El eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, ha denunciado al alcalde de Badalona por el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona. Según ha explicado a Catalunya Ràdio, Asens acusa en la denuncia a Albiol de denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y delito de prevaricación administrativa.

“Albiol se cree que Badalona es Estados Unidos y que puede actuar como Trump, pero no puede estar por encima de la ley”, ha afirmado este miércoles. El eurodiputado ha recordado que la resolución judicial que autorizaba el desalojo le condicionaba a una alternativa de alojamiento garantizada, que no se ha realizado por parte del Ayuntamiento de Badalona.

Tras el desalojo del antiguo instituto, los migrantes que dormían en sus instalaciones han continuado buscando cobijo en Badalona. Ante la falta de asistencia del consistorio, liderado por un Albiol que se niega a ofrecerles solución, el Govern y las entidades sociales llegaron a un acuerdo para alojar a los que duermen en la calle y a los que ocuparon un albergue municipal vacío.

Una de las razones (hay varias) del ascenso del trumpismo internacional ha sido la acción   y la inacción previas de la izquierda y del centroizquierda, sobre todo en dos aspectos principales. La crisis financiera y social de 2008, que erosionó a fondo los programas neoliberales de desregulación, no fue aprovechada eficazmente para construir un nuevo sentido común y aplicar programas viables de izquierda (unos patinaron artísticamente hacia el centro; otros chocaron con la cargante realidad). En segundo lugar, aunque es archisabido que las izquierdas se debilitan dramáticamente cuando predomina la división entre los distintos grupos y dentro de ellos, la tendencia a la fragmentación aumentó, a veces hasta extremos ridículos. Elly Schlein, líder del Partito Democratico italiano, comentó en alguna ocasión que “a veces bromeo diciendo que en la izquierda italiana tenemos más partidos que votantes”. 

La cosa continúa. “Es asombroso comprobar con qué facilidad se reproducen los añejos esquemas cainitas”, ha escrito Enric Company. El veterano periodista barcelonés considera que “el desempeño actual de Podemos se contradice de manera flagrante con el que tuvo en 2014, hace solo una década, y que fue la condición básica, esencial, de su fulgurante éxito político: reunir lo disperso, acercar lo dividido, compartir una orientación estratégica entre organizaciones diferentes”. 

Es muy recomendable un libro recente, 'Los años irrecuperables' de Jaume Asens,  que entre otras cosas describe, con lúcida precisión de insider, la fascinante parábola de Unidas Podemos. Asens es un hombre puente que ha contribuido decisivamente a deshacer algunos nudos, sóllo aparentemente gordianos,  de la política de estos últimos años. Sin embargo, ha asistido, con desagrado pero sin resignarse, a la fragmentación del movimiento que contribuyó a crear. Su libro es una seria advertencia: “Concebir la unidad como recomposición alrededor de Podemos en medio de las ruinas que queden tras la pelea interna es una estrategia temeraria. Es difícil unificar dedicando tantos esfuerzos a destruir a tu futuro aliado. Genera desafección general. Anticuerpos en tus bases. ¿Cómo las convences luego de la bondad de un acuerdo? La hoguera que enciendes contra tu adversario, al final también te chamusca a ti”.  

Más tajante es Santiago Alba Rico, en el prólogo del libro de Asens: “Aguien dijo que 'en el futuro se estudiaría el nacimiento de Podemos en las facultades de Ciencias Políticas'. También se estudiará, probablemente, su derrumbe, tras un curso vital celerísimo, pues en apenas diez años pasó de tocar los cielos a descomponerse en un montón de astillas sin sutura posible”. 

¿Estamos destinados a repetir siempre la misma historia? Es demostrable que el campo plural y común de las izquierdas gana fuerza cuando se crean uniones amplias con programas viables, cuando se construye amistad política. Lo contrario es también perfectamente verificable: las posibilidad de formar y mantener mayorías de izquierdas se destruye cuando la división se impone. Las lecciones del pasado son claras, particularmente en España, donde durante décadas se tuvo que luchar simultáneamente en dos frentes: contra la dictadura y contra las divisiones entre sus oponentes. 

¿Estamos condenados a no sumar, a no poder? Se ha dicho que las llamadas a la unidad son una fachada comunicativa para  reducir al disrepantr  y que «si esto es la unidad, entonces habrá qué hacer otra cosa». Pero lo que aparece en el horizonte es una desalentadora pugna por el «sorpasso», esta vez entre opciones enfrentadas a la izquierda del socialismo, y con repercusiones que van mucho más allá, porque afectan al conjunto de la sociedad. 

Para explicar los ciclos de fragmentación de las izquierdas se invocan en general razones de tipo subjetivo: el cainismo, el personalismo, la libido dominandi, las derivas  multiformes del poder. Lo decía hace poco Costa-Gavras, en una entrevista: “Quizá esté en la naturaleza humana el ansia por dominar a los demás y quizá estemos condenados a soportar liderazgos insensatos por los siglos de los siglos sin que importe en absoluto el beneficio común, para todo el pueblo, que debería ser la única motivación”. El cineasta, de 92 años, ha visto de todo: guerras, dictaduras, esperanzas frustradas, estrellas fugaces, divisiones inútiles. Se ha ganado el derecho al pesimismo. 

Otro nonagenario, José Mujica, expresidente de Uruguay, ha apuntado en la misma dirección. Dice que el individualismo es hoy una “cultura de hecho”, que el capitalismo espolea subliminalmente en nuestras sociedades, y que incluso  penetra en el interior de los movimientos alternativos. A Pepe Mujica le exaspera constatar que “las izquierdas se dividen por ideas y las derechas se unen por intereses”. Llama a recobrar el altruismo, no por un prurito de buenismo ingenuo, sino por puro realismo, por eficacia elemental. 

Junto a los factores ligados a la condición humana, las divisiones de las izquierdas  suelen responder a problemas objetivos que se sitúan en los territorios de frontera de nuestras sociedades. Uno de ellos se sitúa entre los sectores motivados por las condiciones “sociales” (servicios públicos, salarios, seguridad, etc.) y los que se mueven más por motivos “post-materiales” o identitarios (derechos civiles, de género, nacionalitarios, etc.). Un segundo territorio de frontera se da entre el mundo del trabajo estable y el del trabajo precario; y un tercero, entre el mundo asalariado (estable y precario) y el de las clases medias que temen el declive.

Si se impulsan y mantienen las adecuadas alianzas estratégicas, estas tres zonas fronterizas generan energia política, unitaria y mayoritaria. Hay que añadir que, en España, estas tres alianzas necesarias son en realidad cuatro, como los mosqueteros, porque  se suma la diversidad territorial. En todo caso, y en todas partes, el reto prioritario es hoy superar la falsa y nefasta confrontación “woke»/«antiwoke”, que tan suculentos  beneficios suministra al  trumpismo y a las demás derechas radicales.  

Otro reto principal de las izquierdas es el de la continuidad. En las fuerzas de la nueva política se dan problemas de almacenaje comparables al reto aún hoy irresuelto de las baterías y otros procedimientos para almacenar la energía solar, o la eólica. Los nuevos movimientos han sido muy entrópicos, a veces casi  pirotécnicos.

“En política”, escribe Asens en su libro, “la radicalidad no se mide por las camisetas que llevamos, por los golpes de pecho o la gesticulación. Tampoco se mide por las intenciones, sino por los resultados. Por la capacidad para transformar la vida de la gente”. Pedir a las izquierdas más sentido común y más oficio (más mano izquierda) no es una retórica llamada a la unidad. Es un grito de alerta. Nos enfrentamos al rápido desarrollo de nuevos hechos y circunstancias cuyo significado y dirección aún no podemos vislumbrar plenamente, pero que sabemos brutales y muy peligrosos. En estas condiciones, la exigencia de unidad es una reclamación amplia, mayoritaria e instintiva, de inexcusable respuesta, porque las funestas consecuencias de la división de las izquierdas no afectarían únicamente a sus promotores. Es  el futuro de la sociedad en su conjunto lo que está en riesgo. 

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Jaume Asens (Barcelona, 1972), abogado de profesión y político durante los últimos diez años, ha participado en algunos de los acontecimientos más decisivos de la política española reciente. Al lado de Ada Colau alcalzó el Ayuntamiento de Barcelona en el momento más dulce de los espacios del cambio y de Podemos; junto a Pablo Iglesias trabajó para alumbrar el primer gobierno de coalición en España, y ha sido a menudo enlace con el independentismo para hacer posible negociaciones como la de la moción de censura o la amnistía. 

De todo ello da cuenta ahora en el libro de memorias Los años irrecuperables (Ediciones Península). Pero esa solo es una parte de su trayectoria. La otra es la del joven estudiante de Filosofía y Derecho, activista contra la globalización y abogado de causas sociales que nunca pensó que entraría en política. El fundador del despacho Francesc Layret –en honor al abogado republicano y catalanista asesinado en 1920–, que se distinguió por defender causas como las de víctimas de balas de goma, la PAH o grupos anarquistas, y que tras pasar por la acusación del caso Palau se acabó haciendo un nombre como azote de la corrupción política.

Actualmente es diputado en el Parlamento Europeo, puesto para el que fue elegido en las elecciones de junio de 2024, Asens atiende al teléfono desde Bruselas. 

Sorprende el título del libro: Los años irrecuperables. Más allá de lo obvio sobre el paso del tiempo, ¿cree que el ciclo que se abrió para la izquierda con el 15M y Podemos es también irrecuperable?

El título es el que Stefan Zweig quiso para el libro al que finalmente puso El mundo de ayer, cuando envió el último manuscrito antes de suicidarse. Lo que evoca es un mundo que no volverá y un ciclo político que ya acabó. Pero lo hago con una actitud distinta a la tristeza y pesimismo de Zweig, al que la historia no le dio la razón, porque el fascismo cayó. El libro defiende la esperanza no como la certeza de la victoria, sino como el sentido de la lucha. Ahora estamos muy mal, en términos europeos, en el conjunto de la izquierda y en nuestro espacio político, pero el destino no está escrito. Tras la tormenta el sol vuelve a salir y no se rinde.

En el libro destacan dos grandes protagonistas al margen de usted: Ada Colau y Pablo Iglesias. ¿Por qué?

Yo estoy en una posición comprometida respecto a los dos, porque he sido muy amigo de ambos y las personas vemos la realidad a través de los afectos. Con Ada hay un antes y un después en la política en Barcelona. Aunque los proyectos son colectivos, también hay quien por sus características puede destacar por encima de los demás y tiene capacidad de marcar camino. De ser figura de consenso. En el caso de Ada nos permitió ganar las elecciones en Barcelona en 2015. 

Pablo tenía características similares, pero con una cultura más madrileña, más brusco. Cada vez que los acontecimientos avanzaban veloces, él se lanzaba a las olas sin vacilar. Leía bien el momento, cogía delantera. Sin duda el Gobierno de coalición fue hijo de su capacidad de aguante y sus movimientos tácticos. 

A ambos los conoció en los años 90 y 2000 como activista y abogado de movimientos sociales, etapa a la que dedica la mitad de sus memorias. ¿Cómo ha condicionado su faceta política su experiencia previa como abogado de activistas?

Mi visión del mundo y la política están atravesadas por eso. Básicamente lo que hice fue poner el derecho al servicio de las luchas sociales. El derecho es expresión de poder, pero también una aspiración de justicia de quien se rebela contra él. Cuando el poder se vuelve ilegal en sus manifestaciones, entonces la protesta y la desobediencia, como puede ser la ocupación de un hospital para reclamar sanidad pública, son el primer derecho a recuperar. Una parte de la batalla política se articula en torno al derecho. Ser abogado de activistas ha sido mi trinchera. 

Del Vaquilla a Lluís Maria Xirinacs y de los desalojados del Cinema Princesa o víctimas de balas de goma a presos de la cárcel de Guantánamo... ¿Cuál de los casos que ha llevado a lo largo de su trayectoria le ha marcado más? 

Uno que pasó desapercibido: el de Jorge Bolancel, un joven de 18 años al que asistí en la comisaría de Cornellà en 1997. Al cabo de unas horas de salir se suicidó, porque después de ser torturado y maltratado se sintió culpable, porque sus compañeros le echaron en cara que hubiese colaborado con la policía. Ese fue un episodio que no salió en prensa, pero a mí me acompañará el resto de mi vida.

Algunas de las campañas iniciadas entonces contra la violencia policial y que finalmente lograron abrirse paso, como la prohibición de balas de goma en Catalunya, hace décadas eran impensables. 

La lucha anti represiva era de minorías, de los márgenes. No estaba en la agenda política. Recuerdo como en la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados nos miraban con extrañeza tanto la derecha como la izquierda. Montserrat Tura [consellera de Interior por el PSC] me dijo que si los manifestantes podían ir encapuchados, los agentes también. Un argumento de pobre concepción democrática sobre el orden público. La lucha contra la impunidad institucional ha sido larga y tortuosa. Poner cámaras en las comisarías tenía el rechazo de la derecha, y cuando lo hizo el Tripartito se le echaron todos encima. Son victorias irrenunciables. 

Uno de los destinatarios de las protestas sociales en los 2000 era el Ayuntamiento de Barcelona, en manos socialistas. ¿Cómo hubiera reaccionado si alguien le hubiera dicho que gobernaría con ellos en 2015? 

Sencillamente no me lo habría creído, y menos gobernar en posición de socio mayoritario. Era inimaginable directamente entrar en política. Quizás con cierta mirada arrogante, pensábamos que era más importante lo que hacían los movimientos sociales que los partidos políticos. No nos planteábamos la hipótesis institucional. Vivíamos un cierto desborde activista, que fue in crescendo hasta el 15M, el punto álgido, y siempre había un desalojo que parar, un detenido que asistir y una asamblea a la que acudir. Todo era muy frenético. 

Quizás con cierta mirada arrogante, pensábamos que era más importante lo que hacían los movimientos sociales que los partidos políticos. No nos planteábamos la hipótesis institucional.

En 2014 se lanzó Podemos y se creó el germen de Barcelona en Comú. Pudo ir de candidato a Bruselas con los primeros, como desvela en el libro, pero se acabó decantando por los segundos. ¿Por qué? 

Creo que primaron las amistades. He hecho muchas cosas en mi vida por amistad. En Madrid tenía a Pablo, que me empujaba a dar el paso, pero en Barcelona conocía el terreno. Soy de los que piensan que no hay nada más idiota que sacrificar una amistad por la política. 

Habla mucho de la amistad, a raíz de las rupturas que ha habido dentro del llamado espacio del cambio o de Podemos. ¿Amistad y poder son como agua y aceite? 

Pueden resultas incompatibles, porque la amistad es un afecto puro, desinteresado, y el poder en cambio conlleva relaciones tóxicas. La fama, la ambición, los juegos de sillas, los egos… Todo esto agudiza las diferencias y acaba corrompiendo las almas más puras. Por eso está el dicho de que están los enemigos mortales y luego los compañeros de partido. Esta es un poco la historia de Podemos. Su núcleo fundador era un grupo de amigos que estalló en mil pedazos cuando apareció el poder. Es cierto que aparecen diferencias ideológicas, pero el trasfondo tiene que ver con esto. Es una lección de cara al futuro, para hacer política de otra forma, sabiendo los peligros que entraña el poder.  

Está el dicho de que están los enemigos mortales y luego los compañeros de partido. Esta es un poco la historia de Podemos.

Su capacidad para mantener relaciones y simpatías con otros espacios políticos, especialmente el soberanista, le han valido a menudo la etiqueta de independentista dentro de su espacio. ¿Se siente cómodo con ella? 

Siempre hemos sido críticos con los partidos procesistas, pero se nos ha asociado a ellos para defender sus derechos como si esto último significase que estamos de acuerdo con ellos. A mí me vetaron bajo esa premisa de haber sido demasiado empático con ellos. 

Le vetó el PSOE para formar parte del primer Gobierno de coalición como ministro. También a Gerardo Pisarello por el mismo motivo.

No lo hicimos público en su día, pero han pasado ya unos años. El PSOE me criminalizó mucho en esa campaña electoral [de 2019] por defender cosas que han acabado defendiendo ellos, porque han aprobado una amnistía, unos indultos y han derogado la sedición. 

Esos contactos con el universo independentista fueron útiles para la moción de censura de 2018 y para mantener buenas relaciones en el Congreso. Dice incluso que llegó a existir un grupo de Telegram entre el vicepresidente Iglesias, Carles Puigdemont, Toni Comín y usted.

Sí, pero duró muy poco [ríe]. A Pablo no le parecía adecuado, sino más bien arriesgado, tener un grupo de Telegram así mientras era vicepresidente. Veía bien tener reuniones con ellos, pero el grupo se borró bastante rápido. 

Más adelante, en las negociaciones para la amnistía de cara a la investidura tras las elecciones generales de 2023, jugó un papel de sherpa con contactos con Puigdemont y su abogado Gonzalo Boye. ¿Cómo fueron aquellas conversaciones?

La primera conversación sobre el escenario que se produjo tras las elecciones fue con Salvador Illa, que me convocó a su despacho. Tras el resultado electoral empecé a hablar con Comín, Puigdemont, Boye… Cuando las cosas parecían encalladas, fue importante la reunión de la vicepresidenta Yolanda Díaz con Puigdemont. Decidimos condicionar la conversación con una reunión rápida en septiembre. Los socialistas nos criticaron, mucha gente no lo entendió, pero al final ellos [el PSOE] se la hicieron [la foto], y tarde o temprano Sánchez se la hará con Puigdemont. Durante meses estuvimos solos planteando la amnistía. 

Otro episodio clave es su dimisión, cuando se descuelga como candidato a las elecciones generales en 2023. Se lo reprocha a Yolanda Díaz. ¿Por qué le vetaron?

No digo que me vetaran, de hecho no cuento lo que sucedió… 

Lo que dice en el libro es que tras su dimisión le reprocha a Díaz que no se hicieran bien las cosas. 

En política la vida interna de los partidos puede ser tumultuosa y con cambios de guion, y a veces toca perder. Igual que es importante saber comprometerse, también lo es saber irse. En ese momento pasaron cosas en mi partido que no me gustaron, pero no lo cuento en el libro y tampoco lo haré ahora. Decidí irme sin reproches ni segregando bilis, sino deseando suerte al proyecto. 

El espacio de Podemos y las confluencias fue capaz de formar el primer Gobierno de coalición en España. Pero también está ahora en sus peores resultados desde su surgimiento. Es una pregunta recurrente en la izquierda, pero ¿qué se ha hecho mal?

Qué se ha hecho mal y qué se ha hecho bien. Una de las grandes victorias de nuestro espacio se llama Gobierno de coalición y Pedro Sánchez. E igual que cuando le preguntaron a Thatcher por su mayor victoria y ella dijo que era Toni Blair, que le había comprado sus tesis, nosotros hemos conseguido que el PSOE de Sánchez se emancipe del de Felipe González y el bipartidismo. Les obligamos a mirar a la izquierda hasta el punto que su apuesta inicial era gobernar con Ciudadanos y no pudo. De inicio el PSOE nos trataba como apestados, que no podría dormir si gobernaba con nosotros. Luego pasó lo mismo con ERC y con Bildu. Ahora pasa con Junts. A nosotros nos toca ser pegamento y pista de aterrizaje de estos actores. 

Una de las grandes victorias de nuestro espacio se llama Gobierno de coalición y Pedro Sánchez. Igual que cuando le preguntaron a Thatcher por su mayor victoria y ella dijo que era Toni Blair, que le había comprado sus tesis

Pero eso no lo ha hecho el PSOE por voluntad. Con eso quiero decir que todas las reformas del Gobierno de coalición han tenido nuestro sello. ¿Electoralmente no lo hemos capitalizado nosotros? No. Pero no somos profesionales de la política, los partidos son instrumentos. Esta creo que es una parte de la explicación de la bajada del espacio del cambio. Evidentemente también tiene que ver con la división interna y las peleas en las que estamos instalados permanentemente. Hay muchos factores, podríamos encontrar más. El reto es reconectar como lo hicimos tras el 15M con las mayorías sociales y no caer en tentación de encerrarnos en resistencialismos identitarios y melancólicos, que es una de las tentaciones de la izquierda alternativa. 

Esta es problema que afronta la izquierda también a nivel europeo. En su nueva etapa de eurodiputado desde 2024, ¿cómo cree que las formaciones progresistas deben encarar una ola reaccionaria que ya gobierna en varios estados?  

Existe una tentación grande de replegarse a posiciones defensivas y conformarse en la noble tarea de resistir. Pero no podemos permitirnos el lujo de abandonar la política de la responsabilidad. Cuando sopla tanto el viento tienes dos opciones: esperar a que cambie de dirección y quejarse o ajustar las velas para seguir con el rumbo e intentar ser más audaces, más precisos, más pragmáticos. Y es más necesario que nunca encontrar espacios de encuentro, pero para ello lo primero que hay que hacer es desinflamar. Es muy difícil reconstruir y reencontrarse con los compañeros en medio de reproches constantes. Con un ascenso de la extrema  derecha tan bestia, a la gente le genera desafección ver nuestras batallitas, que muchas veces son discrepancias de forma pero no de fondo. 

¿Otro reto es conseguir mejoras en las condiciones materiales de vida de la población, como el acceso a la vivienda o el precio de la compra, que la ciudadanía puede percibir que los gobiernos de izquierdas no están garantizando?

Aquí hay cierta disonancia cognitiva. Por un lado, tenemos datos económicos que señalan que la economía española es de las mejores de Eiropa, la que genera más puestos de trabajo. Pero al mismo tiempo hay disfunciones estructurales que cuesta solucionar y la gente quiere resultados tangibles a corto plazo. En vivienda por ejemplo llevamos años de retrasos y es cierto que no hay una varita mágica que solucione los problemas, pero hemos arrastrado al PSOE para hacer la primera Ley de Vivienda. 

Esta semana está siendo decisiva para el futuro de la guerra de Ucrania y el papel que Europa debe jugar en ella. ¿Cuál cree que debe ser la implicación de la UE en esta nueva etapa? 

Es un momento muy delicado, porque se impone el principio fuerza por encima de fuerza del derecho. El orden surgido de la Segunda Guerra Mundial se está desmoronando. No es solo Rusia, también Estados Unidos aspira a quedarse con Canadá y Groenlandia, en un nuevo modelo de relaciones internacionales con dos fuerzas imperiales que tienen en común el nacionalismo autoritario. Pero este momento oscuro entraña también oportunidades. Europa ha avanzado a base de crisis y tenemos una oportunidad de mayor integración, de emanciparnos de Estados Unidos. Cuando Trump amenaza con llevarse las bases militares no deja de ser una buena noticia, nos pone ante la posibilidad de tener una auténtica autonomía estratégica. 

“Estamos aquí para exigir un cambio a Europa y a España, para pasar de las palabras a los hechos. La humanidad está en peligro cada día en Palestina”. Con esas palabras ha advertido la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau de la insostenible situación de la población palestina que ha vivido de primera mano como participante en una delegación internacional, de la que también forma parte el eurodiputado de los comunes Jaume Asens, que fue atacada con gases lacrimógenos por soldados israelíes. “La situación es mucho peor de lo que teníamos conocimiento”, ha reconocido Colau en una comparecencia en el Ayutamiento de Ramallah en la que ha recordado que Barcelona rompió relaciones con Tel Aviv hace dos años por el “apartheid, la ocupación ilegal y las violaciones de derechos humanos”. Y ha pedido a la UE y a España que hagan lo mismo. “¿Se pudo hacer con Rusia pero no se puede hacer con Israel?”, se ha preguntado.

“Necesitamos hechos básicos como es un total embargo de armas, sanciones económicas a Israel y suspender relaciones con un Estado que está violando la legalidad internacional y los derechos humanos”, ha reclamado Colau, que ha reconocido que siente “vergüenza” como ciudadana europea. “La palabra es impunidad”, ha dicho sobre la reacción que la UE y la comunidad internacional tienen con Tel Aviv antes de recordado que sólo ayer Israel decidió prohibir la actuación de la agencia de la ONU UNRWA en el territorio palestino, asesinó a decenas de personas en Gaza y mantuvo los “ataques indiscriminados contra la población civil en Líbano”. “Ha seguido violando la legalidad internacional y los derechos humanos”, ha reiterado.

También Asens ha denunciado el “doble rasero” y la “hipocresía” de la UE y de Estados Unidos. “Hemos venido a hacer lo que los gobiernos occidentales no hacen. El genocidio que sufre Gaza y las violanciones sistemáticas de derecho en Cisjordania son responsabilidad de Israel”: “Lo que vale para Rusia debería valer para Israel, lo que vale para la población ucrania debería valer para la palestina”.

Aunque ha concedido que el Gobierno de España ha hecho “mucho” en relación al conflicto, ha avisado de que “no es suficiente”. “Queremos que España sea punta de lanza, vanguardia, en la defensa de los derechos en Europa”. Entre las peticiones a la coalición, Asens ha incluido ua reforma de la ley de comercio de armas, aunque ha admitido que la derecha -refiriéndose a PP, Vox y Junts- no la secundarán porque están “apoyando el genocidio”: “Es difícil que esa ley salga, pero tenemos que intentarlo”.

Las palabras de Colau y Asens se producen después de que sufrieran un ataque con gases lacrimógenos por parte de soldados israelíes cuando acompañaban a “agricultores pacíficos y desarmados” a recoger olivas en Qusra. “Pudimos vivir en primera persona lo que el peublo de palestina sufre cada día, incluso nos atacaron a nosotros. Los soldados no hablaron con nadie, directamente atacaron con gases lacrimógenos y granadas de sonido, pusieron en peligro la vida de personas que estábamos allí presentes”, ha relatado Colau, que ha asegurado que una situación similar habría sido un “escándalo” en diplomacia internacional. “Para mí es lo menos importante, porque es lo que sufre el pueblo palestino cada día: violaciones de derechos humanos con total impunidad”, ha dicho.

Colau ha explicado que después del ataque se puso en contacto con ellos el cónsul en Jerusalén y el secretario del Ministerio de Exteriores para “preocuparse” por su salud: “Les respondí que por suerte estábamos bien de salud, pero que podríamos haber sido gravemente heridos por el ejército israelí y por la presencia de colonos armados”.

“El Gobierno de España, que quiere ser un gobierno democrático y comprometido con los derechos humanos y la legalidad internacional, debe preocuparse por la sistemática violación de derechos humanos de Israel contra el pueblo de palestina”, ha dicho la exalcaldesa: “Se puede hacer mucho más”.

El eurodiputado de Sumar, Jaume Asens, y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han denunciado un ataque con gases lacrimógenos durante su visita a (Palestina) junto a una “delegación internacional” coordinada por dos asociaciones de juristas y defensores de los Derechos Humanos.

Según aseguran en sus publicaciones en redes sociales, el ejército israelí ha disparado “sin mediar palabras” estos gases mientras acompañaban a unos agricultores palestinos que estaban recogiendo aceitunas cerca de Qusra, una aldea palestina en el Norte de Cisjordania.

“Pensábamos que nuestra presencia aquí podía ser algo disuasoria pero no ha sido así”, ha afirmado Asens. “Han lanzado a la altura de la cara gases lacrimógenos y balas ensordecedoras”, ha añadido el parlamentario.

“Sin mediar palabra han empezado a disparar indiscriminadamente”, ha asegurado también Colau en su cuenta de Instagram. “Esto es inadmisible y vulnera todo el derecho internacional”, ha añadido. “Lo que es intolerable es que la comunidad internacional se ponga de perfil, por esto estamos aquí esta delegación”.

La delegación, coordinada por las organizaciones Progressive International y National Lawyers Guild de Estados Unidos, reúne a expertos legales, defensores de los derechos humanos y representantes parlamentarios internacionales, según informa Progressive International en una publicación en X, recogida por Europa Press.

Barcelona en Comú, el proyecto político que lidera Ada Colau y que gobernó la capital catalana durante los anteriores dos mandatos, cumple 10 años. No el partido, sino su embrión, la plataforma llamada Guanyem, que se presentó un 26 de junio de 2014 en un colegio público de la ciudad, el Collaso i Gil. El acto reunió a más de 1.500 personas, la mayoría activistas sociales y vecinales. Hoy, algunos de ellos son conocidas figuras políticas de una formación que no atraviesa precisamente su mejor momento. 

De ese cónclave fundacional, con una Colau como cara visible del malestar social acumulado por la crisis económica, emergió un espacio político que en menos de un año consiguió gobernar Barcelona y que llegó a ganar las elecciones generales en Catalunya, en 2015 y 2016, coincidiendo con el auge de Podemos. Sin embargo, ese ciclo, que en la capital catalana incluyó ocho años de alcaldía, se ha cerrado, según reconocen en la formación, y Barcelona en Comú transita actualmente por la oposición en el Ayuntamiento y sin resolver si Colau entregará el relevo en los próximos años.

Conscientes de la necesidad de actualizar el programa político y reforzar sus lazos con entidades y movimientos sociales, lo que fue la base de su crecimiento, en Barcelona en Comú preparan un congreso de cara al primer semestre de 2025. Un proceso que llegará marcado por la previa Asamblea Nacional de Catalunya en Comú, en noviembre de este año, y por las tensiones y movimientos internos dentro de la coalición de Sumar, en la que los Comuns jugaban hasta ahora un papel preponderante.

La esperanza de un nuevo contrato social

En el auditorio de la escuela Collaso i Gil, en el Raval, el ambiente político y emocional que se respiraba distaba mucho del hoy. Lo recuerdan dos de las figuras que junto a Colau o a Jaume Asens cogieron el micro, Gala Pin y Joan Subirats. “Era un clima que permitía pensar en un nuevo contrato social”, señala Pin, actualmente diputada en el Congreso. “Hay que recordar que en ese momento las instituciones parecían secuestradas y la corrupción del PP era galopante”, señala la que por entonces era activista de la PAH y que pronto se convertiría en concejal.

2014 fue el año en que abdicó el rey Juan Carlos I y Podemos irrumpió en unas elecciones europeas en las que el bipartidismo quedó por debajo del 50%. Además de los recortes sociales, la crisis hipotecaria dejó ese año un pico de 68.000 desahucios en España. Un día antes del acto de Guanyem, un integrante de la PAH en Cantabria, Mario, se había suicidado por culpa de un desahucio. “Estamos aquí por necesidad, millones de personas están en una situación límite”, proclamó Colau.

Para Subirats, una de las razones del éxito fue encontrar la tecla del “municipalismo como espacio aglutinador”. Al acto acudieron políticos de Podemos (Juan Carlos Monedero o Pablo Echenique), ICV (Joan Herrera o Ricard Gomà), EUiA (David Companyon) o la CUP (David Fernàndez), aunque estos últimos finalmente se desmarcarían. Pero también estaban entidades sociales como la federación de asociaciones de vecinos, Aigua és Vida o la Alianza contra la Pobreza Energética. 

De la irrupción institucional de Barcelona en Comú, que culminaría con la investidura de Colau como alcaldesa en el verano de 2015, Subirats recuerda algunas llamadas que recibió esos días. “Había gente de la ciudad que me llamaba y me decía que no tenía el teléfono de ninguno de los concejales, que de dónde salían. Esto da una idea de la drástica transformación”, asegura este académico, que inicialmente se mantuvo en segunda fila pero que acabaría dando el salto como comisionado de Cultura en 2017 y en 2021 como ministro de Universidades.

Antes de llegar a la alcaldía, la plataforma de Guanyem inició en 2014 un proceso de debates y asambleas locales con las que fue construyendo la llamada confluencia. Pasaron ocho meses hasta que se cerró la coalición electoral, unos ritmos hoy impensables en política, incluso para el propio espacio de los comuns. “Si lo comparas con Podemos, que se construyó de arriba abajo, permite comprender por qué Barcelona en Comú ha sido más resiliente”, argumenta Subirats. 

Del legado de Colau al papel de oposición

La historia de Barcelona en Comú va unida a la del gobierno municipal de los siguientes ocho años. El intento de trasladar la fuerza municipalista al ámbito autonómico mediante la puesta en marcha de Catalunya en Comú ha sido menos exitosa: a su conflictiva creación le han seguido resultados discretos en las elecciones catalanas. En los últimos comicios de mayo, el partido solo obtuvo representación por la provincia de Barcelona y perdió su escaño por Tarragona y Girona.

La estrategia contra los desahucios, el freno a los desarrollos hoteleros o las peatonalizaciones son parte del legado, marcado también por sus cuitas con el PSC en el Ejecutivo, las tensiones del procés o la investidura de Colau en 2019 con los votos de Manuel Valls. 

Para Gala Pin, una de las mayores transformaciones fue cambiar la agenda política y mediática de la ciudad. “Antes no se hablaba de vivienda, ni de la masificación turística, ni de municipalizar energía o agua; se cambiaron las prioridades fruto del empuje de los movimientos sociales”, sostiene. 

Desde 2015 a 2023, sin embargo, los Comuns han pasado de 177.000 votos a 132.000 en la ciudad. Tras facilitar la investidura del socialista Jaume Collboni, Barcelona en Comú se fue a la oposición con la aspiración de entrar en el gobierno municipal en algún momento, pero la formación se ha encontrado ahora con que el PSC prefiere pactar una coalición con ERC y dejarles a ellos fuera. Aunque quedan tres años de mandato, actualmente no hay conversaciones en esta dirección entre socialistas y Comuns. 

“No hay voluntad por parte del PSC de formar un gobierno de progreso; les incomoda nuestra presencia porque lo que buscan es desmarcarse del gobierno de los últimos ocho años”, argumenta Max Cahner, actual portavoz de la dirección ejecutiva del partido, que acusa a Collboni de haber girado a la derecha una vez obtuvo la alcaldía. 

Cahner explica que será en 2025 cuando llevarán a cabo el congreso para revisar programa y estrategia. “Debemos seguir trabajando para ser un espacio movimientista, pero eso nos obliga a abrirnos, a conectar con los anhelos de la ciudad y a ser su puerta de entrada a las instituciones”, señala. 

En un contexto de retroceso de las izquierdas, y con un aumento de la extrema derecha en toda Europa, Pin insiste en esa idea. “En momentos de reflujo y de dudas, puede haber una tendencia comprensible a refugiarse en una zona de confort, pero hay que salir de ahí”, señala, y pone como ejemplo la necesidad de buscar alianzas internacionales con la misma eficacia con que lo está haciendo la extrema derecha. 

Pasado ese replanteamiento y no antes, según Cahner, tocará adaptar los liderazgos a la nueva etapa. Si seguirá Colau o no al frente del partido es por ahora una incógnita. Cuando se quedó sin su anhelado tercer mandato, no pocos en el partido dieron por hecho que en algún momento daría un paso atrás, pero finalmente confirmó que se quedaba. Si quisiese encabezar una nueva candidatura en 2027, sin embargo, habría que modificar el código ético. 

El rechazo al proyecto del Hard Rock ha dejado de ser una línea roja para los Comuns, pese a hace solo dos meses fue motivo para rechazar los últimos presupuestos de la Generalitat, lo que acabó truncando la legislatura de Pere Aragonès.

El candidato de los Comuns y Sumar a las elecciones europeas, Jaume Asens, ha considerado que el pacto con el PSC para investir al socialista Salvador Illa no puede estar condicionado a la cuestión del macrocasino, aunque será una de las cuestiones que su partido defienda.

“Los programas no se pueden devolver tablas de Moisés”, ha defendido Jaume Asens en el programa Aquí Catalunya, de la Cadena Ser. El candidato europeo ha asegurado que su partido considera que las líneas rojas son “una mala práctica” para negociar, aunque sí ha asegurado que plantearán “exigencias” al PSC.

Asens además se ha mostrado dispuesto que su partido “flexibilice las posiciones” para facilitar el acuerdo con el PSC en Catalunya, igual que los socialistas deberán flexibilizar las suyas “si quieren una investidura”.

El pacto con el PSC es deseable ya que, a su modo de ver, los acuerdos de Sumar y los Comuns con los socialistas han sido fértiles al haber arrastrado al PSOE a aceptar políticas que no estaban de entrada en su programa electoral.

“Hemos podido avanzar en una agenda social en ]cuestiones como] la reforma laboral, el Ingreso Mínimo Vital, las subidas del salario mínimo, que no estaban en el programa del PSOE, como tampoco lo estaba la ley de la eutanasia”, ha defendido Asens, que también ha calificado de “giro del 180 grados” el dado por el PSOE respecto a Catalunya.

Por otra parte, advirtió de que “es muy probable” el giro a la derecha con “la ola internacional reaccionaria” y que vuelvan “tiempos duros”. Por eso, ha animado a votar para evitarlo. En concreto, avisó de que la extrema derecha “está tratando a los musulmanes cómo se trataba a los judíos en los años 30”.

Sumar ha encajado el más que complejo puzzle de la lista de las elecciones europeas. Tras otra jornada agónica de negociaciones, Yolanda Díaz ha decidido otorgar más peso a los comuns y a Compromís, que tendrán el segundo y el tercer puesto de la candidatura que encabeza Estrella Galán, cuota propia. Más Madrid firma un pacto para ir en el quinto puesto y todo queda a la espera de que Izquierda Unida acepte la cuarta posición.

Una negociación que no ha convencido a todas las partes. Fuentes de Más Madrid han asegurado que han puesto por delante su “compromiso con el bloque progresista y el interés colectivo” a pesar de las “dificultades” para que se reconociera el peso de cada espacio dentro de esa lista. En Izquierda Unida trasladaban esta tarde su malestar por una negociación con el resto de los partidos de la que han ido enterándose por los medios de comunicación. La federación aspiraba a que su candidato, Manu Pineda, ocupase la segunda posición.

Los de Sira Rego quedan en cuarto lugar, el último puesto de salida según el consenso que habían alcanzado todas las formaciones desde el principio de las negociaciones. Todos cuentan con esos cuatro escaños como seguros para los comicios que se celebrarán el 9 de junio. El quinto, creen, podría bailar si las cosas no salen bien. Es por eso que Izquierda Unida y Compromís habían elevado públicamente la presión en los últimos días.

Sumar cedió al órdago que le había lanzado Compromís. La coalición valenciana advirtió el martes de que seguían negociando con la plataforma de Yolanda Díaz pero que no descartaban presentarse en solitario, un movimiento que habría tensado la convivencia en el grupo parlamentario. Junto a ese acuerdo, la dirección de Sumar pactó poco después dar la segunda plaza a los comuns, que llevará como candidato a Jaume Asens. .

Compromís había marcado este viernes como límite para negociar con Sumar. La coalición quería llegar con un acuerdo al Consell que celebrará este fin de semana para activar el proceso de primarias del que saldrá el candidato o candidata final. Las negociaciones habían ido mal la semana pasada y el martes los valencianos decidieron retrasar hasta el jueves las ejecutivas de sus dos partidos (Iniciativa y Més) para dar aire algo más de aire a la negociación.

Y durante la tarde de este mismo jueves llegó la fumata blanca. Compromís hizo valer su posición negociadora y retendrá el tercer puesto de una lista en la que todos coinciden en que solo hay cuatro puestos seguros. El quinto podría bailar si esos comicios no van todo lo bien que espera Sumar. El acuerdo, avanzado por este diario, se sometió a votación en la Ejecutiva que Compromís celebró en la tarde de este jueves, un encuentro que también abordó el reglamento para designar a su candidato o candidata por primarias.

Las negociaciones también se han desbloqueado este jueves con Catalunya en Comú: Jaume Asens será el 'número dos'. La coalición catalana estaba tranquila con las conversaciones que había mantenido hasta ahora con el negociador de Sumar, Josep Vendrell. Esas buenas sensaciones se han concretado esta tarde en un segundo puesto que confirma el estrecho vínculo de la plataforma de Yolanda Díaz con la formación que lideran Ada Colau, Jéssica Albiach y Candela López.

Pero los acuerdos bilaterales alcanzados apretaban la pugna para un cuarto puesto y desechaban las opciones de Izquierda Unida de conseguir una posición alta en esa lista. Todo apunta, si aceptan la propuesta de Sumar, a que colocarán a su candidato, Manu Pineda, en el cuarto puesto de la candidatura. En esa pelea estaba también Más Madrid, que aspiraba a colocar a su candidato o candidata en una posición de salida y se conforma con un quinto puesto.

Izquierda Unida había mostrado esta semana su incomodidad con el curso de las negociaciones. Su coportavoz y responsable de Organización, Ismael González, quien negocia directamente con Vendrell junto a la otra portavoz de la formación, Amanda Meyer, planteó un sistema de primarias si la negociación se complicaba.

“Si las organizaciones o la dirección de Sumar no es capaz de cerrar un proceso [unitario], tenemos no solo la herramienta de que las organizaciones seamos también protagonistas, al igual que las bases, también los mecanismos democráticos como son las primarias”, dijo el lunes, después de constatar que las negociaciones estaban “en punto muerto”. Unas primarias que Sumar descarta: solo habrá un proceso posterior de ratificación de esa lista.

Fuentes de Izquierda Unida mostraban este jueves su malestar después de conocer los acuerdos con el resto de fuerzas por los medios. Es por eso que una vez recibieron la oferta formal convocaron una Colegiada Federal, el máximo órgano entre congresos, para decidir qué hacer con la oferta de Sumar. Este viernes, tras varias horas de reunión, han decido darse hasta la semana del 25 de abril para decidir si aceptan o no la propuesta de Sumar.

Para ello consultarán con las federaciones si aceptan ese cuarto puesto a la espera de concretar “elementos importantes a nivel político y organizativo”. “Es necesario concretar el resto de elementos para poder tomar una decisión definitiva”, explica la organización en un comunicado.  

La negociación con los partidos mayoritarios ha dejado fuera de puestos de salida a fuerzas como Verdes Equo, que según fuentes conocedoras de esas conversaciones ha trasladado su inconformidad con la oferta de Sumar, dentro de las diez primeras posiciones. Esas fuentes sostienen que la formación ha propuesto que si su candidato, Florent Marcellesi, no consigue escaño, se pueda rotar a mitad del mandato con otro integrante de la lista que sí lo haya conseguido, un modelo que ya usaron durante hace dos legislaturas cuando fueron con Compromís.

Fuentes del partido celebran el acuerdo con el resto de fuerzas y plantean además que Verdes Equo “asuma durante y después de la campaña la portavocía verde del movimiento”. “Esto permitirá reforzar el eje verde durante la campaña y, a medio plazo, lo verde en el proyecto común de Sumar”, argumentan.

Problemas para conseguir una lista paritaria

Sumar tendrá muchos problemas para conseguir que los primeros puestos sean paritarios. A excepción de Estrella Galán, la cabeza de lista, todos los nombres que ya se conocen son hombres: Asens por parte de los comuns y Manu Pineda por parte de Izquierda Unida, que fue elegido en primarias. Compromís elegirá a su candidato o candidata por primarias (se celebrarán el 27 de abril) y, según aseguran, no han pactado ningún elemento corrector: si sale elegido un hombre, irá a la lista igualmente.

Los partido de la coalición han declinado avanzar qué personas concurrirán, aunque algunas fuentes han nombrado al exconseller de Educación y ahora diputado autonómico Vicent Marzà. Sobre el futuro de Mónica Oltra, insisten en que será la exvicepresidenta quien decida su papel y sus tiempos: “Transparencia no es pornografia”, ha indicado al respecto Alberto Ibáñez, portavoz de Iniciativa, el partido en el que Oltra milita.

Si Compromís finalmente elige a un hombre, solo habría dos mujer entre los cinco primeros puestos: Más Madrid no traslada el nombre pero asegura que será mujer. En Sumar reconocen las dificultades para poder confeccionar una lista que respete la cremallera al menos en los primeros puestos de la lista debido a las elecciones de los diferentes partidos.

En un primer momento, la idea de Sumar era quedarse también con el 'número dos' con María Eugenia Rodríguez Palop en todas las quinielas para esa posición. Eso también solucionaba parte de los problemas para respetar la lista paritaria, pero al mismo tiempo complicaba sobremanera las negociaciones para encajar cuatro partidos en tan solo dos puestos de salida.

Las listas paritarias no son una obligación legal todavía pero sí forman parte del espíritu que Sumar plasmó en el documento organizativo aprobado en la asamblea fundacional. “Las candidaturas que se presenten partirán de un mínimo de paridad, no aplicando en ningún caso correcciones que perjudiquen a las mujeres, y habiendo un mínimo de un 50% de mujeres en las listas. Idealmente, se optará por un modelo cremallera”, dice el documento.

“En los acuerdos de negociación con los partidos se incluirá la necesidad de cumplir con los requisitos de paridad”, añade. Sumar también establece en ese texto que todas las contrataciones para el partido, la coalición, el gobierno y el grupo sean paritarias. “Se tratará de feminizar las tareas y los puestos que están más masculinizados y viceversa”, establece.

El negociador de Sumar Jaume Asens ha afirmado este viernes que el PSOE y Junts ya han acordado “el 95% de la ley de amnistía, de la que queda fuera la presidenta del partido, Laura Borràs. El exlíder de los comuns se ha mostrado convencido de que ”se está más cerca que nunca“ de un acuerdo.

La negociación entre el PSOE y Junts encalló este jueves por el alcance y los nombres que deben incluir la amnistía. Puigdemont cerró la jornada frenando a través de X, el antiguo Twitter, las “prisas” de la parte socialista. Toda la presión recae ahora en Junts después de que el PSOE cerrara el acuerdo con ERC y las conversaciones con las fuerzas nacionalistas vascas y gallega también estén bien encarriladas.

En una entrevista en TVE recogida por la Agència Catalana de Notícies (ACN), Asens ha sostenido que la discrepancia entre socialistas y posconvergentes “está focalizada un uno o dos puntos” del texto de la ley de amnistía, pero que no hay ninguna fricción por Laura Borràs, condenada por corrupción. Según el negociador de Sumar, la presidenta de Junts “está excluida” de la última propuesta del PSOE sobre la amnistía y el partido de Puigdemont lo ha aceptado.

Más allá de nombres concretos, Asens se ha mostrado convencido de que “las próximas horas serán determinantes”, y ha augurado que “se está más cerca que nunca” de un acuerdo. A juicio del negociador de Sumar, los partidos se encuentran ante una “oportunidad histórica” de “dejar atrás el enfrentamiento” y la “falta de empatía” el conflicto soberanista.

Una repetición electoral, ha alertado Asens, supondría “dar una segunda oportunidad a Vox”. El abogado ha querido “lanzar un mensaje de optimismo” porque “el texto acordado entre ERC y el PSOE también es el texto negociado con Junts”. “No es que sean dos textos distintos, la diferencia es que Junts quiere ir un poco más allá porque cree que hay un par de cosas que no son suficientemente ambiciosas”, ha agregado.

También se ha referido al alcance de la amnistía el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, quien ha valorado que la norma tendría que beneficiar a unas 1.500 personas, según los cálculos de la entidad, pero dejando fuera a casos como el de Laura Borràs y otras pesquisas sobre corrupción como la que se investiga en el caso Voloh.

En una entrevista en Ser Catalunya, Antich ha recalcado que la amnistía debe excluir las causas que “no son por ejercer derechos fundamentales”, y que debe versar sobre los casos vinculados al 1-O. Con todo, Antich ha alertado de que la amnistía “no resuelve todo el problema”.

Asimismo, Antich ha señalado una “coincidencia estratégica” de las propuestas de amnistía entre Junts y ERC aunque haya “divergencias tácticas” y los dos partidos conversen por separado con el PSOE: “Se negocian las mismas cosas y en los mismos términos”.

Jaume Asens anunció que dejaba la política hace dos meses y medio y, desde entonces, prácticamente no ha parado de hacer política. El que fuera líder de Podemos en el Congreso durante la pasada legislatura ya no tiene cargo con los comuns ni con Sumar, pero se ha convertido en el hombre designado por la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, para mantener un hilo directo con Carles Puigdemont y su entorno, con el fin de facilitar acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez.

Asens asume que su encargo es “allanar el camino” y “facilitar que otros después pudiesen transitarlo”. El abogado además considera que la negociación que ahora mismo discurre entre Madrid y Bruselas puede ser el principio del fin del conflicto político que se generó en 2010 tras la sentencia del Constitucional sobre el Estatut. “El Constitucional fue el origen del problema en Catalunya, pero ahora puede ser la solución”, asegura.

Se ha mostrado optimista sobre un acuerdo con Puigdemont para investir a Sánchez. ¿Cuál cree que será el punto clave?

La amnistía. Creo que la investidura girará alrededor de la amnistía porque es la piedra angular de todo lo demás.

Puigdemont también pidió un relator, un intermediario. ¿Cómo lo ve?

No debe ser un problema. Es una propuesta que el independentismo ha planteado antes, ya en la declaración de Pedralbes se hablaba de esto y ahora lo que hay que buscar es la figura o el equipo que dé confianza a ambos lados. En toda negociación puede ser útil alguien que de fe o que facilite el diálogo, sobre todo cuando se parte de una desconfianza profunda. En esto ahora nosotros (Sumar) tenemos un papel importante porque entre Junts y el PSOE, y entre Puigdemont y Sánchez, hay una gran desconfianza que viene de lejos. Pero, más allá de nuestro papel, podría haber otras figuras útiles, como la de [José Luís Rodríguez] Zapatero.

¿Qué papel podría jugar el expresidente?

Creo que tiene una imagen y una legitimidad que se ha ganado a pulso en los últimos tiempos y que es una persona que tiene un perfil que podría jugar un rol interesante en la negociación entre Puigdemont y Sánchez.

¿Está pensando en que Zapatero vaya a Bruselas a ver a Puigdemont, por ejemplo?

Es una opción. Yo creo que sería una imagen que ayudaría. Igual que nuestro gesto yendo con la vicepresidenta Díaz fue un gesto de reconocimiento. Cualquier negociación política parte de la necesidad de reconocer al otro, la legitimidad del otro, cosa que no quiere decir compartir sus razones, pero sí entenderlas como racionales y legítimas. Nuestra reunión en Bruselas tenía que ver con esta intención de reconocer a nuestro interlocutor.

¿Puigdemont les había pedido que fuera Yolanda Díaz?

Sí, fue una petición de Junts, pero nosotros no tuvimos ningún problema porque nos parece un gesto de distensión y positivo. Y que sería para allanar el camino y para facilitar que otros después pudiesen transitarlo. Además, era también una cuestión de transparencia, porque mientras otros hablan a través de emisarios, nosotros creemos que no tenemos nada que esconder, sino tratar a la ciudadanía como adulta que entiende la situación.

Una vez ha ido la vicepresidenta Díaz, ¿tendría sentido que la negociación se cerrara con algún miembro del Gobierno, del PSOE, acudiendo a Bruselas?

Yo creo que eso permitiría normalizar la situación. Venimos de una época que se ha demonizado mucho a Puigdemont, se le ha presentado como el enemigo número uno en España y se le ha comparado con el nazismo, y tenemos que superar esa etapa de reproches y caricaturas sobre Puigdemont, porque eso dificulta el diálogo democrático. Ha habido falta de empatía por ambos lados, también actores importantes del independentismo han sido ciegos a las razones de los otros. Por eso creo que en esta nueva etapa que se abre sería conveniente construir puentes.

Las reacciones al encuentro entre Díaz y Puigdemont han sido furibundas por parte de la derecha e incluso se ha removido la vieja guardia del PSOE. ¿Cómo lo interpreta?

En el caso del PP es un gran ejercicio de hipocresía, porque critican lo mismo que hacen ellos. El PP han estado interlocutando con Junts y con el interlocutor que les ha dicho Junts. Si el PP considera que Junts es un partido legítimo y democrático, tal como dijo, ¿cómo no va a serlo su líder? Es una cuestión de sentido común. En el fondo hay una dificultad del PP para aceptar las reglas del juego democrático. El gran drama de España es que tenemos una derecha con una esencia predemocrática y que tiene una visión patrimonialista del poder.

Felipe González ha dicho que le parece obvio que la amnistía no cabe en la Constitución.

Felipe González parece trabajar más para Feijóo que el propio Feijóo. Yo respeto la opinión de González sobre la amnistía, pero creo que la opinión que importa es la del Constitucional. Y no solo lo opino yo, creo que aquí ha habido un cambio importante en el PSOE. Es muy relevante que el presidente Sánchez dijera hace poco que quien tenía que decidir sobre la constitucionalidad de una ley es el Constitucional. Eso parece una obviedad pero es que venimos de una legislatura donde un grupo de diputados de PP, Vox y PSOE impidieron debatir una propuesta de amnistía. 

Creo que hay quien no entiende cómo pudo pasar que hace solo un año y medio los letrados del Congreso dijeran que la amnistía era “manifiestamente inconstitucional”, y que ahora tantos juristas digan lo contrario, y el propio PSOE esté estudiándolo.

En el fondo es una censura al Parlamento. Es una deriva intervencionista a la sede de la soberanía popular muy grave, porque se está amordazando. Tiene que ver con una degradación del principio democrático, el parlamentarismo ha estado en horas bajas, mientras se daba mucho protagonismo a los tribunales. Hasta el punto que el Constitucional se ha convertido en una tercera Cámara legislativa. En este clima de excepcionalidad, algunos partidos se han arrogado una función que no les corresponde, que es ser garantes de una supuesta constitucionalidad antes de que el TC se pronuncie.

Sin embargo hay mucha controversia entre juristas sobre la constitucionalidad de la amnistía. 

El Constitucional ya ha dicho que la amnistía es constitucional. Lo hizo a partir de los años 80, hay varias sentencias en el 82 y en el 83. De hecho, negar la legitimidad democrática de la amnistía es negar la legitimidad democrática del propio sistema político español, porque nace de la amnistía, que es fundante del régimen. Pero es que además, seríamos el único país de Europa donde las amnistías están prohibidas, porque en todas está regulada la amnistía. En la única que no se regula es en la alemana, y eso explica que no esté en la española, porque se hizo inspirándose en la alemana. Pero el Constitucional alemán ya ha dicho que la amnistía es constitucional allá, como el TC lo ha dicho aquí.

Algunos juristas dicen que puede ser constitucional pero ponen ciertos requisitos sobre su fondo, como que esté bien justificada, que incluya a todas las partes…

Yo creo que en un proceso de amnistía, donde pretendes reconciliar a dos partes en conflicto, no sólo debe tenerse un cierto diagnóstico o relato común que sirva de base para legitimar el uso de una medida tan excepcional sobre lo que ha sucedido, sino también una cierta asunción de errores o corresponsabilidades en el conflicto de ambas partes para reconstruir una hoja de ruta compartida.

Me parece obvio que han pasado cosas muy excepcionales y que ha habido un fracaso del sistema para responder primero a una demanda, y después para resolver un problema. Porque en el fondo hablamos de un territorio como es el catalán que tiene un Estatuto de Autonomía impuesto a la fuerza a sus ciudadanos, pese a que ya era fruto de un acuerdo con el Estado.

El expresident aseguró que amnistía, relator o el asunto sobre el catalán eran condiciones previas para una negociación sobre el reconocimiento de Catalunya como nación. ¿Qué cree que quiere decir Puigdemont con ese “acuerdo histórico”?

Bueno, hay elementos que ya son históricos. Por ejemplo que se puedan hablar las lenguas oficiales en el Congreso. Eso no había pasado nunca y Puigdemont se remonta a 1714 por la asunción, por primera vez, de la realidad plurinacional y plurilingüe del Estado. Yo creo que el sistema político español nunca podrá operar en contra de esta realidad, porque la realidad siempre se vengará. 

¿Entonces cree que Puigdemont se conformará con un pacto sobre la lengua?

No, no, yo interpreto que de lo que se trata es de rehacer la relación rota entre Catalunya y España, y que hace falta un nuevo marco territorial, o al menos una hoja de ruta compartida. Lo que hasta ahora hemos visto es que el bipartidismo excluía al resto de partidos de la definición del modelo territorial. Y eso ha hecho que la política territorial sea muy contradictoria, que se mueva en una dinámica de cesiones o de recentralización según la correlación de fuerzas. Es decir, no hay convicción, sino necesidad aritmética. Y esta es una materia en la que habría que tener convicción. Nosotros la tenemos.

¿Está diciendo que Carles Puigdemont intenta rehacer el pacto con el Estado?

No sé exactamente cuál es su intención final, pero sí es verdad que el independentismo nace de la frustración del catalanismo para transformar España. Es decir, el catalanismo siempre ha defendido el autogobierno, pero la vía es la modernización del Estado. Y cuando se frustra aparece esta reacción que dice 'aquí no hay nada que hacer', y aparecen pulsiones unilateralistas que, cuando se dan contra la pared de la realidad, suelen volver a apostar por transformar el Estado para poder avanzar. Porque, además, ¿quién quiere marchar de un Estado en el que está bien?

Más allá de la voluntad que pueda tener ahora Puigdemont, en 2010 el Constitucional ya marcó el tope del autogobierno posible con la sentencia del Estatut. ¿Por qué iba ahora a avalar un nuevo pacto que fuera más lejos?

En 2010, un Constitucional con el mandato caducado y que el PP no quería renovar, le dio la llave territorial al PP, como si la Constitución fuese de su propiedad, como si no se pudiera mover ningún tabique del edificio sin autorización del PP, un partido que es heredero de AP, que fue contraria a la Constitución. Y lo que hace el Constitucional es cargase el pacto territorial suscrito entre Catalunya y el Estado, entre el Parlament y el Congreso. Ahora tenemos la oportunidad de pasar página, curar las heridas de todo aquello y superar el legado del PP. Y creo que igual que el Constitucional fue el origen del problema en Catalunya, ahora puede ser la solución. El que ponga las cosas en su sitio, comenzando por avalar una amnistía.

La legislatura pasada se decía que hacían falta los indultos y el cambio en el Código Penal, algo que ya se hizo. Ahora hay quien no entiende por qué hace falta una amnistía.

La agenda de la desjudicialización es una cuestión de fases. Empezó el mandato pasado, con los indultos, y afectó a una parte de líderes. Pero claro, este conflicto ha abarcado a mucha gente. Y lo que no puede ser es que tu salves a una parte de los líderes, ni siquiera a todos, y te olvides de la base de la ciudadanía.

¿Cómo se puede perimetrar el alcance de la amnistía? Es decir, ¿cómo se garantiza que no se deja fuera a nadie que deba estar y que no incluya a alguien que no debería estar?

Aun no hemos escuchado al PSOE pronunciándose claramente, pero es evidente que ahora, si esta es la vía elegida, lo que toca es decidir cual sería el alcance temporal. Es decir, a partir de cuándo y hasta cuándo, y el alcance subjetivo, a quién beneficia y para qué delitos. Hay que discutir primero la oportunidad política, después la explicación que se le da a la amnistía, la motivación que debe traducirse en una exposición de motivos, después determinar bien el ámbito temporal y el subjetivo. Este es el campo de juego.

Le propongo un pequeño juego. Yo le digo una serie de nombres y me dice si a su juicio debería o no estar dentro de la amnistía. El primero: Carles Puigdemont.

Creo que sí, que está en la amnistía. 

¿Quim Torra?

Sí, creo que debería beneficiar a todos los hechos que tienen un contenido político y que se han producido en el contexto de la respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional, todo lo que pasa desde que el TC impone a los catalanes contra su voluntad un estatuto, las resistencias, las movilizaciones que genera esto… creo que deberían estar alcanzados por la amnistía. 

Es decir, a Valtonyc no le incluye.

Valtonyc no tiene nada que ver con el conflicto político catalán. Otra cosa es que Valtonyc no debería tener la causa que tiene. Yo presenté un indulto y aun no me han notificado nada, pero lo pedí porque hablé con su abogado y le pareció bien y presenté un indulto que está pendiente de la resolución. 

¿Artur Mas, por el 9-N?

Sería lógico. 

¿Laura Borràs?

Yo, Laura Borras… Òmnium la excluye de la lista. Yo estoy trabajando con Òmnium, con el inventario de los casos que tienen, y no está Laura Borras. ERC y la CUP tampoco consideran que deba estar e incluso dentro de Junts, la encargada de garantías, Magda Oranich, dijo que era una opinión muy extendida en Junts que no debía estar.

¿Los CDR imputados por actos de sabotaje o a los que se ha calificado de terroristas?

Creo que se debe estudiar, se debería ver los hechos por los cuales se les acusa.

¿Los detenidos hace pocos días por intentar sabotear la Vuelta ciclista?

Mmm, no lo sé, debería estudiarse cada caso.

Lo que me interesa es entender de qué tipo de causas estaríamos hablando, y de cuáles no.

En la historia de las amnistías hay distintas tandas. La amnistía del 77 en España después fue ampliada en el 78. Si miras la francesa también se hace una amnistía para unos delitos, que afecta a unos, luego otra para otros, muchas veces va acompasada a cómo evoluciona de la sociedad, y a medida que va aceptando y asumiendo e integrando… Creo que una amnistía hace 3 años era inasumible, igual que hace 6 años eran inasumibles los indultos. Pero a medida que evolucionan las cosas, que la gente está viendo que se ha superado la etapa del enfrentamiento, del unilateralismo, ven los resultados de estas medidas y hay una aceptación.

Sobre la amnistía, ¿cree necesario que se apruebe antes de la investidura para que Junts le dé apoyo?

Es la exigencia de Junts. 

¿Y hay tiempo?

Legalmente es posible, pero claro, debería empezarse a registrar a mediados de este mes, si no va a ser difícil. Pero hay tiempo, es posible, el cronograma lo permite, con lectura única.

¿Y desde el punto de vista político cree que se debe hacer?

Tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que sería una decisión del Congreso, con el Gobierno en funciones, por lo tanto sería una decisión del Congreso, del poder soberano. El Gobierno aparecería después de este momento. 

El inconveniente es que no sé si la sociedad española está preparada para unos ritmos tan rápidos, tan forzados. El debate ha empezado hace no tanto. Una cosa es Catalunya, donde hay un cierto consenso, y la otra es el resto del Estado. Uno de los problemas que hemos tenido entre Catalunya y España es que a veces los ritmos no son los mismos. Si se va demasiado rápido… no sé. Es legalmente posible, podría empezar a hacerse, no sé si hace falta que se tramite todo antes. Por ejemplo, si se vota la toma de consideración de la ley creo que ya es un compromiso suficientemente claro de que se va en serio. 

Muchas de las cosas que la legislatura pasada se decían imposibles se han tornado posibles cuando las pide Junts. ¿Por qué parece que un Gobierno progresista se muestra más generoso con la derecha nacionalista que con ERC?

Creo que tiene que ver con los momentos políticos. Lo he dicho antes, lo que parecía imposible en la anterior legislatura ahora no lo es y lo que parecía imposible en la anterior de la anterior ya ha pasado. Creo que sí que es cierto que estas cosas deben hacerse por convicción, por ética de la responsabilidad, que no por ética del oportunismo. Y parece que hay cierto oportunismo en el PSOE. Igual que una vez dicen que detendrán a Puigdemont y luego lo amnistían. La ciudadanía puede sentir cierta perplejidad. Pero creo que es positivo saber adaptarse a las realidades cambiantes, mostrar cierta flexibilidad y no quedarse anclados en posiciones dogmáticas. 

Hace unos meses votaron con PSC y PP en el Ayuntamiento de Barcelona para evitar una alcaldía de Trias y parece que Puigdemont se la guarda, porque lo citó en su discurso. ¿Si hubiesen pensado que deberían pactar con Puigdemont ahora, aquello se habría hecho de una manera distinta?

Es una herida política, todos tenemos heridas políticas. Pero que nos hayamos reunido con Carles Puigdemont en Bruselas no quita que estemos en las antípodas ideológicas. Una cosa es normalizar las relaciones con Junts y sus líderes y la otra es que compartamos el mismo programa político. Sí que es cierto que hay ciertas sintonías o ciertas complicidades o ciertos puntos de coincidencia, pero esto no quita que haya un abismo. Y de hecho Xavier Trias se presentó a esas elecciones con la bandera del anticolauismo, y con la voluntad declarada de desmontar toda la obra de Gobierno.

Yo me había creído que usted había dejado la política cuando anunció que no iría como cabeza de lista. Y ahora su protagonismo es mayor que antes. ¿Qué ha pasado aquí?

Hubo un momento en que sentí que debía dar un paso al lado y me prometí a mí mismo hacerlo en silencio y en discreción. No quería hacer ruido, a diferencia de otras personas de nuestro espacio político, y quería mantener este compromiso en relación a todo lo que pasó durante aquella época. Pero es evidente que las circunstancias cambiaron tras las elecciones. Recibí una llamada la mañana siguiente de las elecciones de la vicepresidenta en la que me propuso este encargo y pensé que por responsabilidad no podía negarme. Evidentemente pensaba que sí podía ser útil. Los argumentos que me dio ella fueron convincentes. Pero a día de hoy yo no tengo ningún cargo ni ningún sueldo, no dejo de ser un militante de base.

¿Y tiene ganas de continuar cuando acabe la negociación, ahora que ha visto que todavía es útil?

Yo después de la dimisión estaba ya empezando a acabar mi tesis, que la tengo a medias. También un libro. Quería tomarme unos meses para esto. Después me planteaba la universidad o la abogacía, y no he cambiado de opinión. Nunca se sabe, pero de momento he interrumpido los proyectos personales y mi idea es retomarlos después.

Vox ha pedido hoy al Tribunal Supremo que declaren como testigos la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz y el exdiputado de En Común Podem, Jaume Asens, por la reunión que mantuvieron el pasado lunes con el expresidente catalán Carles Puigdemont.

El partido de Abascal lo ha hecho mediante la presentación de un escrito ante la sección número 4 del Tribunal Supremo (TS), en el que solicita la declaración testifical de Díaz y Asens por su encuentro con un “prófugo” de la Justicia, argumenta el partido que lidera Santiago Abascal, que es uno de los cuatro investigados sobre los que está pendiente su comparecencia ante la Justicia para su enjuiciamiento, defiende Vox.

La formación de extrema derecha solicita además el análisis del conocimiento directo de los planes de Carles Puigdemont que la vicepresidenta podría haber tenido de forma directa con el investigado“, para evitar así ”futuros planes o actos delictivos por parte del encausado“.

Vox argumenta en este sentido que tanto Díaz como Asens son conocedores de la situación jurídica en la que actualmente se encuentra Puigdemont, y considera que “pesa sobre ellos --Díaz y Asens-- la obligación de promover la persecución de los delitos y de sus responsables y no facilitar la comisión de otros nuevos”.

El dirigente de En Comú Podem y miembro del equipo negociador de Sumar con Junts, Jaume Asens, ha calificado de ocurrencia “ridícula y disparatada” la petición de Vox al Tribunal Supremo para que declare como testigo.

“Me parece una ocurrencia de las más ridículas, disparatadas y absurdas que he escuchado en mis más de veinte años de abogado penalista. Es obvio que la intención es clara: quieren criminalizar la política. Si fuera por Vox nosotros estaríamos ilegalizados”, ha denunciado Asens en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha acusado a los de Abascal de tener “una visión muy estrecha de España”.

Jaume Asens ha anunciado este viernes que abandona la política y no liderará la lista de los comuns el 23J. De esta forma, Aina Vidal encabezará la lista de los comuns para las próximas Elecciones Generales. Aunque el nombre de ambos había sonado como posible ticket para las posiciones de salida, tal como ocurrió en el año 2019, Asens finalmente ha decidido no continuar para facilitar un relevo de cargos, según ha explicado.

“Nadie es imprescindible”, ha asegurado Asens en una carta que ha distribuido. “Hay momentos en los que hace falta saber dar un paso al lado”. El diputado ha asegurado además que Aina Vidal es una mujer a la que admira. “No hay nadie en esta organización que se haya dejado la piel más que ella”, afirma, por lo que asegura que es “la mejor candidata”.

En los últimos días, una parte de la formación defendía que Vidal debía acudir como número uno, a la inversa de lo que pasó en 2019. El máximo órgano del partido debía ratificar este mismo viernes las listas, en un Consejo Nacional en el que se preveía que podría haber habido un choque entre los partidarios de Asens y quienes apostaban por Vidal. Finalmente, el hasta ahora líder del espacio en el Congreso, ha optado por retirarse.

La propuesta de lista que presentará la dirección al Consejo Nacional incorpora otros nombres conocidos del espacio de los comuns. Como número dos acudirá Gerardo Pisarello, que también repite como diputado, seguido de Gala Pin, la exconcejal de Barcelona que dejó su cargo en 2019 y que ahora ha sido repescada. Tal y como avanzó este diario, Lilith Verstrynge irá en el número cuatro como cuota de Podemos, mientras que en el quinto lugar estará otro exconcejal de Barcelona, Eloi Badia. La exalcaldesa de Castelldefels, Candela López, ocupará el sexto lugar de la candidatura.

En la formación se ha especulado largamente sobre el primer puesto. El nombre de Ada Colau figuraba en todas las quinielas, pese a que la alcaldesa saliente ya había expresado tanto en público como en privado que el Congreso no entraba en sus planes. Pero también el eurodiputado Ernest Urtasun, que se ha incorporado recientemente como portavoz de Sumar al lado de Yolanda Díaz, podría haber encabezado la plancha de los comuns, aunque entrar en las Cortes españolas le hubiera obligado a dejar el acta del Parlamento Europeo.

Abogado de profesión e involucrado con los movimientos sociales catalanes desde los años 2000, Jaume Asens fue uno de los fundadores de Barcelona en Comú y ocupó una tenencia de alcaldía en el primer Gobierno de Ada Colau, antes de presentarse para liderar la lista de En Comú Podem en el año 2019. Como diputado, durante la pasada legislatura ha sido el presidente del grupo confederal que ha agrupado a Podemos y sus confluencias, y ha liderado el espacio de los comuns en Madrid.

La resaca del acuerdo entre Podemos y Sumar para concurrir juntos a las elecciones generales del 23J y los preparativos de todos los partidos para los comicios han marcado el sábado político en Catalunya. Uno de los líderes de Catalunya en Comú, Jaume Asens, ha celebrado el acuerdo “histórico” de las izquierdas y ha llamado a “salir a ganar para hacer a Yolanda Díaz presidenta de España”.

Los comuns son uno de los puntales del proyecto Sumar, y han tenido que renunciar a colocar a alguno de sus dirigentes en las listas para dar cabida a una de las líderes de Podemos, Lilith Verstrynge, en el número 4 por Barcelona. Durante el Consell Nacional de los comuns, Asens ha insistido en que la coalición “está a la altura del reto” que suponen unos comicios “que marcarán una época y un camino”.

Ha admitido Asens que “no ha sido fácil” llegar a un pacto que aglutina a 17 organizaciones y que se ha registrado 'in extremis'. El jefe de filas de los comuns en el Congreso ha pedido “no repetir las imágenes de los últimos días” y ha llamado a “salir a ganar para hacer a Yolanda Díaz presidenta de España”.

La competición entre los partidos será especialmente intensa en Catalunya, donde la pugna abarca desde el PSC hasta la CUP, que este sábado ha decidido presentarse al 23J. Otro de los rivales de los comuns, ERC, ha anunciado que la consellera de Agricultura, Teresa Jordà, será la número dos de la lista que encabezará Gabriel Rufián.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, Junqueras ha ensalzado el papel de Rufián en Madrid. “Es quien más y mejor ha defendido a Catalunya frente a gobiernos del PP, y que más ha dado la cara en contextos extremadamente difíciles”, ha aseverado Junqueras, para a renglón seguido apostillar: “Y Jordà encarna todos estos valores”.

Se espera que el partido ratifique el próximo viernes a Rufián y Jordà para encabezar la candidatura y les encomiende “la defensa de Catalunya y de la causa de la independencia”, en palabras de Junqueras. “En las próximas elecciones nos jugamos tanto que nos lo jugamos casi todo”, ha avisado el líder de ERC.

Por su lado, el PSC ha cerrado filas con la dirección federal por las listas y ha confiado en que los socialistas afronten “unidos y convencidos” la campaña “reivindicando” la labor de gobierno de Pedro Sánchez. Antes de la celebración del Comité Federal del PSOE que debe aprobar las listas del 23J, el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, ha asegurado que apoyan “a los criterios” de Ferraz para configurarlas.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, volverá a encabezar la lista del PSC en Barcelona acompañada de los ministros Miquel Iceta y Raquel Sánchez. En declaraciones a los medios desde Madrid, el líder del PSC ha dicho que respeta la coalición de Sumar y Podemos, pero se ha negado a valorar ese acuerdo político.

Illa prevé hacer una campaña “no tanto para vencer a la derecha”, sino para “convencer a los españoles de que la mejor opción es la de un gobierno socialista”, también para Catalunya. “Los socialistas hemos abierto camino donde no había camino”, ha defendido.

En mitad de las tensiones entre Sumar y Podemos, un gesto de distensión. El portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, y la líder de esa coalición en Catalunya, Jéssica Albiach, acudirán este fin de semana a la inauguración de la Fiesta de la Primavera de Podemos, uno de los principales eventos del partido y que este año se celebra apenas semanas después del lanzamiento de la candidatura a las generales de Yolanda Díaz en un acto marcado precisamente por la ausencia de los de Ione Belarra. 

Tanto Asens como Albiach forman parte del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, el principal órgano de decisión entre asambleas, pero la cercanía de esa coalición catalana a Yolanda Díaz desde hace meses ha alejado a ambos de la dirección nacional del partido que dirige la ministra de Derechos Sociales. Con la decisión de acudir a la inauguración del evento este fin de semana, En Comú Podem quiere enviar un “gesto”, una forma de trasladar la voluntad de la coalición de “trabajar por una candidatura unitaria” de cara a las elecciones generales. 

Según confirman fuentes de la coalición, ambos dirigentes estarán presentes en la inauguración de la fiesta, que se celebra entre el viernes y el sábado en el Parque del Agua de Zaragoza. Los actos principales se celebrarán el sábado, con un mitin central en el que estarán las principales caras del partido tanto a nivel nacional como territorial. Intervendrán la secretaria general, Ione Belarra, o la secretaria de Acción de Gobierno y ministra de Igualdad, Irene Montero, pero también la candidata a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, el vicepresidente de la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca, o la líder del partido en Baleares, Antònia Jover. 

Tanto Asens como Albiach estarán presentes en la fiesta de bienvenida del viernes pero no participarán en ninguna de las diferentes charlas que se desarrollarán durante los dos días que dura el festival, que servirá como un gran acto político para lanzar la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. El año pasado, Asens sí estuvo junto a Belarra y Montero en el mitin principal, en un contexto completamente diferente al que ahora rodea al espacio progresista. El sábado irán también el diputado de ECP en el Congreso Gerardo Pisarello y Enric Bárcena, miembro de la ejecutiva de Catalunya en Comú.

En Comú Podem recuerda que, pese a las tensiones que se viven a nivel nacional en el espacio de la izquierda, los partidos de la coalición catalana (Catalunya en Comú, Podem y Esquerra Unida Catalunya) mantienen una buena relación que les ha permitido revalidar las candidaturas en toda la región de cara a las próximas elecciones. En Catalunya no se celebran autonómicas pero se renuevan todos los gobiernos locales. “En Comú Podem mantiene buenas relaciones con Podemos y Podem, por lo que creemos que esta puede ser una de las vías que lleve al entendimiento”, sostienen las mismas fuentes que ponen en valor ese acuerdo marco con Podemos para las municipales. 

Los portavoces de En Comú Podem estuvieron en el pasado 2 de abril en el polideportivo Magariños de Madrid donde Yolanda Díaz lanzó su proyecto político, Sumar, y anunció su candidatura a las elecciones generales. Junto a Asens y Albiach estuvo la alcaldesa de Barcelona y líder de los comuns, principal activo de la coalición en Catalunya, que recibió un saludo especial de la vicepresidenta segunda. En estos meses en los que Díaz ha ido conformando su idea de plataforma política para agrupar a la izquierda, los comuns se han convertido en uno de sus principales puntales. En el grupo parlamentario, Asens también está alineado con las posiciones de Díaz cuando se producen divisiones. 

No obstante, la coalición quiere ejercer como nexo con Podemos en un momento en el que las tensiones con Sumar se han endurecido. “Para En Comú Podem, la unidad de la izquierda no es suficiente, queremos ir más allá, pero sí es un punto de partida importante si queremos que Yolanda Díaz tenga oportunidades de liderar el próximo gobierno de coalición”, defienden esas fuentes. 

Aunque en los primeros meses del año las posiciones entre Yolanda Díaz y la dirección de Podemos se acercaron, tras la decisión de la vicepresidenta de empezar a mantener reuniones con los diferentes partidos a los que quiere agrupar en Sumar para una candidatura conjunta de cara a las generales, todo se rompió de alguna manera con la convocatoria del acto de Magariños.

Podemos puso como condición para asistir ese día un acuerdo previo que garantizase entre otras cosas que las listas se decidirían por primarias abiertas, una concreción que el equipo de Díaz no quiso asumir bajo el argumento de que esos detalles se deben decidir en una negociación multilateral con el resto de partidos del espacio, que prefieren postergar esas conversaciones hasta después de las autonómicas y municipales. Yolanda Díaz lanzó finalmente su candidatura sin la presencia de la dirección de Podemos y desde entonces la tensión no ha dejado de crecer. 

Esta semana, la formación de Belarra estrenó un vídeo de precampaña, con un mensaje a la militancia para acudir a la Fiesta de la Primavera, en el que dejaron una serie de mensajes velados con críticas hacia la vicepresidenta segunda o el ministro de Consumo, Alberto Garzón, por ponerse de perfil en algunos asuntos como el envío de armamento a la guerra de Ucrania. 

“Los delitos de rebelión y sedición no se ajustan a derecho y, ahora mismo, atentan contra los consensos sociales existentes”. Cuando Jaume Asens pronunció esta frase, en abril de 2019, los presos independentistas aún no habían sido condenados, Unidas Podemos no estaba en el Gobierno y prácticamente nadie defendía la reforma del Código Penal como una vía para aliviar las causas judiciales contra los líderes independentistas. Él, jurista con muchos años de ejercicio de la defensa en causas de tipo político, sí defendía estos cambios en la ley penal e hizo bandera de ellos en las elecciones. Ahora, casi cuatro años después, la llamada “vía Asens” se ha acabado imponiendo y la reforma es una realidad.

“Se ha visto que teníamos razón”, defiende el presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso. Con todo, Asens llama a no levantar “falsas expectativas”, pero a la vez rechaza la acusación de que el nuevo Código Penal castigue más duramente las protestas. “El derecho a huelga está más protegido que antes”, afirma.

Los comuns llevan pidiendo desde hace casi tres años una modificación del Código Penal sobre la sedición. ¿Por qué cree que ha tardado tanto?

Nosotros nos presentamos a las elecciones pidiendo soluciones, libertad y diálogo con dos propuestas: pactar los indultos y acabar con el delito de sedición. Esta hoja de ruta, que defendíamos en solitario al principio, se ha convertido en sentido común. Otras formaciones que la habían despreciado han movido ficha y hemos podido llegar a un acuerdo. Teníamos el compromiso del presidente Sánchez de abrir esta carpeta, pero no conseguíamos concretarlo con hechos. Finalmente, se ha impuesto la idea de los comuns.

¿Ha costado mucho convencer al PSOE?

Esto lo debe responder la parte socialista, que al principio defendía que la sentencia del juicio del procés se debía cumplir. Pero es cierto que después, el propio ministro de Justicia reconoció que se trataba de una anomalía y que debíamos ajustar el Código Penal a los estándares de los países de nuestro entorno. Una vez aquí, era cuestión de tiempo. El desacuerdo era sobre cómo abordarlo. Los socialistas pensaban que se debía rebajar la pena, pero al final se ha visto que era muy difícil que en un Código Penal democrático pudiera haber un delito tan desfasado como el de sedición y se ha tomado la decisión de seguir el camino de países como Italia o Alemania, que lo derogaron en la década de los 70.

¿Se puede hablar de democratización del Código Penal en todos los casos, más allá del independentismo?

Es un error circunscribir esta reforma al conflicto de Catalunya. Tiene que ver con el conflicto catalán, evidentemente, pero va más allá. Es una cuestión democrática: este tipo penal es una espada de Damocles sobre el derecho de protesta. La sedición es un cajón de sastre que sirvió para que el Tribunal Supremo hiciera una interpretación absolutamente creativa y artificiosa de la ley que llevó a condenar a independentistas. Y a partir de aquí era muy posible que una huelga general o cualquier movilización de ámbito masivo pudiera ser visto como sedición. Ayer fueron los líderes independentistas, pero mañana podría ser la PAH o los sindicatos.

Con esta nueva formulación del delito, ¿un manifestante se puede enfrentar a una pena máxima de hasta cinco años por desórdenes graves?

Un delito de desórdenes graves tenía penas de hasta seis años. Ahora, con la reforma, hay una rebaja de un año de prisión. No se modifica nada sustancial porque se sigue pudiendo acusar de desórdenes graves. Evidentemente, hubiéramos preferido rebajar las penas, pero en un acuerdo todo el mundo cede. Esta no es la ley que querríamos, pero tampoco es la que querría el PSOE.

La reforma castiga los desórdenes “cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público”. ¿Esta definición no sigue siendo ambigua y demasiado interpretable para los jueces?

Tiene un cierto grado de ambigüedad. Pero lo que estableces es, básicamente, un matiz que tiene que ver con el número de personas: no son lo mismo unos desórdenes llevados a cabo por cinco o diez personas, que por una multitud organizada de 2.000. Esta es la idea del tipo penal, pero el Tribunal Supremo ya dejó claro que en los hechos de 2017 no hubo desordenes públicos. De hecho, si se les aplica sedición fue porque faltaban elementos para la rebelión. Son delitos que van de la mano, como hermanos gemelos. Por eso, en su día el juez tuvo que hacer una interpretación voluntarista de la ley para condenar a los líderes independentistas por sedición, cosa que ahora ya no debería pasar. Pero con la cúpula judicial que tenemos, controlada por la derecha, no podemos descartar nada. No es la primera vez que vemos a los jueces del PP hacer malabares con la ley.

Con la reforma se castiga con pena de prisión de tres a seis meses la ocupación de despachos o locales perturbando su actividad normal, sin que haga falta el uso de violencia o intimidación. ¿Esto no es una alfombra roja para poder castigar las ocupaciones pacíficas de bancos que hace la PAH?

Cuando decía que esta la ley no es suficientemente ambiciosa, me refería a la existencia de tipos penales como este, que nosotros siempre hemos dicho que deberían desaparecer del Código Penal. No hemos llegado a este acuerdo, todavía. Sí que se han derogado artículos que nos parecía importante que no estuvieran, como el 657, que hace referencia al delito del que fue acusada Tamara Carrasco, que hace referencia a consignas o mensajes para incitar a los desórdenes públicos. Este delito también era un cajón de sastre que podía afectar a la libertad de expresión. Hay mejoras respecto al Código Penal de Gallardón, que se aprobó en conjunto con la Ley Mordaza, pero evidentemente hay terreno por recorrer.

Uno de los artículos que ha llamado más la atención es el de los desórdenes agravados, que castiga supuestos como “obstaculizar vías públicas” o “invadir instalaciones o edificios”. ¿Qué pasa con los piquetes que en una huelga puedan cortar una carretera?

Nosotros ya derogamos el delito que perseguía a los huelguistas y a sus piquetes, que era uno de los que introdujo el Partido Popular en una de sus primeras reformas. En nuestra propuesta inicial de reforma del Código Penal ya dijimos que se tenía que acabar con este delito y con el de sedición, ya que tienen elementos en común. La ley de Orden Público franquista de 1959 hace referencia a la sedición como un delito para perseguir huelgas obreras. Sin el delito que persigue a huelguistas y sin la sedición, el derecho a huelga está más protegido que antes.

Si los hechos de octubre de 2017 volviesen a ocurrir, ¿a qué delitos se enfrentarían con la actual reforma del Código Penal?

Esto es muy opinable. Creo que los hechos del procés no encajan en la comisión de ningún delito, tampoco el de desórdenes, y esta es también la opinión de los tribunales de justicia europeos y los jueces alemanes, belgas e ingleses que han examinado los hechos. Cuando íbamos a Europa, nos daba vergüenza ver el contraste entre lo que sucedía en España, donde se consideraban estos hechos como sedición, y lo que sucedía en el resto de Europa, que consideraba estos hechos como acontecimientos de carácter político. Según nuestra interpretación, el 1 de Octubre fue un ejercicio democrático del derecho a manifestación con forma de referéndum. Tras cinco años se ha visto que teníamos razón.

¿Esta reforma del Código Penal despenaliza los hechos del procés?

No es esta la formulación correcta. Los hechos de 2017 difícilmente se pueden encuadrar en ningún tipo penal, pero esa es mi opinión, que obviamente es diferente de la del Tribunal Supremo. La cuestión es que ahora ya no podrían ser perseguidos por sedición, aunque depende de un juez decidir si pueden ser desobediencia o malversación, que son delitos que no se han modificado.

El Govern pide también cambiar el delito de malversación. ¿Está de acuerdo?

Sí. Creemos que hay muchos delitos en el Código Penal que es están anticuados, que se deben democratizar y modernizar. Uno de ellos es el de malversación, que sale de una reforma de 2015 después de los hechos del 9-N, cuando se vio que el president Artur Mas sólo podía ser acusado de desobediencia. Entonces, el PP hace una reforma del delito de malversación ad hoc, que habría servido para acusarle en caso de que se hubiera llevado a cabo la hoja de ruta independentista. Esta reforma de la malversación tiene un redactado muy deficiente y se debería cambiar, pero sin afectar a los casos de corrupción, en los que hay enriquecimiento y beneficio patrimonial. Pero en el caso del 1 de Octubre no hubo perjuicio económico para el erario público, entre otras cosas, porque la Generalitat en ese momento estaba intervenida.

El PSOE defiende que con esta reforma será más fácil lograr la extradición de Puigdemont porque el delito de desórdenes públicos sería equiparable al del derecho belga. ¿Opina lo mismo?

Más que a los tipos penales, a lo que se debe hacer referencia es a los hechos. Lo que han dicho los jueces que han desestimado las órdenes de detención internacional es que los hechos de 2017 no encajan en ningún tipo penal de su ordenamiento ni del ordenamiento español. Los hechos son los mismos y eso no lo puede alterar ninguna reforma del Código Penal. Si se hace una orden de detención por un nuevo delito, los jueces deberán ver si encajan, aunque yo creo que no.

El grupo minoritario que conforma el Gobierno de coalición ha celebrado este martes que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya puesto en marcha “el golpe de timón progresista” que le llevan reclamando desde hace meses. Unidas Podemos presionaba al PSOE desde dentro y fuera del Consejo de Ministros para reducir aún más los precios de los abonos de transporte y, sobre todo, para crear nuevos impuestos a las grandes eléctricas y las empresas, para paliar la creciente inflación. Por eso el grupo confederal ha querido atribuirse las medidas anunciadas por Sánchez en la primera jornada del debate sobre el estado de la nación, el primero en el que participa Podemos, además de reconocer las leyes aprobadas por los ministerios que están bajo su control.

“Lo que era imposible hasta hace poco, ahora es posible. Una pequeña alegría para el país que queremos”, valoró, en un tuit, la vicepresidenta segunda y coordinadora de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, poco después de que concluyera la alocución del presidente. “Estas medidas son positivas, pero seguro que no serán las últimas”, añadió, aunque pidió más. A su juicio, falta gravar a las “grandes corporaciones que cotizan en bolsa y tienen beneficios absolutamente extraordinarios”. “Pero vamos poco a poco y ensanchando”, reconoció.

Durante el debate, tanto el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, como el portavoz del espacio en el Congreso, Pablo Echenique, han mantenido esa misma línea política de celebrar las medidas anunciadas por Sánchez, pidiéndole más ambición y también cuidar a sus socios. “En su última comparecencia, le pedí valentía, recuperar la iniciativa política. Hoy usted ha recogido el guante y ha escenificado el golpe de timón progresista que le veníamos reclamando. Y se lo agradecemos”, relató Asens. “Valoramos muy positivamente el discurso los anuncios y el giro que ha llevado a cabo el Gobierno”, ha agregado Echenique.

Él ha recordado que, desde Unidas Podemos, llevan “meses” reclamando “reorientar el rumbo y recuperar el ritmo” del Ejecutivo. “Usted ha hecho eso hoy aquí con medidas que llevamos pidiendo, algunas desde hace mucho tiempo”, ha agregado. “Somos gente insistente, alguna ministra nos ha llamado cabezones, y efectivamente lo somos, pero también sabemos reconocer cuando se acierta y usted ha acertado”, ha remachado. Con lo anunciado hoy Sánchez, a juicio de Echenique, se permite “proteger a la mayoría social” mirando “de frente a los poderosos”, pero “también recuperar la iniciativa del Gobierno progresista”. “Estamos preocupados por el avance reaccionario y queremos reeditar este Gobierno de coalición en 2023, y creemos que lo que ha anunciado hoy aquí permite reeditarlo”, ha dicho.

Pero Echenique ha puesto encima de la mesa más medidas que, a su juicio, deben ponerse en marcha por el Gobierno progresista en lo que queda de legislatura. Ha planteado destinar 10.000 millones a sanidad, educación, cuidados y servicios sociales, la aprobación de una ley de familias con ayudas de 100 euros al mes por cada niño y permisos de cuidados de 7 días, 600 millones más para Dependencia, subir aún más el salario mínimo e incrementar las pensiones no contributivas “inmediatamente”.

Una “distopía” si no hubiera habido moción de censura

Ambos, Asens y Echenique, han realizado una defensa cerrada del Gobierno de coalición y de los socios de la investidura. El dirigente de los 'comuns' ha planteado, de hecho, imaginar por capítulos una “distopía” de “la España que no fue” pero “que pudo haber sido si la moción de censura contra Mariano Rajoy no hubiera prosperado”. “El PP continuaría gobernando a pesar de ser condenado por beneficiarse de la corrupción”, ha asegurado, y ha señalado que ya se habría anunciado “el primer Gobierno Reaccionario de coalición en democracia”, de PP y Vox. En esa “distopía”, el diputado de Vox, José Ortega Smith sería el ministro de Sanidad e Iván Espinosa de los Monteros, vicepresidente de un Ejecutivo que impulsaría “becas para ricos”, lo que “hoy hace Ayuso en Madrid”.

El parlamentario de En Comú Podem también ha tenido palabras sobre la llamada policía política: “El ministro de Interior fabricaría compulsivamente pruebas falsas como hizo el ministro Fernández Díaz contra los adversarios políticos. Esos adversarios de los que hablaba Villarejo con la señora Cospedal mientras esta se hacía fotos con el señor Feijóo”, añadía, en alusión a los audios del excomisario. En es punto Asen se ha dirigido a Feijóo: “La careta de moderado se le cayó cuando metió a Vox en el gobierno de Castilla y León. Pero ahora cuando no condena y no se distancia de las prácticas mafiosas de su partido se le está empezando a caer la careta de demócrata. Su nuevo PP es igual que el viejo”, ha zanjado, trasladando en ese punto “unas palabras de apoyo para Pablo Iglesias” que, según ha explicado, “ha sido víctima del acoso mediático, las cloacas y la difamación”.

Echenique ha considerado que el “estado democrático” del país es “negro”, precisamente por esos audios del excomisario que han protagonizado la actualidad política de las últimas semanas. El portavoz de Unidas Podemos cree que los audios de Villarejo y el director de La Sexta, Antonio García Ferreras, suponen una “terrible amenaza a la democracia”. Por eso, ha instado a Sánchez a “trabajar juntos para luchar contra la cloaca mediática”. Para Echenique, el propio PP es una “amenaza para la democracia”, en un momento en el que “hay toda una corriente de opinión” que dice que “Feijóo es moderado y que el PP es un partido de Estado”. “Pero no es verdad”, ha remachado.

Los dos dirigentes de Unidas Podemos que han intervenido en el Pleno han destacado, además, la necesidad de cuidar a la mayoría de la investidura, y le han alertado a Sánchez de que solo con esas fuerzas podrá poner en marcha su agenda legislativa. El “reto”, ha dicho, es “afrontar este momento decisivo con iniciativa y medidas valientes”. “Creo que usted sabe que eso sólo puede hacerse con la mayoría de la investidura”, ha añadido, pidiendo al jefe del Ejecutivo que no caiga en la “trampa” del PP.

El gasto en armamento y la masacre de Melilla

“Señor presidente, este bloque no es un mal menor. Es el futuro. Su condición de posibilidad. Es un error mirar a la derecha. Cuando lo hace, las cosas se tuercen y nuestra gente se desmotiva”, había asegurado previamente Jaume Asens. Tanto él como Echenique quisieron, no obstante, dejar clara su oposición al aumento del gasto en Defensa. “La gente no necesita un decreto de la guerra. La gente necesita cien decretos sociales como los que ha anunciado hoy aquí”, ha dicho Asens.

También ha habido tiempo para las políticas de inmigración, con especial atención a las 37 personas muertas en Melilla, que no es una “operación bien resuelta”, ni culpa de las mafias. “Es la masacre más grave de los últimos 40 años en la frontera. Es inaceptable. Debe investigarse. Nos lo exige la Comisión Europea, Amnistía Internacional o la ONU. Esas 37 personas tenían el mismo derecho a huir del horror que los ucranianos que llegan a nuestras ciudades. Señor presidente, más que al presidente del acuerdo con Marruecos, necesitamos al presidente del Aquarius, orgulloso de salvar a inmigrantes en alta mar, al presidente de hoy que planta cara a las eléctricas”, ha zanjado.

Asens también ha pedido a Sánchez un “último sprint” de la legislatura no solo en lo social, “también en la agenda democrática o territorial”. “Queda solo un año para empezar a dibujar un nuevo pacto territorial que reconozca la plurinacionalidad de España. Queda un año para aprobar la nueva ley del CNI o de la de secretos oficiales, para que ningún diputado de esta Cámara vuelva a ser espiado. Queda un año para acabar con la ley mordaza y el resto del legado antidemocrático del PP. Queda un año para aprobar la nueva ley de libertad de expresión para que nunca más un rapero vaya a la cárcel”, ha concluido, antes de hacer pensar a Sánchez “cómo quiere ser recordado”.  

Sánchez remarca el carácter de izquierdas del Gobierno

“Tanto Yolanda, como Ione, como Irene, como Alberto tienen mi reconocimiento”, ha respondido el jefe del Ejecutivo. “También el señor Subirats”, ha añadido, unos segundos después, tras ser consciente de que se había olvidado del ministro de Universidades. Además, Sánchez, en su respuesta a los dirigentes de Unidas Podemos, ha querido remarcar el carácter de izquierdas del Gobierno, destacando que ha sido el primero en aprobar el ingreso mínimo vital o los impuestos anunciados este martes.

Sánchez ha respondido a las críticas lanzadas por los dirigentes de Unidas Podemos ante la pretensión del ala socialista de poner en marcha un aumento del gasto militar por la guerra en Ucrania y lo ha considerado compatible con una mayor inversión social. “Podemos hacer ambas cosas y además es nuestro deber hacerlo”, les ha respondido a Echenique y Asens.

“Si no damos una respuesta solidaria a los aliados para que Putin no entre en su territorio nos haríamos un flaco favor a nosotros mismos”, ha asegurado sobre el envío de armas a Ucrania rechazado por Podemos. “Es nuestro deber y sobre todo desde las fuerzas de izquierda”, ha dicho, haciendo alusión al aislamiento que sufrió el Gobierno de la II República durante la Guerra Civil.

El acuerdo alcanzado este martes en Madrid entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente estadounidense, Joe Biden, contempla, entre otras medidas, un incremento de los destructores norteamericanos en la base de Rota (Cádiz), pasando de los cuatro actuales a seis. Ese aumento de la presencia militar estadounidense en España debe ser aprobado por el Consejo de Ministros y, después, tiene que ser refrendado por una mayoría del Congreso de los Diputados.

Pero el socio minoritario del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, ha evitado este miércoles garantizar su apoyo a la medida pactada por el jefe del Ejecutivo. “A nosotros no nos gusta ese pacto, significa más militares, más destructores norteamericanos y una mayor dependencia o sumisión de España a EEUU cuando a veces los intereses no son los mismos”, ha asegurado en el pasillo del Congreso el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens.

“Defendemos una autonomía europea en materia de seguridad y eso va en dirección contraria”, ha añadido, recordando que su grupo ha rechazado una y otra vez el aumento en gasto de Defensa al que sí se ha comprometido Pedro Sánchez, en la línea exigida por la OTAN, que este miércoles ha inaugurado su cumbre en Madrid.

Preguntado expresamente sobre si Unidas Podemos votará a favor del incremento de los destructores en Rota cuando la iniciativa llegue al Congreso, Asens ha respondido lo siguiente: “Tenemos que decidir aún el voto pero es evidente que nuestra posición es diferente. Siempre hemos defendido que la solución no es una mayor inversión militar”. El dirigente del grupo confederal ha realizado estas declaraciones apenas unas horas después de que el propio Sánchez, en una entrevista en la Cadena Ser, pidiera a sus socios de gobierno una “reflexión” acerca de la medida, informa Irene Castro.

Más País reclama explicaciones al Ejecutivo

“Nosotros no somos favorables pero nos lo tendrá que explicar. Estoy convencido de que si lo quiere sacar adelante encontrará, con toda seguridad, la aprobación del PP. Ese camino ya sabemos a dónde lleva, gobernar con las ideas del PP lleva a que acabe gobernando el PP”, ha advertido, por su parte, el líder de Más País, Íñigo Errejón, también en declaraciones en el pasillo del Congreso.

Precisamente minutos antes el PP anunciaba que sí apoyará en la Cámara Baja el acuerdo para ampliar la presencia militar de EEUU en España. “Sería apoyar a una parte del Gobierno”, ha dicho la secretaria general del PP en una entrevista en la cadena COPE en la que ha destacado que es “grave” que haya parte del Ejecutivo en contra.

Gamarra ha defendido que “el PP no fallará a los españoles” y que, por tanto, en las cuestiones relativas a “defensa y seguridad estaremos a la altura de las circunstancias”. La secretaria general de los populares ha incidido en que su formación “viene demostrando siempre” y también el nuevo líder en los meses que lleva en el cargo que “por encima del partido está el país”: “Somos un partido con vocación de gobierno y apoyamos aquello que España merece apoyar”, ha zanjado.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos (UP) en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado que los resultados electorales de la izquierda en las elecciones autonómicas de Andalucía de este domingo no han sido buenos, por lo que ha llamado a “reaccionar, tomar nota y hacer autocrítica”.

En rueda de prensa en Barcelona junto con la líder de los comuns en el Parlament, Asens ha asegurado que se deben “analizar los errores que se han cometido”, y ha apostado por abrir un tiempo nuevo que comenzará el 8 de julio con la presentación del proyecto 'Sumar' encabezado por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Pese a que considera malos los resultados en Andalucía, Asens ha celebrado que “se ha frenado el avance de la extrema derecha” y Vox quede por tanto fuera del Gobierno andaluz.

Aunque ha lamentado que no haya sido gracias a las izquierdas, que cree que “o se han quedado en casa, o han ido divididas a votar o han optado por el voto útil”, ha dibujado el líder de UP.

Pide al PSOE que no vire a la derecha

Asens considera que “es arriesgado” extrapolar el resultado en Andalucía a nivel estatal, y ha apuntado que el camino para movilizar a la izquierda es cumplir con lo acordado para formar el Gobierno de coalición con el PSOE.

Para él sería un error que los socialistas apostasen por virar hacia la derecha: “La derecha está movilizada por la existencia del Gobierno de coalición y no se movilizará más porque se cumpla un acuerdo de cambios profundos”, ha dicho en referencia al acuerdo para formar el Gobierno entre PSOE y UP.

Considera que se ha “avanzado mucho en agenda social, pero queda mucho por hacer en la agenda democrática y territorial”, tras lo que ha apostado por derogar la conocida como 'Ley Mordaza' y la Ley de Secretos Oficiales, y aprobar una ley de libertad de expresión y otra de memoria democrática.

Ha lamentado que la coalición 'Por Andalucía' tuviese un inicio marcado por “el ruido”, pero ha apostado por la unidad que cree que se ha visto en los últimos días durante la campaña electoral, y ha insistido en que el 8 de julio se deben dejar atrás las dinámicas de partidos del pasado y se apueste por la unidad con el proyecto 'Sumar'.

Preguntado por si cree que podrían adelantarse las elecciones generales, Asens se ha remitido a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha dicho en varias ocasiones que no tiene intención de adelantarlas: “Damos credibilidad a sus palabras. Entendemos que eso no sucederá”.

“Recurrir a bulos e instrumentalizar el espionaje es banalizarlo y ofender a las víctimas”, lanzó como un cañonazo Jaume Asens contra Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados. Los diputados debatían sobre el uso del programa Pegasus, tras una intervención forzada de Pedro Sánchez en la que el presidente había presentado su propuesta de reforma jurídica del CNI. Una cuestión sobre la que, cuando estalló el escándalo, ERC y Unidas Podemos habían mostrado su cercanía. Pero en la sesión plenaria de este jueves quedó patente que las formaciones de Oriol Junqueras y Ada Colau no están ni mucho menos en sintonía.

La batalla comenzó cuando el portavoz de Unidas Podemos, Jaume Asens, se refirió en un momento de su intervención a la discusión que los comuns y ERC mantienen desde hace dos semanas por un capítulo local del escándalo del espionaje, que trata sobre las supuestas escuchas practicadas al entorno de Ernest Maragall en los días en que se negoció el acuerdo a tres entre Colau, PSC y Manuel Valls para investir a la hoy alcaldesa, en junio de 2019. A partir de ahí, Asens y Rufián se engancharon en un embarrado duelo de réplicas y contrarréplicas. No era la primera vez que intercambiaban pullas, pero la última polémica a cuenta de Pegasus entre dos partidos que han colaborado durante toda la legislatura da la medida de hasta qué punto la lógica electoral municipal ha inundado ya todo el terreno político.

La polémica que centró la riña comenzó a mediados de este mes cuando, después de que 'La Vanguardia' publicara la noticia del episodio del espionaje en las negociaciones para la alcaldía, Maragall hizo unas declaraciones en Catalunya Ràdio que enfadaron a los de Colau. Aunque el republicano niega que dijera tal cosa, los comuns aseguran que sugirió que la alcaldesa estaba al corriente de las intervenciones telefónicas, algo que consideran que es un bulo intencionado.

Las palabras textuales del candidato de ERC fueron: “Esto demuestra lo que yo decía en aquel momento, que aquello no eran unas negociaciones. Ahora es aún más cierto, porque todo estaba predeterminado, preparado, todo pensado y vigilado para que aquellas presuntas conversaciones no se pudiesen torcer. Ya estaba todo decidido, evidentemente con la participación y conocimiento de la señora Colau, porque para mantener el poder todo vale, incluso la ayuda del CNI, parece”.

“Acusarnos de beneficiarnos del espionaje en Barcelona fue muy feo”, aseguró Asens en dirección a la bancada de Esquerra. “Ernest Maragall lleva 50 años en política y no es muy de recibo que diga esas cosas”, continuó, “entiendo que estén nerviosos: queda un año para las elecciones y no tienen proyecto alternativo para Barcelona”.

Rufián encajó el inesperado guantazo haciendo gestos desde la bancada y, al finalizar su turno, el republicano replicó a Asens. Primero, asegurando que el de Unidas Podemos había utilizado más tiempo de su intervención para meterse con Esquerra que para hablar de Villarejo. Después, para recordarle la investidura de Colau. “Dos palabras para su vergüenza: Manuel Valls”, atizó Rufián, que seguidamente acusó a Asens de “romper los puentes con ERC”. Y para acabar, en un gesto de rabia, el republicano aún lanzó un último gancho: “¡Deja de ir tanto a Waterloo, anda!”.

La trifulca entre los comuns y ERC, que continuó en las siguientes contrarréplicas, resultó más propia de un pleno municipal que del Congreso de los Diputados, porque los reproches solo eran del todo comprensibles para quien conociese los recovecos del terreno electoral local. A menos de un año de los comicios, la batalla por Barcelona ya ha comenzado y ambos partidos se juegan mucho en el resultado que obtengan en 2023 en la capital catalana. En 2019, ERC y Barcelona en Comú acabaron prácticamente empatados, con 5.000 votos de ventaja para los republicanos, y en las actuales encuestas ambos están en cabeza junto al PSC, un tercer competidor reforzado que convierte la carrera en aún más apretada.

“El chicle de Valls ya está muy estirado”, continuó Asens en su contrarrépica. “Ha podido parecer que estaba muy enfadado, y lo estamos, porque nos ha acusado de beneficiarnos del espionaje, cuando nosotros somos las víctimas”, continuó el líder de los comuns, que acabó hablando sobre las querellas interpuestas por “las élites de Barcelona” contra el gobierno municipal de Colau. Finalmente, Asens pidió a Pedro Sánchez transparencia para no dar alas a “teorías de la conspiración como la que ha alimentado ERC”. “Me ha quedado claro que le caemos regular, regulinchi”, respondió Rufián, en tono burlón, “pero lo importante es que a sus votantes no, así que hágaselo mirar”.

Una derivada del duelo entre ambos portavoces llegó unas horas después, en Twitter, con el pronunciamiento de Carles Puigdemont en contra de Rufián y a favor de Asens. “Ir a Waterloo a hacer política o hacer visitas personales sólo molestaba a quienes nos quieren aislar y encarcelar. Veo que ahora también molesta a ERC. Lo siento mucho. Sobre todo porque si la alternativa es ir tanto a Madrid, ya vemos sus resultados. Hoy mismo”, aseguró Puigdemont, molesto con las palabras de Rufián.

Un momento más tarde, el expresident tuiteó un mensaje aún más claro: “El valor del compromiso se pone a prueba cuando defiendes derechos fundamentales a pesar de la discrepancia ideológica y las incomodidades que comporta. Es lo que Jaume Asens siempre ha hecho cuando ha abordado la represión de la que somos víctimas, sea yendo a las cárceles o al exilio. ¡Gracias!”

En todos los debates sobre libertad de expresión en Europa y EEUU, la gran prueba del algodón, de la consistencia en la defensa de esos principios, es la que interpela a cada uno de nosotros sobre los derechos que concedemos a los que no piensan igual. Todo lo demás es retórica. Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para defender que los rivales políticos expresen sus opiniones, incluso aquellos cuyas ideas aborrecemos. Quedó simbolizado en una frase de Rosa Luxemburgo que citó Jaume Asens, de Unidas Podemos. “La libertad es siempre la libertad de los que piensan diferente”. A veces se incluye en la cita la palabra 'exclusivamente'. Siempre que se debate sobre ello en el Parlamento de España casi nadie alcanza el umbral de respeto que marcó Luxemburgo. Los peligrosos suelen ser los otros.

Asens presentó una proposición de ley de su grupo para reformar el Código Penal y derogar los delitos contra el sentimiento religioso, las ofensas a la Corona, la bandera y el himno, y las injurias al Gobierno y otras instituciones. El PSOE anunció que votará a favor de la tramitación del proyecto. Su negociación se antoja complicada, porque corre el riesgo de quedar sometida a ese debate recurrente sobre la calidad de la democracia española. No porque sea innecesario, que no lo es, sino porque cada grupo se atrinchera en su posición y no está dispuesto a moverse ni un milímetro.

El punto de partida del discurso de Asens fue citar a Amnistía Internacional, que ha dicho que “la libertad de expresión ha sufrido un retroceso en España desde 2015”. Hemos sido testigos de procesos judiciales contra artistas y tuiteros en los que se les han pedido penas de prisión o se les ha condenado por delitos de opinión. Asens cargó la responsabilidad sobre los artículos del Código Penal de los que se pide su eliminación o reforma y también sobre los jueces: “En España tenemos una cúpula judicial colonizada y secuestrada por la derecha”.

Los casos a los que se refirió el portavoz de UP son conocidos. Muchos formaron parte de la llamada Operación Araña con la que el Ministerio de Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz comenzó a detener personas durante dos años para perseguir el delito de enaltecimiento del terrorismo. Algunos tribunales y fiscalías se unieron con energía imponiendo penas de prisión. Sin embargo, hay que recordar que el Tribunal Supremo fue acotando los límites de esa ofensiva policial a partir de 2017 con sentencias que acercaban bastante la jurisprudencia española a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Después se han producido los casos de los raperos Pablo Hasel y Valtònyc, que han tenido una fuerte influencia en esta iniciativa parlamentaria de Unidas Podemos.

En estos debates, es habitual que se presenten casos y legislaciones de otros países para compararlos con España. En los ochenta, se empezó a decir que debíamos reformar esto o aquello “en la línea de los países de nuestro entorno” y la frase no ha perdido popularidad. Llevamos cuarenta años en ello y no terminamos de llegar a la meta. Es posible que no haya una sola y de ahí la confusión.

Asens citó el caso de Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo decidió por cinco votos a cuatro en 1989 que la quema de la bandera está protegida como un derecho constitucional a la libertad de expresión por ser una suerte de “crítica simbólica”. Entre los votos de esa mayoría estaba el del juez Antonin Scalia, uno de los jueces más conservadores del Supremo norteamericano en las últimas décadas. El enfoque de EEUU que podríamos llamar maximalista de la libertad de expresión no es el que existe en países europeos como Francia y Alemania. Por ejemplo, en EEUU los nazis pueden manifestarse por la calle con sus símbolos, algo que seguro que no agradaría ver en España a Asens ni a los lectores de este diario.

En su respuesta, Edurne Uriarte, del PP, desdeñó la iniciativa. “Lo que ustedes persiguen es impunidad para todos los que quieren atacar los símbolos nacionales, las instituciones y los sentimientos religiosos, y para los que hacen apología del terrorismo”. Sobre este punto, el Supremo también ha establecido límites que parece que Uriarte desconoce. Cuando se entere de que el Supremo absolvió a una persona que escribió “Viva los Grapo”, le va a dar algo.

Uriarte también quería hacer comparaciones con el exterior. “¿Es que para ustedes Alemania no es una democracia avanzada?”, dijo, para pasar a afirmar que la apología del terrorismo allí “se castiga con hasta cinco años”, y las injurias al presidente de la República con entre tres a cinco años. Recordó lo mismo en el caso de Francia. Por otro lado, el servicio de inteligencia interno alemán tiene bajo vigilancia al partido AfD de extrema derecha, una situación que la derecha española no toleraría si se hiciera con Vox. Hay que tener cuidado con las comparaciones con Alemania.

La realidad es que muchos países europeos cuentan con penas de prisión para los que injurien al jefe de Estado, y eso parece más frecuente si se trata de monarquías. La diferencia es que raramente se aplican. Existe la idea de que esos delitos de opinión u otros ataques a las instituciones se deben administrar con mucho cuidado. El hombre de ideas ultraderechistas y cercano a los 'chalecos amarillos' que agredió a Emmanuel Macron hace unos días fue condenado a cuatro meses de prisión en un juicio rápido —la pena completa fue de 18 meses, pero 14 quedaron suspendidos en caso de que cometa otro delito–, y el presidente optó por no entablar personalmente acciones legales contra él. Y una agresión física es algo más grave que una injuria.

En 2013, Francia eliminó la penalización de los ataques al presidente. Al final, es una trampa ponerse a dar ejemplos de lo que pasa en el resto de Europa. La derecha española tampoco querría que la separación Iglesia-Estado fuera tan absoluta como lo es en Francia. Allí el laicismo es prácticamente una ideología de Estado. Cada país tiene sus propios antecedentes. La legislación alemana lleva encima toda la carga de su terrible historia en el siglo XX. Allí sería imposible que existiera una asociación como la Fundación Francisco Franco, como recordó Asens.

El portavoz de Ciudadanos calificó la proposición de ley de “operación organizada para demoler la España de 1978”. Como siempre en estos casos, todo es una batalla para marcar límites a lo que supuestamente quieren hacer los otros. Los que tienen intenciones ilegítimas y a los que policías y fiscales deberían vigilar de cerca por sus opiniones políticas. Una actividad que sólo se desarrolla a pleno rendimiento en las dictaduras y que es extraño que defiendan personas de ideas liberales.

Frente a la opinión de la derecha de que hay un montón de gente peligrosa a la que hay controlar, Íñigo Errejón se refirió a una frase de Mario Vargas Llosa, no de cuando era de izquierdas, sino más reciente, de los tiempos actuales en que está enamorado del PP madrileño. “La censura debe venir de la sociedad, no de los que tienen el poder”, afirmó el escritor en 2018.

Puestos a recordar otros países europeos, en Reino Unido siempre han estado orgullosos de que el país fuera un refugio para todos los disidentes que debían huir de otras zonas de Europa en el siglo XIX. Fue el caso de Marx y Engels que se fueron a vivir a Inglaterra cuando escaparon de la represión conservadora posterior a la revolución de 1848. Y eso que ambos tenían ideas muy claras sobre lo que había que hacer con el capitalismo y los gobiernos de la época.