El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha Sergio Gutiérrez ha criticado este lunes las distintas 'varas de medir' de PP y Vox en relación a los incendios, según quién gobierne.

El dirigente socialista se ha referido a los fuegos activos en las provincias de Niebla (Huelva) y de Navas de San Antonio (Segovia) este lunes. “Si esto mismo que pasa en Andalucía o en Segovia, estuviera pasando en Castilla-La Mancha (como ya ocurrió) estarían los dirigentes del PP y VOX pidiendo más medios, nivel 3, la UME y los cascos azules…”

Gutiérrez aludía así a la petición que realizaba, de forma insistente, el PP castellanomanchego el pasado mes de julio para que el Gobierno de Castilla-La Mancha solicitase la activación del nivel 3 (emergencia nacional) en el incendio que se declaró en La Mierla.

Reclamaron la posible activación del nivel 3 “para conseguir todos los medios posibles”, aunque en aquel momento el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, aclaró que estar en ese nivel de emergencia “no supone más medios”, sino un cambio en la dirección del operativo de extinción. Ocurrió con el incendio en la Sierra Oeste de Madrid, cuando la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso pidió al Gobierno de España que se hiciera cargo la gestión de aquel incendio, y extendió la emergencia nacional a los incendios de Burgohondo (Ávila) y Almorox (Toledo).

Hoy el vicepresidente primero, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, del PP, ha dicho que el fuego declarado en Niebla (Huelva) está “fuera de capacidad de extinción” y sostiene que “no es por falta de medios, sino por su propio comportamiento”.

Desde Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez cree que “es muy doloroso comprobar como tenemos, en Castilla-La Mancha, a la peor derecha en los peores momentos, cuando en vez del hombro arriman el ascua a su interés”.

El dirigente socialista ha deseado “mucho ánimo a todos los que luchan contra el fuego sean del partido y del lugar que sean”.

En el municipio de Almonte, frente al océano Atlántico y junto al Parque Nacional de Doñana, Matalascañas ocupa uno de los principales tramos turísticos de la costa de Huelva. Su playa se extiende a lo largo de unos cinco kilómetros y combina zonas urbanizadas con otros sectores donde el sistema dunar y los espacios protegidos tienen una presencia mucho más cercana. La arena fina y dorada define un litoral que concentra buena parte de la actividad turística del municipio.

Uno de los elementos más reconocibles de la playa lleva varios siglos junto al mar. A pocos metros de la orilla permanecen los restos de la Torre de la Higuera, una torre almenara construida a finales del siglo XVI dentro del sistema defensivo levantado para vigilar este tramo del litoral andaluz. Su función era detectar posibles incursiones desde el mar y transmitir el aviso a otros puntos de vigilancia. Con el tiempo, la estructura perdió su posición original y hoy aparece volcada y parcialmente rodeada por el agua.

Este vestigio, conocido popularmente como La Peña, El Tapón o la Piedra de Matalascañas, se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de la localidad. Su presencia recuerda una etapa anterior en la que este tramo de costa necesitaba reforzar su vigilancia frente a posibles amenazas procedentes del mar. Al mismo tiempo, la cercanía de Doñana hace que Matalascañas no se limite únicamente al frente urbano, ya que en sus extremos el paisaje cambia y da paso a playas, dunas y zonas protegidas. Esta proximidad permite pasar de la parte urbanizada a espacios naturales protegidos sin salir del municipio de Almonte.

Cinco kilómetros frente al Atlántico

La playa de Matalascañas pertenece al municipio de Almonte y ocupa aproximadamente cinco kilómetros de su litoral. A lo largo de este tramo se alternan zonas con servicios, alojamientos y accesos urbanos con otras donde disminuye claramente la presencia de edificaciones. Su ubicación junto al océano Atlántico y al límite de Doñana explica esta transición, que se aprecia al dejar atrás el núcleo más desarrollado y avanzar hacia sectores donde el sistema dunar gana protagonismo.

El crecimiento turístico ha convertido Matalascañas en uno de los principales destinos de playa de la provincia de Huelva. El arenal concentra instalaciones y servicios relacionados con el baño, el alojamiento y las estancias vacacionales. Su situación permite pasar en pocos kilómetros de un frente muy urbanizado a un entorno con muchas menos construcciones, una diferencia que se hace más evidente al acercarse a las zonas conectadas con Doñana.

La proximidad también se aprecia en su relación con el Parque Nacional de Doñana, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. Desde los límites de la urbanización, el paisaje continúa hacia zonas de playa y dunas integradas dentro del espacio protegido. De este modo, el núcleo funciona como uno de los puntos de acceso al entorno de Doñana, aunque cualquier recorrido por áreas protegidas debe respetar las normas y los accesos establecidos.

La ubicación de Matalascañas permite observar dos realidades distintas de la costa onubense. Por un lado, aparece un destino consolidado de turismo de sol y playa, con un frente marítimo ocupado en buena medida por viviendas, alojamientos y servicios. Por otro, a poca distancia surgen tramos donde el carácter natural resulta mucho más visible. Entre ambos espacios queda una línea de costa expuesta a la acción del Atlántico, algo que también ha influido en la conservación de la antigua torre situada frente a la playa.

La torre que vigilaba la costa

La Torre de la Higuera formó parte de una red de construcciones defensivas levantadas a finales del siglo XVI para reforzar la vigilancia de la costa de Huelva. Estas torres funcionaban como puntos de observación ante posibles ataques de corsarios y piratas que podían acercarse desde el mar. La de Matalascañas se integraba en ese sistema de avisos repartido por distintos sectores del litoral, pensado para facilitar una respuesta más rápida ante la presencia de embarcaciones consideradas una amenaza.

Su aspecto actual tiene poco que ver con el que presentaba cuando estaba en funcionamiento. La torre terminó desplomada y quedó en posición invertida, por lo que la parte que hoy sobresale junto al agua corresponde a los restos de aquella construcción defensiva. El paso del tiempo, el oleaje y la erosión marina han ido modificando su superficie. Esta posición explica su forma actual, que a simple vista puede parecer un bloque aislado de piedra más que una antigua estructura destinada a vigilar la costa.

La ubicación de los restos también ha cambiado respecto a la línea de costa. En la actualidad aparecen a pocos metros de la orilla y quedan parcialmente rodeados por el agua dependiendo del estado del mar y de las mareas. Esa cercanía hace que la antigua construcción forme parte del paisaje habitual de la playa. Su relevancia histórica ha motivado su protección como Bien de Interés Cultural dentro del patrimonio relacionado con las antiguas defensas costeras de Andalucía.

La Torre de la Higuera tiene hoy una función completamente distinta a la que motivó su construcción hace más de cuatro siglos. Ya no forma parte de una red de vigilancia, pero sigue marcando todavía hoy uno de los puntos más reconocibles de Matalascañas. Junto a un arenal de aproximadamente cinco kilómetros, el vestigio recuerda el pasado defensivo de este tramo de Huelva mientras el entorno combina actividad turística, costa atlántica y la cercanía de Doñana.

Jimena de la Frontera se prepara ya para celebrar su esperada Feria de Agosto, una cita que ya es tradición en el Campo de Gibraltar. Del 13 al 16 de agosto, las calles de este pintoresco pueblo gaditano se llenarán de vida, música y ambiente festivo. Uno de los eventos principales que captará las miradas de muchos es la transformación de una de sus vías más emblemáticas en una atracción refrescante y única. Se trata de un tobogán acuático gigante que promete combatir las altas temperaturas estivales que suelen azotar la zona durante el verano. Vecinos y visitantes de toda la provincia aguardan con impaciencia el inicio de unas jornadas donde la diversión familiar está totalmente asegurada.

La expectación, un año más, es máxima para ver cómo el casco histórico se convierte por unas horas en un improvisado parque de agua masivo. Esta original iniciativa busca dinamizar el turismo local y ofrecer una experiencia lúdica a todos los que decidan acercarse al municipio. La atracción estrella quedará instalada el sábado 15 de agosto en la conocida calle Sevilla, aprovechando la inclinada orografía del terreno de Jimena. Este espectacular descenso acuático permitirá que niños, jóvenes y adultos se deslicen a gran velocidad utilizando flotadores redondos de diversos colores. El recorrido culmina de forma vibrante en la Plaza de la Constitución, que actúa como el corazón neurálgico de las celebraciones municipales veraniegas.

Las imágenes de ediciones anteriores muestran a cientos de personas disfrutando plenamente de la velocidad, el agua y las risas compartidas. Esta actividad ha sido destacada por el Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz como un reclamo fundamental para visitar la localidad. La pendiente natural de la calle se convierte así en la mejor aliada para generar una diversión colectiva que no deja a nadie indiferente. Es una oportunidad perfecta para saludar a los vecinos mientras se recorren muchos metros de pura adrenalina sobre el asfalto mojado.

El horario previsto para disfrutar del gran tobogán será a partir de las 12:30 horas, ofreciendo horas de entretenimiento ininterrumpido y gratuito. Al ser una actividad de entrada libre, se espera una gran afluencia de público llegado desde distintos puntos de la geografía andaluza ese día. La organización ha dispuesto todo lo necesario para que el flujo de participantes sea constante, ordenado y, sobre todo, muy seguro para todos. Muchos turistas planean su visita específicamente para este sábado de feria, atraídos por la magnitud visual de esta instalación hinchable tan llamativa. Resulta sorprendente observar cómo una vía pública de tránsito diario cambia radicalmente su fisionomía habitual por unas cuantas horas de refrescante ocio. El ambiente en la zona de salida será de fiesta total, contando con música ambiente y animadores que alentarán a los valientes bañistas.

Una vez finalizada la intensa sesión de saltos y deslizamientos, el hambre suele aparecer entre los valientes que han probado la atracción gigante. Por este motivo, la Plaza de la Constitución acogerá una gran paella popular preparada especialmente para todos los asistentes a la feria local. Este almuerzo colectivo sirve como un punto de encuentro esencial y de convivencia entre los residentes de Jimena y los numerosos forasteros. Es el momento ideal de la jornada para intercambiar anécdotas divertidas sobre los mejores descensos realizados durante una mañana marcada por el calor. La rica gastronomía local se une de esta manera a la oferta de ocio para redondear una jornada de sábado que será inolvidable.

Tras reponer fuerzas con un buen plato de arroz, la fiesta continuará con diversas actuaciones de música en directo. La mezcla de tradición culinaria y atracciones de vanguardia define perfectamente la esencia renovada de esta tradicional feria de agosto gaditana. Como es lógico en eventos de esta magnitud, la circulación habitual de vehículos a motor se verá afectada significativamente durante los días festivos. El ayuntamiento de la localidad ha diseñado un plan de tráfico especial para desviar la subida hacia el barrio alto por rutas alternativas seguras.

Un programa variado

La seguridad de los peatones y de los participantes es la prioridad absoluta para todas las autoridades locales durante el fin de semana. Se recomienda encarecidamente a los conductores seguir las indicaciones de la señalización provisional que se ha instalado en todos los accesos principales. El corte total de la Plaza de la Constitución hasta el lunes 17 facilitará que los peatones puedan caminar con total libertad y tranquilidad. Estas medidas organizativas son esenciales para que la celebración transcurra sin ningún tipo de incidente destacable y con absoluta normalidad festiva.

En cuanto al resto del programa de esta Feria de Agosto en la pequeña localidad de la provincia de Cádiz, destaca una pre-feria el miércoles marcada por el tributo a Bordón 4 en la Plaza de la Constitución, el jueves el tradicional pasacalles de las delegaciones, el acto de inauguración y el esperado concierto de Sergio Contreras. La programación continuará el viernes con una refrescante fiesta acuática en la piscina municipal, la tradicional Carrera Nocturna y la actuación estelar de Celtas Cortos para animar la noche. El sábado tendrá lugar un emotivo homenaje musical a María Jiménez y Bambino, complementado con el Trofeo Ciudad del Castillo. Finalmente, el domingo pondrá el broche de oro con competiciones de natación, la merienda-cena dedicada a los mayores y la emblemática traca final de feria que dará paso a la música de despedida hasta la madrugada.

En un enclave privilegiado, el municipio de Cañaveral de León, un pequeño pueblo de apenas 400 habitantes de la provincia de Huelva, se transforma cada verano. Allí, el agua de manantial no solo riega las fértiles huertas, sino que se convierte en el epicentro de la vida social de la localidad. Lo que a simple vista parece una piscina convencional es en realidad una alberca histórica de gran valor patrimonial y natural. La transparencia de sus aguas cristalinas ofrece un refugio inigualable contra las altas temperaturas que marcan el ritmo del estío serrano. Este oasis, conocido simplemente como La Laguna, es el orgullo de sus vecinos y un imán para visitantes de provincias cercanas.

El frescor que emana de su cauce invita a la calma y al disfrute del verano en un entorno rural de belleza excepcional. Su integración en el trazado urbano la hace única, fusionando la arquitectura tradicional con el líquido elemento vital del entorno. Con una extensión que alcanza los 8.000 metros cuadrados, según el propio ayuntamiento, esta infraestructura destaca por su gran escala. Fue declarada oficialmente como Bien de Interés Cultural en el año 2009, bajo la categoría específica de Lugar de Interés Etnológico. Este reconocimiento subraya que el espacio no es un complejo turístico moderno, sino un paraje cargado de historia y tradición local.

Y es que La Laguna forma parte de un complejo entramado hidráulico que ha servido a la población desde hace siglos para sus necesidades básicas. A pesar de su apariencia recreativa, su función original estaba ligada exclusivamente al riego de las huertas que rodean el casco del pueblo. Fue a partir de los años sesenta cuando se acometieron ampliaciones para dotarla de su imponente fisonomía actual para el recreo. Hoy en día, es considerada una de las piscinas naturales más grandes de toda la comunidad autónoma andaluza por su superficie. Su protección legal garantiza que este tesoro natural se mantenga intacto frente al paso del tiempo y el turismo masivo.

El origen de esta maravilla hídrica se encuentra en la Fuente Redonda, un manantial de origen árabe que brota en las calles principales. Antiguamente, los vecinos acudían a este punto con cántaros para recoger el agua doméstica, dejando marcas que aún son visibles hoy. Desde esta fuente, el agua pura y fresca se desliza por una acequia que recorre la calle Pantano hasta su destino final. Este sistema de conducción permitía que el agua fluyera de forma constante, evitando que se estancara y generara cieno como ocurría antaño. El recorrido del agua por el pueblo es un espectáculo sonoro y visual que dota a Cañaveral de León de un encanto muy especial. Al llegar a la alberca, el líquido se distribuye posteriormente hacia las distintas parcelas de cultivo mediante la llamada calleja del Agua.

Este flujo constante asegura que el agua se mantenga siempre limpia y en perfectas condiciones para el baño de los usuarios. Es, en esencia, un sistema vivo de ingeniería tradicional que sigue funcionando con la misma eficacia que en los siglos pasados. La relación de los habitantes de Cañaveral con su laguna es profunda y se ha forjado a lo largo de numerosas generaciones de bañistas. Para los lugareños, este espacio es mucho más que un lugar para refrescarse; es un punto de encuentro esencial para la convivencia diaria. Durante las tardes más calurosas, niños y no tan niños comparten el frescor de las aguas en un gran ambiente.

La fama de este oasis ha crecido tanto que se ha convertido en un auténtico fenómeno social durante la temporada alta estival. Sin embargo, el ayuntamiento insiste en recordar a los recién llegados que se trata de un espacio natural con recursos muy limitados. El respeto a la normativa local es fundamental para preservar el encanto añejo de la alberca y la tranquilidad de los vecinos. De hecho, tras varios años de cierre forzoso debido a la pandemia del Covid-19 y a una sequía persistente, La Laguna reabrió en junio de 2024. Esta reapertura fue recibida con inmensa alegría por una comunidad que siente que la vida es peor cuando no pueden bañarse.

La escasez de precipitaciones sigue siendo la mayor amenaza para la continuidad de este privilegio natural en el norte de la provincia. Por ello, la gestión del agua se realiza con una responsabilidad extrema, priorizando siempre la sostenibilidad de los recursos acuíferos locales. El sistema de compuertas permite vaciar y limpiar el recinto cuando es necesario, manteniendo el equilibrio entre uso y conservación. La resiliencia de este espacio demuestra cómo los pueblos serranos luchan por mantener sus tradiciones a pesar de los desafíos climáticos. Ver la alberca llena de nuevo es un símbolo de esperanza para el desarrollo rural y la supervivencia de la aldea.

Acceso libre pero responsable

El acceso a este recinto histórico es totalmente libre y gratuito para todos aquellos que deseen disfrutar de un chapuzón revitalizante. Para garantizar la convivencia y el mantenimiento del orden, el consistorio ha establecido una serie de normas de obligado cumplimiento. Está prohibido entrar con mascotas, llevar neveras, sombrillas o instalar sillas y mesas en el perímetro de la zona de los baños. Asimismo, se recomienda a los bañistas entrar con precaución para evitar resbalones y utilizar cremas solares de forma moderada. El objetivo es minimizar el impacto ambiental sobre un agua que, tras el baño, debe seguir su curso hacia las huertas locales. El horario habitual de apertura suele abarcar desde el mediodía hasta las diez de la noche, permitiendo jornadas completas de ocio.

El impacto económico de La Laguna es vital para la supervivencia de los comercios, bares y restaurantes de este pequeño enclave de Huelva. La afluencia de turistas insufla vida a una economía basada tradicionalmente en la ganadería porcina y el cultivo del olivar. Gracias a este reclamo, Cañaveral de León se ha convertido en un referente de turismo sostenible y gestión inteligente del patrimonio. El flujo de visitantes ayuda a combatir la despoblación, demostrando que la identidad local puede ser un motor de desarrollo rural.

El Gobierno andaluz de Juanma Moreno, una coalición de PP y Vox, ha crecido por arriba a costa de recortar por abajo. La estructura del nuevo Ejecutivo, aprobada la semana pasada, incluye un desvío presupuestario de la dotación prevista inicialmente a cubrir vacantes de empleados públicos y de otras partidas (sin especificar) para pagar un sobrecoste de más de tres millones de euros en nuevos altos cargos y en puestos de confianza nombrados a dedo.

El decreto de estructura de la Consejería de Presidencia, que pilota el vicepresidente primero Antonio Sanz, incluye la creación de las tres nuevas vicepresidencias de la Junta, además de un puesto eventual más en cada una de las 13 consejerías, esto es, “un incremento de costes” de 2,7 millones de euros que obligará a la Junta a “quitar la dotación presupuestaria de puestos vacantes sin cubrir” en la Administración Pública, además de “la minoración de otras partidas presupuestarias”, que no se especifican.

El resto del ajuste presupuestario (312.864,54 euros anuales) sería el sobrecoste por la creación de nuevas direcciones generales adscritas a Presidencia. Además, se ha creado un nuevo departamento, la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, con una viceconsejería y dos direcciones generales, que también han provocado “alteraciones” en la estructura del Gobierno y “un coste adicional de 317.060,01 euros anuales. Todo este sobrecoste de personal, en todas las consejerías, incluye en el presupuesto los gastos de la cuota patronal de seguridad social por importe del 30% de las retribuciones.

“Desdotación de plazas”

Así consta en el informe económico y financiero de la Consejería de Presidencia, al que ha tenido acceso este periódico: “Tras la emisión de los informes económico-presupuestarios de la totalidad de los decretos que regulen la estructura de las Consejerías de la Junta de Andalucía y sus servicios periféricos, procederá, en el caso de incremento de costes, a la desdotación de plazas de administración general o a la minoración de otras partidas presupuestarias, para conservar el objetivo de equilibrio en los créditos del capítulo de gastos de personal en el conjunto de la Junta de Andalucía, preferentemente en las secciones presupuestarias que hubieran dado origen a las necesidades presupuestarias”.

Fuentes de Presidencia explican que esa “desdotación” es algo común en la gestión presupuestaria de la Junta. “La desdotación de puestos de administración general es algo habitual y consiste en quitar la dotación presupuestaria de puestos vacantes sin cubrir. No se destruye ningún puesto de administración general, solo se le quita la dotación hasta que se cubra esa vacante”, explican estas fuentes.

Los sindicatos de Función Pública coinciden en que el Gobierno de Moreno es muy dado a hacer esta suerte de “ingeniería financiera”, sin aclarar qué cuerpos de la administración pública se ven afectados, es decir, de cuántas plazas de empleados públicos prescinde la Junta (y en qué áreas) para pagar, en este caso, la contratación de nuevos altos cargos.

Desde CCOO, argumentan que estos movimientos presupuestarios “opacos” hacen que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta de Andalucía, negociada con los agentes sociales y publicada en su página web, “en la práctica sea irreal”. “Se pactan y aprueban una relación de plazas que el propio Gobierno considera necesarias para el buen funcionamiento de los servicios públicos, pero luego no las dotan de presupuesto, las dejan vacías. O, en este caso, las dotan de presupuesto, pero acto seguido se lo quitan para gastarlo en otra cosa”, explican desde el sindicato.

“Recortar indios para aumentar el número de jefes”

CCOO es muy crítica con esta gestión de recursos del Gobierno de Moreno. Explican que el objetivo es “recortar indios para aumentar el número de jefes” y denuncian que, en algunas provincias (como Málaga), más de la mitad de las plazas recogidas en la RPT de la Junta están sin cubrir, algunas con dotación económica y otras sin asignación.

Antes de constituirse el nuevo Gobierno de coalición PP-Vox, el gabinete de Moreno contaba con 301 altos cargos, desde el presidente hasta los delegados provinciales. En el último Consejo de Gobierno, la portavoz de la Junta, Carolina España, anunció que la nueva estructura del Ejecutivo aumentaba esta cifra en 13 directivos más, a pesar de que Moreno hizo gala de haber suprimido una consejería respecto a la pasada legislatura, pasando de 14 a 13.

El PP andaluz siempre fue muy crítico con los gobiernos socialistas por el volumen de altos cargos y personal de confianza en la Administración. Cuando llegó al poder, en 2019, abanderó una disminución progresiva de esa plantilla pero, a medida que avanzaba la legislatura –sobre todo a partir del segundo mandato, ya con mayoría absoluta– el número volvió a incrementarse hasta superar los 300.

Duplicidad de cargos en la consejería de Vox

También Vox ha sido extremadamente crítico con el número de altos cargos y nombramientos a dedo del anterior Gobierno de Moreno. Sin embargo, la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, que pilota el vicepresidente segundo y líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, contará con más altos cargos que una consejería normal, 35 en total, al sumar dos secretarías generales en cada una de las ocho provincias andaluzas.

Es el único departamento donde se da esta duplicidad, aunque también es una macroconsejería donde confluyen políticas muy dispares, que nada tienen que ver entre sí. Este gasto adicional alcanza los 645.656,72 euros en el presupuesto anual del personal del ejecutivo andaluz.

“El volumen de trabajo que asume la nueva Delegación Territorial se ve notablemente incrementado, por lo que, al objeto de dar cumplimiento a los principios administrativos de eficacia, descentralización funcional, desconcentración funcional y territorial, coordinación y proximidad a la ciudadanía, que el ordenamiento jurídico andaluz proclama, resulta preciso contar en las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local con dos Secretarías Generales Provinciales”, reza el expediente del decreto de estructura de esta consejería, aprobado en el último Consejo de Gobierno.

El incremento de personal también está justificado en la creación de “forma excepcional por razones de eficacia administrativa” de dos secretarias provinciales en una sola consejería. Una posibilidad que debe ser aprobada por el Consejo de Gobierno. Estos 24 cargos provinciales, entre delegados y secretarios provinciales, se suman a otros 11 altos cargos de la Consejería que cuenta con un viceconsejero, cuatro secretarías generales, una secretaría general técnica y cinco direcciones generales.

“Vox gestionará las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) en Andalucía, pero no puede suprimirlas, porque están blindadas en una ley estatal”. El presidente andaluz, Juanma Moreno, “está de vacaciones”, pero el terremoto político que ha provocado la cesión de estas competencias al socio ultraderechista del Gobierno ha empujado a la parte ejecutiva del PP a lanzar un mensaje de tranquilidad.

Eso sí, siempre desde el anonimato, porque ni desde Presidencia ni desde la Consejería de Igualdad han querido valorar esta cesión de atribuciones a un partido abiertamente negacionista de la violencia de género, que ha encendido las alarmas incluso en el Ministerio de Igualdad. “El PP ha lanzado un órdago al pacto de Estado contra la Violencia de Género [firmado por populares y socialistas en 2017]. El Gobierno de Andalucía deja a las víctimas en manos de los negacionistas y defensores del machismo. No lo vamos a permitir y ya estamos estudiando medidas. Insisto, señor Núñez Feijóo, ¿está rompiendo el pacto?”, volvió a escribir este miércoles la ministra Ana Redondo, en su cuenta de X. Preguntado al respecto, su gabinete no aclaró qué “medidas” está estudiando.

La decisión del presidente Juanma Moreno de delegar en su socio de Gobierno los servicios de atención psicosocial que calibran el riesgo para las mujeres víctimas de malos tratos ha desatado una polvareda política, pero, sobre todo, mucho “miedo e incertidumbre” entre las afectadas y las trabajadoras de estas unidades, adscritas a la Consejería de Justicia, que ahora pilota el vicepresidente segundo de la Junta y líder regional de Vox, Manuel Gavira.

Ese “miedo e incertidumbre” representa, además, “un obstáculo más para estas mujeres” –víctimas de violencia machista– a la hora de acudir a las instituciones en busca de ayuda y para denunciar las agresiones que sufren, reconocen fuentes del Ejecutivo andaluz. Las atribuciones que tiene la Consejería de Justicia son las mismas que tenía antes de que Vox asumiera este departamento, pero incluso en el PP andaluz hay quien se ha “sorprendido” de que un servicio “clave” en la lucha contra la violencia de género quede en manos de un socio negacionista. “Ahí no se ha calibrado bien el mensaje que esto iba a trasladar [a la ciudadanía]. La inquietud generada es natural”, admite un miembro del Ejecutivo, que pide anonimato.

Con todo, fuentes del Gobierno de Moreno –además del Ejecutivo central– han hecho un llamamiento a la “tranquilidad” para aclarar que el grupo ultraderechista no tiene margen legal para desmantelar este servicio, esencial para jueces y policías. En efecto, la ley que regula los Institutos de Medicina Legal, donde están adscritas las UVIVG, impide que un gobierno autonómico las suprima. Desde el PP andaluz aseguran que sus socios tampoco podrán “interceder en el trabajo de sus profesionales”, que seguirán siendo “los mismos” que antes de firmar el pacto.

Ni Gavira ni su equipo, que tomaron posesión hace apenas un mes, han aclarado aún qué planes tienen para este servicio de atención a víctimas, que cuando estaban en la oposición tildaron de “supremacismo ideológico de izquierdas”, y exigieron “depurar” reclamando el nombre y apellido de sus empleados públicos y del personal de refuerzo subcontratado.

“No pueden suprimirlas, pero sí pueden cambiar los protocolos, que dependen de la Junta, y cambiar al personal que los coordina, sustituyendo a las directoras de los Institutos de Medicina Legal en las ocho provincias andaluzas, y nombrando a gente de su cuerda, hostiles con las políticas de género”, explica Miguel Lorente, que fue quien diseñó y puso en marcha la red de UVIVG en Andalucía.

Vox puede nombrar a su propio personal de confianza para dirigir los Institutos de Medicina Legal, pero tienen que ser funcionarios del mismo departamento. La mayoría de ellos lleva años de experiencia tratando con mujeres víctimas de violencia de género, con situaciones durísimas, y están muy sensibilizados con esta lacra social, que se ha cobrado ya nueve vidas en Andalucía en lo que va de año. En la plantilla, sin embargo, también hay profesionales muy críticos con el desarrollo de la Ley de Lucha contra la Violencia de Género, que la ultraderecha califica de “ley ideológica” y aspira a “revisar o derogar” en esta legislatura.

2.300 informes psicosociales en un año

Los profesionales de los Institutos de Medicina Legal en Andalucía –médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales– atendieron a 893 personas para esclarecer presuntos delitos contra la libertad sexual en 2024 [último año publicado], realizando valoraciones de mujeres, menores y hombres denunciados por violencia de género, según datos de la Consejería de Justicia. Además, los equipos psicosociales elaboraron 2.257 informes, solicitados por los Juzgados de Familia, para dirimir conflictos de parejas con hijos sobre diferentes medidas, regímenes de visita de los menores o guarda y custodia, entre otros.

Estos datos constan en la memoria anual de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía, que también hace balance del trabajo de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, encargados de reconocer a mujeres y menores para valorar los daños físicos, psicológicos o sociales, pero también valoran la peligrosidad objetiva de los agresores, el riesgo de reincidencia, las consecuencias físicas, psicológicas y sociales derivadas de las violencias sexuales, además de realizar informes en procedimientos civiles que afecten a las víctimas, y para recibir ayudas públicas de las administraciones.

La mayoría de estos equipos los integran empleados públicos (casi todos funcionarios), aunque también hay interinos y personal de refuerzo subcontratado, dada la “ingente cantidad de trabajo que gestionan”. Vox les señaló hace siete años, nada más entrar en el Parlamento andaluz, pidiendo sus nombres y apellidos, cuestionando su “cualificación profesional”, exigiendo que estuvieran “colegiados” además de licenciados [el 40% no lo estaba, aunque la ley no lo obliga], y acusándoles de emitir informes con “sesgo ideológico”.

Quienes han pilotado las competencias de la Consejería de Justicia hasta ahora destacan que esos equipos realizan un trabajo “humano” que va “mucho más allá de sus atribuciones”. “Muchas veces apoyan y acompañan a las mujeres y los menores cuando declaran en las salas Gesell especialmente equipadas para grabar los testimonios, con total seguridad jurídica, de forma que sirvan como pruebas preconstituidas en los juicios y eviten la doble victimización que implica tener que repetir varias veces durante el proceso y ante distintos agentes judiciales el relato de hechos dolorosos”, explicó el anterior consejero de Justicia, el popular José Antonio Nieto, que ahora dirige la cartera nueva de Inteligencia Artificial.

La Junta no dio los nombres a Vox, pero sí los números de colegiación

En 2019, el entonces líder andaluz de Vox y juez de Familia en excedencia, Francisco Serrano, señaló directamente a esos trabajadores y pidió al Parlamento un listado con sus nombres. “Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños”, aseguró Serrano. La Cámara no se los dio, amparándose en la Ley de Protección de Datos. Los afectados lo llamaron “caza de brujas”.

El Gobierno de coalición PP-Ciudadanos no les facilitó los nombres, pero sí su número de colegiación (los que tenían) y planteó una reforma para obligar a que todos se colegiase, rescatando una sentencia del Constitucional de 2015. El entonces vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos, Juan Marín, trató de zanjar la polémica anunciando que las UVIVG que había demonizado Vox se iban a reforzar, para que hubiera dos equipos multidisciplinares en cada provincia (entonces había nueve, una por provincia y dos en Cádiz).

El aumento de la plantilla se pagó con el presupuesto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que correspondía a Andalucía (3,9 millones de euros). Cuando se apagó la polémica en los medios, este refuerzo de personal se desmanteló. Fuentes del Ejecutivo andaluz aseguran que se trató de un refuerzo “temporal”.

El presupuesto anual de estos servicios de atención a mujeres ronda los 25 millones de euros, entre el gasto del personal fijo y los contratados de refuerzo. El pasado abril, ya en plena precampaña electoral, la Junta de Andalucía modificó la Relación de Puestos de Trabajo de los ocho Institutos de Medicina Legal, precisamente para crear una plaza más de forense en cada uno de ellos con funciones de coordinación de las UVIVG. Fuentes del Ejecutivo andaluz aclara que la ampliación de plantilla obedece a “las nuevas competencias sobre delitos sexuales de la jurisdicción de Violencia sobre la Mujer y el aumento de la carga de trabajo en ésta”.

Desde el 3 de abril de 2025, la Jurisdicción de Violencia sobre la Mujer asume también todos los delitos sexuales tras los cambios impuestos por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, y se han creado nuevas plazas de jueces y fiscales especializados.

La modificación legislativa contempla que las UVIVG de los IML se ocupen también de los exámenes e informes en todos los casos de violencia sexual contra mujeres, niñas y niños, interviniendo desde las primeras fases del proceso, incluido el servicio de guardia.

Pocos lugares en el mundo ofrecen una experiencia tan singular como la que puede vivirse en las costas de Tarifa, España. En el extremo sur de la provincia de Cádiz, Andalucía, existe un lugar para poder disfrutar de las playas de arena, aguas transparentes y vistas espectaculares, pero lo que hace especial a este rincón es la elección de poder bañarte en el agua cálida del mar Mediterráneo o las bravas aguas del océano Atlántico apenas caminando unos minutos. Ese lugar está en la Isla de las Palomas, un enclave que se encuentra unido al núcleo urbano por un istmo artificial y que además se considera el punto más meridional de la Europa continental.

Su situación geográfica, justo al lado del estrecho de Gibraltar y a escasos kilómetros de la costa africana, lo ha convertido en uno de los lugares más mágicos de Andalucía. Allí chocan las aguas mediterráneas con las aguas atlánticas, un fenómeno único que es reconocido por las instituciones turísticas y medioambientales andaluzas y que ha dado fama internacional a Tarifa como la ciudad entre dos mares.

La Isla de las Palomas forma parte del término municipal de Tarifa y está integrada en el Parque Natural del Estrecho; este lugar abarca grandes acantilados, sistemas dunares, marismas y fondos marinos con una gran cantidad de flora y fauna marina. Pero también tiene numerosas playas como Los Lances, Valdevaqueros, Bolonia o Punta Paloma, junto a pequeñas calas y rincones con menor accesibilidad y más desconocidos para los visitantes.

La flora del parque tiene especies que están adaptadas a las duras condiciones que azotan la zona costera; entre ellas destacan las sabinas costeras, lentiscos, palmitos, acebuches, enebros marítimos y matorral mediterráneo. Esta vegetación desempeña un papel fundamental en la fijación de las dunas y en la conservación de los ecosistemas litorales.

Por otro lado, está la fauna. Este lugar es un punto clave para las aves alcatraz atlántico, paíño europeo, paíño boreal, los págalos pomarino, frailecillo, pagaza piquirroja, charranes patinegro y bengalí y el fumarel común. A ello se le suma la gran presencia marina de delfín común, delfín mular, delfín listado, cachalote, rorcual común, calderón común e incluso orcas que atraviesan la zona siguiendo una ruta migratoria marina.

Todo ello convierte al Parque Natural del Estrecho en un enclave excepcional donde conviven playas salvajes, dunas monumentales, acantilados espectaculares y una biodiversidad única en el extremo sur de Europa.

Uno de los puntos más interesantes es Playa Chica, situada junto al acceso de la Isla de las Palomas. Su tamaño en comparación con las otras playas de Tarifa es reducido, pero posee un atractivo único debido a su perfecta ubicación. Desde la orilla pueden contemplarse el puerto de Tarifa. Su orientación hacia el Mediterráneo hace que sea una de las zonas preferidas por quienes buscan un baño más relajado o practicar actividades como el snorkel en aguas relativamente calmadas.

Uno de sus elementos más reconocibles es el Faro de Tarifa, situado en el extremo sur del islote y rodeado por aguas del Mediterráneo y el Atlántico. Su origen se remonta a comienzos del siglo XIX. En aquella época se decidió construir sobre una antigua torre de vigilancia para guiar a los barcos que cruzaban el estrecho de Gibraltar. Fue uno de los primeros faros que iluminaron esta zona estratégica y, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de Tarifa.

En la actualidad, además de uso marítimo, es un enclave que ofrece a los visitantes una de las panorámicas más espectaculares de la provincia de Cádiz. Hacia la zona este se distinguen las aguas cálidas mediterráneas, mientras que hacia el oeste se extiende el Atlántico abierto.

La isla es un pequeño promontorio rocoso que históricamente ha tenido una gran relevancia defensiva. Su posición permitía vigilar el tráfico marítimo que estaba entre el Atlántico y el Mediterráneo, por lo que durante diferentes épocas se instalaron en ella estructuras militares destinadas a controlar el paso de embarcaciones. Aunque hoy la mayor parte de los visitantes acude atraída por la paz, tranquilidad y naturaleza que transmite el ambiente que lo rodea.

Al formar parte del Parque Natural del Estrecho, tiene una gran biodiversidad marina; gracias a la mezcla de las corrientes marinas, los peces y mamíferos tienen el lugar idóneo para vivir. Por ello, Tarifa es uno de los mejores lugares de la península ibérica para la observación de cetáceos y aves migratorias; se podría considerar un santuario para ellos.

Otro aspecto que hace especial a este enclave es la sensación de encontrarse en el extremo sur de Europa. Pocos lugares permiten contemplar con tanta claridad otro continente desde la costa. En jornadas de buena visibilidad, las montañas africanas aparecen en el horizonte con una nitidez sorprendente, recordando que la separación entre Europa y África en este punto es de apenas unos kilómetros. Esa cercanía ha condicionado históricamente la cultura, el comercio y las relaciones humanas de Tarifa.

Además del interés natural y paisajístico, la Isla de las Palomas constituye un excelente punto de partida para descubrir el casco histórico de Tarifa. Sus calles estrechas, plazas encaladas y restos de murallas medievales reflejan la importancia que tuvo la ciudad durante la dominación islámica y en los siglos posteriores a la Reconquista. La proximidad entre el patrimonio histórico y un espacio natural tan singular permite disfrutar en una misma jornada de cultura, mar y naturaleza.

La mejor forma de visitar el lugar es hacerlo a pie, recorriendo el paseo que conduce al faro tranquilamente, sin ninguna prisa, para así tener la oportunidad en los distintos lugares. El amanecer y atardecer desde entonces son especialmente recomendables si te gustan las panorámicas naturales, ya que la luz del estrecho transforma completamente el paisaje y resalta el contraste entre el azul intenso del mar, las rocas de la isla y el blanco de las construcciones cercanas.

Durante el verano, muchos viajeros aprovechan la cercanía entre Playa Chica y Los Lances —que aunque no esté dentro del islote queda relativamente cerca— para vivir una experiencia difícil de encontrar en cualquier otro lugar de España: bañarse primero en el Mediterráneo y, tras un breve paseo, hacerlo después en el Atlántico. Más allá de la diferencia física entre ambas aguas, lo realmente atractivo es la sensación de pasar de un mar a otro casi sin darse cuenta, algo que convierte a la Isla de las Palomas en un destino verdaderamente único.

A finales de 2018, una serie de caravanas migrantes comenzaron a hacer el largo camino desde Centroamérica hasta la frontera de Estados Unidos con México. Yo entonces trabajaba en Telemundo San Diego, la ciudad más grande en esta frontera y a la que se rumoreaba se dirigían los migrantes.

La imagen de una madre en una tienda de campaña con dos hijos menores de 2 años me marcó para siempre. Sin embargo, esa no fue la imagen que acabó definiendo la caravana. Las imágenes que se repitieron fueron las de miles de personas avanzando juntas hacia el norte. Recuerdo las filas para recibir comida y el alivio de quienes creían que, después de atravesar México, lo peor del viaje había quedado atrás. Para ellos, allí empezaba el futuro. Nosotros sabíamos que la frontera podía convertirlo en otra pesadilla.

Aquella cobertura me marcó como periodista y como persona. Años después, cuando volví a ella para escribir mi tesis, descubrí que el problema no estaba únicamente en lo que habíamos dicho. También estaba en lo que las imágenes decían por nosotros.

Al ver las imágenes de Ceuta reconocí esa tensión. Vi cuerpos entrando en el agua, grupos avanzando hacia una frontera y planos abiertos diseñados para mostrar cuántos eran. Las cifras crecían a cada hora y, con ellas, las palabras presión, desbordamiento y control. Las circunstancias no eran las mismas que en Tijuana, pero la gramática visual resultaba inquietantemente familiar: la frontera aparecía como si no tuviera historia y las personas, como si hubieran surgido de pronto ante ella.

No hace falta que un periodista pronuncie la palabra “invasión”. Basta con repetir imágenes de grandes grupos aproximándose a una frontera para activar las ideas de presión y pérdida de control

Antes incluso de escuchar sus voces, las imágenes ya habían comenzado a decirnos cómo mirarlas. Los planos generales permiten entender la escala de un desplazamiento, pero también borran las diferencias entre quienes lo protagonizan. La cámara se eleva para mostrar la magnitud y, al hacerlo, convierte a personas concretas en una forma que avanza: una fila, una columna, una masa.

Esto puede ocurrir incluso cuando la cobertura es respetuosa o compasiva. No hace falta que un periodista pronuncie la palabra “invasión”. Basta con repetir imágenes de grandes grupos aproximándose a una frontera para activar las ideas de presión y pérdida de control. El texto puede hablar de familias que buscan refugio mientras el plano cuenta otra historia: la de una multitud que se acerca y frente a la cual el Estado debe protegerse.

Un experimento de Guadalupe Madrigal y Stuart Soroka comprobó que esas decisiones visuales importan. Entre las personas más sensibles a la amenaza, una noticia acompañada por la imagen de una multitud reducía el apoyo a la inmigración; la fotografía de un solo migrante debilitaba ese efecto. El texto era el mismo. Lo que cambiaba era la manera de mirar.

Esa sensación de amenaza no se queda dentro del encuadre. Los partidos la recogen, le ponen un culpable y la convierten en programa electoral.

Durante semanas, estas imágenes alimentarán informativos y tertulias porque ofrecen drama, movimiento y conflicto: los ingredientes de una televisión que compite por retener la audiencia

La derecha española y europea ya hacen uso de la crisis para reactivar uno de sus puntos discursivos más importantes y efectivos, la inmigración. Por su parte, el Gobierno intenta demostrar que conserva el control de la frontera sin abandonar el lenguaje de los derechos humanos. Precisamente por eso, el escrutinio periodístico no debe detenerse en la imagen de firmeza: debe examinar cómo se producen las devoluciones, qué garantías existen y qué ocurre con quienes no pueden ser devueltos.

De cualquier manera, estas situaciones de migración masiva son un círculo vicioso para los gobiernos progresistas: si no atajan la situación con rotundidad, le dan palitos a la derecha para echar al fuego del racismo internalizado.

Durante semanas, estas imágenes alimentarán informativos y tertulias porque ofrecen drama, movimiento y conflicto: los ingredientes de una televisión que compite por retener la audiencia. Una investigación sobre la televisión francesa sugiere que el simple aumento de la cobertura de inmigración, incluso cuando no es abiertamente favorable ni hostil, puede polarizar las actitudes y empujar a parte del público hacia posiciones más extremas.

Una persona no debería tener que demostrar ante una cámara que ha sufrido lo suficiente para que reconozcamos su dignidad

En este caldo de cultivo que es la cobertura de la segunda crisis de Ceuta, quienes aún creemos en el periodismo tenemos una responsabilidad concreta. La respuesta no consiste en ocultar la magnitud de lo ocurrido ni en sustituir cada plano general por el rostro de un niño. Consiste en ampliar de verdad el encuadre. Explicar la singular historia de Ceuta y Melilla; la relación entre España y Marruecos; la dependencia europea de terceros países para controlar sus fronteras; y las desigualdades, guerras y decisiones políticas que empujan a tantas personas a arriesgar la vida.

También consiste en escuchar a quienes llegan sin obligarlos a representar el papel de la víctima perfecta. Una persona no debería tener que demostrar ante una cámara que ha sufrido lo suficiente para que reconozcamos su dignidad. Humanizar no es acercar el objetivo hasta que veamos sus lágrimas. Es permitirle hablar como sujeto de su propia historia y explicar las fuerzas que estrecharon sus alternativas.

En Tijuana aprendí que una cámara puede acercarnos a una persona y alejarnos, al mismo tiempo, de todo lo que explica su presencia allí. Las imágenes de Ceuta vuelven a colocarnos ante esa elección. Podemos contar cuerpos, medir multitudes y retransmitir el miedo. O podemos hacer lo que el periodismo afirma hacer cuando está a la altura de su nombre: mostrar lo que sucede sin separar el presente de su historia, vigilar al poder y recordar que, antes de convertirse en una masa dentro de nuestro encuadre, cada una de esas personas ya tenía una vida fuera de él.

Vox irrumpió hace siete años en la esfera política andaluza exigiendo la derogación de la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley de Lucha contra la Violencia de Género, que acababan de aprobarse en el Parlamento por unanimidad, la primera, y por amplísima mayoría la segunda.

No lo consiguió, pero su primera iniciativa parlamentaria fue encaminada a tratar de identificar, con nombres y apellidos, a todos los empleados públicos, funcionarios, trabajadores subcontratados por la Junta o vinculados a ONG subvencionadas que operasen en la lucha contra la violencia machista. La solicitud formal de ese listado de personas –que los afectados llamaron “caza de brujas”– apuntaba a los servicios psicosociales y de peritaje judicial, adscritos tanto a la Consejería de Justicia como al departamento de Igualdad de la Junta de Andalucía, en el primer Gobierno de Juanma Moreno sustentado por la ultraderecha.

La motivación de aquella primera medida, en 2019, era poner en cuestión todo el sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia machista y a sus hijos. Y el objetivo confeso era “depurar” a los profesionales –psicólogos, médicos forenses y trabajadores sociales– que evaluaban el riesgo de las víctimas, la reincidencia del agresor y la desprotección de los menores, articulando una acusación durísima: falta de cualificación y “sesgo ideológico”. “Feminismo supremacista de izquierdas”, lo llamó el promotor de la iniciativa, el entonces líder andaluz de Vox y juez de Familia inhabilitado, Francisco Serrano.

Todo esto generó una enorme polémica entonces y fue motivo de la primera bronca de aquella legislatura, en la que el entonces líder andaluz de IU, Antonio Maíllo, se desgañitó llamando “fascistas” a los primeros 12 diputados de Vox; y Serrano se mofó de su “alarmismo” tildándole de “planchabragas”.

Siete años y cuatro gobiernos autonómicos de PP y Vox después, la decisión del presidente andaluz, Juanma Moreno, de ceder a esa misma ultraderecha el control de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género de los Institutos de Medicina Legal, adscritos a la Consejería de Justicia que pilota su líder, el vicepresidente segundo Manuel Gavira, ha cimbreado la política andaluza y nacional en pleno mes de agosto.

Desde el Ministerio de Igualdad, pasando por la dirección federal socialista o la líder regional del sindicato CCOO, hasta los primeros espadas de todas las formaciones de izquierdas en la oposición –PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía– han salido en tromba para condenar esta cesión de funciones a una formación que abandera el negacionismo contra la violencia de género y que, estando en la oposición, pidió “depurar” a los empleados públicos de estas unidades de valoración por un supuesto “sesgo ideológico”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apuntado directamente al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigiéndole que aclare si con esta medida está desmarcándose del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suscrito por socialistas y populares junto a otras formaciones en diciembre de 2017.

“Aquí, las consecuencias del pacto PP-Vox en Andalucía. La atención a las víctimas de violencia de género en manos de quienes la niegan. 290 mujeres han sido asesinadas en Andalucía desde 2003. Esto es una irresponsabilidad. Feijóo, ¿está usted rompiendo el Pacto de Estado?”, ha escrito en su cuenta de X, con un enlace a la información adelantada por este periódico. Su número dos, la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, ha sido más dura aún: “A los defensores del machismo les entregan las víctimas. A quienes las ignoran les dan su custodia. Estaremos muy vigilantes”.

Al equipo del presidente Moreno, esta tormenta política de verano le ha pillado prácticamente de vacaciones, fuera del curso político, con escalonadas reapariciones de sus consejeros y dirigentes del PP andaluz para condenar la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis humanitaria de Ceuta.

La secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, también ha acusado a Moreno de “entregarse al negacionismo de su socio ultra”. “No todo vale para gobernar ¡Qué poco les importa la vida de las mujeres!”, ha escrito. La vicesecretaria general del PSOE y líder andaluza, María Jesús Montero, denuncia que dejar en manos de Vox estos servicios públicos es “poner en riesgo la protección de las víctimas”. “Moreno Bonilla comparte el ideario de la extrema derecha con la que el PP se ha lanzado a competir”.

El líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha avanzado que van a “fiscalizar al dedillo cada movimiento de la Consejería de Justicia contra las mujeres andaluzas: lo haremos en el Parlamento, en las calles y, si hace falta, en los tribunales”. Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y portavoz de la coalición Por Andalucía, abunda en que “el PP no solo no pone límites a la extrema derecha sino que hace propia su agenda”.

Consultado por esta cuestión, desde la Consejería de Igualdad del Gobierno de Moreno han rehusado hacer ninguna valoración.

Un servicio “pionero” en Andalucía

La Junta de Andalucía es “pionera” en el desarrollo de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, unos servicios médico-forenses encargados de estudiar a la víctima, al agresor y a los menores expuestos a esa violencia, para luego redactar informes integrales, siempre que lo solicite el juez para usarlo, junto al atestado policial y su propia valoración, a la hora de decidir sobre las órdenes de protección y las medidas civiles cuando la mujer denuncia. También sirven a las administraciones para la concesión de ayudas públicas.

Estos equipos especializados formados por forenses, psicólogos y trabajadores sociales, adscritos a los Institutos de Medicina Legal y gestionados en Andalucía por la Consejería de Justicia, están previstos en la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004; y posteriormente desarrollados en la ley andaluza del mismo nombre, que fue aprobada en el Parlamento por todos los grupos (excepto IU) en 2018, cinco meses antes de la irrupción de Vox en la Cámara y de la constitución del primer Gobierno de Juanma Moreno.

Desde entonces, ya va para ocho años, el partido de Santiago Abascal ha impedido el consenso unánime necesario en el Parlamento andaluz para aprobar una declaración institucional de condena por las mujeres asesinadas por sus parejas (nueve en Andalucía, en lo que va de año).

De aquella primera legislatura de Vox, siendo el partido que sustentaba al Gobierno de coalición PP-Ciudadanos, hoy quedan algunas de las exigencias que impusieron a Moreno a cambio de apoyarle la investidura. Los populares, ya con mayoría absoluta, conservan el teléfono de violencia intrafamiliar -término con el que la ultraderecha niega que haya asesinatos de mujeres por razón de género-; el nombre de una consejería de Familia; y un puñado de medidas “en favor de la vida del embrión”, eufemismo de antiabortistas.

Ahora Vox forma parte de otro Gobierno de coalición con el PP. Moreno ha delegado en su socio la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, un macrodepartamento “más técnico que político”, confiando en poder “amortiguar el despliegue ideológico”de la ultraderecha en las políticas públicas, sobre todo aquellas donde ha proyectado sus guerras culturales: rechazo, cuando no criminalización, de los inmigrantes; negación de la violencia de género y negación del cambio climático.

La Consejería de Justicia es una “administración prestacional”, es decir, se encarga exclusivamente de proveer y mantener los medios materiales, económicos y personales (edificios, equipos, personal funcionario no judicial), pero en ningún caso puede intervenir en la función jurisdiccional ni dar órdenes a los jueces o a los funcionarios de Justicia.

En 2019, en su primera iniciativa parlamentaria, Vox reclamó por escrito a la Cámara una relación de nombres y apellidos de los empleados públicos que trabajan en las Unidades de Valoración de Víctimas de Violencia de Género, exigiendo “depurar” a aquellos que emitían informes “ideológicos”, movidos por un “feminismo supremacista de izquierdas”.

Poco después, y ya al calor de la polémica suscitada, la formación ultraderechista amplió su solicitud y exigió también la lista de trabajadores de otros estamentos de la Junta de Andalucía en materia de lucha contra la violencia machista: de una ONG que trabaja para la Consejería de Igualdad en la protección de mujeres y niños, víctimas de abusos y maltrato; y de una empresa adjudicataria que colabora en los juzgados en el peritaje de daños que se producen a las mujeres agredidas por sus parejas, también contratada por Igualdad.

La formación ultra pidió los perfiles profesionales, la condición laboral y el número de colegiación de todos los empleados públicos, subcontratados o subvencionados por el Gobierno andaluz para luchar contra la violencia de género, con ánimo declarado de desmontar “chiringuitos ideológicos”.

El PP: “El margen de gestión de Vox es muy estrecho”

Este periódico ha consultado a Vox y al equipo de su líder regional, el vicepresidente segundo de la Junta y nuevo responsable de Justicia, Manuel Gavira, si prevén modificar, alterar o suprimir esas unidades de valoración de víctimas de la violencia machista que cuestionaban duramente desde la oposición. No ha habido respuesta.

Fuentes próximas al presidente Moreno ven “inviable” que Vox pueda “legalmente” cargarse estos servicios, que realizan un papel “fundamental” para jueces y policías, e insisten en que el margen de gestión de su socio de Gobierno en el departamento de Justicia “es muy estrecho, casi nulo”.

No obstante, en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, no ocultan que Vox tiene ahora un “altavoz” muy potente para instalar sus consignas ideológicas en el debate público, desde la vicepresidencia de una institución tan mastodóntica como la Junta de Andalucía, y sospechan que en Justicia podrán hacer más “fuegos de artificio” que medidas con consecuencias directas para la ciudadanía. “Se van a chocar con la realidad y con la legislación vigente”, repiten los populares como un mantra. “A lo sumo, le cambiarán el nombre, pero seguirán desempeñando las mismas funciones”, bromea un consejero.

En 2024, el Ayuntamiento de Ciudad Real, gobernado por PP y Vox, cambió el nombre de la Unidad de Violencia de Género de la Policía Local para “eliminar cualquier término ideológico de género”, y centrarse así en “todo tipo de víctimas de violencia”. El partido de Santiago Abascal niega que los asesinatos de mujeres en España a manos de sus parejas o exparejas (33 en lo que va de año) tengan un componente de género y cuestiona todas las leyes y políticas públicas encaminadas a combatir esta lacra social.

En Andalucía hay ocho Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, adscritas a los Institutos de Medicina Legal en cada provincia. El pasado mes de abril, el Gobierno de Moreno decidió reforzar a los equipos que la conforman con la creación e incorporación del “puesto de coordinador, un médico forense”, no sólo para la organización del “ingente volumen de trabajo”, sino para supervisarlas y dirigirlas.

Vox peleó duro en la negociación con el PP para quedarse la consejería de Agricultura, como ha logrado en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y para gestionar políticas sociales y de familia. Moreno, que se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, logró cortocircuitar esas expectativas, aunque a cambio ha firmado un acuerdo de gobierno, con 150 medidas, atravesado por todas las obsesiones xenófobas, negacionistas y ultracatólicas de Vox.

El conocido como Castillo de los Guzmanes es una de las páginas más antiguas de la historia de Trebujena, localidad de la provincia de Cádiz. Esta imponente fortaleza fue construida entre los siglos XIII y XIV bajo el mandato de Alonso Pérez de Guzmán y cuya edificación respondió a una necesidad estratégica de defender el territorio recién conquistado frente a posibles ataques. La estructura original se basó posiblemente en una torre vigía previa que servía para controlar el paso de enemigos. Desde sus muros se establecía comunicación visual con otros enclaves defensivos de la zona como Sanlúcar de Barrameda.

Con el paso de los siglos este baluarte, oficialmente llamado Castillo del Altozano, ha sido testigo de la evolución social y económica del municipio. Hoy en día el recinto ha sido recuperado para albergar el Centro de Interpretación de la Historia, un orgullo para la localidad al mostrar su patrimonio y las raíces profundas que definen la identidad de sus habitantes.

Situado en el corazón del casco urbano actual, el castillo dominaba antaño una vasta extensión de tierras fértiles. Su ubicación estratégica permitía vigilar la desembocadura del río Guadalquivir y las marismas que rodean la población. El complejo funcionaba como un bastión defensivo vital para proteger la riqueza agrícola y el poder militar local. En aquella época la protección del territorio era fundamental debido a los constantes conflictos de carácter económico. La fortaleza formaba parte de una red de torres que garantizaba la inexpugnabilidad de la región gaditana. Originalmente la construcción presentaba una sola puerta de acceso situada en la actual Plaza del Altozano. Este acceso principal estaba flanqueado por dos robustas torres en las esquinas que facilitaban su defensa táctica.

De esta manera, el castillo de Trebujena se consolidó como una pieza clave en el tablero militar de la Andalucía medieval. La arquitectura del castillo destaca por su planta cuadrangular de aproximadamente 16 por 16 metros de perímetro. Para su construcción se empleó piedra del lugar y una técnica de argamasa de tierra prensada muy robusta. Los muros alcanzan un grosor considerable de hasta un metro y medio para asegurar la resistencia estructural. Curiosamente, la fortaleza no posee cimientos propios sino que arranca directamente del firme calizo del terreno. Actualmente se conservan los cuatro lienzos de muralla originales que definen el recinto interior de la edificación.

En la esquina suroeste aún se pueden apreciar los vestigios de un antiguo torreón de vigilancia medieval. Aunque el entorno ha cambiado, el camino de ronda almenado sigue siendo visible desde las plazas circundantes. Estos elementos arquitectónicos narran por sí mismos la evolución de las técnicas constructivas de la Edad Media. Las excavaciones realizadas en el año 2006 han revelado que el sitio posee una riqueza arqueológica excepcional. Bajo el suelo del castillo se han hallado materiales que datan de épocas tartésicas, púnicas y romanas. Estos restos indican que la zona fue un enclave comercial importante vinculado al antiguo Portus Tarbissana.

Los arqueólogos han documentado también la presencia de cerámica andalusí mudéjar y de la era contemporánea. En el interior se descubrieron estructuras singulares como un pozo de agua y varios silos de almacenamiento. Incluso se identificó un antiguo basurero que aporta datos valiosos sobre la dieta y costumbres pasadas. Estos hallazgos permiten reconstruir el registro histórico económico y social de Trebujena a través de los siglos.

A lo largo de su dilatada existencia, el Castillo de los Guzmanes usos diversos. Fue residencia oficial del alcaide obrador de arropes y guarda del archivo de la Casa Ducal de Medina Sidonia. Su importancia era tal que en el siglo XVII custodiaba parte de la contaduría de los duques. Sin embargo, tras el alzamiento de Andalucía contra Felipe IV, la fortaleza inició un periodo de desgaste. El endeudamiento de la Casa Ducal provocó que muchas de sus propiedades cayeran en un progresivo abandono. Durante los siglos XIX y XX el edificio fue utilizado incluso como vivienda particular por algunos vecinos. En 1966 el ayuntamiento adquirió finalmente la propiedad tras comprársela a la familia Villagrán Galán. Este cambio de titularidad marcó el inicio de una nueva etapa orientada a la conservación del patrimonio local.

Dignidad recuperada

Durante gran parte del siglo XX el interior de la fortaleza albergó la Plaza de Abastos municipal. Para adaptar el espacio se realizaron diversas reformas que ocultaron temporalmente la estructura medieval original del castillo. Una sala abovedada anexa llegó a funcionar incluso como cámara frigorífica para los productos del mercado. No fue hasta principios del siglo XXI cuando se decidió recuperar el valor histórico de este emblemático monumento. A través del proyecto CULTURCAD se demolió el mercado para dejar el espacio interior lo más diáfano posible. La rehabilitación permitió integrar elementos modernos como estructuras acristaladas que dejan ver el coronamiento de los muros. Gracias a estos trabajos el castillo ha recuperado su dignidad y se ha abierto de nuevo al público.

El actual Centro de Interpretación ofrece un recorrido fascinante por la historia y la cultura de Trebujena. En la planta baja los visitantes pueden explorar paneles informativos y ver de cerca los hallazgos arqueológicos. Este nivel se centra en explicar el origen de la fortaleza y su estrecha relación con el pueblo. La primera planta está dedicada a los paisajes culturales y las actividades económicas tradicionales de la zona. Aquí cobran protagonismo la viña, el río Guadalquivir y la rica fauna de las marismas cercanas. Se rinde homenaje a los riacheros y a quienes han vivido históricamente del cultivo de la tierra albariza. El centro utiliza recursos modernos para sumergir al público en las vivencias y costumbres de la localidad. Es una visita obligada para comprender la esencia de esta tierra.

La recuperación del castillo ha supuesto un impulso vital para el turismo y la promoción de Trebujena. Desde su mirador en la planta superior se obtienen vistas panorámicas inigualables del paraje natural circundante. La fortaleza y su dilatada historia se integran perfectamente en el conjunto urbano caracterizado por la blancura de sus calles.

Vox entró en el Parlamento andaluz en 2019, con sus primeros 12 diputados en España, tras las elecciones autonómicas que pusieron fin a 37 años de gobiernos socialistas e hicieron presidente a Juanma Moreno.

En el primer Pleno ordinario de aquella legislatura, y haciendo uso del reglamento de la Cámara, el entonces candidato y líder regional de Vox, el juez Francisco Serrano, presentó en el registro de la Cámara un escrito solicitando “una relación detallada con los nombres y apellidos” de los trabajadores públicos de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal, adscrito a la Oficina Judicial y Fiscal que gestiona la Junta. También pidió identificar a los equipos psicosociales de los Juzgados de Familia y de Menores.

El partido de Santiago Abascal defendía entonces un negacionismo férreo contra las políticas de igualdad de género y lucha contra la violencia machista. De hecho, había exigido (sin éxito) la derogación de las leyes andaluzas que rigen estas políticas, a cambio de su apoyo a la investidura de Juanma Moreno. El PP no cedió en este punto, que habría supuesto deshacer un marco legislativo aprobado por la unanimidad del Parlamento.

Pero en cuanto arrancó la legislatura, Vox buscó una vía alternativa para atacar lo que dio en llamar “supremacismo de género”: reclamó a través del Parlamento andaluz la lista de empleados públicos de la Consejería de Justicia (la mayoría funcionarios) encargados de elaborar los informes sociales y psicológicos sobre las mujeres víctimas de malos tratos para los juzgados de familia.

“Una relación detallada con nombres, apellidos, número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales, si estuvieren dados de alta en ellos con la reseña de dichos colegios profesionales, y si no también, de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género; Equipos Psicosociales de los juzgados de Familia y equipos de menores en las ocho provincias de Andalucía, entre el año 2012 y 2019 completos”, decía la solicitud que Vox llevó al Parlamento andaluz.

Esos informes sirven luego como atenuante en los juzgados, si las mujeres deciden denunciar a su agresor, y también son tenidos en cuenta por la propia Junta a la hora de conceder ayudas públicas a mujeres agredidas por sus parejas o exparejas. Los organismos públicos contra los que apuntaba la ultraderecha están formados por psicólogos, forenses y trabajadores sociales, que emiten informes para ayudar a los jueces a decidir sobre órdenes de protección y medidas civiles en violencia de género y custodias y regímenes de visitas en procesos de divorcio.

La formación ultraconservadora denunciaba entonces que muchos de esos informes estaban basados en criterios “políticos” y, accediendo al listado de funcionarios responsables, aspiraban a “depurar” entre los trabajadores “formados y acreditados” para realizar ese trabajo, y los que se mueven por “motivos ideológicos”, sin tener “capacidad profesional” ni estar “colegiados” [aunque la ley no exige la colegiación de los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que integran estas unidades].

En Andalucía, no sólo hay empleados públicos realizando esos informes psicosociales, la Junta también delega parte del servicio en entidades especializadas que les sirven como refuerzo, dado el volumen de trabajo que soportan, y el partido de Abascal siempre ha ubicado a esas organizaciones colaboradoras en la esfera ideológica de los anteriores gobiernos del PSOE.

Chocarse con la realidad y con la legislación vigente

El señalamiento de empleados públicos de Justicia, con nombres y apellidos, provocó la primera polémica en torno al recién formado Gobierno de coalición PP-Ciudadanos, sustentado desde fuera por Vox. El partido de Abascal trataba de demostrar que el número de agresiones y denuncias de hombres a mujeres está sobredimensionado.

“Se están violando sentencias de Altos Tribunales que exigen la colegiación. Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños”, escribió entonces Serrano en su cuenta de X (antes Twitter). El juez, que pasó de candidato estrella de Vox a ser repudiado por Abascal, había llegado a la política tras ser inhabilitado en 2011 por alterar un régimen de visitas de un menor con su padre.

El Ejecutivo andaluz no llegó a entregarle a Vox la lista de funcionarios que pedía, amparándose en la Ley de Protección de Datos. Pero, siete años después, Vox no sólo tiene en la mano los nombres de esos empleados públicos, sino las competencias sobre las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal, adscritas a la Consejería de Justicia, que Moreno ha entregado al líder de la formación ultraderechista, el vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira.

El acuerdo suscrito entre PP y Vox que ha hecho presidente a Juanma Moreno, por tercera vez, contiene el reparto de consejerías entre ambos socios de Gobierno. La ultraderecha gestiona una sola consejería, que aglutina competencias muy dispares: Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Pero hasta el jueves pasado, el Consejo de Gobierno no aprobó los decretos de estructura de cada departamento, que recogen las atribuciones concretas de cada departamento.

Entre ellas, se encuentra la organización de “los equipos psicosociales de apoyo a la Administración de Justicia, incluidos los equipos técnicos de menores”; la organización, a través de sus Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de las “unidades de valoración integral de violencia de género”; y el impulso de la elaboración de “protocolos de actuación en materia de violencia de género que requieran de la participación de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses”.

Son las atribuciones naturales de la Consejería de Justicia, pero ahora están en manos de una formación política que ha cuestionado severamente estos servicios públicos -tildándolos de “chiringuitos ideológicos”-, así como las políticas de igualdad de género en las que se enmarcan.

En la oposición, Vox ha sido muy crítico y muy duro con la gestión de algunas atribuciones de la Consejería de Justicia, que ahora gestionan. Sin embargo, en la práctica este departamento tiene un margen de gestión muy acotado, porque se trata de una “administración prestacional”, que se limitase a sufragar y mantener los medios materiales y humanos de la Justicia, pero con poco poder de decisión sobre unos poderes que competen al Ministerio del ramo.

Gavira no puede dar órdenes a los funcionarios de Justicia ni reclamarles un trabajo concreto. Tampoco, por ejemplo, puede pedir los informes forenses para determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados, que la consejería elabora sólo a petición de la Fiscalía de Menores. Vox ha logrado colar en su acuerdo de Gobierno con Moreno el rechazo “frontal” a los niños inmigrantes -“No más MENAS”, reza el texto-, y también plantea medidas para verificar mejor la edad de esos menores, pero no está en su mano emitir los informes forenses, ni siquiera desde el departamento de Justicia.

La consejería de Gavira también gestiona los centros de internamiento de menores infractores, que le servirá a Vox para comprobar que la mayoría de internos por Violencia Juvenil son españoles, y que los extranjeros que hay no son exclusivamente magrebíes ni musulmanes, como suelen denunciar falsamente en sus comparecencias públicas.

Fuentes del PP andaluz explican que la cesión de la Consejería de Justicia a Vox -un departamento que nunca reclamaron, al menos, públicamente- restringe mucho el “despliegue ideológico” de la ultraderecha en las políticas públicas, al tratarse de competencias exclusivas del Estado, con estrecho margen de maniobra para la Junta.

No obstante, Gavira sí podría modificar los protocolos de las Unidades de Valoración de Víctimas de Violencia de Género -reguladas en un decreto andaluz- o recortarles el presupuesto para suprimir los refuerzos de personal, aunque entraría en conflicto con los sindicatos del sector, que representan a sus trabajadores, y probablemente, también chocaría con su socio de Gobierno. En ningún caso podría eliminar este servicio, dado que está blindado en una ley estatal.

Este periódico ha consultado a Vox y a la vicepresidencia de Gavira sobre sus planes para estas unidades de atención a mujeres víctimas de malos tratos, pero han eludido responder.

“Revisar y derogar las leyes ideológicas”

El acuerdo PP-Vox, de 60 páginas y 150 medidas, incluye en el penúltimo punto el rechazo a las “leyes ideológicas”, que no aparecen identificadas en el documento, aunque la ultraderecha lleva usando cuatro años este mismo término en el Parlamento andaluz para referirse a las normas y mecanismos públicos para la igualdad de género.

El texto solo compromete la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica, aprobada en 2017 sin ningún voto en contra, y que en realidad está sentenciada por el PP de Moreno desde el primer acuerdo suscrito con Vox en 2019, aunque no llegó a ejecutarse. Las que aparecen sin nombrar —“se adquiere el compromiso de revisar y, en su caso, derogar”— son la Ley Trans (pionera en España al regular la identidad de género sin exigir pruebas médicas) que fue aprobada por unanimidad, con los votos y la participación activa del PP; la Ley de Lucha contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, vinculada esta última a los derechos del colectivo LGTBI.

Además de estas leyes, se contemplaría la eliminación de cualquier otra norma autonómica basada “en el criterio de la ideología de género” —viejo sintagma negacionista de Vox contra el feminismo— desde las que vehiculan los currículos escolares y el lenguaje inclusivo en la administración, hasta las políticas sociales y entidades públicas concretas.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha abierto una segunda investigación contra el ex CEO de la principal productora de Canal Sur, imputado en otra causa judicial por agresión y acoso sexual a una reportera, a raíz de una denuncia interpuesta por la testigo clave de dicha causa, acusándole de “amenazas y coacciones”, confirman fuentes jurídicas a este periódico.

La jueza María Elena Contreras ha incoado diligencias previas al apreciar que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito contra la administración de justicia de la corte penal internacional y obstrucción a la justicia, derivado de un delito de coacciones y amenazas contra un testigo en un procedimiento penal.

En un auto, la magistrada ha citado a declarar a la denunciante a finales de octubre en su juzgado para que “ratifique” la demanda que interpuso ante la Policía Nacional contra el ex CEO de Andalucía Digital Multimedia (ADM), empresa copropiedad del Gobierno andaluz y principal proveedor de contenidos de Canal Sur Televisión.

El procedimiento judicial abierto se encuentra en fase embrionaria, aunque la denunciante ya ha presentado un escrito para personarse como acusación particular contra el que fue su jefe directo durante varios años en ADM. La jueza Contreras, que instruye el caso, estuvo más de 20 años trabajando como jueza de violencia de género.

Gustavo Fuentes y quien fuera su número dos en la productora asociada a la Radio Televisión pública de Andalucía (RTVA) estaban citados a declarar el pasado 11 de mayo en el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 5 de Sevilla, él como imputado por delitos sexuales contra una reportera; y ella como testigo clave propuesta por la acusación. La declaración se suspendió en el último momento -aplazada hasta el 20 de julio- porque el ex CEO de la compañía cambió de abogado cuatro días antes.

Esa misma tarde, la exdirectiva de ADM y testigo “fundamental” en la causa contra Gustavo Fuentes recibió un mensaje privado desde la cuenta de Instagram del acusado: la notificación recibida dirigía al enlace de una entrevista en vídeo en la que se hacen comentarios violentos como estos: “El sabor a metal frío de 9 milímetros en la boca”; “Un ultimátum de 24 horas para pagar deuda con traficantes”.

La víctima acudió de inmediato a una comisaría de Policía para manifestar su temor ante estas “amenazas” por parte de Gustavo Fuentes y dijo sentirse “coaccionada” en su condición de testigo en una causa contra su exjefe por delitos sexuales a una empleada, en la que debía haber declarado ante el juez ese mismo día. Al interponer la denuncia presentó una captura de pantalla de la notificación recibida desde la cuenta personal de Fuentes en Instagram y otra del vídeo recibido, confirman fuentes de la Policía Nacional.

El delito de coacciones se considera más grave que el de amenazas en el Código Penal. El primero se castiga con una pena de prisión de seis meses a tres años, mientras que el segundo puede ser castigado con una pena de prisión de tres meses a un año. Aquí, sin embargo, confluye el agravante de que el sujeto pasivo (la víctima) es testigo en un procedimiento penal, por lo que se consideraría una “amenaza cualificada” y el castigo sería mayor, explican fuentes jurídicas.

Dos causas judiciales relacionadas, pero con procedimientos distintos

Ésta sería la segunda investigación judicial que pesa sobre el ex CEO de una productora semipública, con participación mayoritaria del Gobierno de Juanma Moreno, y un papel capital en el sector audiovisual andaluz. Sin embargo, el juez de violencia de género que instruye la causa principal contra Gustavo Fuentes ha rechazado, de momento, vincular ambos procedimientos. El magistrado Francisco José de Córdoba recibió un mes antes una copia de la denuncia por coacciones que la testigo interpuso ante la Policía -al entender que existe una relación directa con su papel en esta causa-, pero el juez decidió no tomarla en consideración.

Desde el pasado mes de marzo, el juez de Violencia contra la Mujer número 5 de Sevilla investiga los presuntos delitos sexuales cometidos por el ex director general de la principal productora de Canal Sur a una de sus empleadas. De momento, ha orillado el delito de acoso laboral que también le imputaba la víctima -por considerarlo fuera de las competencias de su tribunal- y tampoco ha integrado en la causa la denuncia de la testigo “fundamental” por las supuestas amenazas recibidas desde el móvil del acusado.

La denuncia de la testigo contra Gustavo Fuentes es una derivada de la causa principal en la que está imputado, que se ha visto enrarecida por una circunstancia fuera de lo común: el ex CEO de la productora se enteró antes de que se lo notificaran oficialmente por una llamada del presidente de la compañía y alto cargo del Gobierno andaluz, Sergio Gómez Rojas-, lo que le permitió agilizar una estrategia de defensa y llevársela al juez antes de que éste tuviera conocimiento de la denuncia de la testigo, según ha confirmado este periódico de fuentes judiciales.

El mismo día que recibió el aviso del alto cargo del Gobierno andaluz, Gustavo Fuentes también acudió a la Policía para denunciar que le habían “hackeado” su cuenta de Instagram desde donde se envió el vídeo amenazante a la testigo. Acto seguido, el exCEO de ADM remitió una copia de esta denuncia al juzgado que le investiga por agresión y acoso sexual a una reportera, junto a un escrito negando haber sido él quien lo hizo, explicando que varios trabajadores de diferentes departamentos de su empresa pudieron tener acceso a sus cuentas personales, y presentando un certificado firmado por el director técnico de la productora señalando a esas personas con nombres y apellidos.

Un directivo arropado por el Gobierno de Moreno

Hasta el pasado 10 de junio, Gustavo Fuentes era un directivo de referencia y con mucho poder en sector audiovisual andaluz, muy bien relacionado con la cúpula del Gobierno de Juanma Moreno y con la dirección de la RTVA, su principal cliente.

ADM es una compañía semipública, participada por la Junta de Andalucía al 47,8% y principal proveedor de contenidos para Canal Sur, de modo que el escándalo sexual en el que se vio envuelto sacudió el panorama político y empresarial andaluz, pero no le dejó caer hasta que este periódico lo hizo público.

Fue destituido el pasado 10 de junio después de que elDiario.es revelase que un juez de Violencia de Género de Sevilla le había citado a declarar en calidad de investigado por supuestos delitos sexuales contra una reportera. Estaba denunciado desde el mes de enero, investigado por un juzgado desde febrero e imputado desde el 25 de marzo, citado a declarar inicialmente el 11 de mayo, pocos días antes de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

El Consejo de Administración de ADM, presidido por el director general de Sandetel y alto cargo del Gobierno andaluz, Sergio Gómez Rojas, tardó 18 horas en aprobar su “cese temporal de funciones”, que horas después se convertiría en “definitivo e irrevocable”. Gustavo Fuentes también fue destituido como presidente del Clúster Audiovisual de Andalucía (LAND), un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de Presidencia y actual vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza.

La denuncia contra el CEO de ADM por agresiones sexuales, acoso sexual continuado y acoso laboral adjunta siete declaraciones juradas firmadas por siete extrabajadoras y extrabajadores de la productora (algunos en cargos directivos) que corroboran la versión de la denunciante y aportan testimonios explícitos de situaciones de acoso sexual y laboral dentro de la empresa.

Gustavo Fuentes “se desenvuelve en un ambiente de impunidad auspiciado por su cargo en la empresa y por la posición de la misma en el sector audiovisual andaluz, con gran influencia sobre Canal Sur”, sostiene la acusación. Al margen de la investigación judicial, este periódico ha recabado una docena de testimonios de trabajadores y extrabajadores de ADM que describen situaciones de acoso sexual y laboral coincidentes con esta denuncia, y con las que han interpuesto otros empleados por mobbing.

La denunciante también adjunta 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad. Esos mensajes ya han sido “cotejados” por la secretaria judicial por orden del juez, y validados como material probatorio en la causa.

Los mensajes de WhatsApp del CEO de ADM que aparecen en la denuncia incluyen insistentes propuestas de encuentros privados a la víctima: “A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”; “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”; y lenguaje con connotación sexual e íntima: “Cariño, tengo ganas de ti”; “Tú me debes una noche loca”; “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”.

El pasado 20 de julio, Gustavo Fuentes declaró ante el juez de violencia de género durante casi una hora, asegurando que nunca agredió ni acosó sexualmente a la reportera denunciante, aunque admitió que tuvo un “tonteo mutuo, no consumado, pero siempre consentido”.

Media hora antes, dos testigos propuestos por la denunciante habían ratificado ante el mismo juez la “obsesión” que Gustavo Fuentes sentía hacia la víctima, y la “presión sexual” a la que la sometía. “Ella le tenía pánico, verdadero miedo”. “Cuando la conocí, era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita”, advirtieron en sede judicial.

Las playas de Sanlúcar de Barrameda se preparan para recibir la edición número 181 de sus tradicionales carreras de caballos. Este evento, que comenzó de forma organizada en 1945, es la cita hípica más antigua de España. Durante casi dos siglos, la orilla gaditana ha sido testigo del poderío de los mejores purasangres sobre la arena mojada. La temporada de 2026 tendrá lugar en agosto, dividida en dos ciclos de tres días de intensa competición, rito estival que atrae a miles de visitantes ansiosos por presenciar un espectáculo declarado de Interés Turístico Internacional.

Se trata de una tradición que fusiona el deporte con la belleza natural de la desembocadura del río Guadalquivir. El compromiso de la ciudad con su historia ecuestre se renueva cada año justo cuando el mar se retira de la costa. Estas jornadas representan el corazón del verano para sanluqueños y turistas que acuden fielmente a la gran cita. El considerado por muchos como “el mayor espectáculo de las playas del Sur” utiliza un hipódromo natural creado por el capricho diario de las mareas atlánticas. Las fechas de celebración están regidas por el calendario de bajamar para asegurar que exista una pista de competición suficiente.

En este 2026 el primer ciclo está programado para los días 8, 9 y 10 agosto, mientras que el segundo periodo se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 del mismo mes al caer la tarde. A medida que el agua retrocede, la arena húmeda se convierte en un firme perfecto para los jinetes y los caballos. Este trazado efímero recorre unos dos mil metros entre las playas de Bajo de Guía y las Piletas. La logística del evento depende de la naturaleza, lo que añade emoción e incertidumbre a cada jornada deportiva hípica. Es el único lugar donde el horario de las competiciones lo dicta el océano y no un simple reloj.

Las raíces de esta celebración se remontan a las competiciones informales que realizaban los antiguos vendedores de pescado de la zona. Estos mercaderes corrían con sus caballos para ser los primeros en llegar a los mercados con la mercancía más fresca. Lo que comenzó como necesidad evolucionó hacia una competición regulada bajo el estilo inglés a mediados del siglo XIX. En 1845 se fundó la Sociedad de Carreras para formalizar estos encuentros hípicos y, con el tiempo, el evento ganó prestigio nacional, integrándose en el circuito profesional junto a San Sebastián y Sevilla. Hoy es una Fiesta de Interés Turístico Internacional, título que ostenta con orgullo desde 1997. Esta evolución demuestra cómo una actividad funcional se transformó en un patrimonio cultural y deportivo de primer orden.

Una de las características más destacadas de las carreras es que el público puede disfrutarlas de manera totalmente gratuita y abierta. Las familias se instalan en la arena seca con sombrillas y sillas para pasar una tarde inolvidable frente al mar. Una malla de seguridad se coloca previamente para separar a los aficionados de la zona de competición en la orilla. Muchas personas también eligen presenciar el evento desde el concurrido paseo marítimo que bordea toda la costa local de Sanlúcar. El ambiente que se respira es festivo y familiar, uniendo a residentes y visitantes en un sentimiento colectivo único. La cercanía de los animales permite sentir la fuerza de sus zancadas y el sonido de sus cascos en la arena.

Para quienes buscan una experiencia técnica, la organización instala un recinto especializado en la zona de llegada de las Piletas. Esta área requiere entrada y ofrece servicios como gradas, restaurantes y zonas de ocio para todos los asistentes. Los espectadores pueden seguir las pruebas por pantallas gigantes y visitar el paddock para ver de cerca a los caballos. Mientras tanto, la playa alberga una tradición protagonizada por los niños más pequeños de la localidad gaditana, que montan originales casetas de colores para organizar sus propias apuestas simbólicas entre todos los bañistas.

Cita gastronómica

El impacto visual de las carreras se potencia por la cercanía de Doñana al otro lado del río. A medida que el sol se oculta, la silueta de los caballos se recorta contra el horizonte virgen de la reserva. Esta vista del atardecer, con el estuario del Guadalquivir como testigo, es una imagen icónica de toda la región andaluza. La combinación del entorno natural y el deporte de alto nivel crea una magia difícil de encontrar en otro lugar. El mar, la brisa y el estruendo de los galopes ofrecen una experiencia sensorial completa para los miles de asistentes. Es un escenario que ha permanecido inalterado durante los 180 años de historia de este evento.

La visita a este rincón de la provincia de Cádiz es también la oportunidad ideal para disfrutar de su gastronomía mundialmente reconocida por su calidad. La experiencia no es completa sin degustar el vino manzanilla y los langostinos que son el orgullo de esta tierra. Esta ciudad, Capital Gastronómica de España en 2022, ofrece una variedad culinaria excepcional y muy variada. Los visitantes disfrutan del pescado frito y los guisos marineros en los restaurantes del famoso barrio de Bajo de Guía. Además, la festividad coincide con los actos en honor a la patrona, la Virgen de la Caridad, a mitad de mes. Las calles del centro histórico se engalanan con alfombras de sal, aportando más color y tradición a la ciudad. La mezcla de hípica y buena mesa convierte a la ciudad en un destino turístico casi insuperable durante el periodo estival.

Juan Manuel Moreno ha empezado a ensayar esta semana su estrategia para “encapsular” su pacto de Gobierno con Vox tomando distancias de la polémica generada por el proyecto para construir una mezquita en Sevilla, avalado por el Ayuntamiento.

El presidente andaluz ha dejado solo al alcalde hispalense, el popular José Luis Sanz, frente a las duras críticas de la ultraderecha, que estos días le acusa de permitir la “islamización” de los barrios de la ciudad y ha difundido imágenes suyas vestido con un turbante en la cabeza y la chilaba marroquí, generadas por inteligencia artificial.

PP y Vox, que gobiernan juntos Andalucía desde hace apenas un mes y son socios en el Ayuntamiento hispalense desde hace dos años (con dos pactos presupuestarios), hacen equilibrios para no arañar el reciente acuerdo que hizo presidente a Moreno, mientras toman posiciones para confrontar y disputarse el mismo banco de votos a nueve meses vista de la campaña para las elecciones municipales, y con el embrollo del templo musulmán como telón de fondo.

En el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, ha “sorprendido” y “preocupa” la virulencia que han usado sus socios en este asunto, por mucho que se hayan cuidado de no salpicar la entente política que acaban de firmar con ellos. Lo que está pasando en Sevilla en torno a la futura mezquita del Polígono Sur, una iniciativa empresarial privada en suelo privado, sólo se entiende desde el metalenguaje político de PP y Vox y su estrategia de “encapsulamiento”.

El acierto terminológico, que se estrenó con éxito en el primer Gobierno andaluz de coalición PP-Ciudadanos, sustentado desde fuera por la ultraderecha, permite que en un mismo recipiente quepa el abrazo de Vox a Moreno y el insulto a Sanz. Desde dentro, funciona, porque tanto desde la dirección regional del PP como desde el grupo parlamentario ultraderechista han declarado públicamente que este tema no afecta a las “buenas relaciones” entre ambos socios de Gobierno.

Es, además, lo que ha mandatado Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo desde Madrid, explican fuentes próximas al presidente Moreno. “Las relaciones entre ambos partidos, después de muchos encontronazos, pasan por su mejor momento”, tras consolidarse cuatro acuerdos de gobierno consecutivos en menos de seis meses: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Todos con un patrón común --el sintagma antiinmigrante de la “prioridad nacional”-- y un acercamiento ideológico a los planteamientos de la ultraderecha en materias clave, como el negacionismo climático y el retroceso en políticas medioambientales; la desregulación administrativa como palanca de una economía neoliberal; las rebajas fiscales; el recorte de subvenciones a sindicatos, ONGs y ayudas al desarrollo; la eliminación de las políticas memorialistas y otras “leyes ideológicas”, sobre todo en materia de igualdad de género y lucha contra la violencia machista y, de manera transversal a todas las políticas públicas, la identificación del extranjero como una suerte de parásito del Estado de bienestar español y una amenaza para la seguridad ciudadana.

La “hoja de ruta” hacia la Moncloa

Los pactos de gobierno PP-Vox en las cuatro comunidades son la “hoja de ruta” hacia la Moncloa, en las elecciones legislativas previstas para el primer semestre de 2027, si Pedro Sánchez cumple su objetivo de no adelantarlas. La convivencia pacífica de ambos partidos en estas latitudes es, por tanto, “fundamental” para no dañar las buenas expectativas de las derechas para expulsar del poder a las izquierdas, que arrojan ahora casi todas las encuestas.

“Es obvio que peleamos por el mismo espacio político”, dice un dirigente del PP nacional, pero se trata de “no encender” la chispa, arrojando la imagen de un Gobierno de coalición en discordia y con problemas de cohabitabilidad, como ocurrió en 2024, cuando Vox se salió de todos los gobiernos autonómicos y retiró su apoyo al PP por acoger en sus territorios el cupo de migrantes menores no acompañados que estableció el Ejecutivo central. Los nuevos pactos de gobierno contienen una cláusula específica para evitar que se repita este escenario: “No más MENAS”.

El martes pasado, el Ayuntamiento de Sevilla dio luz verde definitivamente al proyecto de la gran mezquita, que se ubicará en una parcela del distrito más deprimido de la capital andaluza --el Polígono Sur, a unos metros de las Tres Mil Viviendas--. De inmediato, Vox convocó a la prensa para anunciar que dejaba en suspenso su alianza municipal con el PP --y con ella, los últimos presupuestos de la legislatura-- y que recurriría a los tribunales para frenar la construcción del templo musulmán.

Por mucho que se apele al “encapsulamiento” del Gobierno de Moreno, en esa comparecencia estaba el nuevo portavoz de Vox en el Parlamento, el diputado Javier Cortés, que minutos antes había publicado en la red social X la imagen falsa del alcalde con la chilaba.

Y la primera rueda de prensa en el Parlamento andaluz que dio Manuel Gavira, ya con su condición de vicepresidente de la Junta in pectore, fue un ataque frontal a la mezquita y la supuesta “islamización” de los barrios de Sevilla. “Prioridad musulmana” lo llamó el líder andaluz de Vox, para reivindicar el término de “prioridad nacional” que aparecía en el pacto de Gobierno firmado junto a Moreno horas antes.

La bronca entre PP y Vox en el Ayuntamiento de la capital de Andalucía habría tenido más resonancia en la política nacional de no haber coincidido con los incendios devastadores que estaban arrasando España, y con el agotamiento de un curso político muy intenso. El proyecto de la mezquita, sobre el papel, es difícilmente achacable al Gobierno municipal del PP.

El alcalde ha respondido que no autorizar la construcción, estando todos los requisitos en regla, sería como “prevaricar”. “No cruzaré la línea de violar la ley”, dijo Sanz. También el pacto de Gobierno en Andalucía, con 150 medidas, está trufado de constantes alusiones a la “legalidad vigente”, como queriendo perimetrar las promesas antiinmigrante de Vox que recoge el acuerdo al marco de la legislación. “Lo que no permite la ley y no se puede hacer, no se hará”, anticipaban fuentes próximas al presidente andaluz.

Pero Vox no ha enmarcado esta polémica en el terreno de la legalidad ni de la iniciativa empresarial privada (que tanto reivindica en su discurso económico), sino en el marco mental que considera más rentable en términos políticos y electorales: el discurso del miedo, el odio y el rechazo al inmigrante. “Sevilla es judía, cristiana y musulmana desde hace siglos”, ha respondido Sanz a los envites de sus socios en el Ayuntamiento.

El propio Abascal, que ha intervenido a través de sus redes en la polémica, ha visto a su partido sustentar al Gobierno de Sevilla tras aprobar la licencia de obras para construir un Centro Cultural Islámico promovido por la Fundación Mezquita, con una inversión estimada de 10 millones de euros para la edificación de dos espacios, uno para el rezo musulmán y el otro para las actividades socioculturales.

La parcela de la futura mezquita se encuentra en un barrio con carencias históricas en materia de sanidad, educación, seguridad, transporte y políticas sociales. El Polígono Sur arrastra daños estructurales por falta de empleo, absentismo y fracaso escolar, delincuencia, narcotráfico, pobreza. Es un enclave en el extrarradio de la capital andaluza donde se constituyó, hace años, una autoridad única que concentra las tres administraciones del Estado implicadas en sacar estos barrios del pozo: el Comisionado para el Polígono Sur: Gobierno central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento.

Es una zona donde las carencias endémicas de la población son también un aliciente para el discurso populista de la ultraderecha, que ha sabido permear en zonas rurales y barrios obreros, a base de demonizar a otros colectivos, igualmente pobres, igualmente excluidos, pero de otro color, de otro país, de otra raza y de otra religión.

En las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, el PSOE fue el partido más votado en todos los barrios del Polígono Sur y las izquierdas sumaron más votos que las derechas, aunque el nivel de abstención en estos barrios fue del 47,6%. Vox fue la segunda fuerza con más apoyos en muchas calles de este distrito municipal, muy por encima del PP, que cuenta con un respaldo residual.

En pleno Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche se encuentra una localidad que, al margen de tener un casco urbano catalogado como Bien de Interés Cultural, es un auténtico vergel serrano. Galaroza, con sus calles estrechas y empedradas, flanqueadas por casas blancas con techos de teja, refleja la arquitectura típica de esta comarca. Rodeado de montañas imponentes, el pueblo ofrece una atmósfera acogedora ideal para quienes buscan escapar del bullicio de las grandes ciudades. La ubicación estratégica de la localidad la convierte en el punto de partida perfecto para explorar la naturaleza, un paisaje de extraordinaria belleza que combina tradición e historia local, un entorno perfecto para disfrutar de la gastronomía y la cultura de este rinconcito de la provincia de Huelva.

El entorno natural de Galaroza destaca por su gran vegetación compuesta principalmente por extensos bosques de encinas, alcornoques y castaños centenarios que, junto al monte bajo, conforman un ecosistema único que ha sido declarado Reserva de la Biosfera por su excelente estado de conservación. La orografía se caracteriza por suaves elevaciones y valles secretos que en tiempos pasados sirvieron de refugio a bandoleros de la zona. Numerosos arroyos y cauces de agua, como el río Múrtiga, surcan este territorio aportando una frescura constante incluso en verano. El rumor del agua es una constante que acompaña al viajero, creando una deliciosa banda sonora natural absolutamente inigualable. Es en este escenario de plena naturaleza donde el cerdo ibérico encuentra las condiciones ideales para su crianza en libertad. La dehesa se convierte así en un lienzo vivo donde la biodiversidad convive armoniosamente.

La versatilidad de este territorio permite descubrir sus rincones mediante diversas modalidades de turismo activo adaptadas a todos los niveles. Los senderos tradicionales pueden recorrerse cómodamente a pie, disfrutando del ritmo pausado que exige la observación detallada de la flora. Aquellos que prefieran la velocidad encontrarán en los carriles serranos rutas espectaculares para la práctica de la bicicleta de montaña. Además, la rica cultura ecuestre de la zona ofrece la oportunidad de realizar excursiones a caballo por parajes incomparables. La amplia red de caminos, que suma cientos de kilómetros, garantiza que cada jornada de exploración sea emocionante. Galaroza es un paraíso para los amantes del deporte al aire libre en contacto real con la naturaleza.

Entre todos los recorridos disponibles, destaca la famosa Ruta del Bosque Encantado que une Fuenteheridos con Galaroza. Este sendero es uno de los más populares del parque natural debido a su moderada longitud de seis kilómetros. Transcurre mayoritariamente bajo la sombra de frondosos castaños, encinas y alcornoques, lo que lo hace perfecto para realizarlo en familia. Durante el trayecto es común encontrarse con animales domésticos como burros, ovejas y cerdos que pastan tranquilamente. Elementos arquitectónicos curiosos, como la antigua Casa Monteblanco o la fuente de las Cañas, salpican este camino lleno de magia.

Más allá del Bosque Encantado, existen múltiples alternativas para caminantes experimentados como el exigente sendero que llega desde Cortelazor. Esta ruta de 15 kilómetros ofrece vistas panorámicas impresionantes y atraviesa puntos de interés como el barranco del Dundún. Por otro lado, itinerarios circulares como el Rumor del Agua permiten disfrutar del entorno fluvial del río Múrtiga. Las conexiones con pueblos vecinos como Castaño del Robledo, Jabugo o La Nava amplían las posibilidades de travesía. Estos caminos tradicionales, perfectamente señalizados, recuperan viejas rutas comerciales que comunicaban las pequeñas aldeas de la sierra. El caminante puede elegir entre paseos relajados junto a la ribera o subidas pronunciadas con recompensas visuales. La diversidad de paisajes asegura que tanto principiantes como expertos encuentren siempre su camino ideal.

Para los interesados en el turismo ecuestre, se organizan excursiones guiadas que permiten conocer la sierra desde una perspectiva noble a lomos de caballos. Los animales están perfectamente adaptados al terreno serrano, siendo ejemplares fuertes y entrenados para garantizar la total seguridad. No es necesario poseer una gran experiencia previa para participar en estas rutas, pues existen opciones para todos los niveles. Los jinetes atraviesan densos helechales y dehesas de encinas siguiendo antiguos senderos que conectan los pueblos blancos.

Patrimonio y gastronomía

La experiencia en Galaroza no estaría completa sin dedicar tiempo a su rico patrimonio monumental y a su reconocida gastronomía. Tras una jornada de deporte, el visitante puede admirar la iglesia de la Purísima Concepción o la ermita de Santa Brígida. Estas construcciones religiosas se sitúan en puntos elevados ofreciendo miradores naturales sobre el valle del río Múrtiga. En los bares y restaurantes locales el protagonismo absoluto lo ostenta el jamón ibérico de bellota y los embutidos. También destacan los platos elaborados con setas de temporada y los quesos artesanales producidos en las aldeas cercanas. Degustar estos manjares es el complemento perfecto para reponer fuerzas tras haber recorrido los senderos de la zona.

Iniciativas locales buscan acercar este patrimonio natural a un mayor número de visitantes, promoviendo el senderismo como motor económico. La gratuidad de algunas actividades guiadas permite que participantes de todas las edades descubran los tesoros de la Sierra de Huelva. Galaroza se reafirma como un preciado destino para el turismo rural y de naturaleza en el sur peninsular. La combinación de paisajes vírgenes, aire puro y hospitalidad serrana garantiza una estancia inolvidable para cualquier viajero. Ya sea caminando entre helechos o pedaleando por pistas forestales, la magia de este rincón onubense siempre cautiva.

Cuando suben las temperaturas en verano, la costa suele ser la opción más evidente para pasar el día cerca del agua. Sin embargo, el interior de Cádiz también cuenta con espacios acondicionados para el baño que evitan trayectos más largos y ofrecen una alternativa dentro de la propia sierra. Arcos de la Frontera reúne uno de esos enclaves junto al embalse del río Guadalete, a pocos kilómetros del casco urbano.

El municipio forma parte de la comarca de la Sierra de Cádiz y concentra buena parte de su atractivo en el casco histórico, la gastronomía y el entorno que rodea la localidad. A esa oferta se suma, durante los meses más cálidos, una zona recreativa conocida por los vecinos como la 'Playita'. Aunque su aspecto recuerda al de un pequeño arenal, no está vinculada al mar, sino que ocupa una parte acondicionada de la orilla del pantano.

Este enclave se integra en el Paraje Natural Cola del Embalse de Arcos, un espacio marcado por la vegetación de ribera y la presencia de numerosas aves acuáticas. Desde la arena se contempla la superficie tranquila del lago, sin oleaje ni mareas, mientras el perfil del pueblo queda al fondo. La combinación de baño, instalaciones deportivas y naturaleza ha convertido este punto en uno de los más visitados durante la temporada estival.

La zona nació ligada a la práctica del piragüismo y, con el paso del tiempo, fue ampliando sus usos hasta consolidarse como un área de ocio. La playa artificial se creó en 2014 tras varias actuaciones municipales en el lago. Fue la segunda instalación de estas características abierta en la provincia, después de la de Arroyomolinos, en Zahara de la Sierra, también dentro de esta comarca gaditana.

La 'Playita' de Arcos, un arenal interior junto al pantano

La franja acondicionada tiene alrededor de 250 metros de longitud y cuenta con arena fina a lo largo de buena parte de la ribera. El acceso es gratuito y su actividad se concentra en verano, cuando el recinto recibe a quienes buscan pasar unas horas al aire libre sin tener que ir al litoral. A lo largo del terreno crecen varios árboles que aportan sombra natural y facilitan encontrar un lugar para descansar o comer de pícnic.

El baño se realiza dentro de un sector delimitado y separado del área destinada a las actividades deportivas. Desde la orilla, la parte autorizada se adentra unos 20 metros en el agua. Los primeros cinco metros presentan poca profundidad, mientras que el punto más hondo alcanza aproximadamente 2,40 metros. Esta distribución permite diferenciar con claridad el espacio ocupado por los bañistas del que utilizan las embarcaciones y los usuarios del Club Náutico.

La ausencia de corrientes propias del mar y de cambios de marea genera una superficie por lo general tranquila. Aun así, se trata de un entorno acuático y deben seguirse las indicaciones del personal, especialmente cuando se acude con menores. El recinto cuenta con vigilancia y servicio de socorrismo, además de duchas, aseos y labores diarias de mantenimiento. Junto a la entrada hay también un aparcamiento amplio en el que se puede dejar el vehículo durante la jornada.

La oferta no se limita a permanecer en la arena. En el agua se pueden alquilar tablas de pádel surf, kayaks y pequeñas embarcaciones a pedales. También existe la posibilidad de practicar vela, remo o esquí acuático, según la disponibilidad de cada actividad. El Club Náutico de Arcos se encuentra junto al arenal y concentra buena parte de estas propuestas, mientras que la separación mediante boyas ayuda a compatibilizar el uso recreativo con las disciplinas náuticas.

Fuera de la lámina del pantano, las instalaciones incluyen pistas de vóley-playa y un área con barras para hacer ejercicio. Estas opciones permiten organizar una jornada que combine el baño con otras actividades, aunque durante episodios de altas temperaturas conviene evitar los esfuerzos físicos en las horas centrales, buscar las zonas cubiertas por los árboles y mantenerse hidratado.

Otro de los rasgos del lugar es su relación directa con el espacio protegido que lo rodea. La Cola del Embalse constituye un hábitat utilizado por especies residentes y migratorias. Patos y gansos pueden verse en las inmediaciones, mientras que en otros puntos del paraje aparecen distintas aves vinculadas a los humedales. Entre las citadas en la zona se encuentra el águila pescadora, cuya presencia puede observarse en determinados momentos del año.

En las proximidades existen observatorios habilitados para contemplar la fauna sin internarse en las áreas más sensibles. Estos puntos permiten completar la visita con una actividad distinta al baño y acercarse a la riqueza ornitológica del pantano. Para no alterar el entorno, resulta necesario mantener la distancia con los animales, no alimentarlos, evitar ruidos innecesarios y retirar todos los residuos antes de abandonar el recinto.

La 'Playita' funciona así como una zona de baño interior integrada en uno de los principales espacios naturales de Arcos de la Frontera. Su cercanía al casco urbano facilita combinar la estancia junto al lago con un recorrido por el municipio. Durante las jornadas de calor, el arenal ofrece una alternativa a las playas marítimas, con servicios básicos, propuestas deportivas y áreas de sombra dentro de la Sierra de Cádiz.

“Me siento amenazada y observada. Me tienen desquiciada. Trabajo con pánico”, cuenta una trabajadora del Hospital de la Axarquía, el centro sanitario público de referencia en la comarca oriental de Málaga. “Somos basura, y como tal quieren sacarnos a la calle”, cuenta otra. “Vienen a mi sitio y hacen como que escupen. ¿Tú crees que yo tengo que soportar esto?”, se pregunta mientras saca de bolso el arsenal de pastillas para controlar la ansiedad, incluyendo un blíster de píldoras de rescate.

Ella fue advertida de una posible suspensión de empleo y sueldo después de que varias compañeras la denunciaran por grabarlas con su móvil, algo que ella niega. Tras declarar, todo quedó en nada. La otra denuncia que está asignada al banco de sangre, un servicio de máxima sensibilidad en el que tiene menos experiencia, en una situación de máxima presión en la que no recibe ayuda.

Ambas han solicitado permanecer en el anonimato para este reportaje, pero ya han puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo que están siendo denigradas a la vista de todo el mundo desde que el sindicato CSIF revelara públicamente que, con el impulso de cargos intermedios, personal del laboratorio del hospital había usado reactivos caducados o que habían perdido estabilidad para realizar análisis clínicos de forma reiterada y deliberada, lo que comprometería la fiabilidad de miles de resultados. El objetivo de esta presunta práctica sería ahorrar en consumibles que vienen en envases que rara vez se agotan antes de caducarse, con el fin de acceder a generosos complementos de productividad.

Antes de dar el paso de la denuncia pública, el sindicato acudió a primeros de enero ante el gerente del hospital, Miguel Moreno Verdugo, que archivó la investigación interna en poco más de un mes sin motivar la decisión. En ese periodo, CSIF la hizo pública, y ante el archivo, la amplió y la presentó ante Fiscalía, que la investiga desde finales de abril.

Poco después, este medio desveló la existencia de mensajes (“Los que estén caducados no los tiréis, yo los aprovecharé en rutina”; “Pueden seguir utilizándose, simplemente leyendo el código del reactivo y cambiando la fecha de caducidad”) y fotografías donde se ven botes con etiquetas no originales o envueltos en film donde se lee “caducado” o “arreglado. Uso” escrito a rotulador.

Este material ha sido incorporado a la denuncia ante Fiscalía, que cuenta también con cuatro testimonios de trabajadores o extrabajadores grabados en vídeo, y ofrece la posibilidad de interrogar a varios más supuestamente dispuestos a corroborar el empleo de esta práctica desde 2020.

El SAS no ha respondido a las preguntas formuladas por este medio, con la petición de que fueran trasladadas al gerente y la coordinadora y la jefa de servicio responsables del laboratorio, y ha remitido en su lugar la misma respuesta que ya dio en su día: no hay “constancia” de que se haya utilizado el material caducado o sin estabilidad, y se ha constatado “con los responsables y el equipo del laboratorio” la “falsedad de estas afirmaciones”.

La coordinadora y la jefa de servicio han reclamado 20.000 euros al sindicato y dos de sus responsables en un acto de conciliación previo a una posible querella por injurias y atentado contra su honor, que terminó sin acuerdo. El sindicato no ha recibido aún ninguna querella.

Denuncia ante la Inspección de Trabajo

“Yo he visto pipetear agitar y rellenar con cuatro botes de distintos colores, no se escondían”, cuenta una de las personas ahora señaladas, quien explica que algunos testigos son reticentes a hablar por el temor a verse salpicados también ellos: “Eso lo ha visto todo el mundo. ¿No les da vergüenza haber engañado a gente con tumores? ¿De qué somos culpables? ¿De decir la verdad? ¿De defender a los pacientes?”.

En este contexto, un grupo de trabajadores y trabajadoras del laboratorio estaría tomando represalias contra varios compañeros y, con especial saña, contra dos, a quienes responsabilizan de haber expuesto al sindicato las presuntas irregularidades que han acabado llegando a la opinión pública y al fiscal. Ambas rondan los veinte años de experiencia laboral en el SAS.

El sindicato CSIF (el que tiene mayor representatividad en el hospital) ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo en la que da cuenta de la situación de “hostigamiento sistemático y documentado”, que estaría “amparado jerárquicamente” por la coordinadora y la jefa de servicio y, en última instancia, por la gerencia.

Desde que estalló el escándalo, la mayoría de las compañeras no les habla, quien se atreve lo hace a escondidas y ellas prefieren desayunar en un parque cercano ajenas a la mirada de otros compañeros en la cafetería, según relatan. Durante el encuentro con el periodista piden cambiar la ubicación en dos ocasiones. Este medio ha podido constatar la existencia de alguna imagen de perfil en redes en la que quienes las atosigan se autodescriben como “las Vengadoras de Laboratorio”.

Las conductas relacionadas por el sindicato incluyen el “aislamiento social deliberado” y su señalamiento como “chivatas”; “insultos habituales y reiterados” por parte de la coordinadora (“basura” y “escoria”); la adscripción de una de las afectadas al área de banco de sangre, donde tiene menos experiencia “para provocar errores imputables a la misma”, y “humillaciones públicas reiteradas y conductas de menosprecio en el entorno laboral cotidiano”.

Informes de la Unidad de Salud Mental y un posible expediente

En los últimos meses han necesitado atención sanitaria por esta situación. Una de ellas ha acudido en dos ocasiones a Urgencias por sendas crisis de ansiedad, según los partes consultados por este medio. Las dos han acudido recientemente a la Unidad de Salud Mental, que en ambos casos ha diagnosticado depresión y ansiedad de origen laboral.

Esta situación se estaría produciendo sin que los responsables del servicio o del hospital hayan tomado medida alguna para evitarla. Al contrario, la gerencia habría contribuido a elevar la presión, según CSIF. La denuncia del sindicato recoge que, una vez archivada la investigación interna, el gerente anunció durante una reunión con los representantes sindicales que expedientaría a las trabajadoras que habrían contribuido a desvelar la práctica presuntamente irregular del laboratorio. Esto supone instrumentalizar el procedimiento disciplinario con una finalidad represora, según el sindicato.

Ambas están convencidas de que buscan cualquier excusa para expedientarlas. Una de ellas explica que responden a sus cuestiones laborales con un “búscate la vida”, que su situación es de máxima presión y que un error en el banco de sangre puede tener repercusiones graves para los pacientes.

La otra ya ha sufrido una investigación interna reciente. Según relata, a mediados de junio recibió un aviso por un cauce no reglado de que acudiera a una cita para una “información reservada” que podía desembocar con una sanción de suspensión de empleo y sueldo. Sólo al día siguiente, el abogado del hospital, encargado habitualmente de instruir los expedientes de información reservada, le aclaró el motivo: seis compañeras la acusaban de sacar su móvil para grabar o fotografiarlas el día en que celebraron en el recinto del hospital el archivo de la investigación de la gerencia por el uso de los reactivos caducados. El instructor preguntó si era cierto que había grabado y qué hacía con el móvil, y le avisó que trasladaría las respuestas al gerente.

Ella asegura que sostenía el móvil en alto porque sus problemas de visión le impiden leer de otra manera. La investigación, de la que no le dieron ni un papel, se archivó, según le informaron desde el sindicato, pero durante dos semanas la mujer vivió angustiada por la posibilidad de quedarse durante meses sin el único sueldo estable que entra en su hogar, con hipoteca y dos hijos. “Yo me quería morir”, recuerda: “No lo perdonaré en la vida, han jugado con el pan de mi casa”. Para entonces, mucha gente sabía de un posible expediente que, por definición, es reservado.

Refuerzo de las responsables de laboratorio

Mientras tanto, las dos personas señaladas en la denuncia ante Fiscalía pueden quedar reforzadas internamente. Por un lado, el Gerente ha asignado a la jefa de servicio de Laboratorio también la jefatura de Anatomía Patológica. Y por otro, ha decidido cubrir la plaza de coordinador/a del Laboratorio lanzando un concurso de méritos, publicado en BOJA el 9 de julio.

Esto es un hito. La publicación y nombramiento de estas plazas en el SAS es una vieja reivindicación sindical, porque hasta ahora estos puestos de coordinadores de técnicos medios o superiores se cubrían con designaciones informales. Este sería el primer nombramiento de este tipo, según CSIF, y tendría el efecto de blindar a quien ganase la plaza. CSIF tiene la sospecha de que la candidata con casi todas las papeletas es la actual coordinadora.

Los movimientos ocurren mientras la Fiscalía investiga el funcionamiento del laboratorio y en mitad del verano, lo que acrecienta algunas sospechas. “Nos parece muy inoportuno. Lanzan una convocatoria para nombrar la primera coordinadora de técnicos del SAS, que va a formar parte del organigrama, ¿y no ponen sobre la mesa que hay una denuncia sin resolver ante Fiscalía por quien es la principal candidata a presentarse? ¿No es más prudente esperar?”, se pregunta una fuente sindical.

La novedosa convocatoria se produce también en plena reorganización de los equipos directivos en el SAS, que incluye el nombramiento de una nueva gerente para la Sanidad andaluza, María de los Ángeles García Rescalvo. Es la quinta gerente del SAS desde que Juan Manuel Moreno alcanzara la presidencia de la Junta de Andalucía. El primero fue, precisamente, Moreno Verdugo, ahora gerente del Hospital de La Axarquía y su área sanitaria.

El pasado 14 de mayo, tres días después de que el CEO de la productora de Canal Sur Andalucía Digital Multimedia (ADM), Gustavo Fuentes, fuera citado a declarar ante el juez como imputado por agresión y acoso sexual a una reportera, un alto cargo del Gobierno andaluz le llamó para alertarle de que había otra denuncia interpuesta contra él ante la Policía Nacional por “amenazas y coacciones” a la testigo clave de la causa en la que estaba siendo investigado.

Esa testigo “fundamental” para la acusación, que había sido su número dos en la empresa, le acababa de denunciar tras recibir un vídeo de tono “amenazante” desde la cuenta personal de la red social Instagram de Gustavo Fuentes.

El alto cargo de la Junta de Andalucía que le dio el aviso fue Sergio Gómez Rojas, director gerente de la empresa de Telecomunicaciones Sandetel (adscrita a la Consejería de Industria) y, a la sazón, presidente del Consejo de Administración de ADM. El Gobierno andaluz, a través de Sandetel, es el accionista mayoritario de la productora (con un 47,8% de participación), referente en el sector audiovisual andaluz y principal proveedora de contenidos de Canal Sur.

La llamada de este alto cargo de la Consejería de Industria permitió a Gustavo Fuentes anticipar su defensa en el caso de delitos sexuales por el que está siendo investigado en el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 5 de Sevilla: el mismo día que recibió el aviso de Gómez Rojas, el ex CEO de ADM acudió a una comisaría de Policía para interponer una 'contradenuncia' para defenderse, asegurando que su móvil había sido “hackeado” y que él no había enviado ningún mensaje amenazante a la testigo clave del caso.

El 21 de mayo, envió una copia de su denuncia al juez Francisco José de Córdoba, que le investiga por tres supuestas agresiones sexuales y el acoso sexual a una reportera, junto a un escrito contándole que el 14 de mayo había recibido una llamada del presidente de su compañía [Gómez Rojas] para ponerle sobreaviso de una segunda denuncia contra él: la de una antigua directiva de la productora, testigo clave en su procedimiento judicial, acusándole de haberle enviado un “mensaje amenazante”, según ha podido confirmar elDiario.es de fuentes judiciales.

Este periódico se ha puesto en contacto reiteradamente con el director gerente de Sandetel y presidente de ADM y le ha trasladado una serie de preguntas que ha eludido responder. La primera: desde cuándo estaba al corriente de que el CEO de su productora, una empresa semipública, estaba siendo investigado por un juzgado de violencia de género [Fuentes está imputado desde el 25 de marzo] a raiz de la denuncia de una trabajadora por “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “acoso laboral” [la denuncia es del pasado enero].

Y la segunda: si el pasado 14 de mayo, cuando alertó a Gustavo Fuentes de que la testigo clave del caso acababa de denunciarle a la Policía por supuestas amenazas y coacciones, conocía ya su imputación.

La 'contradenuncia' antes que la denuncia

Es importante el momento en que Gómez Rojas puso en alerta al CEO de la productora sobre la existencia de una segunda denuncia contra él, vinculada al caso por el que está siendo investigado, porque la denuncia de Gustavo Fuentes sobre el supuesto “hackeo” de su móvil llegó al Juzgado de Violencia de Género 5 “antes” que la propia denuncia de la testigo clave contra él por coacción y amenazas.

Es decir, el acusado se anticipó a la acusación de la testigo, dejando constancia por escrito ante el juez de que el presidente de su productora y alto cargo del Gobierno andaluz le había advertido de antemano de que era objeto de una segunda denuncia, esta vez por coacciones a la testigo “fundamental” de la causa contra él por delitos sexuales a una reportera.

En la comunicación que dirige al juez del caso, Gustavo Fuentes aseguró que llevaba mucho tiempo sin ponerse en contacto con la que fuera su número dos en la compañía, y explicó que, al revisar sus redes sociales, se dio cuenta de que a través de su cuenta de Instagram se había remitido, sin su conocimiento, un reel/video a la testigo. Según su versión, ni siquiera abrió el enlace del vídeo, no conocía, por tanto, su contenido, y en ningún caso había sido él quien lo había enviado.

Ante el temor de que pudieran haber “hackeado” su terminal móvil, donde tiene las aplicaciones de redes sociales, el exCEO de la productora de Canal Sur se personó en una comisaría de Policía para interponer una denuncia. Con esa denuncia, Fuentes también se apresura a explicar al juez que las claves de acceso a sus dispositivos y aplicaciones, incluida Instagram, están alojadas en la nube de la empresa, y sugiere que algún trabajador ha podido usar esas contraseñas para enviar el mensaje amenazante.

El investigado ha aportado a la causa un certificado de su empresa, firmado por el director técnico David Pérez, para acreditar que las contraseñas de su móvil estaban en un fichero alojado en un servidor corporativo de la empresa, incluidas las claves de acceso a su portátil, entregadas por él mismo a algunos técnicos para resolver posibles incidencias. El propio Pérez ha confirmado a este periódico que firmó ese certificado, aportando el nombre y apellidos de cinco técnicos de ADM que tuvieron acceso a ese fichero, tres siguen en la productora y otros dos ya no.

David Pérez, el técnico que firma ese certificado para corroborar la 'contradenuncia' de Gustavo Fuentes, tiene el papel más atípico de la compañía: es directivo y, a la vez, representante de los trabajadores en el centro de trabajo de ADM en Málaga. En teoría, su firma avala tanto a la dirección de la empresa como a la plantilla.

Pérez no pertenece a ningún sindicato, se postuló a unas elecciones internas, en 2017, como “independiente”. Ninguno de los más de 20 profesionales de la productora con los que ha hablado este periódico le ha consultado jamás un problema laboral y todos le consideran “el hombre que la dirección de la empresa ha puesto para que figure como representante legal de la plantilla”.

El ex CEO de la compañía, de hecho, se ha apoyado en un certificado firmado por él, en calidad de director técnico de la empresa, para defenderse de sus acusaciones, señalando a otros trabajadores y extrabajadores de la productora como hipotéticos responsables de haber enviado ese vídeo amenazante a la víctima desde su cuenta de Instagram.

Gustavo Fuentes estaba citado a declarar en calidad de imputado por delitos de agresión sexual y acoso sexual continuado a una reportera de su empresa el pasado 11 de mayo, siete días antes de las elecciones andaluzas. El ya ex CEO de la productora ADM, con participación mayoritaria de la Junta de Andalucía, cambió de abogado tres días antes, logrando aplazar su declaración ante el juez de Violencia de Género número 5 de Sevilla, que instruye el caso, y la de dos testigos citados por el magistrado para corroborar la versión de la denunciante.

Una de esas testigos tiene un papel “fundamental” para la acusación, porque durante dos años fue la número dos de Gustavo Fuentes en la productora, con su despacho adjunto al del director gerente de la empresa. Ese mismo día 11, ya por la tarde, la testigo recibió un mensaje privado de su ex jefe a través de la red social Instagram: un enlace de vídeo en la que se escucha lo siguiente: “El sabor a metal frío de 9 milímetros en la boca”; “un ultimátum de 24 horas para pagar deuda con traficantes”.

La testigo acudió a una comisaría de Policía en Sevilla para interponer una denuncia por “amenazas” y posible “coacción” de Gustavo Fuentes, contra quién debía declarar en un Juzgado de Violencia de Género ese mismo día, antes de que se aplazaran las declaraciones de ambos. Una vez interpuesta la denuncia ante la Policía, la abogada de la testigo se la remitió al juez titular que investiga la denuncia de la reportera contra el ex CEO de la principal productora de Canal Sur por varios delitos sexuales.

Sin embargo, el juez Francisco José de Córdoba recibió las alegaciones de Fuentes a esta denuncia por amenazas antes que la denuncia contra él de la testigo por supuestas coacciones en esta causa. El magistrado decidió no incluir esa denuncia de la testigo como parte de la investigación contra Gustavo Fuentes, aunque ésta podría dirimirse en otro juzgado de instrucción.

Paradela, Sanz y el silencio del Gobierno andaluz

La llamada que hizo el presidente de ADM y alto cargo de la Consejería de Industria a Gustavo Fuentes el pasado 14 de mayo compromete la versión que, hasta hoy, ha dado el Gobierno de Juanma Moreno sobre este asunto. El pasado 10 de junio, tras publicarse la noticia en elDiario.es, la portavoz de la Junta, Carolina España, no supo aclarar desde cuándo sabía que el CEO de la principal productora de Canal Sur estaba siendo investigado judicialmente por delitos sexuales.

España no ofreció una respuesta, pero dejó la pelota sobre el tejado de los dos consejeros que tienen competencia directa en este asunto, el titular de Presidencia, Antonio Sanz (de quien depende la RTVA), y el de Industria, Jorge Paradela (de quien depende Sandetel, la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y, en última instancia, ADM).

A preguntas de los periodistas, durante un acto público en Jaén, Paradela aseguró que la fecha clave es el 7 de mayo, casi dos meses después de la imputación del CEO. “Esa sería la fecha y, en cuanto se supo, pusimos cartas en el asunto y el director de ADM está cesado en sus funciones”, dijo. El cese definitivo de Gustavo Fuentes se confirmó en un comunicado del Consejo de Administración el 17 de junio, una semana después de que elDiario.es revelase que llevaba casi dos meses siendo investigado por la Justicia por agresiones sexuales.

Sanz, en cambio, apenas ha dado explicaciones públicas sobre este tema. El hoy vicepresidente primero de la Junta y consejero de la Presidencia fue el gran padrino político de Gustavo Fuentes. En 2023 allanó su nombramiento como presidente del clúster audiovisual de Andalucía (LAND), un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el propio consejero de la Presidencia, y del que fue destituido nada más revelarse su imputación.

El número dos del Gobierno andaluz ha estado presente en todos los hitos importantes desde el lanzamiento de LAND, en la presentación de proyectos audiovisuales de ADM y en fiestas privadas que Fuentes organizaba en la terraza de la compañía, según confirmaron una decena de trabajadores de la empresa.

El Ayuntamiento de Sevilla, como estaba previsto, ha dado luz verde este martes al proyecto de la gran mezquita en el Polígono Sur y también, como estaba previsto, Vox ha vuelto a reaccionar amagando de nuevo con romper toda relación con el gobierno del alcalde José Luis Sanz (PP). Pero la cosa no ha pasado de ahí, de proclamar que “han perdido la confianza” en los populares, que paralizan toda relación –sin llegar a darla por rota– y que van a presentar un recurso de alzada contra la decisión de Urbanismo, paso previo en unos meses a irse a los tribunales por la vía contencioso-administrativa.

La mezquita ha llevado al límite la relación en el Consistorio hispalense entre PP y Vox, donde son aliados presupuestarios (suscribieron pactos para las cuentas de 2025 y 2026) y donde los de Santiago Abascal se han convertido en la llave para que Sanz apruebe numerosas iniciativas en el pleno municipal. El deterioro de esta luna de miel se enmarca entre dos hitos, la reciente alianza PP-Vox en la Junta de Andalucía y la inminencia, en 2027, de la celebración de elecciones municipales y generales, en las que ambos partidos pugnan por un mismo sector del electorado.

El gobierno del PP ya había anunciado que la iniciativa de la Fundación Mezquita de Sevilla sería aprobada este martes tras rechazar las alegaciones urbanísticas presentadas por la formación de ultraderecha. En los informes elaborados para dilucidar estas reclamaciones, Urbanismo concluye que “la administración está obligada a dictar resolución expresa de otorgamiento cuando los informes técnico y jurídico son favorables”, como es el caso de este proyecto privado. “La administración carece de discrecionalidad”, apostilla, lo que ha secundado el propio Sanz este martes: “No cruzaré la línea de violar la ley”.

Frenarla como sea

Por su parte, Vox insiste en frenar de cualquier manera esta construcción en el Polígono Sur, que presenta como el primer paso para “islamizar toda Sevilla”. Al no atender el alcalde su petición de encargar un nuevo informe sobre la licencia, esta vez a los servicios jurídicos municipales y no a los de Urbanismo, la formación de ultraderecha ha dado un primer paso para visualizar su malestar: la suspensión de la comisión de seguimiento del pacto presupuestario, cuya convocatoria había solicitado recientemente y que se iba a celebrar este miércoles.

Para escenificar su malestar con el PP, en la sede del grupo municipal han comparecido concejales y parlamentarios de Vox, entre los que estaba su portavoz en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, que minutos antes subió en X un mensaje con una imagen generada con inteligencia artificial del alcalde con ropaje musulmán. “El PP de Sevilla aprueba definitivamente la islamización del Polígono Sur y de los barrios que lo rodean”, denunciaba, aunque en el acto descartó consecuencias más allá del ámbito local porque “son dos mundos diferentes y así lo vamos a tratar”.

De todos modos, Vox parece dispuesto a jugar con los tiempos, ya que no ha querido elevar su malestar a definitivo dando por roto el pacto o incluso las relaciones con el PP. Eso sí, considera que “el alcalde se ha posicionado en contra de los vecinos” y ha sembrado dudas sobre la “intención real” del proyecto, su financiación y el “oscurantismo” con el que se ha tramitado. Como colofón, otro amago sin llegar a concretar de manera rotunda: “Es casi imposible mantener a un gobierno que le pone la alfombra roja a un centro de islamización”.

Concejales y parlamentarios del partido de ultraderecha acudieron a la concentración de este lunes en la que varias decenas de personas expresaron su rechazo a la mezquita, y en la que se dejaron ver varios miembros de la formación neonazi Núcleo Nacional. El portavoz municipal de Vox, Gonzalo García de Polavieja, ha asegurado este martes que no saben quién convocó la protesta, y ha llegado a defender que la presencia de neonazis será “responsabilidad” del resto de partidos si insisten en “promover la islamización”.

“Ni he prevaricado nunca ni lo voy a hacer”

El alcalde, José Luis Sanz, ha acudido por su parte a un acto de vivienda pertrechado con un ejemplar de la Constitución, que ha exhibido cuando ha sido preguntado por esta cuestión para recordar que su artículo 16 habla de la libertad de culto. “Cuando gobiernen en Madrid, si gobiernan alguna vez, que se plantee cambiar, entre otras cosas, esta Constitución”, ha esgrimido, al tiempo que ha expresado su perplejidad por que “podría ser el primer acuerdo político que en la historia de nuestra democracia se rompiera por cumplir la ley”.

Por ello, considera “incongruente” la postura de su aliado presupuestario, al que ha vuelto a agradecer la “estabilidad” que ha aportado a la ciudad con su apoyo, por lo que no cree que ahora la vaya a romper “por intereses de partido o personales” con la vista puesta en las próximas elecciones municipales. “El acuerdo se ha cumplido en un 90% y ha beneficiado a la ciudad, pero no cruzaré la línea de violar la ley”, de ahí que haya abogado por “tomarnos un descanso” con el pacto antes de darlo por roto.

“Ni he prevaricado nunca ni lo voy a hacer”, ha abundado Sanz, y en esta línea, ha recordado que el Ayuntamiento ha aprobado la licencia “para no prevaricar”, al contar con el “visto bueno” de los informes jurídicos de los técnicos de Urbanismo. “Tampoco podríamos haber ralentizado esa licencia de obra, porque eso también sería prevaricación”, ha apostillado, alegando que la única manera de frenar la iniciativa hubiese sido con argumentos jurídicos: “Pensábamos que Vox podía haber presentado un informe, que ellos dicen que tienen, que plantea dudas sobre la viabilidad, pero desgraciadamente no lo ha hecho”.

Un “marco jurídico sólido”

La palanca que ha intentado activar los concejales de ultraderecha ha sido la de que la licencia que se concede no se ajusta al proyecto presentado en Urbanismo. Los promotores lo presentan como un centro sociocultural que incorpora una mezquita, cuando a juicio de Vox es este uso su función principal, algo que han descartado en su informe los técnicos.

Como también se ha rechazado su petición de convocar una consulta entre vecinos y expertos, una puerta que abre el PGOU en determinados casos, el siguiente paso será un recurso de alzada para lo que tienen 30 días, abriéndose a continuación un plazo de tres meses para que Urbanismo responda. Vox llevará la resolución al máximo órgano de gobierno urbanístico, en el que tienen representación todos los partidos de la oposición, para forzarlos a retratarse.

A todo esto, la Fundación Mezquita de Sevilla ha hecho público un comunicado en el que se felicita por la obtención de la licencia, a la vez que ha agradecido a las instituciones “su labor velando por que el procedimiento haya llegado a buen término, haciendo prevalecer la ley frente a las ideologías”. “Es motivo de alegría para nosotros, así como debería serlo para todos los sevillanos, confirmar que vivimos en un marco jurídico sólido”.