Hay productos que parecen sencillos, casi invisibles dentro de la rutina diaria, pero que en realidad concentran siglos de historia, cultura y adaptación, y el mollete de Antequera es uno de los mejores ejemplos de ello, un pan de miga blanca, suave y esponjosa que forma parte del paisaje cotidiano andaluz y que, sin necesidad de reinventarse constantemente, ha logrado mantenerse vigente generación tras generación.

No es solo una cuestión de sabor o de textura, sino de todo lo que hay detrás, de cómo un alimento básico ha sido capaz de convertirse en una seña de identidad reconocible dentro y fuera de Andalucía, especialmente ligado a ese momento tan concreto como es el desayuno, donde aparece acompañado de aceite de oliva, tomate o embutidos, sin necesidad de grandes artificios.

Un origen que se remonta al siglo XVI

El mollete de Antequera no surge de la nada ni responde a una moda reciente, sino que hunde sus raíces en varios siglos atrás, con referencias documentadas que apuntan ya al siglo XVI, cuando se hablaba de los llamados “molletes reales”, una preparación que, aunque diferente a la actual, marca el inicio de su recorrido histórico.

Tal y como recoge el portal oficial de turismo del Ayuntamiento de Antequera, este pan comenzó a consolidarse en la ciudad con el paso del tiempo hasta convertirse en un alimento habitual dentro de la dieta local, especialmente a partir del siglo XVIII, cuando los panaderos empezaron a elaborarlo de manera artesanal en hornos tradicionales, adaptándolo a las necesidades de una población que buscaba un producto accesible, fácil de consumir y con capacidad para aguantar el ritmo del día.

Lo interesante es que este desarrollo no se entiende sin el contexto cultural de la península ibérica, donde distintas tradiciones culinarias fueron dejando su huella a lo largo de los siglos, desde influencias judías hasta aportaciones del mundo árabe, que introdujeron formas de trabajar masas más simples y panes sin levadura que, con el tiempo, evolucionaron hacia elaboraciones más complejas. En ese cruce de caminos, el mollete fue encontrando su forma definitiva, alejándose de versiones más cercanas a un pastel para convertirse en el pan ligero y funcional que hoy se reconoce fácilmente.

De pan básico a pieza clave de la dieta andaluza

Con el paso del tiempo, el mollete dejó de ser únicamente un recurso alimentario básico para consolidarse como uno de los elementos más representativos de la gastronomía andaluza, manteniendo una receta sencilla basada en harina de trigo, agua, levadura y sal, pero apoyándose en un proceso de fermentación que resulta clave para lograr su característica textura esponjosa.

Esa aparente simplicidad es, en realidad, una de sus grandes fortalezas, ya que permite que el producto se adapte a diferentes usos sin perder identidad, funcionando tanto como base de desayunos como en comidas más completas.

Su presencia en la mesa andaluza no responde a una cuestión puntual, sino a una costumbre profundamente arraigada, en la que el pan no es un acompañamiento secundario, sino un elemento central que estructura la comida. En ese contexto, el mollete encaja a la perfección, ya que su textura facilita abrirlo sin romperlo y su miga absorbe bien los sabores, convirtiéndolo en un soporte ideal para ingredientes como el aceite de oliva virgen extra, el tomate triturado o el jamón, combinaciones que forman parte del imaginario gastronómico del sur de España.

Un producto que ha sabido adaptarse sin perder su esencia

A pesar de su fuerte vínculo con la tradición, el mollete de Antequera no se ha quedado anclado en el pasado, sino que ha sabido evolucionar para adaptarse a nuevas demandas y hábitos de consumo, dando lugar a versiones que responden a necesidades actuales, como opciones sin gluten o adaptadas a distintos perfiles alimentarios.

Esa capacidad de adaptación ha sido clave para que el producto no solo se mantenga vigente, sino que amplíe su presencia más allá de Andalucía, encontrando su lugar en otras regiones de España y consolidándose como una opción reconocible en distintos contextos.

Al mismo tiempo, su versatilidad ha permitido que trascienda el ámbito doméstico para entrar también en propuestas gastronómicas más elaboradas, donde algunos chefs han reinterpretado su uso y lo han integrado en platos contemporáneos, demostrando que no es necesario transformar radicalmente un producto para darle una nueva vida, sino entender sus posibilidades y trabajar con ellas.

Está considerada como una de las rutas más bonita de toda la Sierra de Cazorla, en Andalucía. La Ruta del Río Borosa se abre paso junto al afluente que le da nombre, entre bosques mediterráneos, gargantas rocosas, pasarelas de madera y piscinas naturales ideales para un baño refrescante en épocas de calor. También conocida como la Cerrada de Elías, esta cañada cuenta con una amplia gama de opciones que permiten segmentar el recorrido en diferentes senderos, de acuerdo con la experiencia, la condición física y el tiempo de quienes la visiten.

El visitante cuenta con una zona de aparcamiento en la carretera del Tranco A-319, en el kilómetro 48, a la altura de la Torre del Vinagre. Desde ese punto puede iniciar el recorrido. Otra opción es llegar al Centro de Visitantes del río Borosa, que cuenta con un centro de interpretación del entorno, un jardín botánico y un aparcamiento. Desde ahí, se debe caminar hasta la piscifactoría de truchas, donde fácilmente se puede observar a los pescadores en su labor antes de empezar la ruta. Todos los caminos cuentan con señalización; aun así, es recomendable llevar el mapa impreso o en el móvil.

Opción familiar y relajada hasta la Cerrada de Elías

La primera posibilidad para recorrer el cauce del río Borosa, la más fácil, atraviesa aproximadamente 10 kilómetros entre ida y vuelta y se puede realizar en unas tres horas. Es una opción ideal para familias con niños o personas que busquen un recorrido tranquilo y sin desniveles. Al poco tiempo de empezar la ruta, el caminante alcanzará uno de los puntos más atractivos del enclave: el Charco de la Cuna. Se trata de un conjunto de pozas cuyas aguas de color verde cristalino son ideales para refrescarse. A partir de este punto, el sendero es ancho y llano, entre bosques bajos junto al cauce del río.

Tras aproximadamente cuatro kilómetros, el entorno cambia a partir del paraje Vado Rosales, la entrada natural a la garganta de la Cerrada de Elías y la parte más destacada de la visita. Múltiples pasarelas de madera, sujetas a las paredes graníticas del cañón, se abren paso en un entorno de imponente arquitectura natural.

Este tramo del camino es sobrecogedor. El paso del agua divide enormes moles rocosas llenas de musgo y helechos. Si se tiene paciencia y se presta suficiente atención, se pueden divisar diferentes especies de aves, anfibios y peces en la cañada. El punto de retorno para esta ruta es el final de los muros rocosos, desde donde el senderista regresará por la misma pista forestal por la que llegó.

El siguiente paso: hasta la Central Eléctrica del Salto de los Órganos

Para aquellos con una forma física razonable y algo más de tiempo, la sugerencia para prolongar el recorrido sin enfrentarse aún a los tramos más técnicos es llegar hasta la Central Eléctrica del Salto de los Órganos. Este recorrido se extiende hasta casi los 15 kilómetros entre ida y vuelta y toma alrededor de cinco horas.

Tras dejar atrás el majestuoso cañón de la Cerrada de Elías, la ruta sigue por la pista forestal, donde el ascenso se vuelve más constante, con un paisaje más abierto que permite admirar la magnitud de la sierra. A unos seis kilómetros del inicio de la ruta, es recomendable hacer una parada en la fuente de Huelga Nidillo para aprovisionarse de agua antes de continuar el camino.

Conforme se va subiendo el monte, el senderista encontrará la espectacular cascada de las Tres Colas, la cascada de la Calavera y, más adelante, el Salto de los Órganos. Este punto es una recompensa de la naturaleza: se trata de un salto de más de 60 metros hacia una exquisita piscina natural del color de la esmeralda. Es un punto de inflexión donde el valle parece cerrarse y la naturaleza se vuelve más agreste. También es el lugar perfecto para un descanso antes de emprender el regreso por el mismo camino, disfrutando del sonido del río, que aquí cae con fuerza.

La Gran Travesía: el nacimiento y las lagunas de alta montaña

Esta es la “joya de la corona” para los montañeros experimentados y quienes buscan la experiencia completa. Se trata de una ruta de dificultad alta, con una distancia que, entre ida y vuelta, suma unos 22 kilómetros. Se puede realizar en aproximadamente siete u ocho horas, dependiendo del ritmo y las pausas. Para hacerla, es recomendable madrugar y aprovechar la luz del día.

Después de hacer una breve pausa en el Salto de los Órganos, el caminante debe superar una empinada cuesta que da acceso a los túneles de canalización. Aquí, el uso de una linterna o frontal es imprescindible, ya que algunos tramos pueden estar inundados por el agua de los canales.

Al salir de la roca, el paisaje corresponde a un entorno de alta montaña, con superficies rocosas y pinos pequeños. A pocos metros se halla la Laguna de Aguas Negras, que, según la luz con la que se visite, muestra sus aguas de un color verdoso o azul oscuro. Desde este punto, existe un pequeño desvío de unos 300 metros que conduce al nacimiento del río Borosa, donde el agua brota pura de la piedra.

Si las fuerzas acompañan, caminar un kilómetro extra permite alcanzar la Laguna de Valdeazores, un refugio de paz rodeado de bojes, tejos y acebos donde no es raro avistar cabras monteses, muflones o ciervos bebiendo en la orilla. Un espectáculo natural que hace que cada gota de sudor haya merecido la pena antes de iniciar el largo descenso de retorno al punto de partida.

Muchos municipios suspiran porque una bandera azul ondee en algunas de sus playas. No todos los arenales pueden presumir de este distintivo otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), que acaba de actualizar la lista de sitios que contarán con ella de cara al próximo verano, ya a la vuelta de la esquina. 

En total, nuestro país contará con 677 playas galardonadas, 35 más que el año anterior, lo que supone el mejor resultado desde el inicio de esta iniciativa medioambiental en 1987. Por comunidades autónomas, la Comunitat Valenciana mantiene su liderazgo con 151 banderas, seguida de Andalucía con 143. 

Y precisamente un arenal andaluz ha sido uno de los 35 nuevos que la Adeac ha reconocido. Se trata de la playa de Poniente de Motril de Granada, que volverá a lucir una bandera azul después de 38 años, un distintivo muy esperado por vecinos y administración local. 

La última vez que esta playa tuvo la distinción de bandera azul fue en el año 1988, señalan desde el consistorio granadino en un comunicado. “Hemos tenido que esperar 38 años para poder recuperar esta distinción que llega para demostrar el importante esfuerzo inversor que se ha hecho por parte del Ayuntamiento de Motril en su desarrollo”, ha explicado la alcaldesa, Luisa García Chamorro. 

Desde el ayuntamiento, destacan “la inversión en nuevos módulos, al desarrollo de nuestra Senda del Litoral o a las diferentes infraestructuras que se han construido en el entorno de Playa de Poniente”. Unas mejoras que han supuesto la inversión de tres millones de euros en dos años, añaden. 

La playa de Poniente tendrá compañía. Además de este arenal, la playa de Granada del municipio, otro de los arenales más socorridos para los bañistas, también ha recibido el distintivo de bandera azul. 

Un icono de Motril

Pese a carecer de bandera azul desde hace 38 años, la playa de Poniente de Motril nunca ha dejado de ser un rincón icónico del municipio. Se trata de un extenso arenal en el que se puede hacer casi de todo: pegarse un chapuzón, tomar algo en alguno de los chiringuitos instalados durante la temporada estival o practicar algún deporte, ya que cuenta con mucho espacio. 

El servicio turístico del consistorio también destaca su ubicación. Es la playa más cercana al centro de Motril, que queda a tan solo dos kilómetros de distancia. Por lo tanto, una oportunidad para conocer el municipio, ubicado en la parte centro-sur de la comarca de la Costa Granadina y que cuenta con una población aproximada de sesenta mil habitantes. Por último, bañistas y visitantes también tienen la opción de caminar por su emblemático paseo marítimo.

El municipio de Jerez de Los Caballeros, al sur de Badajoz, ha conseguido “colarse” en el video Kilómetro Sur con el que el PP andaluz ameniza sus actos de campaña, en los que se repasan imágenes de diferentes sitios de Andalucía y al que pone voz el propio candidato a presidir la Junta, Juanma Moreno.

El diputado socialista extremeño Aitor Vaquerizo, natural de esta población, ha sido quien ha puesto el foco sobre el asunto al publicar en redes sociales la apreciación. La estampa más típica del municipio, limítrofe con la provincia de Huelva, la dan sus cuatro torres de su pasado templario.

Precisamente, la panorámica de tres de sus cuatro torres son las que se han colado en este video en que se mezclan imágenes de actos del candidato, paseos por calles andaluzas, playas y diferentes enclaves de la comunidad autónoma. A las estampas andaluzas las acompaña la voz de un cantante que suena inusitadamente como el propio Moreno, cantante en el pasado de dos bandas, aunque su equipo de comunicación ha eludido confirmar esta semejanza por el momento.

“El territorio no es atrezo de campaña”

“Hola @JuanMa_Moreno, ¿tan poco conoces Andalucía? En tu vídeo sale Jerez de los Caballeros, que está en Extremadura”, ha escrito el diputado socialista, que añade: “Sabíamos que Jerez trasciende fronteras, pero admito que esta no la vi venir. ¿Así podemos votar aquí el 17M? Porque si es así, votaré a @psoeandalucia”.

A renglón seguido, Álvaro Sánchez Cotrina, secretario general del PSOE de Extremadura y alcalde de Salorino, también ha criticado el error en la edición del audiovisual. “Extremadura agradece la promoción, pero Andalucía merece que su presidente sepa diferenciar Jerez de la Frontera de Jerez de los Caballeros”, ha publicado en sus redes sociales, “el territorio no es atrezo de campaña”.

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Greenpeace y Ecologistas en Acción contra el Plan Hidrológico, en lo que se refiere al trasvase de agua desde la demarcación del Guadiana al Tinto, Odiel y Piedras, rechazando los tres argumentos en los que basaban su impugnación. Con esta sentencia, fechada el 13 de abril de 2026, el Alto Tribunal avala dicho trasvase.

A este respecto, la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Huelva Riega) ha valorado este pronunciamiento que considera que “refuerza la seguridad jurídica de una infraestructura clave para el equilibrio hídrico de la provincia” y “evidencia la falta de solidez técnica, jurídica y ambiental de unos planteamientos que trataban de cuestionar la planificación hidrológica sin base suficiente”, según ha indicado en una nota.

En primer lugar, el Supremo descarta la supuesta falta de cobertura legal del trasvase, reconociendo que este tipo de transferencias entre demarcaciones están contempladas en el marco normativo estatal. La sentencia “desmonta así uno de los principales argumentos de los colectivos recurrentes, confirmando su encaje jurídico”, señalan los regantes.

En este sentido, Huelva Riega subraya que la transferencia de recursos entre sistemas “no es una actuación nueva ni arbitraria, sino que forma parte de un modelo histórico consolidado en la provincia, como el sistema Chanza-Piedras, que lleva décadas garantizando el equilibrio hídrico del territorio”. Asimismo, recuerdan que este sistema “cuenta con cobertura legal desde su origen”, al haberse configurado “en un momento en el que ambas cuencas formaban parte de una misma unidad de planificación hidrológica”.

“No puede hablarse de una transferencia ajena o artificial”

La asociación incide además en que la actual configuración administrativa de las demarcaciones “no invalida ni elimina esa cobertura jurídica previa”, sino que “mantiene la coherencia del sistema”. En esta línea, añaden que infraestructuras como Chanza y Andévalo “forman parte funcional” del sistema Tinto, Odiel y Piedras, por lo que “no puede hablarse en términos reales de una transferencia ajena o artificial, sino de la gestión integrada de recursos dentro de un mismo sistema hidráulico”.

En segundo lugar, el Tribunal avala el régimen de caudales ecológicos fijado en el Plan, desestimando las alegaciones sobre su supuesta insuficiencia. En este sentido, la resolución respalda que la planificación incorpora criterios ambientales “rigurosos” y “alineados con la normativa europea”, frente a “interpretaciones que cuestionaban su validez sin sustento técnico acreditado”.

Por último, el Supremo rechaza que el incremento de reservas “suponga una vulneración del principio de gestión sostenible del agua”. Al respecto, la sentencia confirma que el modelo responde a un “enfoque equilibrado que permite compatibilizar la protección ambiental con los usos agrícolas, industriales y urbanos”.

“Frenar una infraestructura estratégica”

Desde Huelva Riega subrayan que “la resolución desmonta uno a uno los argumentos utilizados para tratar de frenar una infraestructura estratégica para la provincia”, y advierten de que este tipo de iniciativas “no contribuyen a una planificación rigurosa del agua, sino que generan incertidumbre sobre actuaciones necesarias para garantizar el desarrollo sostenible del territorio”.

En este sentido, añaden que “resulta preocupante que continuamente los colectivos ecologistas trasladen a la opinión pública planteamientos que el propio Tribunal Supremo ha rechazado por carecer de base suficiente desde el punto de vista jurídico, ambiental y técnico”.

La asociación señala que el objetivo de estas infraestructuras “no es incrementar de forma descontrolada el consumo, sino mejorar la distribución de los recursos disponibles, reducir la presión sobre acuíferos y avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible”. En esta línea, insisten en que la disponibilidad de agua superficial es “clave” para “sustituir extracciones subterráneas y garantizar la recuperación de espacios sensibles”.

“Perjudica a la sostenibilidad del sistema hídrico”

Huelva Riega ha reiterado que el agua es “un elemento estructural para el desarrollo de la provincia, tanto desde el punto de vista agrícola como industrial y social”, y ha insistido en “la necesidad de seguir avanzando en la ejecución de las infraestructuras hidráulicas recogidas en la planificación vigente”.

Asimismo, la entidad señala que “bloquear o retrasar este tipo de actuaciones con argumentos que no han sido avalados por los tribunales no solo dificulta la planificación, sino que perjudica directamente a la sostenibilidad del sistema hídrico y al desarrollo socioeconómico de la provincia”.

“El respaldo del Supremo no solo despeja dudas jurídicas, sino que confirma que la planificación hidrológica debe basarse en criterios técnicos y no en planteamientos sin fundamento. Ahora es el momento de avanzar en la ejecución de las soluciones previstas”, han señalado desde la entidad.

Andalucía experimentó en el período 2019 y 2024 un aumento en la mortalidad por cáncer, en concreto, 3.701 muertes más de las esperables estadísticamente. De esos fallecimientos, 1.297 fueron de mujeres y 2.404 de hombres. Por tipos de tumor, hubo 820 muertes de más relacionadas con el cáncer de colon-recto, mientras que 275 muertes de más se atribuyen al cáncer de mama. La degradación de la sanidad pública y la falta de información para evaluar otras medidas incide en este exceso de mortalidad, según indican los investigadores, por lo piden una auditoría independiente a la Junta de Andalucía con tal de evaluar los recursos materiales y la prevención en materia de salud pública habidos en la actualidad.

Este crecimiento es significativo en comparación con el sexenio inmediatamente anterior de 2013 a 2018, donde hubo menos muertes de las que la estadística preveía. “Si los andaluces tuvieran el mismo riesgo de mortalidad por cáncer que los españoles, hubieran muerto 4.500 andaluces menos en los últimos seis años”, apuntó Juan Antonio Córdoba, investigador del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera. “Se necesita más información para poner de relieve qué está pasando y ver qué hay detrás, desde la incidencia de cáncer, la prevención primaria, qué pasa con los programas de cribado o el acceso y la continuidad y tratamiento en toda la comunidad autónoma”, subrayó.

En este sentido, incide en que el periodo de la covid-19 no explica este comportamiento poblacional, ya que, entre otras cuestiones, la tasa de mortalidad en Andalucía fue de las más inferiores en el país, con 186 decesos por cada 100.000 habitantes frente a los 256 acontecidos en el conjunto nacional. Sin embargo, hay datos más lacerantes, como que la participación en el Programa de Cribado de cáncer de mama haya bajado 7 puntos entre 2018 y 2024 (pasando de 85,84% al 78,82%), mientras que la cobertura en el Programa de Cribado de cáncer de colon se haya quedado estancada en un 39% cuando debería superar el 60%, según recoge el Informe de Evaluación de la Estrategia de Cáncer de Andalucía.

Más desigualdad

Así lo recoge el estudio Atención oncológica y sobremotalidad por cáncer en Andalucía. Más allá de los “fallos” del cribado de cáncer de mama, recién publicado en la revista Gaceta Sanitaria y elaborado por Juan Antonio Córdoba, investigador del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, y Antonio Escolar, miembro del Instituto de Investigación Biomédica de Cádiz (INIBICA). “La desigualdad de Andalucía respecto al resto de España, para estas causas de muerte, ha aumentado significativamente en la última década”, señalaron los autores.

El estudio, tomando de referencia la mortalidad del resto de España, demuestra que en los últimos seis años ha habido un “aumento estadísticamente significativo”. A partir de los datos recopilados a través del Instituto Nacional de Estadística, los científicos realizaron un cuadrante en la que se establece que de las 6.760 muertes ocurridas, se esperaban 6.197; en colon-recto, hubo 9.374 frente a las 8.213 esperables. En cambio, entre 2019 y 2024 las muertes de más fueron 671 por tumores malignos, 136 por cáncer de colon-recto y 46 por cáncer de mama.

La Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla fue el escenario escogido para presentar este artículo científico, en el que se trabaja desde noviembre de 2025, donde los especialistas reclamaron más transparencia a la administración pública. “¿Qué pasa con el Registro Poblacional de Cáncer de Andalucía? ¿Dónde están las memorias de evaluación de los Programas de Cribado? Llama la atención la escasez de datos”, una cuestión que ya han demandado tanto la Asociación Amama, cuya presidenta estaba presente, como Jesús Maeztu, el Defensor del Pueblo Andaluz en la apertura de expediente que afecta al fallo sistémico de la crisis de cribado de cáncer de mama.

Asimismo, el artículo expone varios indicadores como la dotación de recursos: Andalucía está desde el año 2013 por debajo de la media nacional en número de mamógrafos disponibles, también en unidades dispoinibles de PET/TC para la obtención de imágenes diagnósticas, y la tasa de oncólogos por cada 1.000 habitantes se sitúa en el 0,04, mientras que la media española está en el 0,05, quedándose por detrás de comunidades como Asturias, Castilla y León, Navarra o País Vasco. “El único indicador en que la autonomía ha mejorado es con respecto a los equipos de TAC”, resumieron, “así que no hay una buena situación de recursos físicos diagnósticos”.

“Hay que hacer énfasis en reducir las desigualdades en la atención primaria, porque no se trata solo de poner más mamógrafos, sino de hacer robusto el sistema”, indicó Córdoba. El abordaje debe ser multifactorial y debe ir repartirse tanto en la prevención de la salud, relativa a la ingesta de alcohol, las dietas, el tabaco o las exposiciones ambientales, como al refuerzo de los programas que están en marcha de cribados. Si bien el cáncer de mama ha marcado la gestión del presidente andaluz Juanma Moreno, los investigadores alertan de la prevalencia del cáncer de colon-rectal entre los hombres: “Gracias a la organización de estas mujeres se ha denunciado, pero, es mucho peor el pronóstico entre los hombres”.

Hace 45 años, en pleno centro de Sevilla, se llevó a cabo uno de los hallazgos arqueológicos más singulares de Europa. En 1981, durante los trabajos preliminares del metro en la Plaza Nueva, apareció a unos once metros de profundidad una embarcación de madera de unos siete metros de eslora. Hoy, décadas después, vuelve a ser protagonista gracias a las nuevas tecnologías.

Los restos, conservados durante años en el Museo Arqueológico de Sevilla y actualmente custodiados en el Centro Logístico de Patrimonio Cultural de Andalucía, están siendo objeto de una investigación avanzada basada en fotogrametría y modelado en 3D. Este proyecto, financiado por el Institute of Nautical Archaeology de la Universidad de Texas, busca reconstruir virtualmente la embarcación y comprender mejor su origen y función.

Un rescate “casi milagroso”

El hallazgo de 1981 no fue fruto de una excavación planificada. Tal y como recuerdan desde el Museo Arqueológico, “más que una excavación fue un rescate casi milagroso”. Los especialistas tuvieron apenas unas horas para intervenir entre jornadas de obra, descendiendo al pozo para documentar y extraer los restos antes de que continuaran los trabajos.

Las condiciones eran extremadamente complicadas ya que el pecio se encontraba en el nivel freático, cubierto de limo, lo que dificultaba su recuperación pero, al mismo tiempo, había favorecido su conservación. A pesar de ello, los técnicos lograron extraer alrededor de 400 fragmentos, aproximadamente un 30% de la embarcación original, además de realizar una primera documentación del conjunto.

Entre los restos recuperados se encuentran cuadernas, elementos del casco, posibles remos y piezas metálicas. También apareció un ancla de forma cruciforme, aunque perteneciente a otra embarcación distinta y de cronología anterior, vinculada a tradiciones bizantinas.

Un tesoro único en Europa

El análisis posterior permitió determinar que los restos eran de un barco de origen andalusí y databa de entre finales del siglo X y comienzos del XI. Según el arqueólogo Carlos Cabrera Tejedor, se trataba probablemente de “un barco ligero o de servicio, aproximadamente de siete metros de eslora por dos metros de manga, utilizado para transportar mercancías desde barcos más grandes, anclados en el Guadalquivir”.

El hecho de no haber restos de mástil, y sí de elementos asociados a remos, indica que se trataba de una embarcación de propulsión manual. Además, los estudios actuales apuntan a que fue construida por carpinteros de ribera locales, lo que refuerza su valor como testimonio directo de la actividad fluvial en la Sevilla medieval. La investigadora Marta del Mastro Ochoa, responsable del nuevo estudio, destaca lo especial que es este descubrimiento: “El hallazgo y conservación de la barcaza de la Plaza Nueva es un prodigio de la arqueología sevillana”. De hecho, se trata del único pecio andalusí documentado en la península ibérica y uno de los escasos ejemplos conocidos en el Mediterráneo.

Ahora, el uso de tecnología 3D está permitiendo analizar con mayor precisión las técnicas de construcción y ensamblaje de la embarcación, algo que hace décadas resultaba imposible. Como señala Del Mastro, “es un estudio que podemos hacer ahora porque hace cerca de 50 años alguien se metió en un pozo […] e hizo el esfuerzo de recuperar toda la información que se podía”.

En palabras de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, estos trabajos son “de gran interés social y patrimonial”, ya que contribuirán a proteger y divulgar un patrimonio único. Un barco que, enterrado durante siglos bajo las calles de Sevilla, sigue revelando secretos sobre la historia de la ciudad.

En el año 2000, nada más arrancar el euro, Andalucía era la segunda región más pobre de España, detrás de Extremadura, con un PIB por habitante que apenas representaba el 74,4% del promedio nacional. Casi 25 años después, las cosas no sólo no han mejorado, sino que han empeorado. Andalucía ha sido adelantada por Extremadura y es hoy la comunidad autónoma con menor renta por habitante (apenas un 75,2% del promedio nacional). Es decir, en casi 25 años apenas ha recortado 8 décimas la distancia relativa con el total de España que tenía en 2000.

Por el contrario, Extremadura ha pasado del 65,7% al 77,3% de la media estatal, un avance de más de 12 puntos en el mismo período. En el gráfico que acompaña este análisis presento la “renta real per cápita” (PIB dividido por población) relativa de Andalucía en términos nominales y en términos reales, es decir, descontando la inflación, que también ha sido diferente en esta región con respecto a la general de España. Ambas series están expresadas en relación con la media nacional (España=100). Es decir, un aumento de su valor quiere decir que la renta por habitante de Andalucía está creciendo más que la de España (o cayendo menos), y viceversa. La serie en euros (“nominal”) está sacada directamente de la Contabilidad Regional del INE [Instituto Nacional de Estadística]. La serie en términos “reales” es de elaboración propia, utilizando los IPC anuales de Andalucía y España, también facilitados por el INE.

En cualquier caso, no hay grandes diferencias si se hace en términos reales o nominales y, si la he construido, ha sido por evitar la crítica fácil de que la “convergencia” (un término que indica que las regiones o países más pobres acercan su renta per cápita a la de los más ricos) hay que medirla en términos reales. En el gráfico se detecta que hay un patrón curioso, que es el carácter “procíclico” de la convergencia: en los buenos tiempos, Andalucía crece más que España y viceversa en las crisis. En el gráfico queda patente que la máxima convergencia se produce en el período 2003-2008, periodo de boom económico tanto en Andalucía como en España.

En esos años se alcanzó el pico de la renta per cápita relativa andaluza (77,9% en términos nominales y 77,6% en términos reales), que es, más menos, el valor actual de la de Extremadura. Tras ese máximo, se retrocede con la crisis financiera de 2008 y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, porque la crisis afectó incluso más a Andalucía que al conjunto de España. En términos nominales, el declive dura toda la recesión, se estabiliza a partir de 2015 y no se recupera hasta 2020-21.

En términos reales, que es una medida más correcta, la convergencia se retoma a partir de 2017, pero vuelve a retroceder en 2022-23. Es decir, en el boom más reciente, no se ha dado ese patrón procíclico del pasado y apenas ha mejorado la convergencia de Andalucía con la media nacional. Por dar algunos datos, en los 6 años de boom de 2001 a 2007 la renta per cápita andaluza creció un 20% real acumulado, frente al 14,6% de España (diferencial de casi 5 puntos, que hizo recortar la distancia relativa con España). Por el contrario, en los últimos 6 años la renta per cápita de Andalucía ha crecido un 6% acumulado, frente al 5,4% de España (apenas unas décimas de diferencia), pese a hallarnos en un boom económico. Parece que la convergencia se ha frenado. Y, en términos nominales, la evolución no es diferente: una tímida recuperación y un nuevo freno.

Hasta aquí los datos. Pero la pregunta clave es: ¿cuáles son las causas de esta falta de convergencia económica de Andalucía con el promedio nacional? La teoría económica nos dice que, en un entorno parecido (mismas instituciones jurídicas, laborales, educativas, comerciales, fiscales, sanitarias, industriales, e idéntica política monetaria), las regiones o países más pobres deben crecer más que los más ricos, precisamente porque el rendimiento de la inversión en capital físico, humano o tecnológico debe ser superior en los territorios donde estos factores son más escasos. Es decir, que el crecimiento de la productividad debería ser mayor en Andalucía que en el resto de España.

Sin embargo, el crecimiento real de Andalucía no ha sido superior al de España. Y si ha habido una mínima convergencia en renta per cápita ha sido porque la población en Andalucía ha crecido menos que en el conjunto de España. Una forma engañosa de converger, pues la atracción de talento es uno de los motores del crecimiento de la productividad a medio y largo plazo. La inversión en infraestructuras ha sido muy importante en la región. Pero no tanto la inversión privada en capital físico, humano y tecnológico. El tejido empresarial sigue muy atomizado y no ha habido una política industrial orientada a la productividad, al crecimiento del tamaño de las empresas ni a la inversión tecnológica, salvo excepciones como puede ser el caso de Málaga. Andalucía también sufre una pérdida de capital humano formado, que emigra a regiones de renta per cápita más elevada buscando mejores oportunidades.

La ETEA (Estrategia para la Transformación Económica de Andalucía,) elaborada en 2019 con Horizonte 2027, era una buena hoja de ruta para abordar todos estos retos de la economía andaluza. Pese a no ser andaluz (aunque no descarto que algún día lo sea), fui invitado a tomar parte en algunos debates durante su elaboración y fueron muy intensos y productivos. Participaron muchos economistas de diferentes sensibilidades y no fue difícil conseguir consensos sobre el diagnóstico y las medidas a aplicar para superar esta situación crónica de Andalucía.

Ojalá que el Gobierno que salga de las urnas retome una iniciativa de este tipo, que concite el acuerdo no sólo de los economistas, sino de todas las fuerzas sociales, sindicatos, empresarios y asociaciones, así como de las administraciones públicas de todos los niveles: local, provincial, autonómico, estatal y comunitario . Andalucía se lo merece.

La captación de votos va en todas direcciones y el apoyo de los jóvenes es de los más anhelados para el próximo 17 de mayo. En Andalucía, hay más de 368.000 andaluces que votarán por primera vez y cada vez más escorados a las derechas, tal y como señalan varias encuestas, así que, ¿cómo atraerlos? Poner en el debate público a los toros es una de las apuestas más fuertes de la derecha y extrema derecha en la comunidad, con financiación y una defensa a cara descubierta con tal de azuzar la guerra cultural frente a las izquierdas. Un debate que, a la vista de los datos en asistencia, parecía abandonado, pero que se retoma como un signo identitario para miles de ciudadanos.

“La política influye en que la tauromaquia posicione a la juventud”, determina Agustín Morilla Colmenero, presidente de la Tertulia Taurina Universitaria, que representa a los estudiantes y comunidad de la Universidad de Sevilla, la Escuela Universitaria Cámara de Comercio de Sevilla (EUSA), así como a la Escuela Universitaria de Osuna y a la CEU San Pablo. “Hay partidos que no tienen complejos en defenderla como cultura, ese es uno de los éxitos de Vox y PP, mientras que el PSOE no tuvo problemas hasta el Gobierno de coalición con la izquierda más radical”.

La supresión del Premio Nacional de Tauromaquia por parte del Ministerio de Cultura en 2024, en manos de Sumar, se critica con dureza y, como explica, posicionó en contra a los votantes de izquierdas simpatizantes con el festejo. Desearía que Sevilla fuera a la par que Madrid, donde se ha bonificado por completo el acceso a los jóvenes, aunque las políticas del PP andaluz ya obran en este sentido: “La Junta está echando más recursos para que haya una nueva generación de toreros en nuestro país, como un bien cultural más, a comparación del cine o de las artes”.

El representante universitario preferiría que la política y la tauromaquia no se mezclasen, es más, lo detesta, pero reconoce que la actualidad ha impregnado el devenir de los toros y el ambiente que se respira en los tendidos. “No oirás comentarios sobre ir a un mitin de Pedro Sánchez, porque los jóvenes no tienen ningún representante que vote a la izquierda de este país”, aunque preguntado por los principios que defiende Vox, añade, “hay cuestiones que cruzan ciertos límites y generan rechazo, como en la migración, pero el populismo de las costumbres llama la atención entre los más jóvenes”.

Morilla pasa las tardes en la Maestranza con estudiantes, profesores, miembros de la comunidad universitaria con quienes comparte afición y, al preguntarle por el efecto nocivo que podría tener en los menores la exposición a esta violencia, mira a sus allegados. Un buen amigo llevó a su hija de seis años al coso el pasado domingo durante la Feria de Sevilla. “Le gustó mucho”, relata, “al final, si te inculcan esa cultura en casa, con televisión, vídeos, historias, pides tú mismo que te lleven, otro caso muy diferente es que te obliguen y que genere un rechazo”.

“Defendemos que la tauromaquia vive el mejor momento en su historia”, declara, aunque los datos difieren. En la última década, la asistencia a espectáculos taurinos cayó cerca de un 20%, pasando de 3,2 millones de personas en 2014 a unas 2,5 millones en 2024, según la Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España. Entre las actividades, bajó del 9,5% al 8% la asistencia a espectáculo taurino y, en las corridas de toros, del 6,9% al 5,9%. Además, se hicieron 953 corridas de toros en 2007, mientras que en 2024 fueron 376, un 40% menos.

“A la gente se le saca del sillón por un sentimiento”

“El voto joven no se puede explicar con un solo factor, ni el voto identitario o el económico, sino por razones emocionales: a la gente se le saca del sillón mediante un sentimiento, no solo por decir que bajas o subes impuestos”, detalla José Francisco Jiménez Díaz, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

El ascensor social ha chocado tanto con la crisis habitacional como con los trabajos precarios, lo que ha profundizado en la desconexión de las generaciones millennial y Z con los valores tradicionales de sus predecesores. “La guerra cultural es compleja y se relaciona tanto con la creciente desafección política y la desconfianza en las instituciones, es más, a los partidos les interesa meterse en estos temas culturales para no entrar en los grandes problemas del país”, subraya.

Hay que movilizar el voto, más cuando el barómetro andaluz señala que la abstención podría aumentar hasta el 43,7% en los comicios del 17M, superando en más de dos puntos la previsión del año 2022, que fue del 41,6%. “Los partidos tradicionales tienen su mayor nicho electoral en la generación nacida en la posguerra, que no se abstienen ni son tan críticos con las instituciones, pero la brecha generacional se nota a partir de la década de los 80, donde son más difíciles de fidelizar”, apunta. Los vínculos laborales o de clase social han perdido sentido, por lo que el voto joven se define por “expectativas” que buscan una emoción a falta de un pasado con el que compararse: si este sentimiento encaja en su marco vital, ideológico, “lo votarán”, explica el profesor.

Además, el investigador señala que la polarización también afecta a la guerra cultural, la cual ya no existe solo en los extremos ideológicos, sino en los propios bloques de izquierda y derecha. Por ejemplo, está Gabriel Rufián, cuya iniciativa por unir a la izquierda nacional levanta ampollas en su propio espectro, las distancias que ha tomado Podemos de Sumar, o, en el caso andaluz, de la renuncia que ha hecho más de tres veces el PP andaluz de su aliado hasta el momento, Vox, como se manifiesta en este periodo electoral y se puso de relieve en el debate de RTVA, donde la ultraderecha criticó a Moreno. Ahí es donde la tauromaquia adquiere relevancia y puede marcar la diferencia aprovechando esa raíz emocional, de pertenencia, que tiene para muchos votantes en Andalucía.

Aumenta el apoyo entre los jóvenes a Vox, y del voto femenino

El último barómetro del CIS andaluz, de marzo, preguntó qué partido político podía dar mejor respuesta a los problemas presentes, a lo que un 18,1% de los jóvenes de 18 a 24 años respondió que Vox. Una cifra idéntica para el PSOE, a la que seguía Por Andalucía (10%), PP (9,1%), y Adelante Andalucía (8%). En el caso de la franja de los 25 a los 34 años, la lista quedaría así: Vox (18,8%); PSOE (14,6%); PP (10,5%); Por Andalucía (9,2%) y Adelante Andalucía (9%).

En cuanto al apartado referido a la variable del sexo, se indica que las mujeres encuestadas confiarían antes en el PSOE (21,4%); luego, en el PP (18,5%); seguido por Vox (10,3%); Por Andalucía (9,3%) y Adelante Andalucía (4%). Al otro lado, los hombres escogerían en primer lugar al PP (18,4%); a Vox (15,9%); el PSOE caería a la tercera posición (14,4%); Por Andalucía (8,8%); y Adelante Andalucía (6,3%).

En comparación con marzo de 2022, previo a las elecciones autonómicas que dieron la mayoría absoluta a Moreno, las métricas muestran lo siguiente: para los jóvenes de 18 a 24 años el partido político que mejor resolvía los problemas de Andalucía eran Vox (14,1%); PP (13,1%); PSOE (8,7%); Podemos (9,2%); Adelante Andalucía (3,8%) e Izquierda Unida (1,1%). La siguiente franja de edad, marcada de los 25 a los 34 años, dictó que preferían al PP (19,8%); Vox (14,3%); PSOE (10%); Podemos (5,4%); Izquierda Unida (1,7%); y Ciudadanos y Adelante Andalucía, cada uno con un 1,6%.

En referencia al género, las mujeres apoyaban más al PP (22,6%); PSOE (12,7%); Vox (9,2%); Podemos (4,8%) y a Ciudadanos y Adelante Andalucía con, respectivamente, un 1,4%. En cambio, los hombres estaban a favor del PP (23,4%) y de Vox (15,9%); al que les seguiría el bloque de izquierdas, PSOE (11,3%) y Podemos (3,9%).

Es decir, el porcentaje de personas jóvenes que apoyaron en un primer momento a Vox aumentó en cuatro puntos a lo largo de la legislatura —incluso optan por el feudo socialista antes que revalidar a Juanma Moreno— y lo mismo ocurre con el voto femenino, que crece casi un punto. Una cuestión en la que coinciden los análisis del Centro de Investigaciones Sociológicas y de diversos estudios que ahondan en la brecha de género, de clase social o la normalización de la ultraderecha.

En esta aritmética faltarían partidos nacidos en plena era digital, como Se acabó la fiesta, liderado por el youtuber de extrema derecha Alvise Pérez. La ausencia de público en el arranque de campaña no tiene por qué significar que carezca de simpatizantes, habida cuenta de que logró tres europarlamentarios en las elecciones de 2024. “Este partido nuevo que surge en pleno siglo XXI no quiere hacer de mediador entre sociedad y Estado, sino que propone, a partir de un liderazgo autoritario al estilo de Trump, sus soluciones”, analiza el profesor universitario.

La tauromaquia en los programas electorales

El padre de Ignacio Sánchez-Mejías era torero. Aún recuerda los paseos por el campo y el color del albero cuando a los ocho años se sentaba por primera vez en la Maestranza. Con 70 años, continúa al frente de La Tertulia los 40, una de las asociaciones taurinas más longevas: “Que entre la tauromaquia en cualquier tipo de política me parece nefasto, porque siempre ha sido de todo el pueblo, de centro, derecha, izquierda, todo esto es una cuestión moderna”.

Una disputa que relaciona con que Cataluña persiguiera en 2012 eliminar las corridas de toros en esa comunidad autónoma a propuesta del independentismo. “Hay un efecto rebote en la juventud por dos motivos: el político, cuando los partidos de izquierda han querido arrinconar y prohibir la tauromaquia, y de inconformismo, porque los jóvenes descubren en los novilleros unos principios morales distintos a la diversión, con ese compromiso por jugarse la vida ante el público; y eso ha hecho que se decanten”, puntualiza, aunque prefiere no atarse a ningún partido.

En esta guerra cultural, los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía quieren dejar claro su posicionamiento sobre la tauromaquia, incluso cuando no la mencionan. El PP la relaciona con la “identidad” y, entre las promesas, anuncia un programa en formación taurina que acompañan con la imagen del diestro Morante de la Puebla, nombrado Medalla de Oro de Cultura porJuanma Moreno. Un guiño que no escapa a los aficionados, que observan al presidente andaluz dejándose querer por los focos en la Maestranza de Sevilla.

En plena precampaña, el Ejecutivo andaluz aprobó la tramitación de la I Estrategia Andaluza de Tauromaquia, que se fija un horizonte hasta 2030, aunque las medidas en torno al impulso de estas fiestas se desarrollan desde 2019. Entre las acciones emprendidas, se crearon y regularon los Premios 'Andalucía de la Tauromaquia', se cuenta con 170 ayuntamientos adheridos a la Red de Municipios Taurinos de Andalucía (REMTA) —de un total de 785, lo que supone el 21,66%—, se suprimieron las tasas para los espectáculos taurinos y se promociaron las escuelas taurinas, donde se fomenta la iniciación de los más pequeños. A ello, habría que sumar la implicación de Canal Sur, que ha aumentado el número de emisiones y que, según reza el documento, el pasado 5 de abril alcanzó el 25,70% de cuota de pantalla con una audiencia de 560.000 espectadores. En la misma línea, Vox lo sitúa como un elemento cultural y también económico, expresando que se “pretende criminalizar” esta “tradición”.

En cuanto a las izquierdas, Por Andalucía mantiene en su programa electoral que hay “un rechazo social creciente” en la sociedad, “ya que cada vez un mayor número de andaluces ven las corridas de toros, no como una expresión cultural, sino como una actividad contraria a la protección del bienestar animal”, para lo que sugieren prohibir su emisión, cortar la financiación e impedir el acceso a los espectáculos a los menores de 16 años. Una cuestión que recoge la recomendación formulada en 2018 por el Comité de los Derechos del Niño (CDN) de la ONU, que instó a España a que impidiera la entrada para prevenir el acceso temprano a la violencia y una posible insensibilización. También, Adelante Andalucía equipara las corridas de toros con el maltrato animal y fija su posición: “Transición hacia la tauromaquia cero”.

Mientras Pacma ha llevado siempre por bandera su negativa con la convocatoria de manifestaciones en contra de las corridas de toros, el único partido que deja su apoyo en el aire es el PSOE de María Jesús Montero. No hay ninguna referencia en el programa electoral y habría que tomar la consideración de su predecesor, Juan Espadas. El ex secretario general de los andaluces respondió en el Parlamento andaluz cuando que las celebraciones taurinas “no están en cuestión” y que, en general, seguirían apoyando “al mundo de la tauramaquia”. La discusión interna del partido se traduce en tirantez a la hora de posicionarse en público, como sucedió con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se presentó en el Congreso para derogar la ley 18/2013 con el fin de quitarle su estatus como patrimonio cultural nacional y que contó, finalmente, con la abstención de los de Pedro Sánchez.

“La democracia no solo tiene que ser virtuosa y defender los valores constitucionales, sino ser eficaz y solucionar los problemas de la gente”, determina Jiménez Díaz, también coordinador del libro Generaciones y liderazgos políticos en España y Europa. La sanidad pública y la vivienda son las dos principales preocupaciones del electorado andaluz, pero el mensaje, cómo, dónde y de qué forma exponerlo, será la clave para inclinar la balanza en una u otra dirección, y la tauromaquia entrará en juego.

La edición andaluza de elDiario.es vuelve a premiar a quienes mejor logren captar con su cámara la esencia de Andalucía a través de su gente. Por eso, la cuarta edición del concurso de fotografía en Instagram #GentedeAndalucía2026 ofrece la oportunidad de optar a grandes premios y de formar parte de una exposición colectiva que tendrá lugar en la Fundación Cajasol, en pleno corazón de Sevilla.

En esta ocasión, el ganador del primer premio se llevará una cámara instantánea Fujifilm instax mini 99 (o similar) con kit de películas, para que pueda seguir explorando su mirada creativa y capturando momentos en formato instantáneo desde el minuto uno.

El segundo y tercer premio recibirán un cheque regalo de El Corte Inglés, por valor de 200 y 100 euros, respectivamente. Además, los autores de las mejores fotografías verán sus creaciones expuestas en las paredes de la Fundación Cajasol, luciendo en gran formato.

Requisitos para participar 

El plazo para participar permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre. En cuanto a los requisitos que hay que cumplir, conviene recordar que cada concursante podrá participar con un máximo de 5 imágenes. Todas ellas han de contener referencias humanas (ya sean rostros, multitudes, sombras, siluetas...) y ser de nueva creación. Es decir, no pueden haberse tomado ni publicado con anterioridad a la fecha de inicio del concurso (24 de marzo).

Recuerda que las fotografías que registren mayor número de 'me gustas' tendrán más posibilidades de quedar entre las seleccionadas, pero la decisión última estará en manos de un jurado experto formado por cuatro fotógrafos expertos, que valorará la creatividad, la originalidad y la calidad técnica de las obras.

Aprovecha los meses de primavera para salir a la calle a retratar las tradiciones y emociones que se viven en cada rincón de Andalucía, desde una mirada original. Asegúrate de cumplir todos los requisitos revisando los detalles de las bases del concurso en este enlace.

En defensa de los servicios públicos, de la igualdad, del medioambiente y contra la especulación. La Coordinadora Andaluza de Movimientos Sociale ha anunciado este martes en Sevilla manifestaciones en Sevilla, Córdoba, Jaén, Almería, Granada, Málaga y Cádiz este próximo sábado 9 de mayo, escasamente ocho días antes de la celebración de las elecciones autonómicas al Parlamento de Andalucía.

Esta plataforma surge en un contexto prelectoral y, además, de recientes manifestaciones en defensa de los servicios públicos. Lla organización busca que la red de movimientos sociales (de Andalucía) se matenga “en contacto para pasarnos información, para trasladarla a nuestros representantes. Es una idea de colaboración, de que la ciudadanía hable”, asegura María Luisa Cid, portavoz de la Coordinadora Andaluza de Movimientos Sociales. 

Entre las asociaciones que se encuentran en este movimiento están Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Plataforma Andaluza de Personas de Atención a la Dependencia (PAPAD), Salvemos el Guadalquivir, UPOxLaPública, Mareas Blancas de Córdoba y Málaga, y Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (MADPP).

Un “libro en blanco” para sumar reivinidcaciones

Bajo el lema 'Salvemos lo público', esta plataforma reivindica una educación pública, gratuita y de calidad hasta la universidad, incluida la FP; sanidad pública, universal y de calidad; pensiones dignas; una nueva ley de dependencia; el derecho a una vivienda digna y asequible; la defensa del medio ambiente; transporte público de calidad por todo el territorio; salarios justos y mejoras en las condiciones laborales; igualdad real para todos, independientemente del origen, etnia y condición sexual; eliminación de las bases militares extranjeras y acogida para los refugiados; y unos poderes públicos laicos, entre otras cuestiones.

Las reivindicaciones podrían ir a más ya que se está elaborando un “libro en blanco” para que los movimientos sociales que se están incorporando puedan defender sus causas, según ha explicado la nueva plataforma. Además, su intención es mantener reuniones con los partidos políticos que se presentan a las elecciones para que asuman las proclamas y contribuir a la mejora de la cohesión social, igualdad y la vida digna de las mayorías sociales, con el compromiso de supervisar su gestión durante la legislatura.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 22.393 personas en abril en Andalucía en relación al mes anterior (-3,86%) hasta los 557.245 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La comunidad lidera así la caída del paro a nivel nacional.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de abril desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en abril la mayoría de veces en Andalucía (27 veces) mientras que ha subido en tres ocasiones

En el último año el desempleo acumula un descenso de 61.858 parados, lo que supone un 9,99% menos. Por sectores, el paro bajó en todos, encabezado por Servicios, 14.782 menos; seguido de Sin Empleo Anterior, 4.153 menos; Construcción, 1.389 menos; Industria, 1.090 menos y finalmente Agricultura, con 979 menos.

El paro bajó en todas las provincias, siendo Sevilla donde hubo una mayor caída (-5.825); seguida de Cádiz (-4.227); Málaga (-4.152); Granada (-2.345); Huelva (-1.694); Córdoba (-1.687); Almería (-1.274) y Jaén (-1.189).

En abril se registraron 263.563 contratos en Andalucía, un 6,65% más que en el mismo mes del año anterior. Del número de contratos registrados en abril, el 58,5% fue temporal y un 41,5%, indefinidos.

Este martes se ha conocido también la cifra de afiliados a la Seguridad Social, que ganó en el pasado abril un total de 43.312 afiliados en Andalucía, lo que representa una subida del 1,22% respecto al mes anterior, dejando a la comunidad con un total de 3.602.282 cotizantes, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Comparado con el mismo mes del año pasado, el incremento de la afiliación en la Andalucía es del 2,29%, con un aumento de 80.480 cotizantes. Así, en términos absolutos, es la segunda región donde más sube la afiliación en abril a nivel interanual, solo por detrás de la Comunidad de Madrid (con 115.862 cotizantes más).

Afiliación a la Seguridad Social

El comportamiento de la afiliación a la Seguridad Social en abril en Andalucía se ha caracterizado por una subida en seis de las ocho provincias. De esta manera, las únicas que registraron descensos fueron Córdoba, con 1.499 cotizantes menos (-0,47%) y Jaén, con 5.321 menos (-2,18%). En contra, subieron en Málaga, con 15.044 cotizantes más (+2,02%); Huelva, con 14.062 (+5,34%); Cádiz, con 10.647 (+2,5%); eldiaSevilla, con 7.175 (+0,85%); Granada, con 1.724 (+0,46%); y Almería, con 1.480 (0,43%).

En términos interanuales, las ocho provincias han visto escalar su cifra de afiliados a la Seguridad Social, liderando la lista Málaga, con 26.195 afiliados (+3,56%). Detrás se sitúan Sevilla, con 18.349 (+2,2%); Cádiz, con 11.782 (+2,77%); Almería, con 6.332 (+1,87%); Granada, con 6.023 (+1,62%); Córdoba, con 5.158 (+1,66%); Huelva, con 4.550 (+1,67%); y Jaén, con 2.088 más (+0,88%).

Datos a nivel nacional

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 62.668 personas en abril en relación con el mes anterior (-2,6%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró casi tres cuartas parte del descenso del desempleo, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras la caída de abril, el número total de desempleados bajó de los 2,4 millones de personas por primera vez desde junio de 2008 al situarse en 2.357.044 personas, ha subrayado el Ministerio.

El descenso del desempleo registrado el mes pasado es ligeramente inferior al de abril de 2025 (-67.420 parados), pero superior al de 2024 (-60.503).

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en abril en 28 ocasiones y ha subido en tres. El mayor repunte en este mes se produjo con la llegada de la pandemia en 2020, con 282.891 desempleados más, y el mayor descenso fue el de 2017, cuando disminuyó en 129.281 parados.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 155.674 personas, lo que supone un 6,2% menos, con un retroceso del paro femenino de 91.206 mujeres (-6%) y una caída del desempleo masculino de 64.631 varones (-6,5%).

El paro registrado disminuyó en abril en todas las comunidades autónomas en relación al mes anterior, especialmente en Andalucía (-22.393 desempleados), Cataluña (-8.949 parados) y Madrid (-6.249 personas).

En el conjunto de España, la Seguridad Social rompió en abril la barrera de los 22 millones de ocupados tras ganar una media de 223.685 cotizantes respecto al mes anterior (+1%), impulsada especialmente por la hostelería, que sumó más de 111.000 nuevos ocupados por las contrataciones de la Semana Santa, según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el último año, de abril de 2025 a abril de 2026, la Seguridad Social ha ganado 517.192 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,4%.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró una subida mensual de 41.753 afiliados (+0,2%), lo que llevó al sistema a consolidar los 22 millones de ocupados, con un total de 22.052.285 cotizantes. Con el repunte mensual de abril, la serie desestacionalizada acumula 63 meses consecutivos de alzas.

“Estamos transformando el mercado laboral de nuestro país. Su situación ha mejorado considerablemente respecto a 2018. Si descontamos la estacionalidad y el efecto calendario, la Seguridad Social se consolida por encima de los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social tras sumar cerca de 3,5 millones de ocupados desde 2018”, ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La elección de un nombre es una decisión que, normalmente, suele ser para toda la vida. Cada nombre tiene un significado y, como en todos los aspectos de la sociedad, se va produciendo una evolución más o menos rápida, aunque hay clásicos que nunca fallan. La inmigración, la devoción a imágenes o la tradición son características que reflejan a Andalucía y así lo demuestran los datos del INE con los nombres más usados. 

El nombre de Manuel es un clásico que nunca falla, y es que este nombre propio se encuentra entre los más usados desde la década de los 50. Actualmente, es el nombre más usado en la mitad de las provincias andaluzas (Huelva, Córdoba, Cádiz y Sevilla). A excepción del caso cordobés, Manuel fue el nombre más usado en estas provincias en la década de los 50. Otros nombres que resisten el paso del tiempo son Antonio o Francisco, mientras que Hugo se posiciona como uno de los más usados.

En el caso de niñas recién nacidas, María arrasa en todas las provincias de Andalucía, siendo Córdoba en la que tiene el ratio más alto, con el 38,5 por mil. Si bien, incluyendo nombres compuestos, María también sería el más usado desde la década de los 50, pero su uso como nombre único hace que solamente en la provincia de Almería fuese el nombre más popular en antaño. Desde la década de los 2.000 a la actualidad, Lucía es el segundo nombre más frecuentado.

Pasan los años y cambian las tendencias

Pese a los clásicos, hay nombres que cada vez son más usados entre los andaluces como es el caso de Vega entre las chicas. Este nombre se encuentra entre los 20 más usados en todas las provincias a excepción de Almería y Sevilla, y tiene su pico en Córdoba, siendo el doceavo con un ratio del 15,8 por mil. Otro nombre que se abre paso es el de Chloe, donde en Almería y Málaga es el decimonoveno y vigésimo nombre más usado respectivamente.

El símil con los chicos es el caso de Thiago. Este nombre frecuenta Huelva, Granada, Sevilla, Málaga y Cádiz, siendo en esta última provincia donde más se emplea, con una frecuencia de 19,2 cada mil niños. Sin embargo, Dylan o Enzo son otros nombres que recientemente están siendo usado para los recién nacidos. 

Otro fenómeno observable es la relegación de los nombres compuestos. En la década de los 50, tanto en hombre como en mujeres, casi la mitad de los nombres más usados eran compuestos. José y Juan, acompañados por otros nombres, suponían la mayoría de nombres propios entre los varones, por el lado opuesto, María destaca sobre el resto, siendo María Carmen el nombre más usado en prácticamente toda la geografía andaluza. Durante la década de los 2.000 la mayoría dejaron de usarse, y en la actualidad ningún nombre compuesto, ni de niño, ni de niña, está entre los 20 más usados en las diferentes provincias andaluzas. 

Nombres propios 

El caso de Rafael en Córdoba es algo que no pasa desapercibido, y es que, tanto en la década de 1.950, como en la de 2.020 se encuentra entre los nombres más usados. El nombre tuvo su apogeo durante de la década de los 70, siendo el más escogido para los recién nacidos cordobeses y continúo su popularidad al comienzo de los 2.000, situándose en segunda posición. Esta devoción al custodio de la ciudad, el Arcángel San Rafael, le da una seña de identidad a la provincia y la convierte en la única andaluza con tal arraigo a una devoción de la ciudad. 

Una situación similar, pero con un nombre femenino, se da en Huelva con Rocío. La devoción de la provincia a la Virgen del Rocío hace que, desde la década de los 70, donde alcanzó su máximo apogeo, este nombre haya estado entre los cinco más usados entre las onubenses. La creciente popularidad por la Blanca Paloma, sitúa actualmente al nombre entre los más usados en otras provincias como Almería, Córdoba, Jaén y Sevilla. 

Por su parte, una prueba de los cambios sociales que está sufriendo Andalucía se refleja en la asiduidad de nombres como Mohamed o Amir, estando ambos entre los 15 más usados en Almería. En esta provincia, que es donde más destaca el uso de nombres africanos, sobresale Amira como nombre de niña, encontrándose en el onceavo lugar, con un ratio de 10,9 por cada mil.  

En el casi medio siglo que ha pasado desde la muerte Manuel José García Caparrós, asesinado de un tiro durante la gran manifestación por la autonomía andaluza en Málaga, se ha escrito mucho. Sobre el disparo; sobre la bala; sobre la operación que todo lo tapó; sobre la ley que alargó el silencio oficial en el mismísimo Congreso de los Diputados; sobre la lucha tenaz de sus hermanas por levantar el secreto; sobre la conversión de aquel joven de 18 años en un mártir del andalucismo; sobre su reconocimiento como víctima de la ultraderecha que atenazó la Transición a la democracia.

Lo que no se ha escrito nunca es el nombre del autor del disparo. 48 años han pasado desde el 4 de diciembre de 1977, y la identidad del asesino sigue envuelta en mil capas, un “acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma”, porque nunca hubo interés en otra cosa por parte de las instituciones (jueces, Gobierno, diputados). Durante años, las hermanas Puri, Loli y Paqui García Caparrós soñaron con encontrarlo en los miles de folios que se llevaron del Congreso el pasado 18 de noviembre, que siguen siendo secretos para todos, menos para ellas. “Nos gustaría escuchar la verdad. Quién fue su asesino, quién preparó a la policía para salir a la calle. Vamos a buscar un buen abogado”, dijeron aquel día. Han pasado siete meses, y no hay noticias del autor.

En este tiempo, la hipótesis más extendida, casi incontrovertida, ha sido la de que fue un miembro de la Policía Armada, a partir de un indicio relevante: la bala que entró por la axila del joven para matarlo era una 9mm de las que usaba ese cuerpo represivo. Desde hace unos años circulan las iniciales del dueño de la pistola de la que pudo salir la bala, extraídas del sumario: M.P.R., un cabo de la Policía Armada que fue trasladado de inmediato a Vélez-Málaga.  

Ahora, casi medio siglo después, Rosa Burgos plantea otra hipótesis. Plantea que el autor fue, en realidad, un joven confidente policial, que luego recibió la cobertura del aparato para que nunca nadie le descubriera. Burgos no es cualquiera en relación al caso García Caparrós: secretaria judicial ya jubilada, fue ella la única persona que accedió sin restricciones, en 2007, a las actas secretas de la comisión de investigación del Congreso, hasta que la cámara accedió finalmente a entregárselas a las hermanas.

Fruto de aquella investigación publicó dos libros (La muerte de García Caparrós en la Transición política -2007- y Las muertes de García Caparrós) al que ahora añade Caso García Caparrós, la cara oculta de un crimen de Estado, todos publicados por El Observador, y este último con el apoyo de CCOO.

Un confidente delatado por un confidente

El nuevo libro enmienda la principal conclusión que se extraía de los dos primeros: el autor del disparo no fue un policía sino un civil, un confidente de los muchos que tenía la policía entre elementos de ultraderecha con licencia para apalizar y, llegado el caso, disparar. Escuadristas, protegidos y protectores del Movimiento, a los que la Policía prometía de un acceso futuro y proveía de armas sin identificar. Aquel día disparó para defender a los policías de las pedradas, según le habría confesado él mismo al confidente de Rosa Burgos. Era de Archidona.

Todo lo que vino después fue una fenomenal operación de encubrimiento: emborronarlo todo para que nunca hubiese un nombre. Sólo una difusa responsabilidad a un cuerpo ya extinto, los grises, y si acaso, muchos años después, unas iniciales.

“Ojo, este libro no es una tesis, sino una hipótesis. Quiero que eso quede claro”, advierte Burgos, que ya ha visto lo suficiente como para saber que aquí nada es lo que parece, o sí.

Sostiene ahora que algunos de los indicios en los que también ella se basó en sus primeras investigaciones fueron “preparados”, puestos allí como migas de pan, y admite que esta nueva obra es en cierto modo una enmienda a sus propias conclusiones.

Si volvió sobre sus pasos es porque un día de 2017, recién publicado Las muertes de García Caparrós, recibió un mensaje. “Ha trabajado tanto en el caso que merece conocer la verdad. Que sepa que el cabo M.P.R. no fue el autor del disparo”. Aquello la intrigó, pero no más que otras informaciones anónimas de dudosa credibilidad. “Pensé que podía ser un loco”, cuenta Burgos. Pero aquella persona siguió enviando mensajes y llamándola, y lo que contaba cuadraba con la documentación que ella tenía. Más aún: ataba algún cabo suelto.

La duda con la bala

Fue así como cuestionó la principal prueba de cargo contra M.P.R. La bala. Su confidente le explicó que, por cómo afectó al cuerpo, el proyectil no era un 9mm, sino un 7,65. Las heridas apenas se diferencian, pero sí provocan efectos diferentes. La bala provendría no de una pistola calibre 22, sino de una Star de cañón fijo, conocida como “la sindicalista”, una pequeña pistola de gran letalidad conocida así por su popularidad en el movimiento anarcosindicalista de primeros de siglo.

Esa revelación encaja con las primeras informaciones del caso. El 6 de diciembre, dos días después de la muerte, tanto Informaciones como ABC publicaron sendas crónicas en las que se señalaba que la bala no era de las que usaba la Policía. Lo mismo dijo Francisco Jiménez Quintero, dirigente de Fuerza Nueva. Pero poco después empezó a difundirse que era una 9mm, y así quedó.

En los documentos del sumario se refleja el escaso celo en la custodia del cadáver y de la propia bala. Fueron los médicos de guardia quienes extrajeron el proyectil. “Acudieron cuatro inspectores de Policía, que informaron de que la bala era de 9 mm corto, antes de que el juez levantara el cadáver”, relata Burgos. La comisión judicial no se personó en el hospital hasta varias horas después. “Fue el auxiliar quien recogió la bala, sin ninguna fe pública. El juez la tuvo luego en su mesita de noche”.

Durante la presentación de su libro, el pasado jueves, un asistente que dijo ser ATS en Emergencias corroboró la falta de custodia de la bala. “Fui a los quirófanos y vi el cuerpo. Estaba en la sala de traumatología. La bala se cayó, y un celador la puso allí porque el traumatólogo dijo que no tocáramos nada porque tenía que venir el juez”.

Después, el proyectil siguió un periplo de ida y vuelta a Madrid, pasando por Granada, hasta que años después se realizó la primera prueba balística, que ofreció “ligeras similitudes” con el arma del cabo de la policía. “Pero eso no es tajante”, zanja Burgos.

“Si tiraba de la manta iba a destapar la mierda”

La bala es el principal elemento de distorsión, pero no el único, en la doble investigación (judicial y en el Congreso) que nunca llegó a nada: en lugar de concretar la autoría, difuminó la responsabilidad material hasta hacerla inaprensible. Del segundo libro de Burgos se extraen las iniciales M.P.R., pero años después, alguien se puso en contacto con ella para hacerle ver que sus conclusiones eran erróneas, y ella las rectificó.

“Las informaciones no siempre se obtienen por los documentos, a veces vienen porque alguien te cuenta cosas; al principio no le das importancia, pero cuando indagas llegas a la conclusión de que lleva razón”, dice ahora la investigadora. ¿Y por qué interesaba proteger al verdadero autor? “Porque si tiraba de la manta iba a destapar toda la mierda que había en la Policía, en el Ministerio del Interior, en la Dirección General de Seguridad, en el Ministerio de Gobernación”.

Sobre los motivos para hablar que tenía el confidente, cuya identidad Burgos ha prometido no revelar nunca, le dijo que no podía cargar con la conciencia de no contar lo que supo, mientras M.P.R. cargaba con la culpa. Él había vivido algo semejante. “Me dan escalofríos”, le contó a la autora.

En cuanto al supuesto autor, murió. Nunca nadie se hizo responsable de la actuación de personas ajenas al cuerpo, ni de la operación que encubrió todo, ni de mantener los documentos secretos hasta para la propia familia. Él apretó el gatillo, pero a García Caparrós lo mataron muchos.

El sector agroalimentario atraviesa un momento decisivo marcado por tres grandes desafíos que condicionan su presente y su futuro: la gestión del agua, la sostenibilidad de la producción y el control de la sanidad vegetal. Tres factores interconectados que, bajo la presión del cambio climático, la volatilidad de los mercados y las nuevas exigencias regulatorias, están redefiniendo la forma de producir alimentos en España y en el conjunto de Europa.

La escasez de agua se ha consolidado como la principal preocupación del campo. Las sequías recurrentes, cada vez más intensas y prolongadas, están reduciendo la disponibilidad de recursos hídricos en muchas zonas agrícolas, especialmente en regiones mediterráneas. A esta situación se suma la competencia entre usos —agrícola, urbano y ambiental—, lo que obliga a los agricultores a optimizar cada gota disponible.

Tecnologías como el riego de precisión, la monitorización de suelos o la reutilización de aguas regeneradas empiezan a abrirse paso, aunque no siempre al ritmo que exige la urgencia climática ni con el apoyo inversor necesario. En muchas explotaciones, la incertidumbre hídrica ya condiciona decisiones estructurales: desde la elección de cultivos hasta el abandono de superficies menos rentables.

El debate sobre cómo repartir el agua disponible se ha intensificado en los últimos años, reflejando la creciente tensión entre sostenibilidad ambiental y viabilidad económica del sector agrario

Además, la gestión del agua no es solo una cuestión de cantidad, sino también de gobernanza. La modernización de infraestructuras, la digitalización de redes de riego y la planificación hidrológica a largo plazo son elementos clave para garantizar un uso eficiente y equitativo del recurso. Sin embargo, el debate sobre cómo repartir el agua disponible se ha intensificado en los últimos años, reflejando la creciente tensión entre sostenibilidad ambiental y viabilidad económica del sector agrario.

La sociedad en su conjunto muestra una preocupación creciente por el uso sostenible del agua, lo que convierte este aspecto en un elemento clave de competitividad, transparencia y responsabilidad para todo el sector.

En paralelo, la producción agrícola se enfrenta al desafío de mantenerse rentable en un entorno cada vez más incierto. El aumento de los costes de insumos —energía, fertilizantes, fitosanitarios o mano de obra— estrecha los márgenes de los productores, mientras que la volatilidad de los precios en origen dificulta la planificación a medio y largo plazo. Muchos agricultores se ven obligados a producir con mayor eficiencia sin garantías de obtener mejores ingresos, lo que incrementa la vulnerabilidad económica de las explotaciones.

Fenómenos extremos como olas de calor, heladas tardías o lluvias torrenciales están alterando los calendarios agrícolas tradicionales y reduciendo la previsibilidad de las cosechas

A este escenario se suma el impacto directo del cambio climático sobre los cultivos. Fenómenos extremos como olas de calor, heladas tardías o lluvias torrenciales están alterando los calendarios agrícolas tradicionales y reduciendo la previsibilidad de las cosechas. Esta inestabilidad obliga a adaptar variedades, modificar técnicas de cultivo e incorporar nuevas herramientas de gestión del riesgo, como seguros agrarios más sofisticados o sistemas de alerta temprana.

La innovación y la digitalización emergen como pilares fundamentales para afrontar estos desafíos. La agricultura de precisión, el uso de sensores, la inteligencia artificial o la mecanización avanzada permiten optimizar recursos, reducir costes y mejorar rendimientos. Sin embargo, la adopción de estas tecnologías sigue siendo desigual, especialmente entre pequeñas y medianas explotaciones, que encuentran barreras en la inversión inicial o en la falta de formación técnica.

En un entorno tan competitivo, contar con información sólida y anticipada se convierte en un elemento estratégico para toda la cadena de valor.

Cultivos estratégicos se ven cada vez más expuestos a organismos nocivos que antes no estaban presentes o que tenían una incidencia limitada.

El tercer gran frente es la sanidad vegetal, un ámbito que ha ganado protagonismo en los últimos años. La proliferación de plagas y enfermedades, favorecida por el aumento de temperaturas y la intensificación del comercio internacional, representa una amenaza creciente para la estabilidad de las producciones. Cultivos estratégicos se ven cada vez más expuestos a organismos nocivos que antes no estaban presentes o que tenían una incidencia limitada.

Al mismo tiempo, el endurecimiento de la normativa europea sobre productos fitosanitarios ha reducido el número de sustancias activas disponibles para combatir estas amenazas. Este contexto obliga a avanzar hacia modelos de gestión integrada de plagas, que combinan métodos biológicos, culturales y tecnológicos para reducir la dependencia de productos químicos. Aunque este enfoque es clave desde el punto de vista ambiental, su implementación requiere más conocimiento, mayor seguimiento de los cultivos y, en muchos casos, incrementos de costes.

El gran desafío es anticiparnos a su presencia y disponer de herramientas que permitan detectarlas, prevenirlas y gestionarlas de la forma más sostenible posible.

Lejos de ser retos independientes, agua, producción y sanidad vegetal forman un sistema profundamente interconectado. La falta de agua debilita los cultivos y los hace más vulnerables a plagas y enfermedades; el cambio climático intensifica tanto la escasez hídrica como la presión fitosanitaria; y las nuevas exigencias productivas limitan el uso de herramientas tradicionales de control. Todo ello configura un escenario en el que cualquier desequilibrio puede amplificarse rápidamente.

En este contexto, el futuro del sector agroalimentario pasa por encontrar un equilibrio entre productividad, sostenibilidad y resiliencia. Esto implica no solo innovación tecnológica, sino también políticas públicas coherentes, inversión en infraestructuras, apoyo a la formación y una mayor coordinación entre todos los actores de la cadena alimentaria.

El campo, lejos de ser un sector inmóvil, está en plena transformación. La manera en que se afronten estos tres grandes desafíos determinará no solo su viabilidad económica, sino también su capacidad para seguir garantizando el abastecimiento de alimentos en un entorno cada vez más exigente e incierto.

Presión, movilización, acuerdo. Estos fueron los tres pasos que aplicaron los sindicatos en Andalucía durante la legislatura del presidente Juan Manuel Moreno, una constante mantenida a lo largo de cuatros años, especialmente al final del período del mandato y con falta de tiempo para aplicar los acuerdos y comprobar su efectividad. CSIF, CCOO, UGT, Satse, Sindicato Médico Andaluz (SMA), USTEA y ANPE coinciden en que el diálogo ha sido complejo, lleno de aristas. Pero las manifestaciones frente al Palacio de San Telmo persistentes, con huelgas sanitarias y educativas mediantes, han traído nuevos pactos en un periodo de crecimiento y estabilidad económica. Con unas cifras de empleo récord, apuntan los sindicatos, toca repartir la riqueza y reforzar los servicios públicos.

La tasa de paro en el primer trimestre de este año se situó en un 14,66%, la cifra más baja desde 2008, y con una ocupación en torno a las 3,6 millones de personas. En una comunidad que ha sufrido los embates de la desigualdad, este contexto económico infla los ánimos, los discursos políticos que reclaman para sí la bonanza y, sobre todo, las arcas públicas. Unos datos en los que influye la reforma laboral de 2021, promovida por el Gobierno de coalición, que provocó el descenso de hasta un 10% de la temporalidad entre los trabajadores andaluces. Pese a los avances, la brecha salarial que separa a la comunidad con el resto de España es del 22,1%, según se desprende de la Agencia Estatal de la Administración tributaria (AEAT). Además, un 46,9% de los salarios se encontraban por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2025, ¿qué hacer contra la precarización histórica?

“Tenemos más recursos que nunca, pero en esta legislatura se ha profundizado el deterioro intencionado, continuo y paulatino de los servicios públicos, que son los mecanismos para la igualdad”, apunta Nuria López, secretaria general de CCOO-A. “Las brechas han aumentado y, si hay más recursos y mejores datos, entonces las políticas son erróneas”. En este punto, coincide Germán Girela, presidente de CSIF Andalucía, quien señala que “los acuerdos han llegado en el último tramo de la legislatura y ha habido que presionar mucho para sacarlos adelante”. En un tono similar, Óskar Martín, secretario general de UGT-A, indica que el balance no es “suficientemente positivo”: “Las medidas de carácter social avanzan con una lentitud injustificable y están llegando tarde a una ciudadanía que no puede seguir esperando mientras persisten la precariedad, la desigualdad, la vulnerabilidad y, ahora también, un escenario internacional complejo”.

Sanidad: el pulso por más recursos

La palabra “sindicato” no aparece en el programa electoral del PP andaluz, solo “organizaciones sindicales” relativo a la integración de la mujer en el sector de la energía. Pero Moreno sacó a relucir los cinco grandes acuerdos en materia sindical logrados en la legislatura de la mayoría absoluta, para lo que, recuerdan las organizaciones, ha habido una batalla dura detrás.

En materia de sanidad pública, que se sitúa como la primera preocupación de los andaluces en el CIS, las Mareas Blancas han señalado la fragilidad de un sistema que adolece por las listas de espera y una falta de plantilla y recursos que, entre otras cuestiones, provocó la crisis de cribado de cáncer de mama. Catalina García fue la consejera de Salud a inicios del segundo mandato de Moreno, pero una vez destituida, la siguió Rocío Hernández en 2024, quien también fue reemplazada por Antonio Sanz en plena alarma social por los cribados, al que los sindicatos atribuyen un cambio de postura que ha beneficiado el diálogo social y la asunción de acuerdos.

El primer apretón de manos entre la Junta y los sindicatos fue el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, firmado por UGT, CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en marzo de 2023 con una inyección de 8.840 millones de euros, y en el que se contempla, entre otras cuestiones, el Plan de Empleo Juvenil y una inversión amplia en la atención primaria, para lo que vendría a reforzarla un segundo logro.

Ese fue el Pacto para la Mejora de la Atención Primaria, logrado in extremis en mayo de 2023 con la rúbrica de UGT, CCOO, CSIF y Satse, después de que el Ejecutivo autonómico eliminara la concertación de esa prestación con la sanidad privada. En él, se contemplaba que un 25% del presupuesto sanitario fuera a este servicio y, a tres años, el presupuesto sanitario marca cifras históricas, pero el gasto sanitario per cápita se sitúa en 1.870 euros frente a los 2.013 de media estatales y la derivación a la sanidad privada continúa. ¿Cuál es el balance?

“El estado de la sanidad andaluza es delicado, falta plantilla y hay una sobrecarga de trabajo, queremos que todo vaya más rápido para dar una mejor asistencia a la ciudadanía”, sentencia Juan José Sánchez, secretario general de Satse en Andalucia. El traslado de los compromisos firmados a medidas que alivien la carga asistencial urge entre una plantilla que ha reivindicado una y otra vez acciones contundentes. La crítica se mantiene desde CSIF, que, aunque no firmara el pacto, advierten que su desarrollo “sigue coleando y va más lento de lo que nos gustaría”. “La atención primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario y debe implementarse al 100% cuanto antes si queremos dar salida a alguno de los problemas que tiene Andalucía”, subraya Girela.

“La última fase es donde ha habido acuerdos significativos”, contempla Rafael Ojeda, presidente de SMA, “como el aumento de la retribución de la hora de guardia o el del fin de la exclusividad”, pese a que hay otras cuestiones a limar, como la simplificación de la acreditación de competencias para avanzar en el modelo de carrera profesional. “La derivación a servicios privados ya se daba desde que el PSOE estaba gobernando, pero las listas de espera continúan para los cribados de cáncer y las pruebas diagnósticas o de espera para una intervención quirúrgica: el problema de fondo es la falta de médicos en la sanidad pública”, sentencia.

El tercer gran pacto sindical en el ámbito sanitario fue el Acuerdo sobre la Carrera Profesional del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con el respaldo de UGT, CCOO, Satse, CSIF y SMA. “Llega al tercer intento y en el último tramo de la legislatura, como ha ocurrido con el resto de acuerdos”, señala Girela (CSIF), “hemos conseguido que la carrera profesional impacte en todos los colectivos del SAS, algo que no se producía hasta ahora”. Por su parte, Sánchez (Satse) espera a la nueva convocatoria pública de 6.000 empleos equilibren los recursos, se consoliden los puestos y, así, lograr que las ratio de las enfermeras suban del 5,1 al menos un punto para alcanzar la media nacional.

La sanidad andaluza ha estado atravesada por las huelgas médicas en protesta por las negociaciones del Estatuto Marco, una negociación estacanda con el Ministerio de Sanidad y que, al margen de las diferencias entre los profesionales sanitarios, ha aprovechado Moreno. El candidato popular relacionó el estado maltrecho de la sanidad pública a la “incapacidad” del Gobierno central de negociar con los facultativos las condiciones de su carrera en una fecha clave: la presentación de su programa electoral.

Vivienda: una ILP en contra de la ley autonómica

Una de las afrentas que mantienen los sindicatos contra el Ejecutivo de Moreno es la ley autonómica de Vivienda. Su entrada en vigor a principios de este año las animó a confluir: “El objetivo fundamental de la norma es aumentar la oferta de vivienda, que es un objetivo que compartimos, pero trata la vivienda como un bien de mercado”, argumenta Martín (UGT). El valor de inversión choca con la crisis habitacional que asola el país y dispara los precios y, teniendo en cuenta que solo se construyó un 6,5% de viviendas protegidas entre 2014 y 2024, UGT, CCOO, Facua y la Red Vecinal Andaluza presentaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlamento andaluz.

“La ILP trata la vivienda como un bien de interés general, porque los trabajadores necesitan que se construya más vivienda, pero vivienda asequible”, subraya. El propósito es reforzar el parque de vivienda público y, sobre todo, que sea permanente. Así, se convertiría en “un contrapeso” para el mercado especulativo, señala. En consonancia, López (CCOO) va un paso más allá y acusa al PP de “no haber acompañado a la ciudadanía”: “No han existido políticas de vivienda hasta el final de la legislatura y, en esta ley, lo que se prioriza es entregar suelo a las grandes constructoras para subirnos el precio a la ciudadanía”. En aras de conformar ciudades más inclusivas, añade que la ideación de barrios “amables”, con servicios públicos cercanos y espacios verdes, se encuentran entre sus reivindicaciones.

En este caso, los que han capitaneado las protestas en las calles han sido, sobre todo, las entidades sociales. El 14 de febrero de este año fue la última vez que hubo una manifestación por la vivienda, convocada por Barrios Hartos en Sevilla, como una medida de presión y denuncia para que se alcanzara un acuerdo para las 11 familias de Palmete. Antes, el 5 de abril de 2025, las capitales andaluzas secundaron la movilización nacional por el derecho a la vivienda y la subida imparable de los precios, tanto del alquiler como de la compra-venta de inmuebles.

Educación: la escasez de FP y las infraestructuras

La educación también ha dado quebraderos de cabeza en el mandato de la mayoría absoluta. Tras las huelgas, la Consejería de Educación, liderada por María del Carmen Castillo, se sentó a afirmar el tercer logro sindical: el Acuerdo para la Mejora del Sistema Educativo, en julio de 2025 y firmado por ANPE, CSIF y UGT. Apuntan a varias mejoras logradas: la bajada de ratio, que se sitúa en un principio para 22 alumnos en educación infantil, el refuerzo de plantillas, permisos de conciliación, acceso a cátedras, la simplificación burocrática o la implantación del teletrabajo. Además, mencionan dos hitos: la equiparación salarial para que los docentes dejen de ser de los peor pagados en el país y el reconocimiento a la autoridad del profesorado como herramienta para respaldar su labor.

Todavía quedan deberes pendientes: la atención a la diversidad y la Formación Profesional. El descenso demográfico ha propiciado la eliminación de un total de 2.758 líneas (clases), una cuestión que Susana Cueto, responsable de Acción Sindical de ANPE Andalucía, ve como una oportunidad: “La bajada de ratios es un colchón que permite compensar la pérdida de unidades”. Junto a la reestructuración de las aulas, demanda más profesionales de audición y lenguaje, al igual que llegar al ratio de 1 orientador por cada 250 estudiantes, tal y como establece la Unesco, para lograr una escuela inclusiva. “El profesorado está desbordado con todas estas cuestiones”, asevera.

En cuanto a la FP, Girela (CSIF) advierte que la oferta de la pública “es muy limitada” en función de la demanda y hay un número insuficiente de empresas para complementar el itinerario de la DUAL, mientras que se encuentran con “una proliferación de las empresas privadas para darla”. En un informe realizado por CCOO se estima que la FP privada ha crecido un 66% frente al 29% de la pública hasta el curso 2024-2025, concentrando tres de cada diez alumnos, y aunque la Junta asevera que evoluciona la creación de plazas públicas, no desglosa el crecimiento de la oferta privada desde 2018. Además, la modalidad de grado básico dirigida a alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) variará para el curso próximo, con su eliminación en al menos 33 institutos andaluces a raíz de una reordenación porque, justifica el Ejecutivo, un 50% de los estudiantes no ha promocionado ni superado el currículo.

Al respecto, Cueto (ANPE) afirma que estarán vigilantes, ya que el cambio del alumnado de una FP básica a una ordinaria o a un programa de transición a la vida adulta (PTVAL) supondría una dificultad añadida. “Nos preocupa con qué apoyos y recursos van a contar los centros a partir de septiembre”, lo que ha provocado la movilización de las familias a las puertas de la campaña electoral en un intento por hacer que la Junta eche marcha atrás.

Otro aspecto sobre el que incide Fran Fernández, portavoz del sindicato USTEA, son las infraestructuras escolares. “El presupuesto en Educación sube, aunque sea más bien para la concertada, pero las infraestructuras están a la cola de los planes”. Por ejemplo, la ley para la mejora de las condiciones térmidas de las aulas, aprobada en 2020, “solo se ha desarrollado un 8%”. Los veranos asfixiantes e inviernos gélidos, fruto del contraste acusado que provoca la crisis climática, es un factor más dentro de “la dejadez” en el mantenimiento de edificios que llevan décadas, subraya, donde la colaboración con los ayuntamientos es imprescindible. “Necesitamos mejoras técnicas y climáticas para dar una educación pública de calidad”, remarca.

Dependencia: las listas de espera

En materia de dependencia aún no se ha alcanzado ningún gran acuerdo en el sector, pese a las medidas impulsadas por la Consejería de Loles López. Ante una población más envejecida y vulnerable, la reforma de la ley de dependencia de 2006 parece un paso ineludible. A las puertas del Palacio de San Telmo, la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT y CCOO exigieron este mismo miércoles una respuesta “urgente” a la Junta a la luz de los informes: hay 40.092 personas en lista de espera, un leve decrecimiento en comparación al año anterior, según el Observatorio de la Dependencia, pero hay más de 25.000 personas tienen reconocida su situación sin haber sido atendidas. Además, 6.995 personas murieron sin recibir atención y la resolución de expedientes llega a tardar 470 días, casi tres veces por encima de los 180 días estipulados por ley.

“Las listas siguen aumentando, lo que dificulta el día a día de muchas familias, especialmente a las mujeres, que tienen que cogerse excedencias o dejar su trabajo para los cuidados, o que se gastan el dinero en pagar una residencia hasta que les llegue las ayudas porque no pueden disfrutar de ese derecho”, indica Nuria López (CCOO). En este sentido, Óskar Martín (UGT) tacha de “inadmisible” las condiciones en las que se da la tramitación para el reconocimiento. “La dependencia exige también medidas de mejora para los usuarios del sistema y de los trabajadores, ya que no es de recibo el maltrato que reciben unos y otros por los retrasos continuos y las malas condiciones laborales”, acusa, instando a que haya un diálogo permanente porque la sanidad y la dependencia “son dos pilares básicos”.

La función pública y los vaticinios para el nuevo curso

De cara a los comicios andaluces, las fuerzas sindicales claman por un refuerzo del sistema, habiendo recursos económicos que pueden lograrlo. “La petición que le hacemos a todos los partidos políticos es un compromiso firme con el refuerzo de la sanidad, la educación, la justicia y la mejora de las condiciones laborales de sus profesionales. Hay que cuidar y blindar los servicios públicos, y le exigiremos que cumplan con valentía, recursos y financiación”, reclama Girela (CSIF). Todos los sindicatos consultados defienden su independencia y no secundan a ningún partido político en concreto, pero expresan se mostrarán críticos con las propuestas hechas por cada grupo y negociarán con quien dirija el próximo ejecutivo autonómico.

Entre las tareas pendientes, queda la devolución por parte de la comunidad de las pagas extras que se detrajeron en los años 2013 y 2014 a los empleados públicos, ya que, la Junta de Andalucía tiene “el triste honor” de ser la única que no lo ha finiquitado. Con relación al funcionariado, está el último gran pacto del Gobierno andaluz: el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público, sellado con CSIF, UGT y CCOO, el cual afecta a casi unos 80.000 empleados del sector público andaluz y que tiene una vigencia por un periodo de cinco años. La formación continua, la estabilidad laboral y la transformación digital son las señas de un pacto que supone “la transformación” de la administración pública, apuntan desde UGT, e instan a no abandonarlo.

Horas después del 1 de mayo, los sindicatos recuerdan que los esfuerzos por mejorar la calidad laboral de los trabajadores y, en suma, de la sociedad, se hace cada día y se lleva a las calles con protestas y manifestaciones que obligan a la administración a rendir cuentas sobre sus actos y cumplir con sus obligaciones. Aunque echan en falta un mayor respaldo, con más gente fuera clamando por sus derechos, todos ellos aseguran que proseguirán en la lucha, más o menos unidos, y siempre vigilantes con lo que ocurra en la próxima legislatura en Andalucía.

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juan Manuel Moreno, ha aprovechado este viernes la celebración del 1 de mayo, día de los trabajadores, para anunciar que si mantiene el gobierno creará una consejería de Inteligencia Artificial. En un acto con empresarios en Sevilla en el primer día de la campaña andaluza, Moreno ha asegurado que ese impulso a la inteligencia artificial “no va a destruir empleo” sino que es un asunto “complementario” del ámbito laboral.

Coincidiendo además con su cumpleaños, el candidato del PP ha lanzado una “felicitación a todos los trabajadores de Andalucía”, pero también ha querido “reivindicar el importante papel que tiene la empresa”. “Ambos mundos no son antagónicos, son complementarios y fusionados. Hay que desmitificar muchos de esos muros que se nos colocan en la sociedad entre unos y otros”, ha asegurado ante distintos emprendedores y directores de algunas de las principales empresas andaluzas.

“Todos somos conscientes de que Andalucía por razones económicas, ambientales es una tierra muy especial, de acogida, paciente e innovadora”, ha añadido, para defender que además “sus gentes y territorios tienen enormes posibilidades”.

Según ha dicho, su gobierno ha demostrado que los andaluces tienen su “propio camino” y que en la comunidad que preside hay un buen “nivel de convivencia” y con una menor “confrontación política” que otros territorios. No obstante, ha pedido el voto al considerar que Andalucía necesita tener “estabilidad política, institucional y seguridad jurídica”. Moreno ha planteado la necesidad de “crear marcos fiscales más flexibles” y ha propuesto nuevas bajadas de impuestos. “Reivindico que el conjunto de España tiene que hacer un parón y reflexionar sobre el modelo fiscal que quiere tener”, ha dicho.

“Andalucía es el mejor sitio del mundo para vivir por su clima, actitud y cultura, pero no solo puede ser eso. Tiene que ser un lugar para trabajar y emprender”, ha señalado el aún presidente de la Junta, antes de reivindicar la “Marca Andalucía”. “Tenemos que cuidar y no tirar por tierra muchas de las potencialidades”, ha añadido. 

La Fortaleza de la Mota, a 1.033 metros sobre el nivel del mar, está situada concretamente en Alcalá la Real, provincia de Jaén, y su posición geográfica no fue producto del azar, sino de una necesidad estratégica vital. Este enclave servía como el punto medio ideal entre dos de los mayores tesoros del mundo islámico: la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba. Durante siglos, esta ciudad amurallada fue reconocida como la “llave, guarda y defendimiento” de los Reinos de Castilla. Su silueta domina un mar de olivos, atrayendo a curiosos viajeros que buscan comprender el pasado fronterizo de la península. 

Desde sus torres, los gobernadores controlaban el paso entre las provincias andaluzas, vigilando rutas comerciales y militares cruciales. Hoy en día, su perfil sigue ejerciendo un poder de atracción irresistible para cualquier visitante. Es un monumento donde lo militar se funde con lo cotidiano en un abrazo histórico inigualable. La historia de este recinto es una crónica de la frontera entre dos mundos, el cristiano y el musulmán, durante la Edad Media. Conocida en las fuentes árabes como Qal´at Yahsub o Qal´at Sa´id, la fortaleza vivió periodos de inmenso prestigio cultural y político. Bajo el dominio de los ziríes de Granada y posteriormente de los nazaríes, el complejo se transformó en una estructura inexpugnable. 

Fue el rey Alfonso XI quien, tras un asedio de ocho meses en 1341, logró conquistarla definitivamente para la corona castellana. A partir de ese momento, Alcalá la Real se consolidó como la última frontera de Al-Andalus durante 150 años. El trazado urbano actual todavía conserva las huellas de esta convivencia accidentada, mostrando restos de calles y casas de varios siglos. La mezcla de estilos arquitectónicos en sus muros refleja el paso de diferentes dinastías y poderes dominantes. 

Uno de los secretos más fascinantes que guarda el cerro de la Mota es su intrincada red de pasajes subterráneos. Este sistema, denominado la Ciudad Oculta, permitía la comunicación secreta y el abastecimiento en tiempos de guerra. Entre estas galerías destaca el camino hacia la mina de agua musulmana conocida como el Pozo de la Conquista. Los cristianos utilizaron contraminas estratégicas para alcanzar los suministros de agua y debilitar la resistencia de los defensores. A través de más de 120 metros de recorrido subterráneo, era posible conectar el arrabal con la zona alta. Estos túneles, excavados en la roca blanda del cerro, servían como rascainfiernos para acceder a puntos vitales. Actualmente, recorrer estas galerías permite al visitante experimentar la claustrofobia y el ingenio de los asedios medievales. 

La defensa de la ciudad se articulaba mediante un perímetro amurallado extenso, uno de los más grandes de Andalucía. Contaba con tres líneas sucesivas de murallas y hasta siete puertas de acceso para controlar el tráfico. Entre ellas, la Puerta de la Imagen destaca por ser la más soberbia, con sus arcos de herradura y medio punto. Otras entradas, como la Puerta de las Lanzas o la del Peso de la Harina, cumplían funciones militares y comerciales. En la parte más elevada se sitúa la Alcazaba, el último bastión defensivo de la ciudadela amurallada. Este recinto militar cuenta con la imponente Torre del Homenaje, que alcanza los 20 metros de altura. El diseño de entrada en doble recodo de esta torre dificultaba cualquier intento de asalto directo. Desde su terraza se divisan las atalayas que servían para enviar señales de humo en caso de peligro.

Más allá de su función militar, el interior de la fortaleza albergaba una ciudad vibrante con una trama urbana compleja. Los arqueólogos han sacado a la luz viviendas, talleres, bodegas y plazas que muestran la vida cotidiana. Existía una zona comercial donde se ubicaban las carnicerías y se controlaba el peso de productos básicos. La producción de vino era fundamental, como lo demuestran los numerosos lagares y tinajas encontrados en las casas. Las familias nobles construyeron palacios con amplios patios durante el periodo en que la ciudad fue próspera. Incluso se conserva un nevero subterráneo, una enorme cavidad para almacenar nieve con fines medicinales, ya que permitía conservar alimentos y bajar la fiebre de los enfermos en épocas de calor. 

El centro espiritual y administrativo de la ciudad sufrió transformaciones radicales según quién ostentara el mando. La iglesia Mayor Abacial es el edificio más imponente, construida sobre los cimientos de la antigua mezquita aljama. Este templo renacentista combina fases góticas, manieristas y platerescas en una arquitectura de gran solidez. Cerca de ella se encontraba el Palacio de los Banu Said y, más tarde, el Palacio Abacial barroco. El cementerio de la ciudad también ocupó espacios dentro de la iglesia y la alcazaba en siglos posteriores. 

Aljibes, nevero y atalayas

La supervivencia en este “puerto seco” dependía de un control exhaustivo de los recursos naturales y el agua. Numerosos aljibes, tanto excavados en la roca como construidos de obra, garantizaban el abastecimiento durante asedios. Algunos de estos depósitos terminaron convirtiéndose en osarios o vertederos tras perder su función original. La gestión de la nieve en el nevero permitía incluso el enfriamiento de bebidas para las clases privilegiadas. El sistema de vigilancia se completaba con un cinturón de atalayas estratégicamente situadas en los cerros circundantes. Estas torres se comunicaban mediante señales de humo y banderas, logrando una alerta casi instantánea. 

Tras la conquista de Granada en 1492, la fortaleza fue perdiendo su valor estratégico y su población descendió. En el siglo XIX, la invasión napoleónica dejó cicatrices profundas, con la destrucción de murallas e incendios. Sin embargo, los recientes trabajos de conservación y restauración han devuelto el esplendor a este conjunto monumental. La Fortaleza de la Mota no es solo un castillo, sino una ventana abierta al pasado de Andalucía. Su reconocimiento como Bien de Interés Cultural asegura que su legado perdurará para futuras generaciones de viajeros. 

El día llegó, Por Andalucía se lanza a las calles para pedir el voto de cara a las elecciones del 17 de mayo con miles de voluntarios repartidos por las ocho provincias bajo el mantra pueblo a pueblo, puerta a puerta, y Antonio Maíllo no quiere menos que ser presidente del próximo gobierno andaluz. No se resigna a estar a la izquierda del PSOE o hacer coalición con Adelante Andalucía, ni aguantar en la bancada de la oposición otra legislatura del PP, sino que, confiado y exultante, lanzó el siguiente mensaje: “Me siento presidente de la Junta de Andalucía si se me da el apoyo popular, no me voy a poner límites, vamos a ser la sorpresa”. El objetivo final es repetir y mejorar “otro julio de 2023”.

La confluencia de los siete partidos de izquierda presentó a su candidato en la Alameda de Hercúles, en el corazón de Sevilla, con la invitación a “cambiar el guion” y el rumbo de los ocho últimos años para que la izquierda vuelva al poder. Al contrincante popular, Juanma Moreno, le criticó con dureza el intento por desvincularse de Vox tras haber pactado con la formación de ultraderecha y haber cedido a los compromisos que imponía, como la “bajada masiva de impuestos a los súper ricos”, al igual que “la privatización de los servicios públicos” y “dar barra libre a los fondos de inversión, que tensionan la vivienda y se quedan con la tierra fértil andaluza para instalaciones fotovoltaicas”. Una serie de críticas para las que advierte que no le temblará el pulso a la hora de “revertir” las actuaciones del PP y gobernar para “la mayoría social”.

Con especial énfasis en la dependencia, Maíllo reivindicó el espíritu andalucista ante los asistentes y sacó pecho de la experiencia de 1.000 concejales repartidos en las gobiernos municipales. Acompañado por Ana Aranda, coordinadora provincial de IU Sevilla, junto a Alejandra Durán y Francisco Martínez, los dos siguientes miembros en la cadidatura de Por Andalucía, también invitó al escenario improvisado a dos trabajadoras del servicio de dependencia, Raquel y Lorena. “No tenemos las ayudas técnicas necesarias ni se valoran los domicilios, cargamos como mulas y se utiliza a las personas dependientes como euros y a nosotras como números”, resaltaron.

“¡Vamos con Maíllo!”

La dependencia significa vulnerabilidad, atención, el cuidado esencial, subrayaron, y puede afectar a cualquier persona en el momento más inesperado de su vida. “Luchamos porque nuestros servicios sean 100% gestionados por los servicios sociales, pero hoy están externalizados en empresas privadas sanguinarias”. Al respecto, Maíllo avanzó que es inviable que se superen los 180 días de espera para la resolución en dependencia y alentó a que “sí se puede” cumplir con los plazos marcados por la ley.

Otro dardo que lanzó al del PP fue relativo a la bonanza económica: “El debate no es si hay dinero o no para financiar los servicios o las políticas de vivienda, el debate está en dónde se pone el dinero”. Las promesas que lanza el candidato son ambiciosas, como robustecer la sanidad para la implentación de un servicio en 48 horas para la atención primaria o que den los recursos necesarios para que no haya otra crisis de cribado de cáncer “o de cualquier otra enfermedad, la vida va en esto”, al igual que aplicar la ley de vivienda y declarar 333 municipios andaluces como zonas tensionadas o garantizar la educación pública. “Queremos un gobierno libre de corrupción, porque es la única manera de dignificar Andalucía”, aseveró.

Alternativa al PSOE

El público de Maíllo se reparte entre distintas generaciones. Más mayores, más jóvenes, mediana edad, la franja de edad se amplifica y los gritos de “¡Illo, illo, illo, vamos con Maíllo!” acompañaron los aplausos de un final en el que se pidió el voto tanto para los que confiaron por primera vez en la confluencia del año 2022 y a quienes dudan de la consecución de las políticas del PP andaluz. Incluso, de la figura de María Jesús Montero liderando al PSOE en esta nueva etapa en la que ni los barómetros del CIS ni la macroencuesta del Centra dan la victoria a la ex vicepresidenta del Gobierno de coalición e, incluso, la colocan en valoración como candidata por debajo de Moreno.

La coalición de Por Andalucía, formada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde y Alianza Verde, se logró in extremis el Jueves Santo. Un toma y daca con Podemos que, finalmente, ha dado la siguiente confección de las cabezas de lista por provincias: María Jesús Amate (Almería); Esperanza Gómez (Cádiz); Rosa Rodríguez (Córdoba); José Antonio Jiménez (Huelva); Ernesto Alba (Málaga); Rafael Sánchez (Granada); y Loli Montávez (Jaén). El programa electoral ejemplifica las políticas que quiere llevar a cabo en 25 claves repartidas en seis áreas estratégicas: sanidad, vivienda, educación, dependencia y servicios sociales, así como economía, sistema productivo y financiación, y medioambiente y derechos sociales. Una batería en contra del “desmantelamiento y la privatización de todos los servicios públicos”.

A la espera de lo que decidan los andaluces, el CIS lanzó una última encuesta sobre los comicios en los que prevé el sorpasso de Adelante Andalucía a la formación de Maíllo, a la que superaría en número de escaños con un José Ignacio García al frente. Un escenario que no contemplan los integrantes de la coalición de izquierdas, que no mencionaron en el arranque de campaña a sus oponentes y tampoco la posibilidad de un pacto que les dé alguna opción de gobierno. Se ven suficientes para ganar, y así seguirá siendo los próximos 15 días de campaña.

Tras las manifestaciones del miércoles por los tiempos de espera en la dependencia y en defensa de universidad pública, este jueves se ha sumado la de las familias NEAE de Andalucía. Bajo el lema “Porque la inclusión es un derecho, no un privilegio” y ante la posible desaparición de la Formación Profesional de grado básico dirigida a alumnado con necesidades educativas especiales, las familias NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) han convocado este jueves en Sevilla una concentración en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. En ella, las familias y docentes han reclamado medidas adecuadas para atender las necesidades educativas de estos jóvenes. 

Al grito de “¡No son números, son nuestros hijos!”, más de un centenar de personas de varias provincias, llegadas en autobuses, han pedido medidas que protejan a los jóvenes con necesidades educativas especiales. Entre estas, se encuentran dotar de recursos suficientes en las aulas, la formación adecuada para el personal educativo, apoyos reales y personalizados, el cumplimiento efectivo de la inclusión y una educación digna en todas las etapas.

“Falta de todo”

“No hay recursos, dicen que hay, pero no los hay”, afirma entre lágrimas Cristina, madre de Álvaro, alumno con asperger y TDA. Ante la falta de maestros de pedagogía terapéutica (PT), su hijo pasa la mayoría del tiempo en clase con profesores “que no saben lo que tienen, porque no son médicos” y lo tratan como un alumno de “mal comportamiento”. Además, alega que el PT solo ve a su hijo dos veces a la semana, y una de ellas dentro del aula.

José Antonio, padre de una niña con parálisis cerebral, que actualmente se encuentra en un colegio de educación especial, asegura que en estos centros “siguen faltando recursos”. Sin embargo, asegura que durante el paso de su hija por un centro público tenían que estar constantemente “peleando con la directora” porque empezaba el curso sin los profesores especializados. Además, ha aclarado que “sigue faltando de todo” y como solución aboga por “la creación de más centros públicos”. 

La movilización no ha pasado inadvertida para el primer partido de la oposición en el arco parlamentario. En palabras de Ángeles Férriz, representante del PSOE, presente en la cita, “más que un Gobierno, Moreno ha sido una empresa de demolición de lo público”, a lo que ha añadido que “de vez en cuando se disfraza de buena persona, pero detrás lo que hay es la insensibilidad e inhumanidad de alguien que está destrozando lo que nos hace iguales a todos”. También ha acompañado a las familias el candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo.

Soluciones que no convencen

Un poco de contexto al asunto. En 2024, la entonces consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo (hoy titular de Cultura), anunció a bombo y platillo la puesta en marcha de 61 grados básicos de Formación Profesional (la mayoría concentrados en las provincias de Sevilla y Málaga) para que “los estudiantes más vulnerables titulen”. Ahora, la Junta plantea una reordenación de esta oferta, alegando que en torno al 50% de esos alumnos no ha promocionado ni superado el currículo. 

Este periódico ya informó de que al menos 33 institutos andaluces -más de la mitad de los que ofertan estos estudios- han recibido comunicación oficial de la Junta sobre la extinción de esta modalidad, lo que apunta a un recorte significativo en el número de ciclos específicos a partir del próximo curso 2026-27. Actualmente, estás FP hacen de enlace entre el mundo educativo y el laboral para las personas con necesidades educativas especiales. 

Entre las opciones que se barajan, la Junta plantea derivar a este alumnado a programas de transición para la vida adulta (PTVAL) –centrado en la autonomía personal del alumno y no orientado a la inserción laboral– o la creación de un Grado Básico Ordinario en institutos que no lo tenían en su oferta. Sin embargo, esto no convence ni a familias ni a docentes que alegan “nuestro alumnado tiene unas características que si los mezclas con alumnos con comportamientos disruptivos, alumnos con riesgo de abandono, alumnos con problemas de convivencia, etc. y le subes la ratio en una FP Básico Ordinario con 20 alumnos sería una bomba de relojería”, aclara una docente anónima de un instituto sevillano. Además, añade que “eso no es inclusión, es mezclar agua con aceite”.