El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, anunció este viernes que el Consejo de Gobierno aprobará la próxima semana un nuevo decreto ley de vivienda asequible, después de que PP y Vox alcanzaran un acuerdo que incorpora el concepto de “prioridad nacional” en el acceso a las ayudas para vivienda protegida, pública y de alquiler. El anuncio, realizado a través de su cuenta en X, coincidió en el tiempo con el inicio de la intervención de la portavoz socialista, Carmina Fernández, en la segunda jornada del debate del estado de la Región.

“Estamos decididos a poner soluciones eficaces al problema de la vivienda que ha creado Sánchez. La próxima semana, el Gobierno de la Región de Murcia aprobará un nuevo Decreto Ley de Vivienda Asequible. Los jóvenes y las familias no pueden esperar y vamos a facilitarles el acceso a la vivienda”, escribió López Miras.

El acuerdo entre populares y la formación de Santiago Abascal se hizo público durante el propio debate. El portavoz de Vox en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez, planteó al PP que el decreto podría estar aprobado “la semana que viene” si los populares votaban a favor de tres propuestas de resolución de su grupo: el compromiso de no construir viviendas en polígonos industriales rodeados de chimeneas, la salvaguarda de las zonas comerciales de los municipios y, el punto más controvertido, la aplicación de la prioridad nacional en todas las ayudas destinadas a vivienda protegida, pública y de alquiler.

El portavoz popular, Joaquín Segado, respondió con un escueto “las aceptamos”, despejando así el camino para que el decreto ley sea aprobado por el Consejo de Gobierno y, posteriormente, convalidado en la Asamblea. Para ello será necesario abrir un periodo extraordinario de sesiones, ya que el ordinario concluye el próximo martes.

El concepto de prioridad nacional ya ha sido incorporado por el PP en los acuerdos de gobierno firmados con Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León, pero su encaje constitucional genera serias dudas entre los expertos, puesto que el ordenamiento jurídico impide discriminar a las personas por su lugar de nacimiento.

Un decreto que ya cayó una vez

No es la primera vez que el Ejecutivo de López Miras intenta sacar adelante esta norma. El Consejo de Gobierno aprobó a finales de septiembre de 2025 un primer decreto ley de vivienda asequible, pero la Asamblea Regional lo derogó el 31 de octubre con los votos en contra de PSOE, Vox y Podemos-IU.

Tras la derogación, López Miras anunció que tramitaría la norma como proyecto de ley exprés, acusando a la oposición de formar una “pinza” que impedía la construcción de miles de viviendas para jóvenes y familias. El PSOE, a través de su diputado Miguel Ortega, defendió entonces que el decreto “solo es bueno para hacer negocio”, al no incluir ninguna medida para abaratar los precios.

Ahora, ocho meses después, es Vox -ya sin Antelo al frente del grupo tras su salida de la formación- quien allana el camino al decreto a cambio de la prioridad nacional. El objetivo declarado por el Gobierno regional es promover la construcción de 25.000 viviendas destinadas a jóvenes y clases medias en los próximos cinco años, mediante primas de edificabilidad a los promotores y la simplificación de trámites administrativos.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha llegado al Debate del estado de la comunidad autónoma con muchos frentes abiertos, pero sacando pecho de cifras y con un capazo de propuestas y promesas. “Confianza”, “certezas” y “estabilidad”, son las palabras que el presidente ha reiterado en un discurso en el que ha rehuido de hacer referencia de los titulares que han asolado a la Comunidad. Un debate que llega justo un mes después de la última sacudida política en la Región con la renovación del Gobierno murciano en plena crisis por el fraude de las prótesis vasculares.

Sin embargo, la única alusión del presidente al mayor escándalo sanitario de la historia murciana ha sido brindar su “respaldo” al manifiesto firmado este miércolespor los profesionales sanitarios de la Arrixaca: “[Los sanitarios] piden respeto y piden que se depuren las responsabilidades de las personas investigadas y acusadas por la justicia”, ha resaltado.

Así ha despachado la alargada sombra de la trama de las prótesis vasculares, que ha dejado un agujero en las arcas regionales de unos 6,9 millones de euros y trece investigados. Quedará por ver si, cuando llegue el turno de intervenciones de la oposición el próximo viernes, López Miras tendrá que tratar de convencer a sus adversarios políticos de que el fraude fue meramente económico, y que ninguna prótesis caducada llegó a implantarse en los pacientes. Una labor que ya tuvo que llevar a cabo la consejera de Salud en su comparecencia de la semana pasada.

Lo de las prótesis no ha sido el único escándalo sanitario de este año en la Región de Murcia. Un informe demoledor de Alianza por la transparencia, calidad y equidad en el cribado de cáncer de mama detectó un retraso “evitable” en el 10% de los diagnósticos de cáncer de mama en Murcia. El por entonces consejero, Pedreño, despachó el documento asegurando que el informe estaba “politizado”. Ahora, López Miras ha anunciado la inminente presentación del Plan Oncológico de la Región de Murcia: “Un compromiso adquirido con esta Cámara y en cuya elaboración han participado 168 profesionales del Servicio Murciano de Salud y Asociaciones de Pacientes”, ha definido.

“Su objetivo es claro: diagnosticar antes, agilizar la atención y ofrecer un mejor acompañamiento a pacientes y familias durante todo el proceso. Porque en cáncer ganar tiempo es ganar oportunidades de vida”, ha abundado.

Lopez Miras ha anunciado que la Región de Murcia dejará de ser una de las nueve comunidades autónomas que aún mantienen el copago a las ayudas de la ELA: “La campaña de bulos en torno al copago de las prestaciones de los enfermos es una indignidad, porque no es una imposición de ninguna comunidad autónoma, porque la única y exclusiva responsabilidad es del Gobierno de Sánchez, de su Gobierno y de su ministra de Sanidad”, ha reprochado. El copago está contemplado por la normativa estatal de la Ley de Dependencia, que prevé la financiación especial de 500 millones para la ley ELA.

“Normalidad democrática”

López Miras ha atribuido a su gobierno una “normalidad democrática”, y ha sacado pecho de las cuentas autonómicas: “Hemos aprobado anualmente los presupuestos generales de la Región de Murcia”, ha presumido. Pendientes todavía de aprobar los presupuestos de este 2026, el Ejecutivo confía tenerlos “antes de agosto”.

El presidente ha presumido también de datos de empleo: “Al inicio de esta legislatura contábamos con 660.000 ocupados y hoy superamos los 711.000 mil murcianos y murcianas más trabajando desde el inicio de la legislatura”. Respecto a la tasa de paro, ha bajado “dos puntos” en los últimos ocho años, de 126.000 personas sin empleo a 72.500.

El presidente ha nombrado, además, la estrategia de impulso al empleo presentada este mayo y que está dotada de 400 millones de euros para alcanzar los 730.000 trabajadores ocupados en 2029 y reducir la tasa de paro por debajo del 10 por ciento.

Respecto al PIB, la Región de Murcia es la tercera comunidad autónoma que más ha incrementado su PIB en la última década, un 56%, “solo superados por Madrid y Baleares”. Según López Miras, la economía regional creció un 4,5% en 2025: “La cifra más alta de España, lo que refleja una economía más abierta y competitiva; basado en un modelo basado en la industria, el emprendimiento y la simplificación administrativa”. Y ha cifrado en 13.728 millones de euros las exportaciones el pasado ejercicio, un 30% más que antes de la pandemia. Más de cinco mil empresas de la Región vendieron sus productos en el exterior, ha señalado.

2.000 plazas para FP y secundaria

En educación, López Miras se ha comprometido a poner en marcha el Plan de Climatización 2026-2030, con una inversión de 89 millones de euros para que “todas las aulas de los centros educativos de la Región de Murcia cuenten con la temperatura adecuada”. Se trata de una reclamación histórica por parte de padres y de la comunidad docente: esta semana las familias de los estudiantes del IES Cañada de las Eras de Molina de Segura llevaron el problema del calor en las aulas al Defensor del Pueblo, después de no recibir una respuesta “efectiva” por parte de la consejería de Educación.

Al tiempo, López Miras ha anunciado el lanzamiento de 2.000 plazas para “Secundaria, Formación Profesional y otros cuerpos” en la convocatoria de oposiciones de 2027.

Deducciones fiscales

“Hay quienes piensan que los problemas se solucionan con nuevos impuestos y quienes pensamos lo contrario: que las familias saben cómo administrar sus recursos; y ese ha sido el camino seguido por su Gobierno”, ha continuado el presidente en su discurso. López Miras ha destacado que la Región de Murcia es una de las comunidades con más deducciones fiscales para familias, autónomos y clases medias. Y ha concretado que cerca de 800.000 contribuyentes se han beneficiado en la última campaña de la renta de las 27 deducciones autonómicas existentes, con un ahorro conjunto de 45 millones de euros.

“Conviene detenerse en ello porque hay miles de personas que encuentran en estas medidas una ayuda real para afrontar el día a día”, ha apuntado al tiempo que ha dado un dato: nueve de cada diez contribuyentes beneficiados por estas deducciones tienen bases liquidables inferiores a los 24.000 euros anuales.

El presidente regional ha anunciado la extensión de la la bonificación del 99% del Impuesto sobre Sucesiones a todo el grupo tercero de parentesco, mediante la incorporación al proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad. “Lo haremos progresivamente, empezando con un 25% de esa bonificación con aplicación inmediata”. La medida supondrá, según afirma, un ahorro de seis millones de euros y beneficiará a 3.200 ciudadanos. Una rebaja fiscal que ya se aplica, ha dicho, al impuesto de donaciones. “Avanzamos así en nuestro objetivo de que nadie tenga que pagar dos veces por el esfuerzo de toda una vida”.

El presidente ha concretado que 160.000 familias se han beneficiado de las bonificaciones en donaciones y sucesiones en la Región de Murcia. Y ha asegurado que el 97% de los expedientes corresponde a herencias inferiores a 50.000 euros, es decir, “a clases medias y trabajadoras que reciben el fruto de décadas de esfuerzo familiar”.

Con una frase, “libertad frente a intervención, crecimiento frente a conformismo”, ha querido resumir la política económica desarrollada durante los últimos años, “basada en generar confianza, reducir cargas para ciudadanos y empresas y construir una administración más cercana”.

40 millones en extinción de incendios

El Gobierno regional ha reforzado el sistema de emergencias y extinción de incendios con una dotación de 40 millones de euros, ha defendido López Miras, frente a los 28 del pasado ejercicio. Y ha previsto la incorporación de nuevos efectivos en las próximas semanas. El Ejecutivo ha subrayado la importancia de la planificación y la coordinación en la respuesta ante situaciones de riesgo e incendios.

En materia medioambiental, ha defendido la inversión de 306 millones de euros desde 2020 en la recuperación del Mar Menor y ha rechazado su utilización como elemento de confrontación política. Ha anunciado además nuevas actuaciones, como la licitación del Centro de Recuperación de Especies y la culminación de proyectos en El Carmolí.

López Miras ha vuelto a reclamar al Gobierno central mayor implicación en infraestructuras hidráulicas, energéticas y de transporte, así como la ejecución de obras pendientes en la Confederación Hidrográfica del Segura, la planificación de la red eléctrica y el avance en carreteras y autovías estratégicas para la Región.

La comparecencia en el Parlamento murciano de la consejera de Salud de la Región de Murcia, Isabel Ayala, por el escándalo del fraude en las prótesis vasculares, ha sido una reiteración del relato que la Consejería ha mantenido desde que el caso salió a la luz. En el hemiciclo el ambiente ha sido bronco, la presidenta de Asamblea Regional, Visitación Martínez, ha tenido que pedir silencio en la totalidad de las intervenciones.

La consejera ha defendido que el caso se destapó gracias “al exhaustivo trabajo del Servicio de Inspección de Centros y Servicios Sanitarios” del SMS. Ha ido más allá, declarando a Salud “víctima” del presunto fraude.

Pese a que el fraude se extendió en el tiempo durante más de una década, Ayala ha defendido que el destape de la trama demuestra que “los sistemas de control interno funcionan”: “Desde el Área uno, donde se detectaron estas supuestas irregularidades, rápidamente se pusieron en manos de la Inspección de Centros para la realización de una auditoría interna y posteriormente se trasladó a la autoridad judicial para que continuara la investigación”. Tal y como reconoce la propia consejera, la auditoría interna no tuvo lugar hasta noviembre de 2024.

Tras esa investigación interna, recuerda, se cesaron a dos responsables de la Unidad de Aprovisionamiento Integral y al jefe de Sección de Radiología Vascular e Intervencionista del Área uno: “Se acometió una importante renovación de diversos puestos del Servicio Murciano de Salud para reforzar los controles en este tipo de procedimientos. Hemos actuado con diligencia y transparencia”, ha defendido.

“Hay 13 personas investigadas y saben que entre ellos no hay ningún cargo político. Dejen a la Fiscalía y al juez que haga su trabajo y dejen de confundir a la población”, ha insistido.

Fraude “económico”

Ayala ha recalcado que el fraude es puramente “económico”, y que se limita a la adquisición y facturación de material sanitario“ y ha reiterado que ”no se ha constatado que existan episodios clínicos que estén relacionados con la implantación de material caducado“. En sus investigaciones, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional detectó la implantación de, al menos, un 'stent' caducado a un paciente. Este hallazgo tuvo lugar después de que la Policía Nacional analizase solo 8% de las 492 intervenciones que practicó uno de los cirujanos implicados en la trama. 

También ha explicado que las prótesis no homologadas son “seguras”: “El hecho de que el material implantable no esté homologado no significa que no sea válido y que no se pueda usar en los pacientes. Son perfectamente viables para implantarse porque están autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios”

Un informe interno de inspección alertaba del “grave riesgo para los pacientes” por el uso de prótesis homologadas por parte de la trama, no porque sean inseguras, sino porque se utilizaron para inflar los precios en la facturación. Para poder materializar el fraude recogían en la facturación el producto más caro sin homologar, e implantaban el producto homologado. El peligro que esto suponía para el paciente, detalla el documento, reside en las discrepancias entre lo facturado en el programa de gestión económica -conocido como SAP- y la historia clínica del paciente. Ante una alerta sanitaria decretada por la Agencia Española del Medicamento, se vería comprometida la trazabilidad del producto.

Ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la población, recordando que desde el servicio sanitario correspondiente “se han revisado las historias clínicas” de los posibles pacientes afectados: “Como saben, se sigue revisando de forma exhaustiva a los pacientes que fueron atendidos por el médico implicado en un centro concertado y no se ha constatado que existan episodios clínicos que estén relacionados con la implantación de material caducado”.

La consejera ha aprovechado su intervención para adelantar la creación del Registro Regional de Prótesis Implantables “como elemento fundamental en la trazabilidad”. Asimismo, desde 2025 “se ha reforzado el servicio de Inspección sanitaria con la incorporación de 15 profesionales más”, entre inspectores, médicos, farmacéuticos y enfermeros. Además, se ha puesto en marcha dentro del Servicio de Inspección Sanitaria una unidad específica “para reforzar el control económico del Sistema Regional de Salud, con cuatro inspectores dedicados en exclusiva a este asunto”.

Respecto a la oposición, les ha acusado de instrumentalizar el fraude de las prótesis con fines políticos: “Les pido que dejen de hacer su trabajo a la policía y a la justicia en lugar de pretender utilizar la salud de las personas como una herramienta política”.

“Es una irresponsabilidad que solo se puede entender desde el intento de desviar la atención de la corrupción que invade al Partido Socialista”, ha concluido.

La comparecencia, un día más tarde

En teoría, la consejera debería haber comparecido el pasado jueves. Los socialistas modificaron el orden del día con los votos a favor de Podemos, Izquierda Unida y Vox con el fin de incluir la comparecencia de Ayala. El cambio se vio frustrado tres horas después del inicio del pleno, cuando la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, levantó la sesión prematuramente, alegando la disposición de la consejera. “Si ayer me hubieran convocado con normalidad cuando estaba en el Pleno y no aprovechando que ya me había ido, habríamos solventado esta comparecencia”, ha reprochado este viernes.

Martínez leyó un escrito de Ayala, en el que esta señaló que había sido informada de la votación una vez había abandonado la Asamblea tras responder a las preguntas parlamentarias, y ha defendido que, si existía interés en su comparecencia, la modificación del orden del día debía haberse planteado mientras permanecía en el hemiciclo. Tras la suspensión, se agendó la comparecencia para este viernes.

“Miente abiertamente”

La oposición en su conjunto ha cuestionado que ningún órgano político supiera de una trama de esta envergadura: “Usted ha sido gerente del Servicio Murciano de Salud desde septiembre de 2023 hasta el pasado mes, y como tal, era usted la responsable del aprovisionamiento de material y autorización de los planes de pedidos, y entre otras cuestiones, responsable de comprar las prótesis cardiovasculares”, le ha recordado la diputada del Grupo Parlamentario Socialista María Soledad Sánchez Jódar.

En esta línea, la portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea Regional, María Marín, ha acusado a toda la cúpula del SMS y al presidente regional, Fernando López Miras, de mentir “abiertamente” en el pleno de control del pasado jueves, y ha apuntado asimismo hacia el exsecretario general técnico del Salud y actual consejero de Fomento, Jorge García Montoro, cuyo nombre aparece en los correos intervenidos por la UDEF. “Ustedes conocían perfectamente el abuso de los contratos sin procedimiento de licitación pública. Contratos y concursos a dedo a los que se han desviado cientos de millones de euros y que han permitido la existencia de algo tan oscuro y sucio como la trama de las prótesis. Y las que están por venir, porque esto es solo la punta del iceberg”, ha proseguido.

Por su parte, el diputado de IU José Luis Álvarez-Castellanos, ha preguntado a Ayala si el SMS “ha revisado a todos los pacientes” que se han podido ver afectados por la trama. “¿Está en condiciones de asegurar aquí públicamente de que no hay ningún riesgo de que alguien pueda tener un implante caducado?”.

Por sorpresa y con intención de abordar la trama de las prótesis del Servicio Murciano de Salud (SMS), el PSOE ha intentado forzar este jueves la comparecencia de la consejera de Salud, Isabel Ayala, en la Asamblea Regional de Murcia. La modificación del orden del día, que ha salido adelante con los votos a favor de Podemos y de Vox, se ha visto frustrada a última hora.

Tras tres horas de pleno, y cuando le habría tocado el turno de palabra a la consejera, la presidenta de la Cámara regional, Visitación Martínez, ha dado lectura a un escrito remitido por Ayala en el que esta ha señalado que había sido informada de la votación una vez había abandonado la Asamblea tras responder a las preguntas parlamentarias, y ha defendido que, si existía interés en su comparecencia, la modificación del orden del día debía haberse planteado mientras permanecía en el hemiciclo.

Ante ello, la consejera ha mostrado su disposición a comparecer “en sede parlamentaria por los cauces adecuados”, y la presidenta de la Asamblea Regional ha suspendido la sesión, lo que ha sido recibido con gritos de indignación tanto en la bancada socialista como en la del Grupo Mixto y Vox.

Pese a la indignación de la consejera, la estrategia de los socialistas no es ninguna novedad en el Pleno murciano y cuenta con el amparo del reglamento de la Asamblea. Semanas atrás fueron los propios populares los que modificaron el orden del día de un Pleno de control para incorporar la convalidación del decreto de ELA y el decreto para el pago de las subvenciones a organizaciones del tercer sector. La diferencia entre ambos movimientos reside en que el PP planteó esta propuesta antes del inicio del debate, mientras que los socialistas han presentado la modificación del orden del día cuando ya estaba avanzado y se habían formulado seis preguntas a los distintos consejeros, entre ellos Ayala.

Esta petición de comparecencia se produce a menos de un mes de la toma de posesión de la consejera, que ha sustituido en el cargo al consejero de Salud, Juan José Pedreño. Una reestructuración que ha coincidido con la investigación sobre la presunta trama de prótesis en el Servicio Murciano de Salud (SMS) en la que se habrían facturado prótesis caducadas, mediante irregularidades en los sistemas de compra y registro.

De acuerdo con el reglamento de la Asamblea, la presidenta de la Cámara “podrá suspender o levantar las sesiones cuando se produzcan incidentes que impidan la normal celebración de estas”. La sesión se reanudará este viernes 19 de junio, se espera que tenga lugar la comparecencia de la consejera con total normalidad.

Una “espantada en toda regla”

Los socialistas han celebrado que, finalmente, este viernes intervendrá la consejera: “Deberá dar explicaciones”, han advertido, un hecho que han atribuido a “la presión ejercida” por “los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, del grupo Mixto y del Grupo Vox”.

Por su parte, la portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea regional, María Marín, ha calificado la actitud de la consejera de “espantada en toda regla, para no dar explicaciones de la trama” a pesar de que se ha ordenado su comparecencia cumpliendo con el reglamento, ha valorado. “Ha salido huyendo a la carrera para evitar dar cuentas, y lo ha hecho con la complicidad del PP y de la presidencia de la Asamblea”, ha continuado Marín. “Una vergüenza más en este escándalo”, ha dicho, “que demuestra que el PP es un partido que miente por sistema”.

“Si no hay políticos implicados, y todo se ha hecho correctamente, por qué se esconden”, ha reflexionado la diputada de Podemos al tiempo que ha recordado que la consejera Ayala ocupó el cargo de directora gerente del SMS “mientras la trama saqueaba sus arcas y jugaba con la vida de cientos de pacientes”. En su opinión, una consejera “que se niega a dar la cara en la sede de la sobería de la Región no puede seguir ni un minuto más en su puesto, debería dimitir hoy mismo”. Marín ha adelantado, además, “que pediremos la reprobación de la presidenta de la Asamblea por convertirse en cómplice y encubridora de esta fuga”.

Un fraude de 6,9 millones de euros

La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha ampliado su alcance más allá del supuesto fraude económico de 6,9 millones de euros detectado en la facturación de material sanitario. Los agentes investigan ahora posibles irregularidades en los procedimientos de contratación pública, tras detectar indicios de que responsables de la central de compras del SMS habrían facilitado borradores de pliegos de licitación a representantes de empresas del sector antes de su publicación oficial.

Según el atestado policial, uno de los comerciales investigados habría introducido modificaciones en las características técnicas y en la configuración de varios lotes de un concurso de endoprótesis de aorta, cambios que posteriormente habrían sido incorporados al expediente. La causa, que ya cuenta con once detenidos y dos personas investigadas, también analiza la presunta adquisición de implantes caducados o sin homologación, así como discrepancias entre la documentación clínica de los pacientes y las facturas emitidas. Desde la Consejería de Salud han insistido desde un principio en que fue la propia inspección sanitaria la que derivó la causa a Fiscalía.

A punto ha estado la Región de Murcia de afrontar el año preelectoral sin un barómetro institucional propio por primera vez en un cuarto de siglo. La Asamblea Regional ha aprobado este miércoles un contrato transitorio con el Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) que permite reactivar los encargos al organismo universitario, con el rechazo de Vox, después de que la moción presentada por el PP para recuperar el servicio reabriera el debate sobre la continuidad de una serie histórica que, desde el año 2000, ha servido de referencia para investigadores, medios de comunicación y partidos políticos.

El organismo, vinculado a la Universidad de Murcia, dejó de elaborar encuestas después de que la propia Asamblea aprobara en abril de 2025 sustituir el sistema de financiación directa por un modelo de concurrencia competitiva. Aquella decisión salió adelante el 1 de abril de 2025 con los votos a favor de PSOE y Vox y la abstención de Podemos-IU. La iniciativa, presentada inicialmente por Vox, que planteaba directamente suprimir los barómetros, fue enmendada por el PSOE, que mantuvo la realización de las encuestas pero exigió que se adjudicaran mediante un procedimiento abierto. El PP votó en contra al considerar la propuesta “confusa y contradictoria”.

El cambio de modelo no tuvo, sin embargo, efectos inmediatos. El convenio entonces en vigor entre la Asamblea y la Universidad de Murcia garantizaba la continuidad de los trabajos durante un año más, por lo que el CEMOP siguió elaborando estudios a lo largo de 2025. El último barómetro se publicó en marzo de este año. Lo que nunca llegó fue el concurso público: la Cámara no inició el procedimiento de licitación y el centro dejó de recibir nuevos encargos, dejando en el aire la edición de primavera que se venía publicando desde hacía 25 años.

Ha sido en ese contexto en el que el PP ha llevado este miércoles al pleno una moción para recuperar el servicio, que contaba de antemano con el respaldo de Podemos-IU y, previsiblemente, del PSOE, y que ha desembocado en la aprobación de la fórmula transitoria con el rechazo de Vox.

“Vox lo que quiere es que se le dé la encuestadora a la UCAM, ya que son cercanos a ellos”, ha apuntado la portavoz de Podemos-IU, María Marín. “De hecho, en la última encuesta que sacó la UCAM al mes justo de ser Alpañez portavoz del grupo parlamentario Vox, cuando echaron a Antelo, le daba un nivel de conocimiento al de la Región de Murcia del 60%, más o menos al nivel de Gabriel Rufián”.

La propuesta que ha terminado aprobándose coincide con la que el propio CEMOP llevaba meses defendiendo ante los grupos parlamentarios. Su codirector, Ismael Crespo, explica que el centro escribió ya en septiembre del año pasado a la presidenta de la Asamblea para advertir del riesgo de que el organismo se quedara sin actividad. Según Crespo, el retraso ha respondido sobre todo a la falta de respaldo político suficiente: “Esto se ha dilatado mucho porque no había apoyo político. No creo que el PP estuviera dispuesto a llevar algo que sabía que no le iban a votar”, apunta, y subraya que el CEMOP siempre ha defendido que cualquier solución cuente con un consenso amplio.

Un verano “tardío”

El organismo prevé retomar su actividad con un barómetro de verano “tardío” en septiembre, al que seguirían uno de invierno y, ya en la antesala electoral, el preelectoral. Crespo defiende además la legitimidad del modelo murciano frente a las críticas de Vox, que en 2025 llegó a calificar al centro de “chiringuito”: “Barómetros de estos hay en el País Vasco, en Catalunya, en Castilla y León, en Valencia y en Galicia. No somos ninguna excepción”, sostiene.

El sistema murciano presenta, en todo caso, una singularidad poco frecuente en España: aunque el CEMOP depende académicamente de la Universidad de Murcia, su financiación ha procedido históricamente de la Asamblea Regional y no del Gobierno autonómico, a diferencia de otros organismos demoscópicos regionales como el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de Catalunya —organismo autónomo de la Generalitat desde 2007—, el Barómetro Andaluz, impulsado por la Fundación CENTRA y dependiente de la Junta, o el Euskobarómetro, elaborado por la Universidad del País Vasco.

El CEMOP nació en el año 2000 como un grupo de investigación de la Universidad de Murcia integrado por profesores de Ciencia Política y Sociología, y participó en sus primeros años en proyectos como el Atlas Electoral de Murcia, junto a la Fundación Séneca y el CIS. El salto definitivo llegó en 2010, cuando con Rosa Peñalver al frente de la Asamblea se impulsó el convenio que dio lugar a los barómetros periódicos —primero dos ediciones anuales, luego tres—, presentados siempre antes ante la Junta de Portavoces. Desde 2023, además, incorporan el acceso abierto a los microdatos, lo que permite a investigadores y ciudadanía realizar sus propios análisis.

El diputado de Vox en la Asamblea Regional de Murcia Antonio Martínez Nieto se ha opuesto este miércoles a una moción presentada por la coalición Podemos-IU que reclama al Gobierno regional la elaboración de un protocolo específico de atención al alumnado trans y de prevención del acoso transfóbico en los centros educativos, al considerar que la iniciativa forma parte de una “factoría comunista” cuyo objetivo es “aniquilar” los valores de “la fe, la patria, la familia, la propiedad privada y la libertad individual”.

El parlamentario de ultraderecha ha sostenido que el comunismo “reinventó la lucha de clases como lucha de razas, sexos, creencias e identidades” tras la caída del Muro de Berlín, y que la ideología de género es “el producto más refinado y más cruel de esa factoría comunista” porque “atenta contra la naturaleza humana”. Según el diputado, su “verdadero logro” ha sido sacar esas conductas “del catálogo de los trastornos” para meterlas “en el catálogo de los derechos humanos”.

La moción, registrada el pasado 13 de mayo por la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, María Marín, al amparo del artículo 195 del Reglamento de la Cámara, pide que el nuevo protocolo se base en una propuesta técnica que colectivos LGTBIQ y el sindicato STERM ya habían presentado el 20 de noviembre ante la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa e Innovación, y que la Consejería de Educación lleva meses sin tramitar. La iniciativa se apoya en el artículo 61 de la ley trans estatal, que obliga a las administraciones públicas a desarrollar este tipo de protocolos.

“Brigadistas de ideología de género”

Martínez Nieto ha negado que exista necesidad real de esa herramienta: “Entre los más de mil expedientes de acoso que hay en la Región de Murcia cada año, no hay ningún expediente de acoso transfóbico”, ha afirmado desde la tribuna, para concluir que “no existe la demanda para que exista ese protocolo”. A su juicio, el verdadero objetivo de la moción es “empujar al PP contra las cuerdas” para crear “equipos de orientación especializados en acoso transfóbico” que, ha dicho, funcionarían como “brigadistas de la ideología de género”.

El parlamentario ha recordado que la Región de Murcia aprobó ya una “ley LGTB trans” autonómica que, en su opinión, “permite el adoctrinamiento” en las aulas, y ha reclamado derogarla: “Vox hace de coraza inexpugnable que no permitirá que se profane la inocencia de nuestros jóvenes y de nuestros niños con protocolos podridos [...] que se deben derogar y desterrar de nuestro sistema y echar de un puntapié de nuestro sistema educativo”. La moción ha sido rechazada con los votos de PP y Vox.

“Cuento de terror” desde la tribuna

Marín ha señalado en una publicación en X que “si PP y Vox llegan a gobernar volverán a meternos en armarios, manicomios y prisiones”.

“No entiendo cómo se permiten sus intervenciones porque muchas de ellas atentan contra la Constitución española”, ha subrayado a este medio la portavoz de Podemos-IU. “Cuando sale a la tribuna ya estamos todos esperando a ver qué cuento de terror va a contar”.

No es la primera vez que este diputado de Vox protagoniza una intervención polémica en el hemiciclo murciano. En abril llamó a “combatir, incluso con violencia, la aberración moral del aborto y la eutanasia”, lo que provocó una concentración de protesta de varios colectivos que pidieron su expulsión de la Cámara. Un año antes, durante un debate sobre el futuro del Cine Rex de Murcia, defendió el personaje de Torrente como “lo que muchos españoles honrados y trabajadores piensan”, y en 2024 atribuyó la pobreza en la Región a una “ideología del parasitismo social”, llegando a invocar la franquista Ley de Vagos y Maleantes para “los que no quieren realmente trabajar”.

El Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), que actualmente se imparte en dos centros educativos de Talayuela (Cáceres), continuará en Extremadura, aunque dejará de desarrollarse dentro de las aulas. Así lo ha anunciado este jueves el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, durante el debate de una propuesta de impulso presentada por el PSOE para exigir a la Junta que mantenga este programa en su oferta educativa.

La iniciativa socialista, previsiblemente rechazada por la mayoría parlamentaria de PP y Vox, reclamaba garantizar la continuidad y correcta cobertura del PLACM en el principal núcleo de población marroquí de Extremadura. El programa se imparte en horario no lectivo y está financiado íntegramente por Marruecos.

Tanto Sánchez Juliá como la portavoz de Vox, Beatriz Muñoz Rodríguez, defendieron que “el pacto se va a cumplir” y aseguraron que la decisión no pretende “romper ninguna convivencia”. El dirigente popular instó además a la oposición a leer “la literalidad del pacto” firmado entre ambas formaciones.

Desde el PSOE, la diputada Lara Garlito sostuvo que el acuerdo de gobierno entre PP y Vox representa “el más extremista que jamás haya tenido la región” y denunció el “señalamiento público” a los menores matriculados en este programa. Según defendió, el PLACM “no supone ningún coste para la Junta” y puede impartirse como actividad complementaria o extraescolar.

Garlito acusó al Ejecutivo autonómico de intentar suprimir el programa “sin ningún criterio educativo”, únicamente por una decisión “ideológicamente extrema” que, a su juicio, “busca lío y conflicto donde no lo había”. Además, rechazó las acusaciones de adoctrinamiento y recordó que en el programa “está prohibido hablar de política y religión”.

La diputada socialista pidió escuchar a la comunidad educativa antes de sacar el programa de los centros, al considerar que su permanencia en las instalaciones escolares garantiza una mejor organización y accesibilidad para las familias.

La propuesta contó también con el respaldo de Unidas por Extremadura. Su portavoz, David Araujo, advirtió de que este acuerdo “sienta un precedente” y señaló directamente a la presidenta de la Junta, María Guardiola, y a la consejera de Educación, a quienes acusó de “convalidar la agenda del odio”.

Por su parte, Sánchez Juliá rechazó las críticas de la oposición y aseguró que la iniciativa socialista no persigue beneficiar a los extremeños, sino atacar al Ejecutivo autonómico. El portavoz popular recordó que el Gobierno regional cuenta, dijo, “con el respaldo del 60 por ciento de los extremeños” y defendió que el PLACM “ni es obligatorio ni forma parte del currículo educativo”.

Asimismo, sostuvo que sacar el programa de los centros educativos “no afectará a la escolarización” del alumnado participante y acusó al PSOE de practicar una “política de asustar”. Finalmente, trasladó a los vecinos de Talayuela un “mensaje de calma social” y reivindicó la apuesta de la presidenta extremeña, María Guardiola, por la integración y la igualdad de oportunidades.

Las consecuencias de la implosión del partido de Vox en la Región de Murcia cada vez saben más a detonación controlada. El antiguo líder de los de Abascal en la Comunidad José Ángel Antelo ha terminado compartiendo grupo parlamentario con los diputados de Podemos e Izquierda Unida-Verdes en la Asamblea Regional. Y desde hace dos semanas, con la incorporación de otra ex de Vox al Grupo Mixto, Virginia Martínez, la formación ha caído en una suerte de empate técnico. A la vuelta del verano, tendrán posiblemente a Antelo como portavoz.

El Grupo Mixto en la Asamblea Regional ya tiene una propuesta de reglamento que establecerá las reglas internas. Dicho Grupo tendría que haber presentado su reglamento a la Mesa el pasado jueves, pero no fue posible, ya que Antelo manifestó su desacuerdo porque quería contar con la portavocía y lo que consideraba “un reparto equitativo de los recursos, los espacios y los tiempos de intervención”. Ante la falta de consenso, el reglamento quedó en manos de la Mesa, donde los del PP tienen la mayoría, al estar formada por tres diputados populares y dos del PSOE.

Entre otros aspectos, la propuesta de la Mesa contempla una portavocía rotatoria entre sus miembros por orden de antigüedad que se irá alternando en los diferentes periodos de sesiones y en la que no puede repetir quien ya haya ejercido esas funciones. Esto implica que la actual portavoz del Grupo Mixto, la diputada de Podemos María Marín, deberá abandonar su puesto de inmediato. Le sustituirá su compañero José Luis Álvarez-Castellanos, que ejercerá esta labor hasta julio, a menos que se la ceda a Marín. A la vuelta del verano, le llegará el turno de Antelo hasta enero, cuando Martínez le suceda o decida traspasársela al antiguo líder de Vox. Las elecciones regionales tendrán lugar el próximo mayo de 2027, por lo que el ex de esta formación de ultraderecha podría convertirse en portavoz del Grupo Mixto hasta entonces.

Los integrantes de la Mesa, junto al personal jurídico de la Cámara, deben casar en el reglamento las peticiones de todo los integrantes del Grupo Mixto, pero Marín ha denunciado que se trata de un reglamento “hecho a la medida del señor José Ángel Antelo”: “Se han comprado dos diputados”. Tal y como establece el borrador del reglamento, las mociones y proposiciones no de ley del Grupo Mixto deberán estar suscritas por su portavoz.

“Un tránsfuga que no representa a nadie”

Marín ha señalado que se le va a dar la portavocía del Grupo Mixto el próximo septiembre a un “tránsfuga que no representa a nadie”: “Esto es un veto diseñado específicamente contra mi persona y que, además, se nos impone sin permitir que la Junta de Portavoces pueda ni siquiera votar otra alternativa”.

Tras este movimiento, Marín ha apuntado que el PP quiere desatascar con los votos de los ex de Vox iniciativas como la Ley de Vivienda y la reforma de la Ley del Mar que, hasta ahora, no han logrado a convencer a los de Abascal: “[El reglamento del Grupo Mixto] es el pago del Partido Popular a los dos tránsfugas”.

La propuesta ha tomado como referencia el reglamento que se estableció para el Grupo Mixto la pasada legislatura. Tras la moción de censura fallida presentada por PSOE y Ciudadanos en 2021, los diputados naranjas que se mantuvieron fieles a su partido tuvieron que pasarse al Grupo Mixto después de que lo tomasen los tránsfugas. En ese momento tampoco hubo acuerdo entre los miembros del Grupo, por lo que la normativa quedó en manos de la Mesa. El texto estableció una portavocía rotatoria, en la que se turnaban en orden alfabético.

Respecto a las intervenciones en los Plenos, la propuesta del reglamento señala que, si los miembros del Grupo Mixto así lo acuerdan, podrá intervenir un solo diputado en las sesiones de la Cámara, quien contará con el mismo tiempo que el resto de parlamentarios. Previsiblemente, el tiempo de intervención será asignado “a partes iguales entre todos sus integrantes presentes al comienzo de la sesión, que harán uso de la palabra sucesivamente por orden alfabético de primer apellido”. Esto supone que los dos diputados de Podemos e IU, de distintas formaciones políticas, tendrán el mismo tiempo de intervención que los dos antiguos parlamentarios de Vox.

Lo mismo ocurre con la subvención asignada al grupo parlamentario, que queda establecida en 19.940 euros al mes y distribuida al 50% entre ambas partes. A esto hay que sumarle la cantidad de 20.814,89 de euros, de acuerdo con los ajustes que deben realizarse en la subvención correspondiente a los meses de marzo y abril por la entrada al grupo de Antelo y Martínez.

Cruce de acusaciones entre PSOE y Podemos

La propuesta del reglamento del Grupo Mixto se ha aprobado por unanimidad en la Mesa, con los tres votos del PP y los dos del PSOE. Esto ha motivado el reproche de los diputados de Podemos e IU a los Socialistas, a los que han acusado de “pactar con el PP para ocultar el trabajo de la única oposición real que la derecha tiene en la Asamblea”: “El PSOE ha unido sus votos al PP”, ha denunciado Marín.

Tras esto, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, ha acusado a Marín de mentir: “El PSOE no ha pactado nada con el PP. El reglamento del Grupo Mixto ni siquiera está aprobado”. “Habéis aprobado con el PP una propuesta que me veta como portavoz y da la portavocía del Grupo Mixto a un ultraderechista como Antelo el último año de legislatura. Si eso ya era grave, mentir os deja aún peor”, ha replicado Marín.

La diputada autonómica Inés Checa Mallebrera será la nueva portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura en sustitución de Óscar Fernández Calle, nombrado vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia en el Gobierno extremeño.

El grupo parlamentario ha acometido una reorganización interna tras la incorporación de dos de sus once diputados al Ejecutivo regional en virtud del acuerdo alcanzado con el PP, Fernández Calle -que será presidente del grupo parlamentario- y Juan José García, este último como consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

Checa Mallebrera, jurista y mediadora, cuenta además con formación en radiodiagnóstico y medicina nuclear, ha informado Vox, que también ha subrayado que está “muy vinculada al mundo rural y destaca por su firme defensa de los valores de la familia”,

El partido ha recordado que el acuerdo de gobernabilidad recogía también la designación del diputado Ángel Pelayo Gordillo como senador por designación autonómica. Este será también portavoz adjunto del grupo mientras que el diputado y concejal de Plasencia Álvaro Sánchez-Ocaña desempeñará la responsabilidad de segundo adjunto de portavocía y Javier Bravo Arrobas ejercerá de secretario.

“Esta nueva etapa permitirá reforzar la acción parlamentaria de la formación y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los extremeños”, ha destacado Vox.

Aún no hay Gobierno en Extremadura, aunque la nueva estructura se espera conocer este miércoles, pero la Asamblea de Extremadura ya ha aprobado las fechas de los plenos del primer periodo de sesiones de la XII legislatura, además de cambios importantes que afectan a la labor de control de la oposición sobre el Ejecutivo.

En concreto, la junta de portavoces ha aprobado este martes recortar los turnos de preguntas al Gobierno de María Guardiola tanto en el pleno como en las comisiones, lo que ha sido rechazado por los dos grupos de la oposición, PSOE y Unidas por Extremadura, mientras que PP y Vox lo han justificado al entender que es “proporcional” teniendo en cuenta el resultado de las elecciones autonómicas del pasado diciembre.

La Asamblea retomará el 7 de mayo su actividad parlamentaria con la celebración de un pleno ordinario. También habrá plenos los días 28 de mayo, 4 y 18 junio y 2 y 16 julio.

Con respecto a los cupos aprobados por PP y Vox, el Grupo Parlamentario Socialista podrá realizar dos preguntas al Gobierno por pleno, una menos que en la legislatura pasada, y Unidas por Extremadura podrá preguntar una vez al Gobierno en cada sesión, igual que anteriormente. Por su parte PP y Vox podrán hacer tres y dos preguntas por pleno. Las preguntas a la presidenta se harán en el segundo pleno de cada mes por parte de los presidentes de cada grupo parlamentario.

Respecto a las propuestas de impulso a presentar por sesión plenaria, el cupo por grupo es de dos el PP, dos el PSOE, dos Vox y una Unidas, mientras que las propuestas de pronunciamiento serán como máximo dos por pleno en general. En las comisiones no habrá cupo para las de impulso y para las de pronunciamiento será de tres para el PP, dos el PSOE, dos para Vox y una para Unidas por Extremadura.

La diputada del PP, Teresa Tortonda, ha negado que se trata de un “rodillo” o de que haya “miedo o dientes afilados” por parte de los grupos que sostienen al Gobierno de coalición. “Lo que hay es proporcionalidad” con el resultado electoral, donde PP y Vox sumaron el 60% de los votos y la izquierda el 40%, ha explicado, por lo que ha señalado que la oposición no ha asimilado “que la situación ha cambiado”.

A pesar de estas limitaciones para fiscalizar al Gobierno, Tortonda ha indicado que el control “no solo con preguntas, sino también con propuestas de impulso, pronunciamiento, comparecencia e interpelaciones”.

Sobre el pleno fijado para la semana que viene, sin conocerse aún la estructura del Ejecutivo y quiénes estarán al frente de las consejerías, al diputada del PP ha dicho que la oposición ha tenido cuatro meses para registrar todas las iniciativas que han querido y el pleno “no es ilógico” sino que es para “empezar el funcionamiento de este nuevo tiempo parlamentario”.

Desde el PSOE, su portavoz parlamentaria, Piedad Álvarez, ha criticado el “rodillo” de la mayoría de PP y Vox al reducir a tres preguntas de la oposición, una menos que en la pasada legislatura, ha remarcado, lo que supone, en su opinión, una falta de transparencia y de respeto. “No les gusta rendir cuentas, por eso han tenido la Cámara cerrada estos seis meses”, ha dicho Álvarez.

Además, ha lamentado las “prisas” para poner un pleno la próxima semana en el que no podrán traer a comparecer ni interpelar a nadie, ha subrayado, al desconocer la estructura del Ejecutivo ni sus responsables, críticas en las que ha coincidido con Unidas por Extremadura.

Álvarez ha explicado que su grupo hubiera solicitado la comparecencia del responsable del área de Patrimonio por el robo de 144 monedas históricas del 'Tesoro de Villanueva' en el Museo Arqueológico de Badajoz, sin embargo, ha lamentado los plazos que existen para ello.

Para la portavoz de Unidas, Irene de Miguel es una “vergüenza” los cupos que dan a su grupo, con siete escaños, una pregunta con tres diputados más que anteriormente, mientras Vox, con cinco diputados en la legislatura anterior podía hacer tres, ha remarcado. Con ello, demuestran el “pánico” a que la oposición ejerza su labor, ha expresado.

Además, ha avanzado que Unidas pedirá el coste económico de la toma de posesión de Guardiola en el Anfiteatro Romano, ceremonia con “delirios de grandeza”, ha criticado. “La emperatriz no tiene prisa en comenzar a gobernar”, ha ironizado De Miguel respecto a que se desconozca la configuración del Gobierno.

La Asamblea Feminista de la Región de Murcia (AFRM) ha denunciado con “absoluta firmeza” las declaraciones realizadas en la sesión del Pleno de la Asamblea Regional el pasado 15 de abril por el diputado de Vox Antonio Martínez Nieto, quien llamó a combatir “incluso con la violencia” derechos fundamentales como el aborto y la eutanasia. Lo hizo durante el debate de una moción del PP en la que se exige al Gobierno una Ley de Cuidados Paliativos que no ha prosperado.

Desde la AFRM han subrayado que “no se trata de un exceso verbal ni de una mala interpretación, sino de un hecho de especial gravedad institucional, al introducir la violencia como categoría en el discurso político desde la tribuna parlamentaria”.

Asimismo, la organización feminista considera que las posteriores declaraciones del diputado, en las que afirma que no se refería a violencia física sino a una “resistencia firme” en el ámbito de las ideas, no solo no corrigen lo sucedido, sino que “lo agravan”, al banalizar el uso del término violencia y contribuir a su normalización en el debate político.

Rechazo al intento de justificación

La AFRM también rechaza el intento de justificar estas palabras apelando a una supuesta “violencia institucional” o al contexto de polarización política. A su juicio, este tipo de argumentos desplazan la responsabilidad y forman parte de una estrategia que legitima “posiciones antidemocráticas”.

“Nombrar la violencia desde una institución es cruzar una línea roja democrática”, señalan desde la Asamblea Feminista, que advierte del riesgo de deterioro del debate público y de erosión de las instituciones.

En este sentido, la asociació feminista recuerda que los derechos como el aborto y la eutanasia “han sido aprobados democráticamente y forman parte del ordenamiento jurídico vigente”.

Una “condena expresa” en la Asamblea Regional

Por todo ello, la Asamblea Feminista de la Región de Murcia exige que el diputado rectifique inmediatamente los términos “inequívocos” del diputado, al tiempo que pide una “condena expresa” por parte de todas las fuerzas políticas y la reafirmación institucional del rechazo “a cualquier forma de violencia” en el ámbito político.

También demandan que se active el Estado de derecho frente a “cualquier intento de degradación institucional” y que la Comisión del Estatuto del Diputado de la Asamblea Regional evalúe si esta intervención se ajusta al código ético vigente en la Cámara.

Además, la AFRM ha abierto un proceso de recogida de adhesiones al comunicado, dirigido a organizaciones, colectivos, instituciones y personas individuales.

Finalmente, la Asamblea Feminista hace un llamamiento a la ciudadanía a “no normalizar este tipo de discursos y a defender activamente la democracia”. “Las feministas sabemos bien —como afirmamos con fuerza en Beijing +20— que los derechos hay que garantizarlos y lucharlos cada día, porque pueden ser amenazados o revertidos”, concluyen.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado hoy en el Pleno de la Asamblea Regional que su Ejecutivo va a asumir el coste de la cuota de los autónomos durante los dos primeros meses de baja médica por enfermedad o accidente, a través de una ayuda directa que podrá alcanzar los 700 euros por beneficiario. Esta medida dará cobertura al conjunto de los 106.370 autónomos de la Región de Murcia, la cifra más alta de toda la serie histórica.

“Gracias a las ayudas del Gobierno de la Región de Murcia, los autónomos se van a poder poner enfermos”, subrayó López Miras, quien añadió que “ésta es una iniciativa justa y, además, que les protege en un momento de vulnerabilidad. Mientras unos persiguen a los que crean empleo, riqueza y oportunidades, otros trabajamos para hacer su día a día más fácil”.

López Miras añadió que “es una medida que atiende una preocupación real de los autónomos: la de quienes tienen que parar su actividad por una baja. Hasta ahora, esos autónomos tenían que seguir pagando su cuota durante los dos primeros meses sin ingresos, aunque su negocio no funcionase”.

Para poner en marcha esta iniciativa, el Gobierno de la Región de Murcia destinará una partida de dos millones de euros a través de una convocatoria que está ultimándose y que se publicará en las próximas semanas. 

El anuncio coincide con el Día Mundial del Emprendimiento, que se celebra cada 16 de abril para reconocer y fomentar el espíritu emprendedor, la innovación y la creación de empresas como motores económicos.

El presidente resaltó que esta iniciativa se enmarca en la política del Gobierno regional de acompañamiento y generación de oportunidades para los trabajadores por cuenta propia, que ha permitido batir el récord de autónomos con un crecimiento superior al experimentado de media en España.

En este sentido, López Miras recordó el “éxito” de medidas autonómicas como la Cuota Cero Ampliada, que cubre los dos primeros años de cotización de nuevos autónomos y de la que se han beneficiado más de 3.300 personas desde 2025, así como los 2,7 millones de euros destinados a apoyar específicamente a los autónomos del comercio. 

Además, el máximo responsable regional avanzó que su Ejecutivo tiene ya ultimada la segunda Estrategia del Trabajo Autónomo, con el objetivo de alcanzar el umbral de los 111.000 autónomos en el año 2029.

El diputado de Vox Antonio Martínez Nieto ha llamado este miércoles a combatir “incluso con violencia” la “aberración moral del aborto y la eutanasia”. Lo ha dicho durante el debate de una moción del PP en la que se exige al Gobierno una Ley de Cuidados Paliativos que no ha prosperado.

El político se ha preguntado “¿cómo puede el PP pensar que el Gobierno socialista, que quiere meter la cultura de la muerte en la Constitución, va a regular los cuidados paliativos a su gusto?”. Martínez Nieto, que no es la primera polémica que protagoniza en la Asamblea regional, se ha negado a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez “una ley para convertir los cuidados paliativos en un refuerzo de la eutanasia”.

“Tenemos el deber de combatir, incluso con violencia, la aberración moral del aborto y la eutanasia”, ha dicho tras hacer referencia al médico británico John Langdon Down, quien describió por primera vez el síndrome de Down. “Una verdadera civilización no se juzga por su poder o su tecnología, sino por su trato hacia los débiles que no pueden defenderse”, ha citado el diputado.

El político de ultraderecha ya ha protagonizado otras polémicas en la cámara regional. En febrero de 2025 calificó de “pepona travestida” a la ley LGTBI y dijo que solo hay que celebrar el 'Orgullo agrario'. Y unos meses antes, Un diputado de Vox en Murcia afirma que la pobreza está “alimentada por la ideología del parasitismo social”.

El Parlamento murciano bien podría ilustrar el 'eterno retorno' de Nietzsche: la vida y sus acontecimientos se repiten infinitamente de la misma manera. De esta forma, el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, se ha ido encontrando con distintos 'díscolos' de Vox y de Ciudadanos con los que cincelar una mayoría absoluta que no ha obtenido en las urnas. Los líderes son reemplazables, pero los escaños son insustituibles, y en estos momentos Vox cuenta en la Región de Murcia con dos asientos menos. La salida del partido de extrema derecha por parte de la diputada Virginia Martínez puede suponer un descalabro mayor para los de Abascal que el cese de su antiguo presidente provincial, José Ángel Antelo. Tras su decisión el PP, con 21 diputados y a solo dos de la mayoría absoluta, solo necesitará el apoyo de los dos exmiembros del partido de Abascal para sacar adelante sus proyectos. Con las nuevas cuentas, Vox ha pasado de ser el mal necesario del Partido Popular.

La dimisión de Virginia Martínez se veía venir desde que no apoyó el cese de José Ángel Antelo como presidente autonómico del partido y portavoz parlamentario: “Ha aprovechado para marcharse la ola de dimisiones que ha habido primero en Torre Pacheco y Cartagena”, apunta el politólogo y codirector del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP), Ismael Crespo.

Martínez llegó a Murcia de manos de Ortega-Smith: “nadie la conocía en la Región”. Sabe cómo hacerse con el foco político: en diciembre del pasado año, la parlamentaria interrumpió en el pleno de la Asamblea regional con burka para pedir su prohibición en la Región de Murcia y causó un gran revuelo en los medios. La describen como “tremendamente ambiciosa”.

En la carta que escribió para explicar su abandono del grupo parlamentario de Vox, la diputada expuso su desengaño de “un partido que venía a cambiar la política tradicional de redes clientelares”. Antiguos dirigentes del partido se muestran críticos con su antigua formación: “Después de predicar la meritocracia, al final esta va de colocar a la nuera o a la novia”.

“Estas gotas de agua que van cayendo sugieren que hay alguien detrás marcando los tiempos para desgastar al partido”, opina una fuente próxima a Vox. En el entorno de la formación creen que existen posibilidades de que surjan nuevas iniciativas en torno a Iván Espinosa de los Monteros, por un lado, o a Javier Ortega-Smith y Juan García-Gallardo y que la dimisión de Martínez sea parte de esta estrategia. “Otra posibilidad es que se integren en SALF o negocie para entrar en el PP, que está buscando una imagen más dura”. “Todas las opciones están encima de la mesa. [...] En España Vox tiene mil fuegos y llega un momento en que cuando todo se repite, se ve un patrón”, señalan otros.

Con esta nueva configuración parlamentaria, se le abre al Ejecutivo la posibilidad de ver aprobadas medidas clave, como la Ley de Vivienda Asequible, bloqueada hasta la fecha por los de Abascal, y a la que Antelo ha dado recientemente su visto bueno. La dimisión de Martínez llega en un momento “muy oportuno” para el PP, apunta el diputado por Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos: “Si la Ley se aprueba después de estar atascada desde enero, tendremos la prueba de algodón de que ha tenido lugar una operación por parte del Partido Popular para lograr los votos que le faltan”. 

No es la primera vez que al Partido Popular le caen votos del cielo en el seno de la Asamblea Regional. En el año 2021, una moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos amenazó la continuidad del gobierno popular. Pero tres diputados tránsfugas del partido naranja dinamitaron la moción, pasando a formar parte del Ejecutivo murciano: “Al menos Antelo, si quiere seguir en política, va a negociar”, ha señalado Crespo. “Tengo mis dudas sobre qué rédito puede sacar Antelo. Está en una situación comprometida, ni es un gran activo político ni tiene una experiencia estupenda. No tengo muy claro qué puede aportar al PP tras las elecciones autonómicas del 2027”, ha añadido el politólogo.

Queda por ver qué hará el Partido Popular ante estos potenciales socios de gobierno: “Puede pactar con los ex de Vox y sacarlo todo adelante, demostrar que pueden gobernar. También existe la posibilidad de que se mantengan en su parálisis habitual y continúen intentando pactar con Vox”, ha enumerado Crespo, que recuerda que los populares aún tienen pendiente las negociaciones con los de Abascal para formar gobierno en Extremadura. En el caso de que Antelo y Martínez estén considerando sumarse a alguna iniciativa, “van a enrocarse más que nunca en las ideas”, opinan desde el entorno de Vox.

Por su parte, Crespo no descarta que hayan podido influir factores interpersonales: “Con la salida de Antelo, Vox se ha quedado sin referente institucional. Pancorbo es el nuevo presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox, por otro lado, el líder parlamentario ha pasado a ser Alpañez, y es sabido que no es un individuo que genere consenso ni siguiera dentro de su grupo”.

“Vox es un partido extremadamente autoritario en sus formas y en su estructura, se dirige absolutamente todo a Madrid, los diputados realmente no pintan nada. Creo que puede despertar cierta frustración cuando alguien ajeno a la política entra a un proyecto y le dicen que solo está para que levanten la mano en las votaciones”, observa Crespo. “A veces vemos la política como una sucesión de cuestiones lógicas, pero en el fondo todos somos humanos. La dinámica del día a día puede llevarnos a decidir en un momento dado sin pensar tanto en cuestiones tácticas o estratégicas”.

El espejo de los díscolos de Vox

No es la primera vez que Vox se encuentra en esta situación. La formación politica sufrió un terremoto político similar en junio de 2020, cuando expulsó del partido a tres de sus cuatro diputados autonómicos de la Asamblea Regional de Murcia -Juan José Liarte, Mabel Campuzano y Francisco Carrera-, después de que estos quitasen de la titularidad de las cuentas de su grupo parlamentario a dirigentes nacionales como Ortega Smith y despidieran a cuatro trabajadores del grupo parlamentario.

En 2022 Abascal forzó la disolución del grupo parlamentario en la Asamblea Regional y Juan José Liarte, Francisco Carrera, Mabel Campuzano y Pascual Salvador acabaron en el Grupo Mixto. López Miras supo cabalgar la crisis y consiguió acercar a 'los díscolos de Vox' a sus posiciones. “Se trata de una geometría perfecta”, apunta una fuente próxima al partido de extrema derecha. “Vox quería gente de perfil alto, pero manipulables. Y el problema es que, esencialmente, son dos cosas contradictorias. Ahora, ya, buscan a gente dependiente”, añade.

Estos tres diputados permanecieron en su escaño hasta las elecciones de 2023, llegando incluso a asumir la cartera de la consejería de Educación en el año 2021 tras la moción de censura fallida presentada por PSOE y Ciudadanos. Antelo y Martínez no tienen tanto tiempo, puesto que los próximos comicios autonómicos están fechados para 2027. Pero, como los díscolos, conservan sus escaños como herramienta negociadora como el PP.

Qué ocurre con el Grupo Mixto

La configuración de la Asamblea Regional, una vez se incorpore Martínez al grupo Mixto, será de 21 diputados del PP, 13 del PSOE, 7 de Vox, y 4 del grupo Mixto: María Marín (Podemos), José Luis Álvarez-Castellanos (IU-Verdes) y los dos exdiputados del partido de ultraderecha.

Por el momento, Álvarez-Castellanos reconoce que la nueva configuración en el Grupo Mixto pone a IU-Verdes y a Podemos en una situación “compleja”: “A priori todo apunta que va a ser una situación de 50-50, un bloqueo que habrá que desatascar de alguna forma”.

Queda en el aire el papel que tomará Martínez dentro del Grupo Mixto: “Hasta el momento llevamos cinco plenos en los cuales Antelo no ha dicho esta boca mía, no ha pedido intervenir absolutamente para nada. Virginia [Martínez] no sé lo que hará, pero mi impresión es que no la veo muy por la labor de desarrollar una labor furiosa de desarrollo de iniciativas”

“No podemos descartar que esto vaya a ser algo más que que una división del grupo parlamentario Vox y que estén pensando [los ex de Vox] en formar otra formación política de cara al futuro. Si se da el caso, probablemente intervendrán más”, ha concluído el diputado de IU-Verdes.

El electorado murciano

La crisis de Vox, aunque ha hecho temblar a la composición parlamentaria, posiblemente no se haga notar en las urnas: “Al 60% del electorado murciano no le interesa la política, ni nacional ni regional. El otro 40% se maneja en ecosistemas informativos bastante segmentados. Posiblemente, una buena parte del electorado no se va a enterar; no creo que impacte mucho”, explica Crespo.

“Sí es posible que la crisis esté afectando a la idea de que Vox es un partido virgen [de escándalos] como parecía”, añade.

Las dimisiones en Vox en la Región de Murcia llegan por goteo, pero llegan. Este martes ha dimitido la diputada regional Virginia Martínez, tras sentirse “profundamente decepcionada” con el rumbo de la dirección del partido. De este modo, Martínez pasa a formar parte del Grupo Mixto junto al antiguo líder de Vox, el ya cesado José Ángel Antelo.

Tras esta decisión, el PP, con 21 diputados y a solo dos de la mayoría absoluta, solo necesitaría el apoyo de los dos exmiembros del partido de Abascal para sacar adelante sus proyectos y Vox perdería su papel decisivo en el Parlamento regional.

La configuración de la Asamblea Regional, una vez se incorpore Martínez al grupo Mixto, será de 21 diputados del PP, 13 del PSOE, 7 de Vox, y 4 del grupo Mixto: María Marín (Podemos), José Luis Álvarez-Castellanos (IU-Verdes) y los dos exdiputados del partido de ultraderecha.

“Nos encontramos actualmente con una cúpula que acumula cargos para recibir sobresueldos y que se dedica a expulsar a referentes de talento”, ha denunciado Martínez.

La diputada fue la única que no apoyó el cese de José Ángel Antelo como presidente autonómico del partido y portavoz parlamentario. Pese a su abstención, el partido no movilizó su expulsión: “Está en tierra de nadie”, definieron fuentes cercanas a Vox tras la votación.

A su salida, Martínez ha censurado la gestión de la actual dirección del partido. De acuerdo con la ex de Vox, el partido tiene múltiples “satélites” distribuidos por el país para ejercer su influencia: “Medios de comunicación cuyo máximo financiador es el partido, una fundación -Disenso- a la que se le desvían ingentes cantidades de dinero, o un centro de formación -ISSEP-, que vive de la formación interna”. Todo ello, detalla “pagado con el dinero de los afiliados y con la financiación pública que se recibe a nivel nacional, autonómico y municipal”.

“Los ciudadanos votaron a Vox para que cerrásemos los centros de menas, no para que los abriésemos a las afueras; votaron a Vox para que cerrásemos las televisiones autonómicas, no para que nuestro director de comunicación cobrase un sueldo de una de ellas; votaron a Vox para que frenásemos la inmigración ilegal, no para que cobrasen ayudas a los tres años de haber llegado, y votaron a Vox por ser el único partido verdaderamente liberal en lo económico, no un partido estatalista”, ha defendido Martínez.

A su juicio, “la deriva ideológica reciente y los pactos mal gestionados están dando pie a acuerdos que no son reconocibles por aquellos que nos han votado”. Por ello, ha decidido “dar un paso a un lado y esperar que el partido se recomponga, ya que seguir en él sería avalar las malas actuaciones de unos pocos con mi silencio”.

Cuando la Asamblea Regional admita el traslado de Martínez al grupo Mixto, el PP podría contar con los dos votos de los exdiputados de Vox, lo que le permitiría sacar adelante diversos proyectos, entre ellos la Ley de Vivienda Asequible, bloqueada hasta la fecha por los de Abascal, y a la que Antelo ha dado recientemente su visto bueno.

La diputada del burka

No es la primera vez que esta diputada protagoniza el foco político. Cuando formaba parte de Vox, en diciembre del pasado año, la parlamentaria interrumpió en el pleno de la Asamblea regional con burka para pedir su prohibición en la Región de Murcia. Una acción censurada a izquierda y derecha del hemiciclo: “Una cosa es combatir la opresión y otra muy distinta es convertir a cualquier mujer que lleva un velo en un problema de orden público”, opinó tras lo ocurrido el portavoz del PP, Joaquín Segado.

Sin ayudas al campo ni explicaciones sobre las oposiciones a maestros, que se han convocado esta semana. PP y Vox han vuelto a unir sus fuerzas, aunque siguen sin ser capaces de sellar un pacto de Gobierno, para impedir que la Asamblea de Extremadura controle la acción del Gobierno regional en funciones. Ambos han tumbado este viernes la solicitud de un pleno extraordinario por parte de Unidas por Extremadura para valorar cuestiones como los efectos de la guerra de Irán y el proceso selectivo docente.

Por ello, la portavoz de la coalición de izquierdas, Irene de Miguel, ha denunciado que la Asamblea permanezca “amordazada” después de cinco meses desde que se desconvocó por un adelanto electoral que, ha dicho, “no ha servido para nada más que para complicar la situación de gobernabilidad de esta tierra y la vida de muchos extremeños”.

Para De Miguel, PP y Vox “no ven necesario dar explicaciones” porque “solo le importan los sillones que se están repartiendo”, según dice, no con mucha prisa, porque “tienen asegurado el sueldo a fin de mes” mientras se desconoce cuándo habrá un pleno de investidura.

Tras defender la función de control de la acción de gobierno, como reconoce el Estatuto de Autonomía, “aunque esté en funciones”, ha censurado que PP y Vox vean “innecesario” que exijan medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán como la subida de los carburantes que afecta al bolsillo de los extremeños y que está “complicando mucho” la situación de empresas que prestan el servicio de transporte escolar.

También ha defendido la necesidad de que haya ayudas directas a los agricultores para compensar los daños por las borrascas; y de hablar del “grave incendio” que afectó a la residencia de mayores de La Granadilla en Badajoz que, ha dicho, si en lugar de en la planta de personas válidas se hubiese producido en la de dependientes, hoy estarían poniendo “una denuncia a la Junta ante los tribunales”.

A ello ha sumado el “anticonstitucional” decreto que modifica una ley que aprobó el propio PP para “dar funciones a un gobierno en funciones” generando “un esperpento jurídico” que “sonroja a cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de leyes”. En este sentido, la portavoz de Unidas por Extremadura considera necesario que el gobierno en funciones dé explicaciones de la convocatoria de oposiciones, que es “ilegal” y crea “inseguridad jurídica” para miles de opositores.

Ante la negativa de PP y Vox a debatir estas cuestiones, la portavoz de Unidas por Extremadura se ha preguntado si aporta algo a la vida de los extremeños el “sainete” y el “culebrón cutre” en el que están inmersos estos dos partidos a la espera de que Abascal “se baje del caballo y les diga lo que tienen que hacer”, porque “aquí no pintan nada”.

El “secuestro” del poder legislativo

El PSOE también ha denunciado el “bloqueo” del poder legislativo extremeño por parte de PP y Vox. El diputado José María Vergeles ha advertido de que la democracia no puede estar en funciones y de que un gobierno que no se somete a fiscalización parlamentaria es “un gobierno que tiene mucho que ocultar”. Por eso ha criticado que María Guardiola “haya decidido estar en funciones para trabajar y, sin embargo, tener plenas facultades para seguir con los pactos oscuros y para secuestrar a la Asamblea durante más de cinco meses”, lo que ha considerado un “atropello” a la democracia con el silencio del presidente de la Cámara, Manuel Naharro.

Tras aclararle a Guardiola que “la democracia no es en ningún caso que los extremeños voten cuando a ella le dé la gana”, sin que se rindan cuentas, ha criticado que se atribuya “poderes que no le corresponden” con la anuencia de su partido y de Vox.

Vergeles ha insistido, en ese sentido, en que la presidenta en funciones de la Junta “tiene bloqueada esta tierra por su capricho, por su soberbia y por su falta de autonomía en las decisiones”, además de lamentar que solo le rinda cuentas a las sedes estatales de su partido y del de Santiago Abascal.

El pasado 20 de febrero el Barça ganó al UCAM Murcia de baloncesto, por 91-85. El equipo murciano peleó con uñas y dientes en la cancha para intentar ganar a los blaugranas por tercera vez consecutiva, pero no fue suficiente. Los catalanes vinieron con la lección aprendida tras las dos derrotas anteriores y se alzaron con la victoria. Ninguno de los dos oponentes jugaba en casa -el partido se disputó en el Roig Arena de Valencia- pero la grada estaba a rebosar de hinchas murcianos. Dos de ellos eran el por aquel entonces líder de Vox en la Región de Murcia y portavoz en la Asamblea, José Ángel Antelo; y su portavoz adjunto en el parlamento, Rubén Martínez Alpañez. Así lo atestigua una publicación en redes sociales de Antelo, en el que ambos posan con la bufanda del equipo, Alpañez con el pulgar hacia arriba: “Hoy toca dejarlo todo en el Roig Arena”, rezaba el post. Una semana después la dirección nacional cesó a Antelo, y ahora Alpañez ocupa su puesto como representante del Grupo Parlamentario Vox en la Cámara regional.

“No me extraña que dos días antes sean tan amigos y al día siguiente se traicionen, esa gente es así”, ha desdeñado un exmiembro de Vox. “Me lo estoy pasando en grande viendo esta película, están recibiendo todos de su propia medicina”, ha añadido.

El tratamiento se administró en apenas dos semanas. Días después de ese partido de baloncesto la secretaria general adjunta de Vox, Montserrat Lluis, se reunió con Antelo para pedirle que dimitiera a cambio de una portavocía en la comisión de Deporte y que continuase como candidato para las elecciones autonómicas de 2027. Ante la negativa de Antelo, al día siguiente dimitió de golpe todo el Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de la formación, forzando su salida. Este lunes se le retiró la portavocía del grupo en la Asamblea Regional, un proceso agónico que debería haber terminado la pasada semana. Pero Vox presentó la petición de su expulsión a la Mesa del Parlamento con el propio certificado digital de Antelo y las firmas manuscritas de sus diputados, por lo que este órgano tuvo que rechazar la solicitud. “Está claro que le ha hecho la cama a Antelo”, han señalado desde el entorno de Alpañez.

De las canteras del PP a las filas de Vox

La andadura política de Alpañez comenzó mucho antes de que se fundase Vox: “Es un chico inteligente y con ambición política, estuvo metido en el PP desde Nuevas Generaciones”, ha destacado su entorno. Pronto ascendió tras su paso en la cantera popular, llegando a ser candidato al Congreso por la Región de Murcia en 2008. Ese año se presentó junto a su compañero en la Asamblea y expresidente de la Región con el PP, Alberto Garre; y con la actual diputada de Vox en la Cámara Baja por la Región, Lourdes Méndez-Monasterio. 

Más tarde sería uno de los fichajes estrella de Vox para sellar su matrimonio con la UCAM. En 2020 trabajó como gestor de equipos en la vicesecretaría de organización de Vox. Su reclutamiento fue extremadamente estratégico: no solo era yerno del difunto presidente de la Fundación San Antonio, dueña de la Universidad Católica de la Región de Murcia (UCAM), sino que además contaba con un perfil técnico. Doctorado en Economía y Derecho, en 2010 comenzó a trabajar como jefe del departamento de Inversiones en el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF). Cinco años más tarde, en 2015, compaginó este cargo con el de profesor asociado a tiempo parcial en la UMU, impartiendo Economía Aplicada. En la actualidad mantiene una excedencia de ambos empleos, que cogió cuando pasó a ser diputado del Grupo Parlamentario Vox en el año 2023.

“Ve a las personas como una escalera para avanzar posiciones. Y tiene a su favor la llave de la UCAM. Es cierto que Antelo también tenía el apoyo de la Universidad, pero Alpañez está muy reforzado en ese entorno”, ha señalado una exdiputada de la Asamblea Regional.

Precisamente en 2023 su destino parecía que apuntaba a la candidatura a las elecciones municipales de Murcia. En aquel entonces ya era vicesecretario de Organización de Vox en la Región, y la dirección nacional lo barajaba para que diera un paso al frente municipal. Finalmente Vox se decantó por Luis Gestoso para la alcaldía; y tras las elecciones regionales de 2023 Alpañez se convirtió en diputado y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional. 

Meses después, comenzaría a familiarizarse con el cargo que le ha arrebatado a Antelo esta semana. Tras unas eternas negociaciones, en septiembre de 2023 los de Abascal entraron en el Gobierno de la Región de Murcia junto al PP. Antelo se convirtió en vicepresidente de la Comunidad Autónoma, y Alpañez, en portavoz de la formación política. Un cargo que ostentó hasta julio de 2024, cuando Abascal rompió en bloque los cinco gobiernos regionales que tenía coaligados con el PP por el reparto de menores migrantes. El acuerdo de gobernabilidad murciano apenas sobrevivió diez meses, y Alpañez volvió a ser portavoz adjunto del partido hasta esta semana, cuando se ha expulsado de forma definitiva a Antelo.

Antelo y Alpañez formaron un auténtico tándem, posicionándose como las caras visibles de Vox en la Región de Murcia: “Antelo era más visceral y Alpañez más cerebral, se complementaban”, han recordado fuentes cercanas al partido.

Una ambición “sin límites”

Tanto fuera como dentro del gobierno, Alpañez ha sido un interlocutor constante entre Vox y el Gobierno regional, firmando los presupuestos regionales junto al portavoz del PP, Joaquín Segado. Más allá del Ejecutivo, su figura en el Parlamento puede considerarse polarizante: “No tiene límites en su ambición, es muy adulador. Sabe muy bien a quién tiene delante, y a quién acercarse para escalar en todos los terrenos, pero, sobre todo, en el del poder”, ha definido una exdiputada.

“Dentro de partido hay sectores en los que no despierta simpatías, no gusta”, ha compartido una fuente cercana a Vox. “A Antelo se le ve venir. Puedes estar de acuerdo o no con él, pero es un hombre de palabra, va de frente. Se nota que no es un político profesional, de carrera”, ha comparado un exconcejal del Ayuntamiento de Murcia.

Sin duda el enfrentamiento más directo lo ha tenido con el exdiputado de Podemos Víctor Egío. El pasado junio Alpañez arremetió contra la baja de paternidad de Egío durante su intervención, haciendo referencia a los “seis meses que ha estado sin aparecer por el Pleno de la Cámara”. El diputado de Podemos solicitó su turno de palabra para responder a esas “infames alusiones”. Ante las protestas de Egío, la presidenta de la Cámara le pidió abandonar el pleno, cosa que, al no ocurrir, la llevó a suspender temporalmente la sesión. Tras suspenderse el pleno, varios diputados de PP y PSOE se acercaron a Egío para tratar de calmar los ánimos. Alpañez, por su parte, se marchó a su despacho junto con sus compañeros de Vox, entre risas contenidas.

Finalmente, la Comisión del Estatuto del Diputado del Parlamento autonómico consideró, por mayoría, que Egío incurrió en infracciones “de gravedad suficiente” para ser constitutivas “de una conducta sancionable”. Con el beneplácito de PP y Vox, se le suspendió al diputado de sus funciones parlamentarias durante un mes, con la consecuente pérdida de su asignación económica.

Pancorbo, de consejero a líder de Vox

Con la salida de Antelo, Vox se ha decantado por deslocalizar el poder que concentraba y asignar los puestos que ocupaba a varios individuos. Así, mientras que la portavocía del Parlamento murciano la ha asumido Alpañez, el liderazgo de Vox en la Región de Murcia ha caído en manos de José Manuel Pancorbo.

De perfil discreto, el nuevo presidente provincial de la formación de extrema derecha fue consejero de Fomento en la etapa de coalición entre PP y Vox, donde hizo uso de su formación como ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Afiliado al partido desde 2014, Vox ha vuelto a invocar a la vieja guardia: “Ha sido el experto con el que contamos en nuestro grupo de infraestructuras. Tenemos una grandísima cantera. Estos años nos hemos preparado para gobernar”, apuntó el propio Antelo después de que Pancorbo asumiera la cartera de Fomento.

Quien no se ha movido de su puesto es el portavoz de municipal de Vox en Murcia, Luis Gestoso, pese a que se le considera uno de los arquitectos regionales de la caída de Antelo. Antes de volverse un hombre fuerte de Vox, militó durante 30 años en el PP de la Región. Es un viejo conocido entre los populares, puesto que en su momento apoyó al expresidente Alberto Garre -actual vicepresidente de Vox en la Comunidad- frente a otro antiguo presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez (PAS), imputado en diversas causas. Gestoso abandonó su puesto como director general de Emergencias en 2015 después de ocho años y también su militancia en el Partido Popular alegando, justamente, los casos de corrupción del partido.

También tuvo una estadía breve en Ciudadanos. Se hizo militante durante unos pocos meses, pero también dejó el partido naranja al ser imputado por una operación urbanística realizada en su etapa como concejal de Urbanismo en el municipio murciano Molina de Segura, caso en el que resultó absuelto.

José Ángel Antelo ha estrenado este miércoles el escaño más solitario del Parlamento murciano. Se trata de su primer día en el Grupo Mixto, después de que el pasado lunes la Mesa de la Asamblea Regional aceptase la segunda solicitud de Vox de expulsarlo y retirarle la portavocía. Ahora, comparte grupo parlamentario con los portavoces de Podemos e Izquierda Unida-Verdes, María Marín y José Luis Álvarez-Castellanos.

Un aislamiento doble, ya que no es solo es espacial, sino también ideológico. En principio, se esperaba que el exportavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional se sentase junto al portavoz de IU-Verdes, Álvarez-Castellanos, en el hueco que con anterioridad ocupaba el diputado de Vox Pascual Salvador. Pero ese asiento ha quedado vacío, y Antelo ha sido trasladado al ala contrario. Una convivencia distante. Salvador, por su parte, ha sido reubicado dos filas más abajo, junto a sus compañeros de grupo, con un semblante más sonriente.

A su entrada en el hemiciclo, Antelo solo ha conversado con el portavoz del PP, Joaquín Segado, aunque él insiste en que ha hablado con más diputados. Sobre su futuro en el Grupo Mixto, Antelo ha reconocido no tener toda la información: “Soy una persona que viene de otro mundo. No soy un político profesional, estoy seguro de que [los políticos profesionales] saben absolutamente cómo funciona, especialmente, el tema econonómico”, ha explicado, al tiempo en el que ha incidido en la idea de que cada partido debería financiarse con medios propios.

Se espera que presente propuestas e intervenga de forma independiente a sus compañeros del Grupo Mixto, aunque no ha desvelado cómo va a gestionar esta nueva etapa política: “Primero voy a ver cómo se desarrollan las cosas”. Sí que ha adelantado que pretende mantener, al menos, parte de la agenda política que tenía con Vox: “Mi idea es que haya un acuerdo presupuestario”, ha señalado.

Por el momento, no tiene despacho ni dotación asignada, algo para lo que, previsiblemente, deberá esperar a la próxima semana. También se desconoce si compartirá despacho con sus nuevos compañeros de Podemos e IU-Verdes: “Es el menor de mis problemas”, apunta.

 34.020 euros menos para Vox

Solo han pasado dos días desde que Antelo y Vox separasen de forma definitiva sus caminos, cuando la Mesa de la Asamblea de la Región de Murcia aceptó la solicitud de Vox de trasladar a José Ángel Antelo al Grupo Mixto. El proceso ha tenido tintes de agonía, al extenderse una semana y no obtenerla a la primera. El pasado miércoles, Vox ya presentó un escrito para el cambio de portavocía, que la Mesa no tramitó porque el Grupo Parlamentario utilizó la firma digital de Antelo para la petición.

A su salida, Vox ha ganado, en sus palabras, una renovación. Pero ha perdido la asignación económica correspondiente al escaño de Antelo, que asciende a 34.020 euros anuales. Esa cuantía ahora la recibirá el Grupo Mixto, pasando de una importe anual de 171.240 euros a uno de 205.260 euros.

Antelo ha aprovechado su comparecencia ante medios para reiterar que se querellará contra todo aquel que ha difamado a su mujer, después de que Vox lo acusase de tráfico de influencias. Ha afirmado que su abogado, el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y aún afiliado de Vox, Juan García-Gallardo, conoce “las malas praxis” del partido: “Lógicamente ya le dije que a todo aquel que me difamase se le enviaría un burofax para que rectifique y que, acto seguido, se le enviaría una querella”, ha advertido.

La Mesa de la Asamblea de la Región de Murcia ha aceptado la solicitud de Vox de trasladar a José Ángel Antelo al Grupo Mixto. El hasta ahora portavoz del Grupo Parlamentario Vox compartirá a partir de ahora espacio con los portavoces de Podemos e Izquierda Unida, María Marín y José Luis Álvarez-Castellanos.

También la Mesa ha requerido a Vox que elija a un nuevo portavoz parlamentario tras la salida de Antelo. La portavocía pasará a estar en manos de Rubén Martínez Alpañez, tal y como intentó el Grupo Parlamentario Vox el pasado miércoles. Entonces, Antelo denunció que el partido había usado su firma para tramitar su sustitución como portavoz del grupo parlamentario Vox en la Asamblea Regional.

Tras su traslado al Grupo Mixto, Antelo ha insistido a este diario que no va a abandonar su acta de diputado: “Voy a hacer lo que dije que iba a hacer, que es cumplir mi palabra tenga el coste que tenga. Seguiré trabajando por la Región y por España esté donde esté, sea en el Parlamento o en la sociedad civil”.

Nuevo reglamento del Grupo Mixto

Con la integración de un nuevo miembro en el Grupo Mixto, la Mesa ha acordado instar a la nueva composición de este grupo parlamentario a preparar un nuevo reglamento de funcionamiento interno. Tendrán hasta las doce del mediodía del próximo 18 de marzo.

El secretario de Organización de Podemos, Ángel Luis Hernández, ha recordado que el Grupo Mixto ya dispone de un reglamento, y que además este ya contempla la posibilidad de incorporar a nuevos miembros: “Y así ha sido, a mitad de legislatura Víctor Egío cedió el acta y José Luís Álvarez-Castellanos [Izquierda Unida-Verdes] aceptó el reglamento interno”, ha recordado.

Hernández no descarta que, con la incorporación de un nuevo diputado al Grupo Mixto, este vuelva a tener los mismos tiempos de intervención que el resto de partidos. A inicios de esta legislatura, se acordó rebajar al Grupo Mixto estos tiempos, debido a que la Cámara consideró que debía ser proporcional al número de diputados, que en ese momento eran dos.

“Creemos que en todos sitios que cabe todo el mundo. Nos organizamos la pasada legislatura para convivir con mucha gente, es una seña nuestra de identidad”, ha adelantado el secretario de Organización de Podemos.

A pesar de los roces en redes sociales, la sintonía entre PP y Vox en Extremadura se ha materializado en la Junta de Portavoces de la Asamblea. Su presidente, Manuel Naharro, ha anunciado la reducción del número de miembros en las comisiones permanentes, que pasarán de 13 a 11 diputados. Esta medida ha sido interpretada por la izquierda como un movimiento que perjudica su representatividad y capacidad de control.

Con este cambio, De esta forma, el PP, con 29 diputados, tendrá cinco representantes en cada comisión; el PSOE, con 18, tendrá tres; Vox, que tienen 11 escaños, tendrá dos asientos en las comisiones; y Unidas por Extremadura, que consiguió siete diputados en las elecciones, se queda con un representante.

La oposición ha señalado una clara paradoja: en la anterior legislatura, con la presidencia parlamentaria del PSOE, Vox obtuvo dos asientos con solo cinco diputados. Sin embargo, actualmente Unidas por Extremadura, pese a tener siete escaños (más que Vox entonces), ve reducida su presencia a un solo representante. Incluso Vox, que ha doblado su representación al tener 11 escaños, mantiene el mismo número de representantes en comisión, una propuesta que, aun así, han votado a favor junto al PP.

Ahorro frente a la “parálisis” parlamentaria

Naharro ha justificado la medida por razones de ahorro, un motivo que la izquierda tacha de carente de sentido, dado que todos los diputados tienen dedicación exclusiva. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha denunciado que los diputados “cobran 4.000 euros” y ahora se les impide trabajar: “No nos podemos permitir que nos paguen para no hacer nada”. De Miguel ha propuesto que, si el problema es el gasto en kilometraje, se elimine dicha dieta como ya se hizo en el pasado.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Piedad Álvarez, ha calificado el ahorro como “infinitesimal” y advierte que la reducción conllevará menos actividad parlamentaria, menos control al Gobierno de la Junta y un “hurto a la participación democrática”, señalando que habrá comisiones con menos diputados que concejales en muchos ayuntamientos extremeños.

Para Unidas por Extremadura, esta decisión es un “guiño” a Vox en plena negociación de investidura, obedeciendo a la exigencia del partido de reducir el gasto político y el número de diputados. El objetivo final, según De Miguel, es “silenciar” a la oposición ante un inminente Gobierno de coalición.

Fuentes de la Asamblea han explicado a este periódico que el motivo ha sido para conservar la “proporcionalidad” porque “con 13 miembros en las comisiones no se podía hacer un reparto justo, ya que quedaría PP con cinco, PSOE y VOX con tres y Unidas por Extremadura con dos”. Sin embargo, sí que había otras alternativas porque el número de miembros ha variado en cada legislatura.

Como alternativa para mantener la proporcionalidad sin mermar el trabajo parlamentario, el PSOE ha propuesto elevar a 15 los miembros (como en la legislatura 2019-2023), lo que habría permitido un reparto de seis para el PP, cuatro para el PSOE, tres para Vox y dos para Unidas por Extremadura. También se barajó la opción de ampliar a 16 miembros, propuestas que fueron rechazadas.