En cualquier otro lugar, el hombre que eligió Isabel Díaz Ayuso para presidir la Asamblea de Madrid durante su primer mandato con mayoría absoluta estaría en el alambre, probablemente ya dimitido. Enrique Ossorio, que entre 2019 y 2023 fue consejero y vicepresidente de la Comunidad de Madrid y ahora es la segunda autoridad de la región, ha vulnerado al frente de la Mesa de la Asamblea los derechos políticos de la oposición: del PSOE y también de Más Madrid. Lo ha certificado el Tribunal Constitucional en dos sentencias consecutivas. En la primera el tribunal decretó por unanimidad (lo avalaron todos los magistrados de la Sala Segunda, progresistas y conservadores) que la Mesa, que preside el propio Ossorio y donde el PP impone su rodillo, vulneró el artículo 23 de la Constitución cuando vetó las preguntas de los diputados socialistas sobre las amenazas e insultos del jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, a periodistas de elDiario.es. En lugar de tramitarlas y permitir la fiscalización de un alto cargo que figura en el organigrama de la Comunidad de Madrid con un sueldo de 100.000 euros, la Mesa de la Cámara impidió su tramitación. Lo mismo hizo con una decena de iniciativas de Más Madrid, incluida una comisión de investigación sobre los contratos a Quirón y las adjudicaciones en pandemia. En este segundo caso, hubo dos votos particulares, cuyo contenido todavía se desconoce, por parte de dos magistrados del bloque conservador. El resto coincidieron en que se había vulnerado un precepto constitucional, el que vela por los derechos de la participación política.

De acuerdo con las sentencias, la Mesa debería eliminar las cortapisas que ha puesto para no tratar en el Parlamento donde está representada la soberanía de Madrid asuntos relacionados con el Grupo Quirón, el principal adjudicatario de la Comunidad y durante años el principal pagador de la pareja de la presidenta, y las amenazas e insultos, pero también los contratos de publicidad institucional que gestiona el todopoderoso jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

La doble sentencia pone en el disparadero a uno de los principales peones de Ayuso: Enrique Ossorio, la persona a la que eligió para controlar la Asamblea en su primera legislatura sin socios, en la que también se encargó de atornillar a los pocos órganos que ejercían un mínimo contrapeso a sus decisiones: la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia y Telemadrid. El rodillo popular en la Asamblea permitió cambiar las leyes para rebajar las mayorías cualificadas. Cualquier potencial contrapeso fue desactivado. Desaparecidos de la ecuación de la gobernabilidad de Madrid primero Ciudadanos y luego Vox, la presidenta asumió la hegemonía total. Una región entera y 30.000 millones anuales de presupuesto, a merced de Ayuso.

Cuando se le preguntó a la presidenta hace una semana por el doble varapalo del Constitucional a la Mesa de la Asamblea, acusó a la oposición de “hacer preguntas absurdas” y sobre la dimisión de Ossorio aseguró que era una pregunta para plantear en el Parlamento regional. No hay ningún indicio de que Ossorio vaya a renunciar porque, según ha denunciado la oposición tanto en los tribunales como de viva voz desde sus escaños, está en la presidencia precisamente para blindar a Ayuso y separar de ella cualquier cuestión incómoda.

Y Ossorio tampoco es un perfil que se asuste fácilmente. Abogado con plaza en el Cuerpo Superior de Técnicos de la Seguridad Social, se estrenó en política en 1996 de la mano de Alberto Ruiz-Gallardón en la Comunidad de Madrid, primero como director general de Tributos y después con otros cargos en el segundo escalafón. Pero el gran ascenso se lo debe a la rival política de Gallardón: Esperanza Aguirre lo hizo consejero de Hacienda. Con Ayuso llegó a vicepresidente de la Comunidad, hasta la mayoría absoluta que la dirigente aprovechó para deshacerse de todo su gabinete y poner caras nuevas en todos los departamentos. Sin ser un pata negra del PP, Ossorio medró con todos los sectores del partido en Madrid y 20 años después ahí sigue, ahora como segunda autoridad de la región.

En la bancada de la oposición cunde la sospecha de que la presidencia de la Asamblea no es solo un premio a su fidelidad, sino una forma de blindarlo si el caso de la FP, donde un juzgado investiga adjudicaciones a dedo y contratos troceados ya con varios responsables imputados, escala a la primera línea de la Administración regional.

Varias de las adjudicaciones irregulares que se investigan tuvieron lugar durante la época en la que Ossorio era consejero de Educación y Ayuso presidenta. Esas mismas razones, la lealtad y las precauciones legales, según las mismas fuentes, llevaron a otra alto cargo de aquella consejería en la que se troceaban contratos y se adjudicaban a dedo a la cartera de Economía en el actual Gobierno: Rocío Albert.

De trato correcto, muy alejado de los modales de otros lugartenientes de Ayuso como su secretario general, Alfonso Serrano, Ossorio es más que cualquier otra cosa el cancerbero de la presidenta, coinciden las fuentes consultadas. “Ni una mala palabra ni una buena acción”, resume su relación una diputada de otro grupo que ha tratado mucho con él.

De su época como consejero de la Comunidad queda una intervención suya en la que trató de responder a las organizaciones que denuncian un aumento de la pobreza y la desigualdad en Madrid. Sobre el diagnóstico de Cáritas, Ossorio dijo que él no veía por la calle a todos esos pobres que señalaba su informe.

Sin mucha autonomía para dirigir los Plenos (a su lado han colocado a una íntima de Ayuso, su poliimputada secretaria de Organización Ana Millán), durante estos dos años se han frustrado todo tipo de debates conflictivos para el PP. Pero lo que provoca urticaria a Ossorio es todo aquello que pueda incomodar a la líder madrileña. Intentó que no se pudiesen mencionar en la Asamblea asuntos familiares, una forma de silenciar los escándalos de comisiones del hermano de la presidenta y el fraude fiscal de la pareja. Dio órdenes a un bedel para que retirase una bandera palestina de un escaño de Más Madrid, en pleno genocidio en Gaza.

Incluso se sacó de la manga una supuesta resolución de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, una organización oficiosa, para vetar que se pudiera aludir en los debates a los miembros de la Mesa. Según Ossorio, porque al estar moderando los plenos, no se pueden defender. Acabó dando marcha atrás a esa idea.

Ahora, después de que el Tribunal Constitucional haya concluido que la Mesa de la Asamblea que preside vulneró un artículo de la Carta Magna y lesionó los derechos políticos de la oposición, Ossorio deberá decidir si levanta los vetos y permite discutir de Quirón, de la pareja de Ayuso, de los contratos en la pandemia que originaron las comisiones de su hermano, y de su plenipotenciario jefe de gabinete. Asuntos todos delicadísimos para su presidenta. El hombre que logró ser alto cargo con Gallardón y ascender todavía más con Aguirre, debe decidir si obedece al Constitucional o a Ayuso, la dirigente que lo encumbró como segunda autoridad de Madrid.

El Tribunal Constitucional ha dictado esta semana dos sentencias que dejan por escrito una realidad: el Partido Popular ha usado la Mesa de la Asamblea de Madrid como dique de contención para proteger a Isabel Díaz Ayuso de preguntas y propuestas incómodas de la oposición. Cuestiones sobre las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a elDiario.es, sobre la sanidad madrileña o sobre el grupo Quirón que nunca llegaron a debatirse en pleno o comisión porque, afirma el tribunal, la Mesa las tumbó de forma irregular y vulnerando los derechos políticos de PSOE y Más Madrid. Unas preguntas que, después del varapalo doble y casi unánime del Constitucional, ahora tiene obligación de tramitar.

La Mesa no es el organismo con más exposición pública y mediática de un parlamento autonómico, pero constituye el primer cortafuegos de las iniciativas con las que la oposición busca cumplir con su misión política: controlar la labor de un gobierno regional a través de preguntas y propuestas. La holgada mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de 2023 también dio al PP un plácido control de la Mesa con cuatro de sus siete miembros, entre ellos su presidente Enrique Ossorio, frente a los solitarios representantes de PSOE, Más Madrid y los aliados de Vox.

La oposición, tras conocer las sentencias del Constitucional, ha reiterado sus peticiones de dimisión contra Ossorio, un técnico de la Seguridad Social que empezó en política de la mano de Ignacio González y que se consolidó como consejero, vicepresidente y portavoz de Isabel Díaz Ayuso antes de ser puesto al frente de la Asamblea y su Mesa. Una atalaya desde la que ha sido calificado como “censor” por servir de muro inexpugnable para las preguntas incómodas.

Los partidos de la oposición decidieron llevar a los tribunales esta labor de cancerbero poco después de que elDiario.es revelase que la pareja de Isabel Díaz Ayuso había sido denunciado por defraudar 350.000 euros en impuestos así como sus relaciones profesionales con el grupo Quirón, gigante empresarial con un papel protagonista en la sanidad madrileña. También después de que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, amenazara por escrito a una periodista de elDiario.es con “triturar” al periódico tras las primeras exclusivas del caso.

Tanto PSOE como Más Madrid presentaron casi dos decenas de iniciativas relacionadas con el caso. Algunas de ellas eran anteriores, como la petición de los de Manuela Bergerot de crear una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia de compra de material sanitario como el que había reportado una comisión al hermano de Ayuso. Otras, de ambos partidos, eran posteriores: pedir explicaciones y responsabilidades por las amenazas a elDiario.es, auditar el modelo público-privado de la sanidad madrileña y el papel del grupo Quirón o, incluso, avanzar para que las grandes empresas sanitarias fueran expulsadas de los hospitales regionales.

Todas las iniciativas se quedaron en el primer filtro de la Mesa. Las preguntas, las propuestas de comparecencia, las posibles comisiones de investigación y las proposiciones no de ley. El organismo, con el rodillo del PP y la abstención de Vox, expuso todo tipo de razones para que ninguna de estas propuestas llegara al pleno y, en la práctica, no se sometieran a debate público. Las razones fueron variadas: que Miguel Ángel Rodríguez no es miembro del gobierno sino un asesor, que muchas de esas cosas vienen de legislaturas pasadas o, incluso, que en el caso Koldo ya se están investigando contratos de la pandemia.

El Constitucional ha constatado que, en ambos casos, la Mesa vulneró los derechos políticos de la oposición al bloquear estas iniciativas yendo mucho más allá de sus funciones, que deberían limitarse a constatar que las iniciativas parlamentarias cumplen con requisitos formales. Sus decisiones, impulsadas gracias a la mayoría del PP, impidieron el “núcleo básico de la función parlamentaria”. La verificación de la Mesa, recuerda el Constitucional en estas sentencias, “ha de ser siempre formal”, no entrar al fondo del asunto para limitar el control al gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

De Miguel Ángel Rodríguez a la sanidad pública

Las sentencias tiran por tierra todos los argumentos que usó Enrique Ossorio para descartar estas iniciativas y que después defendió la propia Asamblea en sus alegaciones ante el tribunal. Es cierto que Miguel Ángel Rodríguez no es consejero en el ejecutivo regional, pero las preguntas sobre sus amenazas a elDiario.es “versan sobre asuntos que sin duda afectan a la acción política del gobierno”. Preguntar por él, añade el Constitucional, es “control al gobierno”.

El Constitucional explica a la Asamblea de Madrid que esta jurisprudencia no es precisamente novedosa. El tribunal lleva dictando sentencias en este mismo sentido desde la década de los noventa que han dado la razón a prácticamente todos los partidos en todo tipo de parlamentos: al PP y a CiU en el Senado, a Izquierda Unida y Podemos en Murcia, a Vox en Euskadi, a Compromís en València y al PSOE en Madrid. El mejor ejemplo, de hecho, ocurrió en esa misma Asamblea hace ahora 20 años.

El portavoz del PSOE regional era entonces Rafael Simancas, que tres años después del 'tamayazo' hacía oposición a una Esperanza Aguirre aupada por los votos de los tránsfugas. Los socialistas, junto con IU, pidieron la creación de una comisión de investigación para estudiar si las obras de la ampliación de la línea 9 de Metro hasta Arganda del Rey eran seguras. El PP de Aguirre enterró esta petición con una alegación que ha repetido dos décadas después: que esas obras eran de una legislatura anterior, cuando el presidente regional era Alberto Ruiz-Gallardón. La catenaria llegó a caer sobre las vías.

Esa comisión de investigación nunca se abrió. El Constitucional dio la razón a Simancas en 2012 y, para entonces, ni siquiera era diputado en la Asamblea de Madrid. Ahora el tribunal repite aquellos argumentos para reprochar al PP de Ayuso que no podía bloquear una posible comisión de investigación sobre los contratos regionales durante la pandemia con el argumento peregrino de que ya existía una investigación sobre el caso Koldo.

Este punto ha sido el único que ha roto ligeramente la unanimidad del Tribunal Constitucional en su doble reproche a Isabel Díaz Ayuso. Los conservadores Enrique Arnaldo y Ricardo Enríquez han anunciado votos particulares en la sentencia sobre el recurso de Más Madrid porque discrepan en lo que tiene que ver con la petición de crear una comisión de investigación. Pero el criterio ha rozado la unanimidad con progresistas y conservadores votando lo mismo. Arnaldo, de hecho, es el ponente de la sentencia que da la razón al PSOE.

“Nos saca de la anomalía madrileña”

Las sentencias todavía no han sido notificadas y, por tanto, ni PSOE ni Más Madrid han podido examinar la letra pequeña, pero ambos partidos se sienten avalados por el Constitucional en las quejas que vienen desplegando desde hace años contra la actividad de la Mesa en ese sentido. Tanto Mar Espinar (PSOE) como Hugo Martínez Abarca (Más Madrid) consideran que ahora el organismo debe tramitar sus peticiones y, si no lo hace, exponerse a consecuencias que pueden llegar al ámbito penal de la desobediencia y la prevaricación.

“Nos saca de la anomalía madrileña salvo que decidan desobedecer al Constitucional”, explica Hugo Martínez Abarca. “Con Ayuso todo es posible, pero el sentido común dice que si el Constitucional obliga a Miguel Ángel Rodríguez a comparecer y dar explicaciones, no cabe otra que aceptar”, afirma en ese mismo sentido Mar Espinar. “Pero hablamos de Ayuso, ya sabemos que ha hecho de la Comunidad de Madrid su pequeña Corea del Norte particular y que, en la tierra de la libertad, la única que vale es la suya”, apostilla.

El diagnóstico sobre el uso que Ayuso y Ossorio han dado a la Mesa en estos años es idéntico en ambos partidos. “Es proteger a la presidenta, que tiene muchísimos frentes abiertos, el nivel de vida cañón que lleva sin justificarlo, tiene que protegerse y la Mesa se ha puesto a trabajar. Ponen a trabajar a toda la maquinaria de la Comunidad en defensa del novio”, argumenta Espinar. “Es una aplicación trumpista de las instituciones que lleva practicando desde que empezó: 'la Asamblea es mi chiringuito y no vais a poder hacer democracia en el parlamento', es muy bestia”, afirma Martínez Abarca.

Más Madrid elaboró un informe el año pasado cuyos datos evidencian que la Mesa de la Asamblea ejerce de cortafuegos con mucha más intensidad que en otros parlamentos regionales. A lo largo de buena parte del año pasado, según este informe del grupo parlamentario, hasta un 30% de las iniciativas fueron inadmitidas, diez veces más que en otros parlamentos regionales.

La presidenta regional no ha podido empuñar el argumento habitual de desacreditar al Tribunal Constitucional por su mayoría progresista –las sentencias han tenido también apoyo conservador– y ha optado por alegar que desde la oposición “plantean preguntas absurdas”. En las próximas semanas la Mesa tendrá que reconsiderar sus negativas. Entre ellas, que Miguel Ángel Rodríguez y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso tengan que responder por las amenazas explícitas a elDiario.es por revelar el caso de fraude fiscal de la pareja de la presidenta.

La libertad que preconiza Isabel Díaz Ayuso para Madrid no llega a todos los escaños en la Asamblea Regional. Desde los bancos del Partido Popular se puede llamar terroristas a los diputados de la oposición sin el más mínimo reparo de la presidencia de la Cámara, pero que nadie tenga la tentación de preguntar por los negocios de la familia de la presidenta, las prácticas de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, o incluso de criticar a algunos jueces, porque entonces se topará de bruces con Enrique Ossorio, que acumula dos años de polémicas y escándalos al frente de la Asamblea Regional. Cuanto más delicados se vuelven algunos debates para el Partido Popular en asuntos como el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, o su controvertida posición sobre la matanza de Israel en Gaza, más expeditivo se muestra Ossorio para acallar a la oposición, que ha protagonizado plantes, abandonado el hemiciclo e incluso ha recurrido al Tribunal Constitucional.

Consejero en varios gobiernos de la Comunidad, desde que debutó con Esperanza Aguirre en 2012, este abogado de formación que tiene plaza en el Cuerpo Superior de Técnicos de la Seguridad Social se estrenó en el primer Gobierno de Ayuso al frente de Educación y escaló después a la vicepresidencia, hasta que la presidenta lo reclamó para responsabilidades mayores. En la legislatura de la mayoría absoluta, tras deshacerse de todos sus socios, primero Ciudadanos, y después, Vox, la dirigente del PP ha tomado el control de las pocas instituciones que ejercían tímidos contrapesos a su Gobierno: la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia y Telemadrid. También en la Asamblea durante este mandato está todo atado y bien atado: Ossorio ejerce como el cancerbero de Ayuso para asuntos delicados. La oposición lo acusa de retorcer el Reglamento al gusto del PP y algunas de sus últimas intervenciones evidencian una clamorosa parcialidad.

Como ejemplo, el penúltimo Pleno, el pasado 2 de octubre. Esa mañana el mismo presidente que había invocado muchas veces la “cortesía parlamentaria” coartando intervenciones de la oposición, permitió que el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, llamase terroristas al grupo de Más Madrid. El diputado del PP dijo textualmente desde su escaño: “Continúo aunque a los señores de Hamás Madrid, cuando hay una oportunidad para la paz, se enfadan... se enfadan mucho”.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, invocó entonces el reglamento para “preservar la dignidad de su grupo parlamentario”. Ossorio preguntó por qué y cuando Bergerot empezó a explicarse le retiró la palabra. El siguiente vídeo recoge la secuencia.

Acto seguido, sin llamar al orden ni pedir siquiera que retirase esas palabras su compañero de partido, el presidente de la Asamblea reparó en la existencia de una bandera palestina sobre el asiento de una diputada de Más Madrid. Ossorio interrumpió la sesión durante varios minutos, reclamó varias veces al grupo parlamentario quitar la bandera y acabó ordenando a un ujier que se la llevase. La escena, de cuatro minutos y medio, retrata bien las prioridades de la segunda autoridad de la Región: calificar como terroristas a un grupo parlamentario es admisible en la Asamblea de Madrid, exhibir una bandera de Palestina en el escaño, no.

El cerrojazo en la institución donde debía residir la soberanía de los madrileños viene de atrás. En esta misma legislatura el Partido Popular ha rechazado celebrar plenos monográficos sobre las muertes de ancianos sin ser atendidos en las residencias de Madrid, sobre educación, sobre emergencia climática, sobre vivienda e incluso sobre sus políticas económicas. En los debates de los jueves se suceden situaciones tragicómicas. Todavía con Juan Lobato como líder, el PSOE pidió en el último debate sobre el estado de la región un pleno monográfico sobre financiación autonómica. La interpretación de Ayuso fue que el entonces secretario general del PSM planteaba esa sesión por su condición de técnico de Hacienda y la presidenta ironizó con que ella podría plantear entonces otro pleno sobre la censura (dada su formación de periodista). Lobato aceptó la idea y lo registró. El PP respondió a su vez registrando un pleno monográfico sobre “la ironía”, que luego acabó retirando. Hasta Vox puso el grito en el cielo por el nivel al que había llegado la Cámara legislativa madrileña.

En este tipo de regates cortos se han manejado los populares durante el último mandato e incluso antes. Es habitual que la Mesa de la Asamblea donde tiene mayoría el PP rechace tramitar iniciativas del resto de partidos con los argumentos más peregrinos. La oposición pregunta por el Plan de Medios de la Comunidad, la controvertida y millonaria partida de publicidad institucional que según el resto de partidos (desde Más Madrid a Vox, pasando por el PSOE) utiliza el Gobierno regional para garantizarse una prensa amable, y la Mesa responde que el plan, tal y como ha sido enunciado, no existe. El reparto de esas cantidades millonarias entre la prensa afín por supuesto existe, pero la treta de la Mesa para no aceptar debates sobre ello es que no se llama “Plan de Medios”.

Es solo un ejemplo. Hay muchos más. La Mesa de la Asamblea, donde la poliimputada vicepresidenta, Ana Millán, ejerce como lugarteniente de Ayuso, tiene incluso un párrafo tipo que va repitiendo en las diferentes respuestas para denegar comparecencias e información a Más Madrid y el PSOE. El texto es el siguiente: “La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por ser su objeto prospectivo y no estar suficientemente justificado, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al grupo autor de la misma, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente”.

La sensación entre los diputados del resto de partidos es que la censura crece a medida que se va torciendo el futuro procesal de la pareja de Ayuso, acusado en dos juzgados distintos de un doble fraude fiscal, de corrupción en los negocios y de pertenencia a organización criminal. Asuntos críticos para Ayuso como ese o las muertes en las residencias son vetados sistemáticamente en el parlamento regional.

Pero también muchos otros. Antes del verano, Más Madrid planteó una iniciativa para obligar a que también los jueces estuvieran obligados a declarar su patrimonio, como ya hacen otros cargos públicos como los ministros, los consejeros autonómicos y los diputados y senadores. Se planteaba que la Asamblea de Madrid elaborase una propuesta que luego se tramitase en el Congreso como iniciativa legislativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Cuando se debatió el pasado mayo, el diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca defendió la idea como una fórmula para hacer más transparente la labor de los jueces y al mismo tiempo para identificar posibles manzanas podridas. Al subir al atril, el parlamentario recordó que uno de los problemas del Poder Judicial son algunos jueces concretos “que están acosando al Gobierno”. En ese momento, Ossorio decidió llamar a la cuestión a Martínez Abarca, con el argumento de que hay que preservar la separación de poderes. El parlamentario persistió en sus argumentos y recibió tres llamadas al orden, con la consiguiente expulsión del Pleno. El episodio acabó con todos los diputados de Más Madrid abandonando el hemiciclo y su portavoz, Manuela Bergerot, advirtiendo a Ossorio que había cruzado todas las líneas rojas. El vídeo es elocuente.

No fue la primera vez que la oposición se salió de la Cámara. Ya en 2021, cuando el PP ni siquiera tenía mayoría absoluta (aunque aprobaba la mayor parte de sus iniciativas con Vox) todo el resto de partidos se salieron del parlamento regional en protesta contra la “censura” que ejercía María Eugenia Carballedo, la entonces presidenta de la Cámara. Todo se precipitó después de que una diputada socialista osase mencionar al hermano de Isabel Díaz Ayuso en una de sus intervenciones. Entonces ni siquiera se sabía que Tomás Díaz Ayuso había cobrado 234.000 euros de comisiones que le había pagado una empresa propiedad de unos amigos de la familia Ayuso a la que el Gobierno regional había comprado un millón de euros de mascarillas chinas en plena pandemia (cuando los controles para la contratación se habían levantado para garantizar la rápida llegada del material).

En cuanto la parlamentaria socialista mencionó que el hermano de Ayuso se dedicaba a recorrer los hospitales madrileños recomendando a qué empresas había que contratar, la presidenta de la Cámara de entonces la frenó en seco. Carballedo apeló a la “cortesía parlamentaria” y alegó que no iba a tolerar una “alusión directa a un familiar de un diputado de la Asamblea”. La diputada socialista recibió una llamada al orden por expresarse así y cuando recordó a la presidenta de la Cámara que no solía utilizar la misma vara de medir cuando Ayuso atacaba a la oposición, fue llamada al orden por segunda vez. López terminó expulsada y los diputados del PP solos en el hemiciclo en una jornada en que hasta sus socios de Vox abandonaron el recinto. Ocho minutos más de bochorno parlamentario.

“Cortesía parlamentaria”, “respeto a la separación de poderes”... Todos esos argumentos que han utilizado para silenciar a la oposición los diferentes presidentes de la Asamblea desde 2021, en que Ciudadanos —que presidió la Cámara durante el primer Gobierno de Ayuso— desapareció de la institución, no rigen para los diputados del PP, ni siquiera para la propia Ayuso que ha soltado desde su atril todo tipo de ataques al resto de partidos, a Pedro Sánchez y por supuesto también a sus familiares. Como ejemplo, su intervención entre aplausos de su bancada el pasado 14 de mayo de 2025, con el presidente de la Asamblea mandando callar... a la oposición.

Hace solo diez días, el portavoz de su partido Carlos Díaz-Pache volvió a llamar, también desde el atril —y sin recibir advertencia alguna— “autócrata” a Sánchez y cargó contra su familia, sin ningún reproche por parte de la presidencia. Todo, entre vítores de su bancada.

Pero tal vez el ejemplo más clamoroso de parcialidad sobre la forma en que se regulan los debates y las iniciativas en la Asamblea de Madrid es la que tiene que ver con el jefe de gabinete de Ayuso, el controvertido Miguel Ángel Rodríguez. A raíz de las amenazas e insultos que vertió contra periodistas de elDiario.es, Más Madrid solicitó que se explicase en el Parlamento pero fue denegado por la Mesa alegando, entre otras razones, que no se trata de un alto cargo de la Comunidad de Madrid y que, por tanto, no debe acudir a la Cámara. Rodríguez figura en el organigrama de la Comunidad de Madrid y en el portal de Transparencia como alto cargo del Gobierno regional como jefe de gabinete de la presidenta con un salario anual de 96.210,60 euros.

Preguntado por ello este viernes en un acto donde el Gobierno de Ayuso presumió de ser el Ejecutivo autonómico “que más se somete al control de la oposición” e hizo balance de las visitas que recibe su portal de Transparencia (1,5 millones en 2024) el consejero de Presidencia respondió: “La ley de Gobierno de la Comunidad de Madrid establece que [Miguel Ángel Rodríguez] es un alto cargo pero que no tiene responsabilidades de gestión. Cuando los altos cargos acudimos a la Asamblea de Madrid, explicamos nuestro ámbito de gestión, ya sea Educación, Sanidad... La ley de Gobierno de la Comunidad de Madrid no le otorga ningún tipo de función de gestión, más allá del asesoramiento de la presidenta o el presidente de la Comunidad de Madrid. En todo caso no es una cuestión que le compita resolver a este Gobierno, sino a la Mesa de la Asamblea de Madrid”.

Y esa Mesa de la Asamblea Regional, donde Ana Millán, la lugarteniente de Ayuso en el PP, lleva la voz cantante, ha rechazado ya 30 peticiones de comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez y ha llegado a alegar que algunas de esas solicitudes contienen “juicios de valor” o son “reprobaciones encubiertas”, una figura que según los populares no contempla el reglamento de ese parlamento autonómico. En realidad, lo que reclama la oposición es la dimisión de Rodríguez, después de que se haya probado que amenazó a periodistas, que difundió bulos a diversos medios sobre la Fiscalía y tampoco dijo la verdad en el Supremo durante su declaración como testigo en el caso del fiscal general.

Hastiados de las trabas a la oposición, Más Madrid presentó el pasado período de sesiones un recurso al Tribunal Constitucional donde acusa a la mayoría conservadora de vulnerar los derechos de sus diputados. El recurso cita el veto a una comisión de investigación sobre los contratos de la pandemia (de los que cobró comisiones el hermano de Ayuso), a otra iniciativa parlamentaria para instar al Gobierno a auditar la relación entre el grupo Quirón, que es el principal proveedor sanitario del Gobierno regional, al que ha facturado miles de millones de euros en los últimos años, y a la vez el principal pagador de la pareja de la presidenta. También recoge la negativa a las comparecencias de Miguel Ángel Rodríguez.

El Constitucional ha admitido a trámite el recurso y de momento lo sigue estudiando. Es la última baza que la oposición pretende jugar para poder cumplir con su labor de fiscalización al Gobierno regional, toda vez que otros órganos que cumplían mínimamente con ese cometido han sido descabezados por el Partido Popular de la mayoría absoluta. Tres de ellos, en un solo día y sin apenas debate. El 13 de noviembre de 2023, unos meses después de lograr su mayoría absoluta, Ayuso tomó el control total de Telemadrid, el Consejo de Transparencia y la Cámara de Cuentas, algunos de los organismos que habían puesto reparos a las políticas del PP cuando no tenía mayoría absoluta, como por ejemplo la venta de las viviendas públicas a fondos buitre por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital. Con su rodillo parlamentario y la aprobación de una ley ómnibus, Ayuso modificó de un plumazo 15 textos legislativos para garantizarse el poder total en las instituciones madrileñas. Que luego ha completado con el nombramiento de Ossorio, un peón del partido al frente de la Asamblea regional.

La bronca en la Asamblea de Madrid ha subido a un nuevo nivel. Este jueves, el presidente de la cámara madrileña, Enrique Ossorio (PP), ha retirado la palabra a un diputado de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca, tras criticar la “connivencia” de “algunos jueces” con la derecha política mientras defendía una proposición de ley para que los jueces hagan públicas sus declaraciones de bienes y actividades. La tensión ha sido tal que la formación liderada por Manuela Bergerot ha decidido abandonar la Asamblea en bloque, mientras Ossorio se negaba a devolverles la palabra.

“El principal problema que tiene institucionalmente España ahora mismo es el secuestro de la derecha sobre el Poder Judicial y el acoso que miembros concretos del Poder Judicial están haciendo al Gobierno”, decía el diputado Martínez Abarca cuando Ossorio le ha “llamado a la cuestión”. “Lo siento, pero voy a seguir hablando. El primer problema es el acoso al que están sometiendo algunos jueces al Gobierno”, ha proseguido el representante de Más Madrid, que denunciaba la táctica de “el que pueda hacer, que haga”, dictada por el presidente José María Aznar y, a su juicio, secundada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Mientras Martínez Abarca trataba de continuar, Ossorio ha zanjado: “En este Parlamento no se va a criticar el Poder Judicial [...] Ha perdido la palabra”. Entretanto, otros miembros de la mesa de la Asamblea, principalmente el vicepresidente socialista Diego Cruz, se revolvían ante la decisión de Ossorio, que no cedía. Al instante, la líder de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, se ha levantado de su asiento para reclamar al presidente de la cámara que permitiera continuar a Martínez Abarca en su intervención, amenazando con retirarse del hemiciclo si no devolvían la palabra al diputado de su formación. Mientras, se oían pitos y gritos de “¡libertad!” en la Asamblea.

“Hagan lo que consideren”, ha respondido Enrique Ossorio, ante lo cual toda la bancada de Más Madrid se ha levantado para salir de la cámara entre el bullicio y un grito de “sirvengüenza” por el que Ossorio les ha “llamado al orden”. “Si se vayan a ir váyanse, tranquilícense”, ha rematado el presidente de la Asamblea; “en este Parlamento no se va a criticar la justicia, ya lo saben”.

Más Madrid ha denunciado posteriormente lo que consideran “un episodio sin precedentes”, “insólito”. Critican que el silenciamiento de su diputado es una “mordaza” por parte del presidente la Asamblea, y explican que por eso han decidido abandonar la cámara como “gesto de denuncia”.

“Usted no veta temas, veta a partidos políticos”

Tras la salida de Más Madrid de la cámara, ha llegado el turno de Raquel Barrero, diputada de Vox, que ha cargado contra el “ataque a los jueces” de la izquierda por la proposición de ley que defiende Más Madrid. En su intervención, Barrero también ha reprochado que “se intenta asaltar la independencia judicial” y ha criticado al Tribunal Constitucional y al fiscal general del Estado, entre otros, para acabar tachando de “dictadura” a “un Gobierno que quiere controlar al Poder Judicial”, en referencia, se entiende, al Gobierno central.

Ante estas palabras, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha pedido intervenir para preguntar por la política de Ossorio para “vetar” o no según qué declaraciones. “Quiero saber en base a qué artículo va a vetar los temas que se debaten en esta Asamblea o si solo va a vetar los temas a determinados partidos políticos”, ha planteado Espinar. “El PP lleva sentenciando judicialmente al PSOE durante todo el pleno sin ninguna prueba y no ha dicho usted absolutamente nada. ¿En qué artículo se está basando?”, ha reiterado.  

“No hay ningún artículo del reglamento que diga eso porque los que redactaron el reglamento no pudieron imaginarse nunca que se utilizaran estos atriles para amedrentar, atacar y señalar jueces. Y esa realidad la estamos viviendo día sí y día también”, ha replicado Ossorio, ante lo que la socialista ha sentenciado: “Me da la sensación de que usted no veta temas, veta a partidos políticos para que hablen de determinados temas”.

La oposición ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que ella haya preguntado al PSOE si se imaginan que su novio, Alberto González Amador, “se sienta en la Puerta del Sol para hacer negocios para sus empresas” o para “grabar vídeos” en la sede regional “para hacer fundraising”, en alusión a las acusaciones que la derecha ha planteado en contra de la actividad empresarial de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. 

“¿Usted se imagina que el novio de Ayuso me pide que le rescate a una empresa con la que se ha visto en un hotel en San Petersburgo?”, ha apuntado la mandataria, en alusión a unas declaraciones del empresario investigado Víctor de Aldama sobre Gómez, aunque el propio comisionista reconoció que en un encuentro que mantuvieron en Rusia no hablaron de “negocios”. Ante esa pregunta, la líder de Más Madrid le ha replicado: “Nos imaginamos bien el trato de favor a su novio, por eso hemos ido a la Justicia”.

Obviando que su pareja, Alberto González Amador, está siendo investigado por presunta corrupción en los negocios, la presidenta se ha lanzado en contra de los socialistas, a los que acusa de tener “más corrupción que número de escaños” y de estar “hundidos”. En ese ataque al PSOE, la oposición ha comenzado a murmurar y revolverse cuando ha asegurado “¿qué dirían si el presidente de la Asamblea estuviese involucrado en una trama de mascarillas?”. Actualmente, el presidente del parlamento autonómico, Enrique Ossorio, está implicado en el ‘Caso FP’, un presunto episodio de prevaricación que investiga un juzgado sobre obras hechas en centros de Formación Profesional, entre los años 2021 y 2023, cuando él era consejero de Educación

Las declaraciones que realizó la presidenta en las que agradeció que jueces, fiscales y periodistas estén dando “su mejor versión” contra Sánchez también han sido abordadas por la oposición en el pleno. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha recriminado a la presidenta que anime a que “jueces del PP prevariquen”. “Vaya sonrisita golpista”, le ha reprochado la líder de la oposición, durante su interpelación, en la que ha asegurado que la mandataria es una “triste imitadora de Trump” y que promueve “la inquisición isabelina”. 

Ayuso aseguró este lunes en un desayuno informativo que “el escenario a corto plazo es duro y es difícil, pero pienso que aquí cada uno tiene que dar su mejor versión”. “Lo están haciendo muchos jueces, muchos fiscales, muchos periodistas, rectores, representantes de la sociedad civil, empresarios que están dejándose la piel y dando su mejor versión, porque España fue un país que se levantó precisamente porque otras generaciones basaron su forma de comportarse bajo el concepto de las cosas bien hechas”, indicó.

Tres días después, la presidenta ha querido matizar sus palabras en el pleno y ha asegurado que sus palabras no se centraban en que “jueces, fiscales y prensa” atacasen al Gobierno, “sino que estén a la altura para que digan la verdad” y sean “valientes para sacar a flote la corrupción” que, según la mandataria, “carcome” el proyecto liderado por Pedro Sánchez. 

En el cara a cara que ha mantenido Ayuso con los partidos de la oposición, se han mencionado algunas de las declaraciones que la presidenta realizó el lunes en un encuentro en el que avaló su política universitaria y su posicionamiento a favor de crear centros privados de educación superior en la región. La portavoz del PSOE, Mar Espinar, no ha evitado vincular este tema con el piso en el que reside la presidenta: “Invierte por alumno al año [en financiación universitaria] un poquito más de lo que invierte en pagar su aticazo al mes: 6.039 por alumno al año, 5.000 por su aticazo”.

Durante la pandemia la gran mayoría de la población estuvo concentrada en sobrevivir, pero había otra gente intentando aprovechar para enriquecerse. Más allá de los grandes comisionistas, hay otros casos más sutiles. Con la inercia de la pandemia, algunas administraciones y algunas empresas nos estafaron el dinero público troceando contratos. ¿Qué es trocear contratos? Trocear contratos es camuflar como servicios diferentes lo que podría ser el mismo.  Es un vicio político difícil de extirpar.

Con Raquel Ejerique, Daniel Cela y Gonzalo Cortizo analizamos tres casos que nos ayudan a entender esta práctica política en la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia.

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Algo está podrido en las contrataciones de obras de los centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid. En una investigación que adelanta elDiario.es han salido a la luz hasta la fecha siete obras por un monto total de cuatro millones de euros que se trocearon en contratos de menos de 40.000 euros más IVA para que pasaran como trabajos menores y no necesitaran salir a concurso, con lo que se eludieron todos los controles económicos y de la Intervención de la Comunidad. El silencio que ha mantenido ante estas revelaciones el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso solo contribuye a avivar la sospecha de que estaríamos solo ante la punta del iceberg de una corrupción mucho más generalizada. Por una práctica similar, aunque diez veces menor en cuantía, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya condenó el año pasado a la líder de Junts Laura Borràs por prevaricación a cuatro años de prisión. 

El Ejecutivo madrileño se equivoca si cree que este asunto se ha resuelto con decir que investiga uno de los casos –el del macrocomplejo Ciudad Escolar, después de que el constructor denunciara que solo se le habían pagado 700.000 euros de los 2,5 millones presupuestados– y haber destituido al subdirector de Formación Profesional, Alfonso Mateos, que se encargó de organizar y dar las órdenes de pago al constructor desde distintos institutos con el fin de dificultar la trazabilidad de la operación.

La hipótesis de que los contratos eran cosa de los directores de los centros con la complicidad del defenestrado Mateos, a espaldas de la Consejería de Educación, tiene difícil sustento. Por una parte, este diario ha establecido que la corrupción no se ha circunscrito a institutos de FP, de modo que cabe sospechar que hay más mateos. Por otra, es muy dudoso que la Consejería no supiera qué se cocinaba en los centros: elDiario.es ha podido comprobar en uno de los casos, el del millonario centro de FP de Alcalá de Henares Escuela del Arte, que el departamento de Infraestructuras de la Consejería –órgano de contratación oficial para obras educativas de envergadura, sujetas según la ley a concurso público– estuvo en contacto con el constructor de la obra y le solicitó el proyecto. El pago de esta obra de 1,2 millones de euros, que alguien tuvo que coordinar por la inexistencia de un contrato global, se realizó desde tres centros distintos: el IES Antonio Machado, la Escuela de Arte y el Conservatorio Profesional de Música.

Aunque los centros educativos de la Comunidad disponen de autonomía para sufragar las obras y los servicios que consideren pertinentes –para lo que cuentan con sus ingresos propios y con aportaciones europeas y de los gobiernos nacional y autonómico–, es obvia la responsabilidad, así sea in vigilando, de la Consejería de Educación, encabezada en el momento de los hechos por el hoy presidente de la Asamblea de Madrid Enrique Ossorio y su entonces vice consejera de Política Educativa, Rocío Albert López-Ibor, hoy consejera de Economía y Hacienda. Lo que está por determinarse es el alcance de dicha responsabilidad y la extensión de la corrupción. Emilio Viciana, consejero de Educación desde 2023, no admite oficialmente más casos fuera del que dice que se está investigando, mientras que este periódico contabiliza ya siete.

Evadir el concurso público mediante el fraccionamiento de contratos es una práctica que se debería perseguir con la máxima severidad. En primer lugar, porque impide que haya un abanico de ofertas para elegir la más favorable en precio y calidad. Hay que recordar que el dinero que manejan los centros educativos públicos sale en últimas de los bolsillos de los contribuyentes, de modo que la ciudadanía merece explicaciones sobre lo ocurrido. En segundo lugar, porque afecta a las empresas que intentan abrirse paso en el sector de la construcción creyendo en las bondades de la libre competencia. Lo que pone de manifiesto la investigación de este diario es un entramado de amañamiento que ha cercenado a empresarios del sector la posibilidad de competir en igualdad de condiciones. En tercer lugar, porque lo habitual en este tipo de operaciones es que se favorezca a constructores que correspondan con la respectiva mordida, cosa que habría que comprobar si sucedió en los casos desvelados por este periódico.

La respuesta de la Comunidad de Madrid es la que acostumbra dar cada vez que le salta un escándalo de corrupción: el silencio. El desprecio olímpico a las informaciones incómodas. El Gobierno de Ayuso tiene asumido desde hace ya tiempo que no tiene ninguna obligación de dar explicaciones a los ciudadanos. Que, cuando surge alguna denuncia molesta, ya se encargará de contrarrestarla mediante la descalificación y la movilización de su legión de medios afines para desmentir los hechos. Sin embargo, por mucho que lo intenten en este caso, no podrán tapar el cielo con las manos.

La Consejería de Educación del Gobierno de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, hizo reformas integrales en al menos otros cinco centros educativos, parte de ellos de secundaria, y fuera de la ley, además de los dos desvelados por elDiario.es, uno de los cuales está investigando la Fiscalía por indicios de delito de corrupción.

Aunque el departamento que dirige desde 2023 Emilio Viciana no admite oficialmente más casos y no contesta a ninguna de las preguntas que se le formulan, este medio ha podido acreditar obras de cientos de miles de euros que se trocearon en facturas de menos de 40.000 euros más IVA para que pasaran por un contrato menor y eludieran todos los controles económicos y de la Intervención de la Comunidad de Madrid que se activan en las grandes obras (superiores a esos 40.000 euros). Constructores, fotos públicas y personal de los centros han confirmado que se hicieron las reformas y que no se sacaron a concurso, como marca la ley. Es el mismo delito por el que se condenó a cuatro años de prisión por prevaricación a la líder de Junts Laura Borràs, en su caso por unas cuantías diez veces más pequeñas que en el caso que acecha al Gobierno de Ayuso.

Con estos cinco casos, son ya siete en la región, aunque no se descarta que puedan ser muchos más, según fuentes consultadas y conocedoras del escándalo. En principio la Consejería lo achacó a un subdirector de FP al que cesó fulminantemente en marzo, aunque conforme se revelan datos se comprueba que el sistema ilegal no se circunscribe a una zona administrativa (la gestión educativa del Gobierno de Ayuso se divide en Direcciones de Área Territorial –DAT–, cada una de las cuales tiene un jefe). Afecta ya a centros de la zona Capital, Este y Sur y Oeste y tampoco se circunscribe a FP o Régimen Especial como Escuelas de Idiomas o Artísticas (la competencia del subdirector cesado), sino que afecta también a un centro de formación del profesorado, dependiente de otro departamento. Además, al menos dos empresas de construcción distintas recibieron los encargos con instrucciones precisas provenientes de personal adscrito a la Consejería de Educación sobre cómo hacer la obra y cobrar.

12 facturas menores para una única reforma

Como ha podido acreditar con documentación elDiario.es, uno de los centros que fraccionó contratos es el instituto de secundaria (IES) Príncipe Felipe, que imparte FP y también Bachillerato en el distrito Fuencarral-El Pardo. Este instituto adscrito a la DAT Capital hizo una reforma de envergadura en 2022, presupuestada en 230.000 euros. Se remodeló toda la planta baja, la biblioteca, los despachos de dirección y se hizo un aula de emprendimiento, un tipo de aula que es apuesta del Gobierno de Ayuso y que pretende fomentar la creación de empleos. Están financiadas con fondos europeos.

Pese a que la ley obligaba a sacar esta obra a licitación pública, dado que superaba los 40.000 euros que impone como límite la Ley de Contratos del Sector Público, desde el departamento de Infraestructuras de la Consejería no se abrió ningún expediente ni se celebró un concurso público, lo que hubiera asegurado la competencia y la fiscalización económica. Una mesa de contratación con técnicos y especialistas hubiera elegido la mejor oferta para los intereses de los ciudadanos y el proceso se hubiera hecho público.

Todo eso se obvió y se eligió a dedo una empresa que presentó un presupuesto. Para pagarle, desde Educación se instauró un modus operandi que aseguraba la opacidad y esquivaba los controles: se fraccionó el importe total en 12 facturas menores de 40.000 euros y se abonó desde la cuenta propia del centro a diferentes filiales de un mismo grupo empresarial para no levantar sospechas. En otros casos de reformas, los pagos provenían de varios centros públicos para que no saltaran las alarmas con los importes, algo que se organizaba desde la Consejería.

Es la operación que se hizo un año antes en el macrocomplejo Ciudad Escolar que investiga la Fiscalía, después de que la propia Consejería viera indicios de delito tras las denuncias de impago del constructor que levantó allí un hospital escuela. Allí se llegaron a abonar 700.000 euros públicos de una obra hecha con presupuesto de 2,5 millones de euros que ha quedado impagada y abandonada. La Consejería apuntó en su escrito al subdirector de FP Alfonso Mateo y a dos directores de FP, desde cuyos centros salió el dinero. Sin embargo, ninguno de todos ellos tenía la capacidad de armar un centro de estas características sin ayuda técnica de otros departamentos de Educación. Lo mismo sucedió en el caso de la Escuela de Arte de Alcalá, que la Consejería asegura estar investigando y que no se ha llevado a Fiscalía, pese a que supuso un desembolso de 1,2 millones de euros públicos con fraccionamiento de contratos, como pudo comprobar y publicó elDiario.es.

Una escuela de idiomas y un centro de formación de profesorado

Otros dos casos similares y en los que se empleó el mismo modus operandi son la Escuela de Idiomas de Leganés y el Centro Territorial de Innovación y Formación Sur (CTIF) de Leganés –que da formación al profesorado y depende dela subdirección de Innovación–. Según ha podido confirmar elDiario.es, por escrito y de manera gráfica, se renovaron completamente suelos, paredes, se demolieron y levantaron tabiques y se renovaron baños. Obras evidentemente superiores a los 40.000 euros y, en este caso, en la DAT Sur.

Fuentes de la empresa constructora que se encargó de ambas renovaciones confirman que no se presentaron a concurso porque no se sacó a ningún concurso. Desde Educación les pidieron un presupuesto, se aceptó y se ejecutaron techos, electricidad, suelos, tarimas y aulas. No han desvelado el importe total ni han querido dar más detalles.

elDiario.es ha podido confirmar con fuentes solventes del CTIF y la propia Escuela de Idiomas que las obras se hicieron completas y de una sola vez en el mismo año, en 2021, motivo por el cual es evidente que se trocearon facturas para poder pagar, ya que si no había una licitación pública –y no consta ninguna de las dos en el Portal de la Contratación de Madrid–, la única manera de abonar fuera del radar de la Intervención y la Inspección es con fondos propios de los centros, en distintos pagos, tal y como se ordenó hacer en el caso de Ciudad Escolar y en el caso de la Escuela de Arte de Alcalá.

Exactamente lo mismo se hizo en el IES Carlos Bousoño de Majadahonda (DAT Oeste) para desembolsar los más de 100.000 euros que costó construir un aula multidisciplinar, un aula de tecnología, el departamento de profesores y los baños de la planta superior. Esta obra se llevó a cabo en el año 2022 y se elaboraron facturas menores para poder pagar, ya que no se sacó a concurso público, como ha podido confirmar también elDiario.es con fuentes del centro. O las mejoras en el IES Pío Baroja (DAT Capital), de menor importe (59.000 euros) pero que tampoco se sacaron a concurso pese a que excedía en 20.000 euros el límite marcado por la ley para hacer un contrato menor.

Además de la confirmación de que se usaron contratos menores también en estos cinco centros, elDiario.es ha podido confirmar que muchos de esos documentos ni siquiera están colgados en el Portal de Contratación de Madrid, el lugar donde supuestamente deberían estar publicados todos los contratos menores y también las obras licitadas. Faltan facturas que se pagaron y en otros casos no se especifica el nombre del centro. Educación no contesta sobre por qué no se pueden encontrar estos contratos ni sobre estas nuevas obras desveladas por elDiario.es.

Fuentes conocedoras del caso coinciden en que no es plausible que un subdirector dependiente de Política Educativa y los directores de instituto (que son profesores con cargo) armaran solos esas obras millonarias y las reformas. En el caso de Alcalá conocían las obras tanto el departamento de Infraestructuras –que pidió los planos y el proyecto al empresario– como el responsable del área este (la llamada Dirección de Área Territorial, DAT). Era Jorge De la Peña, número dos del PP del Alcalá y hoy director general de la educación concertada. Este alto cargo de Ayuso no solo conoció la obra, sino que la visitó en persona, pidió algunas modificaciones en su climatización y se intercambió correos con el constructor.

En el momento de estas obras en los nuevos cinco centros revelados (2021 y 2022) era consejero de Educación Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea de Madrid. Su número dos era la viceconsejera de Política Educativa, Rocío Albert López-Ibor, peso pesado del PP, cercana a Faes y hoy consejera de Economía y Hacienda de Ayuso, un puesto central en el gobierno autónomico. A cargo de las infraestructuras estaba Nadia Álvarez en 2021 (hoy concejala en el Ayuntamiento de Madrid), a quien sustituyó Manuel Bautista en julio de 2022. Bautista es el actual alcalde de Móstoles y apoyo de Ayuso en el núcleo duro del PP de Madrid.

¿De dónde salió el dinero para pagar todas estas obras y reformas? De las cuentas de los propios institutos, que reciben tanto ingresos ordinarios de funcionamiento como extraordinarios (fondos europeos, Next Generation, del Ministerio de Educación...). Los centros tienen autonomía financiera y son los directores y los equipos directivos los que pueden decidir y los que pueden gastar el dinero (siempre que se trate de contratos menores) con la correspondiente factura y registro. En algunos casos acreditados por elDiario.es, el exsubdirector cesado (por orden de alguien más o no) ordenaba pagos incluso a centros externos que no tenían nada que ver con la obra con el objetivo de que las facturas no fueran recurrentes y evitar que saltaran las alarmas.

Puedes hacernos llegar documentación o datos confidenciales a la redacción por correo electrónico: pistas@eldiario.es

Durante las votaciones en los parlamentos ocurren cosas inexplicables. Puede que un político vote en contra de todo su partido sin querer y el resultado sea que salga adelante una ley crucial para el Gobierno. O puede que ediles fantasma presionen el botón del 'no' desde un escaño vacío. Este segundo caso es lo que ocurrió en la Asamblea de Madrid, cuando se sumó un voto extra de un diputado de Vox que había dejado el puesto días atrás.

El Parlamento madrileño investiga ahora este voto para saber qué sucedió, ya que el exdiputado José Luis Bartolomé no tenía todavía sustituto cuando se debatió la enmienda a la totalidad a la Ley de Economía Circular presentada por Más Madrid.

La formación que lidera Manuela Bergerot ha anunciado que pedirá la suspensión temporal de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio. La portavoz de Más Madrid ha publicado un mensaje en X en el que insta a que “las instituciones sancionen a quienes piensan que las reglas no van con ellos”.

En las imágenes, se puede observar cómo la portavoz autonómica del partido de extrema derecha, Rocío Monasterio, aprieta los botones del escaño de al lado entre risas. Según ha explicado ella misma en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Monasterio ha asegurado que “son cosas de la tecnología y lo avisó Enrique Ossorio (el presidente de la Asamblea). Intenté darle a todos para que se apagase”. “Por mucho que yo le daba a todos los botones, eso no se apagaba”, ha añadido Monasterio.

“No hay gravedad”, ha insistido Monasterio, que lo ha justificado en que no afectó al resultado final, ya que se tumbó igualmente la propuesta por la mayoría absoluta del PP. También el portavoz del PSOE madrileño, Juan Lobato, ha hablado de “falta de trascendencia”, aunque ha apuntado que se debe solucionar: “Que se investiga y que se advierta de que no se puede aprovechar si no hay alguien para darle al botoncito de al lado”.

Manuela Bergerot, líder de Más Madrid, ha indicado que “a nadie se le escapa” que Vox tiene “dificultades” para estar “a la altura” del trabajo parlamentario.

Pero las declaraciones de Monasterio no convencen al portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, quien ha negado el fallo técnico. “Alguien ha tenido que pulsar el botón de su escaño, a continuación pulsar el de otro. Eso no es un fallo técnico, es un fallo humano o un intento de obtener un voto que no se tiene”, ha lanzado.

El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, del Partido Popular, ha respondido a Monasterio, que conoce el funcionamiento de las votaciones y rechaza por tanto la posibilidad de que el voto adicional de Vox se deba a un fallo técnico.

“Usted es diputada en la Asamblea de Madrid desde hace 5 años y sabe perfectamente que en las votaciones no se apaga nada”, ha escrito Ossorio en un mensaje publicado esta tarde en X. “Simplemente se aprietan dos botones. Los que están en el escaño de cada uno”, ha añadido.

Las familias del colegio público Yvonne Blake, situado en el barrio de El Vivero, en Fuenlabrada (Madrid), han visto agotada su paciencia en lo que respecta a la construcción por fases del centro educativo. La primera, que comprende el módulo de infantil, se edificó en  2019 y, por aquel entonces, no había problemas de espacio porque había clases suficientes para los alumnos. Pero durante estos años no se han construido nuevas zonas para la docencia, los niños van pasando de curso y ahora no hay clases de primaria. “Cuando mi hijo entró en 2019 tenía una sala de psicomotricidad para poder hacer gimnasia. Los niños de infantil ahora no tienen esa aula porque la tiene una clase de primaria”, dice Miguel Ángel Sanz, padre de un alumno de primero de primaria.

La segunda y última fase comprende otras doce aulas mas cuatro de desdoble, el gimnasio, la biblioteca, las pistas y más zonas que deberían haber estado acabadas en el curso 2021-2022, como prometió Enrique Ossorio, el consejero de Educación. Sin embargo, dos años después, la última fase aún no ha entrado en funcionamiento y las consecuencias ahora las sufren los aproximadamente 200 alumnos que alberga el centro.  

Por ejemplo, primero de primaria está dando clase en el aula de usos múltiples porque no hay otra alternativa. El comedor, donde comen aproximadamente unos 170 estudiantes, también se utiliza para las clases de psicomotricidad, de religión y de las diferentes actividades extraescolares. Aún así, las condiciones de estos espacios son muy improvisadas: “El aula de religión es una mesa separada por colchonetas”, declara Carolina Ruiz, vicepresidenta del AMPA y madre de una niña del colegio. Además, las clases de educación física se imparten en el patio, que es muy pequeño y no tiene toldo, lo que obliga a los alumnos a aguantar las temperaturas tanto cuando hace frío como cuando hace calor.

Y no solo faltan sitios para la docencia, sino que el problema se amplía también a los baños. “Los de primero de primaria B tienen que pasar por primero A, luego a cinco años y ya entrar a los baños, que los utilizan casi unos 90 niños”, explica Gema Lizana, presidenta del AMPA. Son baños de infantil, es decir, construidos a partir de cristaleras donde se ve todo, lo que lleva especialmente a los niños de primaria a “sentir pudor”, aparte de que la higiene “brilla por su ausencia”, indica Ruiz.

En el Yvonne Blake también estudian cinco niños con trastorno del espectro autista (TEA), que pasaron de recibir las clases en un aula normal, donde ahora están los de tres años, a hacerlo en un despacho junto con dos profesionales. Aparte, están los niños con necesidades especiales como los que precisan de Pedagogía Terapéutica (PT), que ocupan la entrada del centro para las clases. “El problema con los niños autistas es que necesitan una estabilidad y una rutina. Cambiarlos cada año de aula no es beneficioso para ellos”, señala Cristina Rodríguez- Gavela, madre de un hijo en aula TEA. Dar las clases en un despacho provoca además que los profesionales no puedan desarrollar bien su trabajo “y todo por no querer construir un colegio”, apunta Rodríguez- Gavela.

La respuesta de la Comunidad de Madrid: panelear el comedor

Las familias de los alumnos del Yvonne Blake empezaron a hacer ruido cuando vieron que la segunda fase que les prometieron para el curso 2021-2022 no estaría lista porque ni si quiera habían empezado las obras. Ante sus quejas, la Comunidad de Madrid les prometió que para el inicio del curso 2022-2023 iban a estar terminadas y operativas cuatro aulas para los estudiantes de primaria, pero ya casi finalizado el año lectivo, esas obras aún no han empezado.

En un comunicado de la Dirección de Área Territorial de Madrid Sur del 4 de mayo, la solución que daban a las familias pasaba por panelar el comedor: “En previsión de que el pequeño aulario, cuyas obras se iniciarán lo antes posible, se pueda retrasar en su terminación (no estar disponible en septiembre), se valora construir tres aulas en el comedor, dado que el tamaño del mismo lo permite sin afectar al servicio de comedor”.

“No queremos que se toque el comedor porque al final es un sitio donde se reúnen para hacer todo tipo de actos porque es lo único que tenemos más grande”, declara la presidenta del AMPA. Para Rodríguez- Gavela, las tres aulas en comedor son un “parche”, además que es el sitio donde comen los niños e iniciar unas obras allí llenaría todo de polvo y escombros.

Las familias critican el trato recibido por la Comunidad de Madrid, quien en todas sus negociaciones les asegura que las obras de las cuatro aulas van a ser “inminentes”, e incluso les ofrecieron la posibilidad de construir barracones, pero las familias se negaron: “Decimos que no queremos restructuración ni barracones, lo que queremos es que nos construyan el cole y que nos adelanten esas cuatro aulas que nos han prometido”, recalca Lizana.

Sin embargo, en las reuniones con la Comunidad de Madrid se les trasladó a las familias que no era un problema de dinero, por lo que piensan que es una “guerra política”. “Consideramos que aquí en Fuenlabrada el PSOE es muy fuerte y creemos que es una manera de castigar a los fuenlabreños”, comenta la vicepresidenta del AMPA. “La sensación es de abandono total porque vemos que nada se acaba de materializar”, continúa.

Ante la desesperación, madres, padres y alumnos del Yvonne Blake se encerraron durante todo el primer fin de semana de mayo en el colegio para protestar contra su situación y piensan seguir haciéndolo: “Tenemos pensado seguir haciendo encierros y estamos hablando con otros centros también construidos por fases porque lo suyo sería hacer encierros simultáneos”, manifiesta Lizana.

“Luchar por algo que es un derecho, como el derecho a la educación, es muy cansado. Es concentrarte por algo que es tuyo, no tendríamos que estar exigiéndoselo a nadie”, concluye Rodríguez- Gavela. 

Debemos fomentar la natalidad. Hay que premiar, hay que cuidar, a quienes invierten su tiempo y su dinero en la crianza de los ciudadanos del futuro. Pero: ¿deben las familias numerosas recibir ayudas sociales aunque tengan mucho dinero?

Hablamos con Cristina Bolinches, redactora de Economía de elDiario.es para saber cómo son y qué requisitos son necesarios para cobrar este tipo de ayudas, y con César Rendueles, sociólogo, científico titular en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, respondemos a las preguntas de por qué la universalidad de estas ayudas es así y qué implicaciones tiene. 

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Jean Paul Getty, uno de los primeros hombres en amasar una fortuna de más de mil millones de dólares, hizo instalar una cabina de teléfono con monedas en el vestíbulo de su mansión para las llamadas de larga distancia de sus invitados. También se dice que lavaba su propia ropa en los hoteles para no hacer frente a la factura de la lavandería. De Ralph George Algernon Percy, 12.º duque de Northumberland, se cuenta que suele llevar un almuerzo de bolsa con él para evitar pagar las comidas. Hay bastantes otros ejemplos de multimillonarios con comportamientos tacaños, como el Señor Burns separando el papel higiénico de dos capas y durmiendo abrazado a los sacos de billetes.

Del cobro por parte de varios políticos madrileños del bono social térmico para calefacción y agua caliente se ha dicho y escrito mucho durante los últimos días. A mí, por encima de la legalidad (que la tiene), la ética (que no la tiene) y la coherencia (de la que carece, especialmente en el caso de Mónica García), lo que me parece es una absoluta tacañería. Si eres el diputado más rico de la Asamblea de Madrid, con más de 104.000 euros de retribución, con activos financieros valorados en 1,4 millones, y solicitas una ayuda destinada a familias vulnerables con la que vas a ahorrarte 195 euros eres sencillamente un tacaño.

El problema principal está en el diseño de las ayudas, por supuesto. Un problema que va más allá de lo anecdótico. Es estructural. Según un informe de la OCDE, las familias más ricas de España se llevan el triple de ayudas que las más pobres. El 20% de los hogares más ricos de España recibió más del 30% de las transferencias del Estado, mientras que al 20% de los más pobres solo fueron a parar el 12%, dice el informe. Pero, por supuesto, uno puede elegir no hacer la trampa aunque esté escrita la ley. Uno puede, además, elegir no jactarse públicamente de hacerlo, como Enrique Ossorio en su rueda de prensa.

A una determinada escala es fácil sufrir ceguera social, una especie de adaptación psicológica a la incomodidad causada por la desigualdad. Vamos, resulta mucho más sencillo no ver la pobreza si no la tienes cerca. También se trata de una cuestión cultural. En situaciones donde la pobreza o la vulnerabilidad es generalizada entra en juego un sentido de responsabilidad colectiva. Si no estás acostumbrado a compartir porque no has tenido que hacerlo, la responsabilidad colectiva se diluye.

En un ensayo titulado La riqueza extrema es mala para todos, especialmente para los ricos, publicado en The New Republic, el escritor Michael Lewis escribió: “El problema no es que el tipo de personas que acaban en el lado agradable de la desigualdad sufran la incapacidad moral que les da una ventaja en el mercado. El problema lo provoca la propia desigualdad: desencadena una reacción química en unos pocos privilegiados. Inclina sus cerebros. Hace que sea menos probable que se preocupen por alguien más que por ellos mismos o que experimenten los sentimientos morales necesarios para ser un ciudadano decente”.

Con el dinero te aíslas del riesgo, de las molestias. Pero ese aislamiento tiene un precio adicional: el propio aislamiento, valga la redundancia. Vivir en una preciosa y aclimatada torre de cristal dándole la espalda a los demás y a sus problemas.  

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado este miércoles en su cuenta de twitter que va a cambiar la regulación del bono social energético para introducir criterios de renta para las familias numerosas, tras destapar Infolibre que el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, cobra estas ayudas para consumidores vulnerables pese al gran patrimonio que atesora.

Ribera ha tuiteado que es “irrenunciable” apoyar a los consumidores vulnerables y a las familias numerosas. “Sorprende la falta de sensibilidad y solidaridad de algunos. Cambiaremos la regulación actual para introducir criterios de renta en las familias numerosas”.

La vicepresidenta tercera ha hecho este anuncio después de que el vicepresidente madrileño defendiera su derecho a cobrar el bono social térmico para calefacción y agua caliente que percibe por ser familia numerosa y tener concedido el bono social eléctrico, pese a cobrar más de 100.000 euros al año y haber declarado un patrimonio de 1,4 millones de euros.

“Voy a pedir todas las ayudas que sean para familias numerosas”, ha asegurado Ossorio a preguntas de los periodistas. “Creo que es perfectamente ético beneficiarme de esa ayuda como hago de todas las ayudas que hay para las familias numerosas. Si alguien tiene envidia de las familias numerosas por estos recursos, le invito a ser familia numerosa que hace muy bien para España”, ha insistido Ossorio, destacando que es una ayuda que parte de un decreto ley del Gobierno de Pedro Sánchez.

El bono social eléctrico y el bono térmico (que gestionan las comunidades autónomas) siempre han beneficiado a las familias numerosas sin distinguir su nivel de renta. La propia Ribera deslizó hace años, en una comparecencia en el Congreso en enero de 2021, que eso tenía que cambiar, al anunciar que reformaría el bono eléctrico para que lo disfrutaran “quienes más lo necesitan”. A septiembre, último dato publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), 289.667 familias numerosas tenían el bono social eléctrico, que beneficiaba a 1.285.796 hogares.

Ribera dijo entonces que “necesitamos consolidar y ampliar el bono social eléctrico concentrándonos en quienes más nos necesitan” y “entender si las categorías previamente establecidas en el año 2017 de consumidor vulnerable se corresponden realmente con quienes más lo necesitan”.

“A veces nos encontramos con que no necesariamente es así y si cruzamos información de renta y patrimonio podemos estar dando cobertura a personas que pueden manejarse mejor y dejando a un lado recursos que podrían destinarse a colectivos particularmente necesitados”, añadió.

Sus palabras despertaron la lógica inquietud de la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) y finalmente el esquema se ha mantenido hasta hoy, pese a que las peticiones de que se introduzcan criterios de bono social para estas ayudas en el caso de las familias numerosas vienen de muy atrás.

Desde entidades tan diversas como la Fundación Civio o Ecodes al Defensor del Pueblo, que ya denunció en una recomendación de 2014 la “evidente situación de discriminación” que suponía la “desvinculación entre el bono social y el nivel de renta” desde la creación de estos descuentos en 2009.

Según el defensor, “como nunca llegó a determinarse un umbral de renta familiar, se perpetuó el sistema que inicialmente había sido concebido como transitorio”. “Por una parte, determinados consumidores con bajo nivel de renta no tienen derecho al bono social por no estar incluidos en los colectivos identificados, mientras que otros sí pueden beneficiarse del bono social, con total independencia de su nivel de renta”. En 2017 la institución insistiría al reclamar en su informe anual “definir un concepto de consumidor vulnerable de acuerdo con criterios de renta del consumidor” para poder disfrutar del bono social.

Otro ejemplo es el sindicato UGT, que ya se mostró en 2017 en desacuerdo con que “las familias numerosas por el hecho de serlo, y sin considerar sus rentas, puedan disponer del bono social sin límite temporal hasta que dejen de ser familia numerosa”. También lo han reclamado organizaciones de consumidores como Facua. “Ha tenido que trascender un caso de un político del PP para que tome la decisión”, ha criticado su secretario general, Rubén Sánchez.

El vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, solicitó y recibió en 2022 el bono social térmico para calefacción y agua caliente, una herramienta de su propio Gobierno destinada a “paliar la pobreza energética en los consumidores más vulnerables”, según ha publicado infoLibre y confirmado el propio Ossorio este miércoles en rueda de prensa. La ayuda que recibió el consejero regional —que cobra más de 100.000 euros al año, un sueldo superior incluso al de la presidenta del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, y ha declarado un patrimonio de 1,4 millones— fue de 195,82 euros.

La Consejería de Familia concedió a Ossorio el bono social térmico el 14 de octubre de 2022 y correspondía a la convocatoria de 2021. La cifra recibida correspondía a la asignada a los “consumidores vulnerables”, 195,82 euros, frente a los 313,30 que se reserva para los “vulnerables severos”. Ossorio ha podido recibir esta ayuda pública dirigida a familias vulnerables porque basta con tener el título de familia numerosa para acceder, sin límite de renta.

“Creo que es perfectamente ético beneficiarme de esa ayuda como hago de todas las ayudas que hay para las familias numerosas. Si alguien tiene envidia de las familias numerosas por estos recursos, le invito a ser familia numerosa que hace muy bien para España”, ha insistido, destacando que es una ayuda que parte de un decreto ley del Gobierno de Pedro Sánchez.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, también ha salido en defensa de su número dos en el Gobierno: “Si fueran únicamente ayudas sociales como tales, o fueran en detrimento de otras personas, es decir, tú cobras una beca y se la estás detrayendo a otra familia que lo necesita más, sí, puede ser (que no fuera moral)”. “Las condiciones (para recibir la ayuda) no son solo una cuestión económica, se llama social pero no es solo para personas vulnerables. Se entiende que el Gobierno lo que quería hacer por una vez era tener un gesto hacia las familias numerosas, y es un requisito que tiene la familia de Ossorio, que tiene los mismos derechos que las demás”, ha defendido la presidenta.

Ossorio, alto cargo tanto en el Gobierno como en la Comunidad de Madrid desde 1996, cobra en estos momentos 112.351,56 euros como vicepresidente del Gobierno regional, según los datos del portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. Percibe al mes un salario incluso superior que el de Ayuso, que ingresa cada año 103,090,32 euros.

Según su declaración de bienes, posee una casa cuyo valor supera los 400.000 euros (417.130,17, en total), y que es propiedad suya al 75%. Además, declara una cartera de inversiones que ronda los 1,4 millones de euros. La mayor parte, más de 900.000 euros, están depositados en el Banco Santander, en una cartera que gestiona el propio banco. El resto está repartido en diversos fondos de inversión, alguno de EEUU.

“Esto es un dinero de Pedro Sánchez, es dinero del Gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas lo que hacen es distribuirlo entre los beneficiarios. Ellos son quién debería recibirlo y ha dicho que todas las familias numerosas y yo, por tanto, mientras lo sigamos siendo voy a recibir y aceptar todas las ayudas que den en favor de las familias numerosas”, ha declarado.

Ossorio ha hecho hincapié en que el pertenece a una familia numerosa y tiene “cuatro hijos”. “Recibo las ayudas que existen para este tipo de familias”, ha apuntado a continuación. “Voy a seguir pidiendo todas las ayudas que sean para familias numerosas”.

No sabe dónde están los pobres en Madrid

En marzo de 2022, cuando Cáritas publicó un informe en el que advertía que el número de pobres había crecido en la región hasta el 22%, Ossorio afirmó: “Pues yo no lo veo”. “Dicen que en Madrid hay tres millones de pobres, pues dónde estarán”, llegó a decir mientras hacía el gesto de buscarlos tras él. “Creo que en el gesto me equivoqué”, reconoció después.

 La líder de Más Madrid, Mónica García, ha pedido este miércoles la dimisión de Ossorio, y ha criticado que “el señor que no veía la pobreza haya pedido el bono social térmico”. Para García, es incompatible que el PP hable de “paguitas” pero luego se “beneficie” de estas ayudas. Para la portavoz de Más Madrid es además “indecente” que lo haga Ossorio con su salario y su patrimonio.

En la misma línea, la portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha pedido también la dimisión de Ossorio, además de registrar una petición de reprobación contra el vicepresidente regional. “Registramos la reprobación de Enrique Ossorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, el diputado más rico de la Asamblea de Madrid, al que quizás le recordaran por asegurar no saber donde estaban los pobres, y que tiene la indecencia de cobrar el bono de calefacción del Gobierno destinado a consumidores vulnerables”, ha asegurado.

La Real Academia Española define el verbo reprobar como “no aprobar, dar por malo”. En la política española la reprobación se ha utilizado para mostrar la disconformidad con el adversario político. También en la autonómica. En Madrid, la Asamblea ha hecho pasar por este trago a propios y ajenos. Al menos, hasta ahora. El Partido Popular ha utilizado su mayoría absoluta en la Mesa para bloquear una votación contra el vicepresidente del Ejecutivo, Enrique Ossorio, alegando que no es una figura contemplada en el reglamento, pese a que la propia formación la utilizó en el pasado.

Tras las declaraciones de Ossorio sobre las muertes de ancianos en residencias durante lo peor de la pandemia de COVID-19, en las que afirmó que las familias ya lo habían superado, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos registraron sendas peticiones ante la Mesa de la Asamblea en las que instaban al Gobierno de la Comunidad a mostrar su rechazo por estas palabras y a reunirse con los familiares de las personas fallecidas. Este órgano es el encargado de gestionar qué llega al pleno de la Cámara, pero para ello debe atender únicamente a cuestiones jurídicas. Tras la petición de la formación que lidera Mónica García, decidió su no admisión a trámite “por contener el escrito una reprobación individual encubierta”, lo que a juicio de los grupos de izquierdas supone una valoración.

La Mesa, en la que el PP disfruta de una mayoría absoluta que no tuvo en las urnas ni tiene en la Asamblea, justifica su negativa en que la reprobación es “una iniciativa que no está contemplada en el Reglamento” de la Cámara. Aunque en ese texto no se recoge esta figura, los populares no utilizaron este argumento cuando en julio de 2020 colocaron en la picota al entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

“Hemos registrado una iniciativa para solicitar la reprobación del delegado del Gobierno en Madrid”, presumían entonces desde el grupo parlamentario popular en la Asamblea. Su entonces portavoz y ahora secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, justificaba su petición en “numerosos motivos”. El principal, decía, era “la dejación de funciones los días previos al estado de alarma permitiendo numerosos eventos y actos multitudinarios sin medidas de prevención ni de seguridad, todo ello para garantizar la agenda política con respecto al 8M por parte del Gobierno de España”.

Inicialmente, la Mesa frenó esta petición. Entonces no había mayoría absoluta en este órgano y tanto el PSOE como Ciudadanos consideraron que la iniciativa contenía “juicios de valor”. Sin embargo, en una segunda formulación, el socio de coalición de Ayuso en su primera y breve legislatura apoyó la tramitación de la proposición no de ley contra Franco, también secretario general de los socialistas madrileños. No solo eso, esta salió adelante en la Cámara regional apoyada por todo el espectro de la derecha.

La Mesa de la Asamblea lleva toda la nueva legislatura bloqueando la mayoría de iniciativas de la izquierda referentes a asuntos relacionados con la pandemia, sobre todo las que tienen que ver con lo ocurrido en las residencias de mayores en los primeros meses y sobre el protocolo que impedía derivar ancianos desde estos centros a los hospitales. Conscientes de esta situación, desde Más Madrid señalan que basaron su petición de reprobación a Ossorio en la que el PP presentó para Franco. Pero hay alguna salvedad. En la del vicepresidente madrileño ni siquiera se menciona ese término, mientras sí se hacía en la del exdelegado del Gobierno.

Fuentes del PP alegaban tras la decisión de la Mesa sobre Ossorio que permitir la tramitación de la reprobación, que por otro lado no tiene consecuencias más allá de su simbolismo, supondría un fraude de ley y que la decisión correcta era esta y no las del pasado. Pero ni siquiera hay que remontarse a legislaturas anteriores para encontrar más ejemplos. En febrero de este año, y ya con la aritmética nacida de las elecciones de mayo de 2021, la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, fue sometida a una votación por el caso de las menores prostituidas que tutelaba la Comunidad de Madrid, de la que se salvó en el pleno por la abstención de Vox.

Entonces, el partido de extrema derecha no amagaba con reclamar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso su responsabilidad sobre lo ocurrido en lo peor de la pandemia, mientras la petición de reprobación a Ossorio este octubre se produjo después de que Vox reclamase una comisión sobre este asunto. Aunque finalmente la retiró, su solo registro amenazó con una pinza con la izquierda para esclarecer lo que pasó aquellos meses de 2020 que provocó la respuesta airada de la presidenta. “Otra vez van a ir de la mano con Más Madrid, con Podemos y con el PSOE a otra comisión contra mí. ¿Pero qué hacen ustedes pactando con la izquierda? Esta gente les llama ultraderecha, esta gente querría ilegalizarles a ustedes. ¿Se puede saber cómo pueden ir de la mano con esta gente para hacer semejante despropósito? En esta vida además de ser firme y tener valor hay que tener principios”, llegó a espetarle la presidenta a Rocío Monasterio.

Más allá de la reprobación fallida a Dancausa, la hemeroteca madrileña tiene sobrados ejemplos de actuaciones similares que llegaron al pleno de la Asamblea, aunque las diferentes mayorías que apoyan al Gobierno de turno han conseguido salvarlas. Cuando los grupos de izquierda promovieron este mecanismo contra la presidenta de la Asamblea, María Eugenia Carballedo, después de que esta expulsara de un pleno a la diputada socialista María del Carmen López por afirmar que el hermano de Ayuso se dedicaba “a ir por los hospitales a sugerir a qué empresas hay que contratar” durante la pandemia, ya surgió el debate sobre si esta figura se podía aplicar o no.

Vox, cuyo grupo fue el primero en abandonar la Cámara a modo de protesta cuando se expulsó a la socialista, se opuso sin embargo a la reprobación de Carballedo, impidiendo que saliera adelante. “Políticamente ya está reprobada”, se conformó el líder del PSOE, Juan Lobato, consciente de que el efecto sería el mismo en cualquier caso. La prueba es que Franco había seguido en el cargo tras perderla el año anterior.  

La titular de Políticas Sociales en este Gobierno de Ayuso no ha sido la primera consejera sometida a una votación de reprobación en la Asamblea. El propio Ossorio, que la ha esquivado ahora, no corrió la misma suerte en octubre de 2020. Entonces se libró gracias al voto en contra de PP, Ciudadanos y Vox, aunque tuvo que pasar por el debate en el pleno de la Cámara. La iniciativa había partido de Más Madrid y contaba con el apoyo de los grupos de izquierda a raíz de la gestión del consejero de Educación del inicio del curso escolar 2020/21, el primero con el COVID-19 causando estragos.

Fue el mismo esquema que se vivió en junio de 2020, cuando Unidas Podemos presentó una proposición no de ley que apoyaron PSOE y Más Madrid. En ella se exigía el cese o la dimisión del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por “mentir sobre la existencia de un protocolo que prohibía la derivación de los enfermos con sintomatología de COVID-19 de las residencias de mayores a los hospitales para su cuidado y tratamiento”. La petición llegó también en aquel momento hasta el pleno, donde decayó gracias a las tres derechas.

Aunque Ciudadanos votó en contra de la reprobación, aquella sesión parlamentaria evidenció las tensiones en el seno del partido, que compartía Gobierno con el PP. El entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, enfrentado con Escudero, acató la disciplina de voto de su partido pero se ausentó durante el debate y la ovación final a su compañero de Ejecutivo. Fue el propio Reyero quien denunció que los protocolos aplicados eran “posiblemente ilegales”.  

 En la última semana, el PSOE madrileño ya ha venido denunciando el uso que hace el PP de su mayoría absoluta en la Mesa de la Asamblea, donde tiene cuatro de los siete puestos de este órgano que gestiona el funcionamiento de la Cámara. De hecho, los socialistas llevarán al Constitucional dos enmiendas de PP y Vox en la tramitación de la ley ómnibus y estudian la posibilidad de hacer lo propio con el veto a la comisión de investigación sobre las residencias y la reprobación de Ossorio.

“La falta de funcionamiento democrático en esta institución se repite cada día. La Mesa de la Asamblea tiene una mayoría absoluta del PP que no le dieron las urnas. Lo que está haciendo es tomar acciones antidemocráticas, saltándose el Reglamento, como en el caso de la Ley Ómnibus”, afeó el líder del PSM, Juan Lobato. “Es un procedimiento sin precedentes que llevaremos al Tribunal Constitucional porque ya está bien que el rodillo del PP, que no tuvieron en las urnas, lo apliquen en la Asamblea”, avanzó.

Sin reprobación oficial a la vista, por lo que sí ha tenido que pasar el vicepresidente de Ayuso en la Asamblea ha sido por la crítica de toda la oposición, que en el pleno de la semana en la que se produjeron sus polémicas declaraciones, que también han molestado a los familiares de las víctimas, le afearon sus palabras y pidieron a Ayuso su cese. Los diputados del PSOE llegaron a abandonar sus asientos mientras Ossorio intervenía y Más Madrid y Unidas Podemos coreaban gritos de “dimisión”.

Desde hace prácticamente dos décadas, para poder convertirse en una figura relevante en cualquier gobierno de la Comunidad de Madrid controlado por el PP resulta imprescindible cultivar la habilidad de sortear los casos de corrupción que han salpicado al partido en la región, pero también una cierta perspicacia para situarse en el centro de la polémica. Ambas aptitudes las cumple Enrique Ossorio (Badajoz, 1959), vicepresidente del Ejecutivo madrileño y mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, que ha estado presente en la administración madrileña desde la época de Alberto Ruiz-Gallardón.

Esta misma semana el portavoz de Ayuso, que hace solo unos meses negó la existencia de ciudadanos pobres en Madrid, se convertía en el protagonista de una nueva controversia al asegurar que las familias de los ancianos muertos en residencias durante lo peor de la pandemia ya lo “han superado”.

La izquierda ha pedido la dimisión o el cese de Ossorio tras su respuesta a la petición de Vox de crear una comisión de investigación sobre lo ocurrido en los centros de mayores y de personas dependientes cuando se desató la COVID-19 y la consejería de Sanidad distribuyó un protocolo que impedía trasladar a los ancianos de las residencias a los hospitales. “Esa comisión yo creo que va a causar un daño a las familias que podrán volver a pensar: ¿Se podría haber evitado la muerte de mi familiar? Yo creo que las familias eso ya lo han superado y volver a esto por interés electoral yo creo sinceramente que no es procedente”.

Y han sido esas palabras las que han causado dolor e indignación entre buena parte de los familiares. “Los hijos no hemos superado la muerte de nuestros familiares”, tuiteaban desde la cuenta de Marea de Residencias. “Como hija, puedo decir que más de dos años después aún necesito pastillas para dormir”, lamentaba otra afectada.

Lejos de asumir responsabilidades, Ossorio ha acusado a la izquierda de manipular sus palabras y se ha apresurado a difundir el mismo vídeo que ha salido en los medios de comunicación, acompañado de un mensaje: “Evidentemente, la muerte de un ser querido nunca se supera, pero sí se ha superado la mentira de la izquierda, sin escrúpulos, que afirmó que se pudo haber evitado”, dijo.

Pero lo cierto es que no es la primera vez que el vicepresidente demuestra falta de sensibilidad en sus declaraciones. Cuando Cáritas publicó un informe en el que advertía que el número de pobres había crecido en la región hasta el 22%, el entonces todavía consejero de Educación afirmó: “Pues yo no lo veo”. “Dicen que en Madrid hay tres millones de pobres, pues dónde estarán”, llegó a decir mientras hacía el gesto de buscarlos tras él. “Creo que en el gesto me equivoqué”, reconoció después.

Ossorio cobra en estos momentos 112,351,56 euros como vicepresidente del Gobierno regional, según los datos del portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. Percibe al mes un salario incluso superior que el de Ayuso, que ingresa cada año 103,090,32 euros; y mucho más el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tiene un sueldo de 84.845,16 euros. Además, Ossorio tiene más de 1,4 millones de euros invertidos en diferentes fondos y el 75% de una vivienda cuyo valor supera los 417.000 euros, según su declaración de bienes en la Asamblea.

Pese a la defensa a ultranza del sector privado y la apuesta firme por una reducción drástica del gasto público que hace el Gobierno madrileño, Ossorio no ha percibido esas cantidades de dinero por su trabajo en la empresa privada. De hecho, ha desarrollado toda su carrera profesional primero como alto funcionario y, después, en política.

Con Gallardón, Rato, Aguirre, González...

Ossorio es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y funcionario por oposición del Cuerpo Técnico Superior de la Administración de la Seguridad Social desde 1983. Sin embargo, su trayectoria profesional, al menos en el último cuarto de siglo, se ha centrado en la política. El hombre fuerte de Ayuso en el Gobierno lleva siendo un alto cargo 'popular' desde 1996 y es el miembro del Gobierno que más tiempo ha sido consejero. Aquel año entró en el Ejecutivo de Ruiz-Gallardón como director general de Tributos de la consejería de Hacienda.

En este departamento ha sido donde Ossorio ha desempeñado buena parte de su labor, colaborando de forma estrecha en la construcción del entramado fiscal de la Comunidad que marca el rumbo neoliberal del PP y del que se han aprovechado más quienes más tienen. Pero antes, el ahora vicepresidente pasó por el Ejecutivo de José María Aznar como director adjunto del secretario técnico permanente de la Comisión Mixta de Coordinación de la Gestión Tributaria. Lo hizo bajo la batuta del poderoso exvicepresidente segundo Rodrigo Rato, el primero de sus jefes que acabaría en prisión por el caso de las tarjetas black.

De la administración central del Estado volvió a la Comunidad de Madrid en 2001 como viceconsejero de Hacienda. Se mantuvo en el puesto también con Esperanza Aguirre, hasta 2007. Para esa época, la entonces líder popular ya había impulsado la senda neoliberal que se sigue a día de hoy en la región. A partir de 2008 asumió también la viceconsejería de Hacienda, hasta 2011, cuando fichó como asesor de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria durante unos meses e hizo una breve incursión como secretario general de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, en el primer Gobierno de Rajoy.

Del ministerio regresó a la Comunidad de Madrid en 2012, cuando Ignacio González le hizo consejero de Economía y Hacienda. Para entonces ya habían comenzado las investigaciones por la trama Gürtel, que afectó al Gobierno de Aguirre, pero de las que Ossorio salió indemne. Lo mismo ocurrió con Lezo, que llevó a González a prisión, y con Púnica, que terminó con el número dos del PP de Madrid y consejero de la Comunidad en la cárcel. El actual vicepresidente compartió Gobierno con todos ellos.

Con Cifuentes no compartió gabinete, pero durante su mandato ocupó otro puesto relevante en el organigrama conservador. Ossorio fue portavoz del grupo parlamentario popular en la Asamblea. Desde ahí, sacaba la cara por el Gobierno regional. Lo hizo incluso por su presidenta cuando se destapó el caso master, pero con la habilidad suficiente como para abandonar esa lealtad cuando su continuidad era inasumible. Así, se mantuvo en la portavocía con Ángel Garrido, hasta que Isabel Díaz Ayuso le abrió de nuevo la puerta del Gobierno.

En 2019 Ossorio ocupó la Consejería de Educación y ejerció, además, las funciones de portavoz del Gobierno que le hacían salir a dar la cara ante la prensa tras los Consejos de Gobierno. Y es en ese atril en el que ha protagonizado sus mayores polémicas. Él estaba acostumbrado a manejarse en departamentos puramente económicos, pero la hacienda madrileña estaba reservada a Javier Fernández-Lasquetty, otro conocido en el PP de Madrid.

Desde su cartera, Ossorio se hizo fuerte confrontando con el Gobierno central por la nueva ley educativa y recibió su recompensa en junio de este año. El ‘número dos’ de Ayuso en el Ejecutivo hasta entonces había sido el consejero de presidencia, Enrique López. Tras su guerra interna con Casado, la presidenta hizo una pequeña remodelación de su gobierno que afectaba a Ossorio, a quien nombraba vicepresidente.

“Ha redactado dos veces el programa electoral con el que me he presentado a las elecciones y es uno de los motivos principales que me han llevado a nombrarle vicepresidente”, aseguró Ayuso. Ossorio ha sido el responsable de la cara y la cruz electoral de la presidenta. En 2019, el PP gobernó pese a obtener su peor resultado de la historia en la región. Dos años después, sumó más diputados que toda la izquierda junta. Cuando anunció su nombramiento, la también presidenta del PP de Madrid le encomendó la tarea de preparar los compromisos del partido para los comicios de 2023 pero con vistas también a comprometer a la Comunidad para los próximos lustros: “Lo que quiero es que, a partir de ahora, además de coordinar el Gobierno, lo prepare para la nueva legislatura, porque nuestro objetivo es decidir qué Madrid queremos para los próximos 10 o 15 años”.

El nombramiento era también un premio a la fidelidad. Ossorio ha defendido a Isabel Díaz Ayuso por todos los frentes. Lo hizo durante su guerra con Casado, cuando aseguró que “hay personas que han traspasado todas las líneas de moralidad y decencia y deberían tomas las decisiones correspondientes”. No lo decía por ella sino por el exlíder del PP, Casado, que fue paradójicamente quien la eligió a dedo para ser candidata a la Comunidad de Madrid.

El vicepresidente también defendió a Ayuso cuando la presidenta atacó al Papa Francisco por pedir perdón por los pecados cometidos durante la colonización. De marcadas convicciones religiosas, él se puso del lado de su jefa. “Lo que hizo fue mostrar su sorpresa, sorpresa que tuvimos muchos católicos al conocer las declaraciones del Papa sobre unos hecho que acontecieron hace siglos y que pienso que deben ser analizados por historiadores”, justificó.

Esta semana, mientras Ayuso evitaba entrar en la polémica por sus declaraciones sobre los muertos en las residencias, todo su grupo parlamentario y los consejeros se alineaban con él. “Quieren encasquetarme a mí su falta de humanidad”, acusaba Ossorio a la izquierda, mientras sus compañeros le aplaudían. 

Desprecia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la potestad que puede tener una comisión de investigación a la hora de aclarar lo sucedido —bajo su mandato y durante la pandemia— en las residencias de ancianos que gestionó su gobierno. Ella prefiere hablar con las familias (a las que no ha atendido en dos años). Ella no quiere “comisiones espurias que lo que hacen es falsificar y no ayudar”. La líder del PP de Madrid confirma cuál es el mensaje desde su partido, el mismo que había lanzado el día anterior su vicepresidente al afirmar que “los familiares ya han superado” las muertes de sus seres queridos y que una comisión de investigación podría mandarles “un mensaje falso”. Para Enrique Ossorio, abrir una comisión de investigación “va a causar un daño irreparable a familias que podrán volver a pensar '¿Se podría haber evitado la muerte de mi familiar?’”. Para Ayuso, solo servirá para “retorcer el dolor de las familias”. 

Sin embargo, las familias de los fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid piden investigar la gestión de Ayuso y su gobierno. El argumentario del PP de Ayuso de querer proteger a las familias de intereses electoralistas, no se sostiene. Ellas, con voz propia, llevan casi dos años pidiendo una investigación de lo sucedido en las residencias madrileñas. Lo han hecho en los juzgados, en la Asamblea de Madrid, en las calles, en los medios de comunicación, en varios informes de ONG, ante el Defensor del Pueblo y, por supuesto, auto organizándose en la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias de la Comunidad de Madrid. 

Parece una obviedad, pero no se puede ser juez y parte. Si de lo que se trata es de que prime la integridad ante un tema tan delicado como la muerte de más de 7.000 personas mayores en las residencias madrileñas en circunstancias que inducen a pensar que no recibieron la atención médica adecuada, quizá una comisión de investigación es lo mejor para aclarar lo sucedido. Máxime cuando parece que las circunstancias y protocolos en la Comunidad de Madrid sí fueron diferentes al resto de comunidades autónomas. No en todas pasó lo mismo, es lo que viene a demostrar la investigación periodística que ha venido haciendo Manuel Rico en InfoLibre, gran parte de la cual se recoge en su libro: 'Vergüenza, el escándalo de las residencias'. 

Es algo muy elemental que cuando quien dice “no” y bloquea una investigación es la persona o la institución que va a ser investigada, algo huele mal. Eso es lo que hizo el PP de Ayuso el pasado mes de julio con el apoyo de Vox, y eso es lo que quiere evitar ahora que el partido de extrema derecha le ha retirado su apoyo y sí está a favor de dicha comisión. La pregunta es: ¿por qué no investigar si no hay nada que ocultar? ¿Por qué desactivar una comisión que serviría para zanjar las dudas que existen sobre las decisiones que tomaron Ayuso y Escudero sobre los residentes mayores más vulnerables? ¿Por qué negarse si su información y sus datos les darían la razón? 

Lo único cierto es que la información más concisa y clara, además de la de Rico, ha venido siendo la ofrecida por el que era consejero de Políticas Sociales en aquel momento hasta que lo apartaron y dimitió. Alberto Reyero afirma que la Comunidad de Madrid aprobó un protocolo que impidió trasladar a los hospitales a las personas mayores que vivían en residencias y tenían una alta dependencia física o que sufrían un deterioro cognitivo importante. En su libro 'Morirán de forma indigna' da fe de todo ello en primera persona, con hechos y documentos. 

La acusación al gobierno de Ayuso de abandonar a su suerte a miles de ancianos durante la pandemia negándoles una asistencia médica es lo suficientemente grave como para, si es falsa, fuese la propia presidenta la primera interesada en crear una comisión que apartase de ella y de su consejero de Sanidad (Enrique Ruiz Escudero) cualquier sombra de sospecha. En cambio, parece que su único interés es que pase el tiempo, culpar a la izquierda de politizar a las víctimas y lograr que caiga en el olvido la muerte sin explicación de miles de personas. Una vez más, la derecha española prefiere el olvido a la verdad, la justicia y la reparación. Y una vez más, antes o después, no conseguirán que triunfe el olvido porque son las propias familias, al margen de partidos políticos, las que van a luchar por saber qué les pasó a sus seres queridos. La memoria personal que se organiza en lucha colectiva nunca olvida.

Alberto Reyero se enteró de los protocolos que impedían la derivación de los mayores de las residencias a los hospitales en una de sus frecuentes visitas a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). Le informó el gerente de la agencia, preocupado por lo que decía el documento que supondría después que cientos de ancianos se quedasen sin asistencia hospitalaria en el peor momento de la pandemia. Como consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid en aquel fatídico marzo de 2020, era el mayor responsable de las residencias. Pero desde la Consejería de Sanidad, del PP, decidieron excluirle de esa gestión y no se le informó de estos protocolos que luego le enfrentarían con una parte del gobierno de coalición cuando decidió mostrarse contrario a ellos.

Así lo relata el propio Reyero en su libro 'Morirán de forma indigna' (Libros del KO), una suerte de memorias sobre aquellos duros días y meses al frente de la Consejería hasta su dimisión en octubre de 2020. En las residencias de mayores murieron más de 7.000 ancianos en dos meses, en su mayoría sin recibir atención hospitalaria ni tampoco sanitaria porque la prometida medicalización de las residencias nunca se produjo. En el libro, Reyero deja claro que se trata de un relato “parcial” sobre lo que vivió, su “verdad”, por eso está contado en primera persona. Reyero transita en las noches “oscuras”, pero también denuncia lo que supusieron esos protocolos y hasta los reproches que la presidenta Isabel Díaz Ayuso le hizo por denunciar públicamente lo que estaba ocurriendo.

Esta semana, el portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha defendido que reabrir el debate sobre lo ocurrido en las residencias no tiene sentido porque “las familias ya lo han superado”. Una afirmación que el exconsejero de Ciudadanos califica de “vergüenza” y de una “crueldad ilimitada”. También asegura que existía un “temor” en el Gobierno de Ayuso de que aquellos protocolos con firma oficial, llegasen a ser investigados por la justicia. Con todo este contexto, la Fiscalía ha ordenado este viernes escuchar a los familiares de las residencias dos años y medio después.

Hace poco menos de año y medio concedía su primera entrevista en elDiario.es después de que decidiera dimitir como consejero de Políticas sociales. Entonces, reclamaba una comisión de investigación en la Asamblea sobre la muerte en las residencias, pero aseguraba que si no podía declarar en dicha comisión, buscaría la manera de contar lo que ocurrió. ¿Es su libro ‘Morirán de forma indigna’ la forma que ha encontrado de hacerlo? 

Fíjate que no recordaba que dijera esa frase. Era algo que tenía muy claro, que tenía que buscar la manera de explicarlo, por dos razones fundamentales. La primera, porque las familias y los fallecidos merecen que se les dé explicaciones de lo que ocurrió, y la segunda, por una cuestión personal. Quería tener la oportunidad de explicar cuál fue mi gestión, ya que todavía puede quedar alguna duda sobre lo que hice. Este es un libro abierto, están mis aciertos y también mis errores. Y es una manera también de reivindicar ese periodo tan oscuro y tan duro que pasamos todos durante la pandemia.

Habla de que se deben dar explicaciones a las familias. Este miércoles desde el Gobierno de Ayuso se dijo que “las familias ya han superado” lo ocurrido. ¿Qué le producen estas palabras?

Indignación. Las palabras del portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, son una vergüenza y de una crueldad ilimitada. ¿Cómo sabe que los familiares lo han superado si no se reúnen con ellos? Pero lo cierto es que no me sorprende. Es lo que llevan haciendo desde 2020. Lo recuerdo en mi libro: “Los familiares no necesitan que nadie se autoproclame su defensor. Necesitan la verdad. Solo eso. Es demoledor que un gobierno se niegue a rendir cuentas”. 

Según Ossorio, como antes ha repetido la presidenta Isabel Díaz Ayuso, una comisión de investigación es decirle a las familias que las muertes se podrían haber evitado.

Estoy radicalmente en contra. Evidentemente, había personas que contrajeron la enfermedad que no era conveniente llevarlos a una hospital porque podía ser perjudicial para ellos. Había otros que si se hubieran llevado a los hospitales habrían fallecido igual. Pero estoy convencido de que hubiera habido otros muchos que habrían salido adelante si hubieran recibido el tratamiento adecuado. Hace unos meses Vargas Llosa ingresó en un hospital por COVID. ¿Por qué? Pues porque se supone que en el hospital le iban a atender de una manera que no le podían atender en su domicilio. Esa es la razón. 

Pero no solo esa es la cuestión. Se les dejó en la residencia y eso supuso la frase que da título al libro ‘morirán de forma indigna’ porque las residencias no están equipadas para dar cuidados paliativos a las personas que fallecen. Murieron en unas condiciones que no son las más adecuadas. Si la atención se hubiera producido en la residencia, se hubieran medicalizado las residencias, los médicos de Atención primaria hubieran ido a las residencias, la situación hubiera sido otra. Se decidió apostar por el hospital de campaña de IFEMA, que parece que daba más réditos propagandísticos que atender a las personas en las propias residencias. 

¿Se han puesto en contacto con usted familiares de los fallecidos después de publicar el libro?

Muchísimos. De todas maneras, la relación con los familiares nunca la he perdido. A mí me llama mucho la atención que los familiares ahora se quejen de que no tienen ninguna relación con la Comunidad de Madrid. Me duele, porque me parece que esa relación debería existir. Yo recuerdo que en el mes de julio, lo relato en el libro, tuvimos una primera reunión después de la de la hecatombe con las plataformas de familiares y al principio fue una reunión tensa. Imagínate, después de lo que había ocurrido, tener una reunión con personas que habían pasado por esa situación. Ahora los familiares de las plataformas me agradecen que cuente esto y que siga diciendo lo mismo que llevo diciendo dos años. La coherencia nunca la he perdido. Ahora incluso tengo más libertad para decir más cosas de las que decía en su momento cuando tenía que ser prudente porque estaba en el gobierno. 

Cuenta en el capítulo ‘Los protocolos' que se enteró de dichos documentos por el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social. ¿Cómo se entiende siendo usted el máximo responsable entonces de las residencias?

Así es. Además, el primer protocolo se envió el 18 de marzo y la primera noticia que tuve de su existencia fue el día 21. En aquellos momentos la Consejería de Sanidad publicaba muchos protocolos, pero sobre un protocolo de esta importancia lo lógico hubiera sido que se me hubiera informado. En el libro también cuento alguna reunión previa en la Puerta del Sol a la que no fuimos invitados ni yo ni el vicepresidente del Gobierno [Ignacio Aguado] y en la que supuestamente, porque tampoco sabemos el contenido, salvo por lo que contó Antonio Burgueño en una entrevista meses después, se habló de tomar medidas para luchar contra el COVID y en las residencias. Son cosas que se nos ocultaron.

¿Pidió explicaciones por no haber estado en esa reunión del 13 de marzo?

No lo hice porque nos enteramos de eso a finales del mes de junio. Si me hubiera enterado en su momento, por supuesto que lo hubiera hecho. Sería una pregunta muy pertinente que hacer a los asistentes en una comisión de investigación. Saber por qué tuvieron una reunión para luchar contra el virus en las residencias y se le ocultó al consejero que era responsable de las residencias. Yo no le encuentro una explicación lógica. También me llama la atención que no estaba el consejero de Políticas Sociales, pero sí estaba el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty.

En el libro relata que en un consejo de gobierno la presidenta Ayuso se dirigió a usted para reprocharle su intervención en la Asamblea de Madrid en la que puso en cuestión los protocolos y los tachó de “posiblemente ilegales”. 

Quizá ese fue el primer momento en el que me pude expresar claramente dentro del Gobierno. Yo me había sentido atacado por parte de la gente de comunicación de la presidenta que estaban contando un relato de lo que estaba pasando que no se correspondía con la verdad. Y en aquel momento pude decirles con claridad que me estaba defendiendo de las cosas que estaba diciendo, que si continuaban por el mismo camino me iba a seguir defendiendo. 

Y por supuesto, se trataba también de contar la verdad, porque cuando dije lo que pensaba de los protocolos fue porque me preguntaron. Tenía dos preguntas por escrito de PSOE y Podemos. “¿Qué queréis, que mienta?”, respondí. “Yo sobre un tema como este no voy a mentir, no voy a decir que los protocolos me parecían bien”. 

En ese mismo capítulo también relata que le emplazaron a una reunión con el consejero de Sanidad, el de Justicia –Enrique López, exmagistrado– y el responsable legal de la Asamblea para abordar posibles acciones legales por los protocolos. Usted dice que se negó a asistir. ¿Había miedo en el Gobierno a una investigación judicial? 

Había un temor de que hubiera problemas judiciales por los protocolos. Ellos hablaban de armar jurídicamente la defensa o algo por el estilo. Había un documento por escrito y firmado por un alto cargo que decía lo que decía, por mucho que lo nieguen una y otra vez. Creo que en el propio libro califico esa propuesta como delirante. Yo jamás hubiera ido a una reunión de ese tipo. No sé que tenía que acordar para, no sé, ¿tapar a alguien o algo? No tenía ningún sentido. 

Después de leer el relato que cuenta en su libro, alguien puede pensar que debería haber acudido a la Fiscalía para poner en conocimiento esos hechos. ¿Se ha planteado alguna vez hacerlo?

Puedo estar equivocado, pero yo formaba parte de ese gobierno. De alguna manera también era copartícipe de las decisiones que se tomaban. Nunca me ha parecido adecuado dar pasos desde el punto de vista legal. Pero como digo, a lo mejor estoy equivocado. Siempre he pensado que mi papel estaba en la parte política y en la parte ética, avisar de lo que pasaba y denunciar lo que había ocurrido en la residencias. Dar un paso más allá cuando hay multitud de querellas y de denuncias en los juzgados tampoco realmente aportaba nada nuevo. Esa es la razón por la que yo no lo hice en su momento.

¿Cree que haber dejado las cosas por escrito, como aquel email que envió al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, le salvó de haber sido señalado como el responsable por parte del Gobierno?

Muchas veces he pensado qué es lo que hubiera ocurrido si no lo hubiera escrito. Desde el primer momento, desde que ocurrió lo de Montehermoso, que fue como el primer aldabonazo que nos hizo darnos cuenta de la situación a la que nos enfrentamos en la residencias, empezaron a utilizar determinados medios para lanzar determinados mensajes. En ese momento, algunos periodistas me comentaban algún mensaje que les llegaba. Veías unas informaciones que reproducían mensajes que no podían venir de otro sitio que de la Puerta del Sol [sede del Gobierno y donde Ayuso tiene su despacho]. Decían que iba a tener problemas judiciales, que estaba en la mirilla de la justicia. Son palabras textuales de alguna de las informaciones que se publicaron, así que es fácil pensar a quién querían responsabilizar.

Empieza el libro dedicándoselo a los trabajadores de las residencias. ¿Son los grandes olvidados? Porque desde la Comunidad de Madrid se ha premiado hasta a los niños por la pandemia, pero nada de esos trabajadores.

He hecho esa dedicatoria a propósito, porque no solo fue el gobierno de la Comunidad de Madrid quien se olvidó de ellos, fue la sociedad en su conjunto. Al principio de todo se les señalaba incluso como responsables de lo ocurrido, algo muy injusto. Hicieron muchísimo más de lo que podían hacer y no tuvieron nunca ese reconocimiento. El aplauso nunca fue dirigido a ellos. 

¿Se ha pasado ya página de lo que ocurrió por parte de la sociedad?

Sí, y también es una de las razones fundamentales para escribir esta historia. No solo los ciudadanos madrileños, sino los ciudadanos en general, parece que nos hemos olvidado de lo que pasó y además, de alguna manera se ha instalado una opinión que me parece perversa. Y es pensar que al fin y al cabo, si los que murieron en su mayoría eran personas mayores, ¿cuántos años de vida les quedaban? Yo ante eso me rebelo, porque las personas que murieron, murieron cuando no les tocaba. Me da igual que tuvieran un año, dos años, tres años o 40 años de expectativa, porque no les tocaba. Porque había posibilidades para atenderles, porque el hospital de IFEMA se anunció con 5500 camas y sólo se abrieron 1500. Porque no se medicalizaron las residencias, porque no se les derivó a los hospitales privados. Yo creo que todo eso debería hacernos reflexionar que lo que se produjo fue una discriminación extrema, una vulneración de los derechos fundamentales. 

En su primera entrevista en elDiario.es ya dijo que era un bulo que Pablo Iglesias fuera el responsable de las residencias. ¿Se instaló el Gobierno de Ayuso en el bulo?

Se utilizaron muchas patrañas para conseguir sus objetivos políticos. El otro gran bulo fue el hospital que llamaban “milagro” de IFEMA. IFEMA prácticamente parecía Lourdes, la gente que iba allí sanaba, pero la realidad es que iban los pacientes más leves.

En el libro cuenta lo duros que fueron aquellos días, algo que ha declarado, le daría para otro libro. ¿Diría que a día de hoy ha superado aquello?

Creo que sí. Yo creo que el hecho de escribir este libro ha sido una manera de terapia. Recuerdo aquellas noches dolorosas en mi casa y el hecho de contar mi verdad, lo que ocurrió, me ha ayudado.   

Isabel Díaz Ayuso anunció el 26 de marzo de 2020 “un plan de choque para las residencias de mayores”. Bajo el mando único de la Consejería de Sanidad se tomaron las medidas necesarias, ya que “proteger a la población más vulnerable ante este virus, los mayores, ha sido una prioridad para el Gobierno regional”, se dijo en un comunicado. Casi de inmediato, se encargó el refuerzo de la asistencia a las residencias a una empresa fundada por la hija de un antiguo alto cargo del PP. Su mayor experiencia profesional había sido ser jefa de ventas de Telepizza.

Se dijo que se iba a medicalizar las residencias. Nunca ocurrió tal cosa. Todo se limitaba a una visita por una empresa privada de ambulancias que poco podía hacer ante el terrible espectáculo que se encontró en los primeros meses de la pandemia. Encarnación Burgueño, la presunta gran esperanza de Ayuso, tenía muy claros sus planes: “Como sigamos así, nos vamos a hacer los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid comunidad autónoma”, dijo en unos mensajes conocidos después. Un gran negocio en ciernes.

En los escasos diez días que duró su fracasada intervención, murieron en torno a 3.000 personas en las residencias de la región. En total, 7.291 fallecimientos. Las puertas de unos hospitales desbordados estaban cerradas para los ancianos.

Eran siete mil razones que cuestionaban la imagen de éxito que quiso propagar el Partido Popular desde el primer momento en Madrid, incluso con vídeos que presentaban a Ayuso como salvadora de España. Por eso se han negado siempre a permitir una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.

Hay muchas formas de defender ese bloqueo. El PP madrileño ha esgrimido algunas razones que muchas familias de fallecidos consideran particularmente hirientes. El vicepresidente, Enrique Ossorio, superó el umbral esta semana al saberse que Vox, que votó en contra de la formación de la comisión, parece haber cambiado ahora de opinión. Y lo hizo arrogándose el derecho de hablar en nombre de las familias e incluso de sus sentimientos.

“Esta comisión sólo tiene un interés electoral”, dijo Ossorio el miércoles en una rueda de prensa, “y va a causar un daño innecesario a esas familias, que podrán volver a pensar: '¿Se podría haber evitado la muerte de mi familiar?'. Creo que eso las familias ya lo han superado”.

A las primeras muestras de indignación de la oposición, Ossorio respondió subiendo a Twitter un fragmento mayor de su intervención –no mucho, unos 30 segundos más–, que casi lo dejaba peor. Se escuchaba al número dos de Ayuso recurrir al bulo de los guantes en la manifestación del 8M.

No iba a rectificar o pedir disculpas a los familiares cuando ni siquiera está dispuesto a renunciar a una conspiración falsa a la que se ha referido su jefa en varias ocasiones.

La periodista Ángeles Caballero perdió en la pandemia a su madre, Julia, y no ha dejado de llorarla. No es aventurado pensar que miles de personas están como ella, porque ¿cómo se puede superar la muerte de un padre, madre o abuelo, en especial si tienes la sospecha de que se podía haber salvado?

“Usted, portavoz de la comunidad en la que vivo y en la que pago mis impuestos”, escribió Caballero tras escuchar a Ossorio, “no puede apropiarse del dolor de 7.291 personas. Básicamente, porque son un montón de duelos y un montón de víctimas directas y colaterales con las que no ha hablado y, por tanto, desconoce la necesidad de tener una comisión de investigación que indague en lo que pasó esos días”.

Ossorio pensó que desde luego que podía hacerlo y erigirse por su cuenta en representante del dolor de esas familias si le convenía políticamente. Estaba orgulloso de haberlo hecho, como demostró al día siguiente en la Asamblea de Madrid. Y los diputados del PP estaban de acuerdo en que su vicepresidente es el mejor portavoz de esas personas. El único al que les interesa escuchar.

Por eso, le aplaudieron con ganas precisamente por no haber pedido disculpas, ni siquiera en ese formato habitual de disculparse “si alguien se ha podido sentir ofendido”. Ni una concesión a las familias, no fuera que las utilizara la oposición en su favor. Por la tarde, al finalizar el pleno, los diputados de su partido le ovacionaron puestos en pie. Como si fuera un héroe.

Díaz Ayuso se cuidó de no mencionar por su nombre al vicepresidente. Sobre la comisión, dijo que sólo busca “retorcer el dolor de las familias”. Acusó a la oposición de mentir por decir que Madrid fue una de las regiones europeas con mayor número de muertes por habitante (fue la segunda detrás de la Lombardía italiana). Presumió de que “fuimos los que más material sanitario trajimos”, algo que es imposible porque en todos los países fueron los gobiernos centrales los que contaban con más recursos para comprarlo.

También dijo que no tiene problemas en reunirse con las familias. Su Gobierno se ha ocupado de impedirlo. Daría lugar a situaciones embarazosas. “Se han negado a reunirse con los familiares y ahora se atreven a hablar en su nombre para decirles que lo han superado ya”, le acusó Mónica García. “¿Superar qué? Ustedes sabían que iban a morir de forma indigna”.

Eso es lo que ha dicho alguien que sabe qué es lo que hizo Ayuso en 2020, el que fue su consejero de Asuntos Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, que dimitió en octubre de 2020. Ha relatado su experiencia en el libro 'Morirán de forma indigna', donde confirma las peores sospechas sobre cómo se abandonó a los ancianos de las residencias.

“La consecuencia de los protocolos, la más inmediata, es que hubo personas que se podían haber salvado en un hospital y no se salvaron”, dijo hace unos días. “Muchos murieron en condiciones terribles, porque la propia situación de la pandemia hacía que los familiares no pudieran entrar en la residencias”.

Es la pesadilla que vivieron Ángeles Caballero y tantos como ella: “No es que no queramos reabrir la herida, señor Ossorio, es que no la hemos cerrado”.

Ossorio ha conseguido que aumente ese dolor. Es un logro político del que podrá presumir en su currículum.

Si le preguntas a un español al azar por la calle: “¿Crees que perteneces a la clase media?”, lo más probable es que te responda que sí. “Clase media” es nuestra autodesignación ficticia favorita, más incluso que decir que tenemos los ojos verdes si nos ponemos al sol, cuando en realidad -vamos a reconocer ya esto de una vez- los tenemos marrones. Según el barómetro del CIS de noviembre del 2021, casi un 50% de los españoles se consideran de clase media. Sólo un 16% de los encuestados cree que pertenece a las clase obrera. 

Es sencillo escoger la casilla de “clase media” porque ahí entra todo, como el plato de un buffet de desayuno en un hotel. Cuando en cualquier mitin un político dice y repite que gobierna para “clase media trabajadora” uno piensa: “Bueno, pues ese debo de ser yo”. También elegimos la casilla de “clase media” porque hace no mucho era un lugar placentero en el que quedarse. Garantizaba una vida sin grandes sobresaltos: un coche en el garaje, una hipoteca que te alejaba de Idealista, una segunda residencia para mojar las piernas en verano, incluso capacidad de ahorro. 

Pero si antes era un sesgo descriptivo, ahora es un sesgo aspiracional.  Dicho de otra manera, no importa cuán precaria sea la existencia de la clase media, se siente esencial diferenciarse de la clase pobre. Y por eso hay personas que votan pensando que son clase media y, en realidad, no lo son. Y hay personas que se adscriben a la etiqueta de clase media para no tener que justificar sus privilegios de clase alta. 

Los desacuerdos sobre quién cuenta como clase media no son meras sutilezas académicas o descriptivas, porque todo en esa definición está atravesado por las políticas económicas y sociales. Cuando el consejero de Educación y vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, califica como clase media a una pareja con ingresos superiores a 140.000 euros está metiendo a los que más tienen en el cajón de las necesidades porque esa es su forma explícita de hacer política.  

En la entrevista concedida a El Mundo, Ossorio dejó varias frases sobre las becas educativas en centros privados a las que esas rentas altas pueden ahora aspirar que han sido muy compartidas: “[Estas rentas] forman parte de una clase media que paga muchos impuestos, trabaja mucho y no recibe nada”, explica. “Hemos querido que 12.000 becas las pudieran pedir esas personas de clase media que a lo mejor tienen su sanidad privada y dicen: ‘De mí no se acuerda nadie”, continúa. “Lo hacemos también porque la situación económica está empeorando y pensamos que estas familias van a tener difícil llegar a fin de mes”, añade. Han pasado otras frases de la entrevista más desapercibidas como que “si no hubiéramos subido los niveles de renta de las becas no tendríamos beneficiarios” o la respuesta a la pregunta de si no se plantearon mejorar las cuantías para alumnos con menos recursos: “Hay muchas formas de hacerlo. Ante la crisis que viene, la manera más rápida era inyectar estas ayudas a esas familias de clase media”. 

Es el mismo Ossorio que hace unos meses tenía dificultades para ver pobres en Madrid pero que, sin embargo, tiene la vista perfectamente graduada para ver las dificultades de la olvidada y menospreciada “clase media” madrileña a la que hay que ayudar, (como si las becas educativas fuesen una ayuda solidaria que agradecer, por otra parte). Las declaraciones de Ossorio sobre los pobres de cuerpo ausente, recordemos, se produjeron a raíz de un informe de Cáritas que advertía de que un millón y medio de personas se encuentran en situación de exclusión social en la Comunidad de Madrid, un 24% más que antes de la pandemia. Pero, recordemos también, “si no hubiéramos subido los niveles de renta de las becas no tendríamos beneficiarios”.

Tan preocupante es que la miopía de clases afecte obscenamente a los que gobiernan, como que también afecte a los que votamos.