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Vivir en Marbella al lado del Opium: “Cuatro meses de infierno y el resto esperando que el Ayuntamiento se dé cuenta de que es ilegal”

Opium Beach Club | N.C.

Néstor Cenizo

Marbella —

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El pasado 18 de julio, un club de playa en Marbella saltó a los titulares de los medios nacionales. Fue por un tiroteo, con la particularidad de que aquel día andaba por allí un miembro de la familia real, Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón, celebrando su fiesta de cumpleaños. De ahí que la pregunta sobre Opium Beach Club más valorada en Google sea: “¿Es necesario llevar pistola o te la dan con la entrada?”.

El suceso, que pudo acabar en tragedia, puso también el broche al hartazgo acumulado por un puñado de vecinos que llevan años denunciando múltiples irregularidades en Opium y exigiendo al Ayuntamiento de Marbella que haga valer la legalidad para que ellos, por lo menos, puedan pegar ojo. Cada temporada viven los últimos días de abril con angustia. “El año pasado puse un segundo cristal doble y tampoco pude dormir”, dice Ana Márquez. En julio perdió ocho kilos y desde entonces toma cinco pastillas diarias, entre ansiolíticos y antidepresivos.

Otros clubes de playa de la localidad se localizan junto a hoteles o en lugares más apartados. Ninguno está tan cerca de viviendas de uso habitual como Opium, dicen los vecinos. Se da la circunstancia de que Opium es también uno de los patrocinadores del coche de carreras de Christian Broberg, uno de los hijos de la regidora y Lars Broberg, recientemente fallecido.

Los vecinos denuncian que la administración no solo no ha resuelto el problema, sino que los ha ignorado sistemáticamente o, a lo sumo, los ha mareado de ventanilla en ventanilla, amparando de facto las presuntas irregularidades del club. Así que han acudido a los juzgados para denunciar posibles delitos de prevaricación administrativa, contra el medio ambiente y lesiones.

La querella, que apunta a los responsables del club, a la alcaldesa Ángeles Muñoz y al concejal Félix Romero, ha sido admitida a trámite por el juzgado de instrucción 3 de Marbella, tal y como ha desvelado elDiario.es. El titular de este juzgado (uno de los cinco de instrucción que hay en Marbella) es Gonzalo Dívar, que ha instruido en el pasado tres causas que afectaban a la alcaldesa.

Todas acabaron archivadas: la primera en 2010, por la presunta alteración interesada de las lindes del municipio (2010); la segunda en 2018, por alterar supuestamente un acta de un Pleno en 2009 que recogía, nuevamente, la alteración de las lindes entre Marbella y Benahavís. El fiscal calificó este archivo de “inusual, un tanto sorprendente e incluso exótico” y la Audiencia Provincial ordenó reabrir el caso para practicar diligencias que Dívar había obviado inicialmente. Finalmente, el Tribunal Supremo confirmó el archivo. En 2021 el juzgado de instrucción 3 archivó la investigación sobre una decena de contratos de alta dirección de cargos del PP en Marbella que en realidad realizaban tareas comunes. Este archivo se produjo también contra el criterio de la Fiscalía, que había presentado la denuncia.

Este medio ha intentado recabar la versión de los responsables de la discoteca enviando un correo y realizando múltiples llamadas, sin conseguirlo. Tampoco el Ayuntamiento ha respondido al cuestionario que se le ha remitido por escrito.

El desvío de la senda litoral que aprovecha Opium

Todo aquel que haya pasado unos días en la Costa del Sol sabrá que la antigua carretera nacional 340, a su paso por Mijas y Marbella, es una autovía que encajona entre los coches y el mar la franja de costa, cada vez más estrecha por efecto de la regresión marina. Esa franja, que apenas da para ya la servidumbre de tránsito y la zona de protección, es la veta más codiciada del gran filón de la economía local: el turismo. Y a su vez, la playa es la base logística para la explotación privada de chiringuitos con todos sus accesorios: hamacas, motos de agua, sombrillas, masajes y cualquier otra actividad que proporcione rendimiento económico.

Opium es el perfecto ejemplo (pero no el único) de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para disfrute y beneficio privado. Por ejemplo: estos días, operarios de una empresa constructora trabajan para retranquear tierra adentro la “senda litoral”, un ambicioso camino acometido por la Diputación de Málaga que recorre toda la costa de Málaga. El camino discurre siempre lineal y en paralelo a la costa, menos aquí, donde la senda hacía un recodo en forma de L para meterse veinte metros en dirección al mar. ¿Por qué? Así se salvaba el escollo del Opium Beach Club, que hasta ahora ocupaba con hamacas y sombrillas la franja extra de 13 metros de ancho por unos 100 de largo que generaba el recodo.

No sólo eso, sino que en noviembre del año pasado, Opium comenzó a alfombrar con césped artificial la zona de servidumbre de tránsito escamoteada a la senda litoral, separándola del resto de la playa con una valla y cementando parcialmente el terreno. Los vecinos tuvieron que recordar al Ayuntamiento que la Junta de Andalucía había concedido autorización de uso a condición de trasladar la valla del Opium 13 metros más al norte. Ahora, el Ayuntamiento de Marbella, vigilado a su vez por Demarcación de Costas, va a aprovechar el dinero asignado a reparar los destrozos de los temporales para poner la senda donde siempre debió estar.

El ejemplo da cuenta de cómo el interés privado condicionó la actuación pública hasta el extremo de desviarla de su camino. Es lo que denuncian los vecinos, que en la querella relatan cómo Opium ha gestionado un exclusivo club de playa, con mesas a precios que van desde 300 a 5.000 euros y actuaciones de relumbrón como C. Tangana o Morad, con una simple licencia de restaurante para ocho personas. Todo, sin aparente problema ante la administración.

Desde el año pasado, el negocio cuenta con una segunda licencia, esta vez para auditorio con una capacidad de 2.480 personas, de modo que ahora el espacio (que lógicamente sigue siendo el mismo) está dividido en dos zonas: un club con licencia de restaurante abierto de mediodía a ocho de la tarde, y un auditorio que abre desde entonces hasta las dos de la madrugada, cada día desde mediados de mayo hasta bien entrado septiembre.

“Esos cuatro meses son un infierno”

Para los vecinos, todo es lo mismo: un continuo de ruido y fiesta que se prolonga cada día bastante más allá de las dos de la madrugada, porque tras el cierre hay que recoger y a ellos les cuesta conciliar el sueño con los nervios a flor de piel. “Esos cuatro meses son un infierno. El resto del año lo pasamos esperando que alguien del ayuntamiento se dé cuenta de que aquello es ilegal”, comenta uno de ellos.

A la escandalera añaden los problemas de seguridad. Hay trapicheo y, algunos días, fuegos artificiales, sin que les conste licencia. El mayor peligro lo genera la cercanía a la autovía. Las dos columnas que iluminan el espacio interfieren directamente con los coches que circulan por la carretera. Además, el parking tiene capacidad para una veintena de coches, pero cada día pueden acudir un millar de personas a la fiesta. Al final, los vehículos acaban desparramados a ambos lados de la carretera, subidos a la acera o apiñados en pequeños recodos. Como el paso elevado para los peatones está a unos 400 metros, es frecuente que algunos juerguistas crucen a pie la autovía. Otras veces, los coches en la zona vecinal ocupan la acera de la vía de servicio hasta bloquear el paso al autobús urbano. “Hemos perdido la cuenta de las veces que ha tenido que venir la Policía Local”.

Al cierre, también es habitual que la Guardia Civil acuda para ordenar la salida y controlar a los conductores. El club, situado a pie de autovía, usa en exclusiva un carril de aceleración de apenas diez metros, y es evidente el riesgo en la incorporación en una vía de por sí ya muy congestionada.

“Voy a trabajar habiendo dormido tres horas”

La situación afecta a una decena de viviendas, pero los vecinos están convencidos de que tienen la razón de su parte. El pasado 1 de mayo, días antes de que Opium inaugurara su temporada, Salvador Sánchez sufrió un infarto: “Puede haber mil motivos, pero ¿quién me dice a mí que no es por la tensión que me genera esto? Tomo ansiolíticos todos los días y voy a trabajar habiendo dormido tres horas”. “Mi objetivo no es joder a nadie, sino que no me jodan a mí”.

Alguno de estos vecinos ha puesto decenas de denuncias, hasta ahora en vano. Ni siquiera pueden seguirles el rastro. Ana Márquez ha denunciado la situación 23 veces, y solo ha recibido respuesta en cuatro de ellas. En una, se le informaba de que se daba “traslado” de su denuncia para “analizarla” y emitir los “informes correspondientes”; en otra, que se inadmite su recurso; en las dos últimas, que ya está todo resuelto.

La mujer tiene vídeos en los que la música se escucha en su casa como si aquello fuera una discoteca. El Ayuntamiento envió a un técnico a medir el ruido, con resultado negativo, según el Consistorio. Hace seis meses, la mujer pidió el resultado de las mediciones, pero el Ayuntamiento no se lo ha entregado, según asegura. “Yo he pedido información de todas las denuncias y llamadas que he hecho, y las acciones que ha emprendido el Ayuntamiento. Y nada”, dice Sánchez.  

Cansados de no obtener amparo de la administración, los vecinos acudieron a los tribunales. Pero la querella, interpuesta en octubre de 2021, no ha sido admitida a trámite hasta febrero de 2023. “No hay ninguna justificación para esta demora”, lamentan los vecinos, que recuerdan que lo que se denuncia es, precisamente, una reiteración delictiva que no ha parado en todo este tiempo. Paradójicamente, solo el tiroteo les concedió algo de sueño. El club cerró y prometió mejoras, pero una semana después volvió a las andadas. 

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