La Asamblea Feminista de la Región de Murcia (AFRM) ha denunciado con “absoluta firmeza” las declaraciones realizadas en la sesión del Pleno de la Asamblea Regional el pasado 15 de abril por el diputado de Vox Antonio Martínez Nieto, quien llamó a combatir “incluso con la violencia” derechos fundamentales como el aborto y la eutanasia. Lo hizo durante el debate de una moción del PP en la que se exige al Gobierno una Ley de Cuidados Paliativos que no ha prosperado.

Desde la AFRM han subrayado que “no se trata de un exceso verbal ni de una mala interpretación, sino de un hecho de especial gravedad institucional, al introducir la violencia como categoría en el discurso político desde la tribuna parlamentaria”.

Asimismo, la organización feminista considera que las posteriores declaraciones del diputado, en las que afirma que no se refería a violencia física sino a una “resistencia firme” en el ámbito de las ideas, no solo no corrigen lo sucedido, sino que “lo agravan”, al banalizar el uso del término violencia y contribuir a su normalización en el debate político.

Rechazo al intento de justificación

La AFRM también rechaza el intento de justificar estas palabras apelando a una supuesta “violencia institucional” o al contexto de polarización política. A su juicio, este tipo de argumentos desplazan la responsabilidad y forman parte de una estrategia que legitima “posiciones antidemocráticas”.

“Nombrar la violencia desde una institución es cruzar una línea roja democrática”, señalan desde la Asamblea Feminista, que advierte del riesgo de deterioro del debate público y de erosión de las instituciones.

En este sentido, la asociació feminista recuerda que los derechos como el aborto y la eutanasia “han sido aprobados democráticamente y forman parte del ordenamiento jurídico vigente”.

Una “condena expresa” en la Asamblea Regional

Por todo ello, la Asamblea Feminista de la Región de Murcia exige que el diputado rectifique inmediatamente los términos “inequívocos” del diputado, al tiempo que pide una “condena expresa” por parte de todas las fuerzas políticas y la reafirmación institucional del rechazo “a cualquier forma de violencia” en el ámbito político.

También demandan que se active el Estado de derecho frente a “cualquier intento de degradación institucional” y que la Comisión del Estatuto del Diputado de la Asamblea Regional evalúe si esta intervención se ajusta al código ético vigente en la Cámara.

Además, la AFRM ha abierto un proceso de recogida de adhesiones al comunicado, dirigido a organizaciones, colectivos, instituciones y personas individuales.

Finalmente, la Asamblea Feminista hace un llamamiento a la ciudadanía a “no normalizar este tipo de discursos y a defender activamente la democracia”. “Las feministas sabemos bien —como afirmamos con fuerza en Beijing +20— que los derechos hay que garantizarlos y lucharlos cada día, porque pueden ser amenazados o revertidos”, concluyen.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado hoy en el Pleno de la Asamblea Regional que su Ejecutivo va a asumir el coste de la cuota de los autónomos durante los dos primeros meses de baja médica por enfermedad o accidente, a través de una ayuda directa que podrá alcanzar los 700 euros por beneficiario. Esta medida dará cobertura al conjunto de los 106.370 autónomos de la Región de Murcia, la cifra más alta de toda la serie histórica.

“Gracias a las ayudas del Gobierno de la Región de Murcia, los autónomos se van a poder poner enfermos”, subrayó López Miras, quien añadió que “ésta es una iniciativa justa y, además, que les protege en un momento de vulnerabilidad. Mientras unos persiguen a los que crean empleo, riqueza y oportunidades, otros trabajamos para hacer su día a día más fácil”.

López Miras añadió que “es una medida que atiende una preocupación real de los autónomos: la de quienes tienen que parar su actividad por una baja. Hasta ahora, esos autónomos tenían que seguir pagando su cuota durante los dos primeros meses sin ingresos, aunque su negocio no funcionase”.

Para poner en marcha esta iniciativa, el Gobierno de la Región de Murcia destinará una partida de dos millones de euros a través de una convocatoria que está ultimándose y que se publicará en las próximas semanas. 

El anuncio coincide con el Día Mundial del Emprendimiento, que se celebra cada 16 de abril para reconocer y fomentar el espíritu emprendedor, la innovación y la creación de empresas como motores económicos.

El presidente resaltó que esta iniciativa se enmarca en la política del Gobierno regional de acompañamiento y generación de oportunidades para los trabajadores por cuenta propia, que ha permitido batir el récord de autónomos con un crecimiento superior al experimentado de media en España.

En este sentido, López Miras recordó el “éxito” de medidas autonómicas como la Cuota Cero Ampliada, que cubre los dos primeros años de cotización de nuevos autónomos y de la que se han beneficiado más de 3.300 personas desde 2025, así como los 2,7 millones de euros destinados a apoyar específicamente a los autónomos del comercio. 

Además, el máximo responsable regional avanzó que su Ejecutivo tiene ya ultimada la segunda Estrategia del Trabajo Autónomo, con el objetivo de alcanzar el umbral de los 111.000 autónomos en el año 2029.

El diputado de Vox Antonio Martínez Nieto ha llamado este miércoles a combatir “incluso con violencia” la “aberración moral del aborto y la eutanasia”. Lo ha dicho durante el debate de una moción del PP en la que se exige al Gobierno una Ley de Cuidados Paliativos que no ha prosperado.

El político se ha preguntado “¿cómo puede el PP pensar que el Gobierno socialista, que quiere meter la cultura de la muerte en la Constitución, va a regular los cuidados paliativos a su gusto?”. Martínez Nieto, que no es la primera polémica que protagoniza en la Asamblea regional, se ha negado a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez “una ley para convertir los cuidados paliativos en un refuerzo de la eutanasia”.

“Tenemos el deber de combatir, incluso con violencia, la aberración moral del aborto y la eutanasia”, ha dicho tras hacer referencia al médico británico John Langdon Down, quien describió por primera vez el síndrome de Down. “Una verdadera civilización no se juzga por su poder o su tecnología, sino por su trato hacia los débiles que no pueden defenderse”, ha citado el diputado.

El político de ultraderecha ya ha protagonizado otras polémicas en la cámara regional. En febrero de 2025 calificó de “pepona travestida” a la ley LGTBI y dijo que solo hay que celebrar el 'Orgullo agrario'. Y unos meses antes, Un diputado de Vox en Murcia afirma que la pobreza está “alimentada por la ideología del parasitismo social”.

El Parlamento murciano bien podría ilustrar el 'eterno retorno' de Nietzsche: la vida y sus acontecimientos se repiten infinitamente de la misma manera. De esta forma, el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, se ha ido encontrando con distintos 'díscolos' de Vox y de Ciudadanos con los que cincelar una mayoría absoluta que no ha obtenido en las urnas. Los líderes son reemplazables, pero los escaños son insustituibles, y en estos momentos Vox cuenta en la Región de Murcia con dos asientos menos. La salida del partido de extrema derecha por parte de la diputada Virginia Martínez puede suponer un descalabro mayor para los de Abascal que el cese de su antiguo presidente provincial, José Ángel Antelo. Tras su decisión el PP, con 21 diputados y a solo dos de la mayoría absoluta, solo necesitará el apoyo de los dos exmiembros del partido de Abascal para sacar adelante sus proyectos. Con las nuevas cuentas, Vox ha pasado de ser el mal necesario del Partido Popular.

La dimisión de Virginia Martínez se veía venir desde que no apoyó el cese de José Ángel Antelo como presidente autonómico del partido y portavoz parlamentario: “Ha aprovechado para marcharse la ola de dimisiones que ha habido primero en Torre Pacheco y Cartagena”, apunta el politólogo y codirector del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP), Ismael Crespo.

Martínez llegó a Murcia de manos de Ortega-Smith: “nadie la conocía en la Región”. Sabe cómo hacerse con el foco político: en diciembre del pasado año, la parlamentaria interrumpió en el pleno de la Asamblea regional con burka para pedir su prohibición en la Región de Murcia y causó un gran revuelo en los medios. La describen como “tremendamente ambiciosa”.

En la carta que escribió para explicar su abandono del grupo parlamentario de Vox, la diputada expuso su desengaño de “un partido que venía a cambiar la política tradicional de redes clientelares”. Antiguos dirigentes del partido se muestran críticos con su antigua formación: “Después de predicar la meritocracia, al final esta va de colocar a la nuera o a la novia”.

“Estas gotas de agua que van cayendo sugieren que hay alguien detrás marcando los tiempos para desgastar al partido”, opina una fuente próxima a Vox. En el entorno de la formación creen que existen posibilidades de que surjan nuevas iniciativas en torno a Iván Espinosa de los Monteros, por un lado, o a Javier Ortega-Smith y Juan García-Gallardo y que la dimisión de Martínez sea parte de esta estrategia. “Otra posibilidad es que se integren en SALF o negocie para entrar en el PP, que está buscando una imagen más dura”. “Todas las opciones están encima de la mesa. [...] En España Vox tiene mil fuegos y llega un momento en que cuando todo se repite, se ve un patrón”, señalan otros.

Con esta nueva configuración parlamentaria, se le abre al Ejecutivo la posibilidad de ver aprobadas medidas clave, como la Ley de Vivienda Asequible, bloqueada hasta la fecha por los de Abascal, y a la que Antelo ha dado recientemente su visto bueno. La dimisión de Martínez llega en un momento “muy oportuno” para el PP, apunta el diputado por Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos: “Si la Ley se aprueba después de estar atascada desde enero, tendremos la prueba de algodón de que ha tenido lugar una operación por parte del Partido Popular para lograr los votos que le faltan”. 

No es la primera vez que al Partido Popular le caen votos del cielo en el seno de la Asamblea Regional. En el año 2021, una moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos amenazó la continuidad del gobierno popular. Pero tres diputados tránsfugas del partido naranja dinamitaron la moción, pasando a formar parte del Ejecutivo murciano: “Al menos Antelo, si quiere seguir en política, va a negociar”, ha señalado Crespo. “Tengo mis dudas sobre qué rédito puede sacar Antelo. Está en una situación comprometida, ni es un gran activo político ni tiene una experiencia estupenda. No tengo muy claro qué puede aportar al PP tras las elecciones autonómicas del 2027”, ha añadido el politólogo.

Queda por ver qué hará el Partido Popular ante estos potenciales socios de gobierno: “Puede pactar con los ex de Vox y sacarlo todo adelante, demostrar que pueden gobernar. También existe la posibilidad de que se mantengan en su parálisis habitual y continúen intentando pactar con Vox”, ha enumerado Crespo, que recuerda que los populares aún tienen pendiente las negociaciones con los de Abascal para formar gobierno en Extremadura. En el caso de que Antelo y Martínez estén considerando sumarse a alguna iniciativa, “van a enrocarse más que nunca en las ideas”, opinan desde el entorno de Vox.

Por su parte, Crespo no descarta que hayan podido influir factores interpersonales: “Con la salida de Antelo, Vox se ha quedado sin referente institucional. Pancorbo es el nuevo presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox, por otro lado, el líder parlamentario ha pasado a ser Alpañez, y es sabido que no es un individuo que genere consenso ni siguiera dentro de su grupo”.

“Vox es un partido extremadamente autoritario en sus formas y en su estructura, se dirige absolutamente todo a Madrid, los diputados realmente no pintan nada. Creo que puede despertar cierta frustración cuando alguien ajeno a la política entra a un proyecto y le dicen que solo está para que levanten la mano en las votaciones”, observa Crespo. “A veces vemos la política como una sucesión de cuestiones lógicas, pero en el fondo todos somos humanos. La dinámica del día a día puede llevarnos a decidir en un momento dado sin pensar tanto en cuestiones tácticas o estratégicas”.

El espejo de los díscolos de Vox

No es la primera vez que Vox se encuentra en esta situación. La formación politica sufrió un terremoto político similar en junio de 2020, cuando expulsó del partido a tres de sus cuatro diputados autonómicos de la Asamblea Regional de Murcia -Juan José Liarte, Mabel Campuzano y Francisco Carrera-, después de que estos quitasen de la titularidad de las cuentas de su grupo parlamentario a dirigentes nacionales como Ortega Smith y despidieran a cuatro trabajadores del grupo parlamentario.

En 2022 Abascal forzó la disolución del grupo parlamentario en la Asamblea Regional y Juan José Liarte, Francisco Carrera, Mabel Campuzano y Pascual Salvador acabaron en el Grupo Mixto. López Miras supo cabalgar la crisis y consiguió acercar a 'los díscolos de Vox' a sus posiciones. “Se trata de una geometría perfecta”, apunta una fuente próxima al partido de extrema derecha. “Vox quería gente de perfil alto, pero manipulables. Y el problema es que, esencialmente, son dos cosas contradictorias. Ahora, ya, buscan a gente dependiente”, añade.

Estos tres diputados permanecieron en su escaño hasta las elecciones de 2023, llegando incluso a asumir la cartera de la consejería de Educación en el año 2021 tras la moción de censura fallida presentada por PSOE y Ciudadanos. Antelo y Martínez no tienen tanto tiempo, puesto que los próximos comicios autonómicos están fechados para 2027. Pero, como los díscolos, conservan sus escaños como herramienta negociadora como el PP.

Qué ocurre con el Grupo Mixto

La configuración de la Asamblea Regional, una vez se incorpore Martínez al grupo Mixto, será de 21 diputados del PP, 13 del PSOE, 7 de Vox, y 4 del grupo Mixto: María Marín (Podemos), José Luis Álvarez-Castellanos (IU-Verdes) y los dos exdiputados del partido de ultraderecha.

Por el momento, Álvarez-Castellanos reconoce que la nueva configuración en el Grupo Mixto pone a IU-Verdes y a Podemos en una situación “compleja”: “A priori todo apunta que va a ser una situación de 50-50, un bloqueo que habrá que desatascar de alguna forma”.

Queda en el aire el papel que tomará Martínez dentro del Grupo Mixto: “Hasta el momento llevamos cinco plenos en los cuales Antelo no ha dicho esta boca mía, no ha pedido intervenir absolutamente para nada. Virginia [Martínez] no sé lo que hará, pero mi impresión es que no la veo muy por la labor de desarrollar una labor furiosa de desarrollo de iniciativas”

“No podemos descartar que esto vaya a ser algo más que que una división del grupo parlamentario Vox y que estén pensando [los ex de Vox] en formar otra formación política de cara al futuro. Si se da el caso, probablemente intervendrán más”, ha concluído el diputado de IU-Verdes.

El electorado murciano

La crisis de Vox, aunque ha hecho temblar a la composición parlamentaria, posiblemente no se haga notar en las urnas: “Al 60% del electorado murciano no le interesa la política, ni nacional ni regional. El otro 40% se maneja en ecosistemas informativos bastante segmentados. Posiblemente, una buena parte del electorado no se va a enterar; no creo que impacte mucho”, explica Crespo.

“Sí es posible que la crisis esté afectando a la idea de que Vox es un partido virgen [de escándalos] como parecía”, añade.

Las dimisiones en Vox en la Región de Murcia llegan por goteo, pero llegan. Este martes ha dimitido la diputada regional Virginia Martínez, tras sentirse “profundamente decepcionada” con el rumbo de la dirección del partido. De este modo, Martínez pasa a formar parte del Grupo Mixto junto al antiguo líder de Vox, el ya cesado José Ángel Antelo.

Tras esta decisión, el PP, con 21 diputados y a solo dos de la mayoría absoluta, solo necesitaría el apoyo de los dos exmiembros del partido de Abascal para sacar adelante sus proyectos y Vox perdería su papel decisivo en el Parlamento regional.

La configuración de la Asamblea Regional, una vez se incorpore Martínez al grupo Mixto, será de 21 diputados del PP, 13 del PSOE, 7 de Vox, y 4 del grupo Mixto: María Marín (Podemos), José Luis Álvarez-Castellanos (IU-Verdes) y los dos exdiputados del partido de ultraderecha.

“Nos encontramos actualmente con una cúpula que acumula cargos para recibir sobresueldos y que se dedica a expulsar a referentes de talento”, ha denunciado Martínez.

La diputada fue la única que no apoyó el cese de José Ángel Antelo como presidente autonómico del partido y portavoz parlamentario. Pese a su abstención, el partido no movilizó su expulsión: “Está en tierra de nadie”, definieron fuentes cercanas a Vox tras la votación.

A su salida, Martínez ha censurado la gestión de la actual dirección del partido. De acuerdo con la ex de Vox, el partido tiene múltiples “satélites” distribuidos por el país para ejercer su influencia: “Medios de comunicación cuyo máximo financiador es el partido, una fundación -Disenso- a la que se le desvían ingentes cantidades de dinero, o un centro de formación -ISSEP-, que vive de la formación interna”. Todo ello, detalla “pagado con el dinero de los afiliados y con la financiación pública que se recibe a nivel nacional, autonómico y municipal”.

“Los ciudadanos votaron a Vox para que cerrásemos los centros de menas, no para que los abriésemos a las afueras; votaron a Vox para que cerrásemos las televisiones autonómicas, no para que nuestro director de comunicación cobrase un sueldo de una de ellas; votaron a Vox para que frenásemos la inmigración ilegal, no para que cobrasen ayudas a los tres años de haber llegado, y votaron a Vox por ser el único partido verdaderamente liberal en lo económico, no un partido estatalista”, ha defendido Martínez.

A su juicio, “la deriva ideológica reciente y los pactos mal gestionados están dando pie a acuerdos que no son reconocibles por aquellos que nos han votado”. Por ello, ha decidido “dar un paso a un lado y esperar que el partido se recomponga, ya que seguir en él sería avalar las malas actuaciones de unos pocos con mi silencio”.

Cuando la Asamblea Regional admita el traslado de Martínez al grupo Mixto, el PP podría contar con los dos votos de los exdiputados de Vox, lo que le permitiría sacar adelante diversos proyectos, entre ellos la Ley de Vivienda Asequible, bloqueada hasta la fecha por los de Abascal, y a la que Antelo ha dado recientemente su visto bueno.

La diputada del burka

No es la primera vez que esta diputada protagoniza el foco político. Cuando formaba parte de Vox, en diciembre del pasado año, la parlamentaria interrumpió en el pleno de la Asamblea regional con burka para pedir su prohibición en la Región de Murcia. Una acción censurada a izquierda y derecha del hemiciclo: “Una cosa es combatir la opresión y otra muy distinta es convertir a cualquier mujer que lleva un velo en un problema de orden público”, opinó tras lo ocurrido el portavoz del PP, Joaquín Segado.

Sin ayudas al campo ni explicaciones sobre las oposiciones a maestros, que se han convocado esta semana. PP y Vox han vuelto a unir sus fuerzas, aunque siguen sin ser capaces de sellar un pacto de Gobierno, para impedir que la Asamblea de Extremadura controle la acción del Gobierno regional en funciones. Ambos han tumbado este viernes la solicitud de un pleno extraordinario por parte de Unidas por Extremadura para valorar cuestiones como los efectos de la guerra de Irán y el proceso selectivo docente.

Por ello, la portavoz de la coalición de izquierdas, Irene de Miguel, ha denunciado que la Asamblea permanezca “amordazada” después de cinco meses desde que se desconvocó por un adelanto electoral que, ha dicho, “no ha servido para nada más que para complicar la situación de gobernabilidad de esta tierra y la vida de muchos extremeños”.

Para De Miguel, PP y Vox “no ven necesario dar explicaciones” porque “solo le importan los sillones que se están repartiendo”, según dice, no con mucha prisa, porque “tienen asegurado el sueldo a fin de mes” mientras se desconoce cuándo habrá un pleno de investidura.

Tras defender la función de control de la acción de gobierno, como reconoce el Estatuto de Autonomía, “aunque esté en funciones”, ha censurado que PP y Vox vean “innecesario” que exijan medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán como la subida de los carburantes que afecta al bolsillo de los extremeños y que está “complicando mucho” la situación de empresas que prestan el servicio de transporte escolar.

También ha defendido la necesidad de que haya ayudas directas a los agricultores para compensar los daños por las borrascas; y de hablar del “grave incendio” que afectó a la residencia de mayores de La Granadilla en Badajoz que, ha dicho, si en lugar de en la planta de personas válidas se hubiese producido en la de dependientes, hoy estarían poniendo “una denuncia a la Junta ante los tribunales”.

A ello ha sumado el “anticonstitucional” decreto que modifica una ley que aprobó el propio PP para “dar funciones a un gobierno en funciones” generando “un esperpento jurídico” que “sonroja a cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de leyes”. En este sentido, la portavoz de Unidas por Extremadura considera necesario que el gobierno en funciones dé explicaciones de la convocatoria de oposiciones, que es “ilegal” y crea “inseguridad jurídica” para miles de opositores.

Ante la negativa de PP y Vox a debatir estas cuestiones, la portavoz de Unidas por Extremadura se ha preguntado si aporta algo a la vida de los extremeños el “sainete” y el “culebrón cutre” en el que están inmersos estos dos partidos a la espera de que Abascal “se baje del caballo y les diga lo que tienen que hacer”, porque “aquí no pintan nada”.

El “secuestro” del poder legislativo

El PSOE también ha denunciado el “bloqueo” del poder legislativo extremeño por parte de PP y Vox. El diputado José María Vergeles ha advertido de que la democracia no puede estar en funciones y de que un gobierno que no se somete a fiscalización parlamentaria es “un gobierno que tiene mucho que ocultar”. Por eso ha criticado que María Guardiola “haya decidido estar en funciones para trabajar y, sin embargo, tener plenas facultades para seguir con los pactos oscuros y para secuestrar a la Asamblea durante más de cinco meses”, lo que ha considerado un “atropello” a la democracia con el silencio del presidente de la Cámara, Manuel Naharro.

Tras aclararle a Guardiola que “la democracia no es en ningún caso que los extremeños voten cuando a ella le dé la gana”, sin que se rindan cuentas, ha criticado que se atribuya “poderes que no le corresponden” con la anuencia de su partido y de Vox.

Vergeles ha insistido, en ese sentido, en que la presidenta en funciones de la Junta “tiene bloqueada esta tierra por su capricho, por su soberbia y por su falta de autonomía en las decisiones”, además de lamentar que solo le rinda cuentas a las sedes estatales de su partido y del de Santiago Abascal.

El pasado 20 de febrero el Barça ganó al UCAM Murcia de baloncesto, por 91-85. El equipo murciano peleó con uñas y dientes en la cancha para intentar ganar a los blaugranas por tercera vez consecutiva, pero no fue suficiente. Los catalanes vinieron con la lección aprendida tras las dos derrotas anteriores y se alzaron con la victoria. Ninguno de los dos oponentes jugaba en casa -el partido se disputó en el Roig Arena de Valencia- pero la grada estaba a rebosar de hinchas murcianos. Dos de ellos eran el por aquel entonces líder de Vox en la Región de Murcia y portavoz en la Asamblea, José Ángel Antelo; y su portavoz adjunto en el parlamento, Rubén Martínez Alpañez. Así lo atestigua una publicación en redes sociales de Antelo, en el que ambos posan con la bufanda del equipo, Alpañez con el pulgar hacia arriba: “Hoy toca dejarlo todo en el Roig Arena”, rezaba el post. Una semana después la dirección nacional cesó a Antelo, y ahora Alpañez ocupa su puesto como representante del Grupo Parlamentario Vox en la Cámara regional.

“No me extraña que dos días antes sean tan amigos y al día siguiente se traicionen, esa gente es así”, ha desdeñado un exmiembro de Vox. “Me lo estoy pasando en grande viendo esta película, están recibiendo todos de su propia medicina”, ha añadido.

El tratamiento se administró en apenas dos semanas. Días después de ese partido de baloncesto la secretaria general adjunta de Vox, Montserrat Lluis, se reunió con Antelo para pedirle que dimitiera a cambio de una portavocía en la comisión de Deporte y que continuase como candidato para las elecciones autonómicas de 2027. Ante la negativa de Antelo, al día siguiente dimitió de golpe todo el Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de la formación, forzando su salida. Este lunes se le retiró la portavocía del grupo en la Asamblea Regional, un proceso agónico que debería haber terminado la pasada semana. Pero Vox presentó la petición de su expulsión a la Mesa del Parlamento con el propio certificado digital de Antelo y las firmas manuscritas de sus diputados, por lo que este órgano tuvo que rechazar la solicitud. “Está claro que le ha hecho la cama a Antelo”, han señalado desde el entorno de Alpañez.

De las canteras del PP a las filas de Vox

La andadura política de Alpañez comenzó mucho antes de que se fundase Vox: “Es un chico inteligente y con ambición política, estuvo metido en el PP desde Nuevas Generaciones”, ha destacado su entorno. Pronto ascendió tras su paso en la cantera popular, llegando a ser candidato al Congreso por la Región de Murcia en 2008. Ese año se presentó junto a su compañero en la Asamblea y expresidente de la Región con el PP, Alberto Garre; y con la actual diputada de Vox en la Cámara Baja por la Región, Lourdes Méndez-Monasterio. 

Más tarde sería uno de los fichajes estrella de Vox para sellar su matrimonio con la UCAM. En 2020 trabajó como gestor de equipos en la vicesecretaría de organización de Vox. Su reclutamiento fue extremadamente estratégico: no solo era yerno del difunto presidente de la Fundación San Antonio, dueña de la Universidad Católica de la Región de Murcia (UCAM), sino que además contaba con un perfil técnico. Doctorado en Economía y Derecho, en 2010 comenzó a trabajar como jefe del departamento de Inversiones en el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF). Cinco años más tarde, en 2015, compaginó este cargo con el de profesor asociado a tiempo parcial en la UMU, impartiendo Economía Aplicada. En la actualidad mantiene una excedencia de ambos empleos, que cogió cuando pasó a ser diputado del Grupo Parlamentario Vox en el año 2023.

“Ve a las personas como una escalera para avanzar posiciones. Y tiene a su favor la llave de la UCAM. Es cierto que Antelo también tenía el apoyo de la Universidad, pero Alpañez está muy reforzado en ese entorno”, ha señalado una exdiputada de la Asamblea Regional.

Precisamente en 2023 su destino parecía que apuntaba a la candidatura a las elecciones municipales de Murcia. En aquel entonces ya era vicesecretario de Organización de Vox en la Región, y la dirección nacional lo barajaba para que diera un paso al frente municipal. Finalmente Vox se decantó por Luis Gestoso para la alcaldía; y tras las elecciones regionales de 2023 Alpañez se convirtió en diputado y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional. 

Meses después, comenzaría a familiarizarse con el cargo que le ha arrebatado a Antelo esta semana. Tras unas eternas negociaciones, en septiembre de 2023 los de Abascal entraron en el Gobierno de la Región de Murcia junto al PP. Antelo se convirtió en vicepresidente de la Comunidad Autónoma, y Alpañez, en portavoz de la formación política. Un cargo que ostentó hasta julio de 2024, cuando Abascal rompió en bloque los cinco gobiernos regionales que tenía coaligados con el PP por el reparto de menores migrantes. El acuerdo de gobernabilidad murciano apenas sobrevivió diez meses, y Alpañez volvió a ser portavoz adjunto del partido hasta esta semana, cuando se ha expulsado de forma definitiva a Antelo.

Antelo y Alpañez formaron un auténtico tándem, posicionándose como las caras visibles de Vox en la Región de Murcia: “Antelo era más visceral y Alpañez más cerebral, se complementaban”, han recordado fuentes cercanas al partido.

Una ambición “sin límites”

Tanto fuera como dentro del gobierno, Alpañez ha sido un interlocutor constante entre Vox y el Gobierno regional, firmando los presupuestos regionales junto al portavoz del PP, Joaquín Segado. Más allá del Ejecutivo, su figura en el Parlamento puede considerarse polarizante: “No tiene límites en su ambición, es muy adulador. Sabe muy bien a quién tiene delante, y a quién acercarse para escalar en todos los terrenos, pero, sobre todo, en el del poder”, ha definido una exdiputada.

“Dentro de partido hay sectores en los que no despierta simpatías, no gusta”, ha compartido una fuente cercana a Vox. “A Antelo se le ve venir. Puedes estar de acuerdo o no con él, pero es un hombre de palabra, va de frente. Se nota que no es un político profesional, de carrera”, ha comparado un exconcejal del Ayuntamiento de Murcia.

Sin duda el enfrentamiento más directo lo ha tenido con el exdiputado de Podemos Víctor Egío. El pasado junio Alpañez arremetió contra la baja de paternidad de Egío durante su intervención, haciendo referencia a los “seis meses que ha estado sin aparecer por el Pleno de la Cámara”. El diputado de Podemos solicitó su turno de palabra para responder a esas “infames alusiones”. Ante las protestas de Egío, la presidenta de la Cámara le pidió abandonar el pleno, cosa que, al no ocurrir, la llevó a suspender temporalmente la sesión. Tras suspenderse el pleno, varios diputados de PP y PSOE se acercaron a Egío para tratar de calmar los ánimos. Alpañez, por su parte, se marchó a su despacho junto con sus compañeros de Vox, entre risas contenidas.

Finalmente, la Comisión del Estatuto del Diputado del Parlamento autonómico consideró, por mayoría, que Egío incurrió en infracciones “de gravedad suficiente” para ser constitutivas “de una conducta sancionable”. Con el beneplácito de PP y Vox, se le suspendió al diputado de sus funciones parlamentarias durante un mes, con la consecuente pérdida de su asignación económica.

Pancorbo, de consejero a líder de Vox

Con la salida de Antelo, Vox se ha decantado por deslocalizar el poder que concentraba y asignar los puestos que ocupaba a varios individuos. Así, mientras que la portavocía del Parlamento murciano la ha asumido Alpañez, el liderazgo de Vox en la Región de Murcia ha caído en manos de José Manuel Pancorbo.

De perfil discreto, el nuevo presidente provincial de la formación de extrema derecha fue consejero de Fomento en la etapa de coalición entre PP y Vox, donde hizo uso de su formación como ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Afiliado al partido desde 2014, Vox ha vuelto a invocar a la vieja guardia: “Ha sido el experto con el que contamos en nuestro grupo de infraestructuras. Tenemos una grandísima cantera. Estos años nos hemos preparado para gobernar”, apuntó el propio Antelo después de que Pancorbo asumiera la cartera de Fomento.

Quien no se ha movido de su puesto es el portavoz de municipal de Vox en Murcia, Luis Gestoso, pese a que se le considera uno de los arquitectos regionales de la caída de Antelo. Antes de volverse un hombre fuerte de Vox, militó durante 30 años en el PP de la Región. Es un viejo conocido entre los populares, puesto que en su momento apoyó al expresidente Alberto Garre -actual vicepresidente de Vox en la Comunidad- frente a otro antiguo presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez (PAS), imputado en diversas causas. Gestoso abandonó su puesto como director general de Emergencias en 2015 después de ocho años y también su militancia en el Partido Popular alegando, justamente, los casos de corrupción del partido.

También tuvo una estadía breve en Ciudadanos. Se hizo militante durante unos pocos meses, pero también dejó el partido naranja al ser imputado por una operación urbanística realizada en su etapa como concejal de Urbanismo en el municipio murciano Molina de Segura, caso en el que resultó absuelto.

José Ángel Antelo ha estrenado este miércoles el escaño más solitario del Parlamento murciano. Se trata de su primer día en el Grupo Mixto, después de que el pasado lunes la Mesa de la Asamblea Regional aceptase la segunda solicitud de Vox de expulsarlo y retirarle la portavocía. Ahora, comparte grupo parlamentario con los portavoces de Podemos e Izquierda Unida-Verdes, María Marín y José Luis Álvarez-Castellanos.

Un aislamiento doble, ya que no es solo es espacial, sino también ideológico. En principio, se esperaba que el exportavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional se sentase junto al portavoz de IU-Verdes, Álvarez-Castellanos, en el hueco que con anterioridad ocupaba el diputado de Vox Pascual Salvador. Pero ese asiento ha quedado vacío, y Antelo ha sido trasladado al ala contrario. Una convivencia distante. Salvador, por su parte, ha sido reubicado dos filas más abajo, junto a sus compañeros de grupo, con un semblante más sonriente.

A su entrada en el hemiciclo, Antelo solo ha conversado con el portavoz del PP, Joaquín Segado, aunque él insiste en que ha hablado con más diputados. Sobre su futuro en el Grupo Mixto, Antelo ha reconocido no tener toda la información: “Soy una persona que viene de otro mundo. No soy un político profesional, estoy seguro de que [los políticos profesionales] saben absolutamente cómo funciona, especialmente, el tema econonómico”, ha explicado, al tiempo en el que ha incidido en la idea de que cada partido debería financiarse con medios propios.

Se espera que presente propuestas e intervenga de forma independiente a sus compañeros del Grupo Mixto, aunque no ha desvelado cómo va a gestionar esta nueva etapa política: “Primero voy a ver cómo se desarrollan las cosas”. Sí que ha adelantado que pretende mantener, al menos, parte de la agenda política que tenía con Vox: “Mi idea es que haya un acuerdo presupuestario”, ha señalado.

Por el momento, no tiene despacho ni dotación asignada, algo para lo que, previsiblemente, deberá esperar a la próxima semana. También se desconoce si compartirá despacho con sus nuevos compañeros de Podemos e IU-Verdes: “Es el menor de mis problemas”, apunta.

 34.020 euros menos para Vox

Solo han pasado dos días desde que Antelo y Vox separasen de forma definitiva sus caminos, cuando la Mesa de la Asamblea de la Región de Murcia aceptó la solicitud de Vox de trasladar a José Ángel Antelo al Grupo Mixto. El proceso ha tenido tintes de agonía, al extenderse una semana y no obtenerla a la primera. El pasado miércoles, Vox ya presentó un escrito para el cambio de portavocía, que la Mesa no tramitó porque el Grupo Parlamentario utilizó la firma digital de Antelo para la petición.

A su salida, Vox ha ganado, en sus palabras, una renovación. Pero ha perdido la asignación económica correspondiente al escaño de Antelo, que asciende a 34.020 euros anuales. Esa cuantía ahora la recibirá el Grupo Mixto, pasando de una importe anual de 171.240 euros a uno de 205.260 euros.

Antelo ha aprovechado su comparecencia ante medios para reiterar que se querellará contra todo aquel que ha difamado a su mujer, después de que Vox lo acusase de tráfico de influencias. Ha afirmado que su abogado, el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y aún afiliado de Vox, Juan García-Gallardo, conoce “las malas praxis” del partido: “Lógicamente ya le dije que a todo aquel que me difamase se le enviaría un burofax para que rectifique y que, acto seguido, se le enviaría una querella”, ha advertido.

La Mesa de la Asamblea de la Región de Murcia ha aceptado la solicitud de Vox de trasladar a José Ángel Antelo al Grupo Mixto. El hasta ahora portavoz del Grupo Parlamentario Vox compartirá a partir de ahora espacio con los portavoces de Podemos e Izquierda Unida, María Marín y José Luis Álvarez-Castellanos.

También la Mesa ha requerido a Vox que elija a un nuevo portavoz parlamentario tras la salida de Antelo. La portavocía pasará a estar en manos de Rubén Martínez Alpañez, tal y como intentó el Grupo Parlamentario Vox el pasado miércoles. Entonces, Antelo denunció que el partido había usado su firma para tramitar su sustitución como portavoz del grupo parlamentario Vox en la Asamblea Regional.

Tras su traslado al Grupo Mixto, Antelo ha insistido a este diario que no va a abandonar su acta de diputado: “Voy a hacer lo que dije que iba a hacer, que es cumplir mi palabra tenga el coste que tenga. Seguiré trabajando por la Región y por España esté donde esté, sea en el Parlamento o en la sociedad civil”.

Nuevo reglamento del Grupo Mixto

Con la integración de un nuevo miembro en el Grupo Mixto, la Mesa ha acordado instar a la nueva composición de este grupo parlamentario a preparar un nuevo reglamento de funcionamiento interno. Tendrán hasta las doce del mediodía del próximo 18 de marzo.

El secretario de Organización de Podemos, Ángel Luis Hernández, ha recordado que el Grupo Mixto ya dispone de un reglamento, y que además este ya contempla la posibilidad de incorporar a nuevos miembros: “Y así ha sido, a mitad de legislatura Víctor Egío cedió el acta y José Luís Álvarez-Castellanos [Izquierda Unida-Verdes] aceptó el reglamento interno”, ha recordado.

Hernández no descarta que, con la incorporación de un nuevo diputado al Grupo Mixto, este vuelva a tener los mismos tiempos de intervención que el resto de partidos. A inicios de esta legislatura, se acordó rebajar al Grupo Mixto estos tiempos, debido a que la Cámara consideró que debía ser proporcional al número de diputados, que en ese momento eran dos.

“Creemos que en todos sitios que cabe todo el mundo. Nos organizamos la pasada legislatura para convivir con mucha gente, es una seña nuestra de identidad”, ha adelantado el secretario de Organización de Podemos.

A pesar de los roces en redes sociales, la sintonía entre PP y Vox en Extremadura se ha materializado en la Junta de Portavoces de la Asamblea. Su presidente, Manuel Naharro, ha anunciado la reducción del número de miembros en las comisiones permanentes, que pasarán de 13 a 11 diputados. Esta medida ha sido interpretada por la izquierda como un movimiento que perjudica su representatividad y capacidad de control.

Con este cambio, De esta forma, el PP, con 29 diputados, tendrá cinco representantes en cada comisión; el PSOE, con 18, tendrá tres; Vox, que tienen 11 escaños, tendrá dos asientos en las comisiones; y Unidas por Extremadura, que consiguió siete diputados en las elecciones, se queda con un representante.

La oposición ha señalado una clara paradoja: en la anterior legislatura, con la presidencia parlamentaria del PSOE, Vox obtuvo dos asientos con solo cinco diputados. Sin embargo, actualmente Unidas por Extremadura, pese a tener siete escaños (más que Vox entonces), ve reducida su presencia a un solo representante. Incluso Vox, que ha doblado su representación al tener 11 escaños, mantiene el mismo número de representantes en comisión, una propuesta que, aun así, han votado a favor junto al PP.

Ahorro frente a la “parálisis” parlamentaria

Naharro ha justificado la medida por razones de ahorro, un motivo que la izquierda tacha de carente de sentido, dado que todos los diputados tienen dedicación exclusiva. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha denunciado que los diputados “cobran 4.000 euros” y ahora se les impide trabajar: “No nos podemos permitir que nos paguen para no hacer nada”. De Miguel ha propuesto que, si el problema es el gasto en kilometraje, se elimine dicha dieta como ya se hizo en el pasado.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Piedad Álvarez, ha calificado el ahorro como “infinitesimal” y advierte que la reducción conllevará menos actividad parlamentaria, menos control al Gobierno de la Junta y un “hurto a la participación democrática”, señalando que habrá comisiones con menos diputados que concejales en muchos ayuntamientos extremeños.

Para Unidas por Extremadura, esta decisión es un “guiño” a Vox en plena negociación de investidura, obedeciendo a la exigencia del partido de reducir el gasto político y el número de diputados. El objetivo final, según De Miguel, es “silenciar” a la oposición ante un inminente Gobierno de coalición.

Fuentes de la Asamblea han explicado a este periódico que el motivo ha sido para conservar la “proporcionalidad” porque “con 13 miembros en las comisiones no se podía hacer un reparto justo, ya que quedaría PP con cinco, PSOE y VOX con tres y Unidas por Extremadura con dos”. Sin embargo, sí que había otras alternativas porque el número de miembros ha variado en cada legislatura.

Como alternativa para mantener la proporcionalidad sin mermar el trabajo parlamentario, el PSOE ha propuesto elevar a 15 los miembros (como en la legislatura 2019-2023), lo que habría permitido un reparto de seis para el PP, cuatro para el PSOE, tres para Vox y dos para Unidas por Extremadura. También se barajó la opción de ampliar a 16 miembros, propuestas que fueron rechazadas.

Vox propondrá este martes a Ángel Pelayo Gordillo para presidir la Asamblea de Extremadura, al igual que hizo tras las elecciones autonómicas de mayo de 2023. Es el único grupo parlamentario que ha registrado su lista de candidatos para los puestos de la Mesa de la Asamblea y el resto, PP, PSOE y Unidas por Extremadura, lo harán el mismo martes antes de comenzar la sesión constitutiva de la nueva legislatura, según han informado a EFE las cuatro formaciones.

Tras los comicios de 2023, la falta de acuerdo entre el PP y Vox, que alcanzaban la mayoría absoluta, provocó que la socialista Blanca Martín fuera reelegida de forma sorpresiva para continuar en el cargo.

El tercer diputado que optó entonces a la presidencia fue el secretario regional del PP, Abel Bautista, que luego sería elegido consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social en el gobierno de coalición que finalmente pactaron los partidos de derecha. Fruto de este pacto, el puesto se senador autonómico que correspondía al PP por el resultado electoral fue al final para Pelayo, que había sido el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura.

Vox propondrá , además, a Juan José García, diputado la pasada legislatura, para ocupar una de las dos vicepresidencias de la Mesa de la Asamblea, y a Beatriz Muñoz Rodríguez, que se estrena como parlamentaria, para una de las tres secretarías.

La anterior legislatura las vicepresidencias las ocuparon, la primera la socialista Lara Garlito, y la segunda Manuel Naharro.

Y las secretarías: Laureano León (PP), la primera, tras abandonar su escaño Elena Nevado, que se marchó al Parlamento Europeo; Estrella Gordillo (PSOE) la segunda; y José Antonio González Frutos (Unidas por Extremadura) la tercera.

La Asamblea Regional citará al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García Izaguirre, y a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera en la comisión de investigación que ha constituido este lunes para esclarecer las posibles irregularidades en las adjudicaciones de las obras del AVE en la Región de Murcia.

En la sesión constitutiva, los grupos parlamentarios han debatido el plan de trabajo y han aprobado la lista de comparecientes propuesta por el Partido Popular, que también incluye a otros responsables del Ministerio de Transportes y de Adif.

La presidenta del Parlamento, Visitación Martínez, ha presidido la constitución de la Comisión Especial de Investigación, en la que Jesús Cano (PP) ha sido elegido presidente, Miguel Ángel Ortega (PSOE) vicepresidente, y María Casajús (PP) secretaria.

Durante la reunión se ha aprobado la lista de comparecientes propuesta por el PP que incorpora, además al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; al expresidente de Correos y exsecretario de Estado de Infraestructuras Pedro Saura y a María Luisa Domínguez, que presidió Adif tras Pardo de Vera. Por su parte, el PSOE había pedido la comparecencia del expresidente regional Pedro Antonio Sánchez y del actual, Fernando López Miras, lo que ha sido denegado por la Comisión.

La diputada del PP Mari Carmen Ruiz ha defendido tras la reunión que “esta comisión debe servir para aclarar las posibles irregularidades y perjuicios derivados de las obras del AVE en la Región”. Ruiz ha explicado que el PP ha pedido que comparezcan “Ábalos, Cerdán, Koldo, Pardo de Vera y Saura por las presuntas mordidas en las obras del AVE en nuestra región”, y ha subrayado que “comparecer en esta comisión es obligatorio y los ciudadanos merecen explicaciones”.

“Nos parece lamentable la actitud del PSOE, que ha demostrado que no quiere que se conozca la verdad ni que se depuren responsabilidades”, ha dicho, acusando a los socialistas de “negarse a colaborar en el esclarecimiento de una gran trama de corrupción, la de la banda del Peugeot, que ha actuado con total impunidad también en la Región”.

Ruiz ha añadido que el PP ha solicitado que Santos Cerdán declare por videoconferencia, al encontrarse encarcelado, y ha recordado que “el nombre de Pedro Saura aparece hasta en siete ocasiones en el informe de la UCO sin que haya ofrecido una sola explicación”.

“Un circo”

Desde el Partido Socialista, Carmina Fernández ha denunciado que la comisión “se ha convertido en un circo” y ha acusado al PP y a Vox de “formar una pinza real” para controlar sus trabajos. “De nuevo, PP y Vox han votado exactamente lo mismo, dejando fuera todas las comparecencias que podrían arrojar luz sobre la gestión de las obras”, ha criticado.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha detallado que su grupo ha propuesto citar a los exconsejeros de Fomento Patricio Valverde, José Ramón Díez de Revenga y José Ballesta, así como al alcalde de Murcia y a miembros de la plataforma pro soterramiento, con el objetivo de “aclarar tanto los aspectos técnicos como políticos que rodearon la llegada de la alta velocidad”. “El Partido Popular no quiere aclarar nada; lo que quiere es montar un espectáculo, mientras la Región necesita respuestas serias”, ha añadido.

Por su parte, el portavoz de Vox, Ignacio Arcas, ha valorado que la comisión “ha dado un paso importante” y ha anunciado que su grupo ha conseguido que se solicite la documentación judicial necesaria para investigar los hechos. Arcas ha explicado que Vox ha pedido a la comisión solicitar al Tribunal Supremo y a la Guardia Civil copia del expediente judicial y del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre las presuntas comisiones ilegales.

“Queremos saber dónde ha ido el dinero de los ciudadanos y quién se ha beneficiado, pero debemos hacerlo con rigor y con pruebas, no con recortes de prensa”, ha subrayado, apostando por celebrar las comparecencias una vez analizada la documentación.

El Grupo Mixto, representado por María Marín, ha coincidido en que es necesario contar primero con toda la información judicial y ha anunciado su intención de proponer la comparecencia de responsables de Acciona y Ferrovial, del jefe de la UCO, Rafael Vicente Yuste, y de técnicos de Adif implicados en los informes de valoración de las obras del soterramiento ferroviario de Murcia.

Finalmente, la comisión ha acordado elaborar su plan de trabajo en próximas sesiones y ha coincidido en la necesidad de recabar formalmente la documentación judicial antes de fijar el calendario de comparecencias.

El presidente, Jesús Cano, ha cerrado la sesión apelando al “rigor, la responsabilidad y la transparencia” y ha asegurado que el objetivo es “esclarecer si las obras del AVE han causado perjuicios a la Región de Murcia y depurar las responsabilidades que correspondan”.

El líder murciano de Vox, José Ángel Antelo, ha anunciado este jueves que ha presentado una querella contra la portavoz de Podemos-IU en la Asamblea Regional, María Marín, “por las graves difamaciones y por las imputaciones de delitos que ha vertido” contra su partido. Marín, entregó este miércoles al líder de Vox un capirote del Ku Klux Klan, el grupo terrorista supremacista blanco de Estados Unidos, en el pleno de la Asamblea murciana. “Quería traerles un regalo esta mañana a usted y a su grupo parlamentario para que la próxima vez que salgan de cacería vayan bien vestidos (…) vayan en condiciones”, dijo Marín, en referencia “a la participación activa del partido de extrema derecha en las persecuciones racistas” en Torre Pacheco. Marín quiso mostrar dicho capirote desde la tribuna, pero la prohibición de la presidenta le llevó a presentárselo a Antelo en su propio escaño.

El Grupo Parlamentario Vox también ha registrado en el Parlamento murciano una propuesta para que Marín sea sancionada por un “grave incumplimiento del reglamento que debe garantizar el funcionamiento de la Cámara autonómica”.

“No nos preocupa en absoluto la denuncia de Vox”. Así ha valorado la diputada regional de Podemos, María Marín, la querella interpuesta por la extrema derecha por los hechos sucedidos en el Pleno de ayer. “Los diputados no solo tenemos inmunidad parlamentaria para decir lo que consideremos oportuno, sino que tampoco he dicho nada que no sea verdad”, ha explicado.

Marín hacía referencia a que los cargos públicos de Vox “compartieron y jalearon los vídeos de los linchamientos del día 11 de julio en Torre Pacheco” y “Vox, los discursos de odio de Vox, son responsables de la cacería de torre Pacheco”. Para ella, el líder regional del partido de extrema derecha “es el primer responsable después de esa visita al pueblo que solo sirvió para echar más gasolina en el fuego”.

“Vamos a seguir llamando a las cosas por su nombre”

“Por lo tanto, desde Podemos, si Vox quiere ir a juicio, no tenemos ningún problema, porque son ellos los que saldrían imputados por cosas muy graves”. Marín afirmaba que lo sucedido en Torre Pacheco fueron “linchamientos racistas como los del Ku Klux Klan y Vox es responsable”. “Lo voy a decir donde haga falta y vamos a seguir llamando a las cosas por su nombre”, concluía.

Podemos, junto con el PSOE, presentaron la semana pasada ante la Fiscalía una denuncia contra Antelo por alentar la violencia contra los inmigrantes.

La segunda jornada del debate sobre el Estado de la Región de Murcia, tras el receso que tuvo lugar este miércoles una vez López Miras finalizó su discurso de apertura, ha evidenciado la realidad política que impera en el Ejecutivo murciano. Y el juego parlamentario que hay entre PP y Vox tras la firma de los presupuestos. El líder de los ultras en la Comunidad, José Ángel Antelo, no se esconde. Sin necesidad de tener un despacho en el Palacio de San Esteban, ha llegado al atril del hemiciclo, ha dejado caer sus folios, los ha ido pasando uno a uno y ha dicho, con cierta soberbia: “Llevamos 40 años en los que ustedes —PP— solo han traído derrotas a esta Región. Les insto a que sigan aceptando nuestras propuestas. Saben que, si hacen lo que dice Vox, aciertan”.

Antes de esas palabras, el portavoz de la extrema derecha ha expuesto, una por una, todas las exigencias que los populares le han aceptado para que salgan adelante las cuentas públicas. “El PP entendió que nos necesitaba para gobernar. Y aunque acabó dilapidando el Ejecutivo aceptando el reparto de inmigrantes, ahora Vox ha prestado sus votos para propiciar una ley de presupuestos con un tijeretazo a las subvenciones de sindicatos y patronales”, ha afirmado, en primer lugar. “Sin exigir sillones, pero sí el cumplimiento íntegro de lo pactado para su aprobación”.

Acto seguido ha acusado a López Miras, aunque vagamente, de no mencionar en su intervención del miércoles la palabra “seguridad”. Y lo ha hecho para desplegar otra vez su tinte xenófobo por toda la Cámara. “Es la realidad que viven los ciudadanos de la Región en su día a día, con el creciente auge de la delincuencia en las calles”, ha relatado, sin aportar ninguna prueba. Seguidamente ha esgrimido las medidas impuestas por Vox en materia de seguridad, como la dotación de armas largas y gases tóxicos a policías. Y ha proseguido: “¿Cómo es posible que el rey marroquí nos imponga los educadores en nuestros colegios, sin que la Consejería conozca siquiera qué se está enseñando a nuestros jóvenes? La cultura marroquí saldrá de los centros educativos regionales gracias a Vox”.

Antelo tampoco quiere que se enseñe en los colegios e institutos murcianos “contenidos que atenten contra la libertad ideológica”, y pretende que se dejen de “financiar centros de menas y convertir los barrios castizos de la Región en guetos”. “Vox ha venido para aportar soluciones”, ha reivindicado.

Por otra parte, ha hecho oficial su plan de “elaborar una ley de familias” y de “derogar leyes ideológicas como la ley LGTBI”. “¿Están satisfechos con la situación del Mar Menor? Gracias a Vox en octubre se modificará la ley. Hay que reutilizar las aguas para nuestros regantes. Hay que cuidar nuestro sector agroalimentario”. La bancada popular ha escuchado atenta, un tanto seria, al líder de sus socios presupuestarios. Saben que todo lo que dice tendrán que cumplirlo a rajatabla para mantenerlo contento. Para que no vuelva a acechar sobre la Región la sombra del adelanto electoral y la legislatura apure sus dos últimos años sin sobresaltos.

José Ángel Antelo ha acabado con una certeza del poder que el PP le ha otorgado y una amenaza. Ambas cosas a futuro: “Vamos a seguir planteando el camino del Gobierno regional”, ha expuesto, visiblemente satisfecho. “Pero si no se llevan a cabo nuestras demandas, exigiremos consecuencias”, ha apuntado. Y le ha indicado a López Miras personalmente que, si no lo hace, tendrá “un grave problema”.

Carmina Fernández (PSOE): “Vemos una Región estancada”

Antes de Antelo, Carmina Fernández ha hecho su debut como portavoz del PSOE en un debate de envergadura en la Asamblea. Y ha empezado atacando a los populares y al presidente regional a través de todos los flancos que éste dejó libres en su comparecencia del miércoles. “En esta Cámara se podría hablar de muchas cosas”, ha dejado caer.

“De la recuperación del Mar Menor; de cumplir su ley de protección plenamente; de poner en marcha una agenda ambiental regional; de invertir en centros educativos; de mejorar las condiciones del profesorado; de reducir las listas de espera en sanidad; de potenciar las infraestructuras; de un plan regional de vivienda; de inclusión social y apoyo a la dependencia; de lucha contra la pobreza; de la brecha salarial; de gestionar la migración con humanidad; de erradicar el discurso de odio”, ha enumerado Fernández.

“Estas son las medidas que necesita la Región. Desde el PSOE le tendimos la mano para evitar la agenda ultra de Vox, para afrontar estos asuntos sin extremismos. Pero su elección ha hecho imposible abordar este debate”, ha achacado la líder parlamentaria socialista.

Ahí ha echado mano de cifras. Tanto temporales como económicas: “Ya van ocho años desde que —López Miras— asumió la presidencia. Pero vemos una Región estancada, sin proyecto. Uno de cada tres ciudadanos vive en riesgo de pobreza, con ingresos inferiores a los 965 euros mensuales. Más de 122.000 niños de la Región crecen en hogares pobres. El PIB por habitante es inferior al de toda la media española. El paro juvenil aumentó un 3% por encima de la media nacional. Las mujeres cobran de media 5.000 euros menos que los hombres al año. Nuestros mayores tienen las pensiones más bajas del país. La lista de espera en dependencia es de 543 días, cuando el plazo legal es de 180. Esta es la foto fija de la comunidad tras décadas de gobiernos del PP”.

“Y ahora hay que añadir que ha cedido al chantaje de Vox”, ha evidenciado Fernández. “Que Vox exige y usted obedece, y el resto de ciudadanos paga las consecuencias. Vamos a perder en lo social, en igualdad, en derechos, en conquistas que creíamos consolidadas”.

Marín (Podemos): “El 42% de los trabajadores de la Región cobra menos del SMI”

Y tras la intervención del líder de Vox le ha llegado el turno a la portavoz del Grupo Mixto, María Marín, de Podemos, que siempre lleva a un siguiente nivel la crítica a López Miras y a la gestión de San Esteban. “Nunca en un debate sobre el Estado de la Región ha habido tanta distancia entre el discurso de un presidente de la Región y la calle. La realidad siempre es más fuerte que cualquier relato, y estaba en la puerta de esta Asamblea”, ha dicho, en referencia a la protesta de cientos de trabajadores de la industria auxiliar de Navantia, que acudieron al paseo Alfonso XIII de la ciudad portuaria para seguir luchando, otro día más, por la mejora de sus condiciones laborales y por un convenio laboral digno. También hubo una concentración, más corta, del cuerpo de bomberos regional.

“Tenemos una de las patronales más avariciosas de toda España, y el Gobierno está completamente sometido a sus intereses. El salario más frecuente en la Región es de 15.575 euros anuales. El 42% de los trabajadores cobra menos del SMI. Hay 83.000 trabajadores pobres”, ha destacado Marín.

Y ha criticado duramente el pacto entre populares y ultraderechistas. “Todo lo que hemos oído desde el mes de febrero para aprobar los presupuestos de PP y Vox”, ha continuado, “es el cierre de un centro de menores y la cancelación de un curso de árabe. Puro odio. Ni una palabra sobre lo que va a hacer López Miras para mejorar la vida de la gente. Ni una medida para reducir las listas de espera de la sanidad pública o de la dependencia, para eliminar los barracones en las escuelas, para bajar los precios del alquiler o para ayudar a los trabajadores que ayer se manifestaban”.

La portavoz también ha reprochado que el presidente murciano “pase de puntillas por encima de la lucha contra la violencia de género”, que no apoye al pequeño comercio, que fomente el modelo de turismo “low cost”, que no proteja el Mar Menor ni haya todavía una moratoria urbanística en la cuenca vertiente de la laguna ni “planes de actuación para zonas vulnerables a nitratos”.

Después de Marín, el portavoz popular, Joaquín Segado, en su turno, alejado totalmente del objetivo del debate, ha puesto el foco en arremeter contra el Gobierno central de Pedro Sánchez y los casos de Ábalos y Cerdán. Ha consumido casi 40 minutos de su tiempo en eso. Solo se ha referido a la Comunidad murciana para alabar a su superior, López Miras, —“se ocupa de tener una educación buena, una sanidad de la que sentirnos orgullosos, unos servicios sociales que atienden a los más necesitados”— y para desacreditar al nuevo dirigente del PSRM, Francisco Lucas: “Ha demostrado que su único objetivo es complacer a quien lo ha colocado ahí. Ha perdido toda credibilidad, y ha renunciado a ser útil para esta Región”.

La portavoz parlamentaria de Unidas por Extremadura (UPE), Irene de Miguel, ha indicado este martes que “igual habría que solidarizarse” con los centros educativos de la región que sufren en estos días las altas temperaturas y “no encender el aire acondicionado” en el pleno de la Asamblea que se celebra este jueves.

“A lo mejor así la presidenta de la Junta entiende lo que se está viviendo en la aulas”, ha dicho De Miguel en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que ha ordenado el debate del próximo pleno y en el que esta formación presenta una propuesta de impulso en la que insta a poner en marcha la ley contra el calor en las aulas, aprobada en 2019 y que “ni PSOE ni PP han puesto como prioridad”.

Para De Miguel, es incomprensible que en pleno 2025, con una región que exporta el 80% de la energía que genera y ante una situación de calor extremo “su única solución sea mandar los niños a su casa, complicando la conciliación y que los que no puedan se tengan que quedar en centros no acondicionados”.

José Luis Álvarez-Castellanos ha tomado posesión esta mañana como diputado en la Asamblea Regional por Izquierda Unida-Verdes Región de Murcia. Álvarez-Castellanos ocupa el escaño en el tras la renuncia presentada por el anterior diputado, Víctor Egío, quien entregó su acta la semana pasada.

Tras el acto, Álvarez-Castellanos ha declarado que asume el relevo del compañero Antonio Pujante, quien dejó la Asamblea en 2015 tras dos legislaturas, así como el de todos los compañeros y compañeras que han representado a Izquierda Unida en esta Asamblea desde el inicio de la etapa democrática en la Región. “Seguimos el hilo rojo de nuestra historia, comprometidos con los servicios públicos, con la clase trabajadora y con la ciudadanía”, ha resaltado.

Asimismo, ha subrayado su compromiso con la Región de Murcia “para sacarla del estado catatónico en el que la ha sumido el Partido Popular durante más de 30 años, con gobiernos que han deteriorado los servicios públicos y la vida de nuestra gente hasta límites insoportables”.

Desde IU-Verdes Región de Murcia han valorado muy positivamente la incorporación de Álvarez-Castellanos al Parlamento autonómico, destacando su trayectoria de compromiso con los movimientos sociales, su defensa del municipalismo y su amplia experiencia tanto en el trabajo institucional como en el activismo de base.

Con esta toma de posesión, Izquierda Unida refuerza su presencia institucional en un momento clave para seguir construyendo una alternativa transformadora en la Región, frente a las políticas regresivas del Gobierno del PP y la ultraderecha.

El secretario general del PSOE de Extremadura y aún presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha prometido su cargo como diputado autonómico, lo que le convierte en aforado en mitad de la polémica por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la institución provincial, que la jueza ha decidido llevar a juicio tras un año de instrucción.

En el momento de la subida a la tribuna de Gallardo, los cinco diputados de Vox han abandonado el hemiciclo en señal de protesta.

El líder socialista ha llegado escoltado por los dirigentes de su grupo parlamentario y tras la llegada de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha acercado a saludarla pero esta le ha dado la mano de manera tibia mientras recibía en su escaño a miembros de su consejo de gobierno. Pero Miguel Ángel Gallardo ha estado apoyado desde la tribuna de invitados de más de 40 alcaldes y cargos socialistas, entre ellos el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, que días atrás se mostró “triste” por la situación por la que pasa el PSOE tras la polémica por el aforamiento en pleno proceso judicial.

En su primera cara a cara con Guardiola, el presidente de la Diputación de Badajoz, que el viernes dejará este cargo, ha aprovechado para hacer una declaración de intenciones: “He venido para quedarme, para dar la batalla, sin complejos”, ha afirmado para después denunciar que el PP ha tratado de convertir su entrada en la Cámara extremeña como “un problema persona, pero no lo es”.

Gallardo también ha acusado a la Junta de apoyar con dinero público denuncias “falsas” en alusión a la denuncia con recortes de prensa interpuesta por Manos Limpias, y que inició la investigación en la Diputación, y al gasto en publicidad institucional en algunos medios de comunicación.

La presidenta extremeña, en su respuesta, ha acusado al secretario regional del PSOE de “faltar el respeto” a las instituciones y a la imagen de Extremadura: “Le he escuchado por respeto, pero no me pida que entre en la maraña que ha montado. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo la verdad?”.

A juicio de Guardiola, Gallardo “ha buscado refugio” en la Asamblea “dinamitando su partido y pisando a quien tenga que pisar”.

Como era previsible, este asunto ha sido usado por PP, Vox y Unidas por Extremadura en todas las preguntas en la sesión de control, tanto a la presidenta como a los miembros del consejo de gobierno. Estos, incluso, han utilizado sus turnos para dirigirse directamente al nuevo diputado socialista: “Aforado nivel pro”, ha dicho la consejera de Hacienda, Elena Manzano, o “dimita hoy mismo”, ha pedido la consejera de Sanidad, Sara García, cuando le han preguntado por la política de personal en el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Por su parte, Vox, en una pregunta sobre negociación presupuestaria ha pedido a la presidenta que convoque elecciones autonómicas.

El proceso judicial

El auto que le sienta en el banquillo a él, a David Sánchez y a nueve cargos socialistas de la Diputación llegó solo 24 horas después de que la junta electoral emitiera su credencial de diputado tras forzar la dimisión de una compañera y la renuncia al acta de cuatro personas que le antecedían en la lista electoral que el expresidente Guillermo Fernández Vara elaboró en 2023.

Con el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo, la causa tendría que pasar al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), aunque aún se espera la resolución de los recursos de la defensa de David Sánchez y de la Fiscalía de Badajoz, que han solicitado el archivo de la causa en la Audiencia Provincial.

Sin embargo, la instructora, Beatriz Biedma, se resiste a deshacerse de la causa ante las dudas de que el aforamiento haya sido efectivo antes del auto de apertura de juicio oral. Por ello, ha solicitado un informa al letrado mayor de la Asamblea de Extremadura y toda la docuemntación disponible a la Junta Electoral de Extremadura.

El aforamiento del secretario regional del PSOE en Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, unas horas antes de que un juzgado de instrucción decidiera abrir juicio oral por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias relacionados con la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la institución provincial ha introducido la causa en un laberinto procesal con tantas opciones como dudas.

Las prisas de Gallardo por convertirse en diputado autonómico forzando la dimisión de una compañera y la renuncia de cuatro personas más que le antecedían en la lista electoral de 2023 van en consonancia con la urgencia que ha demostrado la jueza Beatriz Biedma por firmar un auto de apertura de juicio oral contra Gallardo, David Sánchez y nueve trabajadores de la Diputación de Badajoz, la mayoría cargos socialistas. Biedma, en contra de su propio criterio, no ha esperado a la resolución de los recursos de la defensa de Sánchez y de la Fiscalía en la Audiencia Provincial, que considera que en el auto de procesamiento no existen indicios, sino solo “conjeturas e hipótesis”, por lo que ha pedido el archivo de la causa.

Se trata de un asunto crucial porque podría evitar que los acusados se sentaran en el banquillo. Pero en el caso de enfrentarse a un juicio, como quiere la instructora, la nueva condición de aforado de Miguel Ángel Gallardo, podría llevar el proceso hasta la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), en lugar de a la Audiencia Provincial de Badajoz, de la que forman parte la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, y los magistrados Manuela Eslava y Antonio María González Floriano.

Pero la instructora tiene dudas sobre la condición de diputado y aforado del líder socialista y por eso ha pedido información al letrado mayor de la Asamblea de Extremadura y toda la documentación sobre ese proceso a la junta electoral, que hace una semana emitió la credencial y quedó registrada solo 24 horas antes de que la jueza decidiera abrir juicio oral.

Toma de posesión, el jueves

Las dudas de la jueza vienen por el inusitado aforamiento exprés de Gallardo, que no tomará posesión de su escaño hasta el pleno de este jueves y precisamente por ese hecho algunos expertos en Derecho defienden que aún no tiene la condición plena de diputado.

Otros, como el profesor de Derechos Constitucional y de la Unión Europa, Gabriel Moreno, recuerdan que el Tribunal Constitucional considera que se dispone de la condición de diputado en el mismo momento en que se recibe la credencial de la Junta Electoral correspondiente sin necesidad de que se lleve a cabo el acto de toma de posesión en el que se jure o promete acatar la Constitución.

Por lo tanto, a día de hoy la causa por la contratación de David Sánchez en la Diputación continúa en el juzgado de instrucción de Badajoz a la espera de esos informes. De hecho, no ha entrado en el TSJEx, según del alto tribunal extremeño.

Dos recursos en la Audiencia provincial

Si el aforamiento se da por bueno, aún deben resolverse los recursos planteados por la defensa de Sánchez y la Fiscalía contra el procesamiento, una decisión que, en principio, compete a la Audiencia Provincial aunque el caso llegue al TSJEx.

Pero hay más dudas en cuanto al alcance de la estrategia de Gallardo: ¿la competencia del Tribunal Superior de Justicia debe extenderse a todos los acusados o solo al presidente de la Diputación de Badajoz?

Fragmentar o no la causa

Las defensas de Gallardo y Sánchez coinciden que todos los encausados deberán responder ante el alto tribunal extremeño porque no se puede fragmentar la causa. El abogado del secretario regional del PSOE sostiene incluso que el TSJEx es el que debe decidir sobre si hay juicio o no.

En cualquier caso, la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, ha advertido que los plazos procesales de la causa abierta a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo por prevaricación y tráfico de influencias presentan “un prolijo” abanico de posibilidades.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha tendido la mano al PP para iniciar los trámites para acabar con los aforamientos autonómicos después de obtenerlo él, para lo que hacen falta dos tercios de apoyos en la Asamblea, algo que solo alcanzan la suma de PSOE y PP.

Para ello sería necesario reformar el Estatuto de Autonomía y Gallardo quiere aprovechar para blindar en esa reforma los servicios públicos, aunque lo deja en manos del PP: “Si solo quieren hablar de aforamientos, hablamos solo de eso”, ha subrayado.

Gallardo tomará posesión como diputado regional el jueves en un pleno en el que ya hará las primeras preguntas a la presidenta de la Junta, María Guardiola. Un día después, el viernes, presentará su dimisión como presidente de la Diputación de Badajoz y como concejal en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz), donde ha sido alcalde con amplias mayorías absolutas.

El líder de los socialistas extremeños ha asegurado que se ha puesto en contacto telefónico con Guardiola para trasladarle la iniciativa del PSOE para acabar con el fuero especial que protege a los diputados autonómicos y a los miembros del consejo de gobierno y la respuesta que ha obtenido es que tiene que “consultarlo” con su grupo parlamentario.

El aforamiento implica que las causas judiciales en la que se vean envueltas las personas que tienen este privilegio deben dilucidarse en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y no en los tribunales ordinarios.

“Es una garantía, pero no es impunidad ni inmunidad”, ha subrayado Miguel Ángel Gallardo, que con su entrada en la Cámara legislativa extremeña ha provocado que el caso por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, por el que está acusado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación junto a David Sánchez, pase al TSJEx justo cuando la jueza que ha instruido la causa haya decidido abrir juicio oral. No obstante, aún deben resolverse los recursos presentados en la Audiencia Provincial por las defensas y por la Fiscalía, que ha pedido el archivo porque considera que no existen indicios, sino solo “hipótesis y conjeturas”.

El presidente de la Diputación de Badajoz ha admitido que ha pecado de “ingenuo” porque su entrada en la Asamblea, para lo que han tenido que presentar su renuncia una diputada del grupo parlamentario socialista y cuatro personas que estaban por delante de él en la lista electoral de 2023, se ha interpretado como un interés personal por estar aforado ante el procesamiento en el que se encuentra.

Gallardo ha asegurado que han sido “días difíciles” y ha denunciado una “cacería absoluta” y una “campaña de desprestigio” iniciado por Manos Limpias con una “denuncia falsa” y “jaleada” por las acusaciones populares, entre las que ha nombrado a PP y Vox.

Precisamente este lunes se ha conocido que el pseudosindicato Manos Limpias ha denunciado a Gallardo por cohecho y fraude procesal ante el TSJEx tras convertirse en diputado de la Asamblea y obtener el aforamiento.

La situación en el escenario judicial y político extremeño es, cuanto menos, insólita. El presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha conseguido convertirse en diputado autonómico, y con ello supuestamente en aforado, en un tiempo récord y solo unas horas antes de que una jueza de Badajoz le haya enviado al banquillo, a la espera de la resolución de dos recursos de apelación, por la contratación en la institución provincial del hermano de Pedro Sánchez, que también está acusado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

La titular del juzgado nº3 de Badajoz, Beatriz Biedma, dictó un auto de procesamiento el 28 de abril contra David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y otras nueve personas, casi todos cargos socialistas, tras un año de instrucción de la causa. Hasta entonces, el líder socialista había mantenido que seguiría al frente de la Diputación hasta el final del procedimiento, pero hace una semana cambió de opinión y anunció su intención de ser diputado en la Asamblea, situación que lo convertiría en aforado.

Gallardo ocupó el puesto 23 en la lista del PSOE por Badajoz en las elecciones autonómicas de 2023, pero los socialistas consiguieron 16 escaños. Dos renunciaron en la primera mitad de la legislatura, entre ellos el expresidente Guillermo Fernández Vara, con lo que era necesario que una persona del grupo parlamentario renunciara al acta y que también lo hicieran las cuatro personas que estaban delante en la candidatura.

Todo se resolvió en 24 horas. La diputada María de la Cruz Rodríguez Vegazo, estrecha colaboradora de Gallardo desde hace lustros, entregó su acta el martes y ese mismo los otros candidatos enviaron un escrito notarial a la junta electoral para agilizar los trámites (así se evitaba que leste organismo contactara con ellos uno a uno para que rechazaran ser diputados).

Tomará posesión el 29

La junta electoral emitió la credencial al secretario regional del PSOE el miércoles y ese mismo día la registró en la Asamblea de Extremadura junto a su petición de ingreso en el grupo parlamentario socialista. Pero la toma de posesión no tendrá lugar hasta el próximo pleno, el jueves 29 de mayo.

Este hecho supone la primera de las incógnitas y abre un debate jurídico: ¿entonces Miguel Ángel Gallardo dispone ya del privilegio del aforamiento o no? El profesor de Derecho Constitucional y Unión Europea de la Universidad de Extremadura, Gabriel Moreno, recuerda que el Tribunal Constitucional considera que se dispone de la condición de diputado en el mismo momento en que se recibe la credencial de la junta electoral correspondiente sin necesidad de que se lleve a cabo el acto de toma de posesión en el que se jure o promete acatar la Constitución.

Sin embargo, el reglamento de la Asamblea de Extremadura [ver en PDF] establece que la “condición plena de diputado” se adquiere por el cumplimiento “conjunto” de cuatro requisitos: presentar la credencial, presentar una declaración a efectos de incompatibilidades por profesión o cargos públicos, efectuar la declaración de bienes y “prestar en la primera sesión del pleno a la que asista la promesa o el juramento de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Extremadura”.

En el PSOE regional había dudas a primera hora de la tarde, pero el partido acabó confirmando que Gallardo disponía ya de la condición de diputado. En un mensaje enviado a los medios, los socialistas aseguraban que el líder extremeño “desde ayer [el miércoles] es diputado a todos los efectos” y subrayaban su “disposición a comparecer ante la justicia sea cual sea la instancia competente”.

El caso llega al TSJEx

En el caso de que el presidente de la Diputación de Badajoz esté efectivamente aforado desde el miércoles, la jueza del caso del hermano de Pedro Sánchez podría haberse precipitado con su decisión de abrir juicio oral, aunque el auto de procedimiento esté fechado el 28 de abril. En el escrito que sienta en el banquillo a Sánchez y a Gallardo, la instructora envía el caso al juzgado de lo Penal de Badajoz, pero si este ya está aforado, la causa debe juzgarla el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), concretamente la Sala de lo Civil y Penal, que preside María Félix Tena, a su vez presidenta del alto tribunal extremeño.

Pero para que el proceso continúe, la jueza debe enviar a la Asamblea un suplicatorio para proceder penalmente contra Gallardo y la Cámara legislativa puede concederlo o no.

Hay que tener en cuenta que Beatriz Biedma ha decidido abrir juicio oral solo con la petición de la acusación popular, liderada por Manos Limpias, que pide tres años de cárcel para David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo. La Fiscalía de Badajoz pidió el archivo de la causa porque considera que solo hay “conjeturas e hipótesis” y no “auténticos indicios racionales de criminalidad”. Por esto presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, como también hizo la defensa de Sánchez, que aún no han sido resueltos, pero la instructora entiende que esos recursos “no tienen efectos suspensivos”.

En el supuesto de que el caso llegue al TSJEx se abre otra duda sobre dónde deben resolverse los recursos o si el caso se dilucidará por completo en el alto tribunal extremeño o tan solo lo que atañe al secretario regional del PSOE.