El lehendakari, Imanol Pradales, se ha valido del acto institucional que conmemora al décimo aniversario de la ley vasca de vivienda, que no fue apoyada por su partido, el PNV, y que fue la primera en España que desarrolló el derecho constitucional a acceder a un piso protegido -o a una ayuda sustitutoria- en caso de cumplir determinados requisitos económicos, para realizar un anuncio que ha eclipsado el balance organizado por el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, de la parte socialista del Gobierno. Pradales ha anunciado que se aprobará el 8 de julio una línea de avales dotada con 144 millones para que personas entre 18 y 39 años puedan “emanciparse y comprar su primera casa”.

La normativa de 2015 prevé expresamente que la “planificación y programación de las políticas públicas de vivienda y alojamientos dotacionales” se hará “desde la consideración de que la vivienda en alquiler es el instrumento fundamental para dar respuesta al mandato constitucional representado en el derecho a la vivienda”. Así lo han recordado todos y cada uno de los expertos que han tomado parte en el evento.

Ahora, Pradales ha defendido el apoyo público a la “compra”. “Era importante responder también a esta necesidad”, ha justificado. Ha puesto el ejemplo de “Mikel, de 29 años” que “estudió hace tiempo”, tiene ya un “contrato indefinido de 34.000 euros” pero no ahorros para cubrir el 20%. Mikel “ha visto una casa de 260.000-270.000 euros” y “ningún familiar o amigo le puede ayudar” con el aval para la hipoteca. “Podemos avalar desde el Gobierno esos 50.000 euros que no tiene”, ha prometido el lehendakari a Mikel.

La línea de ayudas será para jóvenes mayores de edad y hasta 39 años. Tienen que haber residido en Álava, Bizkaia o Gipuzkoa en al menos dos de los últimos cinco años. Podrán acceder a los avales personas con ingresos anuales de hasta 50.400 euros en caso de solicitudes individuales o 86.400 en caso de parejas. El aval “cubrirá el importe que supere el 80% del valor mínimo entre tasación y compraventa, hasta un máximo del 100%, y siempre para inmuebles con un precio máximo de compra de 340.000 euros”. Se tramitará a través del Instituto Vasco de Finanzas. Pradales ha dicho también que “en poco tiempo” se activarán igualmente las líneas de avales para el alquiler, “para cubrir las fianzas”. “Lo aprobaremos próximamente”, ha insistido el lehendakari. Ha afirmado que la implicación pública para resolver el problema de la vivienda es una cuestión de “solidaridad intergeneracional”.

Pradales, en todo caso, ha pasado de puntillas por la ley de vivienda. Su partido, el PNV, la criticó duramente. Dijo que iba a generar un “efecto llamada de alcance mundial” por reconocer el derecho a la vivienda, que la Constitución no garantiza si no se hace un desarrollo legislativo. Entonces, en 2015, el PNV gobernaba en solitario y en minoría, con Iñigo Urkullu en Ajuria Enea. De hecho, la norma la impulsó el PSE-EE desde la oposición y logró articular una mayoría alternativa, una heterogénea suma con EH Bildu y UPyD, que no tenían relación alguna entre sí. “Sí, el voto de UCD fue decisivo”, contaba en el acto de aniversario un constructor invitado confundiendo al partido de Gorka Maneiro, ya extinto desde 2016, con el de Adolfo Suárez. Un vídeo proyectado ha recordado algunos de los argumentos del entonces portavoz nacionalista, Norberto Aldaiturriaga.

El lehendakari apenas ha dicho de la ley que fue “pionera”. De hecho, ha señalado que toca más mirar al futuro que al pasado. En la nota oficial del discurso de Pradales casi nada se explica de las medidas aprobadas en 2015. El consejero de Vivienda, Itxaso, cuyo hermano fue el promotor de la normativa de hace diez años, sin embargo, ha reivindicado que el consenso de mínimos de entonces se ha visto ampliado ahora, dando a entender que ha sumado al PNV. “La presencia del lehendakari en este acto habla por sí sola”, ha manifestado desde el atril instalado en la antigua Azucarera de Vitoria, donde se han reunido también alcaldes, promotores, agentes sociales y hasta el decisivo único parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro. Según Itxaso, las políticas para combatir la emergencia habitacional tienen la “solidez del cemento armado con el que se construyen” los bloques de viviendas.

Itxaso sí ha definido como “paso histórico” la aprobación hace ahora diez años de la ley. Eso sí, ha pedido no hacer de esto una “celebración triunfalista o autocomplaciente”. Es más bien una “renovación” de un “contrato” con la ciudadanía para mostrar que es una política prioritaria para el Gobierno. “Nuestra voluntad de seguir avanzando es inequívoca. Con pasión, sin ninguna duda. Pero también con presupuesto y con determinación en las nuevas reformas”, ha apuntado el consejero socialista. El titular de vivienda, en el cargo desde hace un año, ha señalado que “en esta década el parque actual de vivienda en alquiler asciende a 28.000” casas y que 33.000 familias reciben una prestación.

Maneiro, ya muy alejado de la política, ha tomado también la palabra para explicar su actuación decisiva. Ha señalado que aquella norma fue “un referente” para el resto de España y que supuso la primera demostración de que los poderes públicos no pueden quedarse “de brazos cruzados” ante un problema social. Con todo, el exparlamentario ha ironizado que en Euskadi “hay una ley más importante que la de vivienda, la de la oferta y la demanda, que lo condiciona todo”. También ha querido enfatizar “nunca” negoció con la izquierda abertzale “nada”.

En 1978, la Constitución previó en su artículo 47 que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Pero, a pesar de la redacción y de la creencia general, no era un derecho comparable a la libertad de expresión o a la religiosa, o incluso al derecho a la educación. Era un “principio rector”. Es decir, hacen falta leyes que desarrollen su ejercicio. Euskadi fue pionera hace ahora diez años. Su Parlamento aprobó una ley autonómica que recogía expresamente el “derecho subjetivo” de todos quienes cumplieran unos requisitos económicos a acceder a un piso proporcionado por la Administración o, en su defecto, a recibir mensualmente una ayuda económica para entrar al mercado libre. Desde entonces, 20.025 personas han visto reconocido el derecho y en 2.881 casos han podido acceder a una vivienda de alquiler con precios controlados.

Lo llamativo es que aquella ley se hizo en contra del criterio del Gobierno de entonces -el PNV de Iñigo Urkullu gobernaba en solitario y en minoría- y con una propuesta lanzada desde la oposición por el PSE-EE. Salió adelante con una heterogénea mayoría conformada por EH Bildu y UPyD, que ni siquiera tenían relación política entre sí. En 2018, el Tribunal Constitucional cepilló algunos apartados relacionados con las expropiaciones, pero no tocó lo relativo al derecho subjetivo. El aniversario llega con dos propuestas encima de la mesa, ambas urgentes, para retocar la ley y para ajustar por decreto los requisitos para acceder al derecho en un contexto de “emergencia habitacional”. PNV y PSE-EE ahora gobiernan en coalición y van de la mano; EH Bildu avisa de que viene una “contrarreforma”.

El ya retirado Bixen Itxaso, parlamentario socialista, fue el promotor de la ley. El PSE-EE había salido del Gobierno en 2012 tras el breve período de Patxi López y no pudo aprobar una normativa sobre Vivienda siendo consejero Iñaki Arriola. Iñigo Urkullu vivía en aquellos momentos una legislatura precaria con minoría en el Parlamento. En el caso de Vivienda, era una materia que ni siquiera existía como tal en el organigrama y se quedaba en una viceconsejería dentro la cartera de Empleo y Políticas Sociales que empezó dirigiendo Juan María Aburto hasta que abandonó su puesto para ser alcalde de Bilbao, un cargo en el continúa. Urkullu fichó como sustituto al independiente Ángel Toña, más especializado en la parte laboral.

“Estábamos en la oposición, gobernaba el PNV y el grupo parlamentario del PSE-EE se planteó aprovechar el trabajo y presentar la ley desde la oposición”, explica Itxaso al otro lado del teléfono. Aunque Euskadi tenía competencias, “no había conseguido hacer una ley” en lustros. La proposición se registró en 2013 y “desde la toma en consideración se vio claramente que la aritmética era muy justa”. De un lado, el Gobierno contaba con el PP en el bloque del 'no' y sumaban 37 escaños. Del otro, el PSE-EE y EH Bildu tenían otros 37. La clave estaba en el parlamentario 75, Gorka Maneiro, único representante de UPyD. “Era la aguja de la balanza”, bromea Itxaso. Pero había un problema: UPyD ni tenía ni quería tener ninguna relación con la izquierda abertzale a cuenta de ETA.

Cuenta Itxaso que la ponencia legislativa fue lenta. “Duró la friolera de dos años porque hubo tácticas dilatorias de los grupos no favorables”, asegura sobre el supuesto filibusterismo de Norberto Aldaiturriaga del PNV y de Nerea Llanos del PP. También recuerda “esos informes que nadie había pedido” emitidos por todo tipo de ministros del Gobierno de Mariano Rajoy y que llegaban al Parlamento avisando de que aquello que se cocinaba era inconstitucional. En los debates se coló la polémica por la normativa de Andalucía, entonces presidida por la socialista Susana Díaz y que también quería regular las expropiaciones.

Si ahora, en 2025, el asunto de la vivienda parece urgente, entonces también lo era. “San Sebastián ya era carísima, veníamos de la crisis de la burbuja, de los desahucios en masa, ... Había una conciencia importante”, contextualiza Itxaso. Añade también que a él le tocó hacer las veces de correveidile o de puente para asegurar la frágil mayoría de su partido con EH Bildu y UPyD. “Maneiro ya avanzó que no iba a ser fácil si teníamos mucha cercanía ideológica con EH Bildu”, apunta. Y, pasado el tiempo, no niega que a veces presentaba a UPyD enmiendas de la coalición abertzale como si fueran socialistas para engrasar su aprobación.

“Nos vimos en la situación de que todo indicaba que íbamos a ser decisivos”, admite Maneiro, también alejado ya de la primera línea desde que dejó el escaño en 2016. UPyD ya no existe y Maneiro no niega que en ella coexistían un alma más progresista y otra más liberal y que su posición pudo no gustar “demasiado” en los sectores más conservadores. Él procedía del PSE-EE y, de hecho, es ahora militante de base de un proyecto llamado Izquierda Española, con el que llegó a ser candidato en las recientes europeas.

“Nosotros no hablábamos en ningún momento con EH Bildu. Todo era a través de Bixen. Teníamos claro que había que conseguir que el derecho subjetivo tuviera cabida, que toda la vivienda pública fuera de alquiler y medidas contra los desahucios de los ciudadanos más vulnerables”, explica. Finalmente, con aportaciones de los tres grupos, a principios de mayo de 2015 se alumbró un texto que luego fue votado por el pleno del Parlamento Vasco en junio de ese año. “La conclusión tiene que ser positiva. Tengo un buen recuerdo. Aunque los problemas siguen existiendo, quiere creer que la ley sirvió para algo”, entiende Maneiro.

“Efecto-llamada mundial”

La oposición del PNV no fue pequeña. El consejero Aburto compareció en la ponencia legislativa para dejar caer que la aprobación de la ley iba a arruinar a la Administración autonómica. Hablaba de 715 millones en diez años. La apuesta luego subió a 864 millones. Y el portavoz de aquel Gobierno, Josu Erkoreka, avisó en una rueda de prensa de que hacer del acceso a la vivienda un derecho iba a generar un “efecto-llamada de proyección mundial”. “No soy capaz de precisar quiénes van a venir, pero si usted reconoce el derecho a la vivienda desde el primer día, algo que no está previsto ni en los países que inventaron el Estado del Bienestar, eso va a generar una vis atractiva que tiene una proyección mundial”, respondió a preguntas de los periodistas.

Aldaiturriaga, el portavoz parlamentario en la materia, agregó: “La ley que se nos propone, señorías, va a superar las propuestas del programa municipal de la anticapitalista Ada Colau para el Ayuntamiento de Barcelona”. Colau, activista antidesahucios, se convirtió en alcaldesa de la capital catalana en aquellas fechas, precisamente. El socialista Itxaso, el día de la aprobación, dijo estar dolido porque creía que el PNV tenía un alma social que había orillado para defender otros intereses.

En los intensos debates parlamentarios, mientras Marian Beitialarrangoitia, de EH Bildu, puso en valor el inicio del camino de reconocer el derecho a la vivienda, el PNV replicó que era innecesario porque en Euskadi ya existía desde 2008 un “derecho subjetivo” a acceder a una renta social para quienes no tienen recursos o tienen nóminas o pensiones bajas y que esa RGI tenía un complemento llamado PCV, precisamente una ayuda de alquiler. Desde la bancada del PP, la oposición era frontal y acabó valiéndose de los servicios jurídicos del Gobierno central para llevar el texto al Constitucional. “Nos vamos a tener que endeudar más, vamos a tener que subir los impuestos o vamos a tener que recortar de otras partidas del Gobierno vasco ¡Eso hay que decirlo!”, se quejó Llanos, la portavoz en la Cámara vasca en aquellas fechas.

Retraso en el desarrollo

La sentencia del Constitucional llegó en 2018. En nada tocó la parte relativa al reconocimiento del derecho a la vivienda. Sí limitó las posibilidades de ejecutar expropiaciones a la banca, por ejemplo. Pero las mantuvo en otros supuestos. “De las 27 cuestiones planteadas en el recurso, en 24 casos nos dan la razón, declarando su constitucionalidad (88%), y en tres cuestiones declaran su inconstitucionalidad y las anulan (11%)”, se leía en 2018 en un informe del área de Vivienda.

Ese derecho a la propiedad, en todo caso, nunca se ha visto afectado porque no consta que se haya activado ninguna expropiación en diez años. De hecho, desde la izquierda, formaciones como EH Bildu o Podemos e IU han cuestionado al PSE-EE, que desde 2016 dirige las políticas de Vivienda en el Gobierno vasco dentro de coaliciones con el PNV, ser lento en la aplicación de la norma.

Por ejemplo, el decreto que regulaba los requisitos completos del derecho a la vivienda no llegó hasta 2023. Hasta entonces, ya se aplicaba, sí, pero el desarrollo reglamentario era necesario para generar una pasarela de todos los perceptores de esas prestaciones asociadas a la RGI, gestionadas por el Servicio Vasco de Empleo y no por el de Vivienda, llamado Etxebide. Ese proceso, de hecho, se está completando aún ahora. Además, apenas el 15% de las peticiones se sustancian en la adjudicación de la vivienda. La prestación sustitutiva está fijada en 300 euros mensuales, como el resto de ayudas de vivienda en Euskadi (AES, Gaztelagun o Emantzipa, por ejemplo). En 2015 eran 250 euros. Sin embargo, cuando en 2008 se ideó la RGI los complementos para el alquiler llegaron a alcanzar los 320. Una socialista, Gemma Zabaleta, introdujo en 2011 recortes en todo el sistema de prestaciones que no se han terminado de recuperar nunca.

La ley de vivienda también creó un canon para penalizar la vivienda vacía e instar a su movilización. Se estableció que si una vivienda está deshabitada durante dos años consecutivos -y siempre que no existan causas justificadas determinadas por la ley-, al no cumplir la función social, los ayuntamientos pueden iniciar la declaración de vivienda deshabitada. Así, los propietarios que mantengan sus casas vacías sin justificación tendrán que pagar un canon de 10 euros por metro cuadrado al año, con un incremento del 10% ejercicio tras ejercicio. Si la situación se enquista, la Administración podría llegar a ejecutar una expropiación. Sin embargo, hasta enero de 2025 ningún municipio lo ha activado. El primero fue Azpeitia, de EH Bildu. Muchos municipios han preferido optar por otras fórmulas como el recargo del IBI.

Aburto, Toña y Arriola

Cuando entró en vigor la ley, Aburto ya había dejado el Gobierno y el consejero era Toña. Aunque independiente, se ciñó al argumentario del PNV. De hecho, en el debate final lo sentaron en el escaño al lado de Urkullu. Ahora ya no guarda ninguna relación con el partido. De hecho, en las últimas elecciones ha pedido el voto para EH Bildu. En una reciente tertulia en Radio Popular sobre vivienda ha mostrado unas posiciones que dan a entender que en 2015 estaba más cercano a las posiciones de la izquierda que a las de su Gobierno. Toña, de 73 años, opina que no se puede aceptar que “la economía de mercado” controle “un bien tan fundamental” y que sea “objeto de especulación”. Aboga por una “intervención directa sobre el mercado”, es decir, que la Administración ponga los precios para garantizar el derecho efectivo a la vivienda.

En 2016 hubo elecciones autonómicas. El PSE-EE sacó de las listas Itxaso -“pasé a mejor vida y nunca me dijeron por qué”- y cerró un acuerdo de coalición con Urkullu. Los socialistas pasaron a controlar la cartera de Vivienda y de nuevo situaron a Iñaki Arriola como consejero, aunque simultaneándolo con Medio Ambiente. En 2020, Arriola repitió aunque compaginando Vivienda y Transportes.

En 2023 se produjo otro gran enfrentamente entre el PNV y el PSE-EE a cuenta de este asunto. Ese año se aprobó la ley estatal de Vivienda, también apoyada por EH Bildu y con el PNV frontalmente en contra, como en Euskadi en 2015. La parte nacionalista del Gobierno vasco acordó recurrir al Constitucional la normativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez contra el criterio del consejero del ramo, socialista. En 2024, ya con Imanol Pradales como lehendakari, la renegociación del reparto de áreas entre PNV y PSE-EE no movió Vivienda. Eso sí, ahora es un departamento propio y exclusivo. El nuevo consejero es Denis Itxaso, hermano menor de Bixen.

Los hermanos Itxaso

El Itxaso más joven prepara un acto de aniversario para poner en valor los diez años de la creación del derecho a la vivienda. Sin embargo, ha anunciado ya una reforma legal urgente que retocará la normativa de 2015 -al igual que la ley del Suelo- y está preparando otros cambios por decreto que afectarán a la regulación del derecho subjetivo. Según el borrador al que ha tenido acceso este periódico, se plantea modificar al alza los ingresos máximos para el reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda. Quedarían en 20.000 euros para familias de tres o más miembros, 18.000 para parejas y 14.000 para personas solas. Se trata de cantidades “ponderadas”, es decir, no se corresponden con los ingresos reales en euros. El Gobierno ofrece una calculadora para lograr esa cantidad. Ahora son 19.000, 17.000 y 13.000, respectivamente.

Jonatan Moreno es el actual portavoz del PNV en materia de Vivienda. Señala que si se plantea una reforma de la ley de 2015 es porque “de manera implícita” hubo cosas que no se hicieron bien. “El tiempo nos ha dado la razón”, agrega. “La ley tenía objetivos loables, pero no ha conseguido aquello que perseguía. Hay más demandantes que nunca en Etxebide, el precio está más alto que nunca y hay más exclusión residencial que nunca. Quizás no es culpa de la ley, pero es evidente que la ley no lo ha corregido. No diré que es un fracaso, pero sí que hay objetivos incumplidos”, señala.

Al PNV le preocupa especialmente la escasez de oferta. “Tiene que haber más vivienda libre para que bajen los precios. Queremos que la gente joven, como nos dicen las encuestas, tenga la oportunidad de comprar. No les podemos abocar a una lista interminable de Etxebide y al alquiler. Y se ha expulsado a la clase media del mercado”, apunta. A su juicio, se construye poca vivienda libre y a precios muy altos porque “cada una tiene que costear tres VPO”.

Precisamente, uno de los ejes de la reforma legal es bajar el porcentaje de vivienda protegida en relación con las libres. Del 75% al 60%. “Y no es para dar más negocio a los promotores”, arguye Moreno. El consejero Itxaso también suele repetir que es mejor un porcentaje bajo de más promociones que un porcentaje altísimo en pocas o ninguna. EH Bildu, por el contrario, es la fuerza política más crítica contra lo que llama “contrarreforma”, en palabras de Nerea Kortajarena y de Xabier Astigarraga. También ha denunciado que la reciente reforma fiscal pactada por PNV, PSE-EE y Podemos en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa se limite a abordar el problema de la vivienda con una catálogo de deducciones.

El diputado de EH Bildu Oskar Matute también afeó a Aitor Esteban en el Congreso que, en varios debates, haya hecho suya la ley vasca de Vivienda que nunca apoyaron. “Las leyes del Parlamento Vasco son nuestras aunque no las hayamos aprobado. No podemos jugar a no legitimar lo que no nos gusta. Ante una ley estatal, defenderemos siempre la nuestra”, responde Moreno.

Las fuentes consultadas señalan que la reforma de la ley de vivienda llegará antes del verano al Parlamento para que esté aprobada en otoño. En un inicio se barruntaba tenerla antes de Semana Santa, pero se sigue perfilando la redacción de la propuesta. PNV y PSE-EE están consensuando todos los términos. “Euskadi ha hecho muchas cosas bien en materia de vivienda, pero la situación actual obliga a dar nuevos pasos y hacerlo con celeridad. Sólo pido altura de miras, profundidad de análisis y empatía con esas clases que sufren en sus carnes la tempestad habitacional”, justificó Itxaso en la presentación de la modificación de la ley de 2015.

El polifacético actor, tertuliano, exdiputado y exdirector de la breve y polémica Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, Toni Cantó, ha vuelto a los escenarios con la obra teatral 'Parejas imperfectas'. Con motivo de su gira por todo el país ha concedido una entrevista a su diario de referencia, El Mundo, en la que ha dejado algunas declaraciones como mínimo llamativas.

Cantó reconoce que llegó un momento en su vida política en que dejó de ser feliz aunque tardó “bastante” en darse cuenta. “Me sentía muy bien, pero me di cuenta de que daba igual, de que tenía que dejarlo por salud”, explica a sus entrevistadores. El actor cita una conversación con Miguel Ángel Rodríguez como uno de los momentos que le hicieron reflexionar cuando le dijo que “es difícil entrar en política, pero es mucho más difícil salir”. También influyeron, recuerda, las palabras de su mujer: “No te das cuenta de que no eres feliz, de que llegas quemado todos los días”.

Toni Cantó explica que la política “tiene un componente muy adictivo” y “te deja marcado socialmente” y dice que aunque en algún momento ha sentido que había sido “cancelado”, no cree que lo esté ahora mismo. Eso sí, también afirma que le parece que los actores (y se incluye) “cuando opinamos de política tenemos la misma profundidad que una modelo cuando habla de la paz mundial en el concurso de Miss Universo”.

Después, el exportavoz de UPyD o Ciudadanos hace un recorrido por sus primeros pasos por la política institucional: recuerda que estaba “acojonado” porque “no tenía ni puñetera idea de nada” y temía que le echaran. Cantó, a quien se encargó en su primera etapa como diputado la participación en ocho comisiones parlamentarias, cuenta que preguntó por qué se le había asignado la referente al 'Estudio del problema de las drogas' y la respuesta fue: “Bueno, como eres artista...”

Es en ese momento cuanto el actor valenciano asume que ha visto “bastantes drogas” por su profesión, pero defiende que ha visto “aún más en la política”. “Las drogas que he visto a mi alrededor en el mundo del cine eran rollo euforizante y las que he visto en política, al contrario de lo que dice la gente, siempre han sido más tranquilizantes”, y se explaya: “He visto a muchos diputados que tenían que ir absolutamente dopados para poder salir a hablar porque tenían un terror salvaje”.

Más adelante en la entrevista, Toni Cantó se sincera y reconoce que “fue un error” aceptar la dirección de la Oficina del Español creada por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y que duró apenas tres años y medio. Los periodistas de El Mundo, ante las quejas de Cantó de que le daban “tortas todos los días”, le dicen que “tenía pinta de Chiringuito”, algo que Cantó niega y se culpa a sí mismo por no haber sido capaz de “explicar a qué se dedicaba” el organismo.

“Nadie sabe todavía para qué servía”, reconoce el expolítico, que tira la toalla al respecto: “A estas alturas no me voy a pelear por esa mierda ni voy a convencer a nadie y si todas las tortas que me cayeron sirvieron para que me diera cuenta antes de que era momento de dejar la política, bienvenidas sean”. Eso sí, describe su experiencia como parte del Gobierno de Ayuso como “cojonuda” y dice que se le ocurren “pocos gobiernos más sexys en los que estar”.

El Parlamento Vasco tiene dos principales funciones, que son la producción legislativa y el control del Gobierno. Los 75 parlamentarios que integran la Cámara -aunque en un inicio eran 60- pueden formular preguntas e interpelaciones, pedir informes y presentar iniciativas legislativas y no legislativas. Desde que echase a andar en la primera legislatura, que arrancó en el año 1980 tras la aprobación del Estatuto en 1979, se han registrado ante él muchas —muchísimas— iniciativas. Según los datos de la propia Cámara, son 61.118, sin contar las actuales activas en la diputación permanente.

Han llegado de todos los colores políticos —la UCD de Adolfo Suárez, por ejemplo, tenía representación en la primera legislatura, y también estuvieron los foralistas alaveses de UA en varias— y han versado sobre una amplia variedad de temas, con la administración pública y el autogobierno como principales, con hasta 3.600 cada una en un solo año, pero también de otras temáticas, como medioambiente, vivienda, transporte o el sector primario. Como es lógico, el estar alejado de Ajuria Enea redunda en una mayor producción de iniciativas. Caso paradigmático fue el del PNV en la única legislatura, la novena, en la que no hubo un lehendakari 'jeltzale': entre 2009 y 2012, el grupo llegó a registrar 8.807 iniciativas.

Este primer gráfico sirve para ver cómo ha evolucionado el número de iniciativas por año, desde las 279 del primer año de trabajo del Parlamento Vasco, en 1980, hasta el pico de 18.254 en 2013. Las barras muestran el total al sumar las iniciativas de cada tipo, en diferente color.

En este segundo gráfico, las iniciativas registradas ante la Cámara aparecen separadas por temática. Se puede usar la caja para indicar uno o varios temas y comparar la evolución en el número de iniciativas. Administración pública e instituciones y autogobierno son siempre los temas que más acaparan, con hasta cerca de 4.000 iniciativas en un solo año.

Este último gráfico analiza la evolución del número de iniciativas presentadas por grupo parlamentario. El número es siempre más elevado cuando el grupo parlamentario no forma parte del Gobierno o no lo apoya. Así, cuando el PNV no formó parte del Gobierno vasco en la novena legislatura, la que fue de 2009 a 2012, llegó a registrar 8.807 iniciativas, frente a las 87 de la anterior y las 124 de la siguiente. De igual manera, el PP registró 2.695 y 2.609 iniciativas en la séptima y octava legislaturas y la cantidad cayó luego hasta las 1.521 en la novena, cuando alcanzó un acuerdo para investir como lehendakari a Patxi López, del PSE-EE.

Se han hecho algunos ajustes: Alianza Popular y PP, por un lado, y UCD y CDS, por el otro, van en la misma línea, al igual que PCE, IU y Ezker Batua y también algunas de las marcas usadas por la izquierda abertzale, como Herri Batasuna y Euskal Herritarrok. El PSE y Euskadiko Ezkerra van por separado hasta que se juntan en la quinta legislatura.

Rosa Díez ha vuelto. O quizá nunca se fue. La cofundadora de Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha regresado al Parlamento Europeo, donde una vez representó al PSOE como eurodiputada. Eso sí, el discurso hacia el que era su partido ha cambiado. Pero todo por una buena causa, una misión, un objetivo: advertir sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. Y para ello ha utilizado toda su artillería.

La política vasca ha alertado sobre los socios del Gobierno de Sánchez “para pedir ayuda en defensa de las libertades”. Uno a uno, ha cargado contra:

Además de criticar a los socios del Ejecutivo, que Díez ha considerado una “anomalía en la Europa democrática”, la exsocialista se ha preguntado: “¿Cabe alerta mayor sobre lo que está ocurriendo en España?”.

“No hay en Europa un solo presidente que haya sido felicitado por Hamás y los hutíes, salvo Pedro Sánchez”, ha continuado durante un debate en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara junto al exportavoz de Ciudadanos Juan Carlos Girauta. Díez se refería así a las palabras del presidente del Gobierno, quien ha pedido en repetidas ocasiones un alto el fuego en Gaza.

“La ley de amnistía que hoy denunciamos es una transacción fraudulenta y anticonstitucional entre un candidato a la presidencia del Gobierno y un prófugo de la justicia”, ha asegurado.

No es la primera vez que Díez reaparece para cargar contra el Gobierno. En 2019, comparó a los socialistas que no criticaban al Ejecutivo de Sánchez con “los alemanes que fingían” no ser conscientes del exterminio nazi. Además, le criticó también por ir “contra los Reyes Magos”. Ahora, acompaña a PP, Ciudadanos y Vox en su ofensiva contra el Gobierno en Bruselas.

En los últimos años de la vida política de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), varios militantes y altos cargos vieron cómo el partido intervenía sus correos corporativos para comprobar si existía un trasvase de información hacia Ciudadanos, que en ese momento buscaba absorber a buena parte de los cuadros de UPyD que abandonaban el partido. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasbugo acaba de rechazar la última demanda de los afectados, que reclamaban una investigación penal sobre esta intervención de sus emails, aunque algunos de los afectados como Nacho Prendes celebran que, al menos, el tribunal comunitario haya constatado que fue una invasión de su intimidad aunque no les haya dado la razón.

Esta intervención de los correos corporativos de militantes y mandos de UPyD por parte del partido fue un asunto polémico en los tribunales españoles cuando los afectados decidieron denunciar. Un juzgado de Madrid decidió procesar a varios responsables, pero la Audiencia Provincial ordenó archivar el caso al entender que no había un delito de revelación de secretos. El Tribunal Constitucional avaló esta decisión, pero dividido: dos magistrados y la propia Fiscalía pidieron que, efectivamente, el caso fuera al menos juzgado.

Estrasburgo ha confirmado recientemente que la negativa de los tribunales españoles a celebrar un juicio penal sobre este asunto fue correcta. Reconociendo que mirar el correo corporativo de alguien, especialmente de un militante de un partido político, es una intromisión grave en la intimidad del afectado, pero que la ley contempla supuestos para que se pueda hacer de forma no prospectiva y justificada.

Los jueces del tribunal comunitario recuerdan que, en el caso de una empresa, es legal intervenir el correo corporativo de un empleado siempre y cuando se den algunos requisitos: que sea una posibilidad que venga en los estatutos de la empresa o en el código de conducta, que el trabajador sepa que eso puede pasar, y que se haga de manera proporcional. Buscando, por ejemplo, emails sobre asuntos concretos y con palabras clave concretas, y no de forma prospectiva. También si existen sospechas de alguna irregularidad, y no a capricho del empresario.

En España los jueces de lo penal han estudiado este tipo de casos. En 2019, por ejemplo, el Tribunal Supremo confirmó un año de cárcel a un empresario que espió el correo de un empleado en busca de pruebas para cimentar una demanda de despido, porque el trabajador no sabía que esto era una posibilidad. Otra sala, la de lo social, estableció en 2018 que una empresa podía intervenir el correo de un empleado siempre y cuando fuera de esta forma proporcional. Lo hizo al avalar como prueba los correos que Inditex intervino a un trabajador y que, posteriormente, sirvieron para despedirle. Es la conocida como 'doctrina Barbulescu' que el propio TEDH promueve desde 2017.

Ignacio Prendes: “Resulta triste, pero revelador”

Ignacio Prendes, que dejó la primera línea política en febrero de 2020 y se dedica actualmente a su profesión como abogado en Gijón, ha difundido la sentencia de la que se había hecho eco la web Hay Derecho. Destaca que Estrasburgo, aunque no les haya dado la razón, ha declarado que este tipo de intromisiones invaden la intimidad, aunque no haya sido castigado legalmente y su demanda haya sido rechazada.

“Resulta algo triste, pero a la vez muy revelador, que el principal rastro que va a quedar de un partido sea una sentencia del TEDH en la que recuerda el papel que debe jugar un partido político en la vida democrática y afea una actuación completamente contraria a sus valores más elementales”, explica en este post.

El diputado era candidato de UPyD a la Presidencia de la comunidad autónoma cuando, en abril de 2015, Rosa Díez anunció su expulsión del partido al constatar que su secretaria en el Parlamento asturiano era a su vez la representante legal de Ciudadanos ante la Junta Electoral de Asturias.

“Eso implica que una afiliada y empleada de UPyD, cargo de confianza de Ignacio Prendes y candidata en la lista al Ayuntamiento de Oviedo por UPyD, ha estado representando y trabajando para las candidaturas de otro partido ante la administración electoral asturiana”, afirmaba en aquella fecha la líder del partido magenta.

Una expulsión comunicada a través de las redes sociales

Díez hacía pública la expulsión del candidato asturiano a través de su Facebook donde explicaba que “de forma casual” esa información había llegado a conocimiento del Consejo de Dirección de UPyD.

Las palabras de la líder eran ratificadas poco después por su portavoz adjunto, Andrés Herzog, quien en su cuenta de Twitter decía textualmente: “Mientras era de UPyD Nacho Prendes gestionaba en la Junta Electoral su nueva candidatura con la connivencia de Ciudadanos. Así se las gastan”, sostiene.

La reacción del político asturiano no se hizo esperar. Tras enterarse, por estos comentarios en internet, de la decisión del partido, anunció que dejaría la militancia de UPyD para buscar un pacto para concurrir a las elecciones con Ciudadanos. No obstante, reiteró que eso no significaba que fuera a afiliarse al partido de Albert Rivera. Renunció a su escaño en la cámara asturiana y anunció la creación de la Plataforma Encuentro para agrupar a los exmiembros de UPyD que abogaban por llegar a un acuerdo con Ciudadanos.

Apenas un mes después, el 24 de mayo de 2015, el Principado celebraba elecciones autonómicas y a las mismas Prendes concurrió como independiente en el número dos de la lista de Ciudadanos, siendo elegido diputado por la circunscripción central. En las elecciones generales del 20 de diciembre de ese mismo año era elegido diputado por Asturias en las Cortes Generales y secretario segundo de la Mesa del Congreso de los Diputados.

Entre 2016 y 2019 ejerció como vicepresidente primero del Congreso, hasta que perdió el escaño en las elecciones de noviembre de 2019. Un año después se retiraba de la vida política y se dedicaba a la Abogacía, profesión que sigue desempeñando en su ciudad natal de Gijón.

El 'espionaje' de los correos

Tras la expulsión fulminante de Prendes y la orden de revocación de sus claves de acceso al correo de UPyD, el partido contrató a una empresa especializada que se encargó de descargar de los servidores informáticos de la empresa que gestiona el correo de UPyD, los correos electrónicos del buzón del diputado asturiano; una tarea que desde la dirección del partido se justificó en que se podía hacer porque “la cuenta de correo electrónico facilitada es propiedad de UPyD y su uso se autoriza al usuario con el objeto, exclusivamente, de facilitar la comunicación en el desarrollo de las tareas encomendadas”.

La búsqueda dio como resultado 15 correos electrónicos que el diputado asturiano recibió o en los que estaba en copia. La empresa que realizó este espionaje certificó que de su contenido se desprendía que se quería “crear un nuevo partido con una estrategia que contemplaba la ”desarticulación de las listas de UPyD y la creación de otra entidad ('Plataforma Encuentro') cuyo fin es elaborar listas conjuntas con Ciudadanos tanto para las elecciones municipales como para las autonómicas como para las posteriores elecciones generales“.

El caso fue tramitado por la vía penal pero los tribunales españoles optaron por archivar el caso y no llevarlo a juicio, algo que confirmó el propio Tribunal Constitucional. El TEDH de Estrasburgo rechazó el recurso de los denunciantes al entender que la decisión de los jueces españoles de no castigar esta intromisión fue correcta, pero también destacan que en este tipo de casos “la interceptación y divulgación de los correos electrónicos del demandante constituyó una grave intrusión en su derecho al respeto de su vida privada y su correspondencia”, aunque no sea punible.

Son los aspectos de la sentencia que destaca Prendes. A este respecto, la resolución considera que esta intromisión está especialmente agravada por el hecho de que se produce “en el contexto de la afiliación a un partido político”.

No obstante, esta apreciación no se salda con una condena para España por no tutelar debidamente los derechos del diputado. La razón es que el político asturiano había iniciado la vía penal y el procedimiento “fue archivado por consideraciones que el Tribunal Europeo ahora no está en condiciones de revisar, pues no puede asumir el papel de los jueces penales nacionales, manifestando a mayor abundamiento que el demandante a partir de ese sobreseimiento podía haber ejercitado la vía civil, que todavía estaba abierta”, destaca.

8 de febrero de 2009. Faltaba menos de un mes para las elecciones gallegas del 1 de marzo y varios miles de personas –entre 3.000 y 5.000, según la hemeroteca– partían de la Alameda de Santiago rumbo a la Praza da Quintana. Convocaba Galicia Bilingüe, una organización que, bajo ese nombre tan cordial, escondía una cruzada por la supremacía del castellano, supuestamente amenazado por una lengua minorizada que no deja de perder hablantes. Pero la realidad no importaba cuando quien gobernaba la Xunta, después de 15 años de fraguismo, era un bipartito formado por el PSOE y el BNG. Las fake news ya existían antes de las redes sociales.

Eso de bipartito –o “bipartido”, como le gustaba llamarle al joven engominado que había sucedido a Fraga, un casi desconocido Alberto Núñez Feijóo– recordaba demasiado al ejecutivo que llevaba tres años dirigiendo Cataluña. El tripartito encabezado por José Montilla (PSC), con Joan Saura (IU–ICV) como pata menor, un gobierno socialcomunista que se completaba con el hombre que sintetizaba todos los males que azotaban a la España tradicional: Josep Lluís Carod–Rovira (ERC), una versión beta de Puigdemont–Junqueras, al menos en lo que se refiere al tratamiento mediático de la caverna.

Y eso que, por aquel entonces, ETA seguía activa –cinco meses después, en julio de 2009, cometería su último atentado mortal– y la consulta popular sobre la independencia planteada por el lehendakari Ibarretxe acababa de ser declarada inconstitucional. En la fecha prevista –el 25 de octubre, aniversario del Estatuto de Gernika– los partidos que proponían el referéndum optaron por convocar una cadena humana, un acto simbólico por el derecho a decidir. No hubo urnas ni piolines y la jornada transcurrió en calma.

Pero estábamos hablando de Galicia y del peligro que corría el idioma de Cervantes a manos del malvado bipartito. Las primeras señales de la quiebra de España habían aparecido hacía meses: las escuelas infantiles habían quedado en manos del nacionalismo adoctrinador, que las había bautizado como galescolas –¿suena a ikastola, a que sí?– donde vestían a los pequeños con “mandilones identitarios”: blancos y azules como el logotipo de los centros y –sí, cierto– como la bandera gallega. La oficial, la recogida en el Estatuto de Autonomía, no una enseña separatista.

En 2007, el PP rompió el consenso histórico en torno al idioma. Se opuso a un decreto de la Xunta que no aportaba grandes novedades al Plan de Normalización Lingüística impulsado por el gobierno de Fraga con la unanimidad de la cámara: un mínimo del 50% de las materias debía impartirse en gallego. No se recogía un máximo, así que para los populares eso anunciaba el camino hacia el monolingüismo, una amenaza que no debía de existir cuando eran ellos quienes hacían las leyes.

Con este caldo de cultivo, Galicia Bilingüe convocó su marcha de precampaña bajo el lema “Libertad para elegir”. Para respaldar la heroica lucha de Gloria Lago y su asociación casi unipersonal, hasta Compostela se fueron la lideresa de moda en la derecha, Rosa Díez –con su criatura de poco más de un año, UPyD, bajo el brazo– y un chaval que empezaba a oponerse al malvado tripartito catalán y al que en la esquina noroeste conocían sólo por haberlo visto en bolas en su cartel electoral. Todavía faltaba mucho para que Albert Rivera fuese el favorito de lbex 35.

Todas las encuestas coincidían en ofrecer un resultado muy ajustado de cara a las elecciones. Cuatro años antes, el PP había perdido su mayoría absoluta por un único diputado y la biología –la decadencia de Fraga era más que evidente– había hecho tanto para conseguirlo como la oposición. Recuperarla iba a ser cosa de un puñado de votos y el debutante Feijóo no iba a permitir que acabasen en el bolsillo de Díez. Así que, mientras él hacía campaña por las Américas, se aseguró de que los populares tuviesen un sitio preferente en la pancarta.

14 años después, a Feijóo no le persigue esta foto –otras sí, pero no ésta–, algo que no puede decir su sucesor. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta por designación y candidato a la reelección, aparece en aquellas imágenes muy cerca de Rosa Díez. Junto a él, otros nombres de peso en el partido: la ex ministra –y que volvería a serlo– Ana Pastor; Carlos Negreira, amigo de Feijóo desde la facultad y futuro alcalde de A Coruña; Corina Porro, que acababa de perder el bastón de mando en Vigo, o el diputado Ignacio López Chaves, López Llaves para sus detractores por su odio al gallego. Entre los agradecimientos por el apoyo, desde el estrado se nombró a Marta Rivera de la Cruz, por entonces, tan sólo una escritora.

Aquella manifestación acabó como el rosario de la aurora: unos 250 independentistas trataron de reventar el acto con lo que Lago calificó como “kale borroka”. Balance final: cargas policiales y una decena de detenidos. Pero las consecuencias fueron mucho más allá. Prisionero de sus compromisos con ese sector de la derecha y empeñado en tapar la banda para que nadie se colase por ella, Feijóo prometió derogar el decreto del bipartito y dar a las familias el derecho a elegir la lengua en la que estudiarían sus hijos.

El 1 de marzo se celebraron las elecciones y, aunque la izquierda ganó en número de votos, el PP obtuvo el ansiado escaño 38 que le daba la mayoría absoluta, la primera de las cuatro que alcanzaría Feijóo antes de irse a Madrid. UPyD, para sorpresa y desgarro de quienes sólo escuchaban a los opinadores de Madrid, no llegó a 24.000 votos, un 1,43% del total. Los populares se habían comido, otra vez, el espacio más ultra, aunque el peaje fuese asumir sus postulados. La lección que Feijóo se llevó aprendida para Madrid.

Diciembre de 2023. A pocos meses de unas nuevas elecciones autonómicas, la situación en Galicia ha dado la vuelta. El uso del idioma gallego está en mínimos históricos y la Xunta puede atribuirse buena parte del mérito. Gloria Lago se ha quitado la careta y lidera un chiringuito llamado Hablemos Español. Ana Pastor y Marta Rivera de la Cruz están en el Congreso, Rosa Díez y Albert Rivera son juguetes rotos de la política pero Alfonso Rueda se enfrenta a la cita más crucial de su carrera. Si quiere continuar como presidente, esta vez necesitará el respaldo de los votos, no un dedazo. Y su perfil, por mucho que los medios públicos lo intenten, sigue sin ser el de Feijóo. Enfrente tiene ya no sólo a un BNG convencido de llevar en sus filas a la primera presidenta de la historia de Galicia, Ana Pontón; también, por primera vez en muchos años, a un candidato socialista con experiencia de gobierno, con el partido unido y todo el apoyo de Moncloa y Ferraz: Xosé Ramón Gómez Besteiro. Y a Sumar, claro, pero su papel todavía es una incógnita.

UPyD ya no existe –en Galicia, nunca llegó a hacerlo– pero su hueco ahora lo ocupa Vox, que tampoco tiene representación en la cámara gallega y que, en las municipales, tan sólo consiguió una mísera acta de concejal en Avión, el pueblo de Ourense al que cada año regresan los emigrantes que han hecho fortuna en México. Pero el miedo a que ese puñado de votos que puede ser decisivo de nuevo se le escape por la derecha ya está haciendo reaccionar al PP, que sufre también la presión de Democracia Ourensana. El salpicadero del Delorean marca otra vez 2009.

El primero fue Narciso Michavila. El hombre que hizo creer a la derecha que Moncloa era suya antes del 23J aseguró que, si la ultraderecha se presenta en Galicia es porque “algo debe haber” entre ellos y Pedro Sánchez. Justo después llegó Miguel Tellado. Todavía no era portavoz en el Congreso pero ya le pedía a Vox que no se presentase a las autonómicas. “No hagamos el idiota”, decía utilizando esa forma del plural. Alguno puede pensar que Tellado ha avanzado: en 2019 pedía a los suyos, directamente, que cogiesen de los buzones de los vecinos las papeletas de Vox y las tirasen a la basura. “Era un chiste”, dijo entonces, igual que ahora afirma que lo de que Pedro Sánchez abandone el país en un maletero “es un chascarrillo”.

En vísperas del 25N, el PP frustraba una declaración institucional en el Parlamento gallego al negarse a rechazar los pactos –sus pactos– con las fuerzas que niegan la violencia de género. En la Deputación de A Coruña, mientras evitaba respaldar otra condena –en este caso, los ataques a las sedes socialistas–, impulsaba sin éxito una moción contra el acuerdo PSOE–Junts: “El ataque más grave al Estado de Derecho en nuestra democracia”, un acuerdo que “profana la Constitución”, “dinamita los cimientos de la separación de poderes” y “da carta blanca a los independentistas para romper España”. Difícil superar esto.

Del PPdeG galeguista de la Baviera soñada por Fraga ya no quedan más que las siglas y su sometimiento a la estrategia de Génova es cada vez más claro. El gobierno en pleno de la Xunta fue el primero en salir a condenar, con una declaración oficial, la quita de la deuda para Cataluña. Rueda anuló o modificó la agenda de todos sus conselleiros para que acudiesen a respaldarlo, aunque muchos no pareciesen saber qué hacían allí en realidad.

El feminismo o la cuestión territorial tienen hoy el mismo papel que el –supuesto– conflicto idiomático jugaba hace 14 años. Entonces, el PP de un Feijóo recién llegado se mostró dispuesto a arrasar a su paso con todos los consensos previos para recuperar el poder. Fue el adelanto de lo que sería la campaña electoral más sucia que se recuerda. Varios de los responsables de todo aquello se han ido con el actual líder del PP para Madrid, pero uno de ellos se ha quedado. Está sentado en la silla de presidente y no quiere perderla.

La cuestión es qué puede llegar a hacer Rueda para conservarla.

Afirman sentirse “huérfanos” en lo político y creen que ha llegado la hora de dar un paso al frente. Aseguran, además, que quieren que la ciudadanía tenga la oportunidad de votar a un partido que evite que los futuros gobiernos queden al albur de “los extremos”, de los “separatistas y nacionalistas”, a los que culpabilizan de todos los males que atribuyen a España. O de Vox, el partido de extrema derecha de Santiago Abascal, contra el que también cargan las tintas.

Muchos de sus mensajes suenan igual o muy parecidos a los que acompañaron al nacimiento de otros proyectos que acabaron fracasando, como Ciudadanos o UPyD y que tras girar siempre a la derecha terminaron fagocitados por el PP.

Ahora se hacen llamar Nexo y La Tercera España. Se trata de dos nuevas plataformas políticas o asociaciones con vocación de consolidarse en el futuro como partidos políticos para concurrir a las próximas citas electorales previstas a partir de 2024.

Los promotores de ambos foros de debate, en buena medida exfundadores y exdirigentes de los citados Ciudadanos y de UPyD, se afanan en marcar diferencias a pesar de que son bastantes las cosas en las que coinciden. Incluso algunos de ellos han firmados los dos manifiestos, a los que también se han adherido antiguos cargos del PSOE, críticos con lo que llaman el “sanchismo”, y figuras del mundo de la cultura.

Las cabezas visibles de Nexo, Edmundo Bal y Francisco Igea, además de otros críticos de Ciudadanos, no quieren que se les etiquete “ni de izquierdas, ni de derechas”. Se definen ideológicamente como “progresistas”, aunque Bal, exportavoz del grupo parlamentario de la formación que lideraba Inés Arrimadas, en una entrevista concedida a elDiario.es, no dudó en encuadrar a Nexo en el “centro” político, el mismo espacio que reivindicaban tanto UPyD cuando saltó a la palestra en el País Vasco de la mano de la exdirigente del PSOE Rosa Díez [que renegó de su partido en el que llevaba militando décadas], como el primitivo Ciudadanos, fundado por Albert Rivera en Catalunya. Los dos partidos surgieron con los mimbres de sendas plataformas, al igual que ahora Nexo y La Tercera España.

La formación magenta inició su andadura con la plataforma Pro, que fue creada en 2007 por medio centenar de políticos e intelectuales en el seno de la asociación ¡Basta Ya!, con el objetivo de crear un nuevo partido político. La primera reunión la celebraron en San Sebastián, donde surgió el primer manifiesto que fue firmado por, entre otros, el filósofo Fernando Savater, un fijo en todos estos movimientos. De ese primer embrión nació UPyD, que terminó disolviéndose definitivamente en 2020 tras varias crisis internas a consecuencia de los sucesivos fracasos electorales. En su historial queda como otro gran fracaso los intentos de unidad con Ciudadanos, el partido creado por Rivera en Barcelona en 2006.

Ciudadanos, no obstante, había dado ya sus primeros pasos allá por los inicios de 2005 cuando otro grupo de intelectuales se reunió en Barcelona para sondear la posibilidad de lanzar también una plataforma para debatir ideas. Ahí surgió Ciutadans de Catalunya y un primer manifiesto firmado por Félix de Azúa, Albert Boadella, Francesc de Carreras, Arcadi Espada, Félix Ovejero, o Xavier Pericay, entre otros. Un año después, en 2006, el proyecto tomaba forma en un multitudinario encuentro de sus promotores celebrado en el Teatro Tívoli de la capital catalana, en el que lanzaron un segundo manifiesto apoyado por Mario Vargas Llosa o Arcadi Espada y que terminó germinando en Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, que fue su primera denominación. En su Asamblea Constituyente se nombró presidente a Albert Rivera.

UPyD vs. Ciudadanos: dos partidos con principios y fines muy similares

Si había algo que unía a ambos partidos eran los principios que proclamaban y los fines que defendían, como “la lucha contra ETA y contra los nacionalismos”, “la regeneración democrática” o la reforma de la Constitución para “reforzar las libertades ciudadanas y la igualdad de ciudadanos vivieran donde vivieran”.

Pero Rosa Díez y Albert Rivera nunca llegaron a sintonizar y todos los intentos para concurrir juntos a las elecciones fracasaron. El pulso lo perdió UPyD, que se estancó con los cinco escaños que logró en el Congreso en 2011. UPyD finalmente desapareció de las instituciones después de varios batacazos electorales, mientras Ciudadanos crecía a costa de sus cenizas. De hecho, el último presidente de aquella formación, el efímero Cristiano Brown, pidió el voto para Rivera y llegó a integrarse en sus listas. En las generales de abril de 2019 Ciudadanos logró 57 escaños en el Congreso, todo un hito.

Pero ese inmenso bagaje se esfumó de un plumazo en la repetición electoral de noviembre: el partido se hundió a 10 escaños y Rivera dimitió siendo sustituido por Inés Arrimadas. Desde entonces, Ciudadanos ha ido dando tumbos envuelto en interminables crisis internas y concatenando fracasos electorales motivo por el cual la nueva dirección renunció a concurrir a la cita del 23J. A día de hoy, los pocos dirigentes que le quedan aseguran que quiere revitalizar el proyecto de cara a las próximas elecciones europeas.

Precisamente la decisión de no presentarse a esas generales ha sido el detonante del nacimiento de Nexo, cuyos 38 fundadores pretenden lanzar en el futuro un nuevo partido político “reformista y progresista”. Según explicaron el día de su presentación, Nexo no se identifica “ni con la izquierda ni con la derecha”, y quiere huir de las etiquetas de “rojos o azules”. La sorpresa fue ver en la sala donde se celebró el acto al exdirigente de la llamada 'vieja guardia' del PSOE, José Luis Corcuera, al que acompañaba la aún eurodiputada del grupo parlamentario de Ciudadanos en Bruselas Soraya Rodríguez, fichada por Rivera en su día como “independiente”. También acudió el último líder de UPyD, Cristiano Brown. Todos se declaran “simpatizantes” del proyecto, al igual que Fernando Savater, Nicolás Redondo Terreros y Joaquín Leguina [los dos últimos expulsados del PSOE], que apoyaron el manifiesto. En él, la plataforma incluye un “decálogo” de quince medidas, muy similares a las que ofrecieron en su día tanto por UPyD como Ciudadanos.

A pesar de que las caras más visibles y reconocibles de esta plataforma son Edmundo Bal y Francisco Igea, en su Junta Directiva figura como presidente Santiago Saura, exconcejal del Ayuntamiento de Madrid de Ciudadanos que fue 'número dos' de Begoña Villacís; Juan Ignacio López-Bas, exdiputado de Ciudadanos, que ocupa el cargo de secretario y Ana Elliot, exconcejal en Majadahonda, que es la tesorera.

Pocos días después, otro grupo de intelectuales lanzó La Tercera España, una asociación con vocación también de convertirse en partido político en breve. Sus principales promotores son la escritora Gabriela Bustelo, el expresidente del Foro de Ermua Iñaki Ezkerra y el catedrático emérito de Historia Económica, Gabriel Tortella. El 17 de septiembre hicieron público un manifiesto firmado en un principio por una treintena de personas entre los que se encuentran el filósofo Fernando Savater y el escritor Andrés Trapiello. Esta nueva asociación se declara abiertamente de “izquierdas”, pero “liberal” en lo económico.

El día de su presentación en el parque madrileño del Retiro Bustelo aseguró que quieren competir con el resto de las formaciones políticas en las próximas citas electorales y entrar “como un torpedo” en esa carrera. Pero al igual que ocurre en Nexo, no todos los que han firmado el manifiesto se integrarán en los partidos que surjan de estas plataformas. Prueba de ello es que uno de los firmantes de la Tercera España es Francisco Igea, impulsor de Nexo.

Igea: “En Nexo no queremos ser autómatas, habrá libertad de voto”

El aún procurador de Castilla y León aclara que a él le llamaron hace tiempo para que conociera el proyecto y firmara el manifiesto. “A mí me pareció bien y lo firmé como he hecho en otras ocasiones con otros similares. Pero no era un manifiesto fundacional de un partido, ni mucho menos, al menos yo no lo entendí así, como tampoco lo entendió así Savater. No me vinculaba a nada”. Es más, asegura que desconocía que iban a presentar la plataforma casi al mismo tiempo que la de Nexo, que según adelanta Igea en conversación con esta redacción, “tiene ya muchos afiliados” que se están organizando en “grupos de debates para generar contenido” y “propuestas concretas”.

Él cree que lo primero que tienen que hacer es tener claro “qué es lo que hay que ir construyendo y para qué, sin personalismos”. “Hay que preparar un guion porque si no hay buen guion, aunque haya actores, no saldrá una buena película”, sentencia. A su juicio, los partidos tradicionales que hay en España lo han hecho al revés, “primero el quién y luego el para qué”.

Una de las propuestas que quiere lanzar en Nexo es “un cambio en el sistema electoral y en la ley de partidos de tal manera que los parlamentarios representen a su distrito” y “acabar con los autómatas”, es decir, con la disciplina de voto. “Los parlamentarios votan lo que les dicen, nunca existe lugar a la sorpresa y eso es fruto del cesarismo de este sistema político”. “Para nosotros esta es una de las urgencias más vitales del país y si esto no se consigue yo no estaré ahí”, advierte el exdirigente de Ciudadanos, que ironiza sobre su condición de “eterno crítico”.

“Nosotros abogamos por unirnos con otras plataformas que están en nuestro mismo espacio para ir sumando y construyendo un gran proyecto que impulse las grandes reformas que necesita en España. Por eso elegimos el nombre de Nexo, para unir”, afirma. Incluso dentro de la propia plataforma desvela que les hubiera gustado registrar su asociación con el nombre de Sumar, “pero ya estaba cogido”, dice entre risas.

Bustelo: “La Tercera España es socialdemócrata y de izquierdas”

Por su parte, Gabriela Bustelo, una de las impulsoras de La Tercera España, aclara que este proyecto “no tiene nada que ver con Nexo”. “No tenemos casi personas en común salvo que el manifiesto fue firmado por gente de todos los rangos intelectuales e ideológicos”, aunque en una de las cosas que coinciden con el proyecto de Bal e Igea es en su rechazo al PP de Feijóo y al PSOE de Pedro Sánchez. Es más, la escritora reprocha a ambos políticos que en lugar de estar centrados en las ideas, estén más pendientes de denunciar ante la opinión pública que les han expulsado del partido: “Son cosas que creemos que no le interesan a nadie”, dice.

Pero Bustelo va más allá y añade que tampoco se identifican con otros proyectos anteriores situados en el centro y mucho menos con Ciudadanos, “al que algunas personas llegaron a situar como de extrema derecha”. “Ciudadanos nos sirve como guía para no cometer las mismas equivocaciones, que han sido numerosas”, añade, mientras confiesa que llegó a militar en la última etapa de aquella formación, en el año 2022 e inicios del 2023, cuando estaba liderada por Inés Arrimadas.

Bustelo explica que su asociación está ya en trámites para convertirse en partido político e insiste en que ellos se han posicionado “desde un primer momento como de izquierdas y socialdemócratas”. “Somos una organización no populista, moderna y no jerárquica”, añade. Uno de los artículos de sus estatutos establecerá la creación de “un Consejo Asesor para evitar que la Ejecutiva se pueda 'desmadrar' y tome decisiones de forma aislada y por su propia cuenta, como sucedió en los casos de UPyD y de Ciudadanos”, explica la escritora. Los impulsores de este nuevo partido quieren contar con el apoyo de antiguos dirigentes socialistas como Nicolás Redondo Terreros, con el que ya están en contacto, así como con otros miembros del “primitivo PSOE” al que la escritora dice haber votado en el pasado.

De momento las elecciones más cercanas son las europeas de junio de 2024. Luego llegarán en cascada los comicios vascos, gallegos y las catalanas. Eso si antes no hay repetición de las generales en enero. Pero a esa hipotética cita con las urnas a ninguna de las dos plataformas le daría tiempo a presentarse.

Faraón era el título dado a los reyes en el antiguo Egipto, con la particularidad de que los faraones eran considerados seres cuasi divinos. Identificados con el dios Horus.

Algo parecido lleva pasando en la última década en la política nacional. Al amparo de la nueva política, y con el hastío del bipartidismo como telón de fondo han ido surgiendo una retahíla de partidos hiper personalistas, cuyo común denominador es el culto al líder.

Normalmente suelen ser personajes con atracción y carisma. Incluso me atrevería a decir que en sus comienzos son personas humildes y cercanas. Con vocación de hacer las cosas bien y de cambiar los turbios modos de la política patria. Regeneración le llaman. Algunos más que otros, eso sí. Pero la bandera del cambio, de alguna u otra manera, la han enarbolado todos.

Estos partidos, con sus líderes a la cabeza, también suelen crecer muy rápido. Sin duda por lo atractivo de sus mensajes, pero conforme van subiendo en votos y en popularidad, estos nuevos faraones se vuelven inaccesibles y pierden el contacto con la realidad.

Otra de las características que se da sin excepción, es que estos faraones de la nueva política se suelen rodear de un equipo de pelotas, de palmeros y de aduladores. La autocrítica de la cúpula brilla por su ausencia. También al crítico bien intencionado -normalmente el más brillante, que no necesita la política para vivir- y que se sale del guion. Se le suele llamar tóxico, y se le persigue hasta que se aburre y se va, o en su defecto se le acaba expulsando.

Estos líderes, y su pléyade de paniaguados, una vez que prueban las mieles del papa móvil, ya no se quieren bajar, por muy grave que sea el error. Nadie lo reconocerá, y si es que alguien del entorno lo detecta, cerrará filas con el Faraón. El: “Jefe has estado cumbre”, se convierte en el discurso oficial en lo interno.

Esta foto fija se ha repetido sin excepción en los últimos años en UPyD, Ciudadanos, Podemos, y ahora se empieza a vislumbrar en Vox. Parece mentira, viendo los precedentes, que la historia se repita una y otra vez de manera prácticamente idéntica. Pues el resultado final todos sabemos el que es.

Y al final, al sufrido votante no le queda otra que volver al bipartidismo. Votando con la nariz tapada al menos malo. Desprovisto de la ilusión que le generaron estos nuevos partidos, quienes después de que se bajara el suflé han resultado decepcionantes. Y no precisamente por los programas, por las políticas o por su aire fresco que algunos, no todos, suponían, sino tristemente por el endiosamiento de sus líderes, y por el búnker en el que se refugian de todo y de todos.

Para terminar, solo me remitiré -por no cansar al lector- a los tristísimos ejemplos para mí, aunque se pueden hacer extensibles, de Albert Rivera o de Rosa Díez. Hoy convertidos en sendos memes de sí mismos. Por eso, y por la sabiduría que da la experiencia, quiero acabar con un punto de optimismo. También porque no me queda otra. Mi humilde recomendación para los nuevos proyectos, que sin duda arribarán, es que cuenten con las bases, pero de verdad: que recojan a todo el talento posible, que no arrinconen a los buenos por miedo a que los muevan del sillón, que hagan procedimientos de primarias sanos, y no elecciones internas de la 'señorita Pepis'. Y desde luego, que no tengan miedo al debate interno y a la sana crítica. Y sobre todo, que sean humildes, el camino de los faraones ya lo conocemos, y sabemos a donde conduce.

El 21 de octubre de 2012 había pasado un año y un día desde que ETA anunciara el final de sus acciones terroristas para siempre y Euskadi celebraba elecciones autonómicas. El socialista Patxi López, crítico con las políticas de recortes de Mariano Rajoy, perdió el apoyo del PP en el Parlamento Vasco y adelantó los comicios previstos para 2013. López se dejó nueve escaños y quedó tercero. El PNV, después de la travesía en el desierto de la oposición, recuperaba Ajuria Enea con su presidente, Iñigo Urkullu, que cedió el control del partido a Andoni Ortuzar. Se iniciaba hace diez años una era con un lehendakari al que se define como trabajador, serio, cercano en el trato pero también algo alambicado en los discursos -particularmente cuando se sale del guion escrito- y políticamente muy diferente del estilo del anterior líder nacionalista, Juan José Ibarretxe. Urkullu ha forjado su estilo pero es incapaz de ofrecer certidumbre acerca de si repetirá en 2024 como candidato a un cuarto mandato que le convertiría en el lehendakari más longevo de los cinco, todos varones, que han recibido la 'makila' desde la aprobación del Estatuto de Gernika, del que también ahora se cumple el aniversario, en este caso el cuadragésimo tercero.

Urkullu arrancó en minoría y casi se ve forzado a tirar la toalla cuando fue incapaz de aprobar sus primeros presupuestos, que preveían 1.300 millones de recortes en el gasto. Sin embargo, unos meses después logró que López regresara a Lehendakaritza y que firmara un primer acuerdo de estabilidad con el partido que tanto le había atacado en la anterior legislatura. Era el deshielo y el principio del regreso a los acuerdos entre nacionalistas y socialistas de las décadas de 1980 y 1990. En 2016, tras las segundas elecciones, PNV y PSE-EE dieron un paso más y firmaron un primer Ejecutivo de coalición, aunque los socialistas tenían entonces tres áreas menores y gestionaban apenas el 4% del presupuesto. El gabinete estaba en minoría en el Parlamento y tuvo que pactar los presupuestos de los dos primeros años con el PP de Alfonso Alonso, lo que incluyó la reforma fiscal que sigue vigente. La moción de censura a Mariano Rajoy, decantada por el PNV, impidió mantener esa alianza y se exploró un primer acuerdo con EH Bildu que saltó por los aires. Ello obligó a mirar para el año final a Podemos y Equo. En 2020, con unas elecciones pospuestas a julio por el confinamiento, entre olas de la pandemia y con una abstención de casi el 50%, el Ejecutivo avanzó hasta la mayoría absoluta y, paradójicamente, entonces sí fue posible el entendimiento con EH Bildu. Salvo con Vox, Urkullu tiene en su haber acuerdos con PSE-EE, PP, Podemos y EH Bildu.

El lehendakari se presentó en 2012 con la promesa de un “nuevo estatus” para Euskadi. Ello incluía una consulta en 2015. Cuando accedió a Ajuria Enea, aquel intento de revisitar el 'plan Ibarretxe' se fue diluyendo. En 2013, desde Nueva York, Urkullu dijo que el derecho a decidir se habría ejercido para 2020. Al calor del referéndum de Escocia, el lehendakari acuñó el “diálogo, negociación, acuerdo y ratificación” para defender un nuevo encaje en España. Defendió el modelo quebequés de “claridad” mucho antes que Pere Aragonès. Y al calor del referéndum en Catalunya, Urkullu se erigió en mediador entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont para evitar la declaración unilateral de independencia y la pérdida de la autonomía catalana con el 155. El PNV ha perdido ya a su partido hermano en Catalunya. Urkullu acabó como testigo en el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo y ha entregado a diversas instituciones sus memorias de aquella época, que se pueden consultar en este especial. Su partido, en cambio, cerró en aquellos años un pacto con bases soberanistas para superar el actual Estatuto con EH Bildu.

De entonces son una de sus reflexiones de mayor calado político: “Pero partamos del acuerdo entre vascos… Diré como lehendakari nacionalista que un proyecto votado sólo por la ciudadanía nacionalista significaría para muchos de nosotros un fracaso estrepitoso. Nuestra sociedad es plural y diversa como cualquier otra sociedad abierta. El pueblo vasco que ha llegado hasta hoy es así… Nuestro desafío, especialmente de los nacionalistas, a quienes se les presupone un compromiso añadido con su patria, es defender el pluralismo y no soportarlo como una patología a eliminar en un proceso de homogeneización. El acuerdo debe ser necesariamente plural y que reúna a diferentes”. Se intentó otro texto estatutario con PSE-EE y Elkarrekin Podemos pero quedó en el cajón. Ahora, el lehendakari se siente más cómodo criticando al Gobierno de España por no transferir las materias pendientes de 1979, si bien en los últimos años se ha cedido Prisiones o el IMV. En breve llegará la gestión de Cercanías y parece más lejano el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, aunque Urkullu recientemente votó 'no' en el Parlamento a una propuesta de PP+Cs sobre la materia.

En el gabinete, Josu Erkoreka, portavoz ocho años y ahora vicelehendakari, y Arantxa Tapia, siempre al frente de Desarrollo Económico, son los únicos consejeros que se mantienen con él desde 2012. Eso sí, en segunda línea hay numerosos cargos que continúan. Cristina Uriarte, exconsejera de Educación, sigue como asesora, Jonan Fernández es su colaborador para todo, Txus Peña, Manu Castilla, Luis Petrikorena e Iñaki Bernardo son los 'hombres del presidente' en Lehendakaritza o Marian Elorza en su responsable de política exterior también desde el principio. El primer consejero en salir fue Juan María Aburto para ser alcalde de Bilbao. Le relevó Ángel Toña, independiente. En la segunda legislatura tuvo que dimitir Jon Darpón por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza en 2018. Es la única salida de este tipo en este decenio. Su sustituta fue Nekane Murga, que lidió con la primera parte de la pandemia, y luego llegó a Salud Gotzone Sagardui. El nuevo portavoz es Bingen Zupiria y el hombre de los números Pedro Azpiazu. En la parte socialista los nombres los da el propio PSE-EE. El más veterano es Iñaki Arriola y a la vez el que más expuesto quedó tras la caída del vertedero de Zaldibar en 2020 cuando era titular de Medio Ambiente.

El PNV resume este período con tres lemas que ha ido utilizando Urkullu en este tiempo: “Auzolana”, “Pertsona helburu” y “Basque Country”. “Auzolana” es “trabajo colaborativo que se plasma en una escucha activa y en una suma de fuerzas”. El Gobierno ha exhibido “capacidad de alcanzar acuerdos con todas las formaciones políticas, excepto Vox”, indican desde el partido 'jeltzale'. Y añaden: “[Es] Un Gobierno que ha ido superando las adversidades con mano tendida, diálogo y concertación. Empezamos 2012 con 27 parlamentarios. En la actual legislatura sumamos 31 y disponemos de mayoría absoluta junto con el PSE-EE. La voluntad de acuerdo ha propiciado que más de las mitad de los acuerdos parlamentarios hayan contado con el respaldo de algún partido de la oposición”. Sobre el “compromiso con las personas” inciden en el PNV en que “el gasto social ha ido creciendo” en que “tres de cada cuatro euros se destinan a Salud, Educación y Protección Social”. “Se ha forjado un potente escudo social que ha logrado colocar a Euskadi entre los seis países europeos con menor desigualdad”, recalcan. Y “Basque Country” es hacer país. “La proyección exterior, las exportaciones y las personas que nos visitan están en máximos”, señalan.

¿Ha habido malos momentos? “Al lehendakari le ha tocado gestionar una década convulsa marcada por la crisis financiera de 2008, la crisis sanitaria de la COVID-19 y las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania. [Son] Unos acontecimientos globales y extraordinarios que han revalorizado la fortaleza institucional de un Gobierno centrado en la gestión y capaz de superar las adversidades”, indican en el PNV. Sobre las oposiciones de Osakidetza y la dimisión de Darpón, sostienen que “la Justicia no le investiga ni imputa por las supuestas filtraciones de exámenes” como adelantó este periódico. Y, sobre Zaldibar, momento en el que fue criticado que Urkullu no acudiera al lugar de los hechos, apuntan a que “dos Informes de la Comisión Europea avalan la gestión y los controles previos”.

“Efectivamente, en estos diez años han pasado muchas cosas. Cuando gana Urkullu las elecciones y forma Gobierno, hay que recordar que era una situación completamente a la deriva. Pero [con los acuerdos posteriores] demostramos generosidad, la que ellos no tuvieron con Patxi López, y pusimos por delante el país”, indica sobre el arranque de la era Urkullu Ekain Rico, parlamentario socialista y negociador principal del pacto con el PNV en vigor. En 2016 esos acuerdos se convirtieron en Gobierno de coalición y en 2020 se reeditó el pacto. ¿Está opacado el PSE-EE por el PNV? “El PSE-EE no solamente no está plegado al PNV sino que, si se analiza el programa de Gobierno y la actuación, más bien la reflexión es la contraria. El programa de Gobierno es el programa del PSE-EE al 90%. Le reto a cualquiera a que me lo rebata”, enfatizo Rico. En comparación con la coalición en España o la de Catalunya, la de Euskadi ha sido desde 2016 casi una balsa de aceite, aunque con Eneko Andueza el frente de los socialistas vascos se han hecho patentes algunas divisiones. “A veces hacen cosas que no tocan”, se limita a señalar Rico.

Mintegi: El PNV tiene un electorado “fidelísimo”

El segundo en las elecciones de 2012 por detrás de Urkullu no fue López. Fue Laura Mintegi al frente de la recién creada EH Bildu, que en 2011 había nacido como Bildu y luego se presentó como Amaiur a las elecciones generales. “Las elecciones municipales y forales fueron muy sorpresivas y los resultados excelentes. Un año después esa euforia persistía. Teníamos idea de que se podían ganar. El resultado fue de 27 a 21, pero hubo algún momento en la noche en que la diferencia era menor, de 3 ó 4 escaños”, afirma la cabeza de una coalición conformada por un Sortu recién legalizado, EA, Aralar y la escisión de IU Alternatiba.

“He tenido con Urkullu una relación excelente de respeto mutuo. Había cierta sintonía personal. Le respeto mucho y él me respetó también. Es una persona austera, trabajadora y seria, pero no me parece ningún halago el que se diga que después de diez años sigue y todos los demás hemos caído”, señala sobre los candidatos de entonces. López es ahora portavoz del PSOE en el Congreso, el 'popular' Antonio Basagoiti hace tiempo que partió ya a México, UPyD desapareció, IU se tuvo que refundar y Mintegi, escritora y profesora, salió por la puerta de atrás dos años después a pesar del éxito en las urnas. “Si una persona está diez o más años en un partido cuando sabemos que los aparatos son inmisericordes... Mantenerse muchos años en política te enfrenta directamente con la coherencia personal”, señala. Preguntada por la hegemonía que ha ido logrando el PNV en estos años, Mintegi entiende que este partido “es una maquinaria” o incluso “es más que un partido, es una religión o una fe”. “Tienen muy engrasada la maquinaria y el electorado fidelísimo”, señala. Pero entiende que es algo que se circunscribe “sobre todo a Bizkaia, donde tendrán que pasar muchos años para que haya una alternativa” ya que “en Álava, en Gipuzkoa o en Navarra” hay otros escenarios.

Preguntada por los pactos a varias bandas de Urkullu, Mintegi responde que “el PNV tiene una manera muy curiosa de pactar”. “Un miembro del PNV me lo explicó muy bien la primera semana que yo llegué al Parlamento. 'Te damos un plato precocinado'. Lentejas, o las comes o las dejas. El PNV no negocia, impone. Lo ha hecho siempre, y lo sigue haciendo. Quizás la única excepción es la Ley de Educación, en la que sí he visto que se ha interactuado. Y el PSE-EE es, como dirían en Italia, un 'sciocco utile'. Es antinatura, ¿no? Uno es nacionalista de derechas y otro españolista de izquierdas”, sentencia Mintegi.

Sémper: Urkullu ha captado los votos del PNV

Borja Sémper también dejó la política después de ser el portavoz parlamentario del PP en Euskadi. Atiende el teléfono desde Madrid. “No puedo ocultar que tengo aprecio personal por Iñigo Urkullu. Su estilo de liderazgo no es el mío. Incluso estamos lejos en el estilo de lo que representaría lo más eficaz para Euskadi. Pero tengo que reconocer que quizás su personalidad y forma de ser es lo que más se acerca a lo que demanda la sociedad vasca. Es muy agradable, muy educado y muy cercano. En la distancia corta te gana. No puedo decir nada malo de él. Lo peor que puede decir de él es que él es nacionalista y yo no lo soy”, afirma de entrada.

El exdirigente del PP entiende que el éxito del PNV es proyectar imagen de moderación. “El PNV ha tomado nota de dos fenómenos. Uno, lo que sucedió con Ibarretxe, y dos, Catalunya. El PNV ha tomado muy buena nota. No hay ningún dirigente del PNV, y me atrevería decir que ni en el Alderdi Eguna, que hable de independencia. Es un partido más transversal más cercano al PRI por su capacidad de copar instituciones y ámbitos socioeconómicos. Pero el PNV y el propio Urkullu tienen también ángulos de debilidad política. La falta de ambición puede provocar que Euskadi se vaya desinflando. La mayor ventaja del PNV es tener a un PSE-EE anulado dentro del Gobierno. Y luego [EH] Bildu es incapaz de dar con la tecla después del terrorismo y el PP que no termina de articular un discurso para Euskadi, que compita con el PNV. No le resto méritos al PNV, pero todos los demás no están acertando”, diagnostica.

Preguntado más en detalle sobre cómo ve a su antiguo partido, Sémper entiende que “al PP le falta articular un discurso para la Euskadi de hoy y de mañana”. “El electorado del PP no se fue a Ciudadanos, ni a Vox. Se ha ido al PNV. Un PNV radicalizado es malo para Euskadi y bueno para el PP. Y al revés. Y esto obliga al PP a lo que hicimos en la última etapa de Alfonso Alonso, que es buscar un discurso nuevo para una Euskadi diferente”, apunta. Para Sémper, el PNV es “el partido más conservador que hay en Euskadi y en el conjunto de España” pero le aplaude “por su capacidad de adaptación y cintura, cosa que está al alcance de muy pocos”. Además, “es un partido que nunca proyecta una disensión interna”. “Y tiene un factor de ventaja: sin terrorismo se ha podido instalar bien y tejer redes de contactos y de intereses. Es una maquinara muy difícil de batir”, describe Sémper. Avisa, eso sí, de que la alta abstención común a los últimos procesos electorales en España y en Europa es un factor que es preciso abordar también más allá de que la Euskadi de Urkullu proyecte imagen de “estabilidad” frente a la “convulsa política nacional”.

Martínez: Que Podemos pactara con el PNV fue “natural”

Se incorpora al trío de analistas Lander Martínez, portavoz del primer equipo de Podemos que llegó al Parlamento Vasco en 2016 y ahora uno de los colaboradores más estrechos de Yolanda Díaz en Sumar tras un tiempo alejado de los focos. Esta formación había ganado dos elecciones generales en Euskadi y compareció con Pili Zabala, hermana de una de las víctimas del GAL, como alternativa a Urkullu y en coalición con IU y Equo. Fue una irrupción fuerte (once escaños) pero muy lejos de las expectativas. Al término de esa primera legislatura se produjo el pacto presupuestario con PNV y PSE-EE, todo un giro político.

“Fue el recorrido natural de la labor parlamentaria. Entendíamos que venía un momento económico y energético complicado y que había herramientas de protección social y lucha contra el cambio climático que había que desplegar. No tenían mayoría absoluta y el Gobierno apreciaba mucho pactar con nosotros en ese momento porque las relaciones con EH Bildu se habían enfriado. Podíamos aportar ideas que ellos no tenían, como en feminismo o transición ecológica”, explica Martínez. Sin embargo, internamente tanto Martínez como su equipo fueron fulminados por el sector que criticaba aquel acercamiento. Sin embargo, ahora también Podemos pacta con naturalidad con el Ejecutivo, como ha ocurrido con la reciente reforma de la RGI o con las leyes de Educación o contra la pandemia.

El análisis de EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Vox

¿Y qué opinan los líderes políticos actuales? “Urkullu ha estado parte de esos diez años gestionando tiempos de estabilidad y ha hecho suya esa marca de liderazgo tranquilo. Pero cuando han venido curvas, ese liderazgo no es tal. Ha tenido serias dificultades para tomar decisiones. Es muy autocomplaciente. En Euskadi se está viviendo de rentas de tiempos anteriores. Tenemos retos mayúsculos, factores de vulnerabilidad importantes”, sostiene Nerea Kortajarena, 'número dos' de EH Bildu en la Cámara. Y añade: “No sé si hay lehendakari para rato, pero creo que el proyecto está agotado. Una cosa es el trato afable -es un hombre muy educado, como creo que también los demás lo somos- pero no hay una interlocución fluida con él. No la hay. Las rondas de partidos ahí quedaron. Ha conseguido pactar con diferentes formaciones sobre los temas que a él le han interesado. ¿Y las cosas que los grupos hemos puesto encima de la mesa?”. EH Bildu, además, se pregunta “qué legado dejará Urkullu” porque se presentó “prometiendo una consulta” y ahora “se conforma” con completar el Estatuto de 1979.

Elkarrekin Podemos-IU opina que la etapa de Urkullu se caracteriza, “en el aspecto social, por acompañar la ola neoliberal imperante en Europa en lo que tiene de debilitamiento del poder político y de la intervención pública, el aumento de la desigualdad y desesperanza de un mundo más próspero y justo”. La coalición sostiene que hay un “debilitamiento del Estado de bienestar y los servicios públicos, renuncia a la redistribución de la riqueza en aras de atraer a grandes grupos inversores, desregulación económica, privatizaciones, ...”. “Parece que hayan olvidado la parte ”social“ de sus orígenes cristianos y depositen ahora su fe en la mano invisible”, apostillan. La coalición, asimismo, entiende que ha habido un “enfriamiento del soberanismo”. “Se renuncia al cambio de estatus y a la reforma estatutaria y se limita a pedir las transferencias pendientes”, señalan.

Desde la bancada de PP+Cs, Carmelo Barrio -que conoció a Urkullu cuando llegó al Parlamento en 1994- define este período como “diez años de acaparamiento nacionalista en Euskadi, de hegemonía nacionalista”. “Se instaló en el Gobierno en minoría pero enseguida el PSE-EE le fue a salvar. El PNV y Urkullu han sabido domesticar al PSE-EE, está bien claro”, argumenta Barrio. Esta colación entiende que el lehendakari “ha sido pragmático” tras ver las consecuencias de “la radicalidad de Ibarretxe y del proceso catalán” pero que dispone de una mayoría “política” configurada 'de facto' con EH Bildu para avanzar en materias nacionalistas. Preguntado por los pactos del PP entre 2016 y 2018 con el Ejecutivo, Barrio es contundente: “Nos engañaron. Los pactos no se cumplieron. Y luego nos traicionaron en Madrid. No nos arrepentimos porque nosotros íbamos de buena fe, pero fuimos traicionados y son lecciones que se aprenden”. Vox, finalmente, ve esta década como “diez años de sirimiri nacionalista, de imposición ideológica y lingüística”. La ultraderecha entiende que el PNV “aprovecha al máximo los recursos de una nación a la que repudia” mientras gestiona la CAV como si fuera un país ajeno a España“.

Unión 78 convocó en la Plaza de Colón hace una semana a miles de personas en una concentración para protestar por los indultos que el Gobierno va a conceder de forma inminente a los presos del procés. La organización, integrada por políticos que han pasado por diferentes partidos, se lanzó hace un año, aún así no hay rastro de ella ni en el registro de asociaciones ni en el de fundaciones. El único dato que existe es la compra del dominio en enero de 2020 a nombre de Rosa Díez, exdirigente de UPyD y portavoz de la organización.  

Un mes antes de que irrumpiese la pandemia en nuestro país, en febrero de 2020, los portavoces de Unión 78 celebraron una rueda de prensa para presentar la plataforma. Junto a Díez, en ese encuentro también participaron el filósofo y escritor Fernando Savater; la exlíder del PP vasco, María San Gil; el exdiputado del PSOE Jesús Cuadrado; el delegado del Gobierno en Euskadi durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy, Carlos Urquijo y el investigador David Mejía. Aprovechando el lanzamiento de la plataforma, anunciaron que preveían celebrar en las siguientes semanas una manifestación en Madrid. Obviamente, la emergencia sanitaria se interpuso en sus planes.

Finalmente, la gran concentración impulsada por Unión 78 se celebró el domingo pasado. La movilización contó con el apoyo de los líderes de Ciudadanos, PP y Vox, que acudieron por separado para evitar la foto conjunta que se produjo hace dos años en el mismo lugar. Entre las autoridades no hay consenso sobre el número de asistentes que acudieron a la concentración – 126.000, según la Policía local y 25.000, para la Policía Nacional–, pero sí está claro que el domingo 13 de junio la presencia de simpatizantes fue menor que en la protesta de 2019, cuando se produjo la famosa foto de Colón. En esta ocasión, el estrado fue reservado para miembros de la plataforma convocante. Acompañando a Díez y a San Gil; estuvieron simpatizantes como el escritor Andrés Trapiello y el presidente de la organización juvenil catalana S'ha acabat, Yeray Mellado.

A pesar de que Unión 78 lleva más de un año operativa, no hay rastro de esta plataforma en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior ni en el de fundaciones, gestionado por el Ministerio de Justicia. Tampoco se ha inscrito como partido político. La única vía para obtener información sobre su constitución es una modesta página web que se creó tras su presentación: union78.es. El dominio de este portal se adquirió en enero de 2020 y su titular es Rosa Díez, según los datos aportados por la página web dondominio.com. 

En ese portal, la organización se presenta como “una plataforma de activismo político no institucional, sin pretensiones electorales ni a corto ni a largo plazo”. Según detallan, su actividad estará centrada en la participación en “demostraciones públicas y puntuales sobre aquellas políticas gubernamentales que lo exijan”. “Y sólo existirá durante la acción pública, no como organización burocrática con cargos, jerarquías”, exponen. 

Inspirada en la iniciativa Basta Ya, que se impulsó en el País Vasco en los 2000 para protestar contra el terrorismo, y con el año en el que se aprobó la Carta Magna en nuestro país en el nombre de la organización, sus impulsores se definen como “constitucionalistas activos”, que aspiran “a la transformación positiva de España por medio de la aplicación responsable de la legalidad”. 

Los integrantes de esta organización asumen con “grave preocupación” la “composición” del Gobierno de coalición, “en el que figuran miembros de un partido que se ha declarado abiertamente contrario a la Constitución del 78 y que se apoya en grupos políticos separatistas o vinculados al muy reciente terrorismo”, aseveran en su manifiesto fundacional. En la convocatoria que difundieron para hacer pública la concentración del domingo, también cargaron contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez al indicar que los indultos a los presos del procés “no tienen otro propósito que conservar la mayoría parlamentaria para mantenerse en La Moncloa a cualquier precio”.

Entre los nombres que han manifestado su apoyo a Unión 78 hay profesionales de diferentes ámbitos, como del mundo de la cultura, entre los que se encuentran los directores de cine José Luis Garci e Iñaki Arteta; el actor, Albert Boadella y los escritores Elvira Roca, Felix Ovejero, Andrés Trapiello y Féliz de Azúa. También han obtenido el respaldo de algunos periodistas, como Mamen Gurruchaga, Carlos Herrera, Luis del Val, Ernesto Sáenz de Buruaga y Ángel Expósito. Y políticos que han pasado por diferentes partidos también se han unido a la plataforma, entre ellos, el exalcalde coruñés socialista, Francisco Vázquez, así como representantes de UPyD en diferentes instituciones: Carlos Martínez Gorriarán, Andrés Herzog, Francisco Sosa y Gorka Maneiro.

Esta redacción se ha puesto en contacto con Rosa Díez y con el equipo de prensa de la plataforma para consultarles qué entidad jurídica tiene la plataforma, con qué recursos económicos cuentan y qué se plantean organizar tras la concentración de Colón, sin haber recibido respuesta por el momento a ninguna de las consultas planteadas. 

Estamos viendo en los medios de comunicación un acalorado debate sobre la Democracia en España. Es un error de libro, puesto de lo que habría que hablar es si esta vigente una Transición que buscaba un objetivo que cuarenta años después ha perdido vigencia.

No se puede hablar de democracia en términos absolutos, puesto que no tiene que ver la democracia a la española, a la francesa o incluso a la americana, no es la democracia lo que se discute, es el modelo de estado.

La deriva del independentismo tan de moda, fuera de los sentimientos, alguna forma o el tema cultural, cada vez tiene menos sentido, ya que el propio Estado español esta cediendo soberanía a cambio de euros a la Europa de los ciudadanos, ya son compartidas las competencias de Justicia, Medio Ambiente y hasta el control de las Fronteras, ya que son comunes en el espacio Schengen.

La Europa que nos viene es vista con buenos ojos, por la buena gestión y la eficacia en las libertades, por algunos ciudadanos que a modo de los antiguos Afrancesados esperan la libertad de fuera, perdida la esperanza y la confianza en la interna, pero el contrapunto cada vez mas mayoritario es el “VIVAN LAS CADENAS”, de los tradicionalistas que van en contra del estado de las autonomías, incluso de la permanencia en Europa.

Los españoles son de rey, y da igual como sea, no hemos cambiado nada desde la época de Fernando VII, y tampoco hemos aprendido nada, el partido de centro no pinta nada en el espectro político español ya fracasaron la UCD, CDS, UPYD y ahora el inminente óbito de Ciudadanos, el pueblo es de derecha o de izquierda, así que habrá que sopesar mucho nuestra madurez democrática.

Si nuestra madurez democrática la medimos mirando el entorno de los poderes del Estado, con un Consejo del Poder Judicial al margen de los limites constitucionales, que no dimite ni lo cesan, o de la corrupción que afecta a los grandes partidos y a su financiación y ni mirar para los que se denominan Sindicatos Mayoritarios, pues parece que la medición se nos quedaría algo corta, por mucho pecho que saque el presidente del gobierno.

España y los españoles, somos como somos y por otra parte como siempre hemos sido, pocas ganas tenemos de cambiar, y casi repetimos los bucles de los extremos que cada vez se radicalizan más, estamos acostumbrados al que manda, que nunca ha dejado de mandar, esta es la gran mentira de una transición sobrevalorada para los tiempos que vivimos, que quizás fue lo mejor que supieron o pudieron hacer en su momento, voy a dejar un momento de pensar en español y digo ¡Viva Gandhi!.

Cuando en 2016 Rosa Díez dimitió como presidenta UPyD tras el estrepitoso fracaso de su partido en el carrusel electoral de 2015, pidió enterrar sus siglas con ella después del intento del que fuera su mano derecha, el abogado Andrés Herzog, de reflotar la marca que ella había fundado en 2007 junto con un grupo de intelectuales con el fin de ocupar el espacio de centro político y ejercer de contrapeso -cuando no de látigo- a los nacionalismos periféricos. Tras la marcha de Díez, que había abandonado el PSOE tras tratar de liderarlo y perder en las primaria frente a José Luis Rodríguez Zapatero, un grupo de dirigentes se negó a echar la persiana y dar el “final digno” que había sugerido su creadora. Los sucesores decidieron continuar con el proyecto contra viento y marea, viviendo de las rentas de su primera época, mientras Albert Rivera, que aguardaba en Catalunya esperando su momento, desembarcaba en Madrid con Ciudadanos. El nuevo partido acaparó la atención de medios de comunicación madrileños que habían mimado a UPyD desde su creación.

Al final, pese a los sucesivos intentos de mantener la marca, la formación ha tirado la toalla y este domingo, justo cuando se conmemora el aniversario de la Constitución, anunció su disolución ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas.

La suerte estaba echada desde el pasado 18 de noviembre cuando una jueza de Madrid daba la orden para que UPyD desapareciera como partido en el registro del Ministerio del Interior y declaraba su extinción como persona jurídica ante la imposibilidad de pagar las nóminas atrasadas que mantenía con Beatriz Becerra, quien fue eurodiputada y años atrás había ocupado el cargo de responsable de Comunicación. Su actual presidente y portavoz, Cristiano Brown, todavía intentó resistir y se apresuró a anunciar que recurriría la decisión. “Seguiremos luchando por el proyecto político” que, según dijo, consideraba “necesario”. Este domingo Brown ha tirado la toalla a través un nota de prensa que reivindica “la Constitución y la Política de Calidad”, “tras 13 años de lucha por la regeneración democrática, el europeísmo y contra la corrupción”.

La intensa pero breve historia de UPyD y las frustradas negociaciones con Ciudadanos

La historia de UPyD desde su nacimiento como esperanza de recuperar el centro político, huérfano desde la caída de UCD, hasta su estrepitoso final apenas duró ocho años en los que la formación logró ejercer cierta influencia, sobre todo a costa del desgaste del bipartidismo, y como látigo de los nacionalismos periféricos, incluido el PNV que había hecho consejera a Rosa Díez en los años de plomo de la banda terrorista ETA.

Salvando las distancias, sobre todo por sus discretos resultados electorales, su historia guarda un cierto parecido con lo que le ha terminado pasando a Rivera que, como Díez, le declaró la guerra al nacionalismo e hizo de la lucha contra la corrupción su bandera. Uno y otro han ejercido un liderazgo omnímodo dentro de sus respectivas formaciones. Díez llevaba el suyo aprendido después de militar durante cerca de tres décadas en el PSOE, partido en el que ostentó importantes cargos tanto orgánicos como institucionales. Rivera consiguió consolidarlo en un tiempo récord después de varios años en el Parlament y al marcharse a Madrid tras dejar Catalunya en manos de Inés Arrimadas, la que ha terminado siendo su sucesora.

Los medios de comunicación que habían mimado hasta entonces a Rosa Díez saltaron al barco de Rivera en cuanto vieron que UPyD no tenía futuro.

Quienes les conocen y saben de los entresijos de las frustradas negociaciones que ambos políticos mantuvieron para intentar formar una coalición electoral que uniera a los votantes de centro –aspiración ahora de Pablo Casado, sin éxito por el momento–, afirman que eran dos dirigentes con defectos similares que los hacían incompatibles: una cierta “soberbia” y altas dosis de “prepotencia” a la hora de manejar sus partidos. Así que cada uno siguió su camino con diferente suerte en las urnas. Con el tiempo, uno y otro fueron igualmente acusados por los críticos de sus respectivos partidos de no soportan la discrepancia y de acometer “purgas” contra los que no les rendían pleitesía.

Con Rosa Díaz al frente UPyD el partido obtuvo en las elecciones generales de 2008 su primer escaño en el Congreso, el suyo, mientras Rivera intentaba sin éxito entrar en el Parlamento nacional como cabeza de lista de Ciudadanos por Barcelona. En los siguientes comicios de 2011 UPyD dio la campanada al obtener cinco diputados y formar grupo propio en la Cámara Baja. Ciudadanos había decidido no presentarse a esos comicios. En esa legislatura UPyD desarrolló un activo trabajo con la lucha contra la corrupción como bandera, la misma que también enarbolaría después Ciudadanos, convirtiéndose en el azote del Gobierno del PP con la presentación de varias querellas en los tribunales. Entre las acciones judiciales que emprendió su grupo parlamentario destacan el caso de las preferentes o el de las tarjetas black, que terminó años después con el exvicepresidente económico del Gobierno del PP y exdirectorl gerente del FMI, Rodrígo Rato, en la cárcel.

En las europeas de 2014 UPyD llegó a tener cuatro europarlamentarios con Francisco Sosa Warner como cabeza de lista pero la crisis del partido ya había empezado: el grupo se rompió en Europa poco antes de que Sosa dimitiera. Ciudadanos, por su parte, consiguió dos escaños en esa cita, el de Javier Nart y el de Juan Carlos Girauta.

Sin embargo, el verdadero desplome de UPyD llegó apenas un año después a partir de los comicios andaluces de marzo de 2015 en los que no consigue representación parlamentaria. Ciudadanos en cambio entró con nueve. UPyD había perdido casi la mitad de los votos que cosechó en las autonómicas de 2012. Dos meses después, el batacazo es aún mayor en las municipales y autonómicas al no entrar en ningún parlamento autonómico y mantener una representación testimonial en los ayuntamientos: 229.458 votos y 129 concejales, frente a los 465.125 sufragios y 152 ediles que consiguió en las anteriores. La puntilla llegaba en las generales de diciembre de ese mismo año cuando tras dar un paso atrás Rosa Díez, la candidatura encabezada por Andrés Herzog se estrella y UPyD se queda fuera del Congreso, lo que precipita que un mes después, en enero de 2016, los dos dirigentes dimitan de sus cargos. Es el momento del gran cambio en el panorama político con el aterrizaje de Podemos, Ciudadanos y Vox, las llamadas “fuerzas emergentes”.

Tras una efímera etapa bajo el liderazgo del vasco Gorka Maneiro, y un nuevo fracaso en las generales de 2016, UPyD aguanta hasta el nombramiento de Cristiano Brown. Pero en las elecciones del 28A de 2019 ya no se presentan y piden directamente el voto para Ciudadanos, liderado en ese momento por Rivera, con la vista puesta en poder negociar la incorporación de algunos de sus miembros a otras listas. De hecho, tampoco concurren a las europeas de ese mismo año pero Maite Pagazartundúa se coloca como número dos de la candidatura de Luis Garicano, mientras Cristiano Brown pacta ir como número once en esa misma lista de Ciudadanos, sin lograr escaño. Meses después, en la repetición de las generales del 10N, Brown vuelve a negociar con Rivera y entra en el puesto séptimo de su lista por Madrid. El fracaso de Ciudadanos en esos comicios es absoluto -pasa de 57 a 10 escaños- y frustra la última oportunidad de Brown de sentarse en el hemiciclo, además de jubilar a Albert Rivera.

Los ex de UPyD se desentendieron de la formación mientras Díez se arrima al PP

De los exdirigentes que iniciaron la aventura con Rosa Díez ninguno tiene prácticamente relación con Brown ni con los restos del naufragio de UPYD. Muchos de ellos se marcharon a Ciudadanos, como Toni Cantó, Ignacio Prendes, Fernando Maura –estos dos últimos curiosamente terminaron siendo depurados por Albert Rivera de la formación liberal -. Otros fueron reclutados por el PSOE, como Irene Lozano, convertida ahora en alto cargo del Gobierno al frente de la Secretaría de Estado para el Deporte. Los que pudieron volvieron a sus antiguos puestos de trabajo o ficharon por empresas privadas, como Carlos Martínez Gorriarán.

En estos últimos años, fuera ya de la primera línea política, Rosa Díez ha ido virando hasta posiciones cada vez más cercanas al PP, e incluso a Vox. En las últimas elecciones del 10N no dudó en pedir el voto para Pablo Casado con el que ha compartido algún acto y en algún que otro mitin. Aunque su verdadera obsesión es el PSOE, su antiguo partido, donde compitió en las primarias para liderarlo, tanto en el País Vasco como a nivel nacional y cosechó en ambas ocasiones resultados ridículos frente a sus adversarios.

Dos días después de que la jueza madrileña decretase la extinción de UPyD, su fundadora y exdirigente socialista durante cerca de tres décadas cargaba contra la Ley Celaá en el programa del periodista Federico Jiménez Losantos y se atrevía a diagnosticar: “El PSOE está muerto”, “murió con Zapatero pero no terminan de enterrarlo. Ya huele bastante y, sobre todo, estamos sufriendo las consecuencias de tener un cadáver por ahí esparcido que está infectando a la sociedad, infectando todo lo que encuentra por su camino y vamos a ver si lo enterramos de una vez no solo en un acto de legítima defensa sino de salud pública y de seguridad nacional”. Y así lo remachó en su perfil de Twitter.

La Mesa del Parlamento Vasco ha decidido reducir los tiempos de intervención de VOX, el número de iniciativas que pueda presentar tanto en el Pleno Ordinario como en el Pleno de Control, así como su número de asistentes, reducido ahora a un único asesor. Todo ello respecto a la última vez en que el Grupo Mixto lo conformaba un solo partido político y un solo diputado -es decir, UPYD y servidor, en la X Legislatura (2012-2016)-. Teniendo en cuenta mi experiencia, trataré de explicar mi punto de vista sobre la cuestión.

La irrupción de nuevos partidos políticos en las distintas instituciones y, en concreto, en los diferentes parlamentos, es algo que generalmente incomoda a los viejos partidos políticos. De hecho, una de las razones que enarbolan los nuevos partidos políticos para reclamar que les votemos es precisamente que serán incómodos frente a los viejos partidos y frente al 'statu quo' reinante. Desde un cierto adanismo entreverado con la arrogancia que provoca la inexperiencia, nos prometen el oro y el moro, cambios profundos, un antes y un después desde su irrupción parlamentaria… y medidas nunca vistas o escuchadas antes.

Normalmente, la cosa no es para tanto y, en todo caso, el tiempo pone a cada cual en su sitio o, al menos, nos hace medir (y recordar) las cosas en su justa medida. En todo caso, su presencia es un incordio para los partidos políticos ya asentados: no solo tendrán que repartir con un nuevo actor político los recursos dinerarios de la Cámara legislativa sino que, además, tendrán que repartir los tiempos de intervención y su presencia en las distintas ponencias y comisiones, y, lo que puede ser mucho peor para sus intereses y sus comodidades: habrá supuestamente un nuevo discurso y se escucharán nuevos argumentos (buenos o malos pero seguramente distintos), lo que hará que al menos algunos de los viejos partidos deban variar, corregir o completar su discurso político repetido durante años.

En definitiva, la irrupción de un nuevo partido es una molestia y un incordio para los viejos (y, en principio, bueno para la política, porque se amplía la competencia electoral y podría ser un acicate para todos los actores implicados), ya que estos (los partidos viejos) lo que habitualmente quieren es que las cosas no cambien o, al menos, no cambien tanto como para dejarlos a ellos en fuera de juego.

En el Parlamento Vasco, además, tienen el recuerdo reciente de UPYD, cuyo diputado (un servidor), terminó batiendo todos los récords de iniciativas presentadas e intervenciones realizadas y, lo que más los incomodó, llevó a la Cámara vasca unas cuestiones y unos argumentos nunca esgrimidos antes y, desde luego, nunca con tanta fuerza, en relación a cuestiones como el terrorismo, la manipulación informativa de los medios públicos de comunicación, el adoctrinamiento educativo en las aulas, la injusta ley electoral o la política de imposición lingüística, y no digamos ya en relación a temas como el entramado institucional vasco, la foralidad o el Concierto Económico. Tanto en la primera como sobre todo en la segunda legislatura hubo amagos de otros grupos (especialmente, del PNV) para reducir nuestros recursos humanos y nuestros instrumentos de intervención política pero finalmente no terminó nunca de concretarse y siempre (o casi siempre) pudimos desarrollar plenamente nuestras tareas.

Como UPYD en la X legislatura (2012-2016), VOX es ahora el único integrante del Grupo Mixto. En la IX legislatura (2009-2012), UPYD compartió Grupo Mixto con Ezker Batua y EA, razón por la cual nos repartíamos los tiempos y las iniciativas parlamentarias que correspondían al Grupo (por ejemplo, en lugar de intervenir diez minutos, interveníamos 3, o, en lugar de tener presencia en todas las comisiones, nos las repartíamos, o teníamos una sola portavocía, que hacíamos que rotara). No hay que olvidar que los parlamentos suelen conformarse por Grupos Parlamentarios, que vienen a ser la unidad básica de distribución de derechos y obligaciones, con algunas salvedades que determina e introduce en ocasiones la Mesa, órgano de gobierno del Parlamento.

Es razonable pensar que no puede ser lo mismo un Grupo Parlamentario que tenga 30 parlamentarios que otro que disponga de 3 o incluso de uno solo. En esta legislatura, el Grupo Parlamentario del PNV tiene 31 diputados y el de VOX… solo uno. En mi segunda legislatura (único miembro del Grupo Mixto), tuve, obviamente, muchos menos recursos humanos y económicos que el resto de Grupos para hacer mi labor en el Parlamento Vasco; sin embargo, dispuse de prácticamente los mismos derechos de intervención política que el resto de grupos, lo que algunas veces unos y otros me lo recordaban (recuerdo un Pleno de Control donde estuve interviniendo ininterrumpidamente durante más de hora y media defendiendo distintas preguntas e interpelaciones ante los distintos miembros del Gobierno Vasco, mientras los demás diputados nos miraban como si mirasen un partido de tenis).

Ahora, la Mesa del Parlamento Vasco ha decidido reducir los tiempos de intervención de VOX, el número de iniciativas que puede presentar tanto en el Pleno Ordinario como en el de Control, así como su número de asistentes, asignándole finalmente un solo asesor. Que tenga menos tiempo de intervención que el que tuvo UPYD en su momento me parece bastante entendible, porque no parece que sea razonable que un Grupo Parlamentario de un solo diputado pueda intervenir tanto tiempo como un Grupo Parlamentario de 30 diputados. Yo disfruté de esa supuesta ventaja, lo reconozco. Y, del mismo modo, añado que no es demasiado relevante poder intervenir tanto tiempo como los demás, ya que lo que puede decirse en diez minutos puede igualmente decirse en tres, para lo cual, eso sí, habrá que reunir argumentos, ir al grano y no irse por las ramas. En mi época, un director de un periódico relevante me definió por ello como “francotirador”, ya que reducía mis tiempos e iba directo a la cuestión. En conclusión, esta decisión no me parece ni injusta ni excesivamente lesiva para los intereses de VOX.

Además, la Mesa del Parlamento Vasco ha decidido reducir el número de iniciativas parlamentarias que pueda registrar y defender VOX. Si en mi segunda legislatura podía presentar una Proposición No de Ley o una Moción en cada Pleno Ordinario y dos interpelaciones y cuatro preguntas en cada Pleno de Control (casi nunca presentábamos tantas), VOX verá reducida esta capacidad política y, por lo tanto, su capacidad para tratar aquellos temas que la formación considere más de su incumbencia. En todo caso, podrá mostrar su posición en relación a todas las iniciativas que presenten el resto de grupos, y no le faltarán opciones para dejarse oír, tanto en los plenos como en las distintas comisiones que se constituyan. Ve reducida, como digo, su capacidad de iniciativa, pero, siendo una sola diputada, no lo considero algo demasiado lesivo para sus intereses. Porque, además, el hecho de ser un solo parlamentario, te impide poder abarcar todos los temas que se traten; y es preferible, desde luego, concentrar fuerzas y preparar bien aquellos en los que uno decida intervenir.

Finalmente, la Mesa del Parlamento Vasco ha decidido reducir a un único asistente la ayuda administrativa y burocrática de la que disponga VOX para registrar iniciativas propias o enmendar iniciativas ajenas así como para poder analizar y enmendar también los distintos proyectos de ley que se debatan y voten. Esto tendrá especial relevancia con cada Proyecto de Presupuestos, que habitualmente exige un enorme trabajo de análisis y estudio. A buen seguro, VOX deberá contar con ayuda externa para desarrollar semejante tarea (por cierto, lo contrario de lo que suelen hacer los grupos grandes, a algunos de cuyos asistentes no se les verá jamás por el Parlamento Vasco). En mi segunda etapa dispuse de tres asistentes y su trabajo fue esencial para llevar a cabo el enorme trabajo político que desarrollamos. Digan lo que digan los populistas, son el instrumental indispensable para que el diputado pueda desarrollar mejor su tarea, ya que solo sería incapaz de abarcar todos los temas y de realizar el trabajo que los ciudadanos esperan de sus representantes. Por lo tanto, que VOX vaya a disponer de un solo asistente supondrá una limitación evidente para poder desarrollar su trabajo político.

En mi época, la Mesa del Parlamento Vasco no se atrevió a reducir en las mismas proporciones nuestros tiempos parlamentarios, nuestra capacidad de iniciativa ni nuestros asistentes. Es probable que lo hagan ahora porque reducírselo a una formación como VOX está mejor visto, y porque, al menos en parte, estas decisiones vienen a concretar la promesa que algunos grupos hicieron en relación a la implementación de un cordón sanitario contra VOX. Como he explicado, algunas decisiones no le supondrán un perjuicio grave para la formación política pero otras sí perjudicarán su actividad. Así las cosas, y más allá de que VOX utilice estas decisiones en su beneficio, puesto que esta decisión de la Mesa es definitiva, VOX deberá amoldarse a lo que tiene y tratar de superar los obstáculos que le han puesto. Olvidarse de ello y concentrarse en desarrollar el mejor trabajo político posible, lo que requerirá horas de dedicación y empeño. Instrumentos no le van a faltar. Por lo demás, les tocará, como al resto, ordenar ideas, marcarse propiedades y concretar temas. Y lo que no suele hacerse siempre: sin estridencias ni demagogias ni salidas de tono, tratar con su acción parlamentaria de mejorar la vida de los ciudadanos. Y más allá de la opinión que los ciudadanos ya tenemos de ellos, por sus actos los juzgaremos.  

* Gorka Maneiro es asociado de HAC Group, firma internacional de asuntos públicos, relaciones internacionales, formación de líderes y solidaridad internacional.

El exconcejal socialista y exmiembro de UPyD, Niko Gutiérrez, encabezará las lista de Vox por Bizkaia para las elecciones autonómicas vascas del próximo 5 de abril.Gutiérrez ya figuró en los pasados comicios generales en la candidatura de Vox al Congreso por Bizkaia- Gutiérrez tiene un dilatada trayectoria política en Euskadi, donde fue concejal del PSE-EE en Miravalles-Ugao (Bizkaia) durante 16 años, coordinador de Basta Ya! y secretario del Ayuntamiento de Ermua, gobernando entonces por Carlos Totorika (PSE-EE). Además, fue 'fichado' en su día por UPyD, formación en cuyas listas concurrió por Álava en 2012.

Gutiérrez criticó el año pasado el “oportunismo” del entonces presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien quiso celebrar su único acto en la campaña de las municipales en Euskadi en Ugao-Miraballes, donde el partido naranja no se presentaba a las municipales y pueblo natal del dirigente de ETA Josu Urrutikoetxea, conocido como Josu Ternera. Según Gutiérrez, en Euskadi es “necesaria una política constitucionalista en la calle de Ugao-Miraballes y otros pueblos todos los días y no sólo de manera oportunista”.

Por Gipuzkoa, Vox presenta como cabeza de lista a María Pérez Fernández, quien forma parte del partido desde el inicio. Ha trabajado como funcionaria en el Instituto Nacional de Estadística, como auxiliar estadística y luego como técnico superior de Gestión.

Mientras, la lista de Vox por Álava está encabezada por Amaia Martínez, que es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, aunque ha desarrollado su carrera en el ámbito del comercio.

Toni Cantó se convertía este lunes en símbolo de la política española, que no avanza. Idas y venidas a elecciones, para volver otra vez a las urnas y terminar donde dijiste que no estarías. Si te molesta, acuérdate de lo que decía Cantó cuando estaba en UPyD: “No he hecho de la política mi medio de vida, hago cosas como la gente normal”. Así presentaba entonces la campaña “Queda con Toni”, en la que cuentan que se ofrecía a “tomar cañas o a cenar en casa de ciudadanos, para hablar o salir a correr juntos”.

Decía Toni Cantó cuando estaba en el partido de Rosa Díez: “Hay gente que se fue a Ciudadanos que nos está llamando para volver a UPyD, porque les han utilizado”. Un profeta. Toni terminó yéndose al partido de Rivera, pero ahora su actual formación concurrirá junto a Unión, Progreso y Democracia en las próximas elecciones. Y eso que Cantó afirmaba desde UPyD: “Estos cambios de un lado a otro me dan pudor. No es la política que quiero practicar”.

Para ser coherente y no moverse demasiado, Toni se fue a Ciudadanos. Puedes decir que no pactarás con el PP por la corrupción, pero acabar pactando con el Partido Popular. O un día lamentar que el PSOE no es constitucional, porque es “la banda”, pero poco después te ofreces a Sánchez para pactar y defender la Constitución. Ya lo decía Cantó cuando estaba en UPyD: “Eso de ir de una parte a otra… A mí me costaría hacer una cosa así”.

Ciudadanos está como ese 600 molón en el que Toni Cantó se hizo la foto cuando estaba en UPyD. Trata de arrancarlo. El partido de Albert Rivera no tira. Cae estrepitosamente en las encuestas de intención de voto. Por eso, el el líder de Cs ha dado un nuevo volantazo, se ofrece a pactar con el PSOE y nos trae una “buena noticia para España”. Ciudadanos trata de remontar el vuelo: “Sumamos fuerzas junto a UPyD”. En las últimas generales a las que se presentó, este partido logró el cero y pico por ciento de los votos.

El mercado de fichajes echa humo. Las redes piden ahora a Rosa Díez. Sobre todo, después de aquel acto en el que Rosa nos dijo: “Echo en falta el Congreso. No he hecho otra cosa más importante en mi vida”. Pablo Casado respondió: “También esta casa te echa de menos” y Cayetana Álvarez de Toledo remató: “Este país no puede permitirse prescindir de Rosa”. Simbología de la política española, que no quiere vivir de la política. Imaginen la paradoja de que la fundadora de UPyD se enfrentase al partido que fundó, junto al que concurriera alguien, como Toni Cantó, que se fue de allí. Lo sé, un rompecabezas.

Y queda más de un mes para las elecciones. Antes y después, veremos cosas que nos dijeron que jamás llegaríamos a ver. Rosa Díez nos decía hace poco: “PP, Cs y VOX deben ponerse de acuerdo para lograr gobiernos progresistas”. Sí, la ex del PSOE llamó a eso “progresista”. Me recordó cuando el Toni Cantó de UPyD, que ponía en el currículum que era pedagogo, sin tener título de pedagogía, escribió: “La mayor parte de las denuncias por violencia de género son falsas”. Todo muy “fake”, pero nos recuerda que todavía quedan caminos por explorar. Sin ir de un lado a otro, ya saben.

“Como partido político que sigue existiendo no podemos ver desde la barrera lo que está pasando en España”. Cristiano Brown, actual presidente de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), recuerda con estas palabras que su partido todavía vive y justifica, de paso la decisión adoptada el pasado fin de semana por el Consejo Político: volver a presentarse con sus siglas a las generales del 10 de noviembre, cuatro años después de que su estrepitoso fracaso en los comicios les llevara a renunciar a las urnas y a apoyar o coaligarse con otras fuerzas como Ciudadanos.

El paso adoptado por el partido, que ahora apenas cuenta con un millar de militantes, se produce en pleno acercamiento de su fundadora y exportavoz, Rosa Díez –que dejó UPyD en 2016–, al PP. El pasado 12 de septiembre la exdirigente fue la invitada estrella de un acto organizado por los populares en el Congreso para tratar de impulsar la coalición España Suma de PP, Ciudadanos y Vox que finalmente no se ha producido.

“Soy una española sin partido, pero sí echo en falta esta casa. Yo vivo muy feliz, pero echo en falta esta casa, porque no he hecho nada más grande que defender a los españoles”, dijo Díez en ese evento, en el que Pablo Casado le respondió que el Congreso también la echaba “mucho de menos” a ella. La portavoz de los populares en la Cámara Baja, Cayetana Álvarez de Toledo, aprovecha, además, cualquier intervención para invitar a Díez a que se sume a su partido.

Al acto del Congreso también asistió como oyente el propio Brown, que en conversación telefónica con eldiario.es sostiene que no le molesta ese acercamiento de Rosa Díez al PP. “Ella remarcó en su intervención que es independiente y sin partido. Rosa y yo mismo defendemos la unidad de España y buscar puntos de encuentro en la Constitución. Que alguien como socialdemócrata estuviera allí demuestra su altura de miras”, sostiene. El hoy líder de UPyD explica que ni él le ha ofrecido a Díez integrarse en las listas ni ella le ha mostrado esa disposición, por el momento.

La formación que se define de “centro” se presentará al menos en Madrid, aunque también está estudiando concurrir con candidaturas propias en provincias como Valencia, Murcia o Málaga. Actualmente, su principal representación es la de la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, que en las europeas de mayo concurrió de número dos de Ciudadanos después de que UPyD lograra un acuerdo de coalición con el partido de Albert Rivera. También tienen concejales en Mejorada del Campo (Madrid) y San Miguel de Salinas (Alicante).

Fundamentada en el antinacionalismo

Surgido en 2007 tras la salida de Rosa Díez del PSOE, partido en el que intentó llegar a la secretaría general en 2000 –fue la menos votada en el congreso que ganó José Luis Rodríguez Zapatero– y con el que llegó a ser consejera del Gobierno vasco en coalición con el PNV y EA –hoy integrada en EH Bildu–, UPyD fue fundado por integrantes de la plataforma anti ETA ¡Basta ya! como Fernando Savater o Mikel Buesa y propició en sus inicios un discurso contra los nacionalismos periféricos.

Llegó a lograr más de un millón de votos en 2011, obteniendo cinco escaños y grupo propio en el Congreso. Puso en marcha, además, una campaña en los tribunales contra los abusos de la banca. Después, en medio de un cisma interno y de numerosas bajas de dirigentes que acusaron a Díez de autoritarismo, inició su declive, del que nunca se recuperó. En las autonómicas y municipales de 2015 no logró representación en ningún parlamento regional, y en las generales de ese mismo año tampoco logró escaño en el Congreso.

Díez abandonó el partido a principios de 2016, después de que algunos de sus principales colaboradores como Toni Cantó o José Ignacio Prendes se pasaran a Ciudadanos, una formación con la que la dirigente de UPyD nunca quiso una alianza electoral, y que acabó robándole a la mayor parte de sus votantes. Brown sí aboga por acordar con el partido de Rivera, como hizo en las últimas europeas.

“Siempre hablábamos de ser transversales. Nos colocamos en el centro, pero somos progresistas a los que no nos avergüenza defender la unidad de España. La palabra 'España' se tiene que usar con normalidad. Cuando el CIS preguntaba por nosotros, los ciudadanos nos colocaban en el centro izquierda. Se puede defender la unidad de España desde un punto de vista progresista”. En los últimos comicios concurrió, sin embargo, junto a Ciudadanos, ubicado por sus pactos electorales con el PP y Vox en el espectro ideológico de derechas.

La foto de Colón

En febrero, a Brown se le pudo ver además entre Pablo Casado y Santiago Abascal en la polémica foto de Colón, la concentración convocada por PP y Ciudadanos, a la que se sumaron Vox y otras fuerzas de extrema derecha para reivindicar la unidad de España y exigir a Pedro Sánchez que convocara elecciones. “Se puede defender la bandera, la unidad, y el Estado de derecho. Eso es lo que nos llevó ahí. Defendemos políticas sociales, no voy a caer en el discurso populista sobre la inmigración que hace Vox”, advierte.

El objetivo presentando listas propias es, según el líder de UPyD, hacer frente a “populistas como Vox y Podemos, que han fomentado la crispación”. “Hemos buscado ser más útiles, dar el paso al frente porque la situación de España nos preocupa y para contribuir a que en nuestro país haya acuerdos y una política de más calidad. Echamos de menos esa buena política”, sostiene.

Brown ha sentido un impulso desde que el fin de semana pasado anunció que concurrirá a las generales. “Hemos notado una importante repercusión y un aumento de afiliación instantáneo”, celebra.

En el escenario postelectoral, UPyD busca llegar a acuerdos con otras formaciones “para sumar fuerzas” en el caso de que obtengan representación en el Congreso. Brown no aclara si elegiría a Pedro Sánchez o a Pablo Casado en el caso de que la formación de Gobierno dependiera del partido que dirige. Sus “líneas rojas” para lograr pactos son “la defensa de la Constitución y la igualdad”. Nunca podría dialogar “con cualquier partido que no condene la violencia o que se sitúe en el egoísmo del independentismo”.

“La gente se alegra de que un partido que demostró en su pasado institucional hacer un buen servicio quiera seguir haciéndolo”, concluye.

“Soy una española sin partido”. La exsocialista y fundadora de UPyD Rosa Díez se describía a sí misma con esas palabras este jueves en un acto del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Los populares presentaron a Díez en los últimos días como uno de sus fichajes estrella en unas jornadas organizadas por el partido para impulsar la coalición España Suma que pretende formar la dirección de Pablo Casado junto a Ciudadanos y Vox –ambas formaciones ya han dicho que no– y afrontar un posible adelanto electoral con opciones de llegar a la Moncloa.

Esa nueva sintonía de la exportavoz de UPyD con el PP, que se vislumbró este jueves en las palabras del propio Casado cuando aseguró que el Congreso echa “mucho de menos” a Díez, tentándola a regresar a la primera línea en las filas populares, refleja el enésimo viraje ideológico de una exdiputada que lleva más de 40 años en política.

Se afilió al sindicato UGT en 1976 y al PSOE, en 1977. Dos años después logró su primer cargo público como parlamentaria en la Diputación Foral de Bizkaia, un puesto que mantuvo hasta 1987, llegando incluso a vicepresidenta de la cámara provincial durante los últimos cuatro años. Tras un breve periodo como concejala del municipio vizcaíno de Güeñes (1987-1991), saltó a la escena política vasca como diputada autonómica y, sobre todo, al ser nombrada consejera del Gobierno vasco.

Pese al ferviente antinacionalismo que le ha caracterizado en los últimos años y del que volvía a hacer gala este jueves, Díez no tuvo reparos a la hora de formar parte de un Ejecutivo de coalición entre el PSE y el PNV presidido por José María Ardanza, cuando la formación nacionalista vasca estaba dirigida por el polémico Xabier Arzalluz.

Impulsora del 'Ven y cuéntalo'

Como titular de la cartera de Consumo y Turismo, entre 1991 y 1998, la política se hizo conocida por lanzar el lema 'Ven y cuéntalo' para fomentar el turismo al País Vasco durante algunos de los años más sangrientos de la violencia de ETA. Amenazada por la banda terrorista, en 1997 llegó a recibir un paquete bomba en su domicilio que no llegó a explotar.

Justo después perdió las dos votaciones internas en las que trató de hacerse con el liderazgo socialista. Primero en 1998 en el PSE contra Nicolás Redondo Terreros. Después, en el Congreso del PSOE del año 2000 cuando disputó la secretaría general a José Bono, José Luis Rodríguez Zapatero (el vencedor) y Matilde Fernández. Quedó última con un 6,5% de los votos. Antes había sido cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas de 1999. Su excelente resultado le llevó a intentar saltar a lo más alto del partido.

Ya sin cargos orgánicos, dejó el PSOE en 2007 por discrepancias con su política en el País Vasco y ETA. Un año después fundó UPyD, una formación eminentemente antinacionalista que pedía la supresión de los derechos históricos de Euskadi y Navarra así como dejar de proteger las lenguas cooficiales del Estado, surgida de los cimientos de la fundación anti ETA '¡Basta Ya!'. Este partido obtuvo su mejor resultado en las elecciones generales de 2011, cuando logró más de un millón de votos.

Después, en medio de un cisma interno y de numerosas bajas de dirigentes que acusaron a Díez de autoritarismo, se inició el declive de UPyD. En las autonómicas y municipales de 2015 no logró representación en ningún parlamento regional, y en las generales de ese mismo año tampoco logró escaños en el Congreso. Díez abandonó el partido a principios de 2016, después de que algunos de sus principales colaboradores como Toni Cantó o José Ignacio Prendes se pasaran a Ciudadanos, una formación con la que la dirigente de UPyD nunca quiso una alianza electoral, y que acabó robándole a todos sus votantes.

Discrepancias dentro del PP

Desde entonces, la política vasca se había limitado a mantener una intensa actividad en las redes sociales –en las que últimamente había defendido los postulados de Vox en algunas materias como la organización autonómica– y a escribir en un blog creado por algunos de los fundadores de UPyD. Su reaparición en la campaña de las generales acompañando a Cayetana Álvarez de Toledo en distintos actos en Catalunya la acercó al PP, cuya dirección no disimula ahora que la quiere en sus filas.

Este jueves, en el acto para promocionar España Suma, Díez recibió todo tipo de elogios por parte de la propia Álvarez de Toledo, amiga personal de la exdirigente socialista. “Brilló en esta casa, vino conmigo a la campaña, es un espíritu libre, crítico, independiente y una mujer valiente, de las mujeres valientes que he conocido”, sostenía la portavoz del PP en el Congreso en las jornadas tituladas “Españoles en Defensa de lo Común”.

A juicio de la portavoz del PP, Díez “es una de esas impresionantes políticas que tiene España”. “Un país no puede permitirse el lujo de prescindir de una mujer como ella en la política activa”, concluía.

No opina lo mismo el presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso, que este mismo jueves, en una entrevista en la Cadena Ser, consideraba “sorprendente” la participación de la fundadora de UPyD en un acto de los populares “porque arremetía mucho contra el PP en el pasado”. “Creo que Díez es una personalidad, voy a decirlo de una manera amable, extraordinariamente versátil, si ves su trayectoria ves que es muy versátil, a mí los conversos me parecen muy bien si no se pasan de entusiasmo”, zanjaba.

“La defensa de lo común”

Díez, de momento, se deja querer. “Quién me iba a decir a mí que la próxima vez que iba a hablar en la casa común lo iba a hacer gracias al grupo político de cuyo Gobierno yo fui nombrada azote. Quizá este hecho describa lo excepcional del momento. Es un partido de derechas que invita a esta socialdemócrata para que reflexionemos juntos sobre lo que pasa en España y la defensa de lo común”, celebraba.

“Estoy muy agradecida a que me hayan invitado a tomar la palabra en esta casa”, afirmaba, en alusión al Congreso de los Diputados. “Yo sí echo en falta esta casa. Vivo muy feliz, que lo sepan, pero echo en falta el Congreso”, decía. Casado le respondía que el Congreso también la “echa mucho de menos”. Si finalmente se produce un adelanto electoral, dirigentes populares no descartan incorporarla a sus filas. Ella insiste: “Soy una española sin partido”.

Niko Gutiérrez fue concejal del PSE-EE en Ugao-Miraballes, su pueblo, durante cuatro legislaturas. Luego saltó con Rosa Díez a UPyD y ahora está apartado de la política. Como observador, escribió en Twitter que sintió “asco” del “oportunismo” de Albert Rivera, que quiso celebrar su único acto en esta campaña electoral en Euskadi en esta localidad en la que Ciudadanos no se presenta a las municipales y que es también el pueblo natal del dirigente de ETA Josu Urrutikoetxea, conocido como Josu Ternera.

“El trabajo para que en Euskadi el constitucionalismo se asiente hay que hacerlo con inteligencia y no de la forma en que Rivera lo hizo en Miraballes. Curiosamente viene a dos días de las elecciones. Le invito a que lo haga la semana que viene y monte Ciudadanos. Tiene 37 votos, ¿no? Pues ya tiene donde empezar”, reflexiona Gutiérrez en conversación con este periódico. Y añade: “La política tiene que ser una cosa más seria que titulares e imágenes efímeras para la televisión”.

Rivera, acompañado por la eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundua, fichada por Ciudadanos para las europeas, y otros dirigentes y cuadros del resto de Euskadi y de otras partes de España, ofreció un mitin este jueves en este municipio de 4.000 habitantes próximo a Bilbao. Su visita a Ugao-Miraballes duró 28 minutos. La comitiva llegó en sus vehículos y, caminando, recorrió el centro hasta llegar al frontón, donde se ofrecieron los discursos. Los alrededor de tres centenares de personas que se movilizaron contra la “provocación” de los “fascistas” y “herederos de Franco” siguieron una doble y contradictoria estrategia. Durante el paseo, imperó el silencio y el desdén al visitante. Durante los discursos, en cambio, boicotearon el acto político con estruendosas sirenas y alarmas. “No nos callasteis con tiros y no nos vais a callar con vuestras sirenas”, replicó Rivera, que cerró el acto con un “¡Viva Euskadi y gora Espainia!” y que criticó que el pueblo se soliviantara contra su visita mientras “aplaudió” a Urrutikoetxea en un homenaje el pasado fin de semana, tras su detención en Francia.

Gutiérrez, desde el respeto a la “libertad” política que todos los partidos han de tener en campaña electoral, entiende que “no se puede estigmatizar a todo un pueblo” por lo que hagan “algunos cientos de energúmenos”. Y añade que, en el pasado, con ETA activa, “muchos se jugaron el pellejo todos los días y a todas horas” de una manera anónima. Cuenta el exedil que su vecino, Ternera, “es una mala persona y de la peor calaña”. Él mismo tuvo que marcharse de Ugao-Miraballes por esa presión y por las amenazas. “Me hubiera gustado ver a Rivera, como diputado, presionando al Gobierno para que lo detuvieran. Pero no hizo ninguna iniciativa”, se lamenta.

Según el ex del PSE-EE y de UPyD, “tensionar al pueblo al único que beneficia es a Batasuna”. Y aporta como dato que, en 1983, había tres concejales socialistas electos y, durante los años más duros del terrorismo, también el PP logró representación. Ahora PNV y EH Bildu copan todo el pleno local. “¿Qué ha pasado?”, lanza al aire para reiterar que es necesaria una política constitucionalista en la calle de este y otros pueblos todos los días y no sólo de manera “oportunista”, insiste.

Alain Coloma no fue concejal en Ugao-Miraballes pero sí candidato del PSE-EE en 2015 y 'número dos' en 2011. Fue como 'paracaidista', porque su partido no encontraba entre sus bases locales -una docena de personas- a quien quisiera dar el paso de hacer una campaña electoral. Él también reconoce la “libertad” de Rivera para mitinear donde estime oportuno y no comparte las sirenas para silenciar a Ciudadanos, pero se pregunta también “dónde estaba” Rivera cuando realmente había que “jugarse el pellejo”. “Esto colabora más con el cóctel del relato de la izquierda abertzale con el relato de lo que pasó de verdad”, opina.

Si Ángel Garrido ha plantado al PP y ha saltado a Ciudadanos, hay quien ha hecho el recorrido inverso. El electo más importante del partido de Albert Rivera en Euskadi en las elecciones locales de 2015, Miguel Ángel Carrera, que ya fue expulsado de la formación naranja en 2016, es desde fechas “recientes” afiliado 'popular' y ocupa doblemente puestos de relleno en las listas de sus nuevas siglas, tanto para los comicios forales de Álava (puesto 25) como para las municipales en la pequeña localidad alavesa de Zigoitia (puesto 5), que se celebran en la misma fecha. “Mi intención es dar un aire de frescura al PP”, explica a eldiarionorte.es.

Carrera se convirtió en procurador en las Juntas Generales de Álava, el Parlamento foral, tras las elecciones de mayo de 2015. Elegido por la circunscripción de Vitoria, fue el único escaño para Ciudadanos en las tres Cámaras forales. Los de Rivera tampoco lograron representación en 2016 en las autonómicas y, de hecho, el entonces candidato, Nicolás de Miguel, un ex de IU y UPyD, es ahora aspirante a la Alcaldía de Torremolinos. Hace cuatro años, además de Carrera sólo obtuvo dos ediles en toda la comunidad autónoma, uno en Getxo y otro en Laguardia.

Ya en 2016 Carrera se distanció de la dirección de Ciudadanos hasta el punto de denunciar ante la Ertzaintza que habían espiado sus mensajes de Whastapp para abrirle un expediente disciplinario a él y a otros seis compañeros. Finalmente, De Miguel acabó confirmando su expulsión del partido. Pese al requerimiento interno, Carrera no renunció al escaño y ha completado la legislatura en las Juntas Generales como parlamentario no adscrito, al igual que cuatro expulsados de Podemos que tampoco dimitieron. Fuentes de otros partidos indican que “en la práctica era un juntero más del PP” ya desde hace tiempo.

“No me he integrado nunca en el grupo del PP, aunque claro que coincidía más con ellos que con otros. No iba a coincidir con EH Bildu... Pero alguna vez sí que he votado alguna cosa distinta, no tenía disciplina de voto con ellos”, explica Carrera en conversación telefónica. ¿Cómo explica el salto de un partido contrario a la foralidad a un partido foralista? “Uno de los motivos más importantes es concentrar el voto en una solución útil. Fragmentar el voto del centro-derecha es peligroso y es dar la victoria al nacionalismo. El PP es el proyecto más ilusionante”, indica.

¿Y cómo valora llegar a un partido del que precisamente se marchan algunos destacados dirigentes a Ciudadanos? “Me ha dado la sensación -abunda- de que al entrar Pablo Casado se ha iniciado una profunda renovación en el PP. Personas o cuadros de antes de repente se han quedado sin suelo”, señala Carrera vinculando directamente estos movimientos con la corrupción. ¿Y en Euskadi no la ha habido? “Yo veo que aquí no ha habido ningún escándalo”, reitera.

En Ciudadanos en Euskadi han conocido el salto con la publicación en el boletín oficial de las candidaturas. “Carrera fue expulsado. No nos sorprende ni que esté en el PP ni que estuviera en el PNV. Puede hacer con su vida lo que estime oportuno. Ahora bien, esto es éticamente muy dudoso. No sé si es muy ético que un partido reclute a personas expulsadas que se han quedado con el acta. Merecería la pena reflexionar”, indican desde la formación naranja.

Otro concejal, investigado por simular ataques contra él

Tampoco pertenece ya a Ciudadanos uno de los dos concejales logrados en 2015, el edil de Laguardia, José Antonio Mateo. En su caso, saltó al pequeño partido de nueva creación Libres por Euskadi (LXE) para repetir en las municipales pero una investigación judicial por una rocambolesca historia hizo que le expulsaran también de LXE y que se presente en la capital de la Rioja Alavesa con una plataforma independiente. Tampoco renunció nunca a su acta.

Mateo denunció en octubre del pasado año que habían quemado el obrador que regentaba (un pabellón de 200 metros cuadrados), así como la aparición de pintadas amenazantes (“Muérete, fascista”). A principios de 2019, sin embargo, la Ertzaintza concluyó que los ataques habían sido simulados por él mismo y remitió el caso a un juzgado de Vitoria.

Ciudadanos no presenta esta vez candidatura en Laguardia. Desde el partido indican que se han seleccionado aquellos municipios donde había un “equipo consolidado”, sin buscar candidatos al peso. Así las cosas, en Álava concurren en Vitoria y a las Juntas Generales, pero solamente en dos pueblos, Ribera Baja y Nanclares de la Oca. En Bizkaia, además de en las urnas al Parlamento foral y a Bilbao, habrá papeletas naranjas en Getxo y Barakaldo. En Gipuzkoa, han registrado listas en Pasaia e Irún junto a la de la capital y a la de las Juntas Generales. Todos los sondeos apuntan a una posición muy minoritaria de este partido en Euskadi.

UPyD en Euskadi, con el PP y no con Ciudadanos

Aún más minoritario en Euskadi es UPyD, que ha protagonizado una de las polémicas del tramo final de la campaña de las elecciones generales, con repercusiones también en las europeas de mayo. El partido que hasta 2016 tuvo un representante en el Parlamento Vasco ha pedido oficialmente el voto para el PP por ser, a su entender, la opción más útil entre los constitucionalistas. Contraviene así los acuerdos de la dirección nacional de la formación magenta con Ciudadanos. De hecho, la eurodiputada y gran referente del partido, Maite Pagazaurtundua, será la 'número dos' de los naranjas en las europeas y coprotagonizó con Rivera el único acto de campaña, el de Rentería.

A pesar de haber sido desautorizados por el actual líder de UPyD, Cristiano Brown, la portavoz en Euskadi, Carmen Serrano, ha insistido en declaraciones a Europa Press en que no reconocen la alianza con los de Rivera y en que se “ratifican” en el “apoyo público al PP vasco”. “Es una irresponsabilidad política dividir el voto en el País Vasco y entendemos que, por responsabilidad política, porque se supone que los partidos políticos estamos para ser útiles, debemos mantener nuestro apoyo público al PP vasco”, ha indicado Serrano. De ser reprendidos de nuevo, la dirección autonómica dimitirá “en bloque”.