Relato de un deslinde: veinte años 'moviendo' 200.000 metros cuadrados de Marbella a Benahavís
La apertura de una investigación por el Juzgado de Instrucción 3 de Marbella, adelantada este jueves por marbellaconfidencial.es, tiene su origen en la denuncia formulada por el Fiscal, que a su vez da voz a las denuncias de un grupo de personas (abogados y arquitectos entre ellos) convencidas de que Ángeles Muñoz lleva veinte años intentando alterar de cualquier forma los límites entre Marbella y Benahavís.
Los integrantes de la plataforma contra el deslinde responden con un aforismo latino a la pregunta de quién y por qué alteró el PGOU: cui prodest. ¿A quién aprovecha? Y señalan a Ángeles Muñoz, su marido y su familia política, propietarios mediante sociedades de unos 120.000 metros cuadradoscui prodest. de una superficie a la que, sin moverla de su lugar, algunos llevan intentando trasladar de Marbella a Benahavís desde hace 20 años. Allí está su mansión, la Casa Rosada que Muñoz puso en venta hace unos meses por un precio de 12 millones de euros. En Benahavís sería terreno urbanizable, mientras que en Marbella está calificado rústico. En el paso de un municipio a otro los terrenos se revaloriza en decenas de millones de euros.
Quienes llevan años denunciando el deslinde explican el supuesto fraude haciendo un recorrido histórico que se remonta a 1873, cuando un topógrafo elaboró los primeros cuadernos de campo de la zona y delimitó el municipio de Marbella con diez mojones. Las lindes son las líneas rectas que unen esos puntos, situados en los cerros que rodean Marbella.
En 1995, siendo Muñoz teniente de alcalde de Benahavís, este municipio al norte de Marbella aprueba el plan parcial de Vega del Jaque, salvando con una curva los terrenos propiedad de Ángeles Muñoz, su marido o sus sociedades, e incorporándolos de facto a Benahavís. Las parcelas se venden, se construyen las casas (entre otras, la mansión de Broberg y Muñoz) en un terreno que era rústico en Marbella, y urbanizable en Benahavís, y nadie parece prestar atención, según admite hoy Carola Herrero, arquitecta impulsora de la plataforma ciudadana contra el deslinde.
En 2005 Manuel González Fustegueras llega a Marbella para elaborar el PGOU que debe poner orden en el caos urbanístico legado por Gil y sus sucesores. Como trámite para la aprobación de ese PGOU, en abril de 2007 la Junta de Andalucía envía a un topógrafo para verificar las lindes. El técnico redibuja las líneas por donde pasaba la linde histórica, coincidiendo también con el primer avance del PGOU, y deja a la derecha de la línea que va del mojón 7 al 8 la mayor parte de la Vega del Jaque, en suelo de Marbella. No hay caso.
Sin embargo, el 18 de diciembre de 2008 el Pleno del ayuntamiento de Marbella acuerda, coordinadamente con Benahavís y a propuesta de la regidora, iniciar un expediente de deslinde. Según Falkenberg, un artificio que sirve para pastelear un acuerdo ya cerrado y así “redefinir” unas lindes consolidadas y ratificadas por un técnico apenas año y medio antes. El intento fracasa: la Junta de Andalucía comunica que no acepta el deslinde planteado por Benahavís y Marbella por tratarse de una “redefinición” injustificada de los límites y lo comunica al ayuntamiento de Marbella.
Archivado el expediente de deslinde, quedaba el PGOU
Pero aún quedaba una última posibilidad: en paralelo al expediente de deslinde, el PGOU continúa su tramitación hasta que se presenta, el 12 de junio de 2009, la segunda aprobación provisional. Ese es el documento que se da a conocer a los concejales y técnicos del ayuntamiento, y también el aprobado por la Comisión de Urbanismo de Marbella.
Sin embargo, no es el que finalmente se remite a la Junta para su aprobación definitiva: el 29 de julio el Pleno aprueba el PGOU con 22 planos modificados, introducidos mediante un documento con número de registro 063630. El acta de aquel día recoge que se da cuenta del escrito número 063630 presentado por el equipo redactor del PGOU el mismo 29 de julio, en el que se dice textualmente: “Según la reunión mantenida en el día de ayer en la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, le adjunto los documentos que integran los cambios acordados en la misma”. Entre ellos, los 22 planos que sustituían a los iniciales, “ya que han sufrido modificaciones de acuerdo a la reunión anteriormente mencionada”.
Gracias a ese documento el traspaso de terrenos de Marbella a Benahavís quedaba consolidado en el nuevo PGOU de Marbella. “Ese documento jamás lo vio nadie, ni hubo mención expresa en el pleno. El acta no refleja lo que se dijo”, asegura Cristina Falkenberg, que insiste en que nunca se explicitó qué documentos se estaban incorporando al expediente y que sólo hubo unas frases inconexas del vicesecretario, dirigidas a la propia Muñoz. “Y aunque lo hubiesen dicho, como incluyen modificaciones sustantivas para hacerlo tendrían que haber reabierto el trámite de información pública”. Para añadir más intriga al asunto, ese número de registro (063630) también aparece asignado a otro documento de contenido diferente incorporado el mismo 29 de julio, por el que se suspenden las licencias urbanísticas en trámite.
Falkenberg recuerda que nadie trabajó sobre un documento distinto al de la segunda aprobación provisional de junio, en el que terreno aún está en Marbella. “¿Pero qué se remite a la Junta? Un PGOU en el que alguien termina de trabajar el día anterior al pleno, el 28 de julio, con vagas y someras referencias sobre supuestas reuniones con la junta que no sirven para introducir modificaciones sustantivas”. En cambio, Muñoz sostiene que las modificaciones, que tendrían su origen en una redefinición de lindes de 1977, no se ocultaron a nadie, como demostraría el acta. Según la exalcaldesa, el actual equipo de gobierno actuó de mala fe al no remitir al fiscal el documento 063630.
“Nuestros propios representantes tienen unos intereses tan contrapuestos con los de Marbella que acaban defendiendo a Benahavís”, lamenta Carola Herrero. Para ella, el relato es claro: “Todo el tema viene de un plan parcial de los 90, y el intento de encubrir y darle visos de legalidad”.
La investigación del Juzgado de Instrucción tendrá que determinar si esas modificaciones introducidas a última hora se ajustaron a la legalidad. Entre tanto, hay cinco recursos contra el archivo del expediente de deslinde seguido ante la Junta de Andalucía, uno de ellos del Ayuntamiento de Benahavís y otro de Vega del Colorado, una sociedad administrada por el cuñado de Muñoz. Es el otro escenario de la batalla, que aún no está despejado.
