medidas de protección solicitadas.

Gustavo Fuentes fue citado el pasado jueves ante el juzgado para ser informado de la prohibición de acercarse a menos de 100 metros de la denunciante ni de comunicarse por ella en persona, por teléfono o por medio de cualquier tipo de interacción por redes sociales.

La primera vez que se deniegan las medidas cautelares solicitadas por la periodistas, el tribunal de violencia sobre la mujer encargado de valorar la denuncia contra Fuentes por agresión y acoso sexual no tenía aún a un juez titular, y la decisión la adoptaron los sustitutos provisionales. El recurso de reforma sí fue rechazado, el pasado 25 de marzo, por el magistrado que actualmente instruye la causa, Francisco José de Córdoba.

Desde entonces hasta ahora, se han practicado varias diligencias -incluida la declaración de la víctima, del acusado y de varios testigos clave propuestos por la acusación- que han influido en el cambio de criterio por parte de la Audiencia de Sevilla.

La orden de alejamiento contra Gustavo Fuentes -originalmente se pidió que el radio de distancia de protección fuera de 500 metros- avala la tesis de que hoy existen indicios delictivos más sólidos que hace diez meses, cuando la mujer denunció a su jefe.

El pasado 21 de julio, el productor de Canal Sur declaró ante el juez que nunca agredió ni acosó sexualmente a una de sus empleadas, aunque admitió que tuvo un “tonteo mutuo, no consumado, pero siempre ”consentido“ por parte de la reportera que lo ha denunciado por tres agresiones sexuales –en 2013, 2022 y 2023–, por acoso sexugal continuado y por acoso laboral (aunque este último delito quedó fuera de esta causa porque el juez se declaró no competente). Gustavo Fuentes respondió a las preguntas del juez y de su abogada y quedó en libertad sin medidas cautelares.

Media hora antes de su declaración, dos testigos habían ratificado ante el juez la “obsesión” que el exCEO de la productora sentía hacia la periodista y la “presión sexual” a la que la sometía. “Ella le tenía pánico, verdadero miedo”. “Cuando la conocí, era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita”, advirtieron en sede judicial, según fuentes presentes en el interrogatorio.

La testigo “fundamental” para la acusación había sido número dos de Gustavo Fuentes en la productora, con una relación directa con él, y declaró a preguntas del juez que el acusado llegó a pedirle “que la despidiera porque se la estaba follando otro compañero”.

Tanto la exdirectiva como la otra testigo –una amiga a la que confesó las agresiones sexuales el mismo día en que se produjeron– coincidieron también en relacionar el “deterioro” físico y psicológico que sufre actualmente la periodista con el estado de “miedo” y “ansiedad” que experimentó durante los años que trabajó bajo las órdenes del directivo imputado.

La Justicia no consideró necesario dictar una orden de alejamiento para proteger a la reportera tras presentar la denuncia, adjuntando la declaración jurada de siete testigos. Sin embargo, cuando acudió al juzgado a declarar, el pasado 25 de marzo, fue atendida por el personal del SAVA, el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía, dependiente de la Junta, que le hizo una valoración psicológica y un análisis de su estado de “vulnerabilidad”.

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) sí percibió los riesgos propios de una víctima de violencia de género y empezó a abordar este caso como tal, facilitando a la denunciante el dispositivo ATENPRO, un recurso de teleasistencia que ella lleva consigo en todo momento y que le permite, con sólo apretar un botón, avisar a la Policía, que la tiene geolocalizada siempre. El IAM, órgano dependiente de la Consejería andaluza de Igualdad, también ofrece ayudas a las víctimas de violencia de género, no sólo dentro de la pareja.

“Amenazas y coacciones” a la testigo clave

Gustavo Fuentes no sólo está imputado en esta causa por delitos sexuales. Existe una derivada de este caso que también ha dado pie a una segunda investigación contra el productor, tramitándose en el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, a raíz de una denuncia interpuesta por la testigo clave, acusándole de “amenazas y coacciones”.

La jueza María Elena Contreras ha incoado diligencias previas al apreciar que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito contra la administración de justicia de la Corte Penal Internacional y obstrucción a la justicia, derivado de un delito de coacciones y amenazas contra un testigo en un procedimiento penal.

La denunciante presentó un escrito para personarse como acusación particular contra el que fue su jefe directo durante varios años en la productora ADM. El día en que debía ratificar su denuncia ante la jueza, la abogada de Gustavo Fuentes se presentó para personarse también en la causa y para defender que el móvil de su cliente, desde donde se enviaron los mensajes amenazantes a su exnúmero dos, había sido “hackeado”.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha endurecido el discurso político contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras el accidente de trenes en Urda (Toledo), en el que han muerto 69 personas y hay más de un centenar de heridos.

Su primera reacción tras la tragedia fue una declaración institucional en la que denunció que “el AVE Madrid-Andalucía ha dejado de ser un medio de transporte seguro”, y exigía al Ministerio de Transportes la “inmediata revisión de todas las vías ferroviarias en Andalucía”.

Una semana después, Moreno denuncia abiertamente que existen motivaciones políticas contra Andalucía detrás del retraso en la implantación del sistema de seguridad ERTMS, que debía sustituir al actual sistema LZB (que falló en la tragedia de Urda): “Como no nos votan, vamos a asfixiarlos”, ha asegurado este martes, durante una entrevista en el programa de Ana Rosa Quintana, tras recordar que la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla acumula 115 víctimas mortales en apenas nueve meses.

“Por el hecho de que los ciudadanos andaluzas, libremente, hayan votado mayoritariamente al PP en las últimas cinco elecciones, eso significa que nos tengan que castigar desde el Gobierno de España. Que sea la única línea de alta velocidad con un sistema de seguridad claramente obsoleto”, ha subrayado el presidente de la Junta, para quejarse del “déficit” de inversión estatal en Andalucía.

El dirigente popular sostiene que los andaluces han sufrido un “maltrato” únicamente por un “criterio político”: “Como no nos votan, vamos a cerrarles el grifo, vamos a asfixiarlos. No me cabe otra explicación”, tras recordar que las obras para implantar el nuevo sistema de seguridad en las vías ferroviarias de España se adjudicaron en 2021.

Moreno ha saltado de la cautela institucional al ataque frontal, en consonancia con el discurso cada vez más duro de su partido contra el Gobierno de Sánchez, a menos de un mes para las elecciones generales del 29 de noviembre. El barón territorial del PP, imagen de la derecha moderada, atribuye el retraso en el cambio del sistema de seguridad ferroviaria a “una negligencia, una incapacidad o la falta de voluntad”.

España está implantando progresivamente el sistema ERTMS en la red ferroviaria del país a instancias de la Comisión Europea, no porque el sistema actual sea menos seguro, sino por la obligación de “homologarlo” al resto de países miembros de la UE. El nuevo sistema ha empezado a instalarse en algunos trazados pero, según el calendario anunciado en su día por el Ministerio de Transportes, debía haber finallizado en 2024.

El Gobierno andaluz se reunirá esta semana con el sector turístico de Andalucía para hacer un cálculo de las pérdidas para pedir una alternativa, “que nos ayude, al menos en estos meses”.

El presidente de la Junta ha denunciado que “Andalucía vuelve a estar aislada”, tras la suspensión de todos los trenes de alta velocidad previstos hasta diciembre, como consecuencia del accidente de Urda, y ha pedido “alternativas y soluciones”. “Nosotros tenemos cinco aeropuertos en Andalucía. Oiga, refuercen las líneas aéreas, con que haya más frecuencia, y también que se puedan limitar los precios para que los ciudadanos utilicen el avión para poder acceder a Madrid, Barcelona u otras ciudades”, ha asegurado.

Sin embargo, el pasado 26 de febrero, el PP unió sus votos a los de Vox y Junts en el Congreso para tumbar precisamente un decreto ley del Gobierno que buscaba evitar las subidas de precios abusivas en contextos de emergencias o catástrofes como el accidente de Adamuz y la dana de Valencia, entre otras. Con 177 votos en contra y 172 a favor, el real decreto ley quedo derogado, justo después de que PP, Vox y Junts votasen también en contra de mantener el escudo social y la moratoria antidesahucios. 

Moreno ha pedido directamente la dimisión de Óscar Puente, que esta tarde comparecerá para dar explicaciones en la Diputación Permanente del Congreso. “Después de Adamuz, ya debería haber dimitido”, dice. El ministro de Transportes ha anunciado este mismo martes un plan extraordinario para reforzar la seguridad ferroviaria en la alta velocidad, singularmente la línea Madrid-Sevilla, por parte de la Agencia de Seguridad Ferrovial y que va a conllevar una reducción del número de frecuencias. Habrá menos trenes cuando se retome el servicio.

“Yo deseo que no se corte la línea, evidentemente, porque eso va a suponer un deterioro de la economía andaluza y una pérdida de empleos. No creo que sea bueno asfixiar al tercer motor de España en términos económicos”, ha subrayado, al pedir más medidas para garantizar que el corredor ferroviario con el sur sea “más seguro”.

El dirigente popular sostiene que el accidente de Urda, como sucedió en enero en Adamuz (Córdoba), es “un desastre humano, económico y social”, en alusión a las cancelaciones de visitas turísticas en Andalucía en el puente actual, el puente de la Constitución y las navidades, que “van a tener un impacto clave en empleo y en la propia economía”. “Andalucía es una potencia turística, la primera en turismo nacional”, ha recordado Moreno, tras reiterar que él no se montaría ahora en el AVE a Madrid.

La tragedia ferroviaria ha opacado la política andaluza, que estos días estaban centradas en la presentación de los primeros Presupuestos Autonómicos de PP y Vox, que recogen la cláusula xenófoba de la “prioridad nacional” y la retirada de subvenciones a ONGs y sindicatos.

El vicepresidente de la Junta y líder regional de Vox, Manuel Gavira, ha presentado este martes las cuentas de su departamento, la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, pero ha aparcado los números para contraatacar a los grupos de la oposición con el accidente de Urda. Gavira ha acusado al PSOE de “negligencia” y “corrupción” y de condenar a Andalucía a la “pobreza, la ruina y la miseria” por el mal estado de la conexión ferroviaria con el resto de España.

La aprobación del anteproyecto de ley de los presupuestos andaluces para 2027, con cifra récord, tiene sus recovecos. Mientras que Sanidad, Dependencia y Educación aumentan las partidas, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, junto a la cartera de Sostenibilidad y Medio Ambiente reducen un 18,7% y un 24%, respectivamente, su peso en el Gobierno de Juanma Moreno. El primer comunicado que acompañó a la publicación advertía del rechazo a los menores migrantes no acompañados y de los recortes en cooperación al desarrollo en cumplimiento del acuerdo suscrito mientras Vox se arrogaba la creación de una partida de 15 millones de euros para “proteger el campo”. Sin embargo, la cooperación crece en 280.000 euros y el sector agrario cae en las políticas públicas.

En un comunicado emitido el viernes, los de Santiago Abascal aseguraban que el gasto en cooperación internacional “se reducía” para destinar a promover los planes de retorno a menores migrantes no acompañados (cuestión que no está entre las competencias de la Junta de Andalucía). Pero, ¿qué recortes se llevan a cabo? En principio, y a la vista de lo expuesto por la administración pública, el apoyo al sector productor agrícola y ganadero, el desarrollo rural o la economía azul sufren recortes, junto a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA), que liquida la línea de actuación para la mejora de la producción agrícola para 2027.

El vicepresidente segundo y líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, ha intentado capitanear este viraje ultraconservador que, a la vista de las cifras, parecen más bien un espectro de lo esperado, como ha ocurrido con el recorte a los sindicatos. En un primer momento, anunció que la reducción sería de unos 3,5 millones de euros, sin embargo, el recorte más significativo ha sido de un 12,4%, es decir, unos 640.000 euros, mientras que otras partidas relacionadas con la actividad sindical y la prevención de riesgos laborales obtienen más recursos. UGT y CCOO ya muestran su disparidad con esta decisión, pero la incursión ha sido, hasta la fecha, tibia.

Recortes en agricultura y el fondo agrario crece un 2,6%

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, dirigida por Ramón Fernández-Pacheco, es una de las que más acusa el golpe. Decrece un 18,7%, de los 1.971 millones a los 1.602 millones de euros de 2027. La merma en las ayudas europeas, como el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), ha sido uno de los grandes hándicap para la cartera, donde el único apartado que ha crecido es el relativo a las actuaciones en materia de agua (de 736 millones a 756).

Agricultura posee actualmente cinco programas: Ordenación y mejora de la producción agrícola y ganadera (pasa de 372,3 millones a 170,6 millones a causa de la gran pérdida de transferencias de capital); y, en segundo lugar, la Incentivación del sector agroindustrial (que se reduce de 129,4 millones a 86,6).

A continuación, se encontraría el programa para el Apoyo al sector productor agrícola y ganadero (que tenía en 2026 unos 269,5 millones y finalmente dispondrá de 164,4 millones); al que le seguiría la línea de Desarrollo rural (con 80 millones de euros que quedan recortados casi a la mitad, con 48,5 millones); y, finalmente, Pesca, que para este ejercicio ha pasado a denominarse Pesca y economía azul (de los 60 millones en 2026 se quedará en 57,9 millones).

Así, a grandes rasgos, se quedaría la Consejería de Agricultura, en donde la ultraderecha ha anunciado que ha logrado implementar un fondo de 15 millones de euros que “por primera vez” contempla ayudas “excepcionales a agricultores y ganaderos afectados por plagas y enfermedades”. “Se trata de una partida que viene a complementar al fondo de contingencia que ya existía y que se amplía de 16 a 25 millones”, compartían en un comunicado.

Una nueva nomenclatura que en 2026 se recogía bajo el paraguas de “ayudas indemnizatorias a empresas privadas” y que ahora viene desplegados en varios subapartados, como indemnizaciones por daños de borrascas, inundaciones en explotaciones agrícolas o zonas no delimitadas en vista de las catástrofes medioambientales sufridas a inicios del año. En cuanto a las ayudas a los seguros agrarios, se fijan otra vez en 16,6 millones de euros, sin cambios.

En paralelo, el Fondo Andaluz de Garantía Agraria obtendrá un 2,6% más de recursos, unos 40,8 millones de euros. De un año a otro el programa de apoyo al sector productor agrícola y ganadero ha subido de 1.568 millones a 1.609 millones. Una cifra reducida en comparación con el montante que pierde la cartera del Gobierno.

Cooperación: menos prevención en violencia de género

Centrándonos en la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), la cuantía no se ha reducido, al contrario, ha aumentado un ajustado 1,38%, pasando de 20.513.203 millones en 2026 a un total de 20.796.744 millones de euros en 2027. Fuentes del sector se muestran escépticos con este aumento presupuestario a partir de las declaraciones hechas por el Gobierno andaluz, así que explican que los ajustes se llevarán, probablemente, en las autoenmiendas de PP y Vox cuando se dé el debate parlamentario.

En los presupuestos, se constata que la Agencia congela las líneas de gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios, las transferencias corrientes y las inversiones reales (relativas a mobiliario o equipos). Aún así, las universidades andaluzas dispondrán nuevamente de un 1 millón de euros para el desarrollo de proyectos de cooperación internacional, mientras que las ONG nombradas, como Famsi, FAMP, Unicef o la Coordinadora Andaluza ONGD mantienen sus cuantías, que oscilan entre los 150.000 euros y los 70.000. Además, la acción en el exterior, con la implicación de Cruz Roja o ACNUR, entre otras, permanecerán con 100.000 y 150.000 euros, cada una.

En donde se aprecian reducciones es en el apartado de estudios y trabajos técnicos, punto clave para difundir la labor del sector y mejorar el diálogo entre los agentes sociales, con un recorte de 12.000 euros, pasando de 101.928 euros en el anterior ejercicio a 89.928 euros en el presente. También, las retribuciones para la alta dirección descienden unos 64.000 euros (pasando de 319.495 euros a 255.388 euros), al igual que el Grupo II del personal laboral no incluido en el VI convenio (que recortan de 216.405 euros en 2026 a 105.721 euros, pese a que la antigüedad, los complementos, incentivos y los sueldos de todos los grupos aumenten).

Lo que sí llama la atención a nivel cualitativo es el cambio de requisitos en la Agencia. Se elimina la previsión de número de personas beneficiarias (eran unas 820.000 en 2026) y se modifican los indicadores relativos a la violencia de género: las actuaciones orientadas a su erradicación equivalían a un 20% mientras que en 2027 cae a un 10%. También, las actividades para promorcionar la igualdad caen de un 20% a un 10% para este curso y la actuación de la cooperación andaluzan para erradicar la violencia machista pasan de un 10 a un 8%; un desplome generalizado que ahonda en la pérdida del enfoque transversal de género en los presupuestos andaluces.

Menos recursos para los espacios naturales o la gestión forestal

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente sufre un varapalo similar a la de Agricultura. Al frente está Adolfina Martínez, que sustituyó a Catalina García en este nuevo mandato, y tendrá que lidiar con una reducción del 24%. La cuantía total pasa de 655 millones a 498 millones para 2027.

La cartera está dividida en cuatro líneas generales. Una de ellas es Prevención y calidad ambiental, que en 2026 partía de 175 millones y ahora tendrá unos 86 millones; el segundo programa es Espacios naturales protegidos, en el que se registra un descenso de 73 millones a 61 millones; y en tercer lugar, la Gestión forestal y biodiversidad pierde de los 186 millones del ejercicio anterior a quedarse en 118 millones. El último apartado recoge el programa de Información, planificación y sensibilización ambiental, el único que crece: de 22 a 34 millones de euros. A ello, le afecta sobre todo la disminución de la transferencia de capitales o inversión.

A pesar del negacionismo climático del socio del PP, las ayudas a los planes municipales para el cambio climático ascienden de 2,7 millones a un total de 14 millones de euros para este 2027. Otro cambio que plasma la Consejería es que el 80% de los indicadores presupuestarios tienen que incluir la incidencia climática, frente al 40% del curso anterior. Asimismo, la Dirección General de Sostenibilidad ambiental y Economía Circular pasa a denominarse de Sostenibilidad ambiental y gestión del litoral, separándose del sector marítimo.

Eliminación de la mejora para la producción agrícola en AMAYA

Otro órgano en el que sí hay recortes es en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA): un 1,98% menos, es decir, el tijeretazo alcanza los 2.466.308 millones de euros al pasar de un montante de 126.194.498 millones en 2026 a 123.728.190 millones en 2027. ¿Cuáles son las partes más afectadas? AMAYA reparte la financiación en cuatro programas y dos líneas de actuación, una de ellas en materia de agua. Sin embargo, el anteproyecto de ley plasma la eliminación de las actuaciones para la ordenación y mejora de la producción agrícola y ganadera, que estaba dotada el año pasado con 156.000 euros.

En un verano marcado por la sequía y los incendios, esta reducción cumple con el negacionismo climático del que hace gala la ultraderecha y del que no había participado el PP. La financiación para el programa de espacios naturales protegidos cae desde 16 millones a los 12,7 millones. Un caso en negativo también para el programa de gestión forestal y biodiversidad, que pasa de los 51 millones en 2026 a los 47 millones; y, por último, el programa de información, planificación y sensibilización ambiental se escurre de los 5,4 millones a los 4,7 millones.

Un recorte de 10 millones de euros que no se trasvasa por entero a las demás áreas, ya que, según lo previsto, el programa de prevención y calidad ambiental aumentó de 6,7 millones a 8,1 millones mientras que las actuaciones en materia de agua crecieron de 18 millones a 21 millones de euros.

Otra reducción prevista es la venta de productos forestales y de la energía fotovoltaica por parte de AMAYA, que está recogido en la tasa de ingresos del organismo. La previsión pasa de 4.893.534 millones a 3.360.744 millones de un año a otro, por lo que, previsiblemente, afectará a las próximas cuentas.

La resaca de Halloween deja mucho empacho de golosinas, disfraces por lavar, muchas fachadas terroríficas por desmontar y calabazas por quitar de las estanterías. Toca guardar toda la decoración colocada para celebrar la noche más terrorífica del año y sustituirla, en pocas semanas y en el caso de los impacientes, por los adornos navideños, de manera que los hogares pasarán de tener un tono fúnebre a otro más colorido como el rojo. El tradicional. 

Esa estampa es la que se repite en la mayoría del país, pero no en todas las provincias. Algunos municipios aspiran a extender el espíritu terrorífico de Halloween, aunque se conviertan en una excepción. Ese es el caso de Soportújar, un pequeño pueblo de poco más de doscientos habitantes situado en la parte noroeste de la comarca de la Alpujarra Granadina.

En Soportújar el miedo aún no ha desaparecido de sus fachadas ni de sus calles y se preparan para celebrar este fin de semana la novena edición de la Noche de Brujas, un evento que se celebra el próximo 7 de noviembre y en el que habrá concurso de disfraces, eventos gastronómicos, mercadillos artesanales y actuaciones teatrales. 

La noche embrujada

Soportújar se ha ganado su fama a pulso y a través de su historia. El nacimiento núcleo urbano se remonta al siglo XIII, siendo una alquería perteneciente a la Taha de Órgiva. Tras la expulsión de los moriscos, se instalaron familias llegadas de varias partes del territorio, que trajeron consigo sus tradiciones paganas. Según cuenta la leyenda, los nuevos habitantes —brujas, hechiceros y nigromantes— también incorporaron los aquelarres. 

Ese espíritu terrorífico ha sobrevivido durante siglos y hasta la actualidad. Al pasear por sus calles, los visitantes se toparán con rincones únicos como la reproducción a gran escala de la casa de la Baba Yaga, el particular hogar de una bruja. Este contaba con unas enormes patas de gallina para recorrer grandes distancias. También encontrarán la Fuente del Dragón, de la que se dice que su agua tiene propiedades afrodisíacas y estimula la fertilidad, siempre según la leyenda. Y la lista aún es más extensa. 

El espíritu aterrador de Soportújar se mantiene durante todo el año, pero se celebra especialmente durante la celebración de la Noche de las Brujas, un evento que este año celebra su novena edición y que tendrá lugar el próximo sábado, 7 de noviembre, en la que definen como “la noche más mágica y embrujada del año”. Solo hay un requisito: estar dispuesto a pasar mucho miedo, independientemente de la edad que se tenga, e ir disfrazado con las mejores y más terroríficas galas. 

La jornada comenzará con la apertura de un mercadillo de artesanía y gastronomía local; seguirá con la bienvenida del cortejo de las brujas; también actuaciones de estas vecinas ilustres por las diferentes calles; continuará con la representación de historia de las brujas frente a la inquisición; y se cerrará con música y la elección del mejor disfraz de los asistentes, con premio incluido. 

En un cortijo en las estribaciones de la Sierra Almijara con vistas al azul mediterráneo, una bailaora y tres guitarristas preparan una particular revisión de la vida y obra de Pastora Imperio. Un imponente sombrero, el Amor Brujo, un mantón de manila, momentos de quietud y de tempestad sobre las tablas, que resuenan suaves o furiosas a los pies de Paula Comitre en un local de ensayo de un cortijo al pie de la sinuosa carretera que une Torrox con Frigiliana, en la Axarquía malagueña.

Hay maletas en el suelo, avituallamiento. Los músicos están en cómodos. “Toda esta experiencia de desconexión, de convivencia, de no estar afectada por nada externo, nos ha hecho aterrizar. Aquí todo el trabajo ha cristalizado”, resopla satisfecha la bailaora, aún con el sudor en la frente tras un intenso esfuerzo que la ha puesto al límite de su capacidad física. Estas pruebas hacen que salten “algunas costuras” porque da una imagen completa. La continuidad permite apreciar los relieves del artefacto e insuflarle energía si desfallece o darle un respiro si necesita aire: ordenar el tiempo y el espacio que habita en él.

Acaba de concluir el segundo ensayo completo de Bien vale un Imperio, el espectáculo que tiene previsto estrenar en el Centro Danza Matadero de Madrid el próximo viernes 6 de noviembre, y que está puliendo con la ayuda de Fran Pérez Román y Julio León en la residencia artística In Progress, en Torrox.

Pastora Imperio o La Argentina, de los libros a las tablas

Bien vale un Imperio es el segundo capítulo de un tríptico escénico con el que Comitre redescubre para la danza contemporánea el imaginario y el legado de tres mujeres del primer tercio del siglo XX fundamentales para el flamenco y la danza española. Primero fue Antonia Mercé “La Argentina” en Après vous; ahora, Pastora Imperio; y culminará con Tórtola Valencia, quizá hoy la más desconocida de las tres, en su día una celebridad con bagaje internacional y una visión más experimental de la danza.

“Las tres son mujeres que bailan en una época que coincide con las vanguardias artísticas en Europa, donde las propuestas visuales, el vestuario y la propia personalidad, con unos caracteres muy avant garde, generan espacios insólitos”, señala Fran Pérez Román. Ese carácter pionero y el uso de los instrumentos (tres guitarras, flamenca, clásica e instrumental, en manos de Pedro Rojas Ogáyar, Francis Gómez y Jesús Rodríguez), abona el terreno para una dualidad entre lo literal y lo abstracto, en una reinterpretación de los hitos vitales a partir de tres lenguajes artísticos: la danza, la música y las artes plásticas.

Comitre se ha empapado de la vida y obra de cada una. Un proceso de inmersión con la ayuda del investigador Pedro G. Romero, que le ha servido incluso para proyectar una tesis doctoral sobre cómo se traslada a escena una investigación bibliográfica. La bailaora traza una línea del tiempo vital de sus inspiradoras.

En el caso de Pastora Imperio, a partir de tres momentos vitales: una primera etapa de popularidad creciente al ritmo del garrotín y la farruca; una segunda marcada por el Amor Brujo, que Manuel de Falla compuso para ella por mediación de Jacinto Benavente; y una tercera en la que abraza la tradición de la bata de cola y los aires de Sevilla. También rebusca anécdotas y material gráfico que doten de contenido al espectáculo escénico y abonen el diálogo entre distintas artes plásticas: aquí son fundamentales el aparatoso sombrero de la primera etapa, la bata de cola y el mantón de manila.

Cada elemento del resultado tiene su referencia vital, sin que se trate de una simple revisión o un homenaje. Se trata de destilar la esencia, encontrar la raíz hasta desembocar en una especie de trance con el personaje y su legado. “Es un punto de partida para hacer una creación flamenca contemporánea. A veces decimos que es como una güija en la que invocamos a esos personajes”, explica Julio León.

Un “espacio de retiro” para la inmersión total

Comitre está contenta con los últimos días de ensayo, que han sido fértiles para cuajar la idea que le bullía en la cabeza. Llegaron a Torrox buscando precisamente esto: un espacio propio y casi íntimo donde desconectar, inspirarse y zambullirse en la creación 24 horas al día. “Ha sido como si hubiera estado aquí un mes”, admite con satisfacción.

Los espacios de creación decantan obras de arte, a veces de manera decisiva. Este es particular. Su dueño es el gestor cultural y productor Miguel Marín, quien creó hace 25 años el Flamenco Festival de Nueva York, que dirige desde entonces. Empezó con Carmen Linares, Manolo Sanlúcar, Farruquito y María Pagés, y este año ha programado a Eva Yerbabuena, Manuel Liñán, Sara Baras, Olga Pericet o Rocío Márquez en el New York City Center, el Lincoln Center o el Carnegie Hall.

Marín tuvo la visión de que necesitaba un lugar así en la lectura de una hoja de palma en la India. Nada más regresar se puso a buscarlo y encontró de saldo un viejo cortijo en Torrox. Luego le dedicó tiempo y dinero para poner a punto lo que buscaba: un espacio de convivencia desde el que los artistas puedan generar complicidad y desarrollar sus ideas. “Un espacio de retiro”, dice, que facilite una “inmersión” total en la creación: “Es lo que permite visitar rincones a los que no es fácil llegar si estás distraído”.

Aquí concibieron Rocío Márquez y Bronquio la puesta en escena de su aclamado disco Tercer Cielo. De aquí han salido obras nominadas en los Oliver, como Muerte de amor, del bailaor Manuel Liñán. No es el único premio nacional de danza que ha pasado por las residencias In-Progress: también Olga Pericet, que las inauguró hace ahora seis años, y Rocío Molina, el año pasado, han dejado su huella en Torrox, además de casi medio centenar de artistas: La Lupi, La Piñona, Rosario La Tremendita o, en esta última temporada, las compañías de Alfonso Losa, Sara Jiménez y Juan Tomás de la Molía.

Prueba en el instituto

El trato es simple: In Progress ofrece el lugar y manutención, con la colaboración de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura, las artistas dan forma aquí a su idea, con el compromiso de que enriquezca de alguna forma al pueblo. No se trata de pasar sin más, sino de nutrirse del lugar y, a cambio, dejar una huella. A veces, el preestreno del espectáculo es en el teatro municipal de Torrox, que facilita el Ayuntamiento, como ocurrió con El Tercer Cielo; pero a veces se busca otra cosa: Comitre presentará Bien vale un Imperio a estudiantes del IES Jorge Guillén. En el caso de Irene de la Rosa y su reciente espectáculo sobre La Singla (la arrolladora bailaora sorda que revolucionó el baile flamenco en los 60), la actividad ha sido con una asociación de sordomudos de Vélez Málaga.

En estos años, el público de Torrox y la Axarquía ha ejercido de particular “conejillo de indias” al que se invita a transmitir sus impresiones. “Se ha convertido en parte de la presentación. Es algo que gusta y a veces sorprenden los comentarios”, comenta Marín, que no las tenía todas consigo cuando lo planteó. “A veces no es fácil romper ese telón, pero ha habido un interés muy genuino y aportaciones muy útiles”.

Comitre y su equipo hacen un alto para comer, antes de volver al local de ensayo. Al día siguiente llegará la primera prueba con público: será un ensayo con los chavales del instituto de Torrox. Va preparada: “Tienen una espontaneidad que a lo mejor no tienen los adultos. Y eso es importante”, advierte. Es la piedra de toque. En pocos días, estreno en Madrid de otro espectáculo que nació en los montes con vistas al mar de la Axarquía malagueña.

Agentes de la Policía Nacional han detenido la pasada noche del sábado en Fuengirola (Málaga) a otros dos individuos, uno de ellos menor de edad, pertenecientes al llamado movimiento 'Blocus'. Esta detención se suma a la de un joven de 20 años que también fue arrestado en la provincia.

En un comunicado, el cuerpo traslada que ambos fueron localizados en el momento en el que se preparaban para cometer actos vandálicos en la ciudad. Los dos individuos participaban de modo activo en canales de mensajería instantánea en los que hacían un llamamiento a realizar saqueos y actos de pillaje en comercios de la localidades de Fuengirola y Marbella.

En tan solo cuatro días, la Policía Nacional ha arrestado a siete jóvenes por su presunta vinculación con este movimiento juvenil en las ciudades de Valencia, Bilbao, Málaga y Fuengirola.

Detención

Asimismo, la Policía ha detallado que el detenido mayor de edad era el administrador del grupo que coordinaba los actos en el grupo denominado 'Blocus Fuengirola'. Este indicaba el 'modus operandi' a seguir por el resto de miembros, animándoles a cometer sabotajes y daños.

Las investigaciones avanzadas en esta semana permitieron identificarlos para proceder a su detención durante el dispositivo policial de prevención desarrollado la pasada noche. Se les considera presuntos responsables de los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado.

El abogado de la víctima del 'caso Viogén' ha solicitado penas de hasta doce años y medio de prisión para el exjefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, y otros siete agentes del cuerpo por presuntamente acceder de forma irregular a la plataforma de seguimiento de víctimas de violencia machista (VioGén) para obtener datos sobre su localización y circunstancias.

El caso se inició después de que la expareja de un subinspector del cuerpo condenado por maltratarla denunciara en julio de 2024 que su agresor “siempre había estado al tanto de todos sus movimientos, incluso por delante de ella”. Sospechaba que compañeros de la Policía Local accedían a su expediente en VioGén y “recababan información que facilitarían a su expareja” o bien que éste accedía utilizando las claves de sus compañeros.

Concluida la instrucción, el juzgado ha procesado a ocho agentes por supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos. La Fiscalía ha solicitado el archivo por entender que los hechos no constituyen un delito penal, pero la acusación particular ejercida por la mujer acaba de pedir que se abra juicio oral contra ellos.

Además del exjefe de Policía, entre los investigados se encuentran un subinspector y un oficial del Grupo de Mujer y Menores de la Policía Local de Granada en el momento de los hechos y cinco agentes más adscritos a esta unidad.

30 años de inhabilitación

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusación solicita 12 años y medio de prisión, y 30 de inhabilitación absoluta, para José Manuel Avilés y para el subinspector Jefe de la unidad como inductores de un delito de descubrimiento y como autores de uno de revelación de secretos.

Al oficial jefe y al resto de agentes les acusa como autores de delitos de descubrimiento y, en su caso, de revelación de secretos, solicitando condenas que van entre los 8 años y dos días de cárcel y los 12 años y medio de prisión en función de su presunta implicación; así como penas de inhabilitación absoluta de entre 20 y 30 años.

La acusación remarca que la custodia de la mujer era competencia exclusiva de la Guardia Civil. Pese a ello, los acusados realizaron 47 accesos no autorizados a esta plataforma entre el 25 de agosto de 2023 y el 4 de abril de 2024, sin dejar “ninguna constancia” en el módulo de anotaciones de los motivos que justificaban el acceso.

Durante ese periodo, supuestamente consultaron datos sobre “recorridos de la víctima, cambios de horario de su trabajo, cambios de domicilio, medidas de seguridad llevadas a cabo para su protección” y relativos a su hija menor. Además, cinco agentes presuntamente llegaron al nivel 3, visualizando “datos sensibles” del expediente.

“Las intromisiones no cesaron”

El origen de las consultas habría partido de una orden verbal dada por el entonces jefe de la Policía Local al subinspector jefe de la unidad para recopilar datos con vistas a un expediente disciplinario a la expareja de la víctima y compañero del cuerpo. No obstante, aunque el expediente “quedó paralizado a los ocho días de su apertura”, las “intromisiones no cesaron”, según sostiene esta acusación.

En su relato de hechos se incide en que mientras los agentes presuntamente consultaban el expediente VioGén no se adoptaron medidas disciplinarias contra el agresor sino que “fue ascendido” como Jefe de la Academia de Policía Local. Estos accesos habrían generado “temor y desasosiego alterando la confianza de la víctima”, que atravesó este periodo “en un estado constante de alerta” y se vio obligada a “modificar aún más sus rutinas de seguridad”.

Algunas de ellas no llegaron a anotarse en el sistema VioGén “para evitar que la Policía Local las conociera”, según se desprende del escrito. Además de las penas de prisión, la acusación particular solicita que cada uno de los acusados indemnice a la mujer y a su hija en 20.000 euros a cada una por los daños morales sufridos.

Dirige además la acción civil subsidiaria frente al Ayuntamiento de Granada, toda vez que los hechos fueron presuntamente ejecutados por funcionarios municipales “aprovechando los medios, credenciales y relaciones jerárquicas de su servicio policial, utilizándose además la información en actuaciones administrativas municipales”.

En el apartado de prueba documental, pide librar oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad para averiguar “desde qué direcciones IP accedió cada agente” y verificar si hubo accesos simultáneos coincidentes con los turnos de trabajo del agresor, que no está procesado en esta causa.

Junto a ello se solicita que todas las sesiones de la vista oral se celebren a puerta cerrada para salvaguardar la intimidad de la víctima y de su hija menor, según se desprende del escrito remitido a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, plaza número 4.

Vox arremete contra los sindicatos, ya sea verbalmente o en el pacto de gobierno que firmó con el PP de Juanma Moreno. Andalucía ahora tiene la primera muestra de este recorte anunciado en el anteproyecto de ley de los presupuestos aprobado este viernes: recorte del 50% en una de las partidas para UGT y CCOO. Lejos de la cifra que había señalado el vicepresidente y líder andaluz de la ultraderecha Manuel Gavira de 3,5 millones, los sindicatos ya cuentan con un 12% menos de financiación y alertan sobre este giro: “El diálogo social es un derecho constitucional, no un chiringuito que el Gobierno andaluz pueda recortar para pagar su peaje ideológico a la extrema derecha”.

Así arremete Rafael Gelo, secretario de Institucional de UGT, que explica que los fondos finalistas se destinan directamente al asesoramiento de trabajadores, a la prevención de riesgos laborales “para que la gente no muera en el tajo”, a la negociación de convenios colectivos que regulan los salarios y las jornadas, “estén o no afiliados”. “Cuando un conflicto laboral en una gran empresa o un sector estratégico de Andalucía se resuelve en una mesa de negociación y no termina en una huelga indefinida que paralice la economía es gracias a las relaciones laborales”.

La partida que se ha visto afectada es la relacionada con la participación en la mejora de las relaciones laborales. La subvención fue en 2026 de 714.800 euros para UGT y de 533.250 euros para CCOO, mientras que este ejercicio lleva una consigna de 357.400 euros para UGT y de 266.625 euros para CCOO. Un recorte de 624.000 euros que supone la rebaja del 50% con respecto a lo dispuesto hace un año.

“Que los presupuestos no sean escaparate de propaganda”

A raíz de lo sucedido, UGT pide que los presupuestos “no sean un escaparate de propaganda, sino una palanca real de redistribución de la riqueza, cohesión social y equilibrio territorial”. “Andalucía no necesita anuncios grandilocuentes sino transparencia, que la Junta evalúe cualitativamente cuánto ha ejecutado de los ejercicios anteriores, porque cuando se pasa del papel a la calle, seguimos a la cola del empleo estable, renta per cápita y cohesión social”, señala, para lo que exige mayores esfuerzos en sanidad, vivienda, educación y un presupuesto “que garantice el sistema 100% público y universal” junto a la “recuperación del personal precarizado” frente “a las externalizaciones encubiertas”.

Pese a este cambio anunciado por Vox, la asignación para la Ley de Participación Institucional de Andalucía queda intacta. La asignación fue de 7 millones de euros en los presupuestos de 2026: 1.770.761 euros para CCOO y UGT, respectivamente, mientras que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), recibió 3.541.521 euros. Ahora bien, en 2027 se mantiene idéntica dentro de las cuentas de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, a cargo de Rocío Blanco. Una cuestión en la que no ha podido meter baza la ultraderecha.

Por tanto, UGT ha recibido unos 2,1 millones de euros y CCOO alrededor de 2 millones, unos 4,1 millones de euros para este 2027 frente a los 4,7 millones del tramo pasado. El cambio es notorio y merma los recursos de los sindicatos mayoritarios en Andalucía con un recorte del 12%; lejos de lo demandado por la ultraderecha, aunque es un inicio.

Aumentan las partidas para resolución de conflictos laborales

La ley de Participación Institucional fue aprobada en diciembre de 2025 y respondía a una deuda histórica, ya que hay dos décadas de atraso con respecto a Madrid y la comunidad era una de las tres que carecía de tal herramienta en el país. El texto marcaba a UGT y CCOO, los sindicatos mayoritarios, como interlocutores con el Gobierno andaluz para la concertación social, es decir, para participar en la toma de decisiones del diseño de las políticas públicas y ser consultados en los anteproyectos de las leyes que les afectan.

No obstante, otra partida en la que también se verían afectados los sindicatos CCOO y UGT es la correspondiente al Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos (SERCLA), dependiente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), dos organismos en los que participan como interlocutores. Este herramienta extrajudicial tiene por objetivo resolver conflictos en el entorno laboral y buscar el consenso para evitar la movilización de las plantillas en sus demandas a la patronal. Participan la Junta de Andalucía, el empresariado y los sindicatos, y tal y como se plasma en el último informe de 2026, su actividad aumenta.

En el mes de septiembre se registró un ascenso en el número de expedientes, 710, un 9% más que en la misma fecha del año anterior. Los efectos de estos expedientes se extendían a 49.588 empresas y 400.179 trabajadores andaluces, con mayor incidencia en Málaga, Cádiz y Sevilla, donde también participan CCOO y UGT.

La compensación para los agentes sociales que participan en el SERCLA fue de 945.483 euros y para los agentes sociales miembros del CARL fue de 297.758 euros, haciendo un total de 1.243.241 euros. En 2027 ha pasado a ser de 1.087.305 euros y 297.758 euros, respectivamente, ascendiendo a 1.385.063 euros. Así que el aumento es de un 11,41%. En este caso, no se especifica la atribución a cada participante de los entes sociales, pero se infiere que, siendo un instrumento para la conciliación laboral en el que participa la parte sindical, habría sido sometido a escrutinio.

Otro instrumento esencial para el diálogo entre los diferentes agentes sociales es el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), dirigido por Luis Roda Oliveira, y, en esta ocasión, su presupuesto crece. El Consejo General de la entidad está formado por representantes tanto de la Junta de Andalucía, como de la Confederación de Empresarios junto a CCOO y UGT, para lo que no hay asignado un sueldo a ninguna de las partes, salvo algún tipo de indemnización por razón del servicio a quienes no son parte de la administración. En este caso, se pasa de 6,8 millones a 7,6 millones, una subida de un 11,7%. Pese a ello, el número de trabajadores sigue siendo el mismo (20) y son los gastos salariales los que absorben la mayor parte de la subida, ajustada a los incrementos retributivos.

“Desprecio absoluto”

“Esta reducción del 50% en los presupuestos de 2027 demuestran un desprecio absoluto de este Gobierno por los derechos laborales en Andalucía porque estos recursos no se van a recortar a las siglas de UGT, sino que van destinados por ley a la mediación de conflictos, la seguridad en el trabajo y, en definitiva, a defender las condiciones de la clase trabajadora en Andalucía”, manifiesta el secretario de Institucional de UGT-A.

La relación entre la Junta de Andalucía y los sindicatos en la última legislatura en solitario de Juanma Moreno estuvo marcada por la presión sindical en las calles. Los acuerdos en materia educativa, la mejora en la atención primaria y del empleo público o el acuerdo para la carrera sanitaria fueron aprobados in extremis y con la vista puesta en las elecciones autonómicas que, finalmente, quitó la mayoría absoluta al PP dejando la puerta abierta a la ultraderecha.

Ya lo expresaban los líderes sindicales a este medio, como Nuria López, secretaria general de CCOO-A, “hay más recursos y mejores datos, entonces las políticas son erróneas porque se ha profundizado en el deterioro continuo y paulatino de los servicios públicos”. Unas palabras que también compartía Óskar Martín, secretario general de UGT-A, cuando replicaba que “las medidas de carácter social avanzan con una lentitud injustificable”, añadiendo que persistía “la precariedad, la desigualdad y la vulnerabilidad”. Los sindicatos mayoritarios presentaron una iniciativa legislativa popular para el acceso a la vivienda que verá pronto la luz en el debate parlamentario, aunque ya han participado en la ILP presentada por la plataforma Mareas Blancas para el blindaje de la sanidad pública.

El punto 145 del pacto firmado entre Moreno y los de Santiago Abascal recoge la reducción de subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas “sin utilidad pública”. Por ello, advierte que “se procederá a la reducción al 50% de las subvenciones” de estos entes “que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva, garantizando que los recursos públicos se asignen exclusivamente al servicio de las necesidades de los andaluces”. Pero, ¿cuál es la utilidad pública efectiva?

Como defiende Rafael Gelo, “la utilidad pública de los sindicatos de clase no se acredita de acuerdo a los partidos, sino en el artículo 7de la Constitución Española, que nos sitúa como un pilar fundamental del Estado de derecho para la defensa de los intereses económicos y sociales de la ciudadanía”. Con ello, recuerda que los delegados son elegidos democráticamente en los centros de trabajo y arremete contra el apartado que quedó reseñado en mayo, “plantear la acreditación de la utilidad pública muestra una profunda ignorancia jurídica y constitucional también”.

Nuevos frentes abiertos

“Nos resulta hipócrita hablar de recortar lo que ellos denominan 'gasto superfluo' de un gobierno de coalición que le quita el dinero a los trabajadores para financiar galas privadas a los pies de la Giralda”, añade, “deberían dejar de usar los recursos públicos para sus alfombras rojas y dejar de usar a los sindicatos como cortinas de humo para tapar el caos de las listas de espera, el desmantelamiento de la sanidad pública o las universidades”.

Al inicio de este curso político, los trabajadores de la dependencia clamaron por mejorar las condiciones laborales, al igual que los empleados de la administración pública que presionan para que se cumplan los acuerdos en materia de teletrabajo mientras que la movilización en las universidades públicas va in crescendo.

Además, hay un nuevo frente sanitario. La paz alcanzada en julio se rompió con el anuncio de una huelga indefinida entre los médicos a partir del 13 de noviembre, al que se añade el paro educativo que, finalmente, encontracará con la huelga general del 11 de noviembre, sin mencionar las protestas por la vivienda de estos meses. Los recortes en las cuentas no dejan de ser una declaración de intenciones por parte del Gobierno andaluz, si bien las relaciones con Moreno se habían mantenido con cierta fluidez, pese a los tiras y aflojas propios de la negociación colectiva.

El Consejo Consultivo de Andalucía aconseja a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta que realice una “revisión” desde el punto de vista “gramatical” del texto del anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el próximo año 2027 que podría servir para “perfeccionar” la “redacción” del mismo. Además, pide mayores recursos estilísticos para que los documentos sean comprendidos con facilidad por la ciudadanía, con tal de que participen en este proceso y su tecnicidad no los excluya.

Así se recoge en el dictamen relativo al anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2027, consultado por Europa Press, que ha aprobado el Pleno del Consejo Consultivo a solicitud de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en el marco de la elaboración de esta normativa.

Este dictamen es previo a la aprobación del proyecto de Ley del Presupuesto andaluz de 2027, que recibió la 'luz verde' del Consejo de Gobierno este pasado viernes. De este modo, el Consejo Consultivo incluyó en su dictamen una serie de “observaciones” sobre la “redacción del anteproyecto de ley”, en las que señalaba que “no deben escatimarse esfuerzos para lograr que la exposición de motivos y el articulado sean comprensibles, pese a la complejidad técnica y terminológica inherente a la Ley del Presupuesto”.

Desde el Consejo Consultivo subrayaban que ya en anteriores dictámenes habían señalado la “especial importancia de esta tarea para que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma sea más accesible a los ciudadanos, alcanzando así mayores cotas de transparencia sobre cómo se aplican los recursos públicos a la satisfacción de las necesidades colectivas”.

“Estados de gastos e ingresos inteligibles”

En este nuevo dictamen, desde el Consejo Consultivo inciden así en apuntar que, de cara al futuro, “debería valorarse la posibilidad de incluir en la documentación que acompaña a la ley una relación de definiciones que ayudaran en el propósito de que el articulado de la Ley del Presupuesto y los estados de gastos e ingresos fueran verdaderamente inteligibles, no sólo para los operadores jurídicos, sino también para los ciudadanos que aspiran a participar en la elaboración, ejecución y control de una ley tan determinante para la satisfacción de los derechos y el bienestar social”.

El dictamen valora “la labor desarrollada por la Consejería” de Hacienda “para lograr una redacción del anteproyecto de Ley del Presupuesto correcta y acorde con las recomendaciones que viene formulando” el Consejo Consultivo, si bien aconseja “efectuar una nueva revisión del anteproyecto de ley desde el punto de vista gramatical que podría perfeccionar su redacción, mejorando el empleo de los signos de puntuación y el uso de mayúscula inicial con arreglo a una pauta uniforme”.

Al respecto, desde el Consejo Consultivo advierten a modo de ejemplo de que “unas veces se escribe 'Universidades Públicas Andaluzas' y otras 'Universidades públicas andaluzas'”, así como apuntan que “deberían corregirse algunas discordancias de número y persona”, y “homogeneizarse las citas de las denominaciones orgánicas”.

“Cuadrados en blanco o señalados para completar”

“Por otro lado, aunque resulte una obviedad, el anteproyecto de Ley debe completarse con las cifras correspondientes en su exposición de motivos y en los estados y cuadros que ahora aparecen en blanco o señalados para completar con doble equis”, se podía leer también en el dictamen, que también sugería correcciones para apartados como la exposición de motivos al hilo, por ejemplo, del uso de la voz 'conectividad' asociada a “municipios y provincias”.

Así, el dictamen detallaba que, en un párrafo de la exposición de motivos, “se afirma que las medidas proyectadas garantizan 'la cohesión territorial y la conectividad entre municipios y provincias'”, y ante ello se apunta que “el empleo de la voz 'conectividad' supone una impropiedad terminológica en este contexto”, de forma que “sería más apropiado referirse a la 'conexión', 'comunicación' o 'vertebración territorial', que son los términos que se emplean en el ámbito de las infraestructuras de transporte y de la movilidad (...), reservándose el vocablo 'conectividad' a las redes de telecomunicaciones”.

El Consejo Consultivo llegó a la conclusión de que, “en términos generales, el procedimiento de elaboración” del anteproyecto de ley del Presupuesto 2027 “se atiene a las disposiciones legales y reglamentarias que lo regulan” y “respeta el ordenamiento jurídico, sin perjuicio” de una serie de “objeciones y observaciones” entre las que incluye las de “técnica legislativa” sobre la “redacción” de la normativa.