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Exclusiva

Un policía de Marbella declara ante el juez que la alcaldesa le ordenó entregar información reservada a su hijastro

Un escolta de la alcaldesa implica a Ángeles Muñoz en las fugas de información para su hijastro procesado por narcotráfico

Pedro Águeda

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Un policía municipal, el último eslabón de la causa por narcotráfico y blanqueo en la que están procesados el hijastro y el marido de la alcaldesa de Marbella, ha implicado en un delito a la regidora municipal y senadora. El agente compareció el pasado día 21 de este mes en la Audiencia Nacional como procesado por cohecho. Allí, ante el juez Manuel García Castellón, aseguró que obtuvo información de las bases de datos del Ayuntamiento y se las entregó al presunto narcotraficante Joakim Broberg, “bajo las órdenes” de Ángeles Muñoz, según consta en el audio de la comparecencia, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Durante la comparecencia, el abogado de la defensa preguntó a su cliente por orden de quién entregaba la información al presunto narcotraficante. El policía respondió: “Realmente, eso es lo más escabroso. Todo lo que yo he hecho ha sido siempre bajo las órdenes de la alcaldesa. Lo que pasa es que el chico este [Joakim] tenía una cara muy dura y era exagerado las cosas que pedía. Pero siempre ha tenido conocimiento la alcaldesa, y siempre se ha puesto en conocimiento y siempre he tenido permiso. Siempre me han dicho que sí, que lo hiciera”.

Al extender el policía el abanico de personas que tenían potestad para darle esa orden y ser informados después del resultado, el abogado le pidió concreción. El agente municipal dijo que él atendía a las indicaciones de la alcaldesa y de sus jefes de gabinete, primero José Eduardo Díaz –actual delegado de Seguridad Ciudadana y, por tanto, jefe ahora del policía– y después, de su sustituta, Ana López. También estaba al tanto un mando policial llamado Miguel Segovia. “Siempre me he querido cubrir las espaldas porque hay un paso tan fino de hacer una ilegalidad…”, añadió el agente, actualmente de baja por motivos médicos.

En la comparecencia, que apenas duró siete minutos, el policía continuó: “Mirar una informática de un vehículo, que a lo mejor está estacionado, tampoco piensa uno… a lo mejor lo estaba haciendo mal, pero como te lo pide tu jefa, la jefa del Ayuntamiento, de la Policía local, yo tampoco me lo planteaba, obedecía ordenes”.

El agente está procesado por cohecho, esto es, por cobrar a cambio de la información que obtenía de las bases de datos del Consistorio Marbellí con destino final en Joakim Broberg. El policía admitió haber sacado y entregado la información a Broberg, si bien negó radicalmente haber cobrado por ello. Se trataba, según dijo, de datos menores, como la matrícula de coches aparcados en la calle, a los que accedía por orden y con conocimiento de Ángeles Muñoz. 

Si le pidió en alguna ocasión dinero a Broberg, como consta en la causa, fue en concepto de devolución de lo que los escoltas habían prestado anteriormente al hijastro y que salía del metálico que llevaban para “pagar un café de la alcaldesa” o comer ellos mismos mientras acompañaban a la regidora en sus desplazamientos, declaró el procesado. 

El Ayuntamiento asegura que dejó de ser escolta en 2015

El Ayuntamiento de Marbella asegura que la declaración del agente en sede judicial es “completamente falsa”. Argumenta un portavoz oficial del Consistorio que el agente dejó de realizar tareas de escolta en mayo de 2015 y que los hechos investigados corresponden a 2019. Es en 2019 cuando los pinchazos telefónicos ordenados por la Audiencia Nacional captan al policía pidiendo dinero a Broberg –“esta gente quiere más”–.

La declaración estaba prevista como un mero trámite, el que suelen suponer las declaraciones indagatorias. Al finalizar la instrucción, los jueces dictan auto de procesamiento y citan a las personas contra las que se sigue el procedimiento para comunicarles su situación y preguntarles si están de acuerdo con las acusaciones que se formulan contra ellas. 

Habitualmente, los procesados se limitan a responder a esta cuestión y no declaran, reservándose para el juicio oral. En la citada causa, y habida cuenta de que la mayoría de los procesados residen en la Costa del Sol, han podido comparecer por videoconferencia. Así ocurrió, por ejemplo, unos días antes con Joakim Broberg, el hijastro de Muñoz, procesado por narcotráfico, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Broberg apenas estuvo unos instantes ante el juez. 

Sin embargo, el pasado 21 de noviembre, cuando García Castellón preguntó al policía, éste dijo que deseaba responder a las preguntas de su abogado. Ambos comparecían por videconferencia. El abogado comenzó por exponer que hay intervenciones telefónicas en la causa que vinculan a su cliente con Broberg. En unas le entrega la información referida y en otras le solicita pequeñas cantidades de dinero. El policía admitió esas conversaciones. En su declaración en fase de instrucción se había acogido a su derecho a no declarar.

El agente comenzó explicando que fue “el guardaespaldas de la Policía local” para Ángeles Muñoz. “Por eso conozco a su familia desde hace nueve años. Es por eso la relación que tengo yo con él [Joakim Broberg]”, añadió. Muñoz reservó a un grupo de agentes de la Policía local de Marbella para que sean su sombra.

Al finalizar sus preguntas, el juez García Castellón preguntó al resto de las partes si tenían alguna pregunta para el policía. Nadie respondió. La fiscal del caso, María Dolores López Salcedo, no asistió a la comparecencia. Fuentes de la Fiscalía Antidroga aseguran que los fiscales no suelen participar en el “trámite” de las indagatorias. El Juzgado de Instrucción número 6 ya ha puesto en conocimiento del Ministerio Público y el resto de partes el contenido de la declaración del policía. El juez García Castellón tampoco consideró necesario preguntar o requerir alguna precisión al procesado pese a que había implicado en un delito a la senadora y alcaldesa Ángeles Muñoz. 

Ninguna investigación por corrupción ni por el chivatazo

La causa contra la filial de la Mocro Mafia sueca en la Costa del Sol, acusada de importar hachís y marihuana con destino a Suecia y blanquear en España sus ganancias, se abrió en 2019 y ha estado bajo secreto cerca de tres años. En ese espacio de tiempo, la Policía halló indicios de corrupción y propuso a la fiscal López Salcedo y al juez instructor entonces, Alejandro Abascal, abrir una nueva línea de investigación por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Ni el magistrado ni la fiscal apreciaron indicios suficientes. 

Los indicios y la propuesta aparecían en un informe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de septiembre de 2019, revelado por elDiario.es. En otro informe de la misma unidad, fechado en agosto de 2020, los agentes daban cuenta del chivatazo que recibieron el marido y el hijastro de la alcaldesa cuando la causa estaba bajo secreto, tal y como reveló elDiario.es este miércoles. Tampoco fue investigado. Resta por conocer qué hará el Juzgado y la Fiscalía ahora tras la declaración del policía municipal señalando a la alcaldesa de Marbella y senadora, Ángeles Muñoz. 

[En el segundo de los vídeos que se inserta en esta información se oculta, a través de un pitido, un comentario del compareciente que afecta a la intimidad de Joakin Broberg y que elDiario.es ha decidido no reproducir].

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