“Vamos a parar las políticas migratorias que están poniendo en peligro el estilo de vida europeo”. Este reclamo sale de la boca de Toni Estévez y Nayara González, las caras visibles del movimiento juvenil de extrema derecha conocido como Reconquista y que está llamando manifestarse este sábado en Barcelona. Su objetivo, conseguir la “repatriación” de miles de migrantes a los que culpan de la “degradación” de la “cultura y sociedad nativa europea”.

En la manifestación será la primera parada en España de la gira European Shield, que partió de Utrecht (Países Bajos), siguió hacia Amberes (Bélgica) y tenía que continuar en Lyon y Lille, pero allí las acciones fueron prohibidas por las autoridades francesas ante la previsión de altercados violentos.

A pesar de las peticiones de diversos colectivos antifascistas y partidos como la CUP y los Comuns para que la concentración de este sábado también se prohibiera, y salvo sorpresa de última hora, Barcelona será la tercera ciudad de esta gira ultra, que el 26 de agosto recalará en Madrid.

El tour xenófobo está organizado por el grupo Save Europe Act, que toma su nombre de una propuesta de ley homónima que intentaron registrar en la Comisión Europea en junio para que la UE avalara y regulara la llamada “remigración”.

Es el término que usan los movimientos ultras europeos para exigir la expulsión de los migrantes irregulares, así como la revocación de los permisos y procesos de regularización extraordinarios, las visas los refugiados que proceden de países que ellos consideran “seguros” y las de los migrantes que vengan a la UE por motivos económicos. Todo ello, evidentemente, sólo se aplicaría a quienes sean de origen “no occidental”.

La iniciativa se registró el pasado 8 de junio, pero la Comisión la frenó pocas semanas después por considerarla “manifiestamente contraria a los valores de la Unión”. Entre las ideas del movimiento se encuentran postulados racistas y xenófobos como los que sostienen que los pueblos “nativos” europeos corren el riesgo de convertirse en poblaciones “minoritarios”.

Aunque se vanaglorian de ser un movimiento ciudadano “sin partidos políticos detrás”, la Save Europe Act está respaldada por representantes públicos, partidos y movimientos de ideología ultra. Su abanderado en España es, principalmente, VOX.

El presidente del partido de extrema derecha, Santiago Abascal, es una de las firmas que figuran en la lista de apoyos a la iniciativa. La suya es una de las 45.000 firmas españolas (de un total de 700.000) que han firmado el manifiesto. España es el quinto país de la UE con más adeptos a la causa, sólo por detrás de los Países Bajos, Alemania, Reino Unido e Italia.

Detrás de este movimiento, hay dos nombres que ocupan cada vez más espacio en los foros, medios y redes de la extrema derecha: la neerlandesa Eva Vlaardingerbroek y el austríaco Martin Sellner, quienes defienden la expulsión de migrantes, aunque estén en situación regular. Les consideran responsables de la delincuencia, la crisis de la vivienda y los problemas que arrastran los servicios públicos. Precisamente, las tres principales preocupaciones de la sociedad europea.

En cada uno de los países de la UE, esta campaña cuenta con sus abanderados y responsables de llamar a los suyos. En España, ese papel no recae sobre las espaldas de Santiago Abascal ni de Vox, que no han hecho mención en redes a la manifestación de este sábado. Al menos, no directamente.

La organización de las concentraciones de Barcelona y Madrid ha sido obra del grupo Reconquista, el nuevo referente juvenil de Vox. No se trata de las clásicas juventudes de partido, pero suelen moverse en la órbita de los de Abascal. Reconquista vino a sustituir al grupo juvenil Revuelta después de las polémicas que les acusaron de quedarse con fondos que, supuestamente, estaban dirigidos a apoyar a los afectados de la DANA de València.

Las caras visibles

Reconquista es un movimiento formado por gente muy joven en su mayoría y que, hasta la fecha, no ha sido capaz de realizar ninguna acción que cuente con más de pocas decenas de asistentes. Así se ha visto, por poner el ejemplo más reciente, en Ceuta y Algeciras, en sendas concentraciones convocadas como rechazo a la entrada de 80.000 personas a la ciudad autónoma desde Marruecos. En esos actos, que fueron ya convocados de la mano de Save Europe, se contaban cerca de medio centenar de personas.

La convocatoria de este sábado en Barcelona no es en un espacio para albergar masas sino en la plaza Sant Jaume, que tiene menos de 3.000 metros cuadrados. Cuatrocientos de ellos los ocuparán la gran pancarta que la entidad ultra despliega en todas las ciudades de su gira.

El encargado de traer la pancarta a España ha sido Toni Estévez, uno de sus portavoces y caras más visibles de Reconquista. Suyo es el rostro que aparece en la mayoría de los vídeos del grupo. Suele aparecer ante la cámara con camisa (o con una camiseta de la campaña) y con pantalones militares por encima de la rodilla.

Le acostumbra a acompañar Nayara González, otra joven catalana que se ha erigido como portavoz del grupo ultra. Licenciada en Derecho y Filosofía por la Complutense, también constan entre sus logros académicos haber participado en cursos de ISSEP Madrid, una escuela privada que imparte cursos de “liderazgo y gobierno” y cuyo profesorado está formado por cargos de Vox como Rocío de Meer o Jorge Buxadé.

También aparecen nombres ligados a Ciudadanos como Toni Cantó y Juan Carlos Carrizosa. Igualmente, se encuentran el exministro Jaime Mayor Oreja, juristas como Santiago Milans de Bosch; empresarios como Marcos de Quinto o periodistas como Cake Minuesa.

Aunque los vínculos de Reconquista con Vox son evidentes, el hecho de que sus líderes no compartan pantalla con Santiago Abascal y no organicen actos bajo la misma bandera les otorga una cierta distancia con la que esperan captar a más bases para el partido de extrema derecha. Se trata de un electorado que, en Catalunya, Vox se disputa con Aliança Catalana.

La manifestación de este sábado no será el único acto con el que Reconquista confía en aumentar los apoyos de Vox. El grupo ultra ya promociona el Barcelona Western Forum, un encuentro que se celebrará el próximo 24 de octubre y que reunirá a diversos referentes de la extrema derecha global. Por ahora, sólo está confirmada la presencia del mismo Estévez, del diputado de Vox Alberto Tarradas y el líder de un movimiento nacionalista francés.

Me aburrís. Me aburrís con vuestros bulos, con vuestro supremacismo mimetizado, con vuestro narcisismo, con vuestra ignorancia y vuestra incultura. Me aburrís con vuestra falta de empatía, con vuestra sevicia digital, con vuestra carencia de cariño recibido.

Me aburrís con vuestros manotazos desesperados, ese ansia pueril para que alguien os haga casito. Me aburrís con vuestra Europa: grecolatina cuando os conviene, judeocristiana cuando toca, aunque de paso, por cierto, eso deje fuera a unos cuantos millones de balcánicos. Me aburrís con vuestra necesidad avasalladora de meter cabeza en cualquier medio, el que sea, con vuestra maleabilidad a cambio de unos pocos likes, con vuestros argumentos ad hoc, con vuestras contradicciones bochornosas, a veces, incluso, en el mismo día, en el mismo tuit.

Me aburrís con vuestra defensa de no sé qué integridad nacional, de las fronteras impuestas, de las patrias imaginarias mientras negáis los derechos más elementales

Me aburrís con vuestro fascismo cultureta, con vuestras lecturas de trazo gordo, con vuestros negacionismos públicos, insostenibles en la intimidad. Me aburrís, mucho, con vuestro fútbol patriotero. Y con esa solemnidad de cartón piedra con la que pretendéis convertir cada opinión en una verdad y cada prejuicio en una idea.

Me aburrís con vuestra defensa de no sé qué integridad nacional, de las fronteras impuestas, de las patrias imaginarias mientras negáis los derechos más elementales. Me aburrís con vuestras reivindicaciones impostadas de religiones que ni por asomo practicáis, con vuestro conservadurismo de postín, con vuestra nostalgia inventada.

Me aburrís con vuestros literatos henchidos de soberbia y tan escasos de obra verdadera. Con vuestros filósofos de pacotilla. Me aburrís con vuestros titulares de clickbait, vuestros pareceres prefabricados y vuestra incapacidad para mantener una idea durante más de cinco minutos sin convertirla en consigna.

Me aburrís con vuestra vocación de pastores de incautos, con vuestro afán de engañar a los más vulnerables, a quienes todavía están intentando averiguar quiénes son mientras vosotros les vendéis una identidad de saldo

Me aburrís. Me aburrís con vuestro odio a las mujeres, a las diferencias. Me aburrís con vuestra masculinidad tan, tan, tan frágil que supura toxicidad; tan delicada que creéis que se desmoronará el día en que por fin aceptéis esa homosexualidad que todavía hoy reprimís a golpe de burpees y mancuernas.

Me aburrís con vuestros gurús engolados, salidos de algún programa de televisión, de alguna tertulia sumisa, de un youtuber esquinado en Andorra, de alguna red social para adolescentes perpetuos. Me aburrís con vuestra vocación de pastores de incautos, con vuestro afán de engañar a los más vulnerables, a quienes todavía están intentando averiguar quiénes son mientras vosotros les vendéis una identidad de saldo.

Me aburrís con esa necesidad constante de ser vistos, escuchados, celebrados, temidos. Con vuestra falta de autoestima. Con vuestra falta de amor propio, aunque en eso sí, en eso os entiendo. Yo tampoco podría quererme si fuera tan fatuo como cada uno de vosotros. Me aburrís, ridículos.

El Mundial 2026 sacó la peor cara de las redes sociales, que se convirtieron en el terreno de juego perfecto para la difusión de mensajes de odio. Del 11 de junio hasta el 21 de julio, coincidiendo con los días posteriores de la celebración del título de España, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) detectó 54.771 contenidos de discurso de odio y narrativas discriminatorias.

De esos 54.771, más de la mitad (52 %) de los mensajes racistas y xenófobos registrados estaban asociados al ámbito deportivo, una proporción notablemente superior a la observada por el OBERAXE en sus informes de meses anteriores. Unas cifras que “reflejan el impacto” del Mundial de fútbol en la conversación digital monitorizada.

El odio tuvo tres dianas: el delantero de la selección española Lamine Yamal, que concentró un volumen relevante de comentarios de carácter racista e islamófobo; la composición de la selección francesa; y los insultos hacia las personas latinoamericanas, que alcanzaron una mayor intensidad coincidiendo con la celebración de la final entre España y Argentina.

En la diana de las redes sociales

La monitorización realizada por OBERAXE durante el Mundial 2026 recoge de forma sistemática mensajes hostiles dirigidos contra futbolistas particulares, selecciones nacionales determinadas, aficionados y otros grupos vinculados a la competición.

En concreto, destacan los mensajes de carácter racista e islamófobo dirigidos a Lamine Yamal, que cuestionaron su pertenencia a la selección española. El odio se multiplicó sobre todo en la celebración de su gol ante Arabia Saudí, mediante el gesto musulmán del suyud. Y se observaron comentarios como los siguientes: “Nuestras raíces humilladas”, “moro asqueroso” o “no es digno de ser español”.

En la misma línea, algunos usuarios de redes sociales apuntaron a selecciones nacionales como la francesa, cuestionando la legitimidad de los jugadores por su origen o ascendencia extranjera para representar a este país. Se detectaron los siguientes mensajes: “Son todos angoleños, sin el fútbol serían unos sin techo” o “los franceses se lo tienen merecido por no defender sus orígenes”.

Los usuarios de estas plataformas no fueron los únicos que cuestionaron la procedencia de los futbolistas franceses, también el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, en un controvertido artículo de opinión en un medio digital. Unas palabras que recibieron la condena de ministros franceses, del Gobierno y de futbolistas de la propia selección española.

La final entre España y Argentina también generó un volumen considerable de odio en redes sociales. Si bien el OBERAXE señala que los mensajes racistas y xenófobos sobre personas latinoamericanas han supuesto el 15 % del total detectado en el Mundial 2026, la dinámica alcanzó una mayor intensidad durante la final que enfrentó a ambos equipos.

En cuanto a los grupos diana, destacan las personas procedentes del Norte de África. Estas recibieron el 66 % del total de mensajes detectados durante la duración del campeonato. Ante este informe, el observatorio concluye que “el Mundial de fútbol puede servir como contexto para la difusión de prejuicios racistas y xenófobos que trascienden lo deportivo”.

Objetivo Lamine Yamal

El informe de junio del OBERAXE ya apuntaba en ese sentido. En aquel análisis mensual, que solo recogía parte de los mensajes de odio dado que el Mundial 2026 acabó oficialmente el 19 de julio, se detectaron más de 40.000 contenidos de odio. El ámbito deportivo concentró 16 % del total de los contenidos monitorizados, el segundo más importante. Y en la diana de estos comentarios estuvo Lamine Yamal, de ascendencia marroquí por parte paterna y ecuatoguineana por parte materna.

“La Universitat de les Illes Balears (UIB) considera incompatibles amb els valors que inspiren la institució els discursos d'odi que posen en dubte la legitimitat o la representativitat de membres de la comunitat universitària per raó del seu origen, conviccions o qualsevol altra circumstància personal”. Amb aquestes paraules ha respost la universitat pública de les illes als missatges difosos a les xarxes socials pel diputat de Vox al Congrés Jorge Campos, qui va assenyalar a X una estudiant elegida com a representant de la seva promoció per pronunciar el discurs de graduació per portar hijab.

La alumna sobre la qual el parlamentari ha posat el focus és Khaoula Ikkene, de 22 anys, graduada en Enginyeria i resident a Manacor (Mallorca). Va ser l'estudiant elegida per adreçar-se en nom dels 1.375 titulats durant l'acte de graduació de la UIB, celebrat divendres passat a l'estadi de Son Moix. A més d'un destacat expedient acadèmic, ha complementat la seva formació amb certificacions oficials en ciberseguretat i aprenentatge profund, entre elles una expedida per l'NVIDIA Deep Learning Institute, i domina sis idiomes.

Després de la cerimònia, Campos, la trajectòria del qual està marcada per un bel·ligerant discurs contra la immigració, les identitats LGTBI+, les polítiques en favor de la llengua catalana i la memòria democràtica, va publicar una fotografia de l'alumna a X acompanyada del següent missatge: “S'han graduat 1.375 alumnes de la UIB i la catalanista universitat pública de Balears ha elegit aquesta representant dels alumnes perquè els adreci unes paraules...”.

La publicació va provocar una onada de crítiques. Entre elles, la del professor de Dret Constitucional Joaquín Urías, qui va destacar que Ikkene “domina sis idiomes, és enginyera informàtica, amb 22 anys ja ha treballat en diverses empreses de Balears... És una alumna brillantíssima”. Fent-se ressò del missatge de Campos, va afegir: “Aquest senyor és diputat de Vox (abans era del PP) i creu que la religió d'algú és més important que els seus mèrits. Escòria”.

També va reaccionar Toni Bennàssar, doctor en Dret Públic i DEA en Dret Constitucional, qui va recordar el cas de Teresa Comellas, la estudiant que aquest any ha obtingut la millor nota de la Selectivitat a Balears. Segons va assenyalar, ambdues joves “han estat objecte aquests últims dies de durs atacs a les xarxes socials per part de múltiples perfils afins a l'extrema dreta colonialista”. “Què tenen en comú aquestes dues noies? Són dones, joves, intel·ligents, catalanoparlants, brillants acadèmicament i professionalment, i han arribat on són gràcies al seu esforç i a un sistema educatiu públic que els ha donat oportunitats, no gràcies als talonaris dels seus pares”, va escriure.

La resposta de la UIB

El consell de direcció de la UIB va respondre aquest dilluns mitjançant un comunicat institucional en el qual va expressar el seu rebuig a “qualsevol manifestació que qüestioni la dignitat o la igualtat de les persones”. En el seu comunicat, el consell de direcció va recordar que la graduació constitueix un acte acadèmic destinat a reconèixer “l'esforç, la dedicació i la constància” de l'alumnat i va aprofitar per lamentar les incidències organitzatives derivades de la celebració excepcional d'una única cerimònia conjunta, motivada per les obres a les instal·lacions on habitualment es desenvolupa aquest acte.

Més enllà d'aquestes qüestions organitzatives, la universitat fa èmfasi en el fet que desenvolupa la seva activitat conforme a principis com el pensament crític, la igualtat d'oportunitats, la cooperació, la solidaritat i el respecte a la pluralitat, i defensa que “la diversitat de persones, llengües, orígens, sensibilitats i conviccions” constitueix un element que enriqueix la institució i enforteix la convivència.

Així mateix, recorda en la nota que els estudiants que intervenen en les graduacions ho fan “en representació de tota una promoció” com a símbol d'una generació que ha compartit un mateix itinerari acadèmic. Per això, rebutja “qualsevol manifestació que qüestioni la dignitat o la igualtat de les persones”, asseverant que aquestes són “incompatibles amb els valors que inspiren la institució els discursos d'odi que posen en dubte la legitimitat o la representativitat de membres de la comunitat universitària per raó del seu origen, conviccions o qualsevol altra circumstància personal”.

La institució conclou reafirmant el seu compromís de continuar sent “un espai de llibertat acadèmica, de diàleg, de convivència i de servei públic”, així com amb la construcció “d'una societat oberta, plural i respectuosa amb la dignitat de totes les persones”.

Hores després, Campos, en un altre missatge publicat a X, va elevar el to de les seves crítiques: “La UIB s'ha molestat per no semblar-me correcte que una musulmana amb vel islàmic representi els alumnes de Balears”. El dirigent de Vox sosté que la seva publicació inicial constituïa una “crítica” i no un “assenyalament” contra l'estudiant, i considera que la reacció de la universitat demostra que la seva posició era “encertada”. El diputat va endurir a més les seves desqualificacions contra la institució acadèmica, a la qual arriba a definir com “una universitat convertida en el fangal on jeu la intolerància separatista, on es permeten actes en defensa de grups terroristes com ETA o Hamàs, o on es persegueix la llibertat lingüística”.

El diputat es va oferir així mateix a mantenir un debat públic amb la UIB sobre “dignitat, igualtat de les persones, diversitat, llengües, orígens, sensibilitats i conviccions” i va advertir que, si la universitat no respon a la seva proposta, això constituirà “una demostració més que el catalanisme separatista de la UIB també és porta d'entrada a la islamització”.

El discurs ultra de Jorge Campos

Entre els episodis de caràcter xenòfob protagonitzats per Campos es troben aquells en què no ha dubtat a vincular la “tassa de criminalitat de Balears” amb “l'augment constant d'immigrants il·legals”, manifestacions que, al setembre del 2022, li van valer el retret de l'aleshores presidenta del Govern, Francina Armengol: “No tot s'hi val en política. En política no val la mentida com a norma en les seves intervencions, no val el racisme ni val la xenofòbia que vostè aplica”, li va etzibar la dirigent socialista.

El passat mes d'octubre, Campos va instar el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, a “acollir MENES al seu palau” -reproduint la terminologia amb què l'extrema dreta al·ludeix de forma despectiva els menors migrants no acompanyats- després que el prelat fes una crida a la ciutadania i als responsables polítics per frenar els discursos d'odi contra les persones migrants: “Demanar-los delinqüents és una calúnia, una acusació molt greu contra gent que ha hagut de marxar de casa seva”, va proferir el bisbe.

El diputat ultra també va convertir el debat educatiu en camp de batalla ideològica, en acusar l'anterior Executiu d'esquerres “d'adoctrinar” als alumnes i prometre “treure de les escoles” als qui, segons ell, “ataquen a la nació”. Al seu judici, aquests docents havien de ser expulsats “per higiene democràtica”.

En un altre missatge en X, Campos, lluny de condemnar la crema d'una bandera LGTBI en un institut de Muro (Mallorca), va lamentar els fets en considerar que l'ensenya “embruta la paret” i “podrien haver-se ocasionat danys materials o personals”. “Què pinta aquesta tela multicolor, que representa una ideologia discriminatòria, en la paret d'un institut? Els centres educatius no han de ser murals on es pengin pancartes, banderes o símbols amb càrrega ideològica o política, com aquesta bandera multicolor. Únicament han de comptar amb les banderes oficials”, va manifestar.

Abans de fer el salt a la primera línia política, Campos es va donar a conèixer a Balears com a president i principal rostre visible de l'associació Círculo Balear, una entitat de caràcter ultraconservador fundada el 1999 i centrada a combatre el que denominava “pancatalanisme”. Des d'aquesta plataforma va impulsar durant anys campanyes contra les polítiques de normalització lingüística, l'ensenyament en català i l'ús institucional de la llengua pròpia de les illes. En contra del consens acadèmic i de les evidències filològiques, Círculo Balear defensava que a les illes no es parla català, sinó una llengua diferenciada, l'anomenat “balear”, considerant els dialectes insulars com a idiomes independents i no com a varietats del català.

“La Universitat de les Illes Balears (UIB) considera incompatibles con los valores que inspiran la institución los discursos de odio que ponen en entredicho la legitimidad o la representatividad de miembros de la comunidad universitaria por razón de su origen, convicciones o cualquier otra circunstancia personal”. Con estas palabras ha respondido la universidad pública de las islas a los mensajes difundidos en redes sociales por el diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos, quien señaló, por llevar hiyab, a una estudiante elegida como representante de su promoción para pronunciar el discurso de graduación.

La alumna sobre la que el parlamentario ha puesto el foco es Khaoula Ikkene, de 22 años, graduada en Ingeniería Informática, nacida en Marruecos y residente en Manacor (Mallorca). Fue la estudiante elegida para dirigirse en nombre de los 1.375 titulados durante el acto de graduación de la UIB, celebrado el pasado viernes en el estadio de Son Moix. Además de contar con un gran expediente académico, ha complementado su formación con certificaciones oficiales en ciberseguridad y en inteligencia artificial, entre ellas la Fundamentals of Deep Learning, expedida por el NVIDIA Deep Learning Institute, con la que ha acreditado conocimientos en aprendizaje profundo (deep learning), una de las tecnologías fundamentales sobre las que se desarrollan los actuales sistemas de inteligencia artificial.

Ikkene ha compaginado además la carrera con unas prácticas en la energética Sampol, donde ha trabajado como soporte de ingeniería de control en un puesto centrado en sistemas de automatización industrial. Domina seis idiomas. Durante su discurso, la estudiante agradeció la labor de los profesores y la dedicación de las familias y manifestó que el conocimiento que han adquirido debe servir para contribuir a una sociedad mejor.

Tras la ceremonia, Campos, cuya trayectoria está marcada por un beligerante discurso contra la inmigración, las identidades LGTBI+, las políticas en favor la lengua catalana y la memoria democrática, publicó una fotografía de la alumna en X acompañada del siguiente mensaje: “Se han graduado 1.375 alumnos de la UIB y la catalanista universidad pública de Baleares ha elegido a esta representante de los alumnos para que les dirija unas palabras...”.

Al hilo de esta crítica, Vox Vecindario utilizó la foto de Ikkene para escribir en su página de Facebook: “El 9 de julio de 2026, se graduaron más de 1.400 alumnos de la Universidad de las Islas Baleares. Y la UIB no ha encontrado a nadie más representativo del alumnado balear para el discurso”.

Los mensajes difundidos han provocado una oleada de críticas dentro y fuera de Balears. Entre ellas, la del profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías, quien destaca que Ikkene “domina seis idiomas, es ingeniera informática, con 22 años ya ha trabajado en diversas empresas de Balears... Es una alumna brillantísima”. Haciéndose eco del mensaje de Campos, añade: “Este señor es diputado de Vox (antes era del PP) y cree que la religión de alguien es más importante que sus méritos. Escoria”.

También reaccionó Toni Bennàssar, doctor en Derecho Público y DEA en Derecho Constitucional, quien recordó el caso de Teresa Comellas, la estudiante que este año ha obtenido la mejor nota de la Selectividad en Balears. Según señaló, ambas jóvenes “han sido objeto estos últimos días de duros ataques en las redes sociales por parte de múltiples perfiles afines a la extrema derecha colonialista”. “¿Qué tienen en común estas dos chicas? Son mujeres, jóvenes, inteligentes, catalanohablantes, brillantes académica y profesionalmente, y han llegado donde están gracias a su esfuerzo y a un sistema educativo público que les ha dado oportunidades, no gracias a los talonarios de sus padres”, escribió.

“Es talentosa y brillante, y no se lo perdonan”

La Asociación Arena Marroquí también ha salido en defensa de la estudiante. “Khaoula Ikkene, 22 años, graduada en Ingeniería, habla cinco idiomas, pero a Vox no le parece suficiente: es magrebí”, señala la entidad en redes sociales. Tras enumerar su trayectoria académica y profesional, la entidad reprocha que, “para Vox, no son suficientes méritos como para representar a sus compañeros de promoción en el cierre del curso universitario”. “Eso es exactamente lo que define a Vox. No es cierto que solo rechacen a los inmigrantes irregulares o con antecedentes. Khaoula no es ni una cosa ni la otra; es algo peor para ellos: es talentosa y brillante, y no se lo perdonan”, asevera.

Del mismo modo, desde el colectivo Voces Palestinas Málaga destacan que la elección de Ikkene para pronunciar el discurso “no fue fruto de la casualidad, sino un reconocimiento a su excelente trayectoria académica y a sus destacados méritos. Un honor reservado para quienes demuestran esfuerzo, compromiso y excelencia”. “Sin embargo, en lugar de celebrar su logro y el camino que recorrió para alcanzarlo, algunas personas prefirieron centrar el debate en el hecho de que lleva hiyab, ignorando que el verdadero valor de una persona reside en sus conocimientos, su esfuerzo y sus logros, no en su apariencia o en su forma de vestir”, concluyen en un mensaje publicado en Instagram.

“Así son ellos: les toman fotos a las mujeres marroquíes en los parques infantiles y dicen que no aportan nada más que beneficiarse de las ayudas sociales. Y cuando ven a estudiantes brillantes y destacadas, las critican sutilmente diciendo: '¿Acaso la universidad no encontró a nadie más para representar a 1.400 estudiantes?'”, comenta un usuario a través de la página de Facebook de Comunidad Árabe de España. Hablan de integración... Pero cuando te integras y aportas un valor añadido a este país, te rechazan bajo el pretexto de dar prioridad a 'los nativos'“, prosigue la misma publicación, que celebra que, finalmente, ”la excelencia se impuso“. ”Ellos son solo una minoría; en cambio, los españoles reales y justos aplaudieron a la estudiante y reconocieron su mérito“.

La respuesta de la UIB

El consejo de dirección de la UIB respondió este lunes mediante un comunicado institucional en el que expresó su rechazo a “cualquier manifestación que cuestione la dignidad o la igualdad de las personas”. En su comunicado, el consejo de dirección recordó que la graduación constituye un acto académico destinado a reconocer “el esfuerzo, la dedicación y la constancia” del alumnado y aprovechó para lamentar las incidencias organizativas derivadas de la celebración excepcional de una única ceremonia conjunta, motivada por las obras en las instalaciones donde habitualmente se desarrolla este acto.

Más allá de estas cuestiones organizativas, la universidad hace hincapié en que desarrolla su actividad conforme a principios como el pensamiento crítico, la igualdad de oportunidades, la cooperación, la solidaridad y el respeto a la pluralidad, y defiende que “la diversidad de personas, lenguas, orígenes, sensibilidades y convicciones” constituye un elemento que enriquece la institución y fortalece la convivencia.

Asimismo, recuerda en la nota que los estudiantes que intervienen en las graduaciones lo hacen “en representación de toda una promoción” como símbolo de una generación que ha compartido un mismo itinerario académico. Por ello, rechaza “cualquier manifestación que cuestione la dignidad o la igualdad de las personas”, aseverando que éstas son “incompatibles con los valores que inspiran la institución los discursos de odio que ponen en duda la legitimidad o la representatividad de miembros de la comunidad universitaria por razón de su origen, convicciones o cualquier otra circunstancia personal”.

La institución concluye reafirmando su compromiso de seguir siendo “un espacio de libertad académica, de diálogo, de convivencia y de servicio público”, así como con la construcción de “una sociedad abierta, plural y respetuosa con la dignidad de todas las personas”.

Horas después, Campos, en otro mensaje publicado en X, elevó el tono de sus críticas: “La UIB se ha molestado por no parecerme correcto que una musulmana con velo islámico represente a los alumnos de Baleares”. El dirigente de Vox sostiene que su publicación inicial constituía una “crítica” y no un “señalamiento” contra la estudiante, y considera que la reacción de la universidad demuestra que su posición era “acertada”. El diputado endureció además sus descalificaciones contra la institución académica, a la que llega a definir como “una universidad convertida en el lodazal donde retoza la intolerancia separatista, donde se permiten actos en defensa de grupos terroristas como ETA o Hamas, o donde se persigue la libertad lingüística”.

El diputado se ofreció asimismo a mantener un debate público con la UIB sobre “dignidad, igualdad de las personas, diversidad, lenguas, orígenes, sensibilidades y convicciones” y advirtió de que, si la universidad no responde a su propuesta, ello constituirá “una demostración más de que el catalanismo separatista de la UIB también es puerta de entrada a la islamización”.

El discurso ultra de Jorge Campos

Entre los episodios de carácter xenófobo protagonizados por Campos se encuentran aquellos en los que no ha dudado en vincular la “tasa de criminalidad de Balears” con el “aumento constante de inmigrantes ilegales”, manifestaciones que, en septiembre de 2022, le valieron el reproche de la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol: “No todo vale todo en política. En política no vale la mentira como norma en sus intervenciones, no vale el racismo ni vale la xenofobia que usted aplica”, le espetó la dirigente socialista.

El pasado mes de octubre, Campos emplazó al obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, a “acoger MENAS en su palacio” -reproduciendo la terminología con la que la exprema derecha alude de forma despectiva a los menores migrantes no acompañados- después de que el prelado hiciese una llamada a la ciudadanía y a los responsables políticos para frenar los discursos de odio contra las personas migrantes: “Llamarles delincuentes es una calumnia, una acusación muy grave contra gente que ha tenido que marcharse de su casa”, profirió el obispo.

El diputado ultra también convirtió el debate educativo en campo de batalla ideológica, al acusar al anterior Ejecutivo de izquierdas de “adoctrinar” a los alumnos y prometer “sacar de las escuelas” a quienes, según él, “atacan a la nación”. A su juicio, estos docentes debían ser expulsados “por higiene democrática”.

En otro mensaje en X, Campos, lejos de condenar la quema de una bandera LGTBI en un instituto de Muro (Mallorca), lamentó los hechos al considerar que la enseña “ensucia la pared” y “podrían haberse ocasionado daños materiales o personales”. “¿Qué pinta esa tela multicolor, que representa una ideología discriminatoria, en la pared de un instituto? Los centros educativos no deben ser murales donde se cuelguen pancartas, banderas o símbolos con carga ideológica o política, como esa bandera multicolor. Únicamente deben contar con las banderas oficiales”, manifestó.

Antes de dar el salto a la primera línea política, Campos se dio a conocer en Balears como presidente y principal rostro visible de la asociación Círculo Balear, una entidad de carácter ultraconservador fundada en 1999 y centrada en combatir lo que denominaba “pancatalanismo”. Desde esa plataforma impulsó durante años campañas contra las políticas de normalización lingüística, la enseñanza en catalán y el uso institucional de la lengua propia de las islas. En contra del consenso académico y de las evidencias filológicas, Círculo Balear defendía que en las islas no se habla catalán, sino una lengua diferenciada, el llamado “balear”, considerando los dialectos insulares como idiomas independientes y no como variedades del catalán.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha criticado las declaraciones racistas de Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol. “Es algo muy grave andar señalando quién es ciudadano de un país o quién no y señalar por el color de la piel quién puede ser ciudadano y quién puede no serlo. Encubre cosas no solamente hientes para un país, sino muy muy peligrosas”, ha asegurado.

“No podemos tolerar nada que ni de cerca ni de lejos encubra y lleve dentro de él el veneno del racismo y la xenofobia. Son enfermedades gravísimas del alma. Suelen ser una mezcla de estupidez y odio, pero precisamente por esa doble carga son terriblemente corrosivas y al final lo que hacen es poner en peligro lo más precioso que tiene un país y una sociedad, que es la convivencia”, ha afirmado en una entrevista en la Cadena Ser.

Albares ha defendido el fútbol como vehículo de unos valores de diversidad y de tolerancia. Este martes se disputa la primera semifinal de la Copa del Mundo, que enfrenta a España y a Francia. “Nuestras elecciones también representan a nuestros países. Yo estoy muy orgulloso de que en la selección haya españoles como Lamine Yamal o Nico Williams, que me hacen disfrutar y me dan alegrías con sus jugadas y sus goles, exactamente igual que Mikel Oyarzabal o que Fermín o Fabián, como también que Laporte sea uno de los españoles que está llevando a España lo más lejos posible. Pues exactamente igual con la selección francesa. Son elecciones diversas. Eso es ser ciudadano hoy en día”, ha agregado.

El ministro ha acusado al Partido Popular de “boicotear abiertamente y torpeadear la amistad” entre ambos países, después de que el partido dirigido por Alberto Núñez Feijóo utilizase su mayoría absoluta en el Senado para paralizar el Tratado de Amistad con Francia. Los populares instaron al Tribunal Constitucional a estudiar si el apartado que prevé que un ministro francés pueda participar en el Consejo de Ministro es conforme con la Carta Magna.

Para Albares, esta posición del PP contra los socios y vecinos españoles evidencia que “están absolutamente incapacitados para gobernar”: “Y no es una cuestión de no saber idiomas, yo creo que es una cuestión de saber cuáles son los valores de los españoles que son de tolerancia, de pluralismo, de diversidad, porque España es un país plural, porque España es un país diverso, porque España es un país tolerante. Es saber también dónde están nuestros intereses”.

Lamine Yamal responde a Rajoy

La estrella de la selección española, Lamine Yamal, ha respondido a Rajoy en la rueda de prensa previa al partido, después de que el expresidente calificase a la plantilla del equipo francés de un “altísimo nivel, eso sí, sin franceses”. “El fútbol si sirve para algo es para integrar la sociedad y no hay mejor que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración”, ha declarado el jugador. “El fútbol, al final, es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona”, ha zanjado.

Las palabras racistas de Rajoy han recibido una cascada de condenas. También del Gobierno francés. El ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, dijo que “Francia no tiene color de piel” y que “cualquier afirmación en ese sentido es una estupidez, racismo o una combinación de ambas cosas”.

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán (Vox), ha presentado este lunes el programa de su consejería y ha arrancado con la política xenófoba de Vox contra los migrantes, su intención es repatriar y retornar a los menores no acompañados, por lo que se dará “prioridad” en la cooperación internacional a aquellos países que colaboren con Castilla y León.

Pollán ha revelado además que la Junta ya ha “abierto” 26 procedimientos de verificación de edad y ha defendido extender este trámite a todos los menores extranjeros tutelados, en la Comunidad, 190, para evitar “fraudes y colapso de los servicios”. Así, el gobierno autonómico, que no tiene competencias en extranjería y por lo tanto no puede decidir esa verificación, se ha dirigido a la Fiscalía para que lo haga. La tentativa, sin embargo, puede que no pase de ahí. Ya hay un precedente en Zaragoza, con gobierno PP-Vox, y donde el fiscal de menores se ha negado a verificar la edad de los menores a petición del gobierno aragonés, según advierten fuentes de la Fiscalía. “Es el fiscal de menores el que determina la edad y el que puede ordenar hacer pruebas, no un gobierno autonómico”, insisten. “Una vez determinada la minoría y sólo si aparecen nuevas pruebas concluyentes como documentación, por ejemplo, se puede revisar el primer decreto que determinó la minoría”, explican.

Pollán sobre los menores: “No entiendo cuál es el problema de que sepamos la edad de esa gente”

Muchos de los menores que llegan a España vienen con la edad determinada por documentación, pero en el caso de que no lo esté y siempre que existan dudas, ya que en algunos casos la minoría de edad es evidente físicamente, se hace la prueba pero “solo si es el único medio posible”. En Castilla y León hasta hace poco, se hacían pocas verificaciones, ahora han subido algo por el reparto que se hace para evitar que otras CCAA asuman la mayoría de la migración, pero el fiscal de menores actúa “siempre en interés del menor” y “se trata de inmiscuirse lo mínimo posible en su privacidad”.

Aunque la oposición ha afeado a Pollán su intención de que se verifique a todos los menores, no ha rebajado el discurso. “No entiendo cuál es el problema de que sepamos la edad de esa gente”, ha llegado a decir. “Tienen entre 14 y 17 años, no son niños y niñas sino adolescentes”, ha insistido mientras se refería a los menores como “menas” y “esa gente”. Además ha intentado disfrazar con cifras la necesidad de hacer las pruebas de edad porque “en Aragón casi el 80% de las pruebas que se han hecho han determiado que no eran menores”. Carlos Pollán ha olvidado precisar que esas pruebas no se han hecho a todos los menores sino a aquellos sobre los que había una duda razonable.

En cualquier caso, ha avanzado que la Junta de Castilla y León “rechazará de forma expresa la política de inmigración del Gobierno de Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, políticos y jurídicos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”. Así, ha afirmado que no participará “en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Castilla y León”.

“A menos de un mes de la formación del nuevo Ejecutivo, ya estamos cumpliendo con la palabra dada de oponernos frontalmente a la política de inmigración del Gobierno de Sánchez”, ha presumido. Ha recordado que el pasado 1 de julio el Gobierno central convocó una reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia y que él “como vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales” se negó a asistir. Lo mismo hicieron sus homólogos en Extremadura y Aragón. “Fue nuestra manera de denunciar la nueva imposición de Sánchez en materia de reparto de menores extranjeros no acompañados”, ha comentado. Entre los asuntos incluidos en el orden del día de la reunión, figuraba la propuesta de distribución territorial de 35 millones de euros para la atención de menores extranjeros no acompañados durante 2026.

No queda ahí. La Junta de Castilla y León va a recurrir el Real Decreto 556/2026 de 30 de junio por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas y que asigna a Castilla y León una capacidad de 833 menores. “Una vez más, Sánchez actúa de forma unilateral, sin el acuerdo unánime de todas las comunidades, sin respetar las competencias que corresponden a cada una en materia de protección de menores y disfrazando de humanitarismo lo que no es más que puro cálculo político”, ha dicho. Para Pollán, el incremento que se ha asignado a Castilla y León “carece de una justificación objetiva” porque la población ha crecido un 0,72 % entre agosto de 2025 y mayo de 2026, pero el número de menores asignados aumenta un 6,38 %, pasando de 783 a 833. Para Pollán existe desproporción en los criterios aplicados.

Respecto al pacto de gobierno que firmaron PP y Vox en Castilla y León el pasado 3 de junio, ha insistido en que se trabajará “por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen”. La fórmula pasa por promover acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres. Según el consejero, les ampara el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Suprimir subvenciones a oenegés y no aumentar plazas de acogida

También pasa ese objetivo de retornar a menores por suprimir “todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con oenegés u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas”. Según él, subvencionar oenegés es “fomentar el efecto llamada”. Y para controlar las subvenciones, Pollán ha anunciado una “auditoría anual de todos los gastos vinculados a inmigración ilegal” para “reducirlos al mínimo imprescindible para el cumplimiento del marco legal vigente”.

Durante la legislatura, ha avanzado, la Junta no habilitará nuevos centros de acogida de “inmigrantes ilegales” ni se ampliarán plazas en los existentes. “Reforzaremos los protocolos de intervención y disciplina en los centros de menores, así como de la seguridad de los trabajadores”, ha manifestado en un evidente intento de criminalizar a los menores extranjeros. “Exigiremos al Gobierno de España la adaptación, de forma inmediata, del nuevo Reglamento Europeo de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de este año, orientado a endurecer la política migratoria”, ha añadido.

La pasada de frenada del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su última “crónica” sobre el paso a semifinales de la selección española ya ha llegado a oídos de los franceses. Si alguien pensaba que, tras la polémica y el amago de crisis diplomática con Paraguay por las palabras de una senadora liberal del país americano, los comentarios racistas de un expresidente español no iban a llegar hasta el país vecino, se equivocaba.

Ahora, al menos tres ministros del gobierno francés han salido a hacer frente a las palabras de Rajoy a poco más de 48 horas del encuentro que medirá a las selecciones de ambos países en semifinales por un lugar en la final del Mundial de 2026.

Para el ministro francés del Interior, Lauren Núñez —descendiente de almerienses que antes de llegar a Francia pasaron por Argelia—, las declaraciones del expresidente del Gobierno son “absolutamente inaceptables”. “Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia”, afirmó el ministro francés en una entrevista en la televisión BMF TV en la que fue preguntado por las palabras de Rajoy, que afirmaba en su columna que la selección francesa de fútbol tiene “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”.

Sobre sus palabras, el ministro francés dijo que “Francia es un país diverso donde todo el mundo puede desarrollarse” y que considera que “hay una Francia, simplemente, que es una República en la que todo el mundo debe poder encontrar su lugar”.

“Creo que nos alejamos de eso cuando se trata de cosas como estas. No damos una imagen de esperanza a muchos jóvenes que viven en los barrios y que son ciudadanos de la República”, añadió el ministro francés.

La Embajada de Francia en España también ha publicado un breve mensaje en su cuenta oficial en la red social X en el que recuerda que “de los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia”, como ha informado este periódico en varias ocasiones.

Otros miembros del gobierno francés, como la ministra delegada para la Igualdad de Género y la Lucha Contra la Discriminación de Francia, Aurore Bergé, también han salido al paso de las palabras de Rajoy. En su caso ha afirmado que “los resbalones racistas repetidos son insoportables” y ha mostrado su orgullo por la selección francesa.

“El equipo de Francia muestra lo mejor de nosotros mismos: una Francia que gana, que se atreve, que juega en equipo, que resiste en la adversidad. Un equipo que amamos y que nos enorgullece”, ha subrayado después, antes de señalar que “es hora de que cesen —estos resbalones racistas— y de que el deporte vuelva a ser deporte: un lugar donde se juzga por el talento y por ningún otro criterio”.

Por su parte, la ministra para los territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, ha pedido a la Federación Francesa de Fútbol que inicie “todas las acciones legales posibles” contra el expresidente Rajoy, algo sobre lo que por el momento no se ha pronunciado la Federación de Francia.

“A cada victoria de los Bleus, resurgen las mismas obsesiones e insultos racistas. No son 'deslizamientos'. Es un odio metódico y banalizado de Francia y de lo que representa”, declara en un mensaje publicado en la red social X.

Sánchez carga contra las “declaraciones xenófobas” de Rajoy

En un mensaje en la red social X, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha cuestionado que haya todavía hoy quienes miden “la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel”, y lo ha contrapuesto con quienes la miden “por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios”.

Sánchez ha asegurado que España es “de quien la ama y la trabaja” y no “de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas”. Tras ello, se ha citado con Francia “en semifinales” y ha añadido: “Que gane el mejor y que pierda el racismo”.

El 42% de la población vasca se considera creyente. Del total de los creyentes en la actualidad, el 34% cuenta con religión católica, el 4% musulmana, el 1,1% evangélica y el 1% ortodoxa, según el Barómetro sobre Religión y Creencias del estado español correspondientes al 2025, hechos públicos durante la presentación del Plan de Acción (2026-2029) del Gobierno vasco que busca gestionar la diversidad religiosa desde una “laicidad cooperativa” a través de un Consejo Interreligioso que estará formado por ocho religiones: católica, budista, islam, evangélica, ortodoxa rumana, bahá’í, jesucristo de los santos de los últimos días y testigos de Jehová. A pesar de estos datos y de los avances realizados en materia de diversidad religiosa, el anuncio de la creación de una nueva mezquita en Basauri, la más grande hasta ahora en Bizkaia ha reactivado discursos de odio hacia la comunidad musulmana por parte de partidos como el PP o Vox.

Se trata de una nueva mezquita que sustituirá la inaugurada en el año 2011 y situada en la calle Pozokoetxe, que según sostienen desde la comunidad musulmana se había quedado pequeña. Con la adquisición de un nuevo local en la calle Juan Ibargutxi, que anteriormente albergaba primero la discoteca People y, después un supermercado, la nueva mezquita contará con 800 metros cuadrados. Los gastos tanto de la adquisición como de las obras que se están realizando en el inmueble han sido sufragados por la propia comunidad musulmana, sin embargo, desde el PP consideran que el Ayuntamiento de Basauri liderada por el PNV en coalición con el PSE-EE, debería aclarar “el origen de los fondos destinados a esta enorme infraestructura” y “paralizar el proyecto”, mientras que desde Vox sostienen que “las políticas migratorias del bipartidismo de PP y PSOE, y de los partidos separatistas han logrado que donde antes se bailaba ahora sea un lugar de rezo islámico”, haciendo referencia a la discoteca que clausuró en 1997.

En las últimas elecciones municipales, el PP en Basauri obtuvo un total de 1.338 votos, el 7,5% del total y un concejal en el Ayuntamiento Eduardo Rodríguez. Vox, por su parte, no se presentó a las elecciones al Ayuntamiento de la localidad vizcaína. Rodríguez ha mostrado su rechazo a la “inminente apertura de lo que se proyecta como la mayor mezquita de Bizkaia”, y ha exigido la paralización inmediata del proyecto tras registrar una batería de preguntas urgentes en el Ayuntamiento para “forzar al equipo de gobierno a rendir cuentas ante los ciudadanos” ante el “inaceptable silencio institucional y la política de hechos consumados con la que se está gestionando este macrocentro”. “No se trata de un simple trámite administrativo, sino de una transformación radical de un entorno residencial que choca frontalmente con las costumbres, la tranquilidad y el sentir mayoritario de los vecinos de Basauri. No podemos mirar hacia otro lado mientras se impone, de espaldas a los vecinos y de forma exprés antes del verano, un centro de estas características en los bajos de un edificio de viviendas. Los basauritarras tienen derecho a defender la identidad de sus barrios, su seguridad y su modelo de convivencia tradicional”, ha argumentado, para advertir que desde el PP no van a “tolerar que se ningunee a los residentes para dar vía libre a un proyecto de este calado”.

A juicio del PP, la apertura de la mezquita “rompe el equilibrio social de la zona y genera un foco de saturación inasumible en pleno centro urbano”. Con el objetivo de “destapar la gestión” de este proyecto, el concejal ha registrado diez preguntas “clave”, exigiendo al Ayuntamiento explicaciones sobre cuestiones relacionadas con las concesiones de licencias, el control de aforo y seguridad, el origen de los fondos y garantías de orden público. En este sentido, Rodríguez ha reafirmado el compromiso del PP “con la defensa del vecindario frente a decisiones que alteren la identidad y la paz social de Basauri” y ha asegurado que utilizarán “todas las herramientas legales a su alcance para frenar” un proyecto que consideran “desproporcionado y lesivo para los intereses del municipio”.

El líder de la Comunidad Islámica de Euskadi, Ahmed Zannouti reconoce a este periódico que este tipo de ataques se producen a medida que se aproxima el periodo electoral. “Las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina y como estos temas calan, los partidos políticos van a intentar obtener votos de esta manera. El eje de la campaña va a ser la inmigración, islamización y la delincuencia. En Euskadi no somos una isla y hay un discurso racista a nivel europeo que está ganando terreno”, lamenta.

Una de las funciones del Consejo Interrelijioso Vasco será elaborar “un plan para atajar los estereotipos y prejuicios” existentes sobre las confesiones minoritarias en particular y la diversidad religiosa en general. El Consejo nace, además, con una motivación proactiva para disponer de conocimiento de las distintas realidades religiosas y anticiparse a escenarios de conflicto, buscando evitar respuestas reactivas que puedan llevar a tensiones o la socialización de discursos de odio. De esta manera, este órgano, de carácter consultivo pretende dotar de una estructura estable a la interlocución institucional en iniciativas y decisiones que puedan afectar al ejercicio de la libertad religiosa y de culto, proporcionando un marco formal para el asesoramiento técnico y la participación den el diseño de políticas públicas relacionadas con la diversidad religiosa. Es decir, herramientas para las comunidades cuando sufran algún ataque discriminatorio o racista durante la práctica libre de su religión.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recuperado una vez más su versión de columnista deportivo con sus particulares “crónicas” —por decir algo— tras los partidos de la selección española. Pero, tal vez impulsado por la radicalización del espacio político de la derecha, esta vez Rajoy se ha pasado de frenada y se ha dejado llevar por la ola racista y xenófoba europea.

Después de un par de comentarios y chascarrillos sobre la victoria de España frente a Bélgica, que básicamente consistió en un repaso cronológico por el paso de la selección europea por el Mundial, el verdadero Rajoy entró en juego. “Hoy llegó el desquite. Les hemos devuelto la pelota”, señalaba el expresidente del PP, alegando la eliminación española en cuartos de final en el Mundial de 1986 a manos de los Diablos Rojos.

Y añadía, además, que se alegraba doblemente. Por vencer a los diablos y a los rojos, que no le gustan “salvo la excepción que confirma la regla general, que es la camiseta de España”. No faltó la pullita contra los socialistas: “Basta con mirar hacia atrás o, simplemente, ver lo que sucede hoy en nuestro país. Así que esta victoria me sabe mejor.”

Tras un breve repaso para recordar que con su pase a semifinales España está ya entre las cuatro mejores selecciones del mundo, Rajoy pasa a su fase preferida: la cábala. “¿Qué pasará? No resulta fácil dar una respuesta a semejante pregunta”, señalaba casi retórcidamente. Para añadir que Francia llegó a la última final, que tiene dos mundiales o que ha ganado todos sus partidos en esta competición.

Y, luego ya, un poco de racismo. “Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”. Suponemos que, para Rajoy, ni siquiera el rubio Rabiot es lo suficientemente francés al haber nacido fuera de la circunvalación periférica de la capital. Como contábamos al inicio de la Copa del Mundo, apenas tres futbolistas de la plantilla de 26 jugadores de Francia no nacieron en el país europeo: Michael Olise, Marcus Thuram y Brice Samba.

Poco más dijo Rajoy, que asegura que no quiere meterse en problemas por si le hacen caso y luego no sale bien. La duda es si sus palabras se acercan o no a los comentarios racistas de la senadora liberal paraguaya que casi provoca una crisis diplomática con la República francesa.

La madrugada del 9 de julio de 2025 un hombre salió muy temprano a andar por su pueblo, Torre Pacheco, en Murcia, cuando tres hombres se le acercaron y uno de ellos le agredió y dejó tirado en el suelo. Al día siguiente, la ultraderecha de toda España pondría el foco en aquel pueblo, y durante las tres noches siguientes, se vivieron escenas de altercados, violencia, hostigamiento, y asaltos a viviendas y comercios por parte de grupos de ultraderecha que, desde varios puntos de España, acudieron a la llamada para “cazar inmigrantes”. Era el brote racista más grave que había vivido España en 25 años, y nunca estuvimos tan cerca del precipicio.

Con Elisa Almagro, periodista de elDiario.es en la Región de Murcia, que ha vuelto a Torre Pacheco un año después de estos hechos, hacemos un balance de la situación social y de las consecuencias judiciales para algunos de los protagonistas de este grave estallido de violencia xenófoba. Con Oriol Solè, periodista de elDiario.es en Catalunya, actualizamos el estado en el que se encuentra la situación judicial de uno de los principales instigadores de estas campañas de linchamiento.

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“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”. Así arrancaba el mensaje que hizo público en sus redes sociales la senadora liberal Celeste Amarilla cargando contra el capitán de la selección francesa Kylian Mbappé apenas una hora después de que la selección de Paraguay resultase eliminada en octavos de final por 0 a 1 con un solitario gol de penalti del delantero parisino.

Sin entrar en las descalificaciones de la ilustre senadora, que ya de por sí podrían invalidar al completo su mensaje, Amarilla también aseguró que Mbappé estuvo “nervioso y muerto de miedo” durante todo el partido, “como todo su equipo”, insistió en que “no pudieron meter ni un gol” —sorprendente; visto el resultado de 0-1 cualquiera diría que se equivocó de selección— e incluso llegó a incitar a los profesionales futbolistas de la selección paraguaya a ejercer la violencia contra el francés: “Lo que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido”.

“Y eso que no soy fanática del fútbol”, añadía. ¡Menos mal!

El capitán francés, que con su gol frente a Paraguay se sitúa como uno de los tres máximos goleadores de la competición junto a Haaland y Messi con siete tantos, utilizó sus redes sociales para responder a la senadora con un mensaje en francés a modo de carta y con algo más de elegancia:

Madame Celeste Amarilla: Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo desacomplejado, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré a personas como ella la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo.

La respuesta de Mbappé, que fue ampliamente celebrada por todas las latitudes y tuvo un gran eco en las redes sociales, no calmó del todo los ánimos en Francia. La ministra francesa de Francofonía, Alianzas Internacionales y Franceses en el Exterior, Éléonore Caroit, consideraba este lunes “inadmisibles” las declaraciones “racistas” de Celeste Amarilla. “Son una vergüenza y no representan los valores de Paraguay ni la relación entre nuestros países”, afirmaba la ministra en castellano.

Acto seguido, pasando al francés, recordaba que Kylian Mbappé es “un campeón inmenso” y que, junto a Les Bleus, “encarna una Francia que extrae su fuerza de su diversidad y que proyecta sus valores mucho más allá de sus fronteras”. Y añadía: “El racismo no ganará jamás”.

También hizo referencia a la polémica generada por la senadora paraguaya el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, quien describía el intercambio como “un gol más para Kylian Mbappé” aunque “contra el racismo” en esta ocasión. Y defendía los valores de Francia frente a las palabras racistas de Amarilla: “Cuando las palabras ensucian, nuestros valores responden: dignidad, respeto, fraternidad”.

Poco antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay emitía un breve comunicado al respecto de la polémica. En él deploraba y rechazaba las expresiones de la senadora Celeste Amarilla, que definía como “contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana” que el país promueve.

Además, el Gobierno paraguayo se preocupaba de enmarcar sus declaraciones en redes sociales en “el ejercicio de su responsabilidad individual” y remarcaba que “de ninguna manera” representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay “ni del pueblo paraguayo”. Además, reafirmaba el “firme compromiso” del gobierno con la promoción de los derechos humanos, la igualdad o el respeto entre las personas y expresaba su solidaridad con “quienes pudieran haberse sentido afectados” por las declaraciones.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, compartía poco después en sus redes este comunicado describiendo el racismo como “un tumor del alma humana, la estupidez transformada en odio”. “Tomo nota de la denuncia por parte de las autoridades paraguayas de los comentarios racistas de una senadora contra Kylian Mbappé. Apoyo total a nuestro capitán y a nuestro equipo. Llevan en alto nuestros colores, los de Francia”, añadía, dando aparentemente por finalizada la polémica.

La última palabra

Pero la senadora Amarilla no ha querido dar por cerrado el asunto sin tener la última palabra. Esta madrugada, ha escrito una “carta abierta a Mbappé”, en la que pretende situar sus insultos y comentarios racistas en un “problema” personal entre ella y el futbolista y en la que arranca afirmando que nunca dijo “nada” de Francia —pese a que llama a Mbappé “camerunés colonizado”, le dice que finge “ser francés” o afirma que “todo su equipo” tuvo miedo frente a Paraguay—.

Para justificar que no tiene “nada con Francia” sino solo un problema con el futbolista, utiliza el argumento de que ella estudió en un colegio francés, que ama visitar el país o que cantaba La Marsellesa. Y tras ello carga contra la “arrogancia” y el “desprecio” de Kylian Mbappé por haber dicho “antes del partido” que “si hay que meter manos en la mierda, vamos a meterlas”.

En este punto, dos aclaraciones. La primera, que estas declaraciones de Mbappé no son previas al partido frente a Paraguay, sino que las realizó a pie de campo tras finalizar el mismo con victoria para Francia.

La segunda, que las palabras completas del delantero del Real Madrid al terminar el encuentro fueron: “Demostramos que somos un equipo que sabía jugar al fútbol ofensivo, pero si hay que meter las manos en la mierda, vamos a meter las manos en la mierda. Perdón por la expresión. No tenemos ningún problema con eso”. Es decir, hacía referencia a “meter las manos en la mierda” como en castellano diríamos aquello de “bajar al barro”, en referencia a lo que fue el partido, un encuentro lleno de dureza, muy físico y con poco espacio para las florituras o el jogo bonito.

Acto seguido, acusa a Mbappé de tener una “conducta arrogante” o de decirle a un defensor paraguayo la expresión “la concha de tu madre”, que según la quinta senadora con más patrimonio del país sudamericano es “sumamente agresiva”. Como todo el mundo sabe, Mbappé además de francés habla castellano incluso antes de fichar por el club madrileño. Esa conversación se produjo en el minuto 40 después de un posible penalti sobre el francés que el árbitro no señaló.

Por último, reclama a Mbappé que le negase el saludo al portero paraguayo. Lo que en realidad ocurrió fue que el delantero estaba reclamando el pitido final del partido y, al escucharlo, se puso a celebrar la victoria, colocándose de espaldas al guardameta. Y este, que le había tendido una mano que no vio —o no quiso ver—, se rebotó y le lanzó un balón a la espalda. Juzguen ustedes.

El resto de la carta de la senadora, seguramente más extensa de lo que requería la situación e incluso la crisis diplomática que habían generado sus insultos y comentarios racistas iniciales, se puede resumir en un intento fallido de justificar sus comentarios y un intento de victimización. “Entiendo que eso te haya molestado, porque es humillante”, llega a reconocer.

Ahora, la senadora exige que Mbappé se retracte y le pida “disculpas”, afirma que no a a “tolerar” su “violencia”, le acusa de ejercer “violencia de género” contra ella y hasta llega a asegurar que ella no atacó “su color” ni “sus preferencias” —“camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés...”— y a decir que, de no retractarse, podrá “iniciar acciones legales por violencia de género”. Ver para creer.

¿Hasta qué punto está solo Pedro Sánchez en el debate migratorio de la UE? Algunos medios lo han destacado con el fervor de quien cree haber recibido una buena noticia. No están muy equivocados. Por primera vez en mucho tiempo, la posición de España es minoritaria en Bruselas en el terreno de los principios, más allá de cuestiones presupuestarias. Europa pretende seguir los pasos de Donald Trump y convertir la UE en un infierno para los migrantes. Sánchez es el único dirigente que se niega a aceptar una corriente de opinión xenófoba que ahora es mayoritaria entre los gobiernos europeos.

El aumento de votos a los partidos de extrema derecha ha hecho que Ursula von der Leyen y la derecha europea se hayan decidido a considerar alternativas con las que reducir la llegada de migrantes que antes carecían de apoyos reales. El caso más claro es el de los centros de repatriación o retorno que serían construidos en terceros países, en su mayor parte en África y Asia. La idea tenía una dudosa cobertura legal, como descubrió Keir Starmer en Reino Unido con su acuerdo con Ruanda y Giorgia Meloni con el plan fracasado de hacer lo mismo en Albania. Ahora todo parece indicar que es cuestión de tiempo que esos centros vayan a existir, aunque aún no se sepa dónde.

Una de sus grandes defensoras no milita precisamente en la ultraderecha. La primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, está convencida de que esos centros serán una realidad como muy tarde en 2027. Habrá un numeroso grupo de países dispuestos a seguir esa vía. Allí enviarán a los solicitantes de asilo mientras se tramitan sus peticiones durante años y a aquellos que deben ser deportados a sus países de origen, pero que resulta imposible hacerlo por la negativa de sus gobiernos a aceptarlos.

Diecinueve países europeos apoyaron en junio poner en marcha estos centros siguiendo el camino marcado por Meloni con Albania. Quieren que sean financiados con el presupuesto comunitario –el próximo que se negocia es para el periodo 2028-2034– con una cantidad que ascendería a 20.000 millones de euros, incluidos los fondos que se entregan a gobiernos extranjeros para limitar la llegada de sus ciudadanos a Europa.

Sánchez se opuso por considerarla una solución ineficaz que además “es contraria a los valores de la UE”. Emmanuel Macron compartió este último punto de vista.

Los críticos al proyecto de los centros los han llamado “los Guantánamos de la UE”, porque no habrá garantías reales de que se respeten sus derechos humanos. Quedarán en un limbo jurídico en el que todos los incentivos estarán diseñados para convencerles de que deben volver voluntariamente a sus países.

Frederiksen sostiene que esos centros deberán respetar el Derecho Internacional. “Nadie me ha podido convencer de que no sea una idea socialdemócrata contar con centros de repatriación fuera de Europa”.

El mensaje de Sánchez no puede ser más diferente. “Hay dos maneras de afrontar la migración. Una, negar la realidad y alimentar la xenofobia. Sin migración en España, 90.000 bares tendrían que cerrar, 50.000 aulas se quedarían sin alumnos y desaparecería una de cada tres explotaciones agrícolas”, ha dicho esta semana. Las cifras no tienen por qué ser exactas, pero el perjuicio que sufriría la economía sin los inmigrantes resulta evidente. España no habría alcanzado cifras de crecimiento muy por encima de la media de la UE sin la aportación de los extranjeros en el mercado laboral.

Los gobernantes como Frederiksen creen que solo se puede ganar a la extrema derecha adoptando algunas de sus ideas y prejuicios sobre inmigración. Quizá porque sean las suyas. Cuando llegó al poder en 2019, dijo que aspiraba a que el número de solicitantes de asilo se redujera a cero.

El proceso de regularización de más de un millón de inmigrantes sin papeles en España ha sido otro elemento de tensión que confirma que Sánchez no se dejará arrastrar por las políticas que llegan del resto de Europa. Esta semana, el Partido Popular Europeo (PPE), que preside doce gobiernos de la UE, publicó una declaración política dirigida directamente contra Sánchez. Las regularizaciones a gran escala, afirmaron, “corren el riesgo de debilitar la credibilidad de la política migratoria de la Unión, generar un fuerte efecto llamada y provocar movimientos secundarios dentro del espacio Schengen”.

La referencia a los “movimientos secundarios” carece de base. “La regularización otorga un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en territorio español”, dijo el lunes la ministra de Migraciones, Elma Saiz. No permitiría a los extranjeros legalizar su estancia en Francia o Alemania.

¿Cuál es la alternativa del PPE y del comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner? No está pensando en legalizar la presencia de extranjeros sin papeles, aunque esto les convierta en ciudadanos de segunda clase y sin derechos. “Debemos garantizar que, como regla, los migrantes irregulares abandonen la UE. Sin esto, nuestras políticas no son creíbles”, dijo Brunner en febrero. Esos gobiernos europeos saben que no pueden expulsar a todos los sin papeles y creen que ofrecerles una vía para legalizar su estancia es incompatible con la intención de que Europa sea un territorio hostil para los inmigrantes.

La falta de coherencia con otras realidades económicas europeas resulta evidente. El mismo Brunner alertó en junio de 2025 sobre las consecuencias de la realidad demográfica europea: “Si hoy detuviéramos toda la migración legal hacia Europa, nuestras economías serían entre un 9% y un 15% más pobres dentro de veinte años”. No hay más crecimiento demográfico que el que pueda propiciar la inmigración.

“Sobre la base de las tendencias actuales (según las previsiones de Eurostat hasta el año 2100), habrá 53 millones de personas menos viviendo en Europa que hoy. Eso significa que desaparecerá una octava parte de la población actual del continente. Ningún Estado miembro logrará compensar las muertes con nacimientos”, señala la web La Matinal Europea.

Brunner es un conservador austriaco que fue ministro de Hacienda. No son las proyecciones económicas las que le preocupan en estos momentos, sino la necesidad de no dejar a la extrema derecha el monopolio de la xenofobia. En la última encuesta de junio, el ultraderechista FPO saca con el 38% dieciocho puntos de ventaja a su partido –el OVP, miembro del PPE– y veinte puntos a los socialdemócratas. El alemán Friedrich Merz también ve con preocupación los sondeos. El de Forsa para RTL de finales de junio coloca a la ultraderechista AfD con un 26%, cuatro puntos por encima de la CDU. Los socialdemócratas, aliados de Merz en el Gobierno de coalición, se hunden hasta el 12%.

Sánchez no cedió cuando escuchó críticas de sus socios europeos ni cree que atacar a los inmigrantes le beneficiará en las encuestas de España. “Y si tienen alguna duda, pues que hablen con el Vaticano”, dijo en tono desafiante en la rueda de prensa posterior a la última cumbre. Sánchez prefirió estar solo antes que mal acompañado por la ultraderecha.

En la ciudad sudafricana de Durban, la tensión se palpaba en el ambiente. Los comercios habían echado la verja y el silencio, poco común en la calle, era generalizado. Varios miles de manifestantes ataviados con trajes zulúes marcharon por la localidad costera. Blandiendo palos y porras, gritaban “Abahambe!” (“¡Que se vayan!”, en isizulu, la lengua más hablada del país), una frase que se ha convertido en el grito de guerra de las protestas contra la inmigración.

Sudáfrica contuvo la respiración este martes mientras se desarrollaban nuevas protestas masivas en todo el país, tras una campaña de varias semanas contra los extranjeros que ha dejado al menos cuatro muertos y decenas de miles de personas huyendo en busca de seguridad.

Los grupos activistas que están detrás de las protestas pusieron un plazo arbitrario a las personas sin papeles hasta el 30 de junio para abandonar el país, y muchos temen que el ultimátum degenere en violencia.

“Ahora no tengo plan, solo volver a casa”

En los días previos a la fecha límite, miles de personas huyeron de sus hogares presas del miedo y durmieron a la intemperie en las aceras, en campos abiertos y en campamentos improvisados, con la esperanza de ser repatriadas a sus países de origen. Varios gobiernos africanos fletaron autobuses o aviones para traer de vuelta a sus ciudadanos y hasta la fecha más de 25.000 personas han sido repatriadas, según la policía

En la ciudad de Pietermaritzburg, a 80 kilómetros de Durban, donde un ciudadano de Malaui de 29 años fue asesinado por una multitud tras una protesta el 19 de junio, cientos de familias acamparon durante días frente a un edificio abandonado.

Sobre un jardín cubierto de maleza, una cola serpenteaba en vísperas de las protestas del día 30. Madres y niños agotados se sentaban alrededor de hogueras, mientras la gente subía sus pertenencias, apretujadas en bolsas, a los autobuses que se dirigían a la frontera norte de Sudáfrica. Las autoridades se daban prisa por deportar al mayor número posible de gente.

Jackson Makungwa estaba en una de esas colas con dos maletas pequeñas: todo lo que podía llevarse tras 10 años construyendo una vida en Sudáfrica. Este hombre de 29 años, originario de Malaui, pensaba que Sudáfrica era un “país de esperanza”, pero llevaba dos años sin poder renovar el permiso de trabajo, según explicó. “No es que quiera estar en el país de forma ilegal, pero el sistema no me permite estar legalmente”, lamentaba, entre suspiros.

Makungwa se resistió durante semanas a las crecientes súplicas de su madre para que se marchara. Acabó cediendo después de que siete hombres agrediesen a un amigo de Malaui. “Dijeron que la fecha límite es el día 30, así que me atacarán si me quedo”, explicó. Mostró una foto de su hijo en el teléfono, fruto de su relación con una madre sudafricana. No consiguió a tiempo los documentos de viaje para el bebé. “Me veo obligado a dejarlo atrás. Hoy cumple dos meses”, relató.

La xenofobia y la afrofobia… surgen donde se cruzan la inseguridad económica, el alto desempleo, la desigualdad, un gobierno débil y la mala gestión de la migración

Philile Ntuli — Comisión Sudafricana de Derechos Humanos

Un poco más adelante, en un campamento improvisado montado por familias procedentes de Zimbabue, a Lydia Mpingashato acababan de comunicarle que la han despedido de su trabajo de limpiadora. Los niños corrían mientras las mujeres cocinaban en fuegos al aire libre. Muchos —incluidas personas con papeles— afirmaban que los propietarios los habían desahuciado por temor a represalias por alquilar a migrantes.

Mpingashato esperaba un taxi compartido en el barrio donde llevaba 17 años viviendo cuando un hombre la amenazó. “Me dijo que me quemaría la casa y mataría a mi familia”, contó. “Ahora no tengo plan; solo volver a casa para estar a salvo”, detalló. Su hijo, de 17 años, también se vio obligado a huir de lo que para él ha sido el único hogar que ha conocido, y dejar atrás a muchos amigos sudafricanos. “Cuando vio el campamento, me dijo: 'En realidad, nunca nos quisieron”.

“Pasaremos a la acción”

Muchos sudafricanos culpan a los migrantes de otras partes del continente de la elevada tasa de paro y los altos niveles de delincuencia del país. “La xenofobia y la afrofobia… surgen donde se cruzan la inseguridad económica, el alto desempleo, la desigualdad, un gobierno débil y la mala gestión de la migración”, afirma Philile Ntuli, de la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos.

El país, que acoge a unos 2,4 millones de extranjeros (con y sin papeles) según los datos del censo de 2022, tiene un largo historial de violencia contra las personas migrantes. Los disturbios xenófobos de 2008 se cobraron 62 vidas y provocaron el desplazamiento de más de 150.000 personas. Otra ola de ataques en 2015 dejó al menos cinco muertos.

En respuesta a las últimas tensiones, el Gobierno ha tratado de calmar la ira intensificando su campaña contra la inmigración indocumentada. La policía afirma que ha detenido a más de 50.000 migrantes sin papeles desde enero. El lunes por la noche, el presidente Cyril Ramaphosa se reunió con algunos de los líderes de las protestas y advirtió a los sudafricanos de que no deben tomarse la justicia por su mano.

A medida que comenzaban las marchas por todo el país, se observaba un fuerte despliegue de seguridad en previsión de los posibles disturbios. En Durban, los helicópteros sobrevolaban la zona mientras la policía y los guardias de seguridad privados vigilaban desde vehículos blindados. Los organizadores instaron a los manifestantes a mantener la calma y evitar los saqueos, pero algunos participantes lanzaron amenazas apenas veladas sobre lo que ocurriría tras la “fecha límite”.

A medida que la multitud pasaba junto a bloques de pisos en ruinas, algunos manifestantes señalaban a las familias que observaban desde las ventanas, gritándoles que abandonaran el país y haciendo gestos de degüello. “Puedo oler a los extranjeros”, dijo un hombre que llevaba un escudo.

“Hemos sido amables. Mañana no lo seremos. Pasaremos a la acción”, afirmó Nkosi Ndlovu, un pastor de 48 años que acusa a los migrantes de vender drogas a los jóvenes locales, incluida su cuñada.

En las afueras de la marcha, Mfundo Zulu, de 40 años, dice que los migrantes quitan el trabajo a los sudafricanos al aceptar salarios más bajos. “Esos son nuestros hijos, nuestra juventud está muerta”, aseguraba, señalando a un campamento de personas sin hogar. Dado que miles de personas habían huido del país en las últimas semanas, asegura que de repente hay muchos trabajos disponibles. “Ahora la vida será mejor”, añadía su amiga. “No los odiamos, pero se han quedado más tiempo del permitido”.

“Vivimos como si ya estuviéramos muertos”

Mukandjwa Shomri, del Southern Africa Refugee Organisations Forum (Foro de Organizaciones de Refugiados del África Meridional), cree que el Gobierno de Sudáfrica “no está haciendo lo suficiente” para exigir responsabilidades a los perpetradores de la violencia xenófoba. “Cuando intentas presentar una denuncia ante la policía, lo primero que te piden son los papeles”, explica. “Nos atacan en las calles, en la comunidad y en la administración pública”.

“La esperanza que muchos teníamos como refugiados cuando llegamos al país —que Sudáfrica defiende los derechos humanos, un país reconocido internacionalmente como un Estado democrático— ya no existe”, afirma.

Cuando intentas presentar una denuncia ante la policía, lo primero que te piden son los papeles

Mukandjwa Shomri — Foro de Organizaciones de Refugiados del África Meridional

Hablando por teléfono desde un refugio, Leon dice temer lo que pudiera pasar tras el 30 de junio. Este solicitante de asilo de la República Democrática del Congo, que lleva en Sudáfrica desde 2014, se vio obligado a pasar a la clandestinidad después de que atacaran su tienda el 19 de junio. Pide que solo se le identifique por el nombre de pila.

“Hasta la policía nos dice abiertamente que están hartos de nosotros, que debemos abandonar el país”, afirma con voz temblorosa. El acoso ya era algo habitual desde hacía años, “pero ahora tienen la oportunidad de hacerlo abiertamente”, añade. “A partir del 30 de junio, la situación será aún peor”, se teme.

Algunos días, Leon se arrepiente de haber buscado refugio en Sudáfrica, un país en el que pensaba que encontraría paz. “Vivimos como si ya estuviéramos muertos”, compara, y advierte: “Nos lo esperamos todo”.

La Fundación Triángulo Castilla y León ha denunciado este miércoles la vandalización del mural realizado por la artista Sara Macho, situado en el Paseo Juan de Austria de Valladolid, apenas unos días después de la celebración del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI+. La obra ha aparecido con la pintada “Remigración Tradición”, acompañada de simbología falangista, en un acto que la entidad considera un ataque a la convivencia y un intento de difundir mensajes de odio de carácter racista y xenófobo.

La obra se encuentra junto al puente del mismo nombre y fue realizada en 2022. Tal y como explicaba la artista en su cuenta de Instagram, “Pintando la diversidad del mundo” refleja “la lucha a nivel internacional por la igualdad” y toma como activistas a Virginia Woolf, Simon Nkoli y Marsha P.Johnson “que han contribuido con sus actos a generar un cambio en las mentes, a luchar contra la opresión, el maltrato, la condena y la vulneración de aquellos que aman y se sienten de una manera distinta, por ello aparecen ocultas las caras de dos personas que se besan (inspirado en el cuadro de ”los amantes“ de Rene Magritte) cuyos rostros se destapan a medida que los activistas riegan y siembran en la sociedad principios como la diversidad y la libertad”. El proyecto fue dirigido por Fundación Triángulo y el Ayuntamiento cedió el espacio.

La fundación condena de forma “rotunda” cualquier manifestación de odio y recuerda que los barrios deben ser espacios seguros donde todas las personas puedan vivir con libertad, independientemente de su origen, orientación sexual, identidad o expresión de género. “Las personas migrantes LGTBI+ que llegan a nuestra ciudad lo hacen, en muchos casos, huyendo de situaciones extremadamente difíciles en sus países de origen. Muchas escapan de legislaciones que criminalizan su orientación sexual o identidad de género, de entornos familiares violentos o de persecuciones que pueden conllevar incluso penas de prisión o poner en riesgo sus propias vidas. Valladolid debe ser un lugar de acogida, respeto y libertad para todas ellas”, subrayan en la nota de prensa.

Recuerdan además que la defensa de los derechos humanos no puede entenderse de forma aislada. “La igualdad solo es posible desde una mirada transversal que combata todas las formas de discriminación. Fundación Triángulo defiende la lucha feminista, antirracista, migrante, anticapacitista y está profundamente comprometida con los derechos humanos. Frente a quienes pretenden sembrar el miedo y la división, seguiremos defendiendo una sociedad diversa, inclusiva y libre de discursos de odio”, remarcan. También han recordado las palabras de la presidenta de Fundación Triángulo Castilla y León, Yolanda Rodríguez, durante la lectura del manifiesto del Orgullo celebrada el pasado 28 de junio en Valladolid: “Necesitamos espacios seguros. Apelamos a la alianza entre movimientos y colectivos para, juntas, conquistar la igualdad en mayúsculas. Desde el movimiento feminista, el activismo LGTBI, el activismo migrante, anticapacitista, antirracista, ecologista, sindical, de solidaridad internacional y el resto de movimientos sociales, tenemos que aunar fuerzas para hacer frente de forma conjunta a quienes promueven el odio.”

El compromiso ahora es restaurar el mural “lo antes posible” para que vuelva a representar los valores de diversidad, igualdad y respeto que inspiraron su creación. La entidad hace un llamamiento a toda la ciudadanía para rechazar cualquier expresión de odio y defender una Valladolid abierta, plural y respetuosa con los derechos humanos.

El pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha aprobado este viernes --con la abstención del PP y el rechazo de Vox-- la moción del de apoyo al colectivo LGBTI que, con motivo del Orgullo, ha presentado el Grupo Municipal Socialista. El texto, entre otras cuestiones, recoge la colocación de la bandera arcoíris en el Consistorio.

“A pesar de que el alcalde está haciendo lo posible por no ponerla pidiendo un informe, pedimos que se cumpla el acuerdo adoptado en el pleno y se ponga”, ha dicho la concejala del Grupo Socialista María Díaz, que ha recordado que el Tribunal Supremo ha avalado hasta en dos ocasiones la colocación de la bandera arcoíris durante la celebración del Orgullo en edificios públicos.

“No hay ningún impedimento legal para poner o bien la bandera o bien una pancarta”, ha insistido la edil del PSOE, grupo mayoritario en el Ayuntamiento de Talavera, que ha pedido al equipo de Gobierno, formado por PP y Vox, reafirmar su compromiso con las personas LGTBI, condenar la discriminación y los discursos de odio, colaborar con las asociaciones que trabajan cada día sobre el terreno y proteger a quienes todavía “sufren insultos, rechazo o agresiones por el simple hecho de ser quienes son”.

La concejala de Sanidad y Discapacidad, Julia González, ha lamentado que los ediles socialistas no hayan aceptado una enmienda presentada por el Grupo Municipal Popular, que “no cuestiona la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, ni los derechos de las personas LGTBI, ni la necesidad de condenar cualquier forma de intolerancia, discriminación, acoso o violencia”.

Tras asegurar que con su texto, los 'populares reafirmaban su compromiso “con la dignidad de todas las personas, la igualdad de trato, la libertad individual y la no discriminación” y condenaba “cualquier manifestación de intolerancia, acoso o violencia” hacia el colectivo, ha explicado que la diferencia entre ambas propuestas se encontraba en el uso de banderas o símbolos en los espacios oficiales del Ayuntamiento. Es el argumento que mantienen tanto Vox como el PP en su negativa.

“Los edificios municipales representan a todos los vecinos y el compromiso institucional con la igualdad puede y debe expresarse de muchas maneras, pero siempre respetando la legalidad vigente, la objetividad y la neutralidad institucional que corresponden a una administración pública”, ha defendido.

Mientras, el PP sí apoya la “prioridad nacional” de Vox

Lo que sí ha apoyado el PP es la moción de Vox que instaba a los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha a implantar el principio de “prioridad nacional”.

La viceportavoz del equipo de Gobierno, la 'popular' Gelen Delgado, ha justificado su apoyo por “la inacción y la falta de planificación del Gobierno de España” en materia de inmigración “sin dotar a los ayuntamientos de la financiación ni de las herramientas técnicas necesarias para hacer frente a esa demanda”.

Delgado ha asegurado que la presión que soportan los servicios sociales municipales “no se resuelve con discursos ideológicos”, sino exigiendo al Gobierno de España una financiación local suficiente y una política migratoria responsable.

“Debemos priorizar de forma legal, transparente y ponderada a aquellos ciudadanos que demuestren un arraigo histórico y una contribución previa o continuada al sostenimiento de nuestra comunidad local”, ha añadido la edil del PP, que ha destacado que el texto de Vox “busca garantizar el equilibrio social y económico de Talavera”.

El portavoz del Grupo Municipal Vox ha vuelto a acusar a los inmigrantes de “tensionar” los servicios públicos y del “deterioro de la seguridad ciudadana”, hasta de “la quiebra de las condiciones básicas de orden y convivencia”.

Hoy el PP ha apoyado pedir al Ejecutivo central acabar con el proceso de regularización de inmigrantes en situación irregular, y establecer la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales, los servicios públicos y los programas de vivienda, y a la “remigración”- es decir expulsar- a aquellos extranjeros que, según el texto aprobado, “no contribuyan con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional”.

El acuerdo contempla también derogar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras sin residencia legal en España.

En el debate de este punto del pleno, el portavoz del PSOE, José Gutiérrez ha arremetido contra Vox, por presentar mociones para desviar la atención de los problemas que hay en la ciudad, que “rozan la xenofobia y la discriminación” solo buscan “meter su discurso para que no se hable de lo que realmente pagan los ciudadanos y no está funcionando hoy en día”.

Después de meses de sondear diversos nombres, Aliança Catalana ya ha presentado a su candidato para la alcaldía de Barcelona. Se trata de Jordi Aragonès, uno de los ideólogos de la formación xenófoba e independentista, miembro desde su creación y uno de los pesos pesados del partido. La formación cierra así un proceso de búsqueda que ha sido largo y, aunque en inicio buscaban caras más mediáticas, han acabado apostando por uno de sus ideólogos.

El anuncio se ha hecho este viernes en el Born, un yacimiento de la Barcelona de 1714 que fue un importantísimo lugar de peregrinaje del independentismo durante el procés. Desde que esas brasas se apagaron, se ha convertido en un espacio de debate alejado de los tintes políticos. Pero ahora Sílvia Orriols ha querido avivar ese fuego concentrando a los suyos en este simbólico enclave.

Bajo el lema 'Salvem Barcelona', el acto ha empezado media hora tarde y con una entrada triunfal de la líder del partido, Sílvia Orriols, que ha sido recibida entre aplausos, con el público de pie y con una nota de color inesperada: a ritmo de Lay All Your Love On Me, de ABBA.

“No necesitamos a nadie mediático, sino a alguien valiente que aplique medidas correctivas que puedan revivir a Barcelona”, ha expresado Orriols, que ha hablado antes que Aragonès. Con un tono de voz más alterado de lo que es costumbre, la líder xenófoba ha arengado a los suyos con un breve discurso en el que ha dejado claro su objetivo: “el Estado libre, seguro, próspero y occidental que nos merecemos”.

Con una cadencia mucho más calmada ha tomado la palabra el ya oficial candidato a la alcaldía de Barcelona. Ha dedicado su discurso a reivindicar el pasado “glorioso” de Catalunya, un faro de una “europa civilizada” que ahora, considera, se ha visto “mancillada”. Por eso, ha reivindicado la Barcelona “de Carlomagno” y ha asegurado que debe ser “capital de toda la Mediterránea”.

En esta línea apuesta por fortalecer vínculos las ciudades que están bañadas por el mismo mar. Ahora bien, Aragonès sólo ha mencionado a Francia, Italia y Grecia y ha descuidado toda país que quede al este y en el norte de África.

Aragonès ha tirado de sus conocimientos de historia para detectar los principales problemas de Barcelona: la vivienda y la inseguridad. Los culpables: la migración, el socialismo, las “políticas woke” y la “sumisión a España”. El candidato se ha dedicado a dar cifras para justificar su tesis: que las personas migradas que llegan a Barcelona cada año quitan los pocos alquileres que hay, lo que causa que casi medio millón de pesonas vivan “hacinadas” debido a las malas políticas de la vivienda. Todo ello causa “un conflicto social que nos devuelve al pistolerismo”.

Por eso, asegura, su objetivo es mejorar la cuestión de la vivienda, pero sólo “para los catalanes de raíz y de verdad”, una afirmación que ha despertado los vítores de los asistentes.

El acto ha acabado, no con preguntas del público sino de los periodistas, un colectivo que ha sido “vilipendiado por los militantes de Aliança Catalana”, tal como ha reconocido Eduard Berraondo, jefe de prensa del partido. El también periodista ha querido “romper una lanza” a favor del gremio y ha inaugurado “una rueda de prensa”, pero que se ha realizado ante todos los militantes. Los periodistas, al intervenir, han sido iluminados con los focos y acribillados por parte de los fotógrafos. En vista de ello, sólo ha habido dos preguntas.

La disputa con Junts

Con el anuncio de la candidatura de Aragonès, se cierra un proceso difícil para el partido, que intentó suerte con otras caras visibles como el expresidente del Barça Sandro Rosell o el exconseller Jaume Giró. Ante la negativa de ambos, Aliança se ha decantado por un perfil mucho menos conocido pero de importancia en la formación. 

Jordi Aragonès, que es primo del expresident Pere Aragonès, es un joven de 33 años que, junto a Oriol Gès y la propia Orriols, tiene la última palabra en todas las decisiones de Aliança. Han escogido para Barcelona una de las figuras con más proyección de entre sus filas, aunque hasta ahora siempre había trabajado fuera del foco mediático. De hecho, ya fue el número dos por Barcelona en las elecciones al Parlament de 2024, pero el partido no obtuvo ningún escaño en esa circuscripción.

Con este nombre se va completando ya el puzzle de los candidatos a la alcaldía de Barcelona. Hasta ahora se conocen los cabezas de lista del PSC, con un Jaume Collboni que buscará revalidar el cargo; los Comuns con Gerardo Pisarello al frente; ERC, que apuesta por Elisenda Alamany; y un PP en el que se da por supuesta la continuidad de Daniel Sirera. 

Así, sólo faltan los candidatos de Vox y de Junts, que celebra primarias este fin de semana y que dará a conocer a su candidato o candidata este domingo. Quien salga escogido de entre las filas juntaires se las tendrá que ver de cerca con Aragonès: las encuestas dan un resultado parecido a ambas formaciones, pero con una ligera ventaja a Aliança Catalana, que no sólo irrumpiría con impulso en el consistorio, sino que, además, se podría llegar a convertir en la primera fuerza de derecha en Barcelona. 

Así lo pronostica el último barómetro municipal, una encuesta de intención de voto que augura una importante pérdida de votos para Junts, que perdería el 75% de los apoyos y cosecharía los peores números de su historia (contando tanto CiU como Junts). El barómetro apunta a que Junts podría perder 10 puntos, de los cuales 4 serían cosechados por Aliança. 

Tal como ha reconocido el conductor del acto, el partido en Barcelona “no tiene nada que rascar”, pero Aliança no ha querido dejar pasar la oportunidad de ocupar unos asientos en el bastión que es la capital catalana. Allí, el partido xenófobo cuenta con 346 militantes registrados, que ascienden a 416 en el conjunto de la comarca. De ahí, que las 150 sillas que se habían dispuesto para el acto no hayan llegado ni a llenarse.

Aliança apuesta por ciudades medianas

El 23 de abril, día de Sant Jordi, patrón de Catalunya, Aliança tenía pensado anunciar diversos de sus candidatos, incluido el de Barcelona, que finalmente llegaría dos meses tarde. Pero ese día sí se reveló el nombre de otros seis cabezas de lista, casi todo en ciudades medianas donde la formación cuenta con encuestas favorables. 

Según la lista hecha pública por Aliança, su candidato en Reus será el abogado Jonathan Cortijo, alineado con las tesis de la formación. Arnau Liesa, docente y escritor, lo será en Figueres. El candidato de Tortosa ha sido una de las sorpresas de la jornada, pues la persona propuesta es Eduard Rel, exdirigente local del PSC. 

Completan la lista Viqui Novell en Tàrrega, Olga Pagès en Banyoles y Marina Quintana en Roda de Ter. Esta es, sumando el nombre de Aragonès, toda la nómina de candidatos de la que dispone la formación encabezada por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll que ha manifestado su intención de volver a presentarse por la localidad.

Después de esa jornada, se sucedió un degoteo de anuncios como el de Xavier Capelles, exfundador de Societat Civil Catalana para Manresa, o Joana Berrio, presidena de la Asociación Cultural Sabadell e Israel para la cocapital del Vallès Occidental.

El independentismo de extrema derecha, que entró por primera vez en el Parlament en las elecciones de 2024, ve las elecciones municipales de 2027 como una oportunidad para crecer y consolidarse en municipios grandes como podría ser el caso de Barcelona y disputarse a una buena parte del electorado que ha acabado, o bien desencantada con los líderes independentistas, o bien cautivada por los discursos securitistas i xenófobos.

Las organizaciones sociales Amnistía Internacional, Bienvenidos Refugiados y Rioja Acoge, han unido sus voces en un frente común ante la preocupante propagación exponencial de las retóricas racistas, xenófobas y de intolerancia. Bajo el lema unificado de «PRIORIDAD HUMANIDAD», las tres entidades convocan a toda la ciudadanía a participar en la lectura pública de un manifiesto el próximo jueves, 18 de junio a las 12:30 horas el Paseo del Espolón -en la llamada Plaza de Palestina-, Logroño.

Esta movilización responde de manera directa al llamamiento global de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que instauró el 18 de junio como el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio con el objetivo de promover el diálogo interreligioso e intercultural y frenar dinámicas que atacan y deshumanizan a las personas por motivos de su origen, etnia, religión, género o identidad.

Las entidades organizadoras advierten que el impacto de estas narrativas divisorias se ha visto amplificado radicalmente por el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías. En el plano global y local, denuncian conflictos basados en el señalamiento del “otro”, haciendo especial hincapié en fenómenos cercanos: como la xenofobia y la discriminación en nuestro país, a menudo alimentadas por la inacción o ignorancia de algunas instituciones. “Una ignorancia que prende el miedo, y un miedo que aviva el odio”.

Con esta convocatoria, las entidades apelan a la responsabilidad colectiva e individual de la ciudadanía para frenar discursos cotidianos que, “amparándose de forma ilegítima en la libertad de expresión, disfrazan de opinión lo que en realidad es una semilla de rechazo”, según aseguran. Asimismo, exigen de forma rotunda la eliminación de conceptos reduccionistas de las narrativas institucionales: “Algo tan reduccionista y erróneo como el concepto de prioridad nacional no puede caber en la sociedad del 2026”.

Las tres organizaciones hacen un llamamiento a “no permanecer indiferentes ante el fanatismo, la catalogación de personas y el señalamiento de comunidades vulnerables, invitando a construir una sociedad inclusiva donde las niñas y niños se eduquen en igualdad, sin exclusiones ni falsas superioridades”.

En la casa de la familia Akkouh, en un barrio obrero de Torrejón de Ardoz (Madrid), llevan un año sobreviviendo a la ausencia de un hijo, un hermano, un tío. El 17 de junio de 2025, Abderrahim (35 años) murió estrangulado en plena calle por un agente de la Policía Municipal de Madrid, ayudado por otro agente jubilado del mismo cuerpo. Desde entonces, en esta pequeña vivienda las lágrimas brotan en el momento menos esperado. “Queremos que los culpables paguen por lo que han hecho y que se limpie el nombre de mi hermano”, repite una y otra vez Chaimae.

En el centro del salón de la vivienda hay una gran mesa preparada para la ocasión del encuentro con elDiario.es con agua, zumo de naranja y dulces árabes, rodeada por los padres de Abderrahim, Jamila y Mimoun, y sus hermanas, Nassira y Chaimae, y una de las hijas de esta última, de seis meses. Chaimae, dependienta en una tienda de venta al pormenor de frutas y verduras, comienza el relato: “A nosotros nos llegó la noticia al día siguiente. Se presentaron en esta casa, donde vivía Abderrahim con mis padres, y aunque al agente de Policía Nacional le dije que no le diera la noticia a mi madre hasta que llegásemos, lo hizo mientras yo lo escuchaba por teléfono”.

Chaimae, la hermana pequeña de los seis hermanos que llegaron a ser, es la que mejor castellano habla de todos los presentes. Sus palabras suenan resueltas, seguras, también con cierto pesar por el recuerdo. Mimoun y Jamila, al escucharla, asienten y niegan con la cabeza, según lo que escuchen en cada momento. “La familia todavía no ha recibido ninguna comunicación oficial en la que se diga que mi hermano murió asfixiado por un policía. Nos llegaron a decir que se lo habían encontrado muerto en la calle”, se queja.

Los estragos de la familia Akkouh para enterrar a Abderrahim todavía resuenan en sus remembranzas. “Tuvimos que hacer una manifestación para exigir que nos devolvieran su cuerpo. No lo tuvimos hasta después de más de 20 días y apenas le podíamos reconocer”, asegura Chaimae.

Manchar el nombre de Abderrahim

A partir de entonces, varias informaciones señalaron que Abderrahim podía haber muerto por alguna complicación sanitaria, que era politoxicómano y que la persecución de los agentes que acabaron con su vida se inició porque les había robado un móvil. Todas las autopsias realizadas a su cuerpo objetivan que Abderrahim falleció por una “muerte violenta por homicidio” tras sufrir la llamada técnica del mataleón hasta que su cuerpo dejó de recibir oxígeno. Además, el móvil al que en un primer momento se refirieron los acusados, que responden a las siglas de J. J. T. C. y P. A. P. C., no ha aparecido.

Esta deshumanización de su ser querido ha causado una honda herida en los Akkouh, quienes batallan incansables por dar a conocer la verdad sobre Abderrahim. Fue su padre el primero en arribar a España en 1993, quien desde entonces se ha dedicado a trabajar en la construcción y el campo. Tanto Mimoun como Jamila tienen ahora 64 años. Poco a poco, llegó la reagrupación familiar. “Abderrahim siempre decía que se sentía más español que marroquí, vivía aquí con orgullo. Es algo costoso pensar que ha sido aquí, en España, donde le han matado”, admite Chaimae.

Mimoun se esfuerza en hacerse entender. A través de sus ojos llorosos y unas manos algo agitadas transmite la profunda injusticia que le acompaña desde hace un año. “Yo estaba en la mezquita de al lado de la estación y escuché sirenas de Policía y ambulancias”, detalla en alusión a las 23.00 horas aproximadamente del 17 de junio de 2025. Jamás pensó que su hijo fuera el motivo de tal despliegue. Se enteró de lo sucedido incluso después que Jamila, quien es incapaz de soltar la fotografía de su hijo, a la que besa continuamente.

Conciso y claro, recalca que ya en comisaría se negó a firmar los documentos que la Policía le expuso. “Me dijeron que firmara solo uno, y lo hice, pero yo no entiendo nada bien el castellano y no sé qué ponía”, abunda. Rubén Vaquero, el abogado de la familia, incide en ello: “El mismo día de los hechos, sin ningún respeto a su estatuto como víctima, que es una cuestión legal, no de respeto moral, le hicieron firmar que su hijo era un drogadicto y un delincuente, sin intérprete y sin abogado delante, para apuntalar la versión de los causantes de la muerte”.

Un recuerdo continuo

Los padres de Abderrahim no tardan ni dos segundos en empezar a llorar cuando escuchan preguntar por cómo era su hijo. Tanto, que Mimoun abandona por unos segundos la sala. La hermana pequeña rememora cómo de pequeño soñaba con convertirse en futbolista en España, donde fue contratado como carretillero y repartidor. “Te mentiría si te digo que no nos acordamos de él en cada paso, cada comida, cada charla. No paramos de recordarle, sobre todo mi madre. Por mucho que el tiempo pase, no te creas que es menos el dolor que tenemos”, añade.

Ya como vecino torrejonero, recuerdan a Abderrahim por su afán a la hora de ayudar: “Se encontraba con niños migrantes que apenas tenían nada y les daba ropa y comida. Fue un hombre que nunca hizo daño a nadie”. De todas formas, Chaimae no oculta el estado de salud delicado en el que se encontraba su hermano en los últimos años: “Andaba enganchado a las drogas y acudía a un centro para desintoxicarse. Eso fue su perdición, porque ya no le permitía encontrar un trabajo”.

Las palabras de la hermana brotan cargadas de rabia al tratar en quién recae la culpabilidad de la muerte de Abderrahim. “Parece que últimamente la Policía no está preparada o estudiada para ser Policía, sino para ser asesina”, enfatiza antes de subrayar que “algo así no hubiera pasado con una persona blanca”. “Vivimos en un racismo estructural, sobre todo contra los magrebíes. Me gustaría que España demostrara que no es un país racista, que es capaz de abrir sus puertas a los migrantes que vienen a trabajar para mejorar su vida”, se explaya.

A día de hoy, Nassira pasa cierto temor cuando vuelve de noche desde la planta logística de Alovera en la que trabaja. “Por mucho que los policías no ejercieran aquí, sí que son vecinos de Torrejón, y no los conocemos de nada, no sabemos quiénes son, así que ahora andamos con el miedo metido en el cuerpo. Tendrían que tener alguna medida cautelar más allá de firmar cada 15 días en el juzgado”, señala la misma Chaimae.

Dos investigados y apoyo popular

La acción por parte de los dos agentes policiales fuera de servicio aquel 17 de junio de 2025 fue tal que varios viandantes intentaron salvar la vida de Abderrahim, sin éxito. Vecinos también grabaron vídeos a pie de calle y desde los balcones. Gracias a esas imágenes, los dos policías están investigados y se sabe que el policía retirado, cuya calidad pasó de testigo a imputado el pasado 25 de mayo, llegó a decir “mereces que te mueras ahora mismo, cabrón”, cuando el cuerpo del magrebí yacía sin vida en la acera.

La última actualización del caso ha tenido lugar este 9 de junio con la comparecencia ante la jueza de P. A. P. C., el policía retirado, ya como investigado en el proceso. Este hombre sujetó las piernas de Abderrahim cuando procuraba zafarse de la asfixia que le acabó matando e intentó evitar que viandantes le defendieran y grabaran la escena. Según la defensa de los Akkouh, en su declaración apareció con peluca y barba postiza, algo que la magistrada le recriminó. No contestó a ninguna pregunta, tampoco las de su abogado.

La familia Akkouh ha recibido numerosas muestras de cariño en estos meses, incluso se ha creado un grupo de apoyo. “Necesitamos alzar la voz todo lo posible porque todavía queda batalla por librar, y será duro”, dice Chaimae. La familia al completo pugna por la verdad. “Para que se haga justicia aquí se tiene que actuar con certeza y firmeza, y que no por ser migrante se le den menos derechos y por ser agente de seguridad tenga más razón”, añade la hermana pequeña. De nuevo y tras cumplirse un año sin Abderrahim, una manifestación recorrerá las calles de Torrejón de Ardoz en su memoria el próximo sábado, 20 de junio.

Llega unos minutos tarde a la entrevista porque se ha entretenido de camino haciendo algunas fotos de la ciudad y propone retratarse junto a la escultura de una madre sosteniendo a su hija en el céntrico campus de la Merced de la Universidad de Murcia (UMU). Angela O'Hagan (Glasgow, 1966) ha venido a la capital murciana esta semana con credenciales poco habituales: es profesora emérita de Igualdad y Políticas Públicas en la Universidad Caledonia de Glasgow (GCU), preside desde 2024 la Comisión Escocesa de Derechos Humanos y lleva décadas construyendo marcos teóricos para medir si un presupuesto público respeta o vulnera derechos. Su tesis doctoral comparó el análisis presupuestario con perspectiva de género en Escocia, Andalucía y Euskadi. Conoce España, por tanto, desde dentro y, prácticamente, no recurre en ningún momento de la conversación a otra lengua que no sea el castellano.

La investigadora ha participado en el I Simposio Internacional organizado por la Universidad de Murcia en el marco de la red EuWIGeN —conformada por once universidades europeas— con una ponencia en la que conecta los derechos humanos con algo tan concreto como ir al médico, pagar el alquiler o acceder a un servicio de dependencia.

La entrevistamos mientras Belfast vive días de disturbios racistas -el mismo patrón que vivió Torre Pacheco hace menos de un año- y el gobierno laborista de Keir Starmer gestiona la tensión entre su discurso de derechos y una política migratoria cada vez más restrictiva.

¿Cuál fue el motivo que le llevó a investigar los derechos humanos desde la vida cotidiana?

Llevo toda mi carrera profesional trabajando en el ámbito de la igualdad, siempre con un enfoque de género. Las mujeres y los hombres tenemos experiencias distintas de los servicios públicos, del espacio público, de los recursos públicos. Las mujeres usamos el transporte para llevar a los críos, hacer la compra, acompañar a la suegra, y volver a un trabajo de tiempo parcial. Los hombres, en general, van directamente a su trabajo. Eso parece obvio una vez que lo ves, pero el sistema económico y social lo refuerza sin pensarlo, a veces sin mala intención, y así se repite el círculo. Lo que hacemos con la investigación es precisamente romperlo: ver qué produce desigualdad y actuar sobre ello.

Lo que me interesa ahora es cómo enlazar esa vida cotidiana con los marcos normativos de derechos humanos. Tendemos a pensar que los derechos humanos son cosas de guerras, cárceles o crisis humanitarias. Pero los derechos económicos, sociales y culturales recogidos en los convenios internacionales hablan de comida, transporte, educación, vivienda, agua. De las cosas de las cuales dependemos todos en la vida cotidiana.

¿Puede poner un ejemplo concreto?

En el norte y oeste de Escocia, una zona de belleza natural inmensa, pero con una población muy dispersa, hemos investigado el acceso a servicios de maternidad. Si vives muy al norte y estás embarazada, tienes un viaje de cuatro horas en coche para llegar al hospital, porque no hay autobús. Y si vives en una isla y es tu primer embarazo, tienes que salir seis semanas antes de la fecha probable de parto porque no hay servicios de maternidad en las islas más pequeñas. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de eso: de que todo el mundo tenga acceso a un servicio de calidad, accesible y apropiado dentro de su entorno. Eso es lo que exigen las normas internacionales.

En la Región de Murcia y en otras comunidades, las listas de espera en dependencia llevan años enquistadas. ¿Cuándo deja de ser un problema de gestión y se convierte en vulneración de derechos?

Es una cuestión de valores: qué valoramos como sociedad. La economía del cuidado —lo que se llama la economía informal— no recibe el mismo valor que la economía de fabricar o construir cosas, aunque tiene un coste individual y económico enorme. Sin invertir en infraestructura de cuidado, creamos un bloqueo en todo el sistema social y económico. Tenemos una población que envejece, un trabajo cada vez más precario, y un sistema que lleva décadas apoyándose en el cuidado gratuito de las mujeres. Eso frena sus oportunidades económicas y perpetúa la desigualdad.

La dependencia recae sobre las familias y, dentro de ellas, sobre las mujeres. ¿Es un fallo del sistema o una vulneración de derechos?

Ambas cosas. Es un problema estructural, tradicional, que llevamos generaciones reproduciendo con el rol supuestamente aceptado de las mujeres como cuidadoras. El sistema económico, social y cultural ha llegado a este punto. Y resulta en brechas de derechos claras: reduce la posibilidad económica, social y cultural de quienes se encuentran más apartados del mercado laboral porque tienen que cuidar de los demás, precisamente porque no hay servicios públicos suficientes.

Usted ha contribuido al concepto de Wellbeing Gender Budgeting. ¿Cómo lo explicaría a alguien sin formación en políticas públicas?

Las finanzas públicas son de todos. Todos contribuimos a través de nuestros impuestos, pero el beneficio de esos recursos no llega a todos de la misma manera. Presupuestar con perspectiva de género no significa gastar más en mujeres que en hombres. Significa preguntarse: ¿qué impacto va a tener esta decisión de gasto? ¿Va a aumentar el bienestar de mujeres y hombres por igual, o va a reproducir la desigualdad estructural que ya existe? Con más inversión en servicios de cuidado, el impacto para las mujeres sería mayor que para los hombres, no porque sean privilegiadas, sino porque cargan con más de esa necesidad. Eso es lo que hay que corregir.

Se ha presentado en el simposio el WIGI Index, un indicador que mide el impacto de las infraestructuras en el bienestar desde una perspectiva de género. ¿Qué aporta que no recogieran los indicadores anteriores?

Es una de las innovaciones más interesantes de este proyecto. Con una base de datos nacionales de toda España y el conocimiento acumulado sobre presupuestación con perspectiva de género y sobre cómo hombres y mujeres experimentan los servicios públicos de forma diferente, se ha construido un índice que puede decirle a quienes toman decisiones políticas dónde invertir para producir un impacto más igualitario. Es una herramienta de análisis para mejorar la política pública con evidencia, no con intuición.

Torre Pacheco en 2025, Belfast esta semana. El patrón es similar, que consiste en una agresión atribuida a un migrante, bulos y vídeos falsos que se viralizan y disturbios racistas en la calle. En Belfast, y también en Torre Pacheco, la propia familia de la víctima ha pedido que no se instrumentalice su tragedia. ¿Estamos ante una manifestación minoritaria de la xenofobia o ante unos prejuicios mucho más extendidos de lo que queremos reconocer?

Es una experiencia que tenemos en común en muchos países de Europa, y también en Estados Unidos. Hay un impulso político claro, pero yo lo relaciono también con la crisis del coste de vida y los años de austeridad que seguimos viviendo. La gente que tiene menos, para quienes llegar a fin de mes es difícil, está muy frustrada y busca a quien echarle la culpa. Y es muy fácil señalar a las personas inmigrantes, porque algunas voces políticas y algunos medios fomentan la idea de que la falta de recursos en la vida cotidiana es culpa del Estado por haber invertido en ellos. Pero no es así. Estos recursos tienen que ser para todo el mundo. Y tenemos que pensar en por qué hay tanta inmigración: las guerras, el cambio climático, que están forzando a la gente a moverse porque su tierra ya no da de sí.

Además, hay una campaña activa de desinformación. Se dice que los inmigrantes reciben cantidades enormes de dinero al día, que tienen acceso a vivienda, a móviles. No es verdad. Tenemos la responsabilidad de contrastar esa desinformación.

El ministro británico para Irlanda del Norte, Hilary Benn, ha denunciado un “clima de miedo” con personas expulsadas de sus casas por el color de su piel. ¿Qué obligación tiene el Estado más allá de condenar?

Tiene obligaciones concretas bajo el Convenio contra la Discriminación Racial: proteger y actuar para prohibir la discriminación que estamos viendo. La libertad de expresión es un privilegio, pero está limitada: no se puede expresar de una manera que amenace o incite a la violencia. El Estado tiene que hacer cumplir ese límite. Está bien condenar, pero también hay que actuar.

El laborismo británico o los socialdemócratas alemanes atraviesan una crisis de apoyo. En España, el CIS ha revelado recientemente que el 44,6% de los españoles apoya la “prioridad nacional” de Vox, que ya figura en algunos pactos de gobierno regionales con el PP. ¿La socialdemocracia ha perdido ese debate porque abandonó los derechos sociales como marco?

Tenemos una responsabilidad, quienes estamos en instituciones públicas, en la prensa, en la docencia: hacer ver con claridad que la estabilidad social, el bienestar democrático, depende de que las personas disfruten de sus derechos económicos, sociales y culturales. Hay una concepción muy extendida y muy equivocada de que los derechos humanos son una carga innecesaria para el Estado. No: son una manera de ampliar y mejorar las decisiones de política pública, porque empiezan con un principio fundamental que es la dignidad y el respeto para todos. Si empezamos desde ahí, se abre el abanico de lo posible.

En el Reino Unido hay un debate sobre si salir del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El laborismo no lo ha descartado. ¿Qué cambiaría en la vida de alguien en Belfast o Glasgow?

Lo que parecía un debate destinado a debilitar el Convenio ha terminado siendo lo contrario. Los 46 países miembros del Consejo de Europa han reafirmado su confianza en la Convención y en el Tribunal de Estrasburgo. Y tienen razón: los derechos que recoge el Convenio están en toda parte de la vida cotidiana. Vienen de un contexto histórico —la posguerra— pero sus valores fundadores siguen plenamente vigentes. Lo que empezó como un cuestionamiento se ha convertido en una reafirmación. Eso es importante.