La madrugada del 9 de julio de 2025 un hombre salió muy temprano a andar por su pueblo, Torre Pacheco, en Murcia, cuando tres hombres se le acercaron y uno de ellos le agredió y dejó tirado en el suelo. Al día siguiente, la ultraderecha de toda España pondría el foco en aquel pueblo, y durante las tres noches siguientes, se vivieron escenas de altercados, violencia, hostigamiento, y asaltos a viviendas y comercios por parte de grupos de ultraderecha que, desde varios puntos de España, acudieron a la llamada para “cazar inmigrantes”. Era el brote racista más grave que había vivido España en 25 años, y nunca estuvimos tan cerca del precipicio.

Con Elisa Almagro, periodista de elDiario.es en la Región de Murcia, que ha vuelto a Torre Pacheco un año después de estos hechos, hacemos un balance de la situación social y de las consecuencias judiciales para algunos de los protagonistas de este grave estallido de violencia xenófoba. Con Oriol Solè, periodista de elDiario.es en Catalunya, actualizamos el estado en el que se encuentra la situación judicial de uno de los principales instigadores de estas campañas de linchamiento.

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“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”. Así arrancaba el mensaje que hizo público en sus redes sociales la senadora liberal Celeste Amarilla cargando contra el capitán de la selección francesa Kylian Mbappé apenas una hora después de que la selección de Paraguay resultase eliminada en octavos de final por 0 a 1 con un solitario gol de penalti del delantero parisino.

Sin entrar en las descalificaciones de la ilustre senadora, que ya de por sí podrían invalidar al completo su mensaje, Amarilla también aseguró que Mbappé estuvo “nervioso y muerto de miedo” durante todo el partido, “como todo su equipo”, insistió en que “no pudieron meter ni un gol” —sorprendente; visto el resultado de 0-1 cualquiera diría que se equivocó de selección— e incluso llegó a incitar a los profesionales futbolistas de la selección paraguaya a ejercer la violencia contra el francés: “Lo que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido”.

“Y eso que no soy fanática del fútbol”, añadía. ¡Menos mal!

El capitán francés, que con su gol frente a Paraguay se sitúa como uno de los tres máximos goleadores de la competición junto a Haaland y Messi con siete tantos, utilizó sus redes sociales para responder a la senadora con un mensaje en francés a modo de carta y con algo más de elegancia:

Madame Celeste Amarilla: Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo desacomplejado, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré a personas como ella la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo.

La respuesta de Mbappé, que fue ampliamente celebrada por todas las latitudes y tuvo un gran eco en las redes sociales, no calmó del todo los ánimos en Francia. La ministra francesa de Francofonía, Alianzas Internacionales y Franceses en el Exterior, Éléonore Caroit, consideraba este lunes “inadmisibles” las declaraciones “racistas” de Celeste Amarilla. “Son una vergüenza y no representan los valores de Paraguay ni la relación entre nuestros países”, afirmaba la ministra en castellano.

Acto seguido, pasando al francés, recordaba que Kylian Mbappé es “un campeón inmenso” y que, junto a Les Bleus, “encarna una Francia que extrae su fuerza de su diversidad y que proyecta sus valores mucho más allá de sus fronteras”. Y añadía: “El racismo no ganará jamás”.

También hizo referencia a la polémica generada por la senadora paraguaya el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, quien describía el intercambio como “un gol más para Kylian Mbappé” aunque “contra el racismo” en esta ocasión. Y defendía los valores de Francia frente a las palabras racistas de Amarilla: “Cuando las palabras ensucian, nuestros valores responden: dignidad, respeto, fraternidad”.

Poco antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay emitía un breve comunicado al respecto de la polémica. En él deploraba y rechazaba las expresiones de la senadora Celeste Amarilla, que definía como “contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana” que el país promueve.

Además, el Gobierno paraguayo se preocupaba de enmarcar sus declaraciones en redes sociales en “el ejercicio de su responsabilidad individual” y remarcaba que “de ninguna manera” representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay “ni del pueblo paraguayo”. Además, reafirmaba el “firme compromiso” del gobierno con la promoción de los derechos humanos, la igualdad o el respeto entre las personas y expresaba su solidaridad con “quienes pudieran haberse sentido afectados” por las declaraciones.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, compartía poco después en sus redes este comunicado describiendo el racismo como “un tumor del alma humana, la estupidez transformada en odio”. “Tomo nota de la denuncia por parte de las autoridades paraguayas de los comentarios racistas de una senadora contra Kylian Mbappé. Apoyo total a nuestro capitán y a nuestro equipo. Llevan en alto nuestros colores, los de Francia”, añadía, dando aparentemente por finalizada la polémica.

La última palabra

Pero la senadora Amarilla no ha querido dar por cerrado el asunto sin tener la última palabra. Esta madrugada, ha escrito una “carta abierta a Mbappé”, en la que pretende situar sus insultos y comentarios racistas en un “problema” personal entre ella y el futbolista y en la que arranca afirmando que nunca dijo “nada” de Francia —pese a que llama a Mbappé “camerunés colonizado”, le dice que finge “ser francés” o afirma que “todo su equipo” tuvo miedo frente a Paraguay—.

Para justificar que no tiene “nada con Francia” sino solo un problema con el futbolista, utiliza el argumento de que ella estudió en un colegio francés, que ama visitar el país o que cantaba La Marsellesa. Y tras ello carga contra la “arrogancia” y el “desprecio” de Kylian Mbappé por haber dicho “antes del partido” que “si hay que meter manos en la mierda, vamos a meterlas”.

En este punto, dos aclaraciones. La primera, que estas declaraciones de Mbappé no son previas al partido frente a Paraguay, sino que las realizó a pie de campo tras finalizar el mismo con victoria para Francia.

La segunda, que las palabras completas del delantero del Real Madrid al terminar el encuentro fueron: “Demostramos que somos un equipo que sabía jugar al fútbol ofensivo, pero si hay que meter las manos en la mierda, vamos a meter las manos en la mierda. Perdón por la expresión. No tenemos ningún problema con eso”. Es decir, hacía referencia a “meter las manos en la mierda” como en castellano diríamos aquello de “bajar al barro”, en referencia a lo que fue el partido, un encuentro lleno de dureza, muy físico y con poco espacio para las florituras o el jogo bonito.

Acto seguido, acusa a Mbappé de tener una “conducta arrogante” o de decirle a un defensor paraguayo la expresión “la concha de tu madre”, que según la quinta senadora con más patrimonio del país sudamericano es “sumamente agresiva”. Como todo el mundo sabe, Mbappé además de francés habla castellano incluso antes de fichar por el club madrileño. Esa conversación se produjo en el minuto 40 después de un posible penalti sobre el francés que el árbitro no señaló.

Por último, reclama a Mbappé que le negase el saludo al portero paraguayo. Lo que en realidad ocurrió fue que el delantero estaba reclamando el pitido final del partido y, al escucharlo, se puso a celebrar la victoria, colocándose de espaldas al guardameta. Y este, que le había tendido una mano que no vio —o no quiso ver—, se rebotó y le lanzó un balón a la espalda. Juzguen ustedes.

El resto de la carta de la senadora, seguramente más extensa de lo que requería la situación e incluso la crisis diplomática que habían generado sus insultos y comentarios racistas iniciales, se puede resumir en un intento fallido de justificar sus comentarios y un intento de victimización. “Entiendo que eso te haya molestado, porque es humillante”, llega a reconocer.

Ahora, la senadora exige que Mbappé se retracte y le pida “disculpas”, afirma que no a a “tolerar” su “violencia”, le acusa de ejercer “violencia de género” contra ella y hasta llega a asegurar que ella no atacó “su color” ni “sus preferencias” —“camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés...”— y a decir que, de no retractarse, podrá “iniciar acciones legales por violencia de género”. Ver para creer.

¿Hasta qué punto está solo Pedro Sánchez en el debate migratorio de la UE? Algunos medios lo han destacado con el fervor de quien cree haber recibido una buena noticia. No están muy equivocados. Por primera vez en mucho tiempo, la posición de España es minoritaria en Bruselas en el terreno de los principios, más allá de cuestiones presupuestarias. Europa pretende seguir los pasos de Donald Trump y convertir la UE en un infierno para los migrantes. Sánchez es el único dirigente que se niega a aceptar una corriente de opinión xenófoba que ahora es mayoritaria entre los gobiernos europeos.

El aumento de votos a los partidos de extrema derecha ha hecho que Ursula von der Leyen y la derecha europea se hayan decidido a considerar alternativas con las que reducir la llegada de migrantes que antes carecían de apoyos reales. El caso más claro es el de los centros de repatriación o retorno que serían construidos en terceros países, en su mayor parte en África y Asia. La idea tenía una dudosa cobertura legal, como descubrió Keir Starmer en Reino Unido con su acuerdo con Ruanda y Giorgia Meloni con el plan fracasado de hacer lo mismo en Albania. Ahora todo parece indicar que es cuestión de tiempo que esos centros vayan a existir, aunque aún no se sepa dónde.

Una de sus grandes defensoras no milita precisamente en la ultraderecha. La primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, está convencida de que esos centros serán una realidad como muy tarde en 2027. Habrá un numeroso grupo de países dispuestos a seguir esa vía. Allí enviarán a los solicitantes de asilo mientras se tramitan sus peticiones durante años y a aquellos que deben ser deportados a sus países de origen, pero que resulta imposible hacerlo por la negativa de sus gobiernos a aceptarlos.

Diecinueve países europeos apoyaron en junio poner en marcha estos centros siguiendo el camino marcado por Meloni con Albania. Quieren que sean financiados con el presupuesto comunitario –el próximo que se negocia es para el periodo 2028-2034– con una cantidad que ascendería a 20.000 millones de euros, incluidos los fondos que se entregan a gobiernos extranjeros para limitar la llegada de sus ciudadanos a Europa.

Sánchez se opuso por considerarla una solución ineficaz que además “es contraria a los valores de la UE”. Emmanuel Macron compartió este último punto de vista.

Los críticos al proyecto de los centros los han llamado “los Guantánamos de la UE”, porque no habrá garantías reales de que se respeten sus derechos humanos. Quedarán en un limbo jurídico en el que todos los incentivos estarán diseñados para convencerles de que deben volver voluntariamente a sus países.

Frederiksen sostiene que esos centros deberán respetar el Derecho Internacional. “Nadie me ha podido convencer de que no sea una idea socialdemócrata contar con centros de repatriación fuera de Europa”.

El mensaje de Sánchez no puede ser más diferente. “Hay dos maneras de afrontar la migración. Una, negar la realidad y alimentar la xenofobia. Sin migración en España, 90.000 bares tendrían que cerrar, 50.000 aulas se quedarían sin alumnos y desaparecería una de cada tres explotaciones agrícolas”, ha dicho esta semana. Las cifras no tienen por qué ser exactas, pero el perjuicio que sufriría la economía sin los inmigrantes resulta evidente. España no habría alcanzado cifras de crecimiento muy por encima de la media de la UE sin la aportación de los extranjeros en el mercado laboral.

Los gobernantes como Frederiksen creen que solo se puede ganar a la extrema derecha adoptando algunas de sus ideas y prejuicios sobre inmigración. Quizá porque sean las suyas. Cuando llegó al poder en 2019, dijo que aspiraba a que el número de solicitantes de asilo se redujera a cero.

El proceso de regularización de más de un millón de inmigrantes sin papeles en España ha sido otro elemento de tensión que confirma que Sánchez no se dejará arrastrar por las políticas que llegan del resto de Europa. Esta semana, el Partido Popular Europeo (PPE), que preside doce gobiernos de la UE, publicó una declaración política dirigida directamente contra Sánchez. Las regularizaciones a gran escala, afirmaron, “corren el riesgo de debilitar la credibilidad de la política migratoria de la Unión, generar un fuerte efecto llamada y provocar movimientos secundarios dentro del espacio Schengen”.

La referencia a los “movimientos secundarios” carece de base. “La regularización otorga un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en territorio español”, dijo el lunes la ministra de Migraciones, Elma Saiz. No permitiría a los extranjeros legalizar su estancia en Francia o Alemania.

¿Cuál es la alternativa del PPE y del comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner? No está pensando en legalizar la presencia de extranjeros sin papeles, aunque esto les convierta en ciudadanos de segunda clase y sin derechos. “Debemos garantizar que, como regla, los migrantes irregulares abandonen la UE. Sin esto, nuestras políticas no son creíbles”, dijo Brunner en febrero. Esos gobiernos europeos saben que no pueden expulsar a todos los sin papeles y creen que ofrecerles una vía para legalizar su estancia es incompatible con la intención de que Europa sea un territorio hostil para los inmigrantes.

La falta de coherencia con otras realidades económicas europeas resulta evidente. El mismo Brunner alertó en junio de 2025 sobre las consecuencias de la realidad demográfica europea: “Si hoy detuviéramos toda la migración legal hacia Europa, nuestras economías serían entre un 9% y un 15% más pobres dentro de veinte años”. No hay más crecimiento demográfico que el que pueda propiciar la inmigración.

“Sobre la base de las tendencias actuales (según las previsiones de Eurostat hasta el año 2100), habrá 53 millones de personas menos viviendo en Europa que hoy. Eso significa que desaparecerá una octava parte de la población actual del continente. Ningún Estado miembro logrará compensar las muertes con nacimientos”, señala la web La Matinal Europea.

Brunner es un conservador austriaco que fue ministro de Hacienda. No son las proyecciones económicas las que le preocupan en estos momentos, sino la necesidad de no dejar a la extrema derecha el monopolio de la xenofobia. En la última encuesta de junio, el ultraderechista FPO saca con el 38% dieciocho puntos de ventaja a su partido –el OVP, miembro del PPE– y veinte puntos a los socialdemócratas. El alemán Friedrich Merz también ve con preocupación los sondeos. El de Forsa para RTL de finales de junio coloca a la ultraderechista AfD con un 26%, cuatro puntos por encima de la CDU. Los socialdemócratas, aliados de Merz en el Gobierno de coalición, se hunden hasta el 12%.

Sánchez no cedió cuando escuchó críticas de sus socios europeos ni cree que atacar a los inmigrantes le beneficiará en las encuestas de España. “Y si tienen alguna duda, pues que hablen con el Vaticano”, dijo en tono desafiante en la rueda de prensa posterior a la última cumbre. Sánchez prefirió estar solo antes que mal acompañado por la ultraderecha.

En la ciudad sudafricana de Durban, la tensión se palpaba en el ambiente. Los comercios habían echado la verja y el silencio, poco común en la calle, era generalizado. Varios miles de manifestantes ataviados con trajes zulúes marcharon por la localidad costera. Blandiendo palos y porras, gritaban “Abahambe!” (“¡Que se vayan!”, en isizulu, la lengua más hablada del país), una frase que se ha convertido en el grito de guerra de las protestas contra la inmigración.

Sudáfrica contuvo la respiración este martes mientras se desarrollaban nuevas protestas masivas en todo el país, tras una campaña de varias semanas contra los extranjeros que ha dejado al menos cuatro muertos y decenas de miles de personas huyendo en busca de seguridad.

Los grupos activistas que están detrás de las protestas pusieron un plazo arbitrario a las personas sin papeles hasta el 30 de junio para abandonar el país, y muchos temen que el ultimátum degenere en violencia.

“Ahora no tengo plan, solo volver a casa”

En los días previos a la fecha límite, miles de personas huyeron de sus hogares presas del miedo y durmieron a la intemperie en las aceras, en campos abiertos y en campamentos improvisados, con la esperanza de ser repatriadas a sus países de origen. Varios gobiernos africanos fletaron autobuses o aviones para traer de vuelta a sus ciudadanos y hasta la fecha más de 25.000 personas han sido repatriadas, según la policía

En la ciudad de Pietermaritzburg, a 80 kilómetros de Durban, donde un ciudadano de Malaui de 29 años fue asesinado por una multitud tras una protesta el 19 de junio, cientos de familias acamparon durante días frente a un edificio abandonado.

Sobre un jardín cubierto de maleza, una cola serpenteaba en vísperas de las protestas del día 30. Madres y niños agotados se sentaban alrededor de hogueras, mientras la gente subía sus pertenencias, apretujadas en bolsas, a los autobuses que se dirigían a la frontera norte de Sudáfrica. Las autoridades se daban prisa por deportar al mayor número posible de gente.

Jackson Makungwa estaba en una de esas colas con dos maletas pequeñas: todo lo que podía llevarse tras 10 años construyendo una vida en Sudáfrica. Este hombre de 29 años, originario de Malaui, pensaba que Sudáfrica era un “país de esperanza”, pero llevaba dos años sin poder renovar el permiso de trabajo, según explicó. “No es que quiera estar en el país de forma ilegal, pero el sistema no me permite estar legalmente”, lamentaba, entre suspiros.

Makungwa se resistió durante semanas a las crecientes súplicas de su madre para que se marchara. Acabó cediendo después de que siete hombres agrediesen a un amigo de Malaui. “Dijeron que la fecha límite es el día 30, así que me atacarán si me quedo”, explicó. Mostró una foto de su hijo en el teléfono, fruto de su relación con una madre sudafricana. No consiguió a tiempo los documentos de viaje para el bebé. “Me veo obligado a dejarlo atrás. Hoy cumple dos meses”, relató.

La xenofobia y la afrofobia… surgen donde se cruzan la inseguridad económica, el alto desempleo, la desigualdad, un gobierno débil y la mala gestión de la migración

Philile Ntuli — Comisión Sudafricana de Derechos Humanos

Un poco más adelante, en un campamento improvisado montado por familias procedentes de Zimbabue, a Lydia Mpingashato acababan de comunicarle que la han despedido de su trabajo de limpiadora. Los niños corrían mientras las mujeres cocinaban en fuegos al aire libre. Muchos —incluidas personas con papeles— afirmaban que los propietarios los habían desahuciado por temor a represalias por alquilar a migrantes.

Mpingashato esperaba un taxi compartido en el barrio donde llevaba 17 años viviendo cuando un hombre la amenazó. “Me dijo que me quemaría la casa y mataría a mi familia”, contó. “Ahora no tengo plan; solo volver a casa para estar a salvo”, detalló. Su hijo, de 17 años, también se vio obligado a huir de lo que para él ha sido el único hogar que ha conocido, y dejar atrás a muchos amigos sudafricanos. “Cuando vio el campamento, me dijo: 'En realidad, nunca nos quisieron”.

“Pasaremos a la acción”

Muchos sudafricanos culpan a los migrantes de otras partes del continente de la elevada tasa de paro y los altos niveles de delincuencia del país. “La xenofobia y la afrofobia… surgen donde se cruzan la inseguridad económica, el alto desempleo, la desigualdad, un gobierno débil y la mala gestión de la migración”, afirma Philile Ntuli, de la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos.

El país, que acoge a unos 2,4 millones de extranjeros (con y sin papeles) según los datos del censo de 2022, tiene un largo historial de violencia contra las personas migrantes. Los disturbios xenófobos de 2008 se cobraron 62 vidas y provocaron el desplazamiento de más de 150.000 personas. Otra ola de ataques en 2015 dejó al menos cinco muertos.

En respuesta a las últimas tensiones, el Gobierno ha tratado de calmar la ira intensificando su campaña contra la inmigración indocumentada. La policía afirma que ha detenido a más de 50.000 migrantes sin papeles desde enero. El lunes por la noche, el presidente Cyril Ramaphosa se reunió con algunos de los líderes de las protestas y advirtió a los sudafricanos de que no deben tomarse la justicia por su mano.

A medida que comenzaban las marchas por todo el país, se observaba un fuerte despliegue de seguridad en previsión de los posibles disturbios. En Durban, los helicópteros sobrevolaban la zona mientras la policía y los guardias de seguridad privados vigilaban desde vehículos blindados. Los organizadores instaron a los manifestantes a mantener la calma y evitar los saqueos, pero algunos participantes lanzaron amenazas apenas veladas sobre lo que ocurriría tras la “fecha límite”.

A medida que la multitud pasaba junto a bloques de pisos en ruinas, algunos manifestantes señalaban a las familias que observaban desde las ventanas, gritándoles que abandonaran el país y haciendo gestos de degüello. “Puedo oler a los extranjeros”, dijo un hombre que llevaba un escudo.

“Hemos sido amables. Mañana no lo seremos. Pasaremos a la acción”, afirmó Nkosi Ndlovu, un pastor de 48 años que acusa a los migrantes de vender drogas a los jóvenes locales, incluida su cuñada.

En las afueras de la marcha, Mfundo Zulu, de 40 años, dice que los migrantes quitan el trabajo a los sudafricanos al aceptar salarios más bajos. “Esos son nuestros hijos, nuestra juventud está muerta”, aseguraba, señalando a un campamento de personas sin hogar. Dado que miles de personas habían huido del país en las últimas semanas, asegura que de repente hay muchos trabajos disponibles. “Ahora la vida será mejor”, añadía su amiga. “No los odiamos, pero se han quedado más tiempo del permitido”.

“Vivimos como si ya estuviéramos muertos”

Mukandjwa Shomri, del Southern Africa Refugee Organisations Forum (Foro de Organizaciones de Refugiados del África Meridional), cree que el Gobierno de Sudáfrica “no está haciendo lo suficiente” para exigir responsabilidades a los perpetradores de la violencia xenófoba. “Cuando intentas presentar una denuncia ante la policía, lo primero que te piden son los papeles”, explica. “Nos atacan en las calles, en la comunidad y en la administración pública”.

“La esperanza que muchos teníamos como refugiados cuando llegamos al país —que Sudáfrica defiende los derechos humanos, un país reconocido internacionalmente como un Estado democrático— ya no existe”, afirma.

Cuando intentas presentar una denuncia ante la policía, lo primero que te piden son los papeles

Mukandjwa Shomri — Foro de Organizaciones de Refugiados del África Meridional

Hablando por teléfono desde un refugio, Leon dice temer lo que pudiera pasar tras el 30 de junio. Este solicitante de asilo de la República Democrática del Congo, que lleva en Sudáfrica desde 2014, se vio obligado a pasar a la clandestinidad después de que atacaran su tienda el 19 de junio. Pide que solo se le identifique por el nombre de pila.

“Hasta la policía nos dice abiertamente que están hartos de nosotros, que debemos abandonar el país”, afirma con voz temblorosa. El acoso ya era algo habitual desde hacía años, “pero ahora tienen la oportunidad de hacerlo abiertamente”, añade. “A partir del 30 de junio, la situación será aún peor”, se teme.

Algunos días, Leon se arrepiente de haber buscado refugio en Sudáfrica, un país en el que pensaba que encontraría paz. “Vivimos como si ya estuviéramos muertos”, compara, y advierte: “Nos lo esperamos todo”.

La Fundación Triángulo Castilla y León ha denunciado este miércoles la vandalización del mural realizado por la artista Sara Macho, situado en el Paseo Juan de Austria de Valladolid, apenas unos días después de la celebración del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI+. La obra ha aparecido con la pintada “Remigración Tradición”, acompañada de simbología falangista, en un acto que la entidad considera un ataque a la convivencia y un intento de difundir mensajes de odio de carácter racista y xenófobo.

La obra se encuentra junto al puente del mismo nombre y fue realizada en 2022. Tal y como explicaba la artista en su cuenta de Instagram, “Pintando la diversidad del mundo” refleja “la lucha a nivel internacional por la igualdad” y toma como activistas a Virginia Woolf, Simon Nkoli y Marsha P.Johnson “que han contribuido con sus actos a generar un cambio en las mentes, a luchar contra la opresión, el maltrato, la condena y la vulneración de aquellos que aman y se sienten de una manera distinta, por ello aparecen ocultas las caras de dos personas que se besan (inspirado en el cuadro de ”los amantes“ de Rene Magritte) cuyos rostros se destapan a medida que los activistas riegan y siembran en la sociedad principios como la diversidad y la libertad”. El proyecto fue dirigido por Fundación Triángulo y el Ayuntamiento cedió el espacio.

La fundación condena de forma “rotunda” cualquier manifestación de odio y recuerda que los barrios deben ser espacios seguros donde todas las personas puedan vivir con libertad, independientemente de su origen, orientación sexual, identidad o expresión de género. “Las personas migrantes LGTBI+ que llegan a nuestra ciudad lo hacen, en muchos casos, huyendo de situaciones extremadamente difíciles en sus países de origen. Muchas escapan de legislaciones que criminalizan su orientación sexual o identidad de género, de entornos familiares violentos o de persecuciones que pueden conllevar incluso penas de prisión o poner en riesgo sus propias vidas. Valladolid debe ser un lugar de acogida, respeto y libertad para todas ellas”, subrayan en la nota de prensa.

Recuerdan además que la defensa de los derechos humanos no puede entenderse de forma aislada. “La igualdad solo es posible desde una mirada transversal que combata todas las formas de discriminación. Fundación Triángulo defiende la lucha feminista, antirracista, migrante, anticapacitista y está profundamente comprometida con los derechos humanos. Frente a quienes pretenden sembrar el miedo y la división, seguiremos defendiendo una sociedad diversa, inclusiva y libre de discursos de odio”, remarcan. También han recordado las palabras de la presidenta de Fundación Triángulo Castilla y León, Yolanda Rodríguez, durante la lectura del manifiesto del Orgullo celebrada el pasado 28 de junio en Valladolid: “Necesitamos espacios seguros. Apelamos a la alianza entre movimientos y colectivos para, juntas, conquistar la igualdad en mayúsculas. Desde el movimiento feminista, el activismo LGTBI, el activismo migrante, anticapacitista, antirracista, ecologista, sindical, de solidaridad internacional y el resto de movimientos sociales, tenemos que aunar fuerzas para hacer frente de forma conjunta a quienes promueven el odio.”

El compromiso ahora es restaurar el mural “lo antes posible” para que vuelva a representar los valores de diversidad, igualdad y respeto que inspiraron su creación. La entidad hace un llamamiento a toda la ciudadanía para rechazar cualquier expresión de odio y defender una Valladolid abierta, plural y respetuosa con los derechos humanos.

El pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha aprobado este viernes --con la abstención del PP y el rechazo de Vox-- la moción del de apoyo al colectivo LGBTI que, con motivo del Orgullo, ha presentado el Grupo Municipal Socialista. El texto, entre otras cuestiones, recoge la colocación de la bandera arcoíris en el Consistorio.

“A pesar de que el alcalde está haciendo lo posible por no ponerla pidiendo un informe, pedimos que se cumpla el acuerdo adoptado en el pleno y se ponga”, ha dicho la concejala del Grupo Socialista María Díaz, que ha recordado que el Tribunal Supremo ha avalado hasta en dos ocasiones la colocación de la bandera arcoíris durante la celebración del Orgullo en edificios públicos.

“No hay ningún impedimento legal para poner o bien la bandera o bien una pancarta”, ha insistido la edil del PSOE, grupo mayoritario en el Ayuntamiento de Talavera, que ha pedido al equipo de Gobierno, formado por PP y Vox, reafirmar su compromiso con las personas LGTBI, condenar la discriminación y los discursos de odio, colaborar con las asociaciones que trabajan cada día sobre el terreno y proteger a quienes todavía “sufren insultos, rechazo o agresiones por el simple hecho de ser quienes son”.

La concejala de Sanidad y Discapacidad, Julia González, ha lamentado que los ediles socialistas no hayan aceptado una enmienda presentada por el Grupo Municipal Popular, que “no cuestiona la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, ni los derechos de las personas LGTBI, ni la necesidad de condenar cualquier forma de intolerancia, discriminación, acoso o violencia”.

Tras asegurar que con su texto, los 'populares reafirmaban su compromiso “con la dignidad de todas las personas, la igualdad de trato, la libertad individual y la no discriminación” y condenaba “cualquier manifestación de intolerancia, acoso o violencia” hacia el colectivo, ha explicado que la diferencia entre ambas propuestas se encontraba en el uso de banderas o símbolos en los espacios oficiales del Ayuntamiento. Es el argumento que mantienen tanto Vox como el PP en su negativa.

“Los edificios municipales representan a todos los vecinos y el compromiso institucional con la igualdad puede y debe expresarse de muchas maneras, pero siempre respetando la legalidad vigente, la objetividad y la neutralidad institucional que corresponden a una administración pública”, ha defendido.

Mientras, el PP sí apoya la “prioridad nacional” de Vox

Lo que sí ha apoyado el PP es la moción de Vox que instaba a los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha a implantar el principio de “prioridad nacional”.

La viceportavoz del equipo de Gobierno, la 'popular' Gelen Delgado, ha justificado su apoyo por “la inacción y la falta de planificación del Gobierno de España” en materia de inmigración “sin dotar a los ayuntamientos de la financiación ni de las herramientas técnicas necesarias para hacer frente a esa demanda”.

Delgado ha asegurado que la presión que soportan los servicios sociales municipales “no se resuelve con discursos ideológicos”, sino exigiendo al Gobierno de España una financiación local suficiente y una política migratoria responsable.

“Debemos priorizar de forma legal, transparente y ponderada a aquellos ciudadanos que demuestren un arraigo histórico y una contribución previa o continuada al sostenimiento de nuestra comunidad local”, ha añadido la edil del PP, que ha destacado que el texto de Vox “busca garantizar el equilibrio social y económico de Talavera”.

El portavoz del Grupo Municipal Vox ha vuelto a acusar a los inmigrantes de “tensionar” los servicios públicos y del “deterioro de la seguridad ciudadana”, hasta de “la quiebra de las condiciones básicas de orden y convivencia”.

Hoy el PP ha apoyado pedir al Ejecutivo central acabar con el proceso de regularización de inmigrantes en situación irregular, y establecer la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales, los servicios públicos y los programas de vivienda, y a la “remigración”- es decir expulsar- a aquellos extranjeros que, según el texto aprobado, “no contribuyan con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional”.

El acuerdo contempla también derogar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras sin residencia legal en España.

En el debate de este punto del pleno, el portavoz del PSOE, José Gutiérrez ha arremetido contra Vox, por presentar mociones para desviar la atención de los problemas que hay en la ciudad, que “rozan la xenofobia y la discriminación” solo buscan “meter su discurso para que no se hable de lo que realmente pagan los ciudadanos y no está funcionando hoy en día”.

Después de meses de sondear diversos nombres, Aliança Catalana ya ha presentado a su candidato para la alcaldía de Barcelona. Se trata de Jordi Aragonès, uno de los ideólogos de la formación xenófoba e independentista, miembro desde su creación y uno de los pesos pesados del partido. La formación cierra así un proceso de búsqueda que ha sido largo y, aunque en inicio buscaban caras más mediáticas, han acabado apostando por uno de sus ideólogos.

El anuncio se ha hecho este viernes en el Born, un yacimiento de la Barcelona de 1714 que fue un importantísimo lugar de peregrinaje del independentismo durante el procés. Desde que esas brasas se apagaron, se ha convertido en un espacio de debate alejado de los tintes políticos. Pero ahora Sílvia Orriols ha querido avivar ese fuego concentrando a los suyos en este simbólico enclave.

Bajo el lema 'Salvem Barcelona', el acto ha empezado media hora tarde y con una entrada triunfal de la líder del partido, Sílvia Orriols, que ha sido recibida entre aplausos, con el público de pie y con una nota de color inesperada: a ritmo de Lay All Your Love On Me, de ABBA.

“No necesitamos a nadie mediático, sino a alguien valiente que aplique medidas correctivas que puedan revivir a Barcelona”, ha expresado Orriols, que ha hablado antes que Aragonès. Con un tono de voz más alterado de lo que es costumbre, la líder xenófoba ha arengado a los suyos con un breve discurso en el que ha dejado claro su objetivo: “el Estado libre, seguro, próspero y occidental que nos merecemos”.

Con una cadencia mucho más calmada ha tomado la palabra el ya oficial candidato a la alcaldía de Barcelona. Ha dedicado su discurso a reivindicar el pasado “glorioso” de Catalunya, un faro de una “europa civilizada” que ahora, considera, se ha visto “mancillada”. Por eso, ha reivindicado la Barcelona “de Carlomagno” y ha asegurado que debe ser “capital de toda la Mediterránea”.

En esta línea apuesta por fortalecer vínculos las ciudades que están bañadas por el mismo mar. Ahora bien, Aragonès sólo ha mencionado a Francia, Italia y Grecia y ha descuidado toda país que quede al este y en el norte de África.

Aragonès ha tirado de sus conocimientos de historia para detectar los principales problemas de Barcelona: la vivienda y la inseguridad. Los culpables: la migración, el socialismo, las “políticas woke” y la “sumisión a España”. El candidato se ha dedicado a dar cifras para justificar su tesis: que las personas migradas que llegan a Barcelona cada año quitan los pocos alquileres que hay, lo que causa que casi medio millón de pesonas vivan “hacinadas” debido a las malas políticas de la vivienda. Todo ello causa “un conflicto social que nos devuelve al pistolerismo”.

Por eso, asegura, su objetivo es mejorar la cuestión de la vivienda, pero sólo “para los catalanes de raíz y de verdad”, una afirmación que ha despertado los vítores de los asistentes.

El acto ha acabado, no con preguntas del público sino de los periodistas, un colectivo que ha sido “vilipendiado por los militantes de Aliança Catalana”, tal como ha reconocido Eduard Berraondo, jefe de prensa del partido. El también periodista ha querido “romper una lanza” a favor del gremio y ha inaugurado “una rueda de prensa”, pero que se ha realizado ante todos los militantes. Los periodistas, al intervenir, han sido iluminados con los focos y acribillados por parte de los fotógrafos. En vista de ello, sólo ha habido dos preguntas.

La disputa con Junts

Con el anuncio de la candidatura de Aragonès, se cierra un proceso difícil para el partido, que intentó suerte con otras caras visibles como el expresidente del Barça Sandro Rosell o el exconseller Jaume Giró. Ante la negativa de ambos, Aliança se ha decantado por un perfil mucho menos conocido pero de importancia en la formación. 

Jordi Aragonès, que es primo del expresident Pere Aragonès, es un joven de 33 años que, junto a Oriol Gès y la propia Orriols, tiene la última palabra en todas las decisiones de Aliança. Han escogido para Barcelona una de las figuras con más proyección de entre sus filas, aunque hasta ahora siempre había trabajado fuera del foco mediático. De hecho, ya fue el número dos por Barcelona en las elecciones al Parlament de 2024, pero el partido no obtuvo ningún escaño en esa circuscripción.

Con este nombre se va completando ya el puzzle de los candidatos a la alcaldía de Barcelona. Hasta ahora se conocen los cabezas de lista del PSC, con un Jaume Collboni que buscará revalidar el cargo; los Comuns con Gerardo Pisarello al frente; ERC, que apuesta por Elisenda Alamany; y un PP en el que se da por supuesta la continuidad de Daniel Sirera. 

Así, sólo faltan los candidatos de Vox y de Junts, que celebra primarias este fin de semana y que dará a conocer a su candidato o candidata este domingo. Quien salga escogido de entre las filas juntaires se las tendrá que ver de cerca con Aragonès: las encuestas dan un resultado parecido a ambas formaciones, pero con una ligera ventaja a Aliança Catalana, que no sólo irrumpiría con impulso en el consistorio, sino que, además, se podría llegar a convertir en la primera fuerza de derecha en Barcelona. 

Así lo pronostica el último barómetro municipal, una encuesta de intención de voto que augura una importante pérdida de votos para Junts, que perdería el 75% de los apoyos y cosecharía los peores números de su historia (contando tanto CiU como Junts). El barómetro apunta a que Junts podría perder 10 puntos, de los cuales 4 serían cosechados por Aliança. 

Tal como ha reconocido el conductor del acto, el partido en Barcelona “no tiene nada que rascar”, pero Aliança no ha querido dejar pasar la oportunidad de ocupar unos asientos en el bastión que es la capital catalana. Allí, el partido xenófobo cuenta con 346 militantes registrados, que ascienden a 416 en el conjunto de la comarca. De ahí, que las 150 sillas que se habían dispuesto para el acto no hayan llegado ni a llenarse.

Aliança apuesta por ciudades medianas

El 23 de abril, día de Sant Jordi, patrón de Catalunya, Aliança tenía pensado anunciar diversos de sus candidatos, incluido el de Barcelona, que finalmente llegaría dos meses tarde. Pero ese día sí se reveló el nombre de otros seis cabezas de lista, casi todo en ciudades medianas donde la formación cuenta con encuestas favorables. 

Según la lista hecha pública por Aliança, su candidato en Reus será el abogado Jonathan Cortijo, alineado con las tesis de la formación. Arnau Liesa, docente y escritor, lo será en Figueres. El candidato de Tortosa ha sido una de las sorpresas de la jornada, pues la persona propuesta es Eduard Rel, exdirigente local del PSC. 

Completan la lista Viqui Novell en Tàrrega, Olga Pagès en Banyoles y Marina Quintana en Roda de Ter. Esta es, sumando el nombre de Aragonès, toda la nómina de candidatos de la que dispone la formación encabezada por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll que ha manifestado su intención de volver a presentarse por la localidad.

Después de esa jornada, se sucedió un degoteo de anuncios como el de Xavier Capelles, exfundador de Societat Civil Catalana para Manresa, o Joana Berrio, presidena de la Asociación Cultural Sabadell e Israel para la cocapital del Vallès Occidental.

El independentismo de extrema derecha, que entró por primera vez en el Parlament en las elecciones de 2024, ve las elecciones municipales de 2027 como una oportunidad para crecer y consolidarse en municipios grandes como podría ser el caso de Barcelona y disputarse a una buena parte del electorado que ha acabado, o bien desencantada con los líderes independentistas, o bien cautivada por los discursos securitistas i xenófobos.

Las organizaciones sociales Amnistía Internacional, Bienvenidos Refugiados y Rioja Acoge, han unido sus voces en un frente común ante la preocupante propagación exponencial de las retóricas racistas, xenófobas y de intolerancia. Bajo el lema unificado de «PRIORIDAD HUMANIDAD», las tres entidades convocan a toda la ciudadanía a participar en la lectura pública de un manifiesto el próximo jueves, 18 de junio a las 12:30 horas el Paseo del Espolón -en la llamada Plaza de Palestina-, Logroño.

Esta movilización responde de manera directa al llamamiento global de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que instauró el 18 de junio como el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio con el objetivo de promover el diálogo interreligioso e intercultural y frenar dinámicas que atacan y deshumanizan a las personas por motivos de su origen, etnia, religión, género o identidad.

Las entidades organizadoras advierten que el impacto de estas narrativas divisorias se ha visto amplificado radicalmente por el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías. En el plano global y local, denuncian conflictos basados en el señalamiento del “otro”, haciendo especial hincapié en fenómenos cercanos: como la xenofobia y la discriminación en nuestro país, a menudo alimentadas por la inacción o ignorancia de algunas instituciones. “Una ignorancia que prende el miedo, y un miedo que aviva el odio”.

Con esta convocatoria, las entidades apelan a la responsabilidad colectiva e individual de la ciudadanía para frenar discursos cotidianos que, “amparándose de forma ilegítima en la libertad de expresión, disfrazan de opinión lo que en realidad es una semilla de rechazo”, según aseguran. Asimismo, exigen de forma rotunda la eliminación de conceptos reduccionistas de las narrativas institucionales: “Algo tan reduccionista y erróneo como el concepto de prioridad nacional no puede caber en la sociedad del 2026”.

Las tres organizaciones hacen un llamamiento a “no permanecer indiferentes ante el fanatismo, la catalogación de personas y el señalamiento de comunidades vulnerables, invitando a construir una sociedad inclusiva donde las niñas y niños se eduquen en igualdad, sin exclusiones ni falsas superioridades”.

En la casa de la familia Akkouh, en un barrio obrero de Torrejón de Ardoz (Madrid), llevan un año sobreviviendo a la ausencia de un hijo, un hermano, un tío. El 17 de junio de 2025, Abderrahim (35 años) murió estrangulado en plena calle por un agente de la Policía Municipal de Madrid, ayudado por otro agente jubilado del mismo cuerpo. Desde entonces, en esta pequeña vivienda las lágrimas brotan en el momento menos esperado. “Queremos que los culpables paguen por lo que han hecho y que se limpie el nombre de mi hermano”, repite una y otra vez Chaimae.

En el centro del salón de la vivienda hay una gran mesa preparada para la ocasión del encuentro con elDiario.es con agua, zumo de naranja y dulces árabes, rodeada por los padres de Abderrahim, Jamila y Mimoun, y sus hermanas, Nassira y Chaimae, y una de las hijas de esta última, de seis meses. Chaimae, dependienta en una tienda de venta al pormenor de frutas y verduras, comienza el relato: “A nosotros nos llegó la noticia al día siguiente. Se presentaron en esta casa, donde vivía Abderrahim con mis padres, y aunque al agente de Policía Nacional le dije que no le diera la noticia a mi madre hasta que llegásemos, lo hizo mientras yo lo escuchaba por teléfono”.

Chaimae, la hermana pequeña de los seis hermanos que llegaron a ser, es la que mejor castellano habla de todos los presentes. Sus palabras suenan resueltas, seguras, también con cierto pesar por el recuerdo. Mimoun y Jamila, al escucharla, asienten y niegan con la cabeza, según lo que escuchen en cada momento. “La familia todavía no ha recibido ninguna comunicación oficial en la que se diga que mi hermano murió asfixiado por un policía. Nos llegaron a decir que se lo habían encontrado muerto en la calle”, se queja.

Los estragos de la familia Akkouh para enterrar a Abderrahim todavía resuenan en sus remembranzas. “Tuvimos que hacer una manifestación para exigir que nos devolvieran su cuerpo. No lo tuvimos hasta después de más de 20 días y apenas le podíamos reconocer”, asegura Chaimae.

Manchar el nombre de Abderrahim

A partir de entonces, varias informaciones señalaron que Abderrahim podía haber muerto por alguna complicación sanitaria, que era politoxicómano y que la persecución de los agentes que acabaron con su vida se inició porque les había robado un móvil. Todas las autopsias realizadas a su cuerpo objetivan que Abderrahim falleció por una “muerte violenta por homicidio” tras sufrir la llamada técnica del mataleón hasta que su cuerpo dejó de recibir oxígeno. Además, el móvil al que en un primer momento se refirieron los acusados, que responden a las siglas de J. J. T. C. y P. A. P. C., no ha aparecido.

Esta deshumanización de su ser querido ha causado una honda herida en los Akkouh, quienes batallan incansables por dar a conocer la verdad sobre Abderrahim. Fue su padre el primero en arribar a España en 1993, quien desde entonces se ha dedicado a trabajar en la construcción y el campo. Tanto Mimoun como Jamila tienen ahora 64 años. Poco a poco, llegó la reagrupación familiar. “Abderrahim siempre decía que se sentía más español que marroquí, vivía aquí con orgullo. Es algo costoso pensar que ha sido aquí, en España, donde le han matado”, admite Chaimae.

Mimoun se esfuerza en hacerse entender. A través de sus ojos llorosos y unas manos algo agitadas transmite la profunda injusticia que le acompaña desde hace un año. “Yo estaba en la mezquita de al lado de la estación y escuché sirenas de Policía y ambulancias”, detalla en alusión a las 23.00 horas aproximadamente del 17 de junio de 2025. Jamás pensó que su hijo fuera el motivo de tal despliegue. Se enteró de lo sucedido incluso después que Jamila, quien es incapaz de soltar la fotografía de su hijo, a la que besa continuamente.

Conciso y claro, recalca que ya en comisaría se negó a firmar los documentos que la Policía le expuso. “Me dijeron que firmara solo uno, y lo hice, pero yo no entiendo nada bien el castellano y no sé qué ponía”, abunda. Rubén Vaquero, el abogado de la familia, incide en ello: “El mismo día de los hechos, sin ningún respeto a su estatuto como víctima, que es una cuestión legal, no de respeto moral, le hicieron firmar que su hijo era un drogadicto y un delincuente, sin intérprete y sin abogado delante, para apuntalar la versión de los causantes de la muerte”.

Un recuerdo continuo

Los padres de Abderrahim no tardan ni dos segundos en empezar a llorar cuando escuchan preguntar por cómo era su hijo. Tanto, que Mimoun abandona por unos segundos la sala. La hermana pequeña rememora cómo de pequeño soñaba con convertirse en futbolista en España, donde fue contratado como carretillero y repartidor. “Te mentiría si te digo que no nos acordamos de él en cada paso, cada comida, cada charla. No paramos de recordarle, sobre todo mi madre. Por mucho que el tiempo pase, no te creas que es menos el dolor que tenemos”, añade.

Ya como vecino torrejonero, recuerdan a Abderrahim por su afán a la hora de ayudar: “Se encontraba con niños migrantes que apenas tenían nada y les daba ropa y comida. Fue un hombre que nunca hizo daño a nadie”. De todas formas, Chaimae no oculta el estado de salud delicado en el que se encontraba su hermano en los últimos años: “Andaba enganchado a las drogas y acudía a un centro para desintoxicarse. Eso fue su perdición, porque ya no le permitía encontrar un trabajo”.

Las palabras de la hermana brotan cargadas de rabia al tratar en quién recae la culpabilidad de la muerte de Abderrahim. “Parece que últimamente la Policía no está preparada o estudiada para ser Policía, sino para ser asesina”, enfatiza antes de subrayar que “algo así no hubiera pasado con una persona blanca”. “Vivimos en un racismo estructural, sobre todo contra los magrebíes. Me gustaría que España demostrara que no es un país racista, que es capaz de abrir sus puertas a los migrantes que vienen a trabajar para mejorar su vida”, se explaya.

A día de hoy, Nassira pasa cierto temor cuando vuelve de noche desde la planta logística de Alovera en la que trabaja. “Por mucho que los policías no ejercieran aquí, sí que son vecinos de Torrejón, y no los conocemos de nada, no sabemos quiénes son, así que ahora andamos con el miedo metido en el cuerpo. Tendrían que tener alguna medida cautelar más allá de firmar cada 15 días en el juzgado”, señala la misma Chaimae.

Dos investigados y apoyo popular

La acción por parte de los dos agentes policiales fuera de servicio aquel 17 de junio de 2025 fue tal que varios viandantes intentaron salvar la vida de Abderrahim, sin éxito. Vecinos también grabaron vídeos a pie de calle y desde los balcones. Gracias a esas imágenes, los dos policías están investigados y se sabe que el policía retirado, cuya calidad pasó de testigo a imputado el pasado 25 de mayo, llegó a decir “mereces que te mueras ahora mismo, cabrón”, cuando el cuerpo del magrebí yacía sin vida en la acera.

La última actualización del caso ha tenido lugar este 9 de junio con la comparecencia ante la jueza de P. A. P. C., el policía retirado, ya como investigado en el proceso. Este hombre sujetó las piernas de Abderrahim cuando procuraba zafarse de la asfixia que le acabó matando e intentó evitar que viandantes le defendieran y grabaran la escena. Según la defensa de los Akkouh, en su declaración apareció con peluca y barba postiza, algo que la magistrada le recriminó. No contestó a ninguna pregunta, tampoco las de su abogado.

La familia Akkouh ha recibido numerosas muestras de cariño en estos meses, incluso se ha creado un grupo de apoyo. “Necesitamos alzar la voz todo lo posible porque todavía queda batalla por librar, y será duro”, dice Chaimae. La familia al completo pugna por la verdad. “Para que se haga justicia aquí se tiene que actuar con certeza y firmeza, y que no por ser migrante se le den menos derechos y por ser agente de seguridad tenga más razón”, añade la hermana pequeña. De nuevo y tras cumplirse un año sin Abderrahim, una manifestación recorrerá las calles de Torrejón de Ardoz en su memoria el próximo sábado, 20 de junio.

Llega unos minutos tarde a la entrevista porque se ha entretenido de camino haciendo algunas fotos de la ciudad y propone retratarse junto a la escultura de una madre sosteniendo a su hija en el céntrico campus de la Merced de la Universidad de Murcia (UMU). Angela O'Hagan (Glasgow, 1966) ha venido a la capital murciana esta semana con credenciales poco habituales: es profesora emérita de Igualdad y Políticas Públicas en la Universidad Caledonia de Glasgow (GCU), preside desde 2024 la Comisión Escocesa de Derechos Humanos y lleva décadas construyendo marcos teóricos para medir si un presupuesto público respeta o vulnera derechos. Su tesis doctoral comparó el análisis presupuestario con perspectiva de género en Escocia, Andalucía y Euskadi. Conoce España, por tanto, desde dentro y, prácticamente, no recurre en ningún momento de la conversación a otra lengua que no sea el castellano.

La investigadora ha participado en el I Simposio Internacional organizado por la Universidad de Murcia en el marco de la red EuWIGeN —conformada por once universidades europeas— con una ponencia en la que conecta los derechos humanos con algo tan concreto como ir al médico, pagar el alquiler o acceder a un servicio de dependencia.

La entrevistamos mientras Belfast vive días de disturbios racistas -el mismo patrón que vivió Torre Pacheco hace menos de un año- y el gobierno laborista de Keir Starmer gestiona la tensión entre su discurso de derechos y una política migratoria cada vez más restrictiva.

¿Cuál fue el motivo que le llevó a investigar los derechos humanos desde la vida cotidiana?

Llevo toda mi carrera profesional trabajando en el ámbito de la igualdad, siempre con un enfoque de género. Las mujeres y los hombres tenemos experiencias distintas de los servicios públicos, del espacio público, de los recursos públicos. Las mujeres usamos el transporte para llevar a los críos, hacer la compra, acompañar a la suegra, y volver a un trabajo de tiempo parcial. Los hombres, en general, van directamente a su trabajo. Eso parece obvio una vez que lo ves, pero el sistema económico y social lo refuerza sin pensarlo, a veces sin mala intención, y así se repite el círculo. Lo que hacemos con la investigación es precisamente romperlo: ver qué produce desigualdad y actuar sobre ello.

Lo que me interesa ahora es cómo enlazar esa vida cotidiana con los marcos normativos de derechos humanos. Tendemos a pensar que los derechos humanos son cosas de guerras, cárceles o crisis humanitarias. Pero los derechos económicos, sociales y culturales recogidos en los convenios internacionales hablan de comida, transporte, educación, vivienda, agua. De las cosas de las cuales dependemos todos en la vida cotidiana.

¿Puede poner un ejemplo concreto?

En el norte y oeste de Escocia, una zona de belleza natural inmensa, pero con una población muy dispersa, hemos investigado el acceso a servicios de maternidad. Si vives muy al norte y estás embarazada, tienes un viaje de cuatro horas en coche para llegar al hospital, porque no hay autobús. Y si vives en una isla y es tu primer embarazo, tienes que salir seis semanas antes de la fecha probable de parto porque no hay servicios de maternidad en las islas más pequeñas. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de eso: de que todo el mundo tenga acceso a un servicio de calidad, accesible y apropiado dentro de su entorno. Eso es lo que exigen las normas internacionales.

En la Región de Murcia y en otras comunidades, las listas de espera en dependencia llevan años enquistadas. ¿Cuándo deja de ser un problema de gestión y se convierte en vulneración de derechos?

Es una cuestión de valores: qué valoramos como sociedad. La economía del cuidado —lo que se llama la economía informal— no recibe el mismo valor que la economía de fabricar o construir cosas, aunque tiene un coste individual y económico enorme. Sin invertir en infraestructura de cuidado, creamos un bloqueo en todo el sistema social y económico. Tenemos una población que envejece, un trabajo cada vez más precario, y un sistema que lleva décadas apoyándose en el cuidado gratuito de las mujeres. Eso frena sus oportunidades económicas y perpetúa la desigualdad.

La dependencia recae sobre las familias y, dentro de ellas, sobre las mujeres. ¿Es un fallo del sistema o una vulneración de derechos?

Ambas cosas. Es un problema estructural, tradicional, que llevamos generaciones reproduciendo con el rol supuestamente aceptado de las mujeres como cuidadoras. El sistema económico, social y cultural ha llegado a este punto. Y resulta en brechas de derechos claras: reduce la posibilidad económica, social y cultural de quienes se encuentran más apartados del mercado laboral porque tienen que cuidar de los demás, precisamente porque no hay servicios públicos suficientes.

Usted ha contribuido al concepto de Wellbeing Gender Budgeting. ¿Cómo lo explicaría a alguien sin formación en políticas públicas?

Las finanzas públicas son de todos. Todos contribuimos a través de nuestros impuestos, pero el beneficio de esos recursos no llega a todos de la misma manera. Presupuestar con perspectiva de género no significa gastar más en mujeres que en hombres. Significa preguntarse: ¿qué impacto va a tener esta decisión de gasto? ¿Va a aumentar el bienestar de mujeres y hombres por igual, o va a reproducir la desigualdad estructural que ya existe? Con más inversión en servicios de cuidado, el impacto para las mujeres sería mayor que para los hombres, no porque sean privilegiadas, sino porque cargan con más de esa necesidad. Eso es lo que hay que corregir.

Se ha presentado en el simposio el WIGI Index, un indicador que mide el impacto de las infraestructuras en el bienestar desde una perspectiva de género. ¿Qué aporta que no recogieran los indicadores anteriores?

Es una de las innovaciones más interesantes de este proyecto. Con una base de datos nacionales de toda España y el conocimiento acumulado sobre presupuestación con perspectiva de género y sobre cómo hombres y mujeres experimentan los servicios públicos de forma diferente, se ha construido un índice que puede decirle a quienes toman decisiones políticas dónde invertir para producir un impacto más igualitario. Es una herramienta de análisis para mejorar la política pública con evidencia, no con intuición.

Torre Pacheco en 2025, Belfast esta semana. El patrón es similar, que consiste en una agresión atribuida a un migrante, bulos y vídeos falsos que se viralizan y disturbios racistas en la calle. En Belfast, y también en Torre Pacheco, la propia familia de la víctima ha pedido que no se instrumentalice su tragedia. ¿Estamos ante una manifestación minoritaria de la xenofobia o ante unos prejuicios mucho más extendidos de lo que queremos reconocer?

Es una experiencia que tenemos en común en muchos países de Europa, y también en Estados Unidos. Hay un impulso político claro, pero yo lo relaciono también con la crisis del coste de vida y los años de austeridad que seguimos viviendo. La gente que tiene menos, para quienes llegar a fin de mes es difícil, está muy frustrada y busca a quien echarle la culpa. Y es muy fácil señalar a las personas inmigrantes, porque algunas voces políticas y algunos medios fomentan la idea de que la falta de recursos en la vida cotidiana es culpa del Estado por haber invertido en ellos. Pero no es así. Estos recursos tienen que ser para todo el mundo. Y tenemos que pensar en por qué hay tanta inmigración: las guerras, el cambio climático, que están forzando a la gente a moverse porque su tierra ya no da de sí.

Además, hay una campaña activa de desinformación. Se dice que los inmigrantes reciben cantidades enormes de dinero al día, que tienen acceso a vivienda, a móviles. No es verdad. Tenemos la responsabilidad de contrastar esa desinformación.

El ministro británico para Irlanda del Norte, Hilary Benn, ha denunciado un “clima de miedo” con personas expulsadas de sus casas por el color de su piel. ¿Qué obligación tiene el Estado más allá de condenar?

Tiene obligaciones concretas bajo el Convenio contra la Discriminación Racial: proteger y actuar para prohibir la discriminación que estamos viendo. La libertad de expresión es un privilegio, pero está limitada: no se puede expresar de una manera que amenace o incite a la violencia. El Estado tiene que hacer cumplir ese límite. Está bien condenar, pero también hay que actuar.

El laborismo británico o los socialdemócratas alemanes atraviesan una crisis de apoyo. En España, el CIS ha revelado recientemente que el 44,6% de los españoles apoya la “prioridad nacional” de Vox, que ya figura en algunos pactos de gobierno regionales con el PP. ¿La socialdemocracia ha perdido ese debate porque abandonó los derechos sociales como marco?

Tenemos una responsabilidad, quienes estamos en instituciones públicas, en la prensa, en la docencia: hacer ver con claridad que la estabilidad social, el bienestar democrático, depende de que las personas disfruten de sus derechos económicos, sociales y culturales. Hay una concepción muy extendida y muy equivocada de que los derechos humanos son una carga innecesaria para el Estado. No: son una manera de ampliar y mejorar las decisiones de política pública, porque empiezan con un principio fundamental que es la dignidad y el respeto para todos. Si empezamos desde ahí, se abre el abanico de lo posible.

En el Reino Unido hay un debate sobre si salir del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El laborismo no lo ha descartado. ¿Qué cambiaría en la vida de alguien en Belfast o Glasgow?

Lo que parecía un debate destinado a debilitar el Convenio ha terminado siendo lo contrario. Los 46 países miembros del Consejo de Europa han reafirmado su confianza en la Convención y en el Tribunal de Estrasburgo. Y tienen razón: los derechos que recoge el Convenio están en toda parte de la vida cotidiana. Vienen de un contexto histórico —la posguerra— pero sus valores fundadores siguen plenamente vigentes. Lo que empezó como un cuestionamiento se ha convertido en una reafirmación. Eso es importante.

El joven futbolista Alberto Edjogo-Owono estaba pegado al televisor la noche del 25 de febrero de 2006. El Zaragoza recibía al Barça en La Romareda cuando el partido se detuvo de repente. Se armó revuelo y las cámaras enfocaron a un Samuel Eto’o fuera de sí, haciendo aspavientos y gritando “¡no más!” mientras amagaba con abandonar el terreno de juego, harto de los insultos racistas que le llegaban desde la grada.

Edjogo-Owono, hoy comentarista de fútbol en DAZN, a punto para retransmitir el Mundial 2026, recuerda cómo se levantó entonces del sofá al presenciar la escena. “Soy una persona sosegada, pero aquel día la sangre me hervía casi como nunca”, rememora. “Fue impactante ver por primera vez a un jugador que se plantaba, que decía alto y claro que no tenía por qué soportar esas vejaciones”, afirma. 

Han pasado dos décadas desde aquel episodio, convertido en punto de inflexión en la persecución del racismo en el fútbol español. La legislación se ha endurecido, los protocolos son más estrictos y los futbolistas se sienten hoy más respaldados para detener, o incluso abandonar, un partido —aquel día, de hecho, Eto’o fue persuadido para seguir jugando—. Sin embargo, el racismo sigue enquistado en parte de las gradas, desde las más modestas canchas de barrio hasta las que atraen todos los focos en Mundiales y Eurocopas.

Así lo sostiene Edjogo-Owono en Heridas en la piel. Fútbol, racismo e identidad (geoPlaneta), un recorrido por décadas de discriminación sufrida por los futbolistas racializados desde que irrumpieron en los campos españoles. Desde el ladrillazo que se llevó en 1951 Lari Ben Barek, estrella marroquí del Atlético de Madrid, por parte de un aficionado del Sevilla, hasta los insultos vertidos en los últimos años contra Vinicius Jr. o los hermanos Iñaki y Nico Williams. 

Ni siquiera el fútbol de selecciones, que enfrenta alrededor de un balón a países de todo el mundo, está exento de esta lacra. “Los partidos del Mundial se viven más como una fiesta, como un evento alejado de rivalidades del día a día”, arranca Edjogo-Owono, “lo que hace quizás hace que haya un punto menos de episodios racistas”. Pero los hay, añade. 

Basta remontarse al último Mundial, el de Qatar 2022. Nada menos que la vencedora, Argentina, vio como algunas de sus estrellas proferían cánticos racistas contra Francia tras ganar la final. “Juegan con Francia, vienen de Angola…”, arrancaba la canción por la que jugadores como Enzo Fernández tuvieron que pedir disculpas.

“Aludían al origen africano de muchos jugadores franceses, pero solo hace falta ver el apellido de los argentinos para constatar que también descienden de inmigrantes, aunque blancos y caucásicos”, recuerda el autor del libro. 

El menosprecio hacia los hijos de la inmigración tiene capítulo aparte en Heridas en la piel. Es una forma de racismo menos explícita que los insultos y suele emerger en época de Mundiales y Eurocopas. 

El caso más paradigmático se vivió en Francia con la selección campeona del Mundial en 1998, repleta de futbolistas nacidos en excolonias africanas o descendientes de recién llegados al país. Aquello dio para un debate nacional, alimentado por la extrema derecha de Jean-Marie Le Pen, hasta que un marsellés hijo de argelinos, Zinedine Zidane, llevó a la gloria a la selección anfitriona tras ganar la final frente a Brasil.  

Este mismo discurso pareció aflorar en España con la consolidación en la Eurocopa de 2024 de Lamine Yamal —de padre marroquí y madre guineana— y Nico Williams —de padres ghaneses— como estrellas del equipo. 

Edjogo-Owono visitó Rocafonda, el barrio de Lamine, y entrevistó largo y tendido al astro del Barça en Lamine Yamal Decoded, para DAZN. “Nos decían a Nico y a mí que no éramos españoles y a Laporte y Le Normand [franceses nacionalizados] que sí”, se lamentaba el delantero, que reconoció que desde entonces presta menos atención a redes sociales. 

“Si una persona francesa naturalizada te representa más como español que unos chavales nacidos y criados aquí”, abunda Edjogo-Owono, “entonces ya tienes la respuesta: lo que te molesta es su piel oscura”. 

Con todo y a pesar de polémicas xenófobas, Francia, en 1998, y España, en 2024, ganaron. Pero es en la derrota cuando emergen los peores casos de discriminación hacia los futbolistas del propio país. Los insultos racistas a Marcus Rashford y otros compañeros tras fallar en la final de la Eurocopa de 2021 obligaron a intervenir al presidente Boris Johnson; Mesut Özil, estrella de Alemania de ascendencia turca, acabó por dejar la selección por las muestras de racismo tras ser eliminados en el Mundial de 2018. “Soy alemán cuando ganamos, pero inmigrante cuando perdemos”, se lamentó. 

Jóvenes que no se atreven a denunciar

La rebelión de Eto’o que recuerda Edjogo-Owono en su libro propició la aprobación de una ley contra la violencia y la xenofobia, en 2007, sobre la que descansan las actuales sanciones a los clubs. Para Edjogo-Owono supuso también un antes y un después personal. Le dio que pensar: si una estrella, el mejor delantero del mundo, no escapaba a ese trato vejatorio, ¿qué no ocurriría con los demás futbolistas africanos, latinoamericanos, asiáticos…?

Y no solo eso. “¿Si son capaces de atacar a la parte más alta de la pirámide, a alguien tan privilegiado como Eto’o, qué pasa con la gente inmigrante que tiene que alquilar un piso, o que tiene que esconder su acento en una entrevista de trabajo, o la foto en el currículum?”, se pregunta. 

Nacido en Sabadell, de madre española y padre guineano, Edjogo-Owono creció como canterano del RCD Espanyol, y desempeñó su carrera entre equipos catalanes modestos y la selección de fútbol de Guinea Ecuatorial. Su periplo por los terrenos de juego, lejos de los grandes focos, tampoco estuvo exento de racismo. El primer insulto que recibió, recuerda, fue de un compañero de equipo en la categoría alevín, que durante un entreno le llamó “negro zumbón”. 

Edjogo-Owono reconoce que ese día no levantó la voz, y cuenta por qué es tan difícil que lo hagan todavía hoy los niños y niñas que buscan su sitio en las categorías inferiores de clubs de élite. “En las canteras se da por sentado que si no eres capaz de resistir a los contratiempos, no estás preparado para el máximo nivel”, argumenta. “La dinámica es de no mostrar nunca debilidad”, continúa.

Esta inercia, afirma Edjogo-Owono, llega hasta nuestros días y también cala entre los jugadores adultos. “Los jugadores insultados no saben cómo reaccionará su entrenador o el árbitro, y no quieren aparecer como incómodos o conflictivos, es injusto”, afirma. 

Mejoras que no acaban con el racismo

Desde los micrófonos de DAZN, a Edjogo-Owono le ha tocado salir al paso de insultos como los que recibió en Mestalla Vinícius Jr., un jugador que sí ha optado por hacer visible el racismo que sufre, justificado por algunos por su carácter provocativo ante la grada. 

“Si hay un jugador que crees que tiene una actitud antideportiva, le puedes abuchear o silbar, pero si te metes con su color de piel, estaremos de acuerdo en que eres un racista”, concluye.

El caso de Mestalla derivó en una de las primeras condenas penales por delito contra la integridad moral y odio (ocho meses de cárcel para sus protagonistas y dos años vetados en el estadio). Ha habido otras, también por insultos al delantero madridista en Valladolid, contra Iñaki Williams en el RCD Stadium del Espanyol, o a Marcus Rashford en Oviedo. 

En los últimos años han sido numerosos los estadios que han recibido multas económicas —aunque moderadas— y cierres parciales de la grada por la xenofobia de sus aficionados. 

Edjogo-Owono valora el progreso, y reconoce que los episodios más graves de décadas atrás es complicado que se repitan. En los 90 y 2000 los cánticos racistas estaban más que normalizados entre los ultras. Lo reconocen en el libro jugadores de la época como el exportero camerunés del Espanyol, Carlos Kameni. 

Wilfred Agbonavbare, portero del Rayo Vallecano en los 90, tuvo que aguantar bajo palos en el Santiago Bernabéu mientras le gritaban “Ku Klux Klan” o “negro, cabrón, recoge el algodón”. No quiso el futbolista nigeriano dar importancia a lo ocurrido, ni aquel día ni en otros similares, y su caso tiene también un reverso amable: el cariño que recibió por parte de su afición. En el barrio de Vallecas, constata el libro, los futbolines conservan a día de hoy los porteros con el rostro negro en homenaje al portero fallecido de cáncer en 2015. 

“Hay escenas de hace 25 o 30 años que hoy serían impensables, o que si suceden tienen ahora consecuencia directa”, celebra el exfutbolista de Sabadell. Pero añade la parte de crítica. “Si ahora sabemos que está mal, ¿cómo puede ser que siga ocurriendo? ¿No es peor?”, se cuestiona.

Las protestas contra la inmigración han degenerado en actos violentos en Irlanda del Norte después de que activistas de extrema derecha convocaran manifestaciones en respuesta a un ataque con arma blanca que quedó grabado en un vídeo muy explícito.

Grupos multitudinarios, entre los que se encontraban hombres enmascarados, incendiaron vehículos y viviendas y bloquearon carreteras en Belfast y sus alrededores el martes por la noche, horas después de que Elon Musk, el agitador ultraderechista Tommy Robinson, muy activo en redes, y otros instaran a la gente a salir a la calle.

Los manifestantes secuestraron e incendiaron un autobús en el este de Belfast y prendieron fuego a coches mientras sonaban las sirenas y un helicóptero de la policía sobrevolaba la zona.

Los disturbios estallaron horas después de que la policía acusara a un solicitante de asilo sudanés de 30 años de intento de asesinato en relación con un ataque ocurrido el lunes por la noche en el norte de Belfast, que dejó a un hombre gravemente herido y provocó consternación y una condena generalizada. Estaba previsto que el atacante compareciese ante el tribunal de primera instancia de Belfast el miércoles.

Ryan Henderson, jefe de policía adjunto, hizo un llamamiento a la calma: “Esta tarde se han producido focos esporádicos de disturbios en varios lugares de Irlanda del Norte, incluidos incidentes en los que se han incendiado varios vehículos. Instamos a todos a mantener la calma, actuar con responsabilidad y evitar cualquier actividad que pueda poner en peligro su propia seguridad o la de los demás”.

La familia de la víctima del ataque también llamó este miércoles a la calma. “Queremos dejar completamente claro que rechazamos los disturbios de esta noche, y que la protesta pacífica es el único camino”, dijo un portavoz, en un comunicado difundido a través de un diputado unionista. “Tenemos muchos migrantes que aportan mucho valor a nuestro país, incluyendo a nuestro sistema de salud y al sector de la restauración, y dependemos de ellos para hacer que nuestro país funcione. No queremos que esta terrible tragedia sea utilizada para dividir a las personas y alimentar la hostilidad”.

La víctima, que no ha sido identificada, se encuentra hospitalizada y ha perdido un ojo por el ataque, según el último parte médico. Los familiares agradecen a las personas que intercedieron en su ayuda durante el acuchillamiento y piden que se respete su privacidad.

Calmar las aguas

La policía pidió a todas las personas influyentes de las comunidades locales que fomentaran la protesta pacífica y desalentaran la violencia y los disturbios.

Políticos de Irlanda del Norte y de todo el Reino Unido también hicieron un llamamiento a la calma.

La primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, condenó la violencia y advirtió de “peligrosos intentos de explotar” el ataque. “[Los] grupos de hombres enmascarados que queman las casas de familias no muestran más que una cobardía repugnante. Esto no tiene nada que ver con la comunidad. Esto es puro y simple vandalismo”, escribió en redes.

O’Neill había instado previamente al público a no dejarse persuadir por cuentas de redes sociales para empezar a provocar disturbios. “Todas aquellas personas que están avivando las tensiones en las redes sociales, que se alegran de aumentar la tensión, no nos representan. Somos buena gente y no quiero ver a nadie viviendo con miedo”, expresó.

John Finucane, diputado del Sinn Féin por Belfast Norte, calificó las escenas que se estaban desarrollando de “vergonzosas” y añadió: “No hay lugar para esto en nuestras calles. Se han atacado viviendas y negocios, se han quemado coches y autobuses, y partes de nuestra comunidad están en llamas. Nadie tiene derecho a sembrar el miedo, a aterrorizar a familias inocentes o a provocar el caos y la anarquía en nuestras calles”.

La ministra de Justicia de la Alianza de Irlanda del Norte, Naomi Long, afirmó que los manifestantes estaban “empeñados en causar destrucción precisamente en las comunidades que dicen estar tratando de proteger”.

Los ultras allanan viviendas de migrantes

Esas intervenciones se produjeron cuando grupos de hombres, algunos con pasamontañas u otros tipos de ocultación facial, incendiaron contenedores, autobuses y viviendas. En un brote de violencia cerca de Shankill Road, en Belfast, un grupo irrumpió en una vivienda que parecía estar ocupada por una familia de origen étnico minoritario, alegando que la estaban “liberando”.

Más tarde, dos tiendas de teléfonos fueron saqueadas y una tienda africana fue incendiada. El humo se extendía por la calle mientras unos cuantos rezagados veían bajo la lluvia a los bomberos que combatían las llamas.

Hubo protestas más moderadas en Antrim, Bangor y Ballymena, y se incendiaron dos coches en Newtownabbey. En Londres, un grupo de unos 60 manifestantes se reunió en Parliament Square, tachó a la policía de “traidores” e intentó provocar a los agentes.

Algunos gritaban consignas contra los inmigrantes y coreaban consignas sobre el asesinato de Henry Nowak, así como sobre el ataque con arma blanca en Belfast. La mayor parte del grupo protestó pacíficamente.

Políticos y líderes comunitarios acusaron a la extrema derecha de intentar fomentar el malestar en Irlanda del Norte y en todo el Reino Unido.

Stephen Yaxley-Lennon, un agitador de extrema derecha que se hace llamar Tommy Robinson, compartió el vídeo del ataque de Belfast y publicó una convocatoria para manifestarse en el centro de Londres y en otras partes del Reino Unido.

Un ataque sin motivo terrorista aparente

El apuñalamiento tuvo lugar alrededor de las 22:30 horas del lunes frente a un bloque de pisos en el norte de Belfast. Un vídeo compartido en las redes sociales mostraba a un hombre montado a horcajadas sobre otro hombre en el suelo y golpeándole en la cabeza y el cuello. Se recuperó un cuchillo de cocina del lugar de los hechos. La policía informó de que la víctima, de unos 40 años, presentaba heridas graves en los ojos, la cara y la espalda.

El vídeo mostraba a varias personas interviniendo para detener la agresión, y a un hombre, posteriormente identificado como Maitiu Mag Tighearnan, golpeando al agresor varias veces con un palo de hurling (un deporte tradicional de Irlanda, parecido al hockey).

Además de intento de asesinato, el sospechoso fue acusado de posesión de un arma blanca en un lugar público y de amenazas de muerte.

El jefe de la policía de Irlanda del Norte, Jon Boutcher, declaró en una rueda de prensa que creía que al sospechoso se le había concedido permiso para permanecer en el Reino Unido el 28 de septiembre de 2023. “Me han informado de que viajó desde Sudán a París en fecha desconocida, y desde París voló a Dublín en una fecha aún por determinar”.

El sospechoso viajó de Dublín a Belfast en autobús el 10 de febrero de 2023 y solicitó asilo, según Boutcher. “No hay rastro de este sospechoso en ninguna de nuestras bases de datos de seguridad nacional, y no era conocido por el Servicio de Policía de Irlanda del Norte. He estado en contacto directo con el jefe de la unidad antiterrorista del Reino Unido. En este momento, no tenemos información que sugiera que se trate de un acto relacionado con el terrorismo”.

El jefe de policía pidió a los manifestantes que no se dejaran incitar a los disturbios: “La gente está siendo incitada por personas anónimas que no saben nada de este lugar brillante y vibrante. No se dejen engañar ni manipular por gente en Internet”.

Miedo en las comunidades

Las comunidades de inmigrantes expresaron su temor a convertirse en blanco de ataques. Los comerciantes sudaneses de Sandy Row, una zona unionista del centro de Belfast, cerraron sus tiendas con persianas de acero a las 16 horas y dijeron que tenían previsto quedarse en casa esa noche.

El Centro Islámico de Belfast canceló las oraciones vespertinas. “Estamos diciendo a nuestra congregación que se vaya a casa, que no salga, que cuide de sus hijos, que no difunda rumores y que escuche a las autoridades”, dijo Ameer Ibrahim, un director de proyectos que habló a título personal.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el ataque del lunes por la noche de repugnante. “No tengo absolutamente ninguna tolerancia para escenas de violencia tan abominables como esta en nuestras calles. Mis pensamientos están, ante todo, con la víctima, y agradezco a los primeros en responder, incluidos los ciudadanos que intervinieron”.

Este miércoles, Starmer también condenó los disturbios y anunció que cualquier intento de incitar el odio también en redes será castigado. El primer ministro apuntó a “los capitalistas de las redes sociales como Elon Musk y sus divisivos algoritmos”.

Comentaristas de derecha de Inglaterra y Estados Unidos, entre ellos el diputado Rupert Lowe y el multimillonario propietario de X, Elon Musk, publicaron comentarios sobre el ataque. Musk compartió una lista de posibles zonas de protesta en el Reino Unido y escribió: “¡Solo protestando REPETIDAMENTE y EN VOZ ALTA habrá algún cambio!!”

El portavoz de Interior de Reform UK, Zia Yusuf, dijo: “El horror de lo que se ha visto en Belfast es consecuencia directa de la traicionera política de inmigración de los conservadores y los laboristas. Reform ya ha anunciado la prohibición total de visados para cualquier persona procedente de Sudán. Ya basta”.

PP i Vox han segellat aquest dimarts al Parlament balear el seu acord per impulsar la prohibició del burca i el nicab als espais públics mitjançant una proposició de llei orgànica promoguda per l'extrema dreta i avalada pels populars. Tot i presentar-se com una defensa de la “dignitat” de les dones, la iniciativa, que ara continuarà la seva tramitació parlamentària, denuncia l'“arribada massiva d'immigrants” i la seva suposada “amenaça” contra la “civilització occidental”, alerta sobre la “importació d'hàbits i comportaments aliens” i obre la porta a sancions administratives que, en cas de reincidència, podrien arribar als 30.000 euros, situant el focus de la iniciativa en la immigració i en la identitat cultural més enllà de la igualtat de gènere.

Durant la seva intervenció, la portaveu de la formació d'extrema dreta, Manuela Cañadas -encarregada de defensar la iniciativa-, ha articulat un discurs amb referències explícites a la seguretat juntament amb estereotips culturals i apel·lacions a la por: “Les notícies de la geopolítica internacional ens mostren de manera sagnant el destí que ens espera. Si cedim terreny i no estam preparats, plorarem sang, però algun dia aquells que ho van permetre hauran de ser jutjats”, ha arribat a etzibar.

“Vox no parla de dones, sinó de musulmanes. Parla de violències als barris per culpa dels musulmans. Parla del tancament de negocis i comerços i que els veïns se'n van per por dels musulmans, i no per culpa del turisme massificat”, ha retret, per la seva banda, la diputada de Més per Menorca Joana Gomila, qui ha acusat Cañadas d'“estigmatitzar els musulmans i sembrar odi i por”, lluny de qualsevol intenció real de “dignificar o voler dignificar les dones”. La parlamentària també ha dirigit les seves crítiques al PP per assumir el marc ideològic de l'extrema dreta i ha advertit que la prohibició del vel integral pot acabar tenint l'efecte contrari al que proclama combatre en empènyer algunes dones a un major aïllament social.

“Prohibir el vel no allibera: expulsa i castiga doblement les dones sotmeses”, ha insistit. “Diuen defensar la llibertat de les dones, però volen decidir com han de vestir; diuen defensar la dignitat, però criminalitzen dones que ja viuen sota control”, ha manifestat.

La proposició presa en consideració aquest dimarts segueix la mateixa línia que la llei impulsada per Vox al Congrés dels Diputats i recolzada pel PP el passat febrer. Aquella iniciativa, finalment rebutjada per la Cambra Baixa, no només plantejava prohibir el burca i el nicab als espais públics, sinó també sancionar-ne l'ús amb multes que podien arribar als 20.200 euros i modificar la Llei d'Estrangeria per facilitar l'expulsió d'estrangers reincidents.

A Balears, l'impuls d'una norma d'esperit similar consolida un acostament polític que el PP ja havia anticipat mesos enrere amb una proposició pròpia sobre el vel integral. Aquest dimarts, la diputada popular Cristina Gil ha justificat el suport del seu grup defensant que el vel integral constitueix una pràctica incompatible amb la igualtat efectiva entre homes i dones i assegurant que l'Estat ha de reaccionar davant símbols que considera contraris als valors constitucionals.

Tanmateix, el text promogut per Vox va molt més enllà de la qüestió de la igualtat. La seva exposició de motius arrenca alertant que Europa està “amenaçada” per l'“arribada massiva d'immigrants procedents d'altres continents”, denuncia la importació de comportaments “aliens” a Occident i planteja la necessitat d'actuar davant persones que pretenen imposar “costums islamistes” a l'espai públic. La iniciativa sosté que la societat espanyola no pot acceptar una ideologia “aliena i hostil a Occident” i vincula l'ús del burca i el nicab amb suposats riscos per a la seguretat ciutadana.

Multes de fins a 30.000 euros i condemnes de presó

El text preveu sancions administratives que, en cas de reincidència, podrien arribar als 30.000 euros en remetre's al règim d'infraccions greus de la Llei de Seguretat Ciutadana, reformes del Codi Penal per castigar amb penes de fins a quatre anys de presó qui obligui, intimidi o coaccioni una dona perquè porti aquestes peces de roba i modificacions de la legislació d'estrangeria perquè determinades infraccions relacionades amb aquesta matèria puguin derivar en l'expulsió del territori nacional de persones estrangeres reincidents.

La portaveu de Més per Mallorca, Marta Carrió, va acusar Vox d'utilitzar els drets de les dones com a “excusa” per construir un relat sobre immigració i islam. “Aquesta iniciativa no comença parlant de violències masclistes. Comença parlant de civilització occidental, d'immigració massiva i d'una suposada amenaça als nostres valors”, ha denunciat. Segons ha defensat, les dones apareixen al text “com una coartada” per justificar “un discurs profundament islamòfob”.

Una de les principals crítiques de l'esquerra s'ha centrat precisament en la contradicció entre el discurs de protecció de les dones i el contingut sancionador de la llei. Carrió ha recordat que la proposta permetria multar les mateixes dones que porten aquestes peces de roba i ha advertit que, en determinats supòsits, podria acabar facilitant procediments d'expulsió per a estrangeres. “Castiguen la mateixa dona que diuen voler protegir”, ha retret.

En termes similars s'ha expressat la socialista Maria Teresa Suárez, qui ha qüestionat que Vox hagi descobert de sobte una preocupació feminista quan històricament ha combatut bona part de les reivindicacions del moviment de dones. “Quan les dones reclamam igualtat salarial, Vox no hi és; quan denunciam la violència masclista, qüestiona les estadístiques”, ha criticat. Al seu parer, la formació utilitza les dones musulmanes com a “coartada argumental” per desenvolupar un discurs centrat en la immigració i l'islam.

La diputada del PSIB-PSOE ha denunciat, a més, que la proposta construeix una imatge homogènia de la població musulmana i migrant per convertir-la en una amenaça col·lectiva. “Les dones apareixen aquí sobretot com una excusa moral per justificar una agenda política que té poc a veure amb la defensa dels seus drets”, ha recriminat.

Per la seva banda, el diputat d'Unides Podem, José María García, ha considerat que el text de la llei de Vox està “ple de racisme i classisme”. “El que pretenen és disfressar aquest odi de protecció per a les dones de religió musulmana”, ha criticat.

El Parlament assumeix el discurs neonazi de la “remigració”

El passat mes de febrer, PP i Vox van donar llum verda a una proposició no de llei (PNL) dels de Santiago Abascal que insta el Govern central a deportar les persones migrants que, tot i trobar-se en situació legal, cometin algun delicte greu o facin del delicte lleu “la seva forma de vida”, així com aquelles que “decideixin no integrar-se en la cultura de la nació que les acull o intentin imposar la seva”. La proposta apel·la a l'anomenada “remigració”, un terme que l'extrema dreta europea ha popularitzat els darrers anys com a consigna política, sota la qual agrupen propostes com el retorn massiu de migrants -i fins i tot de ciutadans nacionalitzats- per motius culturals o identitaris.

Aquest postulat, que no forma part del marc jurídic espanyol ni de la legislació d'altres països europeus, ha estat especialment abanderat per sectors de la ultradreta alemanya vinculats a Alternativa per Alemanya (AfD), així com per formacions ultras a Àustria i França. A Espanya, Vox l'ha incorporat al seu discurs com a eix de la seva ofensiva migratòria.

La “remigració” va, d'aquesta manera, més enllà de l'expulsió d'una persona estrangera d'acord amb el que preveu la Llei d'Estrangeria, és a dir, amb garanties procedimentals, motivació individualitzada i possibilitat de recurs judicial. El terme es recolza en valoracions subjectives sobre el grau d'integració o adaptació cultural, conceptes que no figuren com a causa legal de devolució o expulsió.

Només unes setmanes després, el president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), va utilitzar l'acte institucional del Dia de Balears per alertar d'una suposada “extinció” dels espanyols i agitar la teoria conspiranoica del “gran reemplaçament”, una tesi sense base científica que sosté que la població europea estaria sent substituïda demogràficament per persones migrants, especialment d'origen no europeu. Es tracta d'un discurs ideològic àmpliament difós per la formació d'extrema dreta a Espanya, partits afins a França, Itàlia o Alemanya i nombrosos grups neonazis europeus, que ha contribuït a endurir la política migratòria a les comunitats autònomes on el PP governa de la mà de Vox.

PP y Vox han sellado este martes en el Parlament balear su acuerdo para impulsar la prohibición del burka y el niqab en los espacios públicos mediante una proposición de ley orgánica promovida por la extrema derecha y respaldada por los populares. Pese a presentarse como una defensa de la “dignidad” de las mujeres, la iniciativa, que ahora continuará su tramitación parlamentaria, denuncia la “llegada masiva de inmigrantes” y su supuesta “amenaza” contra la “civilización occidental”, alerta sobre la “importación de hábitos y comportamientos ajenos” y abre las puertas a sanciones administrativas que, en caso de reincidencia, podrían alcanzar los 30.000 euros, situando el foco de la iniciativa en la inmigración y en la identidad cultural más allá de la igualdad de género.

Durante su interevención, la portavoz de la formación de extrema derecha, Manuela Cañadas -encargada de defender la iniciativa-, ha articulado un discurso con referencias explícitas a la seguridad junto a estereotipos culturales y apelaciones al miedo: “Las noticias de la geopolítica internacional nos muestran de forma sangrienta el destino que nos aguarda. Si cedemos terreno y no estamos preparados, lloraremos sangre, pero algún día quienes lo permitieron tendrán que ser juzgados”, ha llegado a espetar.

“Vox no habla de mujeres, sino de musulmanas. Habla de violencias en los barrios por mor de los musulmanes. Habla del cierre de negocios y comercios y de que los vecinos se van por miedo a los musulmanes, y no por culpa del turismo masificado”, ha recriminado, por su parte, la diputada de Més per Menorca Joana Gomila, quien ha acusado a Cañadas de “estigmatizar los musulmanes y sembrar odio y miedo”, lejos de cualquier intención real de “dignificar o querer dignificar a las mujeres”. La parlamentaria también ha dirigido sus críticas al PP por asumir el marco ideológico de la extrema derecha y ha advertido de que la prohibición del velo integral puede acabar teniendo el efecto contrario al que proclama combatir al empujar a algunas mujeres a un mayor aislamiento social.

“Prohibir el velo no libera: expulsa y castiga doblemente a las mujeres sometidas”, ha insistido. “Dicen defender la libertad de las mujeres, pero quieren decidir cómo deben vestir; dicen defender la dignidad, pero criminalizan a mujeres que ya viven bajo control”, ha manifestado.

La proposición tomada en consideración este martes sigue la misma línea que la ley impulsada por Vox en el Congreso de los Diputados y respaldada por el PP el pasado febrero. Aquella iniciativa, que finalmente rechazada por la Cámara Baja, no solo planteaba prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos, sino también sancionar su uso con multas que podían alcanzar los 20.200 euros y modificar la Ley de Extranjería para facilitar la expulsión de extranjeros reincidentes.

En Balears, el impulso de una norma de espíritu similar consolida un acercamiento político que el PP ya había anticipado meses atrás con una proposición propia sobre el velo integral. Este martes, la diputada popular Cristina Gil ha justificado el apoyo de su grupo defendiendo que el velo integral constituye una práctica incompatible con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y aseverando que el Estado debe reaccionar frente a símbolos que considera contrarios a los valores constitucionales.

Sin embargo, el texto promovido por Vox va mucho más allá de la cuestión de la igualdad. Su exposición de motivos arranca alertando de que Europa está “amenazada” por la “llegada masiva de inmigrantes procedentes de otros continentes”, denuncia la importación de comportamientos “ajenos” a Occidente y plantea la necesidad de actuar frente a personas que pretenden imponer “costumbres islamistas” en el espacio público. La iniciativa sostiene que la sociedad española no puede aceptar una ideología “ajena y hostil a Occidente” y vincula el uso del burka y el niqab con supuestos riesgos para la seguridad ciudadana.

Multas de hasta 30.000 euros y condenas de prisión

El texto contempla sanciones administrativas, en caso de que el afectado reincida, podrían alcanzar los 30.000 euros al remitirse al régimen de infracciones graves de la Ley de Seguridad Ciudadana, reformas en el Código Penal para castigar con penas de hasta cuatro años de cárcel a quien obligue, intimide o coaccione a una mujer para que porte estas prendas y modificaciones de la legislación de extranjería para que determinadas infracciones relacionadas con esta materia puedan derivar en la expulsión del territorio nacional de personas extranjeras reincidentes.

La portavoz de Més per Mallorca, Marta Carrió, acusó a Vox de utilizar los derechos de las mujeres como “excusa” para construir un relato sobre inmigración e islam. “Esta iniciativa no empieza hablando de violencias machistas. Empieza hablando de civilización occidental, de inmigración masiva y de una supuesta amenaza a nuestros valores”, ha denunciado. Según ha defendido, las mujeres aparecen en el texto “como una coartada” para justificar “un discurso profundamente islamófobo”.

Una de las principales críticas de la izquierda se ha centrado precisamente en la contradicción entre el discurso de protección de las mujeres y el contenido sancionador de la ley. Carrió ha recordado que la propuesta permitiría multar a las propias mujeres que portan estas prendas y ha advertido de que, en determinados supuestos, podría acabar facilitando procedimientos de expulsión para extranjeras. “Castigan a la misma mujer que dicen querer proteger”, ha reprochado.

En términos similares se ha expresado la socialista Maria Teresa Suárez, quien ha cuestionado que Vox haya descubierto de repente una preocupación feminista cuando históricamente ha combatido buena parte de las reivindicaciones del movimiento de mujeres. “Cuando las mujeres reclamamos igualdad salarial, Vox no está; cuando denunciamos la violencia machista, cuestiona las estadísticas”, ha criticado. A su juicio, la formación utiliza a las mujeres musulmanas como “coartada argumental” para desarrollar un discurso centrado en la inmigración y el islam.

La diputada del PSIB-PSOE ha denunciado además que la propuesta construye una imagen homogénea de la población musulmana y migrante para convertirla en una amenaza colectiva. “Las mujeres aparecen aquí sobre todo como una excusa moral para justificar una agenda política que tiene poco que ver con la defensa de sus derechos”, ha recriminado.

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha considerado que el texto de la ley de Vox está “repleto de racismo y clasismo”. “Lo que pretenden es disfrazar ese odio en protección para las mujeres de la religión musulmana”, ha criticado.

El Parlament asume el discurso neonazi de la “remigración”

El pasado mes de febrero, PP y Vox dieron luz verde a una proposición no de ley (PNL) de los de Santiago Abascal que insta al Gobierno central a deportar a las personas migrantes que, aunque se encuentren en situación legal, cometan algún delito grave o hagan del delito leve “su forma de vida”, así como a aquellos que “decidan no integrarse en la cultura de la nación que la acoge o intente imponer la suya”. La propuesta apela a la llamada “remigración”, un término que la extrema derecha europea ha popularizado en los últimos años como consigna política, bajo la cual agrupan propuestas como la devolución masiva de migrantes -e incluso de ciudadanos nacionalizados- por motivos culturales o identitarios.

El postulado, que no forma parte del marco jurídico español ni de la legislación de otros países europeos, ha sido abanderado especialmente por sectores de la ultraderecha alemana vinculados a Alternativa para Alemania (AfD) así como por formaciones ultras en Austria y Francia. En España, Vox lo ha incorporado a su discurso como eje de su ofensiva migratoria.

La “remigración” va, de este modo, más allá de la expulsión de una persona extranjera conforme a lo previsto en la Ley de Extranjería, es decir, con garantías procedimentales, motivación individualizada y posibilidad de recurso judicial. El término se apoya en valoraciones subjetivas sobre el grado de integración o adaptación cultural, conceptos que no figuran como causa legal de devolución o expulsión.

Apenas unas semanas después, el presidente del Parlament, Gabril Le Senne, utilizó el acto institucional del Día de Balears para alertar de una supuesta “extinción” de los españoles y agitar la teoría conspiranoica del 'gran reemplazo', una tesis sin base científica que sostiene que la población europea estaría siendo sustituida demográficamente por personas migrantes, especialmente de origen no europeo. Se trata de un discurso ideológico ampliamente difundido por la formación de extrema derecha en España, partidos afines en Francia, Italia o Alemania y numerosos grupos neonazis europeos que ha llevado a endurecer la política migratoria en las Comunidades Autónomas en las que el PP gobierna de la mano de Vox.

Lo que el Papa León XIV ha dicho estos días en Madrid, eso de que nadie puede arrodillarse ante el Señor y al mismo tiempo despreciar al prójimo, no es ninguna novedad teológica. Durante décadas habría sido considerado simplemente doctrina social básica de la Iglesia, pero la deriva actual es tal que en determinados ambientes se está interpretando como una provocación ideológica, generando incomodidad precisamente en los sectores que llevan décadas reclamando para sí el monopolio de los valores cristianos en la política.  

Hemos llegado a un punto en el que conceptos como la compasión, la solidaridad, el multilateralismo, el respeto al derecho internacional o la defensa de los derechos humanos se presentan como posiciones sospechosamente “de izquierdas”, poco menos que un desliz hacia el comunismo. Ya casi resulta verosímil imaginarse a Abogados Cristianos estudiando una querella contra el Papa por desviacionismo ideológico.  

El pasado mes de noviembre, en su primera reunión con la cúpula de los obispos españoles, el Papa ya había dicho que su principal preocupación era el riesgo de manipulación del mensaje cristiano desde los extremismos, una postura que le ha llevado a criticar en varias ocasiones al gobierno de Donald Trump. El presidente estadounidense llegó a decir que el papa León es “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”, una afirmación tan ridícula que uno podría pensar que es una publicación de ‘El Mundo Today’. Pero es que Santiago Abascal no anda muy lejos de ese marco mental. Ya cuestionó públicamente al obispo de Canarias después de que este recordara algo tan revolucionario como que atender a los migrantes constituye un deber cristiano y una obligación moral elemental. El obispo añadió que cualquiera que pensara lo contrario debería pasar cinco días sin comer dentro de una pequeña embarcación en alta mar. La respuesta de Abascal fue invitarle a abandonar “su palacio episcopal” y comprobar los efectos de la inmigración irregular sobre la sanidad, la seguridad o los salarios de los españoles.  

El conflicto ya es casi más teológico que político, pero la visita del Papa ha venido a reforzar la política proinmigración de Sánchez en un momento en el que necesita —y mucho— tirar de política exterior para tapar la inestabilidad y la crisis interna, y ha situado al PP, con la sombra de VOX, en un fabuloso encaje de bolillos para no verse retratado en el espejo que el Papa sostiene.  

Un PP que, por cierto, eligió precisamente el fin de semana de la visita papal para posicionarse públicamente a favor de Keiko Fujimori en las elecciones peruanas; es decir, a favor de la hija del dictador condenado por crímenes de lesa humanidad. Feijóo publicó el vídeo de apoyo y luego lo borró en redes sociales, pero asistimos al divertido malabarismo de ver esa publicación junto al retuit de un mensaje del Papa diciendo que la historia sugiere que no es la cultura del enfrentamiento, si no la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad.  

Qué tiempos estos, cómo para perdérselos. Parafraseando —aunque probablemente de manera apócrifa— a Groucho: Estos son los valores cristianos. Si no te gustan, tranquilo, que tengo otros perfectamente compatibles con mi xenofobia.  

Vox cimienta gran parte de su programa y, sobre todo, sus planteamientos más xenófobos, en apelar a la “herencia cristiana” de España y de la Unión Europea. Es su forma de criminalizar a otras religiones, especialmente la musulmana, y de cargar contra lo que llama “estercoleros multiculturales”, los barrios de todo el país en los que conviven personas de distintos orígenes, razas y creencias. Pero la principal fuerza de la extrema derecha española se sitúa al margen de la cúpula de la Iglesia católica, a la que no duda en criticar si, por ejemplo, defiende la paz o denuncia el genocidio en Gaza. También si habla de la dignidad de los migrantes, el grupo que Vox sitúa en la diana tratando de que la ciudadanía lo responsabilice de todos los males que afectan a su día a día.

Esos encontronazos están marcando desde este sábado los actos oficiales a los que acudirán Santiago Abascal y los suyos con motivo de la visita del Papa a España. Este mismo domingo, ante más de 1,2 millones de fieles, León XIV aprovechaba su misa del Corpus en Madrid para la lanzar un claro mensaje contra las políticas de los ultras. En el acto, el Papa criticó abiertamente a aquellos que van a misa pero olvidan a los pobres, una clara referencia a la política antinmigratoria de Vox. “Os pido arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano”, dijo.

El sábado, en el Palacio Real, el Papa ya había hecho un discurso llamando a “huir de esos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos”, en otra referencia a los mensajes ultranacionalistas de Vox y otras fuerzas políticas de extrema derecha en Europa. Además, agradeció a España “su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos”, justo cuando Vox se ha posicionado contra ese derecho internacional respaldando a Donald Trump en sus actuaciones en Gaza o Irán.

En ese contexto, este lunes Vox acudirá a escuchar el discurso del Papa en el Congreso. “Celebramos que el Papa venga a España, a una tierra tan importante que ha hecho tantísimo por la cristiandad en todo el mundo”, aseguraba recientemente la portavoz del partido en el Congreso, Pepa Millán, que acudió con la cabeza cubierta a su recibimiento en el Palacio Real.

Abascal ha asegurado que acudirá al Congreso a “escuchar al Papa, un líder espiritual que reza por la paz en el mundo” aunque en una reciente entrevista en El Debate, lanzó una advertencia: “Ahora bien, si un líder religioso, sea el Dalai Lama, el Papa, un rabino, un obispo, un cardenal, nos da igual, nos dice que tenemos que aceptar un proceso de inmigración masiva y un avance del islamismo en la sociedad, nosotros vamos a decir 'no”.

Es precisamente en el asunto de la inmigración y la defensa de los derechos humanos de todos los habitantes del planeta en el que más chocan la extrema derecha española y la Iglesia que dirige León XIV. Uno de los enfrentamientos más sonados tuvo que ver con la postura de ambas partes respecto al proceso de regularización masiva aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La iniciativa llegaba respaldada por 84 instituciones vinculadas a la Iglesia católica, entre ellas la propia Conferencia Episcopal, Cáritas o Redes. Y nada más conocerse la decisión del Ejecutivo, la Conferencia Episcopal española la consideró como “una gran noticia”. “Es un reconocimiento de la dignidad humana, una oportunidad para colaborar en el bien común”, señaló su presidente, Luis Argüello.

La invitación a que vayan a Molenbeek

En cambio, Abascal se mostró fervientemente en contra de esta postura de la Iglesia. “Algunos (obispos) que hacen negocio con la inmigración ilegal deberían salir del palacio y bajar a ver las consecuencias que tiene para los españoles. Para la sanidad, la seguridad, los salarios y los impuestos”, dijo, después de que el obispo de Canarias cargara contra la idea de “prioridad nacional” que Vox trata de imponer en todas aquellas instituciones en las que es determinante y que precisamente busca despojar de los derechos más básicos y del acceso a los servicios públicos a las personas migrantes.

En pleno debate sobre esa “prioridad nacional” el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, llegó a abroncar a los sectores de la Iglesia contrarios a ese principio xenófobo. A finales de abril, este dirigente de la extrema derecha emplazó a los obispos “a ponerse una sotana y meterse en Molenbeek”, uno de los barrios de Bruselas con mayor presencia de la religión islámica. “No estamos contra la Iglesia ni los católicos, Vox no es un partido confesional, pero muchos de los que estamos con Vox nos identificamos como católicos”, dijo en ese momento, tratando de marcar distancias con la cúpula eclesial.

En febrero, el propio Abascal se mostraba sorprendido de la “deriva de algunos pastores” de la Iglesia por criticar los postulados xenófobos y excluyentes de Vox. Y les dijo: “Que digan misa”. Coincidiendo con un mitin de la campaña en Castilla y León, el líder de Vox invitó a esos obispos a preguntar a los españoles si están de acuerdo con la “invasión migratoria” que, según él, algunos prelados defienden. O si también están de acuerdo con la supuesta “islamización” del país del que alerta una y otra vez la extrema derecha.

Pese a los choques, en las últimas declaraciones públicas los dirigentes de Vox han tratado de calmar las aguas en su relación con la Iglesia, precisamente para allanar las relaciones con el Papa durante su visita a España. No obstante, hace tan solo un mes el propio Abascal se mostraba “encantado” de hablar con la Conferencia Episcopal “para explicar que la regularización masiva es una invasión encubierta” o para decirle “que todas las instituciones que la avalen son responsables del daño directo que se causa a los españoles”.

La pasada semana, en cambio, nada más conocerse que el Papa realizaría su bendición de la nueva Torre de Jesús de la Sagrada Familia de Barcelona íntegramente en castellano, Vox salió en defensa de León XIV. “No tendría que ser noticia que el Santo Padre utilice la lengua mayoritaria de los catalanes en Catalunya, es decir, el español, y también si quiere el catalán”, afirmó Ignacio Garriga, portavoz de la extrema derecha en Catalunya. También tildó de “absolutamente inaceptables” las “injerencias” del independentismo en los actos de León XIV. “Para controlar qué lengua se utilizó en las mezquitas, equipamientos públicos y plazas donde se celebró recientemente la Fiesta del Cordero no les vimos tan preocupados”, zanjó.

Los delitos de odio aumentaron en España un 23,6% en 2025 en comparación con el año anterior y registraron la mayor cifra de la serie histórica. Un dato que también afecta a Andalucía, donde la tasa pasó del 2,59 al 3,40 con un total de 295 de hechos conocidos, entre los que destaca el repunte de la islamofobia, los actos relacionados con racismo y xenofobia y el ataque a la orientación sexual y de género. Frente al progresivo crecimiento que se ha dado en todo el país, la comunidad se sitúa por debajo de la media española (un 4,92) y ocupa el último lugar en el listado, lejos de la tasa por cada 100.000 habitantes que deja a Melilla con un 21,89 y a Navarra con el 15,65.

El Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España 2025, publicado por el Ministerio del Interior este miércoles, especifican la tipología de la infracción, el perfil de la víctima y también del atacante. En total, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado investigaron 2.417 infracciones penales e incidentes de odio, el mayor número registrado desde que se inició la serie en 2014. Además, suben todos los ámbitos, a excepción de la discriminación generacional. Los más numerosos fueron los delitos de odio por racismo y xenofobia, con 934 hechos, a lo que siguen los ámbitos de la orientación sexual e identidad de género (571 hechos) y los delitos por ideología (241 hechos). En todo caso, el mayor incremento porcentual se produce con la islamofobia (un 133%).

Acerca de la la tipología delictiva de estos hechos de odio, destacan en primer lugar las amenazas (446) y las lesiones (441), seguidas por la promoción a la discriminación (319), daños (119) e injurias y trato degradante (113 en ambos casos). En cuanto a Andalucía, de los 295 hechos conocidos en 2025, de los que se investigaron 104, estos se distribuyeron así: racismo y xefonobia (102); orientación sexual y de género (75); discriminación por sexo o género (22); por ideología (14); islamofobia (10); creencias o prácticas religiosas (10); antisemitismo (9); aporofobia (8); disfobia (8); discriminación por enfermedad (6); antigitanismo (5); y uno por discriminación generacional.

Sevilla, la provincia más conflictiva

En comparación con el periodo anterior, los ámbitos en los que hubo un mayor incremento fue en ataques por racismo y xenofobia (78 en 2024); islamofobia (3) y por ideología (7); mientras que descendieron los actos por discriminación de sexo o género (78). Por provincias, la mayor parte de los delitos por odio se dieron en Sevilla (73), a la que sigue Málaga (66), Cádiz (40), Córdoba (31); Almería (28), Granada (24), Jaén (19) y Huelva (14).

Los principales afectados por este tipo de delitos son personas del sexo masculino (62,3%), mientras que el grupo de edad más afectado es el comprendido entre los 26 y los 40 años (33,2%). Los menores de edad constituyen el 13% del total de victimizaciones. En este ámbito, el informe destaca el aumento de la participación de los menores en los delitos, tanto en calidad de víctimas —con un ascenso del 17%— como de autores, que se incrementa casi un 20%. Con respecto a la distribución de las víctimas según su nacionalidad, el primer lugar lo ocupan las españolas, con el 60,4% del total de victimizaciones registradas. Dentro del conjunto de las víctimas de nacionalidad extranjera, las procedentes de Marruecos registran el número más elevado (10%), por delante de Colombia (4,3%).

En un encuentro realizado en la sede de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, en Granada, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseveró este miércoles que los retos prioritarios están en “hacer frente a la desinformación, como aquel fenómeno que utilizando situaciones concretas de algún tipo de crisis, pues quiere evidentemente también socavar los principios de la sociedad democrática”, además de trabajar en la prevención de los discursos de odio, ya que son la “antesala de todos los delitos de odio”. En este sentido, expresó su confianza en que la cooperación entre las instituciones permita “hacer frente a desafíos y a fenómenos tan importantes como los que tenemos, como es la migración, la lucha contra la radicalización, la desinformación y los delitos de odio”.

Allí donde no se atreven a aparecer Fratelli d'Italia, Alianza Nacional o Chega, Santiago Abascal envía a una de sus portavoces nacionales. Rocío de Meer ha participado este sábado en el Remigration Summit 26, un encuentro de líderes e influencers supremacistas, algunos de ellos investigados por la Justicia de sus países, en el que se defendió echar del continente a decenas de millones de personas por su origen (o el de sus familias) para “evitar la desaparición” de la “Europa blanca y cristiana”. Incluso a aquellos que tengan un pasaporte de la UE: “Ciudadanía no quiere decir que pertenezcas a un país, es solo un pedazo de papel”.

De Meer, diputada en las Cortes, fue presentada como una de las políticas más destacadas del movimiento, en un evento en el que no faltaron activistas de grupos xenófobos e invitados especiales como Gregory Bovino, comandante en jefe del ICE en Estados Unidos que dirigió la represión migratoria hasta los asesinatos de Renee Nicole Good y Alex Pretti.

La primera edición de Remigration Summit fue hace un año cerca de Milán, y provocó incluso manifestaciones contra el racismo y la xenofobia. La segunda llevaba anunciándose semanas en Oporto, pero aun con los tickets agotados –las entradas iban desde los 45 hasta los 325 euros con una noche de hotel– la organización mantuvo el secreto sobre el lugar exacto del encuentro hasta pocas horas antes de que comenzara. Lo justificó como “medida de seguridad” frente a la supuesta “persecución” que sufren grupos como el Movimiento Identitario de Austria (Identitäre Bewegung Österreich) de Martin Sellner, uno de los organizadores. 

Resum26 finalmente no se produjo en Oporto si no en Figueira da Foz, una localidad costera situada a más de 130 kilómetros de distancia. El veinteañero Alfonso Gonçalves, líder del grupo ultra portugués Reconquista, ofició de anfitrión de un elenco de ponentes que desplegaron, entre apelaciones al patriotismo, la seguridad y la familia, discursos plagados de racismo cultural y biológico desde las 12 de la mañana hasta pasadas las nueve de la noche. A partir de entonces, los asistentes VIP compartieron una cena –con un coste de 150 euros– a la que se impidió el acceso a la prensa.    

“Gonçalves lleva tiempo intentando arrastrar a Chega a este terreno, y aunque su presidente André Ventura pueda apoyar el discurso, se cuida de acercarse o validar a referentes identitarios”, explica Riccardo Marchi, uno de los mayores expertos en ultraderecha de Portugal. Esta reticencia de los grandes partidos de la extrema derecha ha generado fricciones con el gran líder del movimiento, el austriaco Martin Sellner.

El ideólogo del ‘plan maestro’

“El nombre de Martin Sellner aparece junto a la palabra remigración en el diccionario”, reivindicaban días antes las redes sociales de Resum26.  En realidad, remigración es un concepto que los sociólogos han utilizado habitualmente para describir el regreso de un migrante a su país de origen, ya sea por el final de un conflicto, por decisión personal o tras la modificación de una determinada situación económica. Esta palabra, sin embargo, fue elegida como la peor del año en Alemania en 2023. El argumento de los catedráticos fue que la ultraderecha identitaria se había apropiado del término para camuflar las repatriaciones forzosas que los participantes del Resum26 se han encargado de repetir este fin de semana frente a unas 600 personas, según la organización. 

A finales de 2023, el tema de la remigración ocupó la primera plana de los periódicos en Alemania después de que una investigación periodística revelara una reunión secreta en un hotel a las afueras de Potsdam. Allí Martin Sellner presentó a empresarios y algunos políticos de AfD (e incluso de la CDU) su solución final ante la supuesta amenaza del gran reemplazo de la población “nativa europea”. Proponía repatriar no solo a solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular, sino también a aquellos que se consideraran “no asimilados”, lo que suponía la expulsión de alemanes de segundas y terceras generaciones. Esto sucedía –casualidad, o no– a unos ocho kilómetros de distancia de la mansión en la que en 1942 altos cargos nazis y líderes de las SS coordinaron la logística para exterminar a 11 millones de judíos. 

“Tenemos derecho a nuestro hogar, no simplemente a sobrevivir frente a la gente de África y Oriente Medio que nos viola y nos asesina”, aseguró este sábado entre aplausos Lena Kotré, miembro del parlamento de Brandemburgo por Alternativa para Alemania (AfD). Kotré, de 38 años, está en la mira de las autoridades de su país por sus vínculos con neonazis y por repartir en mítines armas de defensa personal. “Son el enemigo y quieren nuestra destrucción”, acusó otro de los ponentes.   

Tanto Kotré como la analista y personalidad televisiva neerlandesa Eva Vlaardingerbroek encarnan físicamente la idea de la “Europa blanca” a la que suele referirse el movimiento identitario. Conocida como Eva Vlaar en redes sociales, esta abogada y analista política es uno de sus rostros más relevantes, y fue una de las presencias más celebradas en el Remigration Summit 26. Junto con Sellner, lanzó simbólicamente la recogida de un millón de firmas para obligar al Parlamento Europeo a discutir sobre remigración. 

“Una nueva era ha comenzado”, sentenció su compatriota Lidewij de Vos, de 28 años, que propuso “desnaturalizar a los criminales con doble pasaporte” y “financiar la remigración voluntaria incluso pagando a determinadas personas para renunciar a su pasaporte. ”Los patriotas europeos estamos orgullosos de ser señalados por los progresistas. Aquí estoy con mi bebé y mi barriga para decirles que no tengo miedo“, soltó la diputada de Forum voor Democratie desatando una ovación. 

“España puede desaparecer”

En esta misma línea, Rocío de Meer negó las acusaciones de discurso de odio. “Tratar de recobrar lo que pertenece a nuestra gente no puede ser odio”, argumentó. “Discurso del odio es destruir el patrimonio europeo. Que España siga siendo España es un discurso de amor”, aseguró. 

De Meer, portavoz nacional de Vox de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales, ahondó en el perfil de los candidatos a ser repatriados o enviados a otros continentes. “España no puede soportar más entradas desde África o Sudamérica”. Habló de “inmediata repatriación para los ilegales y deportación de quien cometa un delito”. Esta parte del discurso es más conocida. De hecho fue la propia De Meer la que defendió en una rueda de prensa la propuesta de Vox de deportaciones masivas en 2025. Sin embargo, en esta ocasión sumó a quienes “no respetan nuestra forma de vida o hacen uso de servicios sociales”. “Están colapsados”, justificó. 

“España pertenece a una civilización específica, con un alma cristiana. Y necesita mujeres que no tengan que pedirle permiso a las feministas para ser madres”, espetó. “No podemos aceptar que la solución a la caída demográfica sea reemplazar a los españoles”. La diputada por Almería propuso generar un “efecto salida” allá “donde podamos” y acabó reivindicando la manida “prioridad nacional” que Vox está imponiendo al PP en los sitios en los que necesita su apoyo para gobernar: “Caridad cristiana no quiere decir desorden”.

Unidad en la Diputación de València para tumbar las medidas xenófobas de Vox. Todos los partidos de la izquierda, los municipalistas de Ens Uneix y el PP han rechazado la moción que el grupo ultra presentaba este martes en el pleno, en línea con su estrategia de “prioridad nacional” en las ayudas sociales.

Los populares de Vicent Mompó han presentado una enmienda al texto ultra, para sustituir la “prioridad nacional” por una demostración de “arraigo” para no vincularlas exclusivamente al nacimiento, pero no ha contado con ningún apoyo. Finalmente, los diputados del PP han votado en contra, junto con PSPV, Compromís y Ens Uneix.

La vicepresidenta de la institución, Reme Mazzolari, ha defendido que se está “hablando de arraigo real, de contribución” y que estas dos cuestiones “tengan peso a la hora de otorgar viviendas o ayudas estructurales a quien lo necesite”. “No es una cuestión de origen”, ha continuado, además de exponer que el PP defiende “la inmigración legal, ordenada y vinculada a las necesidades del mercado laboral” y dice “no a regularizaciones masivas, remigraciones masivas y a soluciones que vulneren la Constitución”.

La número 3 de la Corporacíon, Natalia Enguix, representante de Ens Uneix, ha subrayado en un comunicado que su formación “votará en contra de cualquier propuesta política que perjudico la población inmigrante”. Enguix ha defendido el acceso universal de la ciudadanía a los pilares básicos del bienestar social, argumentando que “todas las personas tenemos derecho a los servicios públicos, a los servicios sociales, a la vivienda, en la educación o a la sanidad”. La portavoz ha incidido que “nadie es más que otro. Todas las personas somos iguales y por eso defenderemos la igualdad de todas las personas que viven en nuestro país”.

Los partidos de la izquierda han sido mucho más severos. El diputado del PSPV Vicent Mascarell denunciaba: “No estamos hablando de prioridad, estamos hablando de segregación, de inhumanidad y de racismo”, mientras la diputada de Compromís Dolors Gimeno ha señalado la “xenofobia con sello institucional”, de “racismo de pulserita” y de “un discurso peligrosísimo” y ha criticado que se pretenda “engañar” a la gente no señalando “la falta de inversión en los servicios públicos” y “la mala gestión” sino apuntando a “quien es diferente y pobre”.

El texto de Vox, siguiendo su línea argumental, vinculaba la inmigración al colapso de los servicios públicos y a la delincuencia. También aseguraba que la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno de España era una medida electoralista cuya finalidad sería obtener votos para la izquierda en las próximas elecciones. Vox planteaba en su moción que la corporación provincial instara al Gobierno central a “repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal” en España, y aseguraban sus diputados: Las políticas de “fronteras abiertas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez están provocando el colapso de los servicios públicos, el deterioro de la seguridad ciudadana y una creciente presión sobre la vivienda y los recursos sociales”. Una afirmación que nadie ha apoyado.

La ultraderecha ya trató de presentar una medida contra el burka hace unas semanas, pero se topó con el rechazo de los responsables jurídicos de la Cámara, que consideraron su planteamiento irregular. Vox quiso prohibir el acceso a las dependencias de la institución provincial de personas “con prendas que oculten total o parcialmente el rostro”, por el secretario de la Corporación apuntó en un informe que la medida supondría una “limitación del ejercicio de un derecho fundamental” disconforme con el ordenamiento jurídico español, a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo de 2013.

Tras la rectificación y una autoenmienda, el grupo ultra volvió a llevar la medida al pleno de abril, donde sí obtuvo el apoyo del PP y la abstención de Ens Uneix.

El Gobierno de Navarra, a instancias de la Dirección General de Políticas Migratorias, ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la convocatoria de ayudas por nacimiento del Ayuntamiento de Valtierra, gobernado por UPN, para este año 2026 por considerar que sus bases conllevan la vulneración del principio fundamental de igualdad y no discriminación al exigir un mínimo de 20 años de padrón para acceder a la ayuda. 

Se trata de la misma convocatoria de ayudas cuya legalidad ya fue cuestionada el año pasado por el Consejo de Navarra- el máximo órgano consultivo de la comunidad foral- por ser discriminatoria. El alcalde del municipio, el regionalista Manuel Resa Conde, ya ha sido llevado a la Fiscalía por unas declaraciones en las que se opuso a la acogida de los menores migrantes no acompañados y en las que instaba, entre otras cosas, a ir “a degüello” contra ellos.

La vicepresidenta tercera y Consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha calificado esta convocatoria como “un claro ejemplo de políticas con un marcado carácter racista, supremacista y xenófobo que vulneran los más elementales principios fundamentales, ejerciendo un evidente trato discriminatorio a una parte importante de la población de Valtierra. Ante ello – ha explicado la vicepresidenta-, el Gobierno de Navarra seguirá utilizado todos los medios a su alcance para evitar que se genera una ciudadanía de primera y otra de segunda, ahondando en las desigualdades existentes. 

La convocatoria, publicitada en el Boletín Oficial de Navarra (BON) el 9 de abril de 2026, establece entre sus requisitos que al menos uno de los progenitores deberá estar empadronado en Valtierra de forma ininterrumpida durante los 20 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la ayuda de nacimiento. Además, se solicita que los menores permanezcan empadronados durante 20 años ininterrumpidos en la localidad.

La convocatoria de ayudas por nacimiento del Ayuntamiento de Valtierra para este año 2026 tiene similares características a la aprobada para el año anterior, y sobre la cual el Consejo de Navarra, a instancia del Gobierno de Navarra, emitió un dictamen que cuestionaba la adecuación de dicha convocatoria al ordenamiento jurídico. 

Desde la Dirección General de Políticas Migratorias se considera que los requisitos, analizados conjuntamente, pueden generar efectos excluyentes sobre determinados colectivos, en particular personas de origen migrante o con menor arraigo temporal en el municipio, a pesar de que tengan su residencia habitual en él.