Unidad en la Diputación de València para tumbar las medidas xenófobas de Vox. Todos los partidos de la izquierda, los municipalistas de Ens Uneix y el PP han rechazado la moción que el grupo ultra presentaba este martes en el pleno, en línea con su estrategia de “prioridad nacional” en las ayudas sociales.

Los populares de Vicent Mompó han presentado una enmienda al texto ultra, para sustituir la “prioridad nacional” por una demostración de “arraigo” para no vincularlas exclusivamente al nacimiento, pero no ha contado con ningún apoyo. Finalmente, los diputados del PP han votado en contra, junto con PSPV, Compromís y Ens Uneix.

La vicepresidenta de la institución, Reme Mazzolari, ha defendido que se está “hablando de arraigo real, de contribución” y que estas dos cuestiones “tengan peso a la hora de otorgar viviendas o ayudas estructurales a quien lo necesite”. “No es una cuestión de origen”, ha continuado, además de exponer que el PP defiende “la inmigración legal, ordenada y vinculada a las necesidades del mercado laboral” y dice “no a regularizaciones masivas, remigraciones masivas y a soluciones que vulneren la Constitución”.

La número 3 de la Corporacíon, Natalia Enguix, representante de Ens Uneix, ha subrayado en un comunicado que su formación “votará en contra de cualquier propuesta política que perjudico la población inmigrante”. Enguix ha defendido el acceso universal de la ciudadanía a los pilares básicos del bienestar social, argumentando que “todas las personas tenemos derecho a los servicios públicos, a los servicios sociales, a la vivienda, en la educación o a la sanidad”. La portavoz ha incidido que “nadie es más que otro. Todas las personas somos iguales y por eso defenderemos la igualdad de todas las personas que viven en nuestro país”.

Los partidos de la izquierda han sido mucho más severos. El diputado del PSPV Vicent Mascarell denunciaba: “No estamos hablando de prioridad, estamos hablando de segregación, de inhumanidad y de racismo”, mientras la diputada de Compromís Dolors Gimeno ha señalado la “xenofobia con sello institucional”, de “racismo de pulserita” y de “un discurso peligrosísimo” y ha criticado que se pretenda “engañar” a la gente no señalando “la falta de inversión en los servicios públicos” y “la mala gestión” sino apuntando a “quien es diferente y pobre”.

El texto de Vox, siguiendo su línea argumental, vinculaba la inmigración al colapso de los servicios públicos y a la delincuencia. También aseguraba que la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno de España era una medida electoralista cuya finalidad sería obtener votos para la izquierda en las próximas elecciones. Vox planteaba en su moción que la corporación provincial instara al Gobierno central a “repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal” en España, y aseguraban sus diputados: Las políticas de “fronteras abiertas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez están provocando el colapso de los servicios públicos, el deterioro de la seguridad ciudadana y una creciente presión sobre la vivienda y los recursos sociales”. Una afirmación que nadie ha apoyado.

La ultraderecha ya trató de presentar una medida contra el burka hace unas semanas, pero se topó con el rechazo de los responsables jurídicos de la Cámara, que consideraron su planteamiento irregular. Vox quiso prohibir el acceso a las dependencias de la institución provincial de personas “con prendas que oculten total o parcialmente el rostro”, por el secretario de la Corporación apuntó en un informe que la medida supondría una “limitación del ejercicio de un derecho fundamental” disconforme con el ordenamiento jurídico español, a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo de 2013.

Tras la rectificación y una autoenmienda, el grupo ultra volvió a llevar la medida al pleno de abril, donde sí obtuvo el apoyo del PP y la abstención de Ens Uneix.

El Gobierno de Navarra, a instancias de la Dirección General de Políticas Migratorias, ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la convocatoria de ayudas por nacimiento del Ayuntamiento de Valtierra, gobernado por UPN, para este año 2026 por considerar que sus bases conllevan la vulneración del principio fundamental de igualdad y no discriminación al exigir un mínimo de 20 años de padrón para acceder a la ayuda. 

Se trata de la misma convocatoria de ayudas cuya legalidad ya fue cuestionada el año pasado por el Consejo de Navarra- el máximo órgano consultivo de la comunidad foral- por ser discriminatoria. El alcalde del municipio, el regionalista Manuel Resa Conde, ya ha sido llevado a la Fiscalía por unas declaraciones en las que se opuso a la acogida de los menores migrantes no acompañados y en las que instaba, entre otras cosas, a ir “a degüello” contra ellos.

La vicepresidenta tercera y Consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha calificado esta convocatoria como “un claro ejemplo de políticas con un marcado carácter racista, supremacista y xenófobo que vulneran los más elementales principios fundamentales, ejerciendo un evidente trato discriminatorio a una parte importante de la población de Valtierra. Ante ello – ha explicado la vicepresidenta-, el Gobierno de Navarra seguirá utilizado todos los medios a su alcance para evitar que se genera una ciudadanía de primera y otra de segunda, ahondando en las desigualdades existentes. 

La convocatoria, publicitada en el Boletín Oficial de Navarra (BON) el 9 de abril de 2026, establece entre sus requisitos que al menos uno de los progenitores deberá estar empadronado en Valtierra de forma ininterrumpida durante los 20 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la ayuda de nacimiento. Además, se solicita que los menores permanezcan empadronados durante 20 años ininterrumpidos en la localidad.

La convocatoria de ayudas por nacimiento del Ayuntamiento de Valtierra para este año 2026 tiene similares características a la aprobada para el año anterior, y sobre la cual el Consejo de Navarra, a instancia del Gobierno de Navarra, emitió un dictamen que cuestionaba la adecuación de dicha convocatoria al ordenamiento jurídico. 

Desde la Dirección General de Políticas Migratorias se considera que los requisitos, analizados conjuntamente, pueden generar efectos excluyentes sobre determinados colectivos, en particular personas de origen migrante o con menor arraigo temporal en el municipio, a pesar de que tengan su residencia habitual en él.

El franquismo daba sus últimos coletazos cuando los padres de Niserine Chelbat, dedicados al turismo en Marruecos, se asentaron en la Costa del Sol. Rondaban los 70, España había empezado a abrirse al exterior tras décadas de aislamiento y los españoles observaban con fascinación la llegada de miles de extranjeros atraídos bajo la promesa de “sol y playa”. Las fronteras empezaban a abrirse, pero apenas llegaban inmigrantes, el país aún no era atractivo para ellos y la diversidad brillaba por su ausencia. 

“Siempre digo orgullosa que soy hija de la democracia española porque nací en el 78”, dice. Nacida y criada en Torremolinos de padres marroquíes, Chelbat ha sido testigo de la transformación demográfica vivida en España desde el inicio de la democracia. En los 80 y primeros 90, era la única alumna de ascendencia magrebí en su clase. “Aunque en la Costa del Sol el ambiente era más internacional, los extranjeros eran ingleses, suecos, alemanes, pero no conocía a nadie de origen magrebí. Todo mi círculo era español”, recuerda la malagueña. Apenas dos décadas más tarde, su sobrina cotidianamente estudia rodeada de compañeros de distintos rasgos y procedencias. 

Por entonces, cuando Chelbat era una cría, el número de niños nacidos de una madre extranjera no alcanzaba el 1%, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). Durante la democracia, el porcentaje ha ascendido al 31%, señala la misma fuente. Un estudio demográfico de la Fundación Funcas, que cruza los números de la Encuesta de Población Activa y el padrón, ha arrojado recientemente un dato aún más revelador para evidenciar el profundo cambio experimentado por la sociedad española en las últimas décadas: casi 4 de cada 10 menores de cinco años residentes en España tienen al menos un progenitor extranjero. La diversidad en la procedencia familiar es ya habitual en las nuevas generaciones. 

La llegada de extranjeros a España comenzó a aumentar de manera paulatina tras el inicio de la democracia, después de la entrada del país en la Comunidad Económica Europea en 1986 y especialmente a partir de la década de los 90. Si en 1985 estaban registrados 242.000 ciudadanos extranjeros, la cifra superaba los 600.000 inmigrantes empadronados en 1998. Pero el ritmo del incremento se aceleró en los primeros años del siglo XXI, coincidiendo con el crecimiento económico, el cambio de la peseta al euro y la demanda de mano de obra extranjera durante la llamada “burbuja inmobiliaria”. El volumen de población inmigrante pasó de representar un 2,6% en los 2000 al conformar un 11% en 2008, alcanzando entonces la cifra de cinco millones de ciudadanos extranjeros. 

La mayoría de quienes se asentaron en suelo español en aquellos años procedían de Rumanía, Marruecos y Ecuador. “Hasta la entrada en la comunidad europea, no se consideraba a España un país interesante para la inmigración. Incluso para quienes cruzaban sus fronteras, era solo un país de tránsito para luego ir al resto de Europa”, explica el historiador Antumi Tosaijé. Uno de los condicionantes más evidentes para el boom posterior, añade el experto, fue la entrada de España en el euro. “Son lógicas laborales. La UE demandaba trabajadores, y los inmigrantes van allá donde saben que necesitan mano de obra y donde la moneda es fuerte, para que compense con el cambio de divisas”. 

El boom de los 2000

Atraída por esa demanda de mano de obra y empujada por la crisis financiera en su país, Pilar Moyolema llegó a Madrid desde Ecuador con sus dos hijos en 2002. Forma parte de aquel “boom migratorio” que ha acabado siendo crucial para explicar la diversidad demográfica actual. Su entonces marido ya se había trasladado a Madrid en los 90 y, como hicieron muchos, la ecuatoriana utilizó la vía que siguen empleando decenas de miles de latinoamericanos para migrar a España: viajar con un visado de turista y permanecer una época sin papeles hasta conseguir regularizar su situación. Desde su llegada, nunca paró de trabajar: cuidó a jornada completa de los hijos de un militar. “Aunque solo cotizaba por media jornada y eso me perjudicó”. Luego, trabajó en los servicios de limpieza de una empresa para después estar empleada en la casa de la misma señora por la que continúa madrugando cada mañana. 

En España viven 9,38 millones de personas nacidas en el extranjero. La población migrante aporta el 10% de ingresos a la Seguridad Social y representa el 1% del gasto

“Me dediqué a buscar trabajo. Dando gracias a Dios, a mí me ha ido muy bien”, resume la ecuatoriana. “No he sentido humillación, como sí le ha pasado a otras compañeras. Tampoco he sentido que me han apoyado, pero si uno trabaja y sale adelante por sí mismo, no necesitamos que nos ayuden otras personas, porque nos valemos por nosotros mismos. Y eso es lo que les he inculcado también a mis hijos”, añade Moyolema. 

Desde el boom migratorio de los 2000, no se ha producido un pico tan pronunciado de la población extranjera en España. Durante la crisis económica (2008-2014), cayó el número de ciudadanos inmigrantes y el flujo migratorio se invirtió: mientras regresaron a sus países muchos de quienes habían migrado en esos primeros años del nuevo siglo y apenas llegaban nuevos inmigrantes, los españoles fueron quienes empezaron a marcharse al extranjero en busca de oportunidades laborales. 

La tendencia decreciente de extranjeros residentes se mantuvo hasta el 2017. A partir de ese momento, la población inmigrante volvió a crecer año a año, excepto durante el parón producido en la pandemia, pero el ritmo de crecimiento no ha superado los niveles de la primera década de siglo. Y, si antes la mayoría de recién llegados eran ecuatorianos y rumanos, ahora vienen más venezolanos y colombianos, además de la habitual migración procedente de Marruecos. Actualmente, viven en España 9,38 millones de personas nacidas en el extranjero que constituyen el 19,1% de la población total, según datos de principios de 2025. De ellos, más de dos millones de personas tienen la nacionalidad española. 

Si le preguntan a Pilar si se siente española, ella sonríe con cierto rubor y niega con la cabeza. Ha vivido en España casi 25 años, tiene la nacionalidad desde hace décadas, aquí ha criado a sus hijos y empieza a ver dar sus primeros pasos a su nieta, pero Ecuador siempre será el hogar al que quiere regresar. Durante años se quedó por sus hijos, pero ya como adultos, no son ellos quienes la aferran a Madrid. Ahora tiene otro “nudo”, como ella lo describe, que la ata y le impide regresar a su país: la señora española a la que cuida desde hace más de una década. No es el dinero, sino el vínculo construido durante los años en que la ha acompañado. No se va a ir, dice, mientras ella la necesite.

Habla de la anciana como si de su madre se tratase. Su compromiso ha dejado de tener una motivación solo económica: la siente como un familiar y no es capaz de volver a Ecuador porque sabe lo importante que su compañía se ha convertido para la mujer para la que ha trabajado, primero por horas en tareas de limpieza, después como interna para encargarse de su cuidado a tiempo completo y, ahora, ya en una residencia, la acompaña cada mañana, incluidos fines de semana, porque no quiere dejar de verla un solo día. “Me da mucha pena. Hay veces que la hija me insiste en que me tome algún día libre. No, le digo. Veo la necesidad que tiene de que una persona vaya, la visite y le dé un abrazo. Yo no me siento a gusto estando aquí en casa y no ir a verla”, se justifica Pilar. 

“Ganas no me faltan de irme a mi país. Pienso en volver si se me va la señora, que es la que más me ata, que ni mis hijos me atan como me ata la señora”, cuenta la mujer en la casa donde ha vivido durante dos décadas en España, una vivienda de tres habitaciones por donde han pasado varias familias de migrantes. Pilar ha vivido durante años en uno de esos cuartos junto a sus dos hijos, mientras que alquilaba el resto del espacio a otras personas para poder sufragar entre todos el coste. Solo desde hace poco puede permitirse compartir la casa únicamente con su hija Belén, su yerno y su nieta. 

Un pilar para el Estado de bienestar

Desde 2018, el aumento de la incorporación de trabajadores extranjeros en el mercado laboral se ha acelerado hasta convertirse en una de las principales piezas que, junto con el turismo y la hostelería, explican la mejoría de la economía española. En la última década, el empleo de los inmigrantes ha crecido más rápido que el de los nacionales hasta superar en 2025 por primera vez en la historia los tres millones de afiliados extranjeros, según los datos de la Seguridad Social. La presencia de su mano de obra destaca en sectores como hostelería (30%), agricultura (24%), construcción (22%) y actividades administrativas (17%). 

Según los estudios del Banco de España, la Comisión Europea y la Airef, España necesita 300.000 trabajadores migrantes al año, hasta 2050, para sostener el Estado del bienestar. Los análisis de organismos internacionales como el Banco Central Europeo, la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo Monetario Internacional han señalado el papel clave que la inmigración tiene para el crecimiento económico. Según el Ministerio de Migraciones, la población migrante aporta actualmente el 10% de ingresos a la Seguridad Social y solo representan el 1% del gasto.

Suena la cerradura de la puerta de la vivienda y entra Belén después de pasar un rato en el parque con su hija. La niña, de dos años, irrumpe en el salón con los ojos muy abiertos y uno de sus enérgicos saludos hace reír a su abuela. Si para Pilar regresar a Ecuador es uno de sus mayores anhelos, su hija asiente con seguridad cuando se le pregunta si ella piensa en quedarse. “Mi vida está aquí. He vivido la mayoría de mi vida aquí, mis amigas son de aquí. Y, ahora, ella es de aquí”, dice señalando a su pequeña, apoyada entre sus piernas. Su bebé forma parte de ese 39% de menores de cinco años con al menos un progenitor extranjero.

Según el estudio de Funcas, publicado a través de la revista académica Panorama Social, el proceso de inclusión en la sociedad de la llamada segunda generación de inmigrantes en España ha sido “en general positivo y exitoso”. El 82% de ellos se identifica como español, según sus conclusiones. No obstante, los investigadores sí advierten de “desigualdades relevantes” que afectan a las condiciones en las que crecen muchos de estos menores, especialmente aquellos cuyos padres proceden de Marruecos y el resto de países africanos. En ellos, alerta el informe, “se concentran con mayor intensidad las desventajas” en relación a la precariedad laboral de los progenitores, lo que puede llegar a tener un impacto en su desarrollo social y académico.

Un estudio del Ministerio de Igualdad en 2021, basado en dos encuestas a 1.300 personas afrodescendientes y africanas, concluyó que pese a que el 71% de los entrevistados tenían nacionalidad española, el 60% no se sentía como tal. 

En el 97, Mohamed migró a España siguiendo los pasos de su hermano. También lo hizo con un visado de turista, llegó a Huelva para visitar a su familiar y se quedó. Trabajó en el sector agrícola sin papeles durante un par de años hasta conseguir regularizarse. Dos años después, su mujer pudo unirse a él a través de la reagrupación familiar y también se dedicó durante un tiempo a la recolección de fruta en los campos andaluces. Ya en los años 2000 llegó su hija, Chaimae Kadourri. 

De la inclusión al racismo

La onubense creció, como tantos niños de la denominada “segunda generación”, entre la tradición marroquí absorbida en casa y la cultura española de la que se empapaba en el exterior. “Me siento enriquecida de crecer entre dos culturas. Hablar árabe es un privilegio y estoy orgullosa de todo lo que han hecho mis padres por nosotras”, dice la joven, trabajadora social en la Asociación Marroquí para la Integración. Kadourri cuenta que, mientras en su infancia no sufrió discriminación, en la adolescencia sí comenzó a sentirla. “Cuando eres niño, los otros niños te tratan como a una más, pero en el instituto empiezan los prejuicios. Tal vez por el desconocimiento de lo que escuchan en casa, empiezas a recibir comentarios como ‘Vete a tu país’, ‘Mora de mierda’, etc.”, lamenta Kadourri. Desconcertada, la adolescente llegó a preguntar a sus padres: “¿Es que es algo malo ser marroquí?”. Los ataques que recibía llegaron a empujarla a esconder ese lado magrebí que convive en ella, pero ahora siente orgullo y reivindica las dos culturas que conforman su identidad. 

Pese a la transformación demográfica que hubo en España, apenas se hablaba de inmigración; pero el discurso xenófobo actual de VOX puede alterar la convivencia

Uno de los factores clave para los demógrafos al estudiar las razones que pueden explicar una mayor tasa de abandono escolar en la población de origen inmigrante es una especie de crisis de la “ambición”. La ambición de los menores o adolescentes en relación a sus estudios, si aspiran a llegar a la universidad o si, por el contrario, no entra en sus objetivos. Para Kadourri, esos prejuicios sentidos en el instituto pueden marcar el futuro de muchos menores de segunda generación. “Me he criado en una cultura mixta y te hacen sentir inferior por proceder de un país concreto. Incluso los orientadores tienen prejuicios”, asegura.

Pese al rápido cambio demográfico experimentado, las investigaciones sociológicas suelen concluir que la reacción de la población española al aumento de la inmigración “no ha sido problemática” como en otros países europeos, según Héctor Cebolla, del CSIC: “Todos los estudios apuntan que España es un ejemplo porque absorbió un gran flujo de población extranjera en poco tiempo sin que se produjesen destacables problemas de convivencia”, indica el experto, que menciona los altercados de El Ejido y, recientemente, las cacerías de Torre Pacheco como algunos de los “escasos” ejemplos.

 “Eso no quiere decir que en España no haya racismo ni invalida que las personas extranjeras se sientan discriminadas en su día a día y haya que avanzar en la deconstrucción de ciertos prejuicios, pero los datos que tenemos evidencian que en España se ha vivido este proceso con más normalidad”. Aunque también advierte: “Ahora eso está cambiando”. 

Había un factor en el panorama político español al que los expertos vinculaban esa “normalidad”: “Pese a la transformación demográfica que hubo en España, apenas se hablaba casi de inmigración”, indica el investigador del CSIC, que considera que el aumento del debate en la agenda política, azuzado por la extrema derecha y respondido por los partidos progresistas, podría alterar la convivencia que hasta ahora ha caracterizado a la sociedad. 

Para el historiador Antumi Toasijé, la discriminación sufrida por la población de origen migrante, especialmente afrodescendiente, ha ido en aumento a partir de 2018. “Hay quién se ha sacudido esa idea de que ser racista es algo terrible, ahora se puede opinar de todo, se puede odiar tranquilamente y no pasa nada”, indica el expresidente del Consejo Español contra la Discriminación Racial o Étnica. “Uno de los retos fundamentales para evitarlo es la educación. Es un problema porque se ha vuelto tecnocrática. Desde Bolonia, está solo orientada al mercado laboral y el aspecto humanista ha quedado relegado. Debería ser antirracista, feminista y promotora de los derechos humanos”, sostiene este experto antirracista. 

El discurso xenófobo azuzado por la extrema derecha, a cuyos postulados se ha aproximado en los últimos años el Partido Popular, sostiene sin datos que la inmigración está amenazando una supuesta “identidad española”. Cuando Chaimae Kadourri lo escucha, resopla, y contesta con varias preguntas: “¿Qué es ser española? ¿Qué es ser marroquí? Mi nacionalidad es española, pero también me siento marroquí. No he vivido allí, pero sí he crecido en una cultura mixta”, resume la veinteañera. “Disfruto con mi vestido de flamenca en la feria y también me puedes ver en la Fiesta del Cordero con un traje típico marroquí. Religiosamente, soy musulmana. Me gusta la tortilla de patata y también el cuscús. Convive todo. No limita, enriquece”, resume la trabajadora social.

La Delegación del Gobierno en Madrid permitirá la manifestación de este viernes convocada por Falange Española bajo el lema Frente a su invasión: Remigración, y que quedará ahora limitada a la plaza de Callao y la zona peatonal de la Puerta del Sol, en lugar de llegar a las puertas de Lavapiés.

La previsión de los organizadores pasaba por iniciar la concentración igualmente en Callao pero cruzar gran parte del centro de Madrid hasta la plaza de Tirso de Molina, según el cartel de la marcha publicado por las Juventudes Falangistas en sus redes sociales. Sin embargo, fuentes de Delegación del Gobierno consultadas por Europa Press han reducido el recorrido de Callao a la Puerta del Sol, pasando por la calle Preciados.

La organización fascista buscaba con el recorrido inicial llegar hasta la parte alta de Lavapiés, un barrio del centro de Madrid con abundante presencia de inmigrantes, y había calentado la marcha con mensajes xenófobos lanzados desde redes sociales, como la publicación de una imagen en la que aparece un avión de una compañía ficticia llamada Remigration Airlines con las cuatro torres de Madrid de fondo.

La marcha, que ha sido comunicada a Delegación del Gobierno, comenzará sobre las 20.30 horas del viernes. Lo hará pese a las peticiones de organizaciones de izquierdas como el Partido Comunista de España-Madrid Centro, que exigía a la Delegación del Gobierno cancelar la manifestación.

A su entender, esta protesta viola el artículo 510 del Código Penal que regula los delitos de odio, discriminación y racismo. En una carta remitida al Delegado del Gobierno y la Junta Municipal de Distrito Centro pedían que “cese la pasividad institucional”.

“Permitir que Falange Española desfile por las calles de Madrid no es un ejercicio de tolerancia democrática, sino complicidad con el fascismo”, reza la misiva, que pide la cancelación de la manifestación también amparándose en el artículo 21.2 de la Constitución ante peligro de alteración del orden público.

Organizaciones antifascistas han convocado una concentración a las 19.30 horas en Tirso de Molina bajo el lema “Fuera racistas de nuestros barrios”, que se hubiera juntado con la marcha de Falange si hubiera mantenido su recorrido inicialmente previsto.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y la mayoría de grupos del Parlament cerraron filas este jueves con la diputada de ERC Najat Driouech después de que un diputado de Vox insinuara su deportación en pleno hemiciclo.

Illa respondió con contundencia y quiso enviar un mensaje claro desde el Govern: “Ninguna persona será expulsada del país”, aseguró en declaraciones recogidas por la agencia ACN. El president describió la intervención del diputado de Vox como una “amenaza” que, a su juicio, traspasa los límites del debate político y cuestiona derechos básicos.

La polémica estalló durante una intervención del diputado de Vox Alberto Tarradas, que se dirigió a Driouech con una frase que encendió el pleno: “No la vamos a deportar por eso, por lo menos de momento”, afirmó. La referencia a la expulsión de una diputada por su origen o religión provocó protestas inmediatas y obligó a interrumpir momentáneamente la sesión.

Más allá del choque político, la mayoría de grupos coincidieron en señalar que se había cruzado una línea roja. La defensa de Driouech no se limitó a su grupo, sino que se convirtió en una reivindicación más amplia de la mayoría de diputados.

La reacción se extendió rápidamente por el resto de la Cámara y partidos catalanes. El líder de ERC, Oriol Junqueras, elevó el tono contra la extrema derecha y replicó al diputado ultra: “A la gente como tu la juzgamos en Nuremberg”, espetó.

La Mesa del Parlament, por su parte, acordó trasladar el caso a la Comisión del Estatuto del Diputado para estudiar posibles medidas, en un intento de responder institucionalmente a lo ocurrido durante el pleno.

Horas después, Tarradas reculó de manera parcial. El diputado de Vox pidió disculpas y admitió que “personalizar había sido un error”, solicitando además que sus palabras fueran retiradas del diario de sesiones.

La Audiencia de Barcelona ha rechazado investigar como delito de odio el incendio de la mezquita de Piera de julio de 2025 y tan solo ha acordado una reapertura parcial de la causa, condicionada a que los Mossos d'Esquadra valoren si será “eficaz” obtener el listado de teléfonos móviles que pasaron por la zona la noche de los hechos.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Audiencia de Barcelona estima tan solo en parte el recurso interpuesto por la comunidad islámica de Piera, representada por el abogado Benet Salellas, contra el archivo del caso decretado por el juzgado de Igualada.

Entendía la comunidad islámica que el juzgado había investigado de forma incompleta y mínima el incendio, lo que se apartaba de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que obliga a indagar a fondo en cualquier hecho que suponga un “menosprecio, humillación o descrédito” hacia un colectivo protegido por los delitos de odio, como es el caso de una comunidad religiosa.

Es más, los denunciantes remarcaban que el incendio de la mezquita no respondió tan solo a la voluntad de provocar daños materiales, sino que representó “un ataque directo contra una comunidad religiosa para promover el odio y la violencia contra sus signos religiosos”. Por ello querían que la unidad contra los delitos de odio de los Mossos se hiciera cargo de las pesquisas.

El ataque a la mezquita, recordó en su recurso la comunidad islámica de Piera, vino precedida de una oleada de protestas racistas en el municipio contra el centro de menores y los jóvenes tutelados que alojaba, de origen migrante. “Hay suficientes indicios para determinar que el incendio contra la mezquita fue promovido por el odio contra el conjunto de la comunidad”, sostenía su abogado.

La Audiencia de Barcelona rechaza la pretensión de la comunidad islámica de Pìera, ya que, a su juicio, “en este momento no hay razón para sostener” que la unidad de la policía catalana especializada en delitos de odio “pueda ser más eficaz” en la identificación de los autores. Es decir, antes de la motivación xenófoba, a criterio de los jueces, el “objetivo inmediato” de las pesquisas debe ser encontrar a los autores del incendio, algo que no ha ocurrido nueve meses después.

Sí aceptan los magistrados, aunque no al completo, la segunda propuesta de la comunidad islámica: obtener el listado de teléfonos móviles que se encontraban en la zona cercana a la mezquita la noche de su incendio, el 12 de julio de 2025.

Antes de pedir los datos de las antenas cercanas a la mezquita a las operadoras de telefonía, la Audiencia de Barcelona solicita un informe a los Mossos sobre la “eficacia” de la medida, que solo será válida si permite “ubicar terminales móviles en el recinto del oratorio o en una zona muy próxima”. De lo contrario, se obtendrían de forma masiva números de teléfono, algo que vulneraría la intimidad de sus titulares y que los jueces reclaman evitar.

Los pactos entre PP y Vox para alcanzar el gobierno de las comunidades autónomas de Extremadura y Aragón han convertido a los inmigrantes en el chivo expiatorio a golpear con la expectativa de que sirva para captar voto en las próximas elecciones generales, y esto a pesar de que se trata de dos regiones con enormes problemas de despoblación. La ultraderecha va de cara diciendo que no quieren a los extranjeros (pobres), mientras que los populares se permiten el lujo de enredarse en las palabras con el objetivo de ocupar el poder; lo mismo que cuando critican al PSOE por pactar con Junts o Podemos. El lenguaje de estos pactos ha puesto sobre la mesa el concepto “prioridad nacional”, que va mucho más allá de medidas para regular la inmigración ilegal y entra directamente en una discriminación que es inconstitucional.

El artículo 14 de la Constitución Española dice: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, ….”. Cómo encaja en este precepto del capítulo de derechos y libertades con afirmaciones como que “el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. Esto es literal del pacto en Aragón y muy similar en Extremadura.

Estos dos partidos, que sumaron el 60% del voto en Extremadura y el 52% en Aragón, parecen no ser conscientes de la realidad de este país. España está habitada por 49,6 millones de personas, de las que 10 millones nacieron en el extranjero y, de estos, 7,2 millones tienen una nacionalidad diferente a la española. Si se atiende a la afiliación a la Seguridad Social, del total de 21,7 millones de cotizantes que había a cierre del año pasado, 18,6 millones eran españoles y tres millones extranjeros, el 14%. Si se mira en los datos de la Encuesta de Población Activa, el número de foráneos trabajando en este país es de 3,6 millones, medio millón más que los cotizantes, que son los que se supone que no están regularizados.

El planteamiento de los acuerdos firmados en Extremadura y Aragón es xenófobo, anticonstitucional y absurdo en un país que necesita a la mano de obra extranjera mucho más que a la inteligencia artificial, puesto que especialmente se emplean en labores que ni los españoles ni las máquinas quieren o pueden realizar. Los extranjeros representan ya el 28,8% de los afiliados en hostelería, el 26% en agricultura, el 23,3% en construcción y el 17,7% en transporte y actividades administrativas. Todo esto sin tener en cuenta a los que trabajan de manera irregular, que cobran en negro y no cotizan.

Si bajamos al detalle de los empleos que desempeñan, como puede observarse en el siguiente gráfico, veremos que los extranjeros son mayoría en trabajos como peón de huertas, invernaderos, viveros y jardines, donde representan el 70,7% de los ocupados, en empleo doméstico (56,6%); peones agropecuarios (55,8%); trabajadores cualificados de ovino y caprino (55,1%), o montadores e instaladores de placas solares (51%). Y hay otras muchas donde ya suponen el 40%-50%, como es el caso de los matarifes y trabajadores de industrias cárnicas (49,4%), pescadores de altura (46,7%), empleados de conserveras de frutas y hortalizas (46%), peones ganaderos (46%), repartidores y mensajeros (45%), conductores de motocicletas (43%), peones de construcción (42,5%), escayolistas (42%) o médicos de familia (41%).

Por tanto, queda claro que los extranjeros que trabajan en España realizan las labores que no quieren los españoles, que obviamente se corresponden con las más duras y peor remuneradas. El 51% de los extranjeros desempeña ocupaciones denominadas elementales, frente a un 27,8% de los españoles. Si se mira en el otro extremo, donde están los tres grupos mejor pagados (directores generales, técnicos y profesionales científicos e intelectuales y otros técnicos y profesionales de apoyo) ahí se encuentran ocupados el 21,9% de los españoles, frente al 6,9% que tiene otra nacionalidad.

Los promotores de la “prioridad nacional” (America First, que diría Donald Trump) deberían preguntarse qué piensan estas personas extranjeras que trabajan y tributan en este país cuando les dicen que si necesitan un servicio público, como la sanidad y la educación, irán siempre detrás de los que tienen nacionalidad española. El acuerdo de PP y Vox dice: “Se pondrá en marcha un plan integral de mejora del sistema sanitario de Extremadura, orientado a reforzar la calidad asistencial, reducir los tiempos de espera, optimizar los recursos disponibles y garantizar una atención accesible y de calidad para los españoles”. No se refiere a pacientes, sino a españoles. Imaginen el esperpento de un médico rumano que trabaja en el Hospital Universitario de Cáceres, que enferma y va a urgencias de su propio hospital como paciente. ¿Le van a analizar el arraigo en España antes de comprobar si tiene que esperar a que se atienda a todos los españoles?

Que este tipo de planteamientos xenófobos haya sido asumido por dos partidos con tantísimo apoyo electoral, un derecho que no tienen muchos de los afectados, es muy llamativo. Se está minusvalorando su peso en este país y es tal el desprecio con el que se les está tratando, que no sería extraño que se cansen, se unan y decidan parar este país. Nos lo merecemos.

Lo peor del debate de investidura de María Guardiola en la Asamblea de Extremadura ha sido comprobar cómo Vox ha impuesto su discurso: un discurso de odio y exclusión hacia los diferentes, hacia los de fuera. Un discurso burdo, remedo del de Trump y de sus congéneres de la internacional ultraderechista —America first / Prioridad nacional; Servicio de Control de Inmigración ICE / Unidad Administrativa de Verificación del fraude prestacional, del padrón y la residencia; Expulsión de inmigrantes / Devolución de los menas— que culmina en la miserable supresión del programa de lengua árabe y cultura marroquí que se imparte desde hace años en dos colegios públicos de Talayuela.

El discurso xenófobo y de odio de Vox —asumido por el PP en Extremadura y Aragón, y pronto en España— ya está teniendo consecuencias. “Stop a la invasión”, decía la pintada aparecida en Almendralejo en las paredes de la sede de la Fundación Ruy López, un espacio de convivencia, ayuda y aprendizaje, conocido por muchos vecinos y vecinas como un lugar de dignidad. ¿Invasión de quiénes? ¿De los centenares de rumanos —ciudadanos de la Unión Europea— que desde hace décadas viven en Almendralejo y sostienen las campañas de uva y aceituna en Tierra de Barros? ¿De las familias marroquíes asentadas desde hace años en Talayuela y Jaraíz de la Vera, gracias a las cuales se mantienen los cultivos de tabaco y pimiento en Campo Arañuelo y La Vera? ¿De las mujeres sudamericanas que cuidan y acompañan a nuestros mayores en pueblos y ciudades?

Después de reír, llorar y divertirse en el Anfiteatro Romano de Mérida —como reivindicó al salir del hemiciclo con su investidura bajo el brazo—, María Guardiola tendrá que aterrizar. Tal vez entonces reflexione sobre el “lío” (Juanma dixit) en el que se ha metido. Si no lo hace, más pronto que tarde se dará de bruces con la realidad: una realidad dura, con menos vídeos preciosos y más peleas con su socio, ese que invoca al Altísimo para decidir el diámetro de los aros y que, cuando Abascal lo ordene, devolverá a Guardiola a la casilla de la que intentó salir en octubre del año pasado.

El PP —Núñez Feijóo, Guardiola, Azcón, pronto Fernández Mañueco y seguramente Moreno Bonilla— ha claudicado y da alas a quienes no pretenden cogobernar, sino imponer una política que solo puede traer dolor y desgracias.

El odio es viscoso, como la grasa se pega a la suela de los zapatos y te impide tocar tierra, es envolvente, mancha, ensucia, se cuela por las rendijas envolviendo con su espesor hasta la pared más encalada. Y así lo vimos esta semana en la Fundación Ruy López en forma de pintada, “STOP INVASIÓN”, con tilde incluida porque quienes se atrevieron a tremendo atentado eran xenófobos pero atildados, con la gramática en una mano y el espray en la otra escribieron y escupieron su odio contra quienes trabajan por una sociedad más rica, justa e igualitaria. 

He escuchado a muchas amigas y amigos estos días lamentando que la rendija por la que se cuela ese odio viscoso hasta las instituciones sea precisamente Extremadura, una tierra de migración. De aquí salieron a lo largo del siglo XX miles de personas buscando un porvenir mejor para sus familias, un trabajo digno, pan caliente y un salario. Se fueron con una mano delante y otra detrás a Barcelona, Madrid, País Vasco, pero también a Alemania, Holanda, Suiza, Bélgica, Canadá, hasta a Hawái. Desde cada pueblo de esta región a cualquier lugar del mundo en el que necesitaran mano de obra barata, con capacidad de trabajo hasta la extenuación y hambre mucha hambre.

Y de repente en esta tierra de migración se cuela ese odio viscoso a través de esa rendija y mancha una pared blanca y entra en las instituciones, porque, lo maquillen como lo maquillen, el acuerdo de la vergüenza entre el Partido Popular de María Guardiola y Vox es racista, clasista y xenófobo, además de anticonstitucional. 

Es injustificable que la nueva y flamante presidenta de la Junta de Extremadura haya abrazado sin miedo y sin complejos (ya saben que la derecha y la extrema derecha carecen de complejos) eso de la “prioridad nacional”, o “prioridad nazi-onal”, porque las cosas hay que empezar a llamarlas y verlas como lo que son, sin medias tintas. 

La prioridad nacional, concepto racista, clasista y xenófobo ha condicionado la creación de un gobierno en Extremadura, del primer gobierno en nuestro país, tras él, Aragón y detrás, Castilla y León, Andalucía se librará según Juanma Moreno, porque para él lo que sí vale en Extremadura, no vale para Andalucía. 

Somos, tristemente, el laboratorio en el que se verá hasta qué punto se puede extender el odio, hasta dónde llega lo de los españoles primero. Ya se está viendo que con el eslogan American first, Trump está llevando a su país y al mundo entero a la hecatombe más absoluta, pero aquí estamos copiando al ICE y a las políticas disparatadas de un psicópata, además de pedófilo como el señor Trump, líder y gurú de Abascal y los suyos. Los más patriotas que en realidad son unos vende patrias. 

Lloramos por el niño Liam Conejo que con tan solo cinco años fue arrestado por esa pseudo policía que amenaza y persigue a la población inmigrante en EE.UU. Y lloramos hoy porque sin apenas darnos cuenta se nos coló el odio, a través de esa rendija casi imperceptible, hasta llegar a nuestras instituciones de mano del “altísimo” y se coronaron casi a lomos de un caballo en un acto de investidura propio de emperadores, sonrojante y vergonzante. 

Y vuelvo a recordarles a quienes se dan golpes de pecho en procesiones las palabras de Mateo 25:35, “Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; fui forastero y me acogisteis…”.

Aún guardo la esperanza de que odiar, de que ser mala persona, vuelva a dar vergüenza. 

Vox ha registrado este jueves una iniciativa en Les Corts en la que pide instar al Consell a solicitar al Gobierno de España que garantice “la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles” y establezca este principio en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos o los programas de vivienda, así como en el acceso al sistema de prestaciones y pensiones públicas. La formación liderada por Santiago Abascal presenta esta proposición no de ley (PNL) de tramitación especial de urgencia días después de afirmar que el principio de “prioridad nacional” ya forma parte del acuerdo de investidura del 'popular' Juanfran Pérez Llorca antes de que ahora ambas formaciones hayan plasmado este concepto en los pactos de gobierno en Extremadura y Aragón.

El síndic de la formación, José Mª Llanos, ha destacado en un comunicado que la propuesta registrada este jueves en Les Corts “parte de un diagnóstico político claro: el deterioro del Estado de bienestar, la sobrecarga de los servicios públicos y la pérdida de cohesión social son consecuencia directa de las políticas impulsadas durante años por los sucesivos gobiernos”. En esta línea, ha remarcado la importancia de que el Estado y las instituciones “existen para salvaguardar la seguridad, la justicia y el bienestar de la comunidad nacional, y que cualquier política pública debe orientarse a ese objetivo prioritario”.

Llanos ha situado la prioridad nacional como “eje central del debate político” y ha planteado en la Comunitat Valenciana un modelo que Vox, según ha afirmado, “ya ha comenzado a impulsar en otros territorios y que aspira a extender al conjunto de España”. La iniciativa, ha valorado el portavoz, “refuerza el posicionamiento de Vox como fuerza política que propone una reorientación de las políticas públicas hacia la protección de la comunidad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar”.

Además, según han apuntado fuentes de la formación, este enfoque “ya ha comenzado a aplicarse en acuerdos de gobierno como los alcanzados en Extremadura y Aragón, donde la prioridad nacional se ha incorporado como eje de las políticas sociales”. El partido liderado por Santiago Abascal apuesta por extenderlo “al conjunto de España”. En concreto, la iniciativa insta al Consell a solicitar al Gobierno que garantice “la prioridad nacional de los españoles en todos los frentes de la vivienda”, bien para acceder a una protegida, a bonificaciones fiscales diferenciadas o para ser receptor de cualquier tipo de ayuda relacionada.

Dejar a las personas migrantes irregulares sin sanidad pública

También pide garantizar “la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, impidiendo que, salvo casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia, los inmigrantes ilegales puedan hacer uso” del mismo. Además, exige establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda y proceder a “la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar de los españoles”.

Paralelamente, pide derogar el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que, encontrándose en España, no tengan su residencia legal en el territorio español. Vox apuesta en este sentido por aprobar una norma reglamentaria que deje sin efecto las modificaciones del reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y por derogar el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, poniendo fin al proceso de regularización masiva de inmigrantes que se encuentran en España de forma ilegal“.

Asimismo, la formación reclama garantizar también la prioridad nacional en el acceso al sistema público de prestaciones y pensiones públicas y promover “las modificaciones normativas oportunas del sistema de la Seguridad Social para asegurar que las prestaciones y pensiones de naturaleza no contributiva queden reservadas a los españoles”.

Finalmente, y a los efectos del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita de los extranjeros, establece que la insuficiencia de recursos económicos se determine “atendiendo no solo a los ingresos del solicitante en España, sino también a su patrimonio y rentas radicadas en el extranjero, especialmente en su país de origen”. En cualquier caso, precisa, “no se prestará asistencia jurídica gratuita a los extranjeros en los asuntos relacionados con procesos de expulsión de territorio nacional”.

Aliança Catalana está teniendo problemas para encontrar candidatos a las próximas elecciones municipales. La formación ultra había prometido que anunciaría el día de Sant Jordi a su cabeza de lista en Barcelona, una forma de dar empaque a la revelación de sus aspirantes en las elecciones municipales. Pero, una vez llegada la fecha, la formación únicamente ha hecho públicos los nombres de seis candidatos y, la mayoría de ellos de ciudades medianas, y con sonada ausencia de la capital catalana.

La formación xenófoba ya avanzó hace unos días que se veía obligada a posponer el gran anuncio, ya que la persona a la que había “encomendado” que fuera el candidato se habría retirado en el último momento. Desde el partido reiteraron su deseo de presentar candidatura por Barcelona y aseguraron además que se encontraba en conversaciones con diferentes personas que podrían encabezar la lista.

Según la lista hecha pública por Aliança, su candidato en Reus será el abogado Jonathan Cortijo, alineado con las tesis de la formación. Arnau Liesa, docente y escritor, lo será en Figueres. El candidato de Tortosa ha sido una de las sorpresas de la jornada, pues la persona propuesta es Eduard Rel, exdirigente local del PSC. Completan la lista Viqui Novell en Tàrrega, Olga Pagès en Banyoles y Marina Quintana en Roda de Ter. Esta es, por el momento, toda la nómina de candidatos de la que dispone la formación encabezada por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll que ha manifestado su intención de volver a presentarse por la localidad.

El independentismo de extrema derecha, que entró por primera vez en el Parlament en las elecciones de 2024, ve las elecciones municipales de 2027 como una oportunidad para crecer y consolidarse en municipios grandes. Para ello, está haciendo un esfuerzo por reunir nombres propios para encabezar las candidaturas y también personas dispuestas a aparecer en sus listas, una tarea que no siempre es fácil para un partido sin implantación territorial en muchas zonas de la geografía catalana.

Además, Aliança desea poder presentar por Barcelona a un candidato que sea una cara conocida para los votantes, lo que consideran que podría ser un golpe de efecto para el resto de candidaturas. En los últimos meses la formación se ha interesado por el exconseller de Economía de Junts, Jaume Giró, que rechazó la propuesta y, según publicó recientemente Nació, también por el expresidente del Barça, Sandro Rosell, quien tampoco aceptó.

Debo confesar que, cuando veía en los documentales de la cadena ARTE los discursos del xenófobo Jean-Marie Le Pen, nostálgico del régimen de Vichy, negacionista de las cámaras de gas y fundador de la ultraderecha francesa, proclamando aquello de “los franceses primero” o “prioridad nacional”, jamás pensé que ese mensaje terminaría llegando a mi país.

Y no de la mano exclusiva de la ultraderecha 'hermana' de aquel personaje siniestro, sino también asumido por un partido de Estado que ha gobernado España en varias legislaturas.

Nunca imaginé que la xenofobia y el racismo se convertirían en eje vertebrador de pactos de gobierno en comunidades autónomas como Extremadura o Aragón, ni que ese discurso acabaría aterrizando en nuestras Cortes.

Y, sin embargo, aquí estamos.

Porque hay algo que no falla en esta deriva. Implacables con los débiles, sumisos con los poderosos.

Para estos nuevos profetas de la pureza, la culpa de la carestía de la vivienda, del gasto en guerras inútiles e inventadas, de la subida de los combustibles o de cualquier otro problema estructural, no la tienen quienes concentran un poder económico desorbitado y manejan los hilos del mundo saltándose gobiernos. No. La culpa, según ellos, es del migrante pobre.

Del que dejó atrás una vida sin futuro a miles de kilómetros para venir aquí a trabajar como interno, cuidando a una persona mayor siete días a la semana, veinticuatro horas al día, por una cantidad irrisoria, sin contrato y sin derechos.

Quizá tampoco sea quien colapsa la sanidad la mujer migrante que va a tener un hijo en uno de los países con la tasa de natalidad más baja del mundo. Quizá el problema tenga más que ver con millones desviados hacia intereses privados. Pero de eso, curiosamente, estos profetas nunca hablan.

Los migrantes no tensionan el mercado inmobiliario. Pero sí lo hacen los grandes fondos que especulan con la vivienda. Y, sin embargo, a esos poderes nunca se les señala.

Que Santiago Abascal haya construido su discurso señalando a las personas migrantes como delincuentes, violadores o ladrones entra dentro de una lógica. No porque sea verdad, sino porque responde a un modelo político basado en el odio, el bulo y la deshumanización.

Pero la pregunta es otra. ¿En qué momento Alberto Núñez Feijóo decidió asumir ese mismo marco, copiarlo y mimetizarse con él?

¿En qué planeta viven?

¿Han bajado alguna vez a la realidad de nuestros pueblos, de nuestros barrios?

¿Qué mensaje lanzan a ese chico que llegó siendo un niño, que hoy está regularizado, que estudia, que prepara una oposición o que intenta sacar adelante un negocio, pero al que se pretende marcar de por vida por el simple hecho de no haber nacido aquí? ¿De verdad quieren condenarle a ser siempre ciudadano de segunda?

¿Pretenden que en una urgencia médica se atienda antes al que tiene determinado origen que al que está más grave?

¿Que en una escuela de música tenga más oportunidades un músico mediocre por ser 'de aquí' frente a un excelente instrumentista de origen extranjero?

Quien no entiende que el futuro de este país pasa por la inclusión, la convivencia y el reconocimiento mutuo, quien apuesta por el odio, la división, el racismo y el bulo como estrategia política, no merece gobernar. Pero es que, además, difícilmente merece el respeto de una ciudadanía que aspira a algo mejor.

Quien criminaliza a las personas por su origen, su color de piel o su acento, buscando rédito electoral en ese odio cuidadosamente sembrado, debería encontrarse con una respuesta clara. Rechazo social y político.

Señores Feijóo y Abascal, hagan un esfuerzo. Salgan de la burbuja de la M-30 y acérquense a conocer realidades como las de Villamalea o Tarazona de la Mancha. Allí comprobarán hasta qué punto sus discursos se desmontan por sí solos.

Señores Feijóo y Abascal, hagan un esfuerzo. Salgan de la burbuja de la M-30 y acérquense a conocer realidades como las de Villamalea o Tarazona de la Mancha. Allí comprobarán hasta qué punto sus discursos se desmontan por sí solos

En el camino verán campos de cebollas, de ajos, viñas, naves de champiñón, espacios donde la mayor parte de la mano de obra es extranjera, mientras muchos españoles ocupan otros puestos, más técnicos y mejor remunerados.

Quizá no perciban su esfuerzo. Quizá no sientan su sudor ni sus preocupaciones. Puede que el cristal tintado y el aire acondicionado de sus coches se lo impidan.

Porque hay barreras que no son físicas.

Y una de ellas se llama dignidad.

Esa que, lamentablemente, ustedes han decidido dejar fuera de su política.

“Estarán de acuerdo conmigo en que sería mejor aumentar las ayudas destinadas a las mujeres francesas, que solo tienen dos hijos, en lugar de animar a las mujeres extranjeras a tener, en nuestro territorio, tres, cuatro, cinco o seis hijos”, explicaba Jean-Marie Le Pen en octubre de 1985 en la emisión política francesa L'Heure de vérité. “Por eso, el Frente Nacional propone que los servicios sociales se separen entre franceses y extranjeros”. Eran los primeros días de uno de los pilares ideológicos y obsesión de la extrema derecha francesa, basada en la discriminación y en la nacionalidad en lugar de la ciudadanía, que hasta entonces había estado en el centro del Estado de bienestar.

En ese mismo 1985, la expresión “preferencia nacional” entró de lleno en el debate político francés. Era el título de un libro —con el subtítulo 'respuesta a la inmigración'— cuyo autor principal era Jean-Yves Le Gallou, político de un pequeño partido conservador, que poco después pasaría a las filas del Frente Nacional y que hoy forma parte del entorno de Éric Zemmour en la formación ultra Reconquista.

Más de diez años antes, el Frente Nacional había sido fundado por varios grupos de distintas tendencias de la extrema derecha francesa —entre los que se encontraban los neonazis de Ordre Nouveau—, con el objetivo de salir de la marginalidad política y electoral. Su primer ideólogo, François Duprat, aconsejó basar la retórica antiinmigración no en discursos de odio, sino en “argumentos de carácter racional, social y político”.

En esa misma línea, cuando a mediados de los años 80 apareció el concepto de preferencia nacional, la idea sedujo a Le Pen hasta tal punto que lo convirtió en estrategia electoral y en el cimiento ideológico del partido. “Yo quiero más a mis hijas que a mis sobrinas, y más a mis sobrinas que a mis primas, y más a mis primas que a mis vecinas”, ilustraba Le Pen en otra intervención televisiva. Cuatro décadas después, el Partido Popular ha comprado ese mismo marco a Vox, llevándolo incluso a acuerdos de investidura con intención de aplicarlos en Aragón y Extremadura.

También en 1985 Le Pen publica su propio libro titulado Los franceses primero (Les français d'abord), en el que retomaba por primera vez la misma expresión que, desde entonces, estaría presente en todas las campañas electorales de la formación. Cuando su hija tomó las riendas del partido, en 2011, inició un proceso de normalización con el que trató de eliminar los discursos racistas más flagrantes (para ello tuvo que expulsar a su padre) y convencer a los votantes que la formación podría ser un verdadero partido de gobierno y no sólo un vehículo de voto protesta.

No obstante, el concepto de preferencia nacional fue uno de los elementos que Marine Le Pen decidió conservar, con un ligero cambio: pasó a ser prioridad nacional. El concepto se convirtió así en el marcador de estabilidad ideológica del lepenismo, pese a los cambios impuestos por su nueva presidenta. “Mi filosofía es la siguiente: los extranjeros que quieran venir a nuestro territorio tendrán que valerse por sí mismos”, declaraba Le Pen en 2013.

“Patriotismo social”

Los expertos en demoscopia señalan que el rechazo a la inmigración es el principal factor que agrupa a los votantes del partido de extrema derecha francesa. Si en la población francesa un importante porcentaje considera que “hay demasiados inmigrantes en Francia” (en torno a un 60%), el dato es abrumador entre los votantes de RN, llegando al 94% en algunas encuestas. “Marine Le Pen ha demostrado su capacidad para adaptarse, pero, en el fondo, la línea política del Frente Nacional sigue siendo identitaria, nacionalista, soberanista y antisistema”, resumía el politólogo especialista en la derecha Jean-Yves Camus, en declaraciones al diario L’Humanité. “Porque esa es la razón de ser de este partido; si renuncia a eso, no es nada”.

En el programa de Marine Le Pen para las últimas elecciones presidenciales, la prioridad nacional tenía un lugar destacado. Le Pen considera que debe aplicarse para el acceso a la vivienda social o al empleo. Invocando un “patriotismo social”, las prestaciones deben ser asignadas en función de la nacionalidad del receptor: las prestaciones “de solidaridad” estarían condicionadas a 5 años de trabajo en Francia para los trabajadores de nacionalidad extranjera.

Cuando Jean-Yves Le Gallou creó el concepto de preferencia nacional hace 40 años, iba a contracorriente de la mayoría de los regímenes de protección social europeos que se habían construido en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Los llamados sistemas “universalistas” –que el sociólogo e historiador francés Pierre Rosanvallon considera que son “indisociables del fortalecimiento del vínculo cívico provocado por las dos grandes guerras del siglo”– se habían basado en la ciudadanía y la igualdad y no en la pertenencia a un grupo étnico determinado.

Una tendencia reforzada en las décadas posteriores por diferentes acuerdos internacionales y por distintas sentencias judiciales. En estos sistemas de redistribución, el criterio fundamental no es la nacionalidad del solicitante, sino sus necesidades. A diferencia de lo que había ocurrido antes de la guerra, el sistema del bienestar se amplió a los extranjeros, que de hecho estaban excluidos de todas las prestaciones a pesar de haber contribuido a muchas de ellas a través de los impuestos. Pero para el RN la filosofía universalista es “injusta”, en palabras de su actual presidente, Jordan Bardella. La lucha contra la inmigración constituye hoy una “gran urgencia” para Francia, que “debe dejar de ser una ventanilla social para la inmigración de todo el mundo”.

Corriente internacional

Si bien el concepto de prioridad nacional ha tenido un largo recorrido en Francia, discursos similares hostiles respecto a la inmigración han proliferado en muchos otros países y han acabado dando lugar a sistemas de preferencia nacional más o menos marcados.

Muchos sociólogos y politólogos relacionan la idea con la corriente del “nativismo”, un concepto anglosajón muy popular en una parte del movimiento MAGA de Estados Unidos, que alía el nacionalismo y la xenofobia; o con la idea de un “welfare chauvinism” [chovinismo del bienestar], que surge en los años 1980-1990 en los países escandinavos y que ha influido no sólo en la extrema derecha del norte de Europa, sino también en una parte de los socialdemócratas.

En Francia, la creciente obsesión política en torno a la inmigración ha provocado otro fenómeno: ante la imposibilidad legal de aplicar la prioridad nacional, contraria al derecho francés e internacional, la derecha y la extrema derecha han multiplicado las iniciativas para modificar la legislación que recoge los requisitos de duración de la estancia.

Así, poco a poco, nuevas barreras han ido limitando en Francia el acceso de los extranjeros a la protección social y, en ocasiones, a las condiciones de regularización. “La vieja promesa discriminatoria de la extrema derecha puede adoptar formas encubiertas, sobre todo a través de requisitos de antigüedad de residencia legal cada vez más desmesurados”, señalan los investigadores de la Universidad de Nanterre Lola Isidro y Antoine Math en una nota sobre la prioridad nacional. “Este tipo de exageración es claramente xenófoba, ya que el requisito de la antigüedad de la residencia legal, al igual que la nacionalidad, cumple una función de exclusión”.

La Justicia, en contra

Esta tendencia desembocó en enero de 2024 en la aprobación de una ley sobre inmigración particularmente represiva, escrita en gran medida por la derecha de Los Republicanos (cuyo presidente, Bruno Retailleau, ha adoptado los postulados de la extrema derecha) y aprobada con los votos de Agrupación Nacional. El texto exigía una ampliación a 5 años de residencia o una afiliación por actividad profesional de al menos 30 meses para poder acceder a ayudas familiares, escolares o vivienda.

Su aprobación —también con una parte de votos del partido del presidente Emmanuel Macron— provocó indignación en la izquierda, en las asociaciones ciudadanas y el mundo académico. El coordinador de Francia Insumisa, Manuel Bompard, denunció que se habían “traspasado líneas rojas fundamentales; las posiciones que la extrema derecha francesa lleva defendiendo desde hace 50 años son ahora las que defiende el Gobierno”. Marine Le Pen, por su parte, se felicitó por lo que consideraba una “victoria ideológica”.

El texto fue ampliamente censurado por el Consejo Constitucional debido a cuestiones de procedimiento. Pero, además, la institución señaló que supeditar el derecho a las prestaciones sociales a estancias tan prolongadas supone una “vulneración desproporcionada” de los requisitos constitucionales. En la misma línea, unos días después, el entonces presidente de la institución, Laurent Fabius, señalaba que “la prioridad nacional, aplicada de forma sistemática, es inconstitucional”.

Más tarde, el mismo Consejo Constitucional, consultado sobre una propuesta de referéndum de iniciativa compartida presentado también por Los Republicanos —que retomaba esa misma ley de inmigración para someterla a consulta— la declaró anticonstitucional (la inmigración no es uno de los temas fijados como posible sujeto de consulta).

Pero a pesar de las decisiones del Consejo Constitucional, del Consejo de Estado o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Marine Le Pen y Jordan Bardella continúan repitiendo su intención de instaurar un sistema de prioridad nacional si llegan al poder.  Y aseguran que, en caso de conflicto con el Consejo Constitucional, propondrán una revisión de la Constitución y un referéndum sobre la cuestión. Así, a un año de la próxima elección presidencial en Francia, el partido que lidera los sondeos (RN) plantea la posibilidad de un choque de legitimidades entre la Presidencia y las instituciones garantes de la legalidad. 

La Fundación Ruy López de Almendralejo (Badajoz) ha denunciado la aparición de una pintada de carácter xenófobo en la fachada de su sede, un hecho que califican como delito de odio. Este acto vandálico se produce después de que se conociera que la fundación colabora en el proceso de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno.

La frase 'Stop invasión' ha sido pintada en el muro de la sede, un “ataque” que ya ha sido denunciado ante la Policía Nacional, según ha explicado la mediadora intercultural de la fundación, Eva Olaizolaola. “Es un delito de odio porque el mensaje traslada la idea de que las personas migrantes se vayan de aquí; es un delito de racismo, de xenofobia e incluso de aporofobia, porque también trabajamos con personas sin recurso”, ha destacado.

La pintada coincide en unas fechas en las que se ha incrementado notablemente la afluencia de usuarios procedentes de distintos puntos de Extremadura debido al proceso regularización extraordinaria. Los usuarios migrantes que se encontraban en la sede no han querido ofrecer declaraciones, pero han trasladado su desacuerdo con lo ocurrido con cierta resignación.

“No le han dado mucha importancia, van con prisa, trabajan a veces en situaciones que no son apropiadas o incluso de explotación y tienen tantas preocupaciones que no tienen tiempo como para pararse a pensar en esto o a darle importancia”, ha agregado. Olaizolaola ha lamentado que las personas usuarias de los servicios de esta fundación “están acostumbradas tristemente a recibir insultos racistas por la calle”.

En los 20 años de actividad de la fundación por los derechos de las personas migrantes no habían sufrido incidentes similares. En su web, la Fundación Ruy López defiende que, “como muchos vecinos y vecinas de Almendralejo saben, es un espacio de convivencia y concordia, de ayuda y aprendizaje, y sobre todo de dignidad”. En sus instalaciones coinciden personas que varias nacionalidades, se enseña lengua española para facilitar la integración y se da apoyo a niños y niñas de familias vulnerables en el ámbito educativo, para que puedan progresar con sus estudios. “También son conocidas nuestras clases de ajedrez, ofreciendo a los y las jóvenes de Almendralejo una alternativa de ocio saludable.”

Además, la fundación subraya que todas las actividades e intervenciones que realizan se orientan al progreso y la mejora de las condiciones de vida de las personas, independientemente de su origen, su raza, su religión, su orientación sexual y su sexo. “Aquí solo importan las personas”, recoge el comunicado publicado en su web.

La Asociación Migrante Obrera de Extremadura (AMOEX) también ha denunciado la pintada “racista”, la cual es “una consecuencia directa de los discursos promovidos por la derecha y la extrema derecha”. En este sentido, ha criticado el acuerdo PP y Vox en Extremadura por incorporar “postulados que criminalizan” a la población migrante, plantean recortes en políticas de cooperación y refuerzan “un discurso institucional de corte reaccionario y excluyente”.

“Las personas migrantes no son una amenaza. Son trabajadores y trabajadoras que sostienen sectores clave de nuestra economía en condiciones muchas veces precarias. Atacarles es atacar al conjunto de la sociedad”, ha dicho el presidente de AMOEX, Alejandro Peña.

Lo más importante del acuerdo del Partido Popular y Vox para que María Guardiola presida Extremadura no es todo lo que tenga que ver con el Gobierno de esa región. No es que sea irrelevante lo que ocurra allí, claro, pero hay un análisis que es imprescindible en estos momentos. Las encuestas prevén que unas elecciones generales darían la mayoría absoluta a esos dos partidos. Hay que suponer que un acuerdo para gobernar España tendría muchos de esos puntos que ahora se han pactado. Hay que leerlos como lo que son: el prólogo de lo que sucederá si Alberto Núñez Feijóo se convierte en el próximo presidente del Gobierno.

Todos los medios de comunicación han explicado que varios de esos compromisos relacionados con la inmigración, los que más interesan a Vox, están fuera de las competencias de una comunidad autónoma. Se habla de promover la reforma de leyes orgánicas para imponer una “prioridad nacional” en los destinatarios de ayudas sociales. Es decir, que los nacidos en España disfruten de privilegios sobre los de fuera. Si el PP y Vox cuentan con mayoría en el futuro Parlamento, ese proyecto estará a su alcance. La forma en que se llevará a la práctica es algo que lógicamente hoy no sabemos.

El PP ha sido lo bastante hábil con el lenguaje para no incurrir en una manifiesta ilegalidad. Han pactado inspirarse en “el principio de prioridad nacional”, que debe estar adaptado “a la legalidad vigente” y que los perceptores de ayudas deben tener “un arraigo real, duradero y verificable en el territorio”. En este punto, conviene recordar que la Administración siempre puede imponer condiciones de todo tipo para recibir una ayuda económica. Sólo si son manifiestamente discriminatorias, eso abre posibilidades de que sean recurridas ante los tribunales. Pero los jueces se fijan en primer lugar en las leyes que permiten esas medidas. Sólo hay que cambiar la ley para convertir en posible lo que antes no lo era, y eso podría hacerse en la próxima legislatura. Extremadura es el programa piloto de lo que podría suceder en el futuro en toda España.

La aplicación del pacto de Extremadura (aquí se puede leer el texto íntegro) consagra la idea de que puede haber ciudadanos de primera y de segunda clase. Los segundos serán aquellos que trabajan todos los días, contribuyen a la prosperidad de la economía y pagan sus impuestos, pero que no tendrán acceso a muchas de las medidas que integran lo que se llama el Estado de bienestar. Serán los que han nacido fuera de España y aún no tengan la nacionalidad española, pero sí la residencia. 

Tras la polémica generada, fuentes del PP han difundido el mensaje de que “la partida de nacimiento no determinará las ayudas” y que habrá un sistema de puntos por el que las ventajas para acceder a ayudas sociales se otorgarán en función del número de años que lleve empadronada esa persona, según El Mundo. Estamos en las mismas. Los extranjeros que han llegado a Extremadura en los últimos diez años estarán siendo discriminados, que es lo que ha exigido la extrema derecha.

Es un programa abiertamente xenófobo. Vox se ocupará de darle las connotaciones racistas que más le convengan. Lo vestirá de proclama nacionalista española para hacer frente a una supuesta “invasión” de extranjeros, como ya ha hecho Santiago Abascal. Reiterará que esos inmigrantes vienen a España a aprovecharse de las ayudas sociales y que hay que dejarles claro que no se les quiere en este país.

Feijóo continuará con las falacias con las que adorna su discurso contra la inmigración. Dirá que España acoge a todos los que vienen a trabajar, como si fuera posible vivir aquí tirado en un sofá o como si este país fuera un destino apetecible para todos los que se inician en una carrera profesional orientada al crimen.

Esta semana, Feijóo ha dicho que hay que oponerse a la regularización de inmigrantes sin papeles que el Gobierno ha puesto en marcha porque es “inhumana, injusta, insegura e insostenible”. Sólo alguien como él es capaz de llamar inhumano al intento de dar el documento de residencia a los extranjeros que viven y trabajan en España. Sin ese papel, están condenados a sufrir abusos. Lo que es insostenible es mantener a una parte significativa de la población encerrada en la marginación. Es inmoral y también estúpido.

Extremadura es una de las regiones que ha perdido más población en los últimos 50 años, en concreto un 10% desde principios de los años 70. El 86% de los municipios extremeños tiene ahora menos habitantes que entonces. La despoblación es un problema real con evidentes consecuencias económicas. La falta de oportunidades laborales ha hecho que desde siempre la emigración sea una de las opciones por defecto de los jóvenes extremeños. El 36% de los nacidos en Extremadura vivía en otras comunidades en 2024, un dato que es demoledor. 

También es la región con menor porcentaje de inmigrantes, un 4,1%. Es lógico. Contra lo que piensa Feijóo, los extranjeros vienen a España a trabajar y es normal que pocos vayan a Extremadura si allí es difícil encontrar un empleo. Hay que ser idiota para pensar que el mayor problema de la comunidad es la inmigración. O un racista. 

Volviendo al tema de la ignorancia, el pacto afirma que protegerá a la agricultura y ganadería extremeñas de “las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde”. Además, muestra su rechazo al acuerdo UE-Mercosur. Al firmar este texto, el PP se da un chapuzón euroescéptico al oponerse a medidas que ha aprobado en el Parlamento Europeo. Es la política de la irresponsabilidad con el fin de conservar el poder.

Cómo será la cosa que hasta Isabel Díaz Ayuso ha dicho que el acuerdo no tiene ningún sentido ni legal ni político: “No se puede dejar al margen a nadie fuera de un sistema al que ha contribuido y, por ejemplo, dejarle fuera del sistema sanitario como se nos ha pedido en Madrid”. Es un acuerdo que se hace fuera de la ley y de las competencias autonómicas. 

El PP se ha rendido a las exigencias de Vox. Para no meterse en más problemas con la extrema derecha, ha desaparecido cualquier referencia al machismo y la violencia contra las mujeres. Qué se puede esperar de alguien como Guardiola, autora de la frase “yo no puedo dejar entrar en mi Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista”. En febrero, dijo que “el feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”, así que no hay motivos para la sorpresa. 

No puedo más que estar de acuerdo con lo que escribe José F. Peláez, columnista de ABC: “Si la alternativa del PP a la regularización de Sánchez es la xenofobia contra menores y privar de fondos a las ONGs y a la Iglesia (pone ONGs y otras entidades y hay precedentes) no hay duda de quién va a ganar el debate público”. No va a ser el PP. No es el único que piensa así entre conservadores y liberales. 

El PP ha comprado todo el mensaje xenófobo de la ultraderecha como si fuera suyo. Lo hace en un momento de aparente debilidad de Vox, que ha visto frenado su crecimiento en las últimas elecciones de Castilla y León, como también parece que ocurrirá en Andalucía. Al igual que pasó en 2023, estos pactos autonómicos adelantan lo que la derecha hará si algún día tiene la oportunidad de llegar a Moncloa subida al caballo de Abascal. Quiero pensar que los votantes tomarán nota. 

Libros

Los grupos que se oponen al derecho al aborto suelen identificarse a sí mismos como provida. Ana Requena, redactora jefe de Género en elDiario.es ha escrito un libro –'Provida'– para refutar esa idea. “Son los mismos que quieren monopolizar el concepto de familia y que criminalizan a quienes se cuidan y estrechan sus lazos de otras maneras. Quienes criminalizan a quienes tienen hijos y forman sus parejas y sus familias, pero no como ellos quieren”. Ana busca liberar el “estigma” que acompaña al ejercicio de ese derecho contando las historias de muchas mujeres que dieron ese paso, esas “historias con minúscula” que ayudan a entender todo por lo que pasa una mujer que decide interrumpir su embarazo. Aquí se puede leer un fragmento del libro.

Uno de los mitos siempre presentes en la vida política española es el concepto de las dos Españas eternamente enfrentadas, originado en el siglo XX. El historiador Henry Kamen ha publicado el libro 'Las dos Españas' para explicar por qué la historia de este país está atravesada por divisiones internas desde los tiempos del Siglo de Oro, un concepto que tiene más que ver con el mito que con la realidad. España siempre ha estado dividida en el pasado por debates sobre su destino como nación y los límites del poder imperial. El concepto de una nación unida en todos los aspectos es una invención contemporánea, como por otro lado ocurre en la mayoría de los países europeos. Kamen es el historiador perfecto para cuestionar muchos de los mitos sobre el pasado de España que leemos habitualmente en algunos medios. 

Es imposible entender muchas de las guerras y conflictos políticos que se producen en el mundo sin conocer la historia de esos países. Vemos estos días cómo el Gobierno de Donald Trump demuestra una ignorancia inmensa sobre Irán y su sistema político. No es una novedad. Estoy leyendo ahora 'Rey de Reyes' del periodista Scott Anderson, un muy buen libro sobre la revolución iraní que culminó en 1979 con el derrocamiento del sha Reza Pahleví y la llegada al poder del ayatolá Jomeini. No muchos meses antes, el presidente Jimmy Carter había dicho que Irán era “una isla de estabilidad en medio de una región llena de problemas”. ¿Cómo es posible que el desenlace sorprendiera a todos? Lo de siempre, una mezcla de arrogancia y total desconocimiento de la sociedad de un país esencial para la política exterior de EEUU. 

El domingo, la policía municipal detenía en Pamplona a un hombre por un posible asesinato machista: una mujer murió después de precipitarse por el balcón de una vivienda en la que se encontraba él, que había quebrantado una orden de alejamiento. El lunes, en Córdoba, otro hombre era detenido después de asesinar a su expareja, que le había denunciado 48 horas antes por violencia de género.

El discurso de las derechas ha obviado estos dos asesinatos, cometidos por hombres españoles, para centrarse en otro eje: la regularización de migrantes, que unen interesadamente con la violencia contra las mujeres. Para la derecha, el feminismo criminaliza a todos los hombres y la violencia de género no existe... salvo que hablemos de inmigrantes.

El mismo día que el Consejo de Ministros aprobaba la regularización extraordinaria, Vox colgaba este mensaje en sus redes: “¿Te da miedo volver sola a casa de noche? La inmigración masiva tiene consecuencias. Todos los partidos menos Vox quieren traer a miles de inmigrantes. Solo tú pagas las consecuencias”. Ya cuando el Gobierno anunció la regularización, la formación de Santiago Abascal aprovechó la violencia machista para lanzar sus mensajes racistas. “Regularizar en masa no es protegerse, es rendirse. Y somos las mujeres las que pagamos las consecuencias”, decía la senadora de Vox, Paloma Gómez.

Este miércoles, era el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien volvía a utilizar la violencia machista para disfrazar un discurso xenófobo. Según Feijóo, el Gobierno regularizará a “inmigrantes que han abusado de una mujer”.

La afirmación de Feijóo es falsa. Para acceder a la regularización se requiere de un certificado de antecedentes penales tanto aquí como en los países de origen. Pero eso da igual, porque no se trata de decir la verdad, sino de otra cosa: de instrumentalizar la violencia contra las mujeres para contribuir a un relato racista que justifique su agenda política.

“Llama la atención que los partidos que niegan la violencia de género, que utilizan el término violencia intrafamiliar o que votan en contra de las propuestas feministas que buscan erradicar la violencia sean quienes abanderen esta lucha cuando el agresor es de fuera”, resume la consultora de extranjería y movilidad internacional Ana Bibang. En el libro En nombre de los derechos de las mujeres, la pensadora Sarah Farris acuñó el término feminacionalismo para referirse a la estrategia con la que grupos y partidos utilizan algunas preocupaciones y consignas feministas para justificar sus posiciones racistas, antiinmigración o aporófobas.

Vox es el primer partido que importó el discurso del feminacionalismo a España, un espacio que el PP, con afirmaciones como la de Feijóo, busca disputar, señala Laura Camargo, autora de Trumpismo discursivo. “El feminacionalismo se caracteriza por utilizar algunos postulados feministas de manera interesada y manipulada para defender medidas y políticas racistas con la excusa de que son necesarias para la liberación de las mujeres”, explica Camargo. Para quienes sostienen estos postulados, la amenaza para las mujeres son los hombres migrantes, especialmente del sur global y, aún más concretamente, los que proceden de países musulmanes.

Ana Bibang señala, de hecho, que la criminalización de las personas migrantes no es nada nuevo, pero que esa criminalización no es igual para todos: “Se produce especialmente hacia las personas negroafricanas y de algunos países latinoamericanos, por más que los datos oficiales desmientan ese discurso”. Para la derecha, la amenaza para la seguridad de las mujeres no parecía ser tan grave cuando se trataba de inmigración ucraniana o venezolana, y por supuesto no existe si los migrantes vienen de países europeos, son blancos o tienen dinero.

Bibang recuerda que nunca como ahora un proceso de regularización, y este es el sexto, había levantado tanto racismo. No es casualidad, la deriva xenófoba cunde en Europa y en los Estados Unidos de Trump. “Aunque sabemos que si vamos a las estadísticas las cosas no con como ellos las presentan y que detrás de la mayoría de actos machistas y violencias que sufrimos las mujeres están hombres españoles, los datos dan igual, porque lo que les preocupan no son las mujeres, sino los votos y sus reivindicaciones ultranacionalistas y xenófobas”, remata Laura Camargo.

El PP de Madrid sumó en septiembre una nueva imputación con la acusación contra la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, por la filtración de una nota interna de la Policía Municipal con la que intentar sostener la acusación sin pruebas que hizo la presidenta madrileña en enero de 2024 acerca de que los migrantes internos en un centro de la localidad estaban cometiendo “agresiones sexuales”. La Fiscalía ha reconstruido la revelación de secretos y la Audiencia Provincial de Madrid ya ha dado por demostrada la participación de Piquet. Y en este contexto se producirá este miércoles la declaración como testigo del número dos del partido, Alfonso Serrano, quien publicó en X el pantallazo de la minuta policial. 

Esta es la secuencia de cómo fabricó el Partido Popular de Madrid la denuncia falsa contra los migrantes del Centro de Emergencia, Acogida y Derivación (CAED) que habían llegado procedente de las Islas Canarias.

Ayuso agita el miedo. La presidenta madrileña decide cambiar la Puerta del Sol por Alcalá de Henares para celebrar un Consejo Extraordinario de Gobierno el 17 de enero de 2024. El Ejecutivo regional quiere visibilizar los problemas que asegura están protagonizando el grupo de migrantes que el Ejecutivo central ha asignado a Alcalá de Henares, donde se han habilitado unas instalaciones del Ejército de Tierra para acoger a un grupo de los que han llegado a las islas en cayucos. 

En la rueda de prensa posterior al Consejo, Ayuso dice ante los medios que migrantes del norte de África han protagonizado una reyerta con tres magrebíes, que hay un brote de sarna entre los internos y que se investigan “agresiones sexuales” de internos tras denuncias de “algunas mujeres del municipio”. La última acusación organiza un enorme revuelo. elDiario.es titula: “Ayuso vincula sin pruebas inmigración con agresiones sexuales y un brote de sarna en Alcalá de Henares”.

En rueda de prensa, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, asegura: “En relación a las agresiones sexuales, en estos momentos, en Alcalá de Henares, no hay abierta ninguna investigación por agresión sexual vinculada a un posible origen en los migrantes en el cuartel Primo de Rivera”.

El 'número dos' de Ayuso ataca en X para defender a Ayuso. Al día siguiente, el secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, publica un tuit a las 9.58 horas en el que se dirige al entonces líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, y acusa al delegado del Gobierno de mentir. Serrano adjunta un pantallazo del informe de incidencia 19966/2023 de la Policía local de Alcalá en el que se resume la denuncia de una mujer acerca de la “agresión” sufrida en la vía del cementerio de Alcalá más de un mes antes, el 11 de diciembre de 2023, y en la que se describe al autor como “joven de raza negra”.

A las 11.18 horas, Serrano insiste. En esta ocasión utiliza un tuit de elDiario.es en el que se recogía la información sobre la rueda de prensa de Ayuso y el número dos del PP madrileño escribe sobre ella, en alusión al titular de este medio: “Sin pruebas”. Serrano vuelve a publicar el pantallazo de la minuta policial. 

Ese mismo día, Ayuso asegura en público que ella se limitó a describir “una situación que le transmitió la alcaldesa de Alcalá”, pero que no disponía de más pruebas. 

La alcaldesa habla de “verdad irrefutable”. El mismo 18 de enero, Judith Piquet atiende a los medios y dice que lo afirmado por Ayuso es “una verdad irrefutable” porque hay dos denuncias de sendas agresiones sexuales cometidas por “un varón negro”. Sin embargo, matiza que una de las denunciantes reconoce como posible autor a un interno del Centro de Inmigrantes, pero que la descripción que hace la otra es incompatible con la primera. Y que un tercero, un testigo que declaró ante la Policía, ofrece una versión “que no puede coincidir (sic) porque el agresor parecía mucho más joven”.

El PSOE acude a la Fiscalía el 20 de febrero de 2024 y denuncia la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos por autoridad o funcionario público. La denuncia pide conocer cómo y quién ha filtrado el documento policial, y algo más: conocer si se ha producido “un grave daño” a la posible investigación de los hechos y también “si se pudiera haber utilizado como justificación para generar alarma social y/o una imagen estereotipada y negativa de un colectivo vulnerable”.

“Lo que no aparece en ningún momento de la minuta policial es la palabra agresión sexual ni la vinculación del agresor con una persona migrante acogida en la Base Primo de Rivera de Alcalá de Henares, como se transmitió a los medios de comunicación, por lo que también es necesario conocer la intencionalidad de los autores de los hechos para valorar si dicha conducta podría ser enmarcada dentro de lo previsto en el artículo 510 del Código Penal [de incitación al odio]”, añade la denuncia del PSOE. 

Una grabación incriminatoria y varios wasaps. Con la denuncia, la Fiscalía de Área abre unas diligencias de investigación que deben concluir en un decreto de archivo, si no aprecia delitos, o en una querella en el juzgado ya contra unas personas concretas. Meses después, el Ministerio Público se querella contra la alcaldesa de Alcalá y su director de comunicación, Raúl Castillo. Ha interrogado a policías, funcionarios y ha recabado documentación.

El jefe de la Policía Local ha grabado una conversación con la concejala de Seguridad, Ordena María de Miguel, después de que Alfonso Serrano haya publicado en X la nota de los agentes. El agente también aporta a la Fiscalía los mensajes intercambiados con la responsable política de la que depende. 

La Fiscalía concluye que las órdenes partieron de la alcaldesa. Fue la tarde del 17 de enero de 2023 cuando Judith Piquet ordenó al jefe de la Policía Municipal de Alcalá de Henares que imprimiera el informe de incidencia 19966/2023, el que luego mostraría en X Alfonso Serrano. El mando policial había declarado ante la Fiscalía que la alcaldesa Piquet hizo una fotografía del documento con su teléfono móvil después de la rueda de prensa de Ayuso y antes de que Serrano se lanzara a X. Al encuentro entre el policía y la alcaldesa se unió el jefe de prensa, quien también hizo una foto de la minuta policial. 

La Fiscalía concluye: En algún momento entre las 17.00 horas del día 17 y las 9.58 horas, momento en el que publica su primer tuit Serrano, la alcaldesa, “por si o bien a través del Director de comunicaciones del Ayuntamiento Raúl Castillo, remitió la fotografía tomada del informe policial a D. Alfonso Serrano Sánchez-Capuchino, secretario general del PP de Madrid, el cual, con la finalidad de justificar o dar cobertura documental a las afirmaciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid había efectuado el día anterior en relación a los migrantes acogidos en el CAED de Alcalá de henares y la comisión de dos agresiones sexuales por varones de raza negra publicó en su cuenta de la red social X la fotografía del informe de incidencia”.

El Juzgado imputa a la alcaldesa Piquet y a su jefe de prensa el 20 de agosto de 2024. En el auto de admisión a trámite, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá también cita al jefe de la Policía local y solicita que remita los wasaps que aportó a la Fiscalía sosteniendo su relato de los hechos. También cita como testigos a cuatro policías municipales relacionados con la recepción de las denuncias y la redacción de los informes. 

Las defensas de Judith Piquet y Raúl Ortiz recurren la decisión de la jueza María Olga Iglesias Santa María, pero esta rechaza sus pretensiones de archivo. Los investigados apelan a la Audiencia Provincial logrando retrasar las declaraciones. 

La Audiencia de Madrid avala la investigación: “No cabe duda de la participación de la alcaldesa”. Judith Piquet había alegado que el auto de imputación no está motivado, que no hay delito en los hechos denunciados y que, de haberlo, ella no está relacionada con los mismos. También recurre la admisión del PSOE como acusación popular. 

Todo ello es descartado por la Audiencia Provincial, que pone otro clavo a la acusación contra la regidora. “No cabe duda de la participación en los hechos de D. Judith Piquet”, escriben los magistrados de la instancia superior al dar por cierta la secuencia de hechos que ha expuesto la Fiscalía. Los magistrados de la Sección Quinta encajan la actuación de la alcaldesa de Alcalá de henares en un delito de revelación de secretos. 

Este miércoles están citados como testigos en el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá Alfonso Serrano, el tercer teniente de alcalde de la ciudad, Gustavo Severien, y la concejal de Seguridad Ciudadana, Oriana María de Miguel Muñoz. Todos ellos declararán como testigos. 

El abogado de la alcaldesa ha logrado ya aplazar la declaración en tres ocasiones por citaciones que tienen fijadas otros de sus clientes. La magistrada de Alcalá fijó la declaración de Piquet y Serrano el 9 de marzo a las 17.00 horas. Las tomas de declaración fuera del horario de mañana son algo inusual en los juzgados. El letrado tampoco podía porque tenía una cita en Pontevedra. De terminar celebrándose el miércoles habrán pasado seis meses desde que la jueza acordó tomar declaración a Serrano.

Las imágenes y mensajes escuchados el pasado 31 de marzo en el RCDE Stadium de Cornellà—durante el amistoso entre España y Egipto— no son solo un asunto deportivo. Son un síntoma preocupante de una realidad más amplia: la normalización de discursos excluyentes que están encontrando eco, especialmente entre muchos jóvenes.

Como exdocente, he visto cómo las palabras que repetimos, las bromas que toleramos y las actitudes que dejamos pasar en el día a día terminan por configurar la forma en que las nuevas generaciones entienden la convivencia.

Lo ocurrido no es un hecho aislado ni inocuo. Es parte de una deriva social e ideológica que exige una respuesta educativa, política y cívica colectiva.

El peligro de legitimar el rechazo

Los mensajes de exclusión no surgen de la nada. Se alimentan de relatos que simplifican la realidad, enfrentan identidades y presentan a determinados colectivos como amenazas.

En este contexto, es especialmente preocupante el papel de dirigentes como Ignacio Garriga, secretario general de Vox, cuyas declaraciones públicas tras los hechos llegaron a relativizar o incluso justificar comportamientos claramente discriminatorios, racistas e islamófobos. Cuando desde posiciones de responsabilidad política se normaliza o se presenta como “comprensible” el rechazo a grupos sociales o religiosos, esos mensajes dejan de ser marginales para convertirse en referentes para una parte de la población, incluidos los más jóvenes.

Y ahí radica el verdadero peligro: cuando los discursos excluyentes se repiten sin contrapeso, dejan de percibirse como extremos y terminan por integrarse en la conversación cotidiana, contribuyendo a una cultura social más hostil.

Del estadio al aula: el impacto silencioso

Quienes hemos trabajado en educación sabemos que lo que sucede fuera de las aulas entra en ellas de manera inevitable. Un comentario, un meme, o una cantinela que se repite en redes sociales termina convertida en parte de la conversación entre niños y adolescentes.

Los cánticos escuchados aquel día no fueron solo palabras en un estadio. Fueron modelos de conducta que algunos jóvenes repitieron después como si fueran expresión legítima de identidad. Y eso tiene consecuencias educativas profundas: cuando la línea entre el humor, la provocación y la discriminación se vuelve borrosa, los límites éticos también lo hacen.

Por eso, educar exige algo más que transmitir contenidos. Requiere, cada vez más en este mundo de bulos,enseñar a pensar, a analizar, a cuestionar. Requiere fomentar la capacidad de mirar más allá de lo inmediato y comprender el efecto que nuestros actos y palabras tienen sobre quienes nos rodean.

La incoherencia que enseña para mal

Mientras ciertos sectores de la grada coreaban consignas excluyentes, en el terreno de juego brillaba Lamine Yamal, símbolo de una España diversa y plural. Esa contradicción es reveladora: se celebra el talento de una joven promesa de la selección, pero se cuestiona o se ridiculiza la identidad de quienes comparten esa fe o ese origen.

¿Qué mensaje reciben nuestros jóvenes de esa discrepancia? ¿Qué aprenden cuando la realidad diversa de nuestra sociedad choca con discursos que intentan reducirla a una supuesta 'identidad homogénea'?

La incoherencia, cuando no se señala, también educa, y no siempre en la dirección correcta.

Silencio o posicionamiento: una elección educativa

Es cierto que muchos aficionados no participaron en los cánticos e incluso mostraron su rechazo. Pero en un contexto de creciente polarización, la pasividad no basta. En educación sabemos que no participar en algo injusto es distinto a posicionarse activamente en contra.

Si los discursos excluyentes ocupan espacio sin una respuesta clara y firme, no desaparecen. Se consolidan. Y los jóvenes observan, aprenden y reproducen, consciente o inconscientemente, los comportamientos que perciben como tolerados por su entorno.

Una responsabilidad social compartida

No podemos cargar toda la responsabilidad sobre la escuela. La familia, los medios de comunicación, los referentes culturales, el discurso público , las redes sociales... también juegan un papel decisivo.

Cuando desde posiciones de responsabilidad política se minimizan o se justifican actitudes discriminatorias —como ha ocurrido con algunas interpretaciones de los incidentes en el RCDE Stadium— se envía a la sociedad, y en particular a los jóvenes, un mensaje peligroso: que excluir puede ser aceptable.

Eso no puede quedar sin respuesta.

Conclusión: educar para convivir

La educación en valores no es una asignatura más. Es la base de una convivencia democrática y respetuosa. Y ante la proliferación de discursos que señalan al diferente como problema, la respuesta educativa debe ser clara, firme y constante.

Lo que hoy se tolera, mañana define la sociedad en la que viviremos. Y eso es algo que no podemos permitirnos ignorar.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación sobre los cánticos islamófobos y xenófobos durante el partido amistoso España-Egipto celebrado en el RCDE Stadium de Cornellà (Barcelona). Así lo ha anunciado el cuerpo policial en un mensaje a X este miércoles después de que anoche una buena parte de la grada realizara cánticos como “musulmán el que no bote”.

Los responsables de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) condenaron los cánticos tras el partido, si bien mientras se producían la organización se limitó a avisar por las pantallas del estadio y por megafonía, durante el descanso, de la normativa que prohíbe este tipo de discriminaciones. El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, lamentó los gritos islamófobos, pero los tachó de “incidente aislado”. “Salvando eso, ha habido un gran ambiente”, agregó.

Más contundente fue la reacción de algunos futbolistas de la selección y de su entrenador, Luis de la Fuente. “A nadie del equipo le han gustado los cánticos y los queremos erradicar de los campos de fútbol”, señaló Pedri. El seleccionador expresó su “total y absoluta repulsa” ante los cánticos islamófobos. “Es intolerable. No he hablado con el presidente Louzán, pero supongo que se habrá expresado en la misma línea, y es lo que yo pienso: intolerable”, aseveró en rueda de prensa.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha valorado que el odio, el racismo y la xenofobia “no tienen cabida en los estadios ni en la sociedad”.

El conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, ha lamentado los “comportamientos inaceptables de una parte de la grada” y ha recalcado que Catalunya es un país “de acogida y convivencia”.