La nueva ley educativa vasca cambia 40 años después los modelos lingüísticos por uno con el euskera como “eje central”

El Gobierno de Iñigo Urkullu ha hecho público este miércoles el “primer borrador” de la reforma de la ley vasca de Educación, que es fruto de un complejo acuerdo político previo entre los partidos del Ejecutivo, PNV y PSE-EE, y las dos principales fuerzas de la oposición, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. El gran cambio que prevé esta norma es la eliminación de los modelos lingüísticos actuales, vigentes desde 1983, y que hacen que haya una opción en euskera (modelo D), otra en castellano (modelo A) y otra mixta (modelo B), aunque en los últimos años la práctica ha primado el primero de ellos en una amplia mayoría. El nuevo sistema será diseñado en cada centro y se pide que tenga la lengua vasca “como eje central” por ser el idioma “propio”, aunque se fijan unos mínimos de conocimiento en los dos idiomas oficiales (B2 al término del período obligatorio) y que se imparta como mínimo una tercera lengua extranjera.

El texto, que ahora tendrá que ser aprobado en el Consejo de Gobierno y luego tramitado en el Parlamento, donde los firmantes del pacto habrán de revisar si cumple con sus expectativas, indica que “el sistema educativo vasco tiene dos lenguas oficiales” que son “el euskera y el castellano”. Y añade: “[Son] Parte de nuestra identidad y medios de expresión y convivencia”. En todo caso, se añade: “Se prestará una atención especial al euskera, nuestra lengua propia, necesitada de actuaciones eficaces para avanzar en su conocimiento y en su uso como medio de identidad, expresión y convivencia, promoviendo igualmente el uso de las lenguas extranjeras, particularmente del inglés, necesarias para que el alumnado pueda desarrollarse humana, social, económica y profesionalmente en un entorno cada vez más globalizado”. Como toda referencia se dice que habrá de tenerse en cuenta el “entorno sociolingüístico”, lo que parece dar a entender que se reforzará el castellano en áreas más euskaldunes y al revés.

En todo caso, hay un artículo dedicado expresamente al “uso ambiental del euskera”. Porque “en los centros educativos financiados con fondos públicos, el euskera ha de ser normalmente el vehículo de expresión en las actividades de proyección externa”, se indica. Ello abarca a los colegios públicos y a los privados concertados. En cuanto a la lengua extranjera, se incide en que “particularmente” ha de ser el inglés, aunque se abre la puerta a que sea otra dentro de la autonomía de los centros. Asimismo, se insta a que se incorporen las culturas e idiomas de los alumnos migrantes para profundizar en el respeto y la cohesión social.

La cuestión idiomática fue un punto de fricción en la negociación política de las bases de esta ley. Y el choque vino más entre PNV y PSE-EE, socios de Gobierno. Los socialistas quisieron matizar algunos puntos de la inmersión lingüística para garantizar que ambos idiomas oficiales fuesen “vehiculares” y que el inglés tuviera protagonismo en la enseñanza, en la línea con la reforma impulsada en su momento por Isabel Celaá cuando era consejera autonómica antes de ser ministra. PP+Cs y Vox, por el contrario, ya se opusieron de entrada al interpretar que se arrinconaba al castellano.

La norma recoge también la primacía de la escuela pública en el sistema educativo vasco. No es una cuestión menor, ya que el 50% del alumnado está matriculado en centros de titularidad privada -religiosos, cooperativas o ikastolas- y se ha generado un sistema de dos velocidades ya que las cuotas encubiertas han expulsado de la concertada a las personas de menor nivel socioeconómico, guetizando algunos colegios en ciudades como Vitoria. Este porcentaje de la pública es mucho más bajo que la media española y europea. Como medida inmediata se prohíben expresamente -con más ahínco, ya que en realidad ya lo están- las cuotas en centros que reciban fondos públicos. Se menciona que tampoco pueden ser camufladas como pago a fundaciones.

Además, se incluye una disposición adicional para abrir la puerta a publificar colegios privados si fuese necesario, como adelantó el consejero del ramo, Jokin Bildarratz: “El Departamento competente en materia de educación, desarrollará el régimen que permita la integración de oficio de centros educativos privados en la red de titularidad pública, atendiendo a sus necesidades ordinarias de planificación y de acuerdo con la ley”. Se había prometido que se cerrará el grifo a los colegios del Opus Dei que todavía segregan a niños y niñas pero, a falta de concreciones, parece que simplemente hay referencias genéricas a que los colegios que reciban fondos públicos han de promover la igualdad de mujeres y hombres. La disposición final segunda indica que la ley entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), aunque estable una 'vacatio legis' de “un período máximo de dos años” para la plena implementación de las medidas previstas. En ese tiempo deberán estar listos todos los reglamentos de desarrollo de la reforma.

Conocido el texto, Elkarrekin Podemos-IU, una de las cuatro patas del pacto educativo vasco, ha asegurado haber recibido como un jarro de agua fría el primer borrador. Su portavoz, Miren Gorrotxategi, ha afirmado con rotundidad que el texto incumple los términos del pacto en los puntos más críticos para su formación, básicamente la primacía de la educación pública y las medidas contra la segregación, y amaga abiertamente con no apoyar el texto si no es corregido. El documento prevé también la gratuidad de la educación infantil pero solamente de 2 a 6 años.

Tanto el lehendakari, Iñigo Urkullu, como el consejero Bildarratz han afirmado que antes de su aprobación definitiva en el Consejo de Gobierno el texto está sujeto a aportaciones. Ni uno ni otro, que han intervenido en el acto de apertura del año académico en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), han entrado a los contenidos y simplemente, en el caso de Urkullu, se ha limitado a destacar la participación en el proceso de los grupos parlamentarios y de los agentes del sector.