La Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado la sentencia dictada por un juzgado de Marbella en la que se desestimaba la demanda de la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, contra las informaciones publicadas por elDiario.es a partir del procesamiento de su marido, ya fallecido, e hijastro en una causa por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Los jueces de la Sección Sexta de lo Civil imponen a la alcaldesa la condena en costas.

En su resolución, los magistrados de la segunda instancia califican de “veraces” las once informaciones que denunciaba Ángeles Muñoz y dicen de las mismas que tienen “evidente interés general”. El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Marbella ya había establecido que las noticias de elDiario.es tenían “interés público” y que la información que contenía había sido “escrupulosamente contrastada” antes de su publicación. Muñoz recurrió ante la Audiencia de Málaga que ha desestimado su petición y aún puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.

Este periódico desveló en noviembre de 2022 el procesamiento del marido de la alcaldesa y su hijastro dentro de una causa de la Audiencia Nacional contra una sucursal de la 'Mocromafia' sueca en la Costa del Sol. elDiario.es continuó investigando y reveló el abultado patrimonio de Ángeles Muñoz, pese a llevar tres décadas dedicada en exclusiva a la política. Este medio también publicó el contenido de los informes policiales que solicitaban a la Audiencia Nacional, sin éxito, que abriera una vía de investigación por corrupción en relación al uso que habría hecho el presunto narcotraficante Joakim Broberg del poder de su madrastra.

elDiario.es accedió igualmente a una investigación de años atrás de la Fiscalía Anticorrupción, que había permanecido en secreto, sobre los indicios de corrupción hallados en unos correos electrónicos de la alcaldesa de Marbella. Por estas últimas informaciones, el periodista de elDiario.es que las firma, Pedro Águeda, continúa imputado en un juzgado de Marbella, acusado de revelación de secretos a partir de una querella presentada por Ángeles Muñoz, en este caso por la vía penal.

El periodista prestó declaración, primero como testigo, y después como imputado, ante el Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad gobernada por Muñoz. Tras esta última declaración, la jueza ha planteado un conflicto de competencia ante el Tribunal Supremo. La magistrada ya había intentado enviar la causa a Madrid antes de tomar declaración como investigado a Águeda, pero el juzgado de la capital le devolvió el caso.

La Audiencia Provincial de Málaga, en la vía civil, falló el pasado 2 de febrero que “las noticias referidas se concentran en los hechos delictivos que se imputan a los familiares de la actora [Ángeles Muñoz], sin que en ningún caso se imputen a la misma hechos delictivos algunos, haciéndose referencia a los datos patrimoniales de la misma, hechos pasados y vinculación de sociedades, aportándose datos relativos al procedimiento penal o a las investigaciones policiales, que en modo alguno suponen la intromisión de la demandada en el honor de la actora, por lo que debe de desestimarse el recurso interpuesto”.

La sentencia de la Sección Sexta añade que es la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, quien “interpreta de forma subjetiva los citados artículos, basando, por tanto, la demanda en deducciones e interpretaciones, que en modo alguno se corresponden con los términos escritos de los distintos artículos”.

Los magistrados recuerdan a Muñoz que “es una persona especialmente expuesta a la opinión y a la crítica pública”. “La mayoría de las informaciones aparecen sustentadas, bien en resoluciones judiciales, bien en investigaciones policiales, en concreto en investigaciones de la UDEF [Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal], que aparecen entrecomilladas en distintos artículos”, continúa el fallo. En esas noticias, remata, “no se emplean términos vejatorios ni degradantes”.

Un juzgado ha condenado al Ayuntamiento de Marbella a suprimir los datos biométricos de un funcionario, que el Consistorio mantenía pese a que este empleado había solicitado por escrito que fuesen eliminados. El juez concluye que no hay ninguna ley que autorice a la administración para recabar y luego mantener en un registro la huella dactilar y los rasgos faciales de los empleados municipales contra su voluntad, aunque el destino de esos datos sea controlar el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Tras la apertura de un expediente sancionador por el Consejo de Transparencia que obligó a suspender el sistema, esta sentencia es otro tirón de orejas al Consistorio por un asunto cuyo origen se remonta tres años atrás.

Durante el invierno de 2022 Marbella obligó por Decreto a sus casi 4.000 empleados a entregar sus datos biométricos para fichar. Lo hizo a pesar de la oposición sindical, especialmente en el cuerpo de la Policía Local. Previamente había gastado 171.299,70 euros en contratar este sistema, cuya instalación y mantenimiento fue a parar a Atisoluciones Diseño, S.L., una empresa con sede en Granada. Por las mismas fechas, otros municipios como Estepona barajaron implantar un sistema similar, pero acabaron desestimándolo tras ser advertidos por los sindicatos de la posible ilegalidad, derivada de la aprobación de criterios legales más estrictos sobre el control de los datos personales.

La nueva obligación causó un notable malestar en muchos empleados públicos de Marbella, preocupados por perder el control de sus datos biométricos, cuyo tratamiento es “de alto riesgo”, según la clasificación del Reglamento de Protección de Datos, precisamente por presentar “un riesgo significativo para los derechos y libertades de las personas físicas”.

El contrato con Atisoluciones, suscrito en 2021, obligaba a instalar 150 terminales de reconocimiento, a 750 euros cada unidad, además de a un servicio de mantenimiento. En los pliegos no se recogía ninguna cláusula para sujetar el contrato al cumplimiento de la normativa de protección de datos.

El Consistorio se negó a paralizar el sistema, como le pedían algunos sindicatos. Defendía que la toma de huellas o el reconocimiento facial era la única forma de controlar el absentismo laboral. El sindicato SEPMA llevó al asunto al Consejo de Transparencia, que el pasado enero abrió un expediente sancionador al Ayuntamiento por el “posible incumplimiento de la normativa de protección de datos personales”. Solo entonces Consistorio paralizó el sistema.

Desde esas fechas usa un sistema basado en la aproximación de una tarjeta o en la introducción de un código, a la espera de una resolución definitiva de Transparencia. Para entonces ya había sido demandado ante los tribunales por varios empleados que, asesorados por el sindicato SEALS, habían solicitado la cancelación de sus datos, cuyas reclamaciones había ignorado.

Sin habilitación legal

La sentencia, dictada por el juzgado contencioso-administrativo 8 de Málaga el pasado 23 de julio y a la que este medio ha tenido acceso, es la primera de varias que en los próximos meses dictarán los juzgados en los que recayeron demandas similares. La resolución condena al Consistorio por su negativa a cancelar los datos, a pesar de que así se lo había solicitado el empleado, y le obliga a su “supresión íntegra” y a pagar las costas.

El juez se basa en la guía acerca de los “tratamientos de control de presencia y acceso mediante sistemas biométricos”, publicada por la Agencia de Protección de Datos en noviembre de 2023. El magistrado subraya que esa guía fundamental para interpretar los derechos y obligaciones del reglamento, y es clara al exigir que exista una norma con rango de ley que habilite la recopilación, uso y mantenimiento de esos datos, que exigen “tratamiento de alto riesgo”. En principio, el uso de tecnologías biométricas para el control horario está prohibido, a no ser que sea la única forma y, además, haya una norma con rango de ley que lo autorice. Y aquí no había tal norma, de modo que el Ayuntamiento se basó en su exclusiva voluntad.

“No sólo la Administración no acierta a invocar qué concreta normativa legal o convenio expresamente le autoriza a llevar a cabo el tratamiento de estos datos biométricos (generalmente prohibidos)”, sino que su propia actuación “revela que el registro y control de la jornada puede efectuarse mediante medidas alternativas menos intrusivas”, señala el juez. Es decir, no es cierto que, como defendía el Ayuntamiento, no pudiera controlarse de otra forma el cumplimiento de los horarios.

De hecho, el propio Consistorio implantó en marzo (forzado por la AEPD) un sistema alternativo mediante la aproximación de tarjeta de radiofrecuencia o la introducción de código de usuario con contraseña. “No puede entenderse que el tratamiento de estos datos resulte (…) ”necesario“ para el cumplimiento de la obligación de registro de la jornada”, concluye el juez para tumbar la alegación del Consistorio.

Varios casos similares y afección potencial a los datos de 4.000 empleados públicos

El juez no cree que la actuación del Ayuntamiento de Marbella haya conculcado el derecho constitucional a la intimidad personal (artículo 18 de la Constitución: “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”, del que se deriva el derecho a la protección de datos personales), pero sí concluye que mantener estos datos “de alto riesgo” contra la voluntad del empleado público es una ilegalidad.

En los próximos meses los juzgados deberán pronunciarse en al menos otros cuatro casos similares. El Ayuntamiento no ha respondido a este medio si recurrirá esta sentencia, si ya la ha cumplido y si se allanará en los juicios pendientes. Tampoco aclara si suprimirá los datos de todos sus empleados, en vista de que el razonamiento de la sentencia (que no había norma legal habilitante y sí otros sistemas menos intrusivos) es aplicable a todos los casos.

Durante el verano de 2023 el Consistorio abrió al menos dos expedientes disciplinarios ante la resistencia de sendos empleados del servicio de limpieza, a los que imputaba su negativa “a realizar la toma de datos biométricos”. Tal y como desveló este medio, llegó a presentar pliegos de cargos que contemplaban una suspensión de empleo y sueldo de tres años. El Consistorio nunca ha aclarado en qué quedaron estos expedientes, tampoco ahora.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), envió una carta de condolencias al hijo de Pasionaria León, la mujer que huyó siendo una niña de siete años de las tropas golpistas desde el interior de Cádiz hasta llegar a Francia, fallecida el pasado 30 de abril. En esa misiva la llama “Isabel León”, el nombre que le impuso el franquismo, en lugar de Pasionaria León, que es el que consta en su partida de nacimiento y con el que todos la conocían.

Ni ella ni su familia ni su entorno asumieron nunca su nuevo nombre “oficial”. La carta de condolencias ha sido rechazada “por conciencia” por su hijo, Fermín Benítez León, quien ha respondido indignado a la alcaldesa. Acompaña su misiva de la partida de nacimiento de su madre, donde se lee el nombre que le pusieron al nacer, Pasionaria León Díaz y, en una nota marginal, la imposición franquista del cambio de nombre, basada en un Decreto de febrero de 1939 del Gobierno golpista. Tal y como este medio ha podido comprobar, en esa anotación se lee que el nombre de Pasionaria ha sido “declarado ilegal”.

El episodio ha indignado a su hijo porque considera que no se trata de un mero despiste. La historia de Pasionaria se conoció públicamente tras ser recuperada por su paisano Ignacio Trillo en un libro, Memorialistas campogibraltareñas del convulso siglo XX y divulgada por Nieves Concostrina en su programa de Historia en la Cadena Ser.

Poco antes de que Pasionaria falleciera, el PSOE impulsó que el Ayuntamiento de Marbella la reconociera aún en vida, colocando una pequeña escultura en homenaje a ella y a quienes tuvieron que tomar la carretera de Almería para huir de las tropas franquistas. La moción presentada por los socialistas la nombraba como ella y sus amigos la conocían, Pasionaria León. Siempre refiriéndose a Pasionaria, el Pleno debatió el asunto, pero el PP y Vox le negaron el reconocimiento. El asunto tuvo eco mediático: elDiario.es y medios locales como Diario Sur o Málaga Hoy contaron su fallecimiento, siempre refiriéndose a ella como Pasionaria León.

A pesar de que su relevancia pública siempre fue bajo el nombre de Pasionaria León, la carta de condolencias firmada el 5 de mayo (cinco días después de su fallecimiento) transmite a su hijo Fermín el “pésame por el triste fallecimiento de Isabel León Díaz”.

“No puedo creerme las farisaicas condolencias”

“No debo ni puedo aceptar ni creerme que las farisaicas condolencias que me dirige, referidas a Isabel León Díaz, puedan estar dirigidas a mi madre, Pasionaria”, espeta Fermín Benítez a la alcaldesa Muñoz en su carta de respuesta, a la que elDiario.es ha tenido acceso. Además de enviarla por correo la registró en el Ayuntamiento el pasado 8 de julio, dos meses después de la muerte de la mujer.

En ella, el hijo explica a Muñoz los avatares sufridos en vida por Pasionaria, cuando “indignos militares de la felonía y el genocidio (…) le robaron la infancia, la adolescencia”. Pasionaria primero huyó de Jimena de la Frontera a Málaga (en lo que se conoce como las Huías); luego, de Málaga a Almería, formando parte de La Desbandá, la masiva huida de civiles por la carretera bajo el cañoneo de los cruceros Baleares, Canarias y Cervera: “nueve días”, parte andando y parte en burro, según contaba ella, en los que nació su hermano Liberto a la altura del Faro de Calaburras. Y finalmente a Girona y, tras la Batalla del Ebro, a Francia. Allí su padre fue recluido en el campo de concentración de Saint-Cyprien y ella y sus hermanos, enviados cerca de París.

Jamás volvieron a verlo. El hombre murió “de pena” en Francia en 1953. “Su delito para la dictadura, que le imposibilitó retornar, consistió en ser sindicalista y pacifista. Ni participó en ningún frente de guerra ni jamás dispuso de un arma”, recuerda su nieto.

Poco antes Pasionaria regresó del exilio, y al llegar a Jimena se enteró de que sus dos tías habían sido asesinadas, la casa tomada y ella y sus hermanos ya no eran Pasionaria, Servet y Liberto, sino Pedro, Alberto e Isabel. “El régimen impuesto por el fragor de las armas, basado en su furibunda concepción ideológica religiosa, llevó a que su nombre, Pasionaria, tuviera que ser sustituido de forma obligada por el de Isabel, que siempre se negó a reconocer, entre otros motivos para su rechazo argumentaba con que «ni era Reina ni Virgen» para portar tal impostura”, cuenta su hijo en la carta dirigida a la alcaldesa.

“La conocían como Pasionita”

“Por tal fundamento se podrá imaginar cómo sentí clavado en mi pecho el leer que el nombre de Isabel, jamás empleado en el trato familiar y que sigue constando solo oficialmente para recuerdo de aquella tropelía, iba asociado a los apellidos de mi madre”, señala su hijo, quien recuerda también el “disgusto” que sufrió su madre los últimos días de vida por el rechazo de Marbella a reconocerla, gracias a los votos del PP y Vox en el Pleno marbellí.

La mujer, que regresó a España a mediados de los 40 cuando fue deportada por el Gobierno de Vichy, inició en su pueblo natal una exitosa trayectoria empresarial. Antes de su llegada a San Pedro de Alcántara fundó en Gran Canaria un próspero negocio de venta de santos de escayola (una curiosa paradoja para una familia anarquista) y luego un estudio de fotografía que compartía caseta con un tiró pichón.

“A mi madre le pusieron el nombre por la flor de la Pasionaria; la llamaban Pasión”, contó su hijo a elDiario.es el mismo día en que falleció: “Firmaba documentos oficiales como Isabel, pero nadie la conocía como Isabel. En Canarias la conocían como Pasionita”.

El Ayuntamiento de Marbella ha multado con 7.750 euros a la sociedad LGSB Holding Aktiebolag por acometer sin licencia obras en un inmueble. Se trata de una “infracción urbanística grave”, consistente en construir sin licencia un garaje adosado de 35 metros cuadrados y rebajar el acerado público. LGSB es una empresa constituida en Suecia por Lars Gunnar Sune Broberg (LGSB), el difunto marido de la alcaldesa Ángeles Muñoz, que es ya la propietaria del 100% de la empresa, según su declaración de bienes en el Ayuntamiento. El inmueble, valorado en 1,1 millones de euros, es una vivienda en Nueva Andalucía en la que reside o ha residido la regidora, a quien las cámaras de La Sexta captaron saliendo de allí a primera hora de la mañana en diciembre de 2022.

En esa vivienda de la alcaldesa se cometieron dos infracciones, según recoge el documento. Ambas consisten en ejecutar obras sin tener permiso municipal hace ahora seis años y ambas son infracciones graves, pero una es legalizable y la otra no. La infractora alegó estar dispuesta a regularizarlo todo y pidió suspender la sanción, pero el recurso cayó en saco roto, al menos en relación con las obras del garaje: debe demolerlo y, además, pagar la multa por haberlo construido al margen de la legalidad.

El Decreto de sanción, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, tiene fecha de 4 de abril y está firmado por el Director General Adjunto a la Asesoría Jurídica. Aunque puede ser recurrido ante los tribunales es ya ejecutivo, por lo que Asesoría Jurídica lo ha trasladado a Tesorería para que proceda con el cobro. La alcaldesa no ha respondido a las preguntas de este medio.

“Reforma total” y nuevo garaje

Las obras se ejecutaron en una vivienda unifamiliar con 1.163 metros cuadrados de parcela y 741 de superficie construida. Se trata de una edificación levantada en 1980 en una de las mejores zonas de Marbella, con instalación deportiva y 526 metros cuadrados de vivienda en dos plantas.

El inmueble fue objeto de una ambiciosa reforma que comenzó en 2018. Una “reforma total”, según el catastro, que afectó a la vivienda, al porche y al resto de zonas de la edificación. En 2023, cuatro años después de que terminaran las obras y tras varias inspecciones, el departamento de licencias urbanísticas de Marbella abrió un procedimiento sancionador por dos infracciones: la primera, la reforma interior y la demolición del garaje. Estas obras constituyen una primera infracción grave, aunque son “aparentemente legalizables”, según el informe de la arquitecta municipal. La sanción propuesta, de 3.749,75 euros, está suspendida hasta que se legalicen las obras.

Por otro lado, los propietarios construyeron un garaje de 35 metros cuadrados adosado al lindero público y privado, y también rebajaron el acerado. Esto no es legalizable porque contraviene la normativa urbanística y es otra infracción grave. La infractora alegó que el rebaje no lo hizo ella, sino que fue una obra municipal de acondicionamiento y prometió ajustar el garaje a la norma. Pero da igual: hizo las obras sin licencia y es suficiente para ordenar la demolición e imponer la multa, si bien atenuada: 7.750 euros.

Cuando fue cuestionada por las obras ilegales en su casa la alcaldesa negó la mayor. “No existe absolutamente ninguna obra”, declaró a La Sexta en diciembre de 2022.

LGSB ha obtenido hace apenas dos meses la licencia para demoler el garaje y construir en su lugar una pérgola.

Una sociedad creada por su difunto marido, que se la traspasó

La sanción a LGSB es, en realidad, una sanción a la propia alcaldesa. En 2019 Muñoz recibió 500 acciones de esta sociedad procedentes de su marido, Lars Gunnar Broberg, según desveló en su día La Sexta a partir de la declaración de la alcaldesa a Hacienda. Muñoz no había informado de este patrimonio en su declaración de bienes ante el Senado.

En el momento de la transacción su marido ya estaba siendo investigado por blanqueo de capitales y organización criminal. La Fiscalía Antidroga concluyó que ayudó a su hijo a blanquear siete millones de euros procedentes del narcotráfico. Salió de la investigación debido a su delicado estado de salud. El juicio contra su hijo Joakim, entre otros, ha comenzado esta semana en la Audiencia Nacional.  

LGSB fue fundada en Suecia el 29 de septiembre de 2017 por su difunto marido, Lars Gunnar Sune Broberg. Se trata de una sociedad familiar, en la que los dos asientos del consejo de administración se reservaron para Lars y Christian Erik Broberg, el hijo apasionado por los coches del empresario y la alcaldesa.

El objetivo de esta empresa siempre fue el de disponer de una entidad legal en la que recoger parte del notable patrimonio inmobiliario que había amasado Lars, del que disfrutaba la familia y parte del cual fue trasladando a la alcaldesa. Documentos del registro sueco que este medio ha podido consultar recogen que el objeto social de la empresa es “poseer y administrar propiedades principalmente en el extranjero”, principalmente en España. En su día, registró su voluntad de emitir bonos convertibles canjeables por un préstamo, una operación que nuevamente difuminaría el rastro de la titularidad. Sus activos iniciales superaban por poco el millón de euros; es decir, la vivienda por la que ahora se le sanciona.

Sus movimientos también demuestran que se trata de una mera sociedad instrumental inmobiliaria. Su única actividad queda reflejada en las cuentas de 2018, cuando computa unas pérdidas de 73.905 euros. Es el probable reflejo del coste de las obras ilegales. Por aquel entonces, Muñoz acababa de recuperar la alcaldía tras un breve mandato de dos años de PSOE y Opción Sampedreña, que en 2017 dejó de prestar apoyo a los socialistas para entregar de nuevo la alcaldía a la regidora, quien siempre ha negado cualquier vinculación con las presuntas actividades delictivas de su marido o su hijo.

De un día para otro, el ayuntamiento de Marbella dice que va a poner fin a una práctica que mantuvo durante casi dos años a pesar de las denuncias sindicales y el criterio en contrario de la Agencia de Protección de Datos. Hasta ahora, los 4.000 empleados públicos del Consistorio gobernado por Ángeles Muñoz (PP) fichaban mediante un escaneo facial o de sus huellas digitales. Ante la resistencia de algunos a entregar sus datos biométricos, el ayuntamiento llegó a abrir varios expedientes disciplinarios. Ahora dice que retira el sistema, pero deja la puerta abierta a recuperarlo en un futuro.

El motivo es que el Consejo de Transparencia ha iniciado un expediente sancionador por esta práctica, implantada por Decreto en Marbella en diciembre de 2022. El Consejo abre expediente por el “posible incumplimiento de la normativa de protección de datos personales”, según la resolución a la que ha tenido acceso este medio.

Ante las dudas que plantea el Consejo de Transparencia (…) el Consistorio ha decidido optar por retirar el sistema biométrico“ manteniendo el manual, señala el Consistorio en una respuesta escrita a este medio. Además, explica por qué lo mantuvieron hasta ahora: considera que el sistema biométrico en el registro de jornada es el más adecuado ”por las garantías que ofrece en cuanto al fraude y a la comodidad del trabajador“. Antifraude también abrió una investigación por la práctica del ayuntamiento (principalmente del área de Limpieza) de imputar miles de horas extra imposibles de realizar, tal y como ha venido informando este medio en los últimos años.

De momento, “se van a articular registros que excluyan dichos datos biométricos”, pero el ayuntamiento no se da por vencido, y advierte de que alegará para defender el sistema que hasta ahora venía aplicando, que considera legal y que, asegura, siempre fue voluntario para los empleados municipales. Fuentes sindicales subrayan, por el contrario, que no se pidió el consentimiento a los trabajadores.

Varios expedientes a trabajadores

ElDiario.es Andalucía informó hace ahora un año de que el ayuntamiento marbellí estaba recopilando los datos biométricos de sus empleados. Por entonces, el Consistorio acababa de extender la implantación del sistema a la Policía Local, donde encontró resistencias hasta el punto de que al menos dos agentes se negaron, y fueron advertidos de que serían expedientados si seguían haciéndolo.

No era la primera vez. En verano de 2023 también expedientó a dos trabajadores del servicio de limpiezas y jardines por negarse a fichar con el sistema de biometría facial. La instructora les imputó una falta grave, a pesar de que ellos demostraron que seguían fichando mediante el sistema de firmas. El ayuntamiento alegaba que el control biométrico era necesario para el cumplimiento de los horarios. Algunas de estas sanciones han sido recurridas por los trabajadores ante los tribunales.

En abril de 2023 el sindicato SEPMA llevó el caso ante el Consejo de Transparencia, que ahora notifica el inicio del procedimiento sancionador por el incumplimiento de la normativa de protección de datos personales. En este año y medio, el Consejo ha dado audiencia al ayuntamiento y ha estudiado los argumentos jurídicos de SEPMA, según el sindicato, que considera que el control biométrico se opone a la Directriz 5/2022, del Consejo Europeo de Protección de Datos y la posterior Guía de la Agencia Española de Protección de Datos.

Datos protegidos por el artículo 18.4 de la Constitución

Los datos biométricos son datos personales protegidos por el artículo 18.4, y el Tribunal Constitucional ha subrayado que el derecho fundamental garantiza que toda persona debe poder controlar el uso y destino de sus datos. Se trata, además, de datos considerados “de alto riesgo”. En España, la interpretación era que la legislación concedía una autorización genérica para casos donde la recopilación era necesaria, pero eso cambió en noviembre de 2023, cuando la Agencia de Protección de Datos publicó una guía actualizada fijando unos criterios de uso mucho más restrictivos para adaptar la situación a las directrices del Comité Europeo de Protección de Datos.

Desde entonces, el responsable [de los datos, aquí el ayuntamiento de Marbella] debe contar con una norma con rango de ley que autorice específicamente utilizar datos biométricos para dicha finalidad“, según la guía. Y el consentimiento no puede levantar la prohibición, ”al existir un desequilibrio entre la persona a la que se somete al tratamiento y quien lo está llevando a cabo“.

La guía cambió el criterio aplicado en España, según los especialistas. Sin embargo, no modificó la hoja de ruta del ayuntamiento, que poco después de su publicación extendió el sistema de fichaje con reconocimiento facial o huella dactilar a los policías locales.

“Es dinero tirado”

Según ha informado el sindicato, la eventual sanción al ayuntamiento de Marbella no será en ningún caso económica, puesto que la ley exime a las administraciones públicas, pero sí podría concluir con un apercibimiento que obligara al Consistorio a la eliminación completa del uso de las herramientas de control biométrico y su sustitución por otras medidas menos invasivas.

José Luis Gutiérrez, secretario general de SEPMA, anuncia que pedirán una medida cautelar para garantizar que el ayuntamiento paraliza el sistema, y lamenta el tiempo que ha pasado desde que interpuso la denuncia ante el Consejo de Transparencia: año y medio para acordar la apertura de un expediente. Esto motivó una queja al Defensor del Pueblo.

“Es algo muy claro. Incluso adjunté un informe del Subdirector General de Transparencia advirtiendo a un municipio de que no se podían recoger los datos biométricos”. Gutiérrez lamenta el coste para las arcas públicas que tendrá la implantación frustrada de un sistema de control abocado (por ahora) a la extinción: “Es dinero tirado”. 

Mano derecha de Jesús Gil en Marbella hasta que condenaron al que fuera presidente del Atlético de Madrid por el 'Caso Camisetas', Julián Muñoz ha fallecido a los 76 años dejando tras de sí una estela de condenas principalmente por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación administrativa y malversación de fondos. Alcalde de la localidad costasoleña con el Grupo Independiente Liberal (GIL) entre mayo de 2002 y abril de 2003, antes había sido concejal de Fiestas Mayores, primer teniente de alcalde y, casi desde su arranque en la vida pública, foco de la prensa del corazón durante y después de su idilio con la tonadillera Isabel Pantoja.

Muñoz llevaba ingresado desde el 15 de septiembre en un hospital de Marbella, donde ha fallecido, a consecuencia del empeoramiento del cáncer de pulmón que padecía.

Julián Muñoz nació el 24 de noviembre de 1947 en El Arenal (Ávila). Fue concejal en distintos equipos de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) en Marbella desde 1991, con Jesús Gil como regidor, actuando como alcalde accidental en numerosas ocasiones, por la inhabilitación de este. Posteriormente, estuvo al frente del Ayuntamiento poco más de un año, de mayo de 2002 a agosto de 2003, cuando fue desalojado de la Alcaldía por una moción de censura.

Muñoz estuvo en la cárcel por varias condenas por delitos relacionados con la autorización de licencias urbanísticas; pero sus procedimientos judiciales más conocidos fueron el 'caso Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento marbellí; y el caso de blanqueo en el que también fueron juzgadas Maite Zaldívar y la cantante Isabel Pantoja, que fue su pareja.

En 'Malaya' fue condenado a dos años de prisión y en el caso de blanqueo de capitales, a siete años de cárcel. Su línea de defensa siempre ha sido la misma en todos los procesos, que firmaba todos los documentos que le ponían por delante sin saber el contenido; “firmaba hasta el capó de los coches”; ya que se fiaba de los técnicos.

Muñoz pisó por primera vez la cárcel en el verano de 2006 por su implicación en 'Malaya'. Antes de sus entradas y salidas de prisión y de los juzgados, Muñoz se vio obligado a dejar el mando de Marbella en favor de Marisol Yagüe, que accedió a la Alcaldía en abril de 2003 tras una moción de censura contra Muñoz apoyada por concejales del PSOE, PA y tránsfugas del GIL.

La expareja de Maite Zaldívar, que también fue condenada a la cárcel en 2018 acusada de blanqueo de capitales, recibió no hace mucho la noticia de su última condena del más del centenar de procedimientos judiciales en los que se vio inmerso por su participación en el urbanismo de Marbella. Ese fallo en forma de epílogo judicial a su controvertida trayectoria política llegaba justo cuando su ciudad se preparaba para ser municipio pionero en la ordenación del territorio, agarrándose a la vía abierta por la Junta de Andalucía para construir en suelo rústico.

Tras varias entradas y salidas de prisión, obtuvo el tercer grado penitenciario –solo tenía que ir a dormir a un centro de inserción social– por enfermedad y en junio de 2021, la libertad condicional por “pluripatología grave e incurable”, según los informes médicos.

La pretensión de destinar la antigua Casa del Gobernador en Marbella a varios apartamentos de nueva planta ha levantado a buena parte de la sociedad marbellí y malagueña vinculada a la cultura y al patrimonio histórico. Se trata de un inmueble que apenas conserva trazas del original del siglo XVI, pero situado en el interior del castillo de Marbella, junto a la muralla y con alto valor histórico y simbólico. Allí nació un presidente del Gobierno, José López Domínguez, y está documentado que durmió el rey Felipe IV en su viaje desde Gibraltar a Málaga durante la noche del 30 de marzo de 1624. Cuatro siglos después, la intención de la nueva propietaria es que la Casa del Gobernador albergue al menos una decena de apartamentos. 

Hasta ahora, el proyecto afrontaba un escollo difícil de superar: la protección como Bien de Interés Cultural de todo el casco histórico marbellí, donde se sitúa la parcela. Pero ese escollo ya no existe. La Junta de Gobierno Local acordó de urgencia el pasado marzo el “levantamiento de la limitación” prevista en las normas urbanísticas de Marbella desde el PGOU de 1986 “para los ámbitos de intervenciones singulares en el Centro Histórico de Marbella”.

Ese PGOU, derogado en 2010 y restituido en 2015 (tras la anulación del nuevo), preveía la elaboración de un Plan Especial que estableciera qué se puede hacer en el casco histórico. Entre tanto, no se podía hacer nada salvo las obras de “estricta conservación necesarias para la seguridad y ornato” de las edificaciones existentes. Pero casi cuarenta años después, el plan especial no se ha elaborado, y seguía vigente la práctica prohibición indefinida de toda intervención urbanística. Hasta ahora.

En la práctica, el nuevo acuerdo supone abrir la puerta al proyecto en la Casa del Gobernador. Este acuerdo, que no había trascendido a la opinión pública, acaba de ser desvelado por el PSOE, que ve nocturnidad y alevosía en la actuación del equipo de gobierno. Isabel Pérez, portavoz socialista, imputa “falta de transparencia” a la alcaldesa Ángeles Muñoz, que había negado conocer el proyecto, pese a que acudió a la Junta de Gobierno Local que le abrió la puerta. El acta, que este medio ha podido consultar, no consta en la web municipal, pese a que el acuerdo se adoptó en marzo, acompañado de varios informes técnicos y jurídicos que avalan la modificación.

Francisco Moreno, impulsor de un manifiesto contra el proyecto, se muestra escandalizado y advierte de que denunciará el caso ante la Fiscalía. “Es urbanismo a la carta, lo mismo que cuando Gil. Tú compra la casa, que yo modifico la normativa y ya podrás construir. Es muy grave. Esas modificaciones sustanciales tienen que pasar por Pleno”. 

Manifiesto en contra y queja al Defensor del Pueblo

La operación, aún en ciernes, lleva semanas soliviantando a una parte relevante de la sociedad marbellí, y ha llegado al Defensor del Pueblo, que tramita una queja por este asunto. “Esta operación urbanística (…) va a desfigurar irremediablemente el inmueble, a cercenar para siempre el estudio arqueológico de su interior (…) y a impedir el acceso y visita al tramo de muralla que circunda la parcela”, advierte el manifiesto, al que se han ido sumando asociaciones culturales de la ciudad, como Cilniana Marbella Activa.

También lo firman una treintena de historiadores y profesores de la Universidad de Málaga, un miembro de ICOMOS (órgano asesor de Unesco), restauradoras, expertos en patrimonio, arquitectos, arqueólogos, el cronista oficial de Marbella y hasta un exfiscal jefe provincial, entre otros muchos. En él se pide a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento una “reflexión” que evite la conversión del inmueble en ocho apartamentos. Por el contrario, plantean su adquisición pública para convertirlo en un espacio cultural. 

La propietaria defiende el proyecto

Manuel Domínguez, uno de los socios de la entidad propietaria (Neckob Inversiones, S.L.), niega que vayan a construir viviendas turísticas, y asegura que la intención es construir de ocho a diez viviendas para uso residencial, con las condiciones que marque la Delegación de Cultura, “poniendo en valor lo que queda de muralla” y recuperando de paso una zona actualmente tapiada, que se convertiría en una plaza de uso público.

“Es una oportunidad magnífica y así lo hemos planteado, para poner en valor algo que jamás se va a poner en valor, a no ser que se expropie. Una iniciativa privada con sensibilidad; pero lo enfocan de manera contraria, como si fuese un expolio”, se queja, en conversación con este medio.

La Junta de Andalucía, que tendría que validar el proyecto por estar en un lugar protegido, asegura que aún no lo tiene, y que de momento se han mantenido dos reuniones con los promotores, que venían “de parte de la alcaldesa”. “Cuando esté listo se llevará a Comisión de Patrimonio, lo cual es garantía absoluta de que lo que se haga allí es porque se pueda hacer”, añade un portavoz de la Consejería de Cultura. Por su parte, el Ayuntamiento subraya que se trata de una propiedad privada, y confirma que la propietaria “está trabajando” con la administración autonómica para “definir el proyecto que pueden presentar”.

El inmueble no está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), pero el castillo sí lo es, como todas las fortificaciones de España. La casa es, por tanto, un inmueble sin protección específica dentro de un bien hasta ahora protegido.

“Es como si nos robaran la identidad”

“Hay líneas que no se deben sobrepasar, y esta se la han saltado. Hay que tener un poco de respeto a la ciudad, quererse un poquito. ¿Cómo se puede permitir esto?”, se pregunta Francisco Moreno. “Las instituciones deben intentar recuperar el patrimonio en beneficio de la ciudad. Este es un edificio muy simbólico, en uno de los mejores sitios, con connotaciones históricas, simbólicas y sentimentales tremendas. Es como si nos robaran la identidad”.

Sabe bien de lo que habla. Doctor en Historia del Arte, Moreno fue vocal en la Comisión Gestora que tomó las riendas del Ayuntamiento tras la disolución por el caso Malaya. Ya entonces, en 2007, elaboró un Plan Director del Castillo en el que se planteaba la recuperación de la antigua Casa del Gobernador, por entonces en manos de Sevillana Electricidad, para convertirla en un activo cultural y turístico de Marbella. Una oportunidad, dice Moreno, para paliar en parte el histórico déficit de este tipo de equipamientos en la ciudad.

Aquella idea nunca se ejecutó, y el inmueble acabó llegando a manos de a su actual propietario, que encargó el proyecto a Grupo Loen y Asociados, orientados a la oferta de lujo en la Costa del Sol y Sotogrande. La parcela cuenta con 1.482 metros cuadrados de superficie, incluye el inmueble y un patio, y linda al norte y al este con las murallas.

Catas y protección en el Plan Director

Antes de nada, la promotora ha tenido que acometer diversas catas para comprobar si hay restos arqueológicos romanos o árabes. Es probable, más aún en la zona pegada a la muralla, pero de momento las catas se han limitado a la zona de patio. “Es un sitio muy sensible arqueológicamente, porque está junto al postigo de la entrada norte de la fortaleza”, señala Moreno, que conoce bien el lugar. Las catas ya han terminado y el informe deberá ahora ser evaluado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, dependiente de la Consejería de Cultura.

Según Domínguez, apenas han encontrado trazas la antigua muralla: “Supuestamente, hay un trazado, pero tras las pruebas paramentales [que datan la antigüedad de unos restos], es un muro del XIX sin valor ninguno. Queda un trozo de una torrecita, que vamos a poner en valor. Y hay dos almacenes en ruinas donde se guardaban archivos, y ha aparecido una cimentación de una muralla. Todavía no está datada ni se sabe qué valor puede tener, eso es lo que falta el informe del arqueólogo”, asegura.

Más allá de la protección que le dispense la normativa autonómica, la Oficina de Planeamiento Urbanístico de Marbella dictó una resolución en 2007 (estando la gestora) protegiendo todo el Centro Histórico, de modo que en el área del castillo se prohíbe expresamente “cualquier operación de desarrollo, incluyendo la edificación y urbanización”.

Cualquier otra actuación “deberá contar con la preceptiva autorización de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía”. Intramuros, donde es más probable que haya restos arqueológicos, se requiere “excavación arqueológica extensiva previa” a “intervenciones de demolición y nueva planta”.

Un monarca de paso y lugar de nacimiento de un presidente del Gobierno

“Era el primer soberano, tras la conquista de la ciudad por Fernando el Católico, que pasaba por la ciudad y el último porque tras él nunca más vino un rey en visita oficial, que las de incógnito no cuentan”, escribe Paco Moreno en un artículo publicado en El Periódico de Marbella. El monarca que pasó por aquí se hacía acompañar de 300 coches de caballos, 500 carros y 1.500 mulas, y semejante cortejo real tuvo que acampar extramuros.

La antigua Casa del Gobernador, adquirida a los trinitarios por Melchor Domínguez Infante Vasconcelos, fue también el lugar de nacimiento de José López Domínguez, presidente del Gobierno durante algunos meses de 1906. Para entonces, ya había sido reedificada. De ahí que sus actuales propietarios insistan en que lo que hay es un edificio usado como oficinas que nada tiene que ver con la antigua Casa del Gobernador más que el suelo donde se sitúa.

La pretensión de destinar el solar a nuevos usos se conoce en un momento de especial sensibilidad con la voracidad inmobiliaria del turismo. Miles de inmuebles que antes tenían uso residencial o comercial se destinan ya al uso turístico en toda la provincia de Málaga, pero en los últimos meses se han producido algunos casos muy simbólicos. En la capital, el edificio de calle Ollerías que ocupaba Málaga Acoge, de titularidad autonómica, ha sido adquirido por un fondo de inversión israelí que lo dedicará a apartamentos turísticos.

Marbella se prepara para ser municipio pionero en la ordenación del territorio. Por primera vez desde que Andalucía aprobara su nueva ley de suelo (LISTA), impulsada por el Gobierno de Juan Manuel Moreno en 2021 con el objetivo declarado de dar agilidad a los farragosos trámites de ordenación urbana, un gran municipio va a echar mano de uno de sus artículos más discutidos: aquel que permite construir en suelo rústico hoteles y alojamientos turísticos, así como equipamientos industriales, de ocio o comerciales.

La posibilidad ha sido introducida por sorpresa en el nuevo Plan General de Ordenación del Municipio (PGOM) en el que el consistorio marbellí trabaja desde antes del final del pasado mandato, con el fin de aprobarlo antes de que termine 2025. Lo introduce ahora ya que hasta hace poco se cuestionaba la constitucionalidad del precepto de la LISTA, hasta que fue validado por el Tribunal Constitucional el pasado febrero.

“Lo que pretende el PGOM es continuar con la tarea de simplificar y flexibilizar los usos que se permiten dentro de lo que es incluso el suelo rústico”, señaló la alcaldesa, en una rueda de prensa convocada, a priori, para informar de la resolución a las alegaciones al avance del PGOM. Sin anuncio previo, Muñoz dedicó casi toda su intervención a explicar una medida que pondrá en uso terreno para grandes infraestructuras.

“La principal novedad es que se flexibilizan mucho los usos para que ese suelo pueda utilizarse por parte de propietarios, desarrolladores y el propio ayuntamiento”, dijo. Marbella será “uno de los primeros, si no el primero” de los municipios andaluces que se acoja a esta posibilidad.

Actuaciones de “gran envergadura” en el ámbito turístico

El artículo 22 de la Ley de Sostenibilidad del Territorio (LISTA) permite implantar “con carácter extraordinario” y siempre que no lo prohíba otra ley, usos “industriales, terciarios o turísticos” en suelo rústico. Deben cumplirse algunas condiciones: los proyectos deben ser de “interés público o social”, que “contribuyan a la ordenación y el desarrollo del medio rural”, o que hayan de emplazarse en esta clase de suelo por resultar “incompatible con su localización en suelo urbano”. Además, deberá ser suelo rústico común, no monte público o espacio natural, por ejemplo.

Muñoz pareció hacer una invitación general a que cualquiera explore la vía, presuntamente “extraordinaria”, y presente un proyecto. El objetivo, dijo, es que la “flexibilización” permita que actuaciones “de gran envergadura” que se presentan al ayuntamiento, vinculadas “fundamentalmente” al ámbito turístico, tengan la “oportunidad de implantarse en suelo rústico”. Y citó ejemplos: universidades, grandes equipamientos (como una ciudad deportiva), centros educativos, sociales e incluso industriales.

Así Marbella podrá “compensar déficits que tienen difícil encaje en suelo urbano”, explicó. Es decir, se usará el suelo rústico porque en la malla urbana marbellí no caben o no encajan más hoteles o determinadas infraestructuras.

Marbella es la séptima ciudad de Andalucía, con 156.295 habitantes, según el INE (el 3,6% más que hace un año), aunque el consistorio estima que la cifra real supera los 233.000. Arrastra una deuda de unos 284 millones de euros, en su mayor parte contraída con otras administraciones en tiempos de Jesús Gil. Durante seis años, ha litigado con la Agencia Tributaria para seguir fraccionando el pago de la deuda heredada (a 40 años) y que esta no retuviese el dinero recuperado de la Operación Malaya. El Tribunal Supremo le dio la razón hace apenas dos meses.

Una vía de financiación para paliar esta difícil situación económica son los convenios urbanísticos, pero hay poco suelo para esos desarrollos. Cuenta con unos 53 millones de metros cuadrados de suelo urbano, a los que el nuevo PGOM va a añadir otro millón. Ahora incorporará a la ecuación más de 32 millones de suelo rústico común (más de la mitad del total del suelo urbano), según las cifras de la memoria del PGOM. En total, Marbella tiene una superficie de 117 millones de metros cuadrados.

Aval del Tribunal Constitucional a la norma que usa Marbella

A priori, que se levanten hoteles, equipamientos deportivos o universidades en suelo rústico es legal. El pasado febrero, el Tribunal Constitucional dio validez al artículo 22 de la LISTA después examinar el recurso de inconstitucionalidad de 51 diputados de Unidas Podemos y el Grupo Mixto. Declaró inconstitucional (y anuló) el inciso que permitía autorizar edificaciones destinadas a uso residencial en suelo rústico, pero avaló el resto.

Antes de aprobarla, la Junta negoció con el Estado el contenido de la norma, evitando así que el Gobierno de Sánchez la recurriera. También negoció con el PSOE andaluz, que finalmente se abstuvo en la votación, y tampoco recurrió, a diferencia de lo que ha ocurrido con el Decreto de simplificación que cambia de golpe 176 leyes. De esta forma, la LISTA salió del tribunal casi inmaculada, y apenas embridada por el reglamento de desarrollo.

“La LISTA da mucha manga ancha: no todo vale, aunque realmente la intención es que todo valga”, advierte Manuel Aguilar, antiguo secretario de ayuntamiento y autor del recurso de inconstitucionalidad contra la ley. En su opinión, la clave del anuncio de la alcaldesa está en el subtexto, del que se extraería la intención de desarrollar el suelo rústico bajo el subterfugio de que se tratará de “usos extraordinarios” para “proyectos de interés estratégico”. Cada proyecto deberá pasar el examen previo de “excepcionalidad”, “pero lo extraordinario lo usará de manera ordinaria y todo lo que le interese a alguien será estratégico”, vaticina Aguilar.

“El ayuntamiento actúa como promotor”

El paso anunciado por el consistorio vuelve a trasladar la idea de que este es suelo fértil para el pelotazo inmobiliario. La ciudad, símbolo de los excesos, lleva mucho tiempo lastrada por los desmadres del gilismo y el post-gilismo. Hay más de 1.000 edificaciones con licencias nulas y expuestas, teóricamente, a que algún afectado solicite judicialmente que se ejecute tal nulidad. Así ocurre con algunos edificios emblemáticos, como el de Belmonsa, que dejó a la sombra la casa de Carmen Suárez.

En 2010, el ayuntamiento quiso amnistiar estas edificaciones mediante un nuevo Plan General, pero el Tribunal Supremo echó abajo la pretensión en 2015, razonando que un PGOU no está para eso. Desde entonces, vuelve a regir el plan de 1986, al que el consistorio quiere al fin sustituir con los nuevos PGOM y Plan de Ordenación Urbana (que detalla el ordenamiento), ya adaptados a la LISTA.

“El ayuntamiento actúa más como promotor que como gestor del urbanismo para todos los vecinos. Son muchos metros cuadrados que van nuevamente para la ciudad privada en detrimento de la ciudad pública”, observa Javier de Luis, portavoz de Ecologistas en Acción: “No hay compensación: no se hacen VPO, no se mejoran los viarios de acceso o las comunicaciones entre urbanizaciones, las conexiones con Istán u Ojén siguen igual de mal, seguimos con la precariedad de que como no llueva no hay agua, las playas no se regeneran…”

De Luis, que durante años fue concejal y se opuso desde el Pleno y los tribunales a los disparates del gilismo, recuerda que ya en 1993 Jesús Gil recalificó de un plumazo 17 millones de metros cuadrados de superficie forestal rústica, gran parte de ella suelo quemado. Cree que, igual que antes, cuando Muñoz hace el anuncio es porque ya hay cola para sacar tajada. Y apunta a los terrenos al norte de la autovía, donde hay grandes bolsas de suelo, en contraste con la escasez de la costa. “La alcaldesa ya debe tener los convenios hablados para firmar los desarrollos, y está invitando a los demás que quieran a que se apunten”.

“Me preocupa cómo lo ha vendido”

De momento, la oposición pide tiempo para observar cómo se desarrolla el anuncio. “No es tan sencillo”, observa Adrián Jiménez, concejal socialista especializado en materia urbanística: “Deberá hacerse vía instrumento de planeamiento, como los planes especiales, y eso va sometido a múltiples informes sectoriales”.

Jiménez recuerda que la posibilidad excepcional de construir hoteles en suelo rústico ya la contempla la LOUA, y que se ha usado en municipios de interior. La novedad es que un municipio costero, con antecedentes de uso intensivo (e irregular) del suelo y sometido a una fuerte presión urbanística, anuncie que se acoge a la nueva flexibilidad de la LISTA, y lo haga con una especie de llamada a inversores.

“A mí me preocupa cómo lo ha vendido”, resume Jiménez. Su previsión es que cuando se complete la aprobación inicial del PGOM, a final de año, ya aparezcan algunas bolsas de suelo rústico pintadas para infraestructuras hoteleras. Será entonces cuando se pueda comprobar qué senda urbanística quiere abrir Marbella. 

El Ayuntamiento de Marbella, gobernado por Ángeles Muñoz (PP), ha dado un paso para regularizar la situación urbanística de los intereses inmobiliarios que tiene su alcaldesa en Vega del Jaque, una urbanización situada en un paraje del término municipal de Marbella colindante con Benahavís. La actuación consiste en recalificar –sobre el papel– los terrenos donde se ubica el palacete de la regidora, lo que tendría el efecto de aumentar su valor de mercado en una posible venta.

El nuevo plan urbanístico de Marbella califica por primera vez esos suelos como urbanos. Hasta ahora, para Marbella eran no urbanizables, mientras que para Benahavís sí lo son. Los terrenos se sitúan junto a la linde que separa ambos municipios: están dentro del término municipal de Marbella, pero es Benahavís quien les presta servicios y cobra impuestos.

Marbella pretende aplicarles a partir de ahora una figura que no aparece en la nueva ley andaluza del suelo (LISTA) denominada “tejido urbano discontinuo”, e incluirlos en un “área de ordenación conjunta” con Benahavís. En la práctica, ya son suelos urbanos (y urbanizados) desde los 90; pero sobre el papel, no constan como terrenos urbanizables para el consistorio de Marbella. Hasta ahora.

Dentro de Vega del Jaque está la llamada Casa Rosada, un palacete construido en mármol de Carrara muy cerca del yacimiento arqueológico del Cerro Colorado. Cuenta con dos plantas y dos sótanos, suelos de madera y mármol, techos abovedados, habitación de pánico, pista de pádel, biblioteca, sala de cine y gimnasio. Muñoz y su difunto marido, Lars Broberg, han sido dueños de esta mansión a través de la entidad Crasel Panorámica, S.L., de matriz gibraltareña. Además, a través de otra mercantil (Vega del Colorado, S.A.), Broberg era dueño de una parte relevante de los terrenos de Vega del Jaque, y aspiraba a desarrollarlos.

La mansión fue puesta a la venta en 2016 en una web inmobiliaria de lujo por un precio de 12 millones de euros. En 2022, poco después de conocerse la investigación a Broberg (fallecido en marzo de 2023) y el hijo de este por una presunta trama de narcotráfico internacional, Muñoz y su marido empezaron a negociar la venta de la casa con un millonario procedente de Baréin. Según el documento al que tuvo acceso elDiario.es, pretendían nueve millones de euros, con dos pagos iniciales de 500.000 euros cada uno a ingresar en una cuenta de Luxemburgo. No hay constancia de que esa venta se haya materializado.

Una regularización de la situación urbanística, de tal forma que los terrenos pasasen a ser urbanos para Marbella, incrementaría su valor en el mercado inmobiliario, y ese es el motivo que la oposición siempre vislumbró en los reiterados intentos de “mover” Vega del Jaque de Marbella a Benahavís, donde sí serían urbanos.

Estos intentos empiezan en 2008, con una propuesta de acuerdo entre Benahavís y Marbella para cambiar las lindes, previo Pleno en el que la alcaldesa evitó votar, según recuerdan fuentes presentes. En 2016, llegó a constituirse una plataforma ciudadana contra la alteración de las lindes (“Ni un metro de Marbella para otra población”) y la Fiscalía denunció a Muñoz por la presunta alteración subrepticia de los planos en un Pleno municipal de aprobación del PGOU.

La denuncia penal fue finalmente archivada, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acabó zanjando el debate: no se puede cambiar en un Pleno ni por un acuerdo entre municipios un deslinde que tiene su origen en 1873, de modo que Vega del Jaque sigue estando en el término municipal de Marbella.

“Tejido urbano discontinuo” y “ordenación conjunta” con Benahavís

Ahora, el ayuntamiento está enfrascado en aprobar una nueva ordenación urbanística, que tantos quebraderos de cabeza ha dado desde los tiempos del GIL, partido del ya fallecido Jesús Gil. Marbella se rige por el PGOU de 1986 desde que el Tribunal Supremo anuló (en 2015) el PGOU de 2010, pensado para hacer borrón y cuenta nueva de los desmanes de la época de Gil.

El objetivo del consistorio es que la nueva ordenación esté en vigor a finales de 2025. Para ello, ha presentado dos documentos de avance: el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y el Plan de Ordenación Urbana (POU), ya aprobados en Junta de Gobierno Local. Este último estuvo abierto al trámite de información pública hasta primeros de marzo.

En ambos documentos se retoca la situación urbanística de Vega del Jaque (y, por tanto, del palacete de la alcaldesa), que aparece expresamente reseñada como una de las cuatro categorías del suelo urbano de Marbella. Según la memoria de Ordenación del nuevo PGOM, es suelo urbano lo que califica como “terrenos que forman parte de desarrollos urbanísticos realizados por los municipios colindantes” (Benahavís y Mijas), “pero que, debido al replanteamiento de las lindes del municipio, han quedado situados dentro del término municipal de Marbella”.

Ese sería el caso de Vega del Jaque, que forma una pequeña cuña desconectada de la trama urbana al norte de la A-7. En la práctica, la autovía hace de barrera con Marbella y “acerca” Vega del Jaque a Benahavís, en cuyo Registro de la Propiedad están inscritas las fincas. El municipio vecino ha llegado, incluso, a expedir licencias en esta zona, a pesar de que los terrenos están en el término municipal de Marbella.

Ahora, el ayuntamiento de Marbella propone para ellos una nueva categoría: un área de “ordenación conjunta” con Benahavís, lo que permitiría declarar los terrenos como “tejido urbano discontinuo”, alegando que se conectan con la trama urbana de Marbella a través de Benahavís. En la práctica, significa integrar ese espacio en la ordenación urbana marbellí. Estos terrenos se incluyen en el suelo urbano porque, “aunque no están integrados en la malla urbana de Marbella, sí lo están en la trama urbana” de Benahavís, dice el avance del PGOM.

El documento advierte de que Marbella por sí sola no podría plantear nuevos desarrollos en estos terrenos “por no estar integrado en la trama urbana de Marbella”, pero a continuación parece abrir la puerta a un desarrollo conjunto con Benahavís: “Cualquier actuación de ampliación de estos suelos tiene carácter supralocal por depender de las redes y servicios de los municipios colindantes”.

Los socialistas piden que pague impuestos en Marbella

La “ordenación conjunta” es un concepto nuevo introducido por la Ley de Suelo andaluza, en vigor desde diciembre de 2021. La ley recoge la posibilidad de aprobar un Plan Intermunicipal para ordenar áreas integradas por terrenos situados en municipios colindantes que necesiten una actuación urbanística conjunta. Nunca se ha usado hasta ahora. En cambio, el concepto “tejido urbano discontinuo” no aparece en la ley andaluza. Es un concepto metodológico que los urbanistas suelen usar para referirse a áreas en las que los edificios, carreteras y áreas de superficie artificial ocupan entre un 50% y un 80% de la superficie total.

Para el PSOE, se trata de un nuevo subterfugio orientado a recalificar los terrenos. “Resulta incongruente, inusitado e inverosímil aducir que dichos terrenos se encuentran dentro de la trama urbana (…) ya que para incorporarse a la misma debe discurrirse por otro municipio”, se subraya en las alegaciones al plan de los socialistas, que recuerdan que se calificaron rústicos en 1986 precisamente porque estaban aislados, “cuestión que a la fecha no ha cambiado”.

Los socialistas recuerdan que las lindes no han sido “replanteadas”, como repite el gobierno marbellí, sino que siguen siendo las mismas que en 1873 porque así lo sentenció el TSJA, en una sentencia luego confirmada por el Tribunal Supremo.

Los socialistas sugieren que los terrenos se queden como están, y que sus titulares obtengan del ayuntamiento una declaración de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO), figura menos “artificiosa”, según el PSOE. Si fueran declarados AFO podrían mantener y conservar lo existente, pero no aspirar a nuevos desarrollos. Además, quedarían obligados al pago de impuesto y la tasa local, que sería del 4,7% por analogía con el Impuesto de Obra Nueva.

En abril de 2019, el ayuntamiento de Marbella imputó 721 horas extra a un trabajador del servicio de limpieza. Esto sería un exceso de carga laboral si no fuera porque, además, es imposible: abril tiene en total 720 horas, y difícilmente nadie puede trabajar más horas que las que hay en un día.

El caso, aunque extremo, no era excepcional: varios listados, a los que que tuvo acceso en exclusiva este periódico en aquellas fechas, revelaban que varios empleados municipales superaban las 300 horas extra en un mes, que uno había cobrado 2.600 horas extra ese año o que, en total, en marzo de 2019 se computaron casi 50.000. En los ocho primeros meses de 2019 se cargaron 188.849 horas extra en el servicio de limpieza (27.000 jornadas de trabajo), con especial acumulación en marzo y abril.

Cinco años después, la Oficina Andaluza Antifraude acaba de confirmar que el ayuntamiento computó y pagó horas extra por encima de sus posibilidades; tantas, que suponen una “imposibilidad física”, por lo que le pide que abra una investigación interna y depure responsabilidades, llevándolo al Tribunal de Cuentas si es necesario.

Antifraude constata la “imposibilidad física” de prestar esas horas extra

“La realización de las horas extraordinarias que reconoce el Ayuntamiento (por encima de las mil en los casos transcritos, aunque hay un gran número de empleados con cifras muy cercanas) implican prácticamente el doble de la jornada máxima legalmente establecida. Es una imposibilidad física que un trabajador a jornada completa desarrolle de forma extraordinaria otra jornada completa en el mismo periodo de tiempo”, señala la resolución a la que ha tenido acceso este medio.

Antifraude apunta a la falta de control del Departamento de Recursos Humanos de Marbella (a pesar de los avisos lanzados por el Interventor) y sospecha que estos pagos no tenían que ver con los servicios laborales: “El alto número de gratificaciones extraordinarias por conceptos como festivos, trabajos nocturnos… inducen a pensar en la posibilidad de que se estén usando para retribuir otros conceptos que no responden a esas causas”.

En su día, los sindicatos CGT y SEPMA deslizaron la posibilidad de que el consistorio gobernado por Ángeles Muñoz (PP) estuviese “inyectando” dinero a algunos trabajadores en la órbita del partido justo antes de las elecciones municipales de mayo de 2019.

Por todo esto, Antifraude pide al consistorio que abra una investigación interna para “depurar responsabilidades”, que haga una “revisión pormenorizada” de los abonos de horas extra para pedir el “reintegro/recuperación de haberes indebidamente percibidos”, y que “evalúe” si todo esto no le obliga a pedir “responsabilidad contable” ante el Tribunal de Cuentas. También le pide que analice su estructura salarial “para determinar si los conceptos extraordinarios que se abonan de forma recurrente” son legales.

El consistorio no ha respondido al cuestionario en el que este medio le preguntaba por el cumplimiento de las medidas exigidas en esta resolución de Antifraude.

Un coste millonario

El pago de estas cantidades desorbitadas de horas extra ha supuesto al ayuntamiento un notable desembolso de dinero público. Si cada hora extra se pagan a un 50% más, las 188.849 generadas de enero a agosto de 2019 tuvieron un coste aproximado de 4,8 millones de euros.

La práctica se habría prolongado desde 2019 al menos hasta 2023. Diego López es el edil responsable desde 2017. Este edil, que comenzó como chófer de Ángeles Muñoz, es aquel que fue grabado por los investigadores de la UDEF aconsejando por teléfono a Joakim Broberg (hijastro de la alcaldesa y procesado por narcotráfico y blanqueo) que aprendiera de su padre a no tratar ciertos asuntos por teléfono. En junio de 2023 López sumó a las responsabilidades de Medio Ambiente y Playas a las de Limpieza y Obras, que ya tenía.

Tras una denuncia de Fiscalía, en 2020 ya tuvo que declarar ante un juzgado de Instrucción por un caso de presunto enchufismo: el servicio de Limpieza había contratado cerca de un centenar de trabajadores, ignorando las bolsas previamente constituidas, y entre ellos había una decena de familiares de López, de los miembros del tribunal o de capataces. Tal y como informó este medio en su día, muchos trabajadores lograron luego retener de forma indefinida su empleo (inicialmente temporal), demostrando que desempeñaban trabajo “ordinario y habitual”. Es decir, lograron una plaza para siempre evitando unas oposiciones y mediante una bolsa que el fiscal consideraba fraudulenta. El caso fue archivado contra el criterio del fiscal.

Seis trabajadores con más de mil horas extra en ocho meses

La resolución de la Oficina Antifraude culmina por ahora una denuncia formulada por el sindicato CGT, que apreciaba indicios de fraude, corrupción, conflicto de intereses y malversación de fondos públicos. La Oficina abrió una investigación y ha acabado concluyendo que todo lo que rodea a las horas extra del servicio de limpieza marbellí apunta a irregularidades.

La resolución analiza los listados de horas extra cargadas entre enero y agosto de 2019, cuando seis empleados cargaron entre 1.000 y 1.317 horas cada uno, lo que supone entre 125 y 165 jornadas añadidas (en cada uno de los casos) en un periodo que tiene unas 200 jornadas laborales. Es decir, cada uno de esos trabajadores habría realizado, además de sus jornadas laborales comunes, al menos otro tanto en horas extra en el plazo de ocho meses. No hay días para tantas jornadas de trabajo.

Antifraude constata un descenso en las horas extraordinarias por trabajador en 2020 y años siguientes, pero aún así hay una decena de empleados a los que se les paga entre 200 y 1000 horas extra por año. La cifra podría ser incluso mayor porque hay conceptos “análogos” que el ayuntamiento también pagaba, pero no aparecen computados como horas extra en los listados. Algunos tienen reconocidas gratificaciones por trabajos extraordinarios en días festivos, de fiesta mayor, nocturnos… “en cantidades equivalentes a horas difícilmente justificables en el periodo de tiempo referenciado”, dice la resolución.

Lógicamente, todos estos ejemplos desbordan ampliamente los límites legales para el cómputo de horas extraordinarias, que el Estatuto de los Trabajadores limita a 80 por año a no ser que haya “razones de prevención o reparación de siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, o a que no se computaran las horas extraordinarias que hayan sido compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización”.

“Ninguna de estas dos razones es expuesta en el informe de la Delegación de Limpieza de 14 de junio de 2023, donde sólo se argumenta el carácter voluntario que posee la realización de las horas extraordinarias para el trabajador”, observa la Oficina Antifraude, que recuerda que la Intervención municipal ha emitido diversos reparos y una “multitud de informes” en los que alerta sobre el “imposible control” de estas horas y se insta a corregir las anomalías.

Sanción de Trabajo y denuncia por enchufismo archivada

“De la exposición que hace la intervención, se deduce que el Departamento de Recursos Humanos no efectúa ningún control sobre la realidad del contenido de los informes que le llegan de los servicios cuyos empleados realizan horas extraordinarias”, concluye Antifraude, que insta al consistorio a poner fin al descontrol.

El ayuntamiento siempre ha sido consciente de esta situación. En su día, CGT llevó el asunto a Fiscalía, que lo archivó, y SEPMA presentó una denuncia ante Inspección de Trabajo, que a finales de 2021 sancionó al consistorio. Un año después, la Inspección constató la “existencia de persistencia continuada en la comisión de una infracción”, y propuso elevar la sanción al máximo posible, 7.500 euros, ante la falta de respuesta del ayuntamiento.

ElDiario.es preguntó por este asunto en reiteradas ocasiones en agosto de 2020, porque resultaba inverosímil que el consistorio pagase a un trabajador en un mes más horas extra que horas tiene un mes. Entonces, el consistorio dio hasta tres explicaciones diferentes, y acabó despachándolo como un “error”, una explicación insuficiente porque este medio disponía de diversa documentación que demostraba que los pagos eran una práctica sistemática y consciente del propio consistorio, a pesar de las advertencias.

No había error, y sí una práctica habitual e irregular en el servicio de limpieza que ahora corrobora la Oficina Antifraude. 

La mayoría absoluta del PP en el Ayuntamiento de Marbella ha evitado este lunes que saliera adelante en el pleno municipal una propuesta del PSOE de devolver la denominación de Rogelio Vigil de Quiñones, nacido en la localidad malagueña, al ahora denominado 'Hospital Doctor Muñoz Cariñanos' de Sevilla en homenaje al médico asesinado por ETA en 2000 en la capital hispalense. El nuevo nombre “lleva ya más de un año”, ha argumentado el teniente de alcalde Enrique González Flores durante el posicionamiento del grupo popular, mostrando su rechazo a la moción y achacando a los socialistas de sacar “una propuesta partidista”.

Después de que SevillaelDiario.es desvelara el 7 de febrero que la Junta de Andalucía obvió los resultados del referéndum anunciado a bombo y platillo para el cambio de nombre del antiguo Hospital Militar de Sevilla, rebautizado desde hace poco más de un año, el PP ha señalado que la petición del PSOE “llega tarde”. El mismo argumento exponía minutos antes el portavoz de Vox en Marbella (“llegamos tarde”), quien también ha votado en contra de la moción, para la que habían propuesto una enmienda de adición, que ha sido rechazada y que consistía en colocar una placa en el exterior de la capilla junto al Parque Vigil de Quiñones de Marbella.

“No vamos a cambiar una plaquita por el nombre de un hospital en Sevilla”, ha reprochado a los de Vox el secretario de Organización provincial del PSOE de Málaga, José Bernal, que ha defendido la propuesta para que el PP instara a la Junta a “intentar corregir una decisión equivocada”, repasando la trayectoria de “un marbellero de larga estirpe” y que “ha llevado el nombre de Marbella a la historia de nuestro país” con su “gesta” en Baler.

PSOE: “La pública os la estáis cargando”

“Retirar su nombre es algo obsceno para nuestra ciudad”, ha añadido, criticando la “trampa” por parte de la Junta de haberle arrebatado el denominación al observar una “oportunidad política antes de unas elecciones”. Recordemos que el contexto de aquella última inauguración, donde se le daba oficialidad de rebautizar al hospital con el nombre de Muñoz Cariñanos era ya de precampaña electoral (las municipales se celebrarían dos meses después) y con el “que te vote Txapote” en pleno auge contra Pedro Sánchez.

Rodríguez Flores (PP) ha considerado que el pleno de Marbella no es el “espacio político para hacer reprobaciones” de ese tipo y ha defendido que Vigil de Quiñones “no va a perder su nombre” porque así se lama el distrito sanitario de Sevilla donde se enclava el hospital. También ha dicho que la “deshonra” para el médico militar marbellí fue que el hospital estuviera “dos décadas cerrado” sin que los gobierno de la Junta del PSOE pudieran reabrirlo hasta que fue “rescatado” por el Gobierno de Moreno.

Bernal, en el turno final de réplica, ha recordado al representantes del PP cómo la semana pasada se desprendió el falso techo de una sala de espera de la primera planta del centro de salud de Leganitos de Marbella y “dos días antes estaban visitando un centro sanitario privado”. “La pública os la estáis cargando”, les ha espetado.

Por su parte, el bisnieto del médico militar Luis Bidón Molina y Vigil de Quiñones ha agradecido el “enorme cariño de todos los marbelleros y de todos los partidos políticos e instituciones públicas y privadas de la ciudad de Marbella”. “Siempre que estamos en Marbella nos acogen de una forma increible, digna de reconocimiento y de puesta en valor”, ha trasladado a este periódico. “Cada vez que voy me trasladan su respeto, un enorme cariño y un gran aprecio por mi bisabuelo Rogelio Vigil de Quiñones. Para mií es un orgullo que sea marbellero. Siempre voy a tener a Marbella en mi corazón, y solamente puedo tener buenas palabras para Marbella y su gente”.

La Fiscalía Antidroga solicita que se imponga a Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella, una pena de 22 años de cárcel por distintos delitos relacionados con el narcotráfico. Broberg está acusado de integrar una delegación de la Mocromafia sueca en la Costa del Sol participando activamente en el tráfico de hachís y poniendo sus sociedades al servicio del blanqueo de las ganancias obtenidas.

El Ministerio Público pretende que el tribunal condene a Broberg a 11 años de cárcel por un delito contra la salud pública “relativo a sustancias que no causan grave daño a la salud [cannabis]” que habría sido cometido “en el seno de una organización” en la que Joakim Broberg desempeñaría las funciones de “jefatura”. Broberg, dice Antidroga en su escrito de acusación, hizo entregas de droga de España a Francia.

Antidroga también le imputa un delito de blanqueo de capitales, por el que solicita una condena de 7 años y otro de cohecho, por el que le pide cuatro. El delito de cohecho responde a los datos que habría obtenido de las bases del Ayuntamiento de Marbella, siendo regidora su madrastra, Ángeles Muñoz. Antidroga solicita la misma pena para el policía municipal que le facilitó los datos, antiguo miembro de la escolta de la alcaldesa del Partido Popular.

La investigación de una organización criminal dedicada a trasladar cannabis desde Andalucía a los países nórdicos condujo a las policías sueca y española hasta Joakim Broberg, hijo del empresario de la construcción en la Costa del Sol Lars Gunnar Broberg, casado desde hace décadas con la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz. La intervención del teléfono de Joakim Broberg deparó en 2019 una sorpresa a los agentes españoles cuando éste celebró con un socio el poder que había revalidado el Partido Popular en Marbella, donde gobierna su madrastra, y el triunfo meses antes de Juan Manuel Moreno Bonilla en las elecciones autonómicas: “Básicamente, tenemos la jodida Andalucía”.

El nombre de Ángeles Muñoz, su cargo, alcaldesa de Marbella, o el apelativo con el que la conoce su entorno, Titi, aparecen mencionados en repetidas ocasiones en el sumario de la causa en la que fueron procesados por narcotráfico y blanqueo su hijastro y su marido. No eran menciones circunstanciales. La Policía propuso en un informe que la presunta utilización del poder de Muñoz por parte de sus familiares investigados se convirtiera en una línea concreta de investigación. Nunca ocurrió. Ni la Fiscalía Antidroga, ni el Juzgado de la Audiencia Nacional apreciaron indicios suficientes.

La causa contra el marido de la alcaldesa, Lars Broberg, decayó debido a su delicado estado de salud. Lars Broberg falleció después, en marzo de 2023. En otra grabación, que su hijo Joakim creía a salvo de la Policía, Lars le dice que no hable por teléfono porque sabe que lo tiene pinchado, evidencia de que el marido de la alcaldesa recibió un chivatazo acerca de que les estaban investigando.

El policía municipal al que Antidroga solicita cuatro años por cohecho declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que obtuvo información de las bases de datos del Ayuntamiento y se las entregó al presunto narcotraficante Joakim Broberg, “bajo las órdenes” de Ángeles Muñoz.

Los audios de Marbella

Cuando elDiario.es reveló el procesamiento de Joakim, la alcaldesa de Marbella quiso exhibir distancia con su hijastro. Los audios incorporados al sumario judicial demuestran el trato familiar y habitual entre ambos. Hasta tal punto que la alcaldesa organizó reuniones entre el acusado de narcotráfico y concejales de su equipo de Gobierno.

El caso de los familiares de Ángeles Muñoz evidenció la existencia de un postgilismo en la política marbellí. La regidora aún no ha dado explicaciones de la petición de un millón de euros a depositar en un banco de Luxemburgo que hizo a un aspirante a comprar la casa de lujo familiar, por la que iba a cobrar finalmente nueve millones. elDiario.es desveló otros episodios opacos en la vida política de Muñoz, como que acumulara 12 millones de euros de patrimonio tras tres décadas dedicada exclusivamente a la política. La reacción de Muñoz fue querellarse contra elDiario.es y sus periodistas.

El juzgado de instrucción 3 de Marbella, que investigaba la licencia concedida por el ayuntamiento a la discoteca Opium, ha decidido archivar las pesquisas tras cerca de un año. El juez Gonzalo Dívar considera que no existe “indicio alguno” de los delitos denunciados por varios vecinos, que llevan años reclamando al consistorio que tome medidas contra el ruido en la zona. El local, que patrocinaba el coche de carreras de uno de los hijos de la alcaldesa, se hizo especialmente famoso cuando el 18 de julio de 2022 se produjo un tiroteo en presencia de Froilán de Marichalar.

Dívar ha tomado declaración como investigados al concejal Félix Romero y los propietarios del establecimiento, pero no a la alcaldesa Ángeles Muñoz (PP), contra quien también se interpuso la querella. Según el juez, “ni siquiera tuvo la más mínima intervención” en la concesión de la licencia de apertura provisional y la autorización de música pregrabada, si bien ambas acabaron siendo revocadas por el ayuntamiento ante las protestas de los vecinos.

El juzgado archiva así una investigación que apuntó inicialmente a Muñoz en un momento en el que ésta ya estaba en el foco por la investigación de la Audiencia Nacional a su marido (ya fallecido) Lars Broberg y su hijastro Joakim Broberg, por su presunta participación en una organización internacional de narcotráfico y blanqueo de capitales.

El juez Dívar ha investigado penalmente en cuatro ocasiones a la alcaldesa, archivando todas ellas. Lo hizo en el caso deslindes, en el que se investigaba la modificación de las lindes entre Marbella y Benahavís, afectando a terrenos propiedad de la familia de la alcaldesa; en el caso PGOU, sobre la presunta falsedad de un acta que permitió la aprobación del PGOU con unas lindes diferentes; y en el “caso altos cargos”, en el que se investigaba una decena de contratos de alta dirección de personas vinculadas al PP. En el caso PGOU, la Audiencia Provincial de Málaga obligó a Dívar a reabrir la investigación, a la que volvió a dar carpetazo meses después.

Ahora, los querellantes están estudiando la resolución con vistas a un posible recurso contra el archivo del caso.

Sin delito de prevaricación

El juzgado debía investigar si se concedió irregularmente una licencia para música al aire libre (ampliando la que Opium tenía para restaurante), si el ayuntamiento evitó investigar las denuncias por el ruido que generaba, y si eso provocó lesiones a los vecinos. En el auto, fechado el pasado 30 de enero, el juez detalla por qué considera que no hay indicios de prevaricación, delito contra el medio ambiente y lesiones.

Respecto a la prevaricación, Dívar recurre al principio de intervención mínima del derecho penal, una doctrina habitualmente aplicada por los juzgados de instrucción para archivar investigaciones por actuaciones administrativas que, aunque puedan ser irregulares, no reviste la suficiente gravedad. En este caso, concluye que “en modo alguno” puede decirse que la concesión de licencia de música al aire libre supone “una contradicción patente y grosera” del ordenamiento, “desbordando la legalidad de un modo evidente, flagrante o clamoroso”.

El juez considera que los técnicos han justificado por qué concedieron la licencia por un periodo superior a cuatro meses y con horarios distintos a los recogidos por el Decreto a priori aplicable, y recuerda que también se admitió en las licencias a otros clubes. En todos estos casos, la concesión de las licencias también generó unas diligencias previas que fueron igualmente archivadas. Sin embargo, el propio juez admite en el auto que el ayuntamiento acabó corrigiendo su criterio, después de que el propio querellante consultara con la Junta de Andalucía cuál era la interpretación correcta de la norma. El juez tampoco admite que haya indicios de que el ayuntamiento fuera pasivo en la tramitación de las denuncias vecinales.

“Ha podido existir una distinta interpretación de criterio respecto a la concesión del tiempo de las autorizaciones para música pregrabada, criterio que con carácter general se seguía en todo el municipio, si bien el mismo fue consultado al competente (la Junta de Andalucía), cambiando de criterio cuando así lo acordó la Junta, siendo rectificado por el Ayuntamiento el criterio inicial”, concluye el juez.

Tampoco habría delito contra el medio ambiente ni lesiones por el ruido

Los vecinos, que durante semanas padecían un calvario en forma de ruido que les impedía dormir y desarrollar su vida con normalidad, denunciaron también a la discoteca por un delito contra el medio ambiente y de lesiones. Opium se encuentra al pie de la nacional 340 (una autovía de dos carriles en cada sentido) del lado de la playa; las casas afectadas están al otro lado de la vía.

El auto utiliza esa situación para poner en duda que el ruido de la discoteca pueda suponer trastorno añadido al que ya supone el ruido del tráfico. Un informe pericial subraya que esa mezcla de ruidos impide obtener un “contraste claro” que permita aislar el emisor. Los informes realizados por los técnicos municipales, que los vecinos siempre pusieron en duda, descartaban que el ruido del local superara el máximo legal.

En cambio, los vecinos habían encargado otro que sí encontró incumplimiento, lo que motivó, según relata el juez, la revocación de la licencia de apertura provisional que se había concedido a Opium. La conclusión del magistrado es que los informes municipales no constataron nunca incumplimiento de la legislación de ruido, y que cuando esto ocurrió el ayuntamiento revocó las licencias, de modo que no habría delito.

Por último, el juez archiva también la investigación por un presunto delito de lesiones, subrayando que sólo “parece haberse producido” “en un solo vecino”, que denuncia que sufre “ansiedad/depresión”. Según el auto, como hay indicio contaminación acústica (una afirmación que parece chocar con el hecho de que el ayuntamiento revocara la autorización), no cabe imputar tampoco que las presuntas lesiones que sufre el querellante se deban al ruido de la discoteca. 

Cada día, miles de personas pasan en Marbella (156.295 habitantes) un reconocimiento facial o ponen su dedo sobre un lector de huellas para fichar en el trabajo. El ayuntamiento marbellí, gobernado por Ángeles Muñoz (PP) recopila desde el año pasado datos biométricos de sus trabajadores, sean funcionarios o contratados, para controlar que cumplen su jornada laboral. En total, hay unos 4.000 empleados públicos en el consistorio.

Después de aplicarlo a la mayoría de las dependencias municipales, este enero ha empezado a hacerlo en la Policía Local, donde está generando resistencia: varios agentes se han negado, y otros que habían prestado consentimiento han solicitado que se cancele el acceso a sus datos. El ayuntamiento les ha denegado la petición, y tampoco parece tener intención de cancelar el sistema, a pesar de que una guía de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) subraya desde noviembre la irregularidad de estos controles salvo que cumplan unos estrictos criterios de necesidad y estén autorizados por una norma con rango de ley.

“Yo me he negado a dar mis datos. Y muchos compañeros no están de acuerdo, porque entendemos que hay normativa que prohíbe el uso tan de datos tan importantes como huella y reconocimiento facial”, explica por teléfono Sergio Ruiz, delegado de en la Policía Local del Sindicato de Empleados Públicos de Marbella (SEPMA). Este sindicato ha denunciado ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía la implantación generalizada del control biométrico, que el ayuntamiento aprobó por Decreto en diciembre de 2022.

En abril de 2023 el Consejo admitió a trámite la denuncia de SEPMA, y se dio un plazo de 18 meses para resolver. Desde entonces, Marbella ha seguido recopilando datos de trabajadores de Urbanismo, Vía Pública, servicios centrales y, ahora, la Policía Local. También ha abierto expedientes disciplinarios a al menos dos trabajadores del servicio de Parques y Jardines que se negaron a facilitar los datos, según ha podido comprobar elDiario.es Andalucía.

El ayuntamiento de Marbella no ha contestado a las preguntas formuladas por este medio.  

Nueva guía de la AEPD

Los datos biométricos entran dentro de la categoría de datos personales protegidos por el artículo 18.4, y el Tribunal Constitucional ha subrayado que el derecho fundamental garantiza que toda persona debe poder controlar el uso y destino de sus datos.

La insistencia del consistorio marbellí parece chocar con la nueva guía sobre “tratamientos de control de presencia mediante sistemas biométricos”, publicada por la AEPD el pasado 23 de noviembre. En ella se fijan los criterios de uso de la tecnología tanto con fines laborales como no laborales. La utilización de datos biométricos supone un tratamiento de categorías especiales de “datos de alto riesgo”, según subraya la agencia pública, que impone límites “estrictos” para tratar estos datos y superar los análisis de “idoneidad, necesidad y proporcionalidad”. La nueva guía pretende adaptar la práctica española a las directrices del Comité Europeo de Protección de Datos, bajo un criterio general de prohibición del tratamiento de estos datos, con excepciones tasadas.

A diferencia de otros países europeos, hasta noviembre el criterio era que el sistema se consideraba válido si se limitaba a casos donde era necesario. Ahora, la AEPD considera que no hay autorización genérica en la legislación española, de modo que para el registro de jornada y control de acceso con fines laborales, “el responsable [de los datos, aquí el ayuntamiento de Marbella] debe contar con una norma con rango de ley que autorice específicamente utilizar datos biométricos para dicha finalidad”, señala la agencia. El consentimiento no puede levantar la prohibición, “al existir un desequilibrio entre la persona a la que se somete al tratamiento y quien lo está llevando a cabo”.

Propuestas de sanción y negativa a cancelar datos

Tras la publicación de la guía, interpretada unánimemente como una restricción al sistema de “fichaje” con datos biométricos en empresas e instituciones, el ayuntamiento no ha variado su plan de acción. Al contrario, acaba de extender el sistema a la Policía Local. A mediados de diciembre, el Intendente Jefe dirigió una instrucción a toda la plantilla convocándola a la toma de datos biométricos. Y el 29 de diciembre avisó de que a partir del 1 de enero se implantaría el sistema de control horario.

Según SEPMA, quienes se niegan a pasar por el aro están siendo presionados. El verano pasado, el ayuntamiento abrió expediente al menos a dos trabajadores adscritos al servicio de Parques y Jardines por negarse a fichar “mediante los medios habilitados por el Ayuntamiento”. Les acusó de negarse a realizar la biometría facial. Ambos reclamaban seguir fichando mediante el sistema de firmas, pero les informaron de que ya no estaba vigente. Y aunque aportaron la hoja de firmas, la instructora consideró que estaban “evadiendo” los sistemas de control horarios y les imputó una falta grave, según los pliegos de cargos a los que ha accedido este medio. Se enfrentan a una posible suspensión de empleo y sueldo de hasta tres años. El ayuntamiento no ha aclarado si ha resuelto el expediente.

El acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos son derechos esenciales y recogidos por la norma municipal que regula el registro. Sin embargo, el consistorio marbellí desestimado en al menos una ocasión la solicitud de supresión de datos biométricos instada por un agente de Policía. En esa resolución, el ayuntamiento razona que cumple una de las excepciones a la prohibición general, ya que el reconocimiento facial o dactilar sería “necesario” para hacer cumplir los horarios.

Sanciones de la AEPD y renuncias en otras instituciones

La insistencia del ayuntamiento marbellí en mantener el sistema contrasta con las adaptaciones o renuncias de otras instituciones. José Luis Gutiérrez, secretario general de SEPMA, explica que el ayuntamiento de la vecina Estepona desistió de su propósito tras una reunión que mantuvo con el alcalde José María García Urbano (PP). En la Diputación de Sevilla se va a dejar de usar en las próximas semanas “por la nueva guía”. “Lo dejamos de usar por la nueva guía. Los criterios que aporta ahora la AEPD rompían con la opinión mantenida hasta el momento, y limitan el uso para fines de control horario”, explican fuentes de la administración provincial. Allí implantaron simultáneamente la huella dactilar y la tarjeta de proximidad, que será el único método a partir del 16 de febrero. 

El pasado agosto (antes, por tanto, de la nueva guía), la AEPD obligó a la Diputación de Cuenca a suspender el control por huella dactilar al menos hasta que realizara una evaluación del impacto que tome en cuenta “los riesgos para los derechos y libertades de los empleados”. Esa evaluación de impacto no se ha hecho en Marbella. “Siempre terminan obligando a que se elimine”, advierte Gutiérrez, que lamenta que la denuncia ante el Consejo de Transparencia tarde tanto tiempo en resolverse. El sindicato está participando también en una queja conjunta ante el Defensor del Pueblo, en la que van a participar al menos siete agentes. 

La política de recursos humanos en el ayuntamiento de Marbella hace tiempo que está en cuestión. Este medio ha contado que se han destinado fondos europeos a contratos en fraude de ley, que cargó 50.000 horas extra en un mes (con algunos empleados del área de Limpieza cargando 721 horas, más de las que tiene el mes) o que los tribunales obligaron al consistorio a hacer indefinidos a cientos de trabajadores tras contratarlos en fraude de ley para tareas ordinarias. Un juzgado de instrucción abrió diligencias de investigación por el presunto enchufismo en Limpieza (luego archivadas) y ha habido al menos un caso de “traje a medida”, declarado así por sentencia judicial.

Igual que en el anterior mandato, el concejal responsable de Recursos Humanos es José Eduardo Díaz, que también controla las áreas de Urbanismo, Industria, Vía Pública y Seguridad Ciudadana. Es, por tanto, responsable directo de la Policía Local. Díaz es un concejal muy próximo a Muñoz. También era de confianza para el hijastro de Muñoz Joakim Broberg, procesado por narcotráfico y blanqueo de capitales por la Audiencia Nacional. Tal y como desveló elDiario.es, Broberg recurrió a Díaz para ofrecerle un posible adjudicatario de un local, en una llamada intervenida por la Policía que consta en el sumario. El concejal le dice que no puede hacer nada porque no tiene competencias, pero promete cuidarle. “Me cuidas, eh”, le dice Broberg a Díaz. “Eso siempre”, responde él. Díaz también aparece mencionado en un correo en el que un exdirector de un medio de comunicación narra a Muñoz que Díaz y otra concejala habían pagado publicidad en su medio con facturas falsas. 

La Fiscalía cree que el Ayuntamiento de Marbella se guió por un criterio de “oportunidad política” para no entregar a la oposición los expedientes y contratos públicos con Codecosol, una empresa presuntamente usada por la trama de narcotráfico y blanqueo que implica a familiares de la alcaldesa Ángeles Muñoz. Los expedientes aparecieron tras las elecciones del 28 de mayo y se aportaron en septiembre, diez meses después de que los socialistas empezasen a pedirlos. Según el fiscal, el consistorio no aportó los contratos al PSOE porque no le convenía electoralmente, y no porque fuesen muy difíciles de encontrar.

De esta forma, el fiscal no se opone a la apelación de los socialistas contra la sentencia que aceptó las explicaciones del consistorio. En un escrito adelantado por Marbella24h al que también ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía insiste en que el ayuntamiento de Marbella vulneró el derecho fundamental a la participación política de los concejales de la oposición, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, y lo hizo por razones de mera conveniencia electoral. La Audiencia Provincial de Málaga aún debe resolver el recurso de apelación del PSOE.

“Más que una verdadera dificultad en la búsqueda de la documentación solicitada”, dice el fiscal, lo que el Ayuntamiento ha puesto de manifiesto es la “falta de voluntad” para facilitar a la oposición “documentos que puedan ser utilizados en la contienda política, en fechas próximas a una campaña electoral”. El objetivo es evidente, según el fiscal: “Evitar la fiscalización de la actividad del Ayuntamiento por parte de los grupos de la oposición”.

“Una cuestión de oportunidad política”

El fiscal se opone así a la decisión del juzgado contencioso-administrativo 1 de Málaga, que desestimó la demanda del PSOE por entender que la demora de diez meses en localizar los contratos con Codecosol no fue “excesiva y desproporcionada”. La jueza tenía en cuenta que se trata de un “Ayuntamiento de gran volumen de actividad y que no se encontraba digitalizado”, y no veía qué perjuicio pudo causar a los socialistas el retraso en recibir la documentación a la que tenían derecho.

El PSOE recurrió esta sentencia a la Audiencia Provincial de Málaga, insistiendo en la tesis de que el retraso fue deliberado. “Es imposible que una administración moderna pueda necesitar diez meses para localizar cualquier expediente”, se lee en su recurso de apelación. “La digitalización es un fenómeno relativamente reciente, pero los archivos existen desde hace milenios, y siempre han existido índices y numeraciones que han permitido localizar legajos o expedientes con relativa facilidad”. Una administración saturada de cajas y legajos sin orden provocaría el caos diario: “Sería un escándalo que habría llegado incluso a los medios de comunicación”. Y eso no ha ocurrido porque los expedientes en Marbella se localizan con facilidad. Todos, menos los de Codecosol.

En su día, el Ministerio Público ya había pedido la condena del Ayuntamiento. Ahora, se suma a la hipótesis del retraso deliberado subrayando que la documentación solicitada por el PSOE no era genérica o indeterminada (lo que podría explicar cierta demora), y que el Consistorio no debería poder “escudarse” en su volumen ni en su “aparente desorganización” para “evitar cumplir” con la obligación legal que “le incumbe”, “cuando además los citados documentos podrían tener relación con la actividad del marido de la alcaldesa”.

“La entrega al demandante de los documentos diez meses después de su solicitud, mediando unas elecciones municipales y una campaña electoral, evidencia que no existía ningún impedimento para la entrega de los documentos en el momento solicitado sino una cuestión de oportunidad política que nada tiene que ver ni con la carencia de medios personales o materiales ni con el volumen de la documentación solicitada”.

Adjudicaciones por 1,3 millones de euros

Codecosol es una empresa constituida en marzo de 2010 por Nils Fischer, quien se convirtió en poco tiempo en “uno de los principales contratistas del Gobierno local” de Marbella, tal y como él mismo presumía en su LinkedIn. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón cree que Fischer era un “testaferro” de la trama criminal presuntamente liderada por Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa Ángeles Muñoz. En una grabación interceptada por la Policía, Broberg se jactaba de tener el control de Marbella, Estepona y la “jodida Andalucía”. Ambos están procesados como presuntos integrantes de una trama internacional de narcotráfico y blanqueo de capitales.

La entrega de los expedientes y contratos entre el Ayuntamiento de Marbella y Codecosol, tres meses después de las elecciones, aportó información que demuestra que el vínculo que los unía era más amplio y duradero de lo que se creía hasta entonces.

Tal y como desveló este medio hace poco más de un mes, la relación del Consistorio con Codecosol empezó apenas once meses después de que se creara, cuando ni siquiera tenía bagaje comercial, y se extendió desde 2011 a 2015 en veinte contratos de obras municipales. En total, la veintena de contratos tienen un valor de 1.383.945 euros. Esa cifra es más del doble de la suma de las cinco adjudicaciones que se conocían hasta entonces, y que habían sido desveladas por elDiario.es el pasado otoño.

17 de ellos fueron contratos menores, de modo que fueron adjudicados sin concurso (a dedo) y más difíciles de rastrear. En la mayoría de los casos no superaban los límites de la contratación menor por una exigua cuantía, apenas un 1, un 2 o un 3%. Así, una decena se quedaron a 2.500 euros o menos de superar ese límite. En ninguno de los expedientes se explica por qué se contrataba con esta empresa y no con cualquier otra.

La investigación en la Audiencia Nacional a su difunto marido Lars y su hijastro Joakim, así como las revelaciones periodísticas de este y otros medios, pusieron a Ángeles Muñoz al filo de la defenestración política. Durante meses, el líder del PP andaluz Juan Manuel Moreno no se vio públicamente con ella, y el partido llegó a encargar una encuesta para medir su desgaste electoral. Finalmente fue ratificada y ganó las elecciones el pasado 28 de mayo, manteniendo el número de votos y concejales (14 sobre 27). 

Una jueza de Málaga ha rechazado condenar al ayuntamiento de Marbella por tardar casi un año en entregar a la oposición los contratos de obra adjudicados a una empresa de la trama de narcotráfico y blanqueo integrada, presuntamente, por el hijastro de la alcaldesa. La jueza ha aceptado la explicación del consistorio, que alegaba que la dilación se debió a la dificultad de encontrar los expedientes, que datan del periodo 2011-2015, y solo existían en formato papel.

Después de pedir la documentación por escrito en noviembre de 2022 y no recibirla, el PSOE denunció al ayuntamiento de Marbella por entender que estaba obstaculizando deliberadamente su derecho a recabar información municipal y a la participación política. La Fiscalía se había sumado a la petición de condena, al entender que se estaba vulnerando un derecho fundamental de los concejales amparado por el artículo 23.2 de la Constitución. El ayuntamiento acabó entregando los contratos a mediados de septiembre de 2023, más de diez meses después de recibir la primera solicitud.

Ahora, la jueza señala que no termina de ver que el retraso haya perjudicado a la oposición. Los socialistas denuncian que el ayuntamiento de Marbella ha evitado entregarles los contratos antes de las elecciones. Según su interpretación, el PP manejó los tiempos y esperó a que amainara el temporal político en torno a la alcaldesa, con vínculos familiares con personas procesadas por narcotráfico y blanqueo de capitales, cuyas empresas precisamente se beneficiaron de contrataciones municipales a dedo. 

Del cotejo de los documentos que finalmente se han entregado se deduce que el ayuntamiento de Marbella adjudicó muchas más obras de las que se suponía a Construcciones y Demoliciones Costa del Sol (Codecosol), una empresa constituida en febrero de 2010 por Nils Fischer. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón atribuye a Fischer, Codecosol y otras empresas suyas un relevante papel en el presunto blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. En total, el consistorio le adjudicó 1.383.945 euros, la mayoría (840.000 euros) en 17 contratos menores desconocidos hasta ahora.

La sentencia data del pasado 31 de octubre, no es firme, y fuentes del PSOE en Marbella anuncian que la recurrirán.

Diez meses para buscar entre 4.000 expedientes

El juzgado contencioso-administrativo 1 de Málaga debía dilucidar si la tardanza vulneró los derechos de los concejales de la oposición (con rango de derecho fundamental) o si, por el contrario, estaba justificada. La jueza señala que la información debe entregarse a la oposición “con premura y sin tardanza”, en un tiempo “razonable sin incurrir en una tardanza injustificada”. Pero a continuación advierte de que hay que tener en cuenta el contenido o los medios que tiene la administración para determinar qué plazo de entrega es razonable.

En su día, el ayuntamiento contestó por escrito a los socialistas que la búsqueda estaba siendo “más compleja de lo esperado”, ya que desde 2007 se había tramitado un “número ingente” de expedientes, y la mayoría estaban sin informatizar y en “diferentes archivos municipales”. En esa respuesta, fechada el 22 de noviembre de 2022, la jefa del servicio solicitaba un “plazo oportuno” para “realizar la búsqueda y hallazgo concreto y fidedigno” y “evitar aportar documentación incompleta y sesgada” al PSOE.

La jueza acepta las explicaciones del consistorio, recordando que la solicitud no estaba vinculada a un plazo y se refería a hechos que ya estaba investigando la Audiencia Nacional. De esta forma, concluye que el plazo de entrega (diez meses) no es “excesivo y desproporcionado”, teniendo en cuenta que los expedientes solicitados abarcaban 15 años (de 2007 en adelante) en un “Ayuntamiento de gran volumen de actividad y que no se encontraba digitalizado”.

Según alegó el ayuntamiento de Marbella, había más de 4.000 expedientes de contratos menores sin digitalizar en diversas dependencias. Sólo tras este caso, el ayuntamiento habría contratado la mudanza de los archivos y la digitalización de los expedientes. Unas 3.800 personas trabajan para el ayuntamiento de Marbella.

Contratos por 1,38 millones, más del doble de lo que se suponía

“Se puede concluir que no ha existido una dilación imputable a la Administración con relevancia capaz de vulnerar el derecho fundamental”, dice la jueza, que tampoco cree que la demora haya lesionado de forma efectiva el derecho de participación política de los socialistas.

Cuando solicitaron los contratos de Codecosol, la situación política de Ángeles Muñoz era extremadamente delicada. Juan Manuel Moreno evitaba la foto con ella y el PP llegó a encargar una encuesta para medir su “desgaste”. Hasta mediados de diciembre no se confirmó que repetiría como candidata, y en mayo repitió victoria, con los mismos concejales: 14.

Tres meses después, el ayuntamiento acabó entregando todos los contratos con Codecosol, de donde se concluye que no eran cinco contratos por 642.000 euros (como se conocía desde que elDiario.es lo desvelase), sino 1.380.000 en veinte contratos, la mayoría menores. 

La veintena de contratos adjudicados en cuatro años por el Ayuntamiento de Marbella a Construcciones y Demoliciones de la Costa del Sol (Codecosol), una empresa usada presuntamente como tapadera de la trama de narcotráfico liderada por el hijastro de la alcaldesa de Marbella, suman 1.383.945 euros, más del doble de lo que se conocía hasta hace apenas una semana.

Todos los contratos corresponden a obras municipales, fueron suscritos durante el segundo mandato de Ángeles Muñoz como alcaldesa de Marbella (2011 a 2015), y la inmensa mayoría son menores: es decir, tienen una cuantía inferior a 60.000 euros (IVA incluido) y por eso pudieron adjudicarse de forma directa sin mediar concurso público. En total, son 17 contratos adjudicados de esta forma por un total de 840.000 euros, según ha podido acreditar este medio.

Codecosol es una empresa constituida en marzo de 2010 por Nils Fischer, quien se convirtió en poco tiempo en “uno de los principales contratistas del Gobierno local” de Marbella, tal y como él mismo presumía en su LinkedIn. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón cree que era un “testaferro” de Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa Ángeles Muñoz. Ambos están procesados como presuntos integrantes de una trama internacional de narcotráfico y blanqueo de capitales.

La primera adjudicación, menos de un año después de crearse

La relación comercial entre el consistorio marbellí y Codecosol arranca poco después del nacimiento de la empresa. Codecosol se inscribió como sociedad limitada unipersonal (con Nils Fischer como socio único) el 16 de febrero de 2010, y apenas necesitó 11 meses para lograr la primera de sus adjudicaciones públicas, por un importe de 250.000 euros.

Ese primer contrato se suscribió en enero de 2011 para la rehabilitación de los pavimentos dañados por la “climatología adversa”, por un importe de 250.000 euros procedentes del Plan Proteja de la Junta de Andalucía. La rehabilitación del Auditorio Municipal, en 2013, costó 135.000 euros inicialmente, más 15.000 euros en mejoras. Y la adecuación de un local de la Policía para la expedición del DNI, otros 143.000 euros. Estas tres obras se adjudicaron en procedimientos negociados con publicidad.

Apenas un mes después de lograr la adjudicación del Plan Proteja, Codecosol logró sus dos primeros contratos menores, ya por designación directa: la instalación de unas pistas deportivas en la avenida José Manuel Vallés y la sustitución del acerado de la calle Istán. Sumaban 58.700 euros. Ambas contrataciones fueron aprobadas por decreto de la propia alcaldesa.

A partir de ahí, el consistorio adjudicó a Codecosol una docena larga de contratos menores hasta 2015, casi siempre englobados en los “Planes de Barrios”, con los que se pretendía “revitalizar” los barrios. Las obras contratadas con Codecosol tenían la finalidad de reparar y mejorar el acerado, la accesibilidad a determinadas vías del municipio o la reforma de algunas ubicaciones.

Los expedientes, que el PSOE ha reclamado al Ayuntamiento durante diez meses, son en total 17 contratos menores y tres mayores. Sobre cinco de ellos ya informó hace un año elDiario.es. Sumaban una cifra de negocio total de 642.000 euros. Ahora, con la nueva documentación en la mano, la cifra se duplica con creces.

Una decena larga de contratos bordean la cuantía límite

Aunque la mayoría de los contratos menores se sufragaban con recursos propios del Ayuntamiento, algunos contaron también con subvenciones de la Junta de Andalucía o de la Diputación Provincial de Málaga.

Es el caso de la obra en Avenida de Los Girasoles, que recibió de urgencia una subvención del ente supramunicipal malagueño. Para justificar la urgencia y evitar concurrir a una convocatoria pública de subvenciones, el consistorio alegó “razones de interés público”, como que la acera tenía “mala accesibilidad” y barreras arquitectónicas que habían provocado ya “graves accidentes”. En este caso, la urgencia motivó que el acuerdo de gasto no fuera examinado por el secretario, el interventor ni la asesoría jurídica, según consta en el expediente.

Casi todos los contratos menores fueron suscritos por el entonces concejal delegado de Obras, Francisco Javier García. Y en casi todos los casos no llegaban a superar los límites de la contratación menor por una exigua cuantía, apenas un 1, un 2 o un 3%. Así, una decena se quedaron a 2.500 euros o menos de superar ese límite. En ninguno de los expedientes se explica por qué se contrataba con esta empresa y no con cualquier otra. 

El último de los expedientes es de 2015. Tras las elecciones de mayo de ese año comenzaron a gobernar los socialistas, y la contratación con Codecosol se corta y aparentemente no se reanuda con la vuelta del PP al equipo de gobierno, tras la moción de censura articulada por Muñoz y Opción Sanpedreña en agosto de 2017.

De hecho, a finales de 2017 el fiscal Julio Martínez Carazo abrió una investigación sobre algunos de estos contratos, pero las diligencias fueron archivadas. La adjudicación de obras a Codecosol volvió a aflorar cuando elDiario.es desveló que la Audiencia Nacional investigaba a Lars Broberg (marido de la alcaldesa, ya fallecido), Joakim Broberg (hijastro) y Nils Fischer, entre otros, por integrar una organización criminal dedicada al narcotráfico y el blanqueo de capitales. Los socialistas reclamaron entonces todos los expedientes municipales con Codecosol, pero el Ayuntamiento alegó que era muy difícil encontrarlos.

El PSOE pidió amparo a los tribunales, y el consistorio acabó entregándoselos a finales del pasado mes de septiembre, diez meses después de registrar la primera solicitud. Por este retraso, el fiscal ha pedido que se condene al Ayuntamiento de Marbella por vulnerar el derecho fundamental de la oposición a acceder a la información municipal.

La Fiscalía de Marbella ha asumido la investigación para aclarar si la alcaldesa Ángeles Muñoz cometió un delito de desobediencia al negarse a demoler una edificación sobre la que pesa orden de demolición judicial firme desde noviembre de 2020.

Desde entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reiterado en múltiples ocasiones al consistorio la obligatoriedad de cumplir con la orden, que tiene su origen en una sentencia de 2009 que declara la nulidad de la licencia de obras. Finalmente, el TSJA constató que la voluntad de colaboración del ayuntamiento era “sencillamente nula”. Tal y como informó en exclusiva elDiario.es Andalucía el pasado abril, los magistrados multaron con 1.000 euros a la propia Ángeles Muñoz, como máxima responsable del municipio, y pidieron a la Fiscalía que estudiase si su actitud podía constituir un delito de desobediencia.

Hasta ahora, la investigación había recaído en la Fiscalía del Tribunal Supremo, puesto que hasta mayo Ángeles Muñoz era senadora y, por tanto, aforada. Pero una vez que Muñoz ha dejado de ser senadora, las diligencias recaen de la Fiscalía del Tribunal Supremo a Marbella, donde el fiscal Julio Martínez Carazo ha incoado diligencias de investigación preprocesal, según consta en un escrito fechado el pasado 3 de octubre, adelantado por Marbella Confidencial, al que ha tenido acceso este medio.

Con los indicios ya existentes, más otros que pueda recabar, el fiscal debe decidir si presenta una querella contra Ángeles Muñoz o archiva las diligencias. En el expediente que tiene ya debería constar toda la documentación judicial del caso, pues el propio TSJA dio orden para que se remitiera. De hecho, antes de enviar el asunto a la Fiscalía del Tribunal Supremo, el propio fiscal jefe de Málaga, Juan Calvo-Rubio, firmó un decreto el 20 de marzo de 2023 en el que, “tras el estudio de la numerosa documentación remitida”, señalaba que “ha podido concretarse los hechos denunciados, que ciertamente podrían ser constitutivos de delito del art. 410 o 556 ambos del CP”, “al parecer” cometidos por la alcaldesa.

Penas de inhabilitación

De prosperar esta investigación, Muñoz podría afrontar una inhabilitación para ejercer como cargo público. El Código Penal castiga a los funcionarios o autoridades que se nieguen “abiertamente” a cumplir las resoluciones judiciales con multas de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años. Para quienes se resistan o desobedezcan gravemente a la autoridad, la pena de prisión va de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses.

Esta investigación se suma a otras que podrían afectar a la alcaldesa, como la derivada de una querella de vecinos afectados durante años por el ruido de la discoteca Opium, por presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y lesiones. El juzgado de instrucción 3 de Marbella investiga la concesión de la licencia, y ha llamado a declarar como investigados a tres de los cuatro querellados, incluyendo el concejal Félix Romero. Todos, menos Muñoz.

Otro juzgado, en este caso del orden contencioso-administrativo, debe determinar si, tal y como cree el fiscal, el Ayuntamiento vulneró el derecho fundamental de los concejales de la oposición al no entregarles en diez meses los expedientes de contratación pública con Codecosol, una empresa que habría sido una tapadera de la trama de narcotráfico y blanqueo liderada por el hijastro de la alcaldesa, según cree el juez Manuel García Castellón.

Una licencia de la época de Gil declarada nula en 2009

El caso de presunta desobediencia que ahora investiga el fiscal tiene origen en una licencia de obras concedida en 1998 (bajo gobierno de Jesús Gil) para construir una vivienda, en la urbanización de Artola, en una superficie destinada a equipamiento comunitario. Un juzgado declaró nula la licencia en 2009, y otro juez de lo penal llegó a condenar a Julián Muñoz y otros cuatro concejales por prevaricación. Sin embargo, la edificación no se ha demolido, igual que al menos 600 que siguen en situación irregular.

El Ayuntamiento alega que se trata de una situación “compleja” y “heredada”, a la que debe aplicarse la “mediación judicial” y medidas alternativas que sustituyan la demolición. Por ejemplo, legalizando o incorporando los inmuebles al dominio público. Sin embargo, en este caso, el TSJA ya ha denegado expresamente esa posibilidad. En marzo, el Ayuntamiento aseguró a este medio que ha planteado un “incidente de imposibilidad material de ejecución” de la demolición.

El consistorio argumenta que el coste social y económico de restituir la legalidad de cientos de edificios es “inasumible”. En un informe de septiembre de 2021, la asesoría jurídica cifraba en 246 millones de euros los costes de demolición asociados a ocho procedimientos judiciales que instan a la demolición de diversos edificios ilegales.

Cientos de construcciones irregulares

Desde que llegó al Consistorio, Muñoz hizo bandera de la legalización de estas construcciones, algunas tan emblemáticas como las cuatro gasolineras en zonas verdes o de equipamiento público, el Hotel Guadalpín, el Edificio Belmonsa o La Gaviota, la casa marbellí de Antonio Banderas. De hecho, hubo una legalización transitoria operada por el PGOU, hasta que este fue declarado nulo en 2015 por el Tribunal Supremo, precisamente por sanar las irregularidades urbanísticas a través del planeamiento municipal.

En cientos de casos, nadie se preocupa por el restablecimiento de la legalidad. Pero en otros, particulares afectados por las edificaciones ilegales han seguido reclamando a los tribunales el cumplimiento de las sentencias. Es el caso de Artola. El propio TSJA ordenó la demolición en noviembre de 2020, volvió a dar un plazo de tres meses en junio de 2021 (personalizando en la alcaldesa) y, un año después (junio de 2022) comprobó que el consistorio no había hecho nada.

De ahí que los magistrados concluyeran que “la colaboración de la Administración municipal para dar cumplimiento a la orden de demolición” es, “sencillamente, nula”, y pidieran a la Fiscalía que investigase el posible delito de desobediencia. Más de un año después, esa investigación vuelve a Marbella. 

“Aquel día, salí con un palo y les dije que como pusieran otro ladrillo les daba en la cabeza. Y entonces me dijo un policía:

-  Señora, que la llevamos a la cárcel.

-  Vale, pero entonces yo salgo con un cartel diciendo por qué: ¡Me habéis construido una casa en lo alto!“.

De todas las tropelías urbanísticas cometidas en Marbella en los años del GIL, probablemente ninguna sea tan famosa como la que aún sufre una mujer a la que le cuesta subir las escaleras a la azotea, pero mantiene el verbo afilado. A Carmen Suárez, que hoy tiene 89 años, le brota rápido la efeméride: este año se cumplen 25, un cuarto de siglo, desde que una promotora, con el visto bueno del Ayuntamiento, colocó delante de su casa, que antes fue la huerta de su suegra, una mole blanquiazul.

Delante significa a 80 centímetros de su azotea: si alarga el brazo, le falta un pelo para agarrar la maceta de su vecino. Pudo ser peor, porque los obreros tuvieron que retirar dos “panzas” de las terrazas más cercanas, que hubiesen acercado el edificio a menos de medio metro. Aquel fue el día en que Carmen subió a la azotea con un palo para espantar obreros.

La mujer aclara que ella violenta no es, pero las cosas tienen un límite y ella tenía que marcarlo: el edificio que levantó Belmonsa (conocido como Torre Marina) invadió zona verde y viario público, y se alza en doce alturas cuando los planes urbanísticos preveían dos. ¿Qué podía hacer ella si el encargado de hacer cumplir la ley no solo no lo hacía, sino que amparaba con descaro al infractor? Intentó defender lo poco que tenía: un mínimo de espacio, algo de luz, un respiro.

Tres pisos y un local para el municipio

El suyo es uno de la decena de los desmanes urbanísticos del urbanismo gilista teóricamente resueltos hace más de una década por sentencias judiciales que declaran la nulidad de la licencia de obras. En el caso Belmonsa, además, hubo sentencia penal en la que se condenó a, entre otros, Julián Muñoz, el exasesor Juan Antonio Roca o el abogado José Luis Sierra, por prevaricación urbanística en la concesión.

A cambio de conceder la licencia, el Ayuntamiento se quedó con tres pisos y un local, que vendió en subasta pública por 261.000 euros en total. Hoy, alguna vivienda del edificio se vende por unos 500.000 euros y no es extraño que las compraventas se dejen sin escriturar, para esquivar las anotaciones registrales. Llegado el caso, de esa forma el comprador puede alegar que es de buena fe, a pesar de que todo el mundo conozca el Caso Belmonsa.

Desde 2007, el Consistorio no ha hecho nada por restablecer la legalidad. Al contrario, ha gastado grandes sumas de dinero en despachos externos que pelean ante los tribunales por mantener las cosas en la ilegalidad en la que están. Ahora, alega que Marbella tendría que compensar a cientos de particulares e iría a la ruina, por lo que es imposible ejecutar esta y otras sentencias similares. En el edificio Torre Marina hay 122 viviendas. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya ha impuesto una multa a la alcaldesa Ángeles Muñoz por ignorar una orden de demolición en un caso similar, y ha pedido a Fiscalía que investigue si se está cometiendo un delito de desobediencia.

“A mi marido esto lo mató”

Carmen conserva en la memoria el pasado de su casa, y donde no llega, apunta a una foto en la que se adivina la vieja vivienda de sus suegros, el río que luego embovedaron (tomando una parte del terreno familiar “sin darles ni un papel”) y la vereda por la que bajaban a la playa las “civilas” del cercano cuartel. La vista al mar se la quitó Belmonsa, y hasta sin luz la dejaron. A la mujer se le ensombrece hasta el rostro: “A mediados de septiembre se va el sol y ya no vuelve hasta mayo. Yo veía la playa desde mi ventana...”.

Cuenta la mujer que antes de empezar a construir, la promotora la llamó: diez millones de pesetas, un piso en el nuevo edificio y un alquiler, entretanto, a cambio de su casa. Pero a ella aquel trato no le gustaba. No se fiaba de que la promotora cumpliera su parte. Entonces, Belmonsa construyó sobre lo que antes era una avenida y en zona verde. Doce plantas a menos de un metro de su casa.

El atropello estaba tan claro que un abogado le dijo que no se preocupara: estaba ganado. “Pero luego se echó atrás”. Y aunque consiguió parar la obra, fueron apenas dos días. “Encima le dijeron a mi hijo que íbamos a pagar los dos días que pararon”. Aquella maquinaria de constructoras, técnicos municipales y políticos estaba bien engrasada a base de mordidas.

Carmen no ha olvidado aquellos días, con su marido ya gravemente enfermo, y la habitación cerrada para que no entrase el polvo y el ruido. “A mi marido esto lo mató. Le dio por pensar, y duró tres meses. Te puedes imaginar: un marido muriendo, y no poder ni ir al patio o la azotea. Yo no me atrevía a salir, porque ni red de seguridad habían puesto”, relata.

Después ha tenido que sufrir a más de un vecino. “Antes echaban el huesecito de las guindas o el bote del yogur, y una vez espurrearon aceite y pipas”, asegura. La última enganchada la tuvo después de la lluvia de barro de la pasada primavera, cuando una empresa especializada limpió la fachada del edificio ilegal poniendo perdida su terraza. Amenazó con denunciar a la Policía, y pronto regresaron a arreglar el estropicio.  

Sin compensación

En estos años, Suárez ha recibido la visita de decenas de periodistas –su caso fue recogido en la serie 'Playa Burbuja' de Datadista–, pero ninguna disculpa de los políticos que autorizaron aquello primero, y lo han tolerado después. El pasado jueves le dijeron que alguien del Ayuntamiento quería verla. Hasta ahora, el Consistorio ha hecho todo lo posible por no compensar a la mujer por el perjuicio del atropello urbanístico que sufrió.

Su única herramienta ha sido el derecho al pataleo. Conserva en un cajón decenas de recortes de prensa dando cuenta de sus denuncias. En un Pleno se coló, y cuando “el señor Gil” dejó de hablar le preguntó si no le daba vergüenza. “Una palmera, a la que pagaba, me mandó a la mierda”. Otra vez llamó a la televisión para replicar en directo a José Luis Sierra, el abogado de Gil, que estaba diciendo que habían aparecido dos papeles: uno demostraría que aquello era suelo urbanizable, y otro que era zona verde. “¿No hay otro que diga que es zona robada?”.

En los tribunales, encontró al fin a una abogada, Inmaculada Gálvez, que sostuvo el pulso durante casi 15 años sin rendirse: a pesar de chocar una y otra vez contra el Consistorio y sus estrategias (el silencio, el intento de “legalización” del PGOU de 2010, decenas de escritos y recursos para demorar la ejecución de las resoluciones) no ha dejado prescribir las sentencias que le dan la razón.

“Ha costado muchas lágrimas”

Cuando se le pregunta, en general, por aquellos tiempos de urbanismo salvaje, la mujer aparta su mirada del edificio que le robó la luz, y gira a la derecha para apuntar a Parquesol. Estaba previsto que fuera una parada de autobús. “Pero dijeron que no había espacio y que iría un jardín. Y al final pusieron el edificio”.

En 2007, se contabilizaron 1.006 licencias “no ajustadas a planeamiento”, con toda la panoplia posible de irregularidades: excesos de edificabilidad, construcción en zonas de uso público, autorización en zonas no urbanizables…. Apenas se ha corregido alguna poco significativa. El resto sigue al margen de la ley, entre ellas una decena de edificios declarados ilegales por sentencia judicial ya firme. Particulares o comunidades de propietarios están pidiendo la demolición o, al menos, una solución alternativa. El Ayuntamiento de Marbella le está diciendo a los tribunales que no pueden cumplir, porque tendría que tirar abajo 600 viviendas y podría generar una “crisis social”.  

Carmen, y todos, saben que el edificio que le plantaron frente a su ventana seguirá ensombreciendo su casa de septiembre a mayo. Pero pide al menos que alguien le reconozca que en 1998 se cometió un atropello y en los 25 años siguientes todos miraron a otro lado. “Yo empecé esto con 64 años y tengo 89. Los juicios ya me dan igual. La madre de mi suegra compró la huerta a una compañía inglesa, y cada alcalde ha ido cogiendo un cachito del huerto. Yo llevo aquí más de 70 años. La casa no se vende. Ya pueden traer lo que traigan, que ha costado muchas lágrimas e irritaciones”.  

En Marbella hay cientos de edificios cuya licencia de obra fue anulada hace quince años. Los edificios se sostienen sobre un inexistente andamiaje administrativo pero ahí siguen, paradójicamente cada vez más firmes porque el ayuntamiento (ahora gobernado por Ángeles Muñoz -PP-) no parece por la labor de asumir el coste de enviar la piqueta o, al menos, plantear una alternativa que cumpla con la legalidad.

La casuística es variada, desde grandes complejos hoteleros a chalés, pasando por edificios de viviendas o gasolineras. También es amplio el surtido de irregularidades (exceso de edificabilidad, construcción en zonas destinadas a uso público, autorización en zonas no urbanizables...), lo que provoca que cada una pueda tener una solución diferente. Pero tienen el denominador común de que son edificaciones de los días de esplendor de Jesús Gil, cuando cumplir la ley no era requisito imprescindible de las obras que se hacían en el pueblo.

Después de más de 15 años sin que ningún gobierno municipal (en manos del PP de 2007 a 2015 y de 2017 a 2023, y del PSOE de 2015 a 2017) haya solucionado un problema efectivamente “heredado”, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) parece haber dicho “basta”, al menos en los casos en los que ha intervenido dictando sentencia y orden de demolición.

Licencias no ajustadas al Planeamiento en Marbella entre 1991 y 2006

N

2 km

Edificios demasiado grandes

Edificios privados en terrenos destinados a uso público

Edificios autorizados en suelo con destino pendiente de determinar

Edificaciones en suelo no urbanizable

Otro tipo de licencias no ajustadas al planeamiento

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: PGOU MARBELLA

Licencias no ajustadas al Planeamiento

en Marbella entre 1991 y 2006

N

2 km

Edificios demasiado grandes

Edificios privados en terrenos destinados a uso público

Edificios autorizados en suelo con destino pendiente de determinar

Edificaciones en suelo no urbanizable

Otro tipo de licencias no ajustadas al planeamiento

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: PGOU MARBELLA

Tal y como desveló elDiario.es, el TSJA ya ha multado a la alcaldesa Ángeles Muñoz por no demoler una vivienda ubicada en zona de equipamiento comunitario en la urbanización Artola. También ha pedido a la Fiscalía que la investigue por un presunto delito de desobediencia, después de constatar la “nula” colaboración del ayuntamiento en el cumplimiento de sus resoluciones.

El ayuntamiento: generaría una “crisis social”

No es un caso único. Hay al menos una decena de situaciones similares: edificaciones cuyas licencias ya han sido declaradas nulas por sentencia firme, en relación a las cuales particulares o comunidades de propietarios afectados por la ilegalidad están pidiendo a los tribunales que ordenen al ayuntamiento que las demuela de una vez. En estos casos, habría unas 600 viviendas bajo la amenaza de demolición, según el ayuntamiento.  

Entre las edificaciones con licencia total o parcialmente nula hay algunas emblemáticas de los desmanes del urbanismo gilista. Por ejemplo, Belmonsa. Un gigante de 12 plantas construido de forma ilegal en suelo destinado a viario público y zona verde, justo delante de una vivienda particular. Por la tramitación irregular de la licencia de esta obra fueron condenados a prisión Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, entre otros, como autores de un delito de tráfico de influencias. Otra es La Gaviota, el chalé que Antonio Banderas compró a la locutora Encarna Sánchez, parte del cual se asentaba sobre terrenos destinados a saneamiento en el plan urbanístico.

La ley es clara: las sentencias deben cumplirse en sus términos, pero el consistorio plantea un dilema: esgrime que, de hacerlo, generaría una “crisis social” mayor que la que supone dejar las cosas como están. Por contra, fuentes jurídicas resaltan que en la mayoría de los casos hay un abanico de opciones entre la demolición y la vista gorda: explorar permutas de suelo que “esponjen” la zona, destinar los edificios irregulares a equipamiento público, exigir compensaciones o indemnizar a los afectados, entre otras.

Más aún con la nueva ley de suelo andaluza (la llamada LISTA), más flexible que la LOUA, y en cuyo germen tuvo un papel clave José María Morente, director general de Urbanismo en Marbella desde 2017. Morente dejó el ayuntamiento durante nueve meses, en los que ejerció como director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía, durante el primer gobierno de Juan Manuel Moreno. Ahora, pilota la aprobación del nuevo Plan General marbellí.

Cumplir las sentencias tendría un impacto de 246 millones, según el ayuntamiento

Durante todos estos años el ayuntamiento ha ido retrasando los procedimientos mediante recursos y escritos procesales, pero fuentes municipales deslizan un motivo común: el volumen de edificaciones ilegales es tal que el ayuntamiento no tendría capacidad económica para restablecer la legalidad y resarcir a los propietarios de buena fe. En un informe fechado noviembre de 2021, al que este medio ha tenido acceso, el área jurídica estimaba que los costes de demoler e indemnizar en ocho procedimientos ya iniciados ante el TSJA superaban los 246 millones de euros.

En ese documento, el área de Hacienda del ayuntamiento marbellí concluye que eso es inasumible, porque duplicaría la deuda de ya existente, de 271 millones de euros: “Supone un impacto, en términos presupuestarios y de liquidez, de imposible estructuración a efectos de cumplimiento”. Tampoco puede endeudarse por tanto dinero, por lo que se concluye que es “técnica y materialmente inviable” presupuestar, librar fondos o financiar una cantidad así, y que habría que declarar “fallido” al ayuntamiento.

Por eso, el municipio está planteando incidentes de “imposibilidad material de ejecución”: le dice a los tribunales que la sentencia que dictaron no la puede cumplir. La dirección letrada se encarga a despachos externos. Marbella está licitando en este momento la contratación para los litigios en el orden contencioso, y la mejor oferta es de 275.000 euros por dos años. Fuentes conocedoras de estos procedimientos critican también que se presupuesten gastos no esenciales, como patrocinios, mientras se aduce que no hay dinero para cumplir sentencias firmes.  

Un millar de licencias “no ajustadas a planeamiento”

Estas edificaciones con orden de demolición dictada o a punto de dictarse son, en realidad, la punta del iceberg. El total de licencias anuladas supera el millar, pero solo un puñado de comunidades de propietarios directamente afectados está pidiendo a los tribunales que hagan cumplir la ley y sus sentencias. El resto de casos son edificaciones “toleradas”, porque nadie (tampoco las administraciones públicas, que deben velar por la legalidad) pide que la nulidad de la licencia tenga efectos.

El documento de aprobación inicial del PGOU de 2010 cuantificaba 1009 licencias concedidas entre 1991 y 2006 “no ajustadas a planeamiento”. La mayor parte de las licencias se anularon a partir de 2004, tras la impugnación de la Junta de Andalucía. La comisión gestora que tomó el mando de Marbella tras la Operación Malaya y la disolución del ayuntamiento en 2006, abrió decenas de expedientes de revisión de licencias y se allanó a las denuncias de los particulares afectados o de la Junta.

Pero Ángeles Muñoz, que se convirtió en la primera alcaldesa post-gestora en 2007, tenía una visión diferente. Defendía la legalización de las edificaciones alertando de las reclamaciones a las que tendría que hacer frente el municipio si exigía rigurosamente el cumplimiento de la ley. Como herramienta, presentó un nuevo PGOU en 2010, cuyo eje era precisamente la “normalización” de las edificaciones irregulares mediante un sistema compensatorio. Estuvo en vigor cinco años, el tiempo que el Tribunal Supremo tardó en anularlo con el argumento de que una norma urbanística no puede hacer tabla rasa con las ilegalidades pasadas.

Así que las edificaciones ilegales volvieron al limbo. Técnicamente, fuera de ordenación. “Un cajón donde van las cosas que no soluciona ni el paso del tiempo”, según Javier de Luis, quien fuera portavoz de Ecologistas en Acción, asesor urbanístico de la Gestora y luego concejal del PSOE, que denuncia que para no abrirlo, el ayuntamiento recurre a cualquier argucia: “Dilatan procedimientos, plantean incidentes, alegan la imposibilidad de ejecutar, lo dejan fuera de ordenación, dejan prescribir plazos…”.

En muchos casos, hay alternativas a la demolición. Pero el ayuntamiento tampoco ha apostado decididamente por ellas, lamenta De Luis: “Ni siquiera reclamaron nada a los promotores de 2010 a 2015, cuando el PGOU permitía la normalización con compensaciones. Si se hubiese obtenido todo lo previsto, hubiese ingresado más que lo que ha logrado de la condena a Juan Antonio Roca”.

Los particulares que sí fueron a los tribunales

Ocurre que en al menos una decena de casos, los particulares afectados por las edificaciones rechazan que se consoliden por el paso del tiempo, y acudieron a los tribunales para hacer valer su derecho. Lograron sentencias a favor y están solicitando órdenes de demolición que, según el TSJA, ya no tienen vuelta atrás.

En el caso de Artola, por el que se investiga a la alcaldesa, el ayuntamiento propuso expropiar la vivienda irregular y destinarla a un uso público previsto por el planeamiento. Pero el TSJA le recordó que la orden demolición ya es firme, y que es el “único medio para llevar a puro y cumplido efecto” la sentencia que anuló la licencia y, por tanto, restablecer la legalidad.

“Siempre que poníamos denuncias pedíamos que la obra se paralizara cautelarmente, pero los jueces nunca lo concedieron”, recuerda De Luis, por entonces en Ecologistas en Acción. Al no parar, las edificaciones fueron consolidándose, y ahora muchos podrían alegar que compraron esas viviendas de buena fe, sin saber de su ilegalidad. De ahí que ese escenario espante al ayuntamiento, por el embrollo jurídico y económico al que se expondría. “Nadie quiere demolerlo todo. Pero si el juez dice que es ilegal, el que tiene que decir si se tira o no es el juez. Porque si es el ayuntamiento el que lo decide, el estado de derecho quiebra”, concluye De Luis.