El nuevo año judicial será decisivo para varios exministros y altos cargos vinculados al PP y al PSOE que afrontan resoluciones y juicios inminentes que pueden acabar con penas de cárcel. El Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre los recursos presentados por antiguos responsables políticos, mientras se enjuiciarán causas por corrupción que abarcan desde el uso irregular de dinero público hasta tramas de espionaje y tráfico de influencias. 

Para los primeros meses de 2026 está previsto el juicio contra el exministro socialista José Luis Ábalos, quien fuera su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama en la parte de la causa centrada en los contratos de mascarillas de la pandemia adjudicados a dedo por el ministerio de Transportes. Los dos primeros, que están en prisión provisional desde el pasado noviembre, se enfrentan a condenas de hasta treinta años de cárcel. 

Aunque está fuera del Gobierno desde 2021 y fue expulsado del PSOE el pasado junio, Ábalos fue una figura clave en el ascenso de Pedro Sánchez: ministro, secretario de Organización del PSOE y hombre de máxima confianza del presidente del Gobierno. Fue él quien defendió en el Congreso la moción de censura que logró sacar al PP de Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa en 2018 precisamente con un discurso basado en la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. 

Su imagen en el banquillo acusado de favorecer al comisionista Aldama a cambio de mordidas y otras prebendas será un duro golpe para el Gobierno, que tendrá que afrontar las sesiones del juicio mientras salen a la luz nuevas revelaciones de la otra parte de la causa, la centrada en el presunto amaño en las adjudicaciones de obra pública y en la que está investigado también Santos Cerdán, quien sustituyó a Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE y que pasó casi cinco meses en prisión preventiva. 

Ábalos está en la misma situación desde el pasado noviembre. Tras el juicio, lo previsible es que en verano llegue la condena, que será firme al ser del Tribunal Supremo, lo que augura que pasará mucho tiempo en prisión a la espera del avance del resto de procedimientos que tiene abiertos. En esta vista se sustanciará su relación con el empresario Aldama, el “nexo corruptor”, según la Guardia Civil, a cambio de comisiones, y se analizarán los contratos de mascarillas que dos entes dependientes de su departamento —Adif y Puertos del Estado— también adjudicaron a la empresa de la trama junto a la contratación de una de sus supuestas exparejas en empresas públicas. 

Vuelve la guerra sucia del PP

Más de una década ha tenido que transcurrir para que se juzguen otros hechos que, sin embargo, devuelven a la actualidad uno de los episodios más oscuros de la democracia reciente. En abril comenzará la vista oral por Kitchen, la operación orquestada desde el Gobierno de Mariano Rajoy para sabotear el caso de corrupción más grave en la historia del Partido Popular, el de su financiación irregular o caja B. 

En el banquillo se sentarán los mandos policiales que integraron la brigada política que orquestó el PP cuando llegó al Gobierno en 2012 para atacar primero a los independentistas catalanes y luego a Podemos. Entre medias, todos ellos participaron presuntamente en una maniobra para hacer desaparecer las pruebas que guardara el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y que pudieran incriminar al partido y sus dirigentes en la causa abierta por financiación ilegal. 

Las mayores penas de cárcel que solicita la Fiscalía Anticorrupción son para el ex jefe operativo de esos policías, el comisario Eugenio Pino, y para los máximos responsables políticos del Ministerio del Interior, su titular, Jorge Fernández Díaz, y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Para los tres, Anticorrupción solicita 15 años de cárcel. La última vez que un ministro del Interior se sentó en el banquillo fue por el terrorismo de Estado de los GAL durante el Gobierno de Felipe González. Como entonces, ahora también los supuestos delitos de la Operación Kitchen se sufragaron con dinero público de los fondos reservados. 

La vista comenzará el 6 de abril y se extenderá hasta finales de mayo. Comparecerán como testigos el expresidente Rajoy y sus segundas en el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y en el partido, María Dolores de Cospedal, para quien el actual juez del caso deberá decidir próximamente si cambia su situación a imputada a la vista de nuevas revelaciones y una solicitud del PSOE. Entre los policías juzgados estarán el excomisario Villarejo, el ex chófer de Bárcenas Sergio Ríos y José Luis Olivera, de actualidad reciente por su participación en el montaje contra Miguel Urbán y Podemos. 

La corrupción del PP de Madrid, 12 años después

A hechos aún más antiguos alude la pieza ‘Waiter Music’ del caso Púnica que sentará en el banquillo a partir del 19 de enero al ex secretario general del PP en la Comunidad de Madrid y antiguo consejero de Justicia Francisco Granados. La macrocausa de corrupción contra el PP madrileño de Esperanza Aguirre cumplió en octubre 11 años desde que se produjeran las primeras detenciones y aún restan varios juicios por celebrarse. 

La Fiscalía Anticorrupción pide este caso para Granados seis años de cárcel por dos delitos de fraude en la contratación y otros tantos de prevaricación. El que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre ya fue condenado a dos años de cárcel en otra pieza del caso, por el chivatazo de un guardia civil cuando estaba siendo investigado. Granados habría maniobrado para que varios ayuntamientos del PP y un ente regional contrataran en las fiestas de las localidades a Waiter Music, la empresa de su amigo José Luis Huerta que no será juzgado porque falleció en 2020. 

Junto a Granados se sentarán en el banquillo el ex senador y antiguo diputado regional David Erguido, que también ejerció como asesor de Esperanza Aguirre, y once personas más, entre ellas, seis alcaldes del Partido Popular cuando el poder de la formación en la región madrileña ya era omnímodo. Se trata de los exalcaldes de Valdemoro José Carlos Boza y José Miguel Moreno; los antiguos regidores de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz; la exalcaldesa de Ciempozuelos María Ángeles Herrera, y el de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada. 

Los antiguos alcaldes se enfrentan a peticiones de dos años de cárcel o simplemente de inhabilitación por parte de Anticorrupción. Sin embargo, la acusación popular, que ejerce Adade, solicita penas de entre 13 y 27 años de cárcel para algunos. 

El hermano de Sánchez, en el banquillo

Como ocurre con la agilidad en el Tribunal Supremo a la hora de juzgar a Ábalos el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez no se dilatará tanto tiempo en la Audiencia Provincial de Badajoz. Se sentarán en el banquillo 11 personas después de que la instructora del caso concluyera que la Diputación de Badajoz creó la plaza de responsable de los conservatorios para que la ocupara David Sánchez y que este se presentó al proceso de selección y a la entrevista “para simular la legalidad formal del procedimiento”.

El candidato socialista a la Junta de Extremadura en las últimas elecciones, José Miguel Gallardo, concurrió procesado porque la jueza Beatriz Biedma concluyó que resulta “inverosímil” que, como presidente de la Diputación, no supiera que el fin de la creación del puesto era que recayera en el hermano de Pedro Sánchez, ya que se conocía “de forma generalizada”. También le acusaba de haber participado “directamente” en los hechos al tener la competencia para el nombramiento. Gallardo ha dimitido de su puesto de secretario general del PSOE extremeño después de haber cosechado el peor resultado de la historia en la comunidad autónoma. 

Una denuncia de Manos Limpias que incluía informaciones falsas originó el procedimiento. El pseudosindicato ultra pide 3 años de cárcel para David Sánchez por delitos continuados de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal. La Fiscalía dice que el auto de procesamiento de la jueza está plagado de “conjeturas” y solicita la absolución para todos los acusados. 

Los ministros de Aznar

En los próximos meses dos pesos pesados del Gobierno de José María Aznar se juegan su entrada en prisión. El Tribunal Supremo decidirá sobre los recursos a la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid contra Rodrigo Rato en el caso de su fortuna personal. El tribunal condenó al exvicepresidente del Gobierno a 4 años y 9 meses de prisión por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, por ocultar patrimonio en el extranjero. El Supremo ya confirmó la condena a cuatro años y medio de cárcel contra Rato por las 'tarjetas black', causa por la que ya cumplió su pena de prisión. 

Por su parte, Eduardo Zaplana se enfrenta a cumplir diez años y cinco meses de cárcel por los delitos a los que le condenó la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia: prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. El tribunal también le impuso una multa superior a los 25 millones de euros como responsable del cobro de sobornos entre 1997 y 2000, cuando ocupaba el puesto de presidente autonómico en una trama de adjudicación de las estaciones de servicio de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV). Zaplana, al que controvertidos informes médicos sobre su estado de salud le evitaron la prisión en el pasado, podría ingresar en la cárcel si el Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial.

La entrada de Santos Cerdán en la cárcel de Soto del Real se ha convertido en el último capítulo de la serie de políticos del más alto nivel que ingresan en prisión provisional por orden de un juez en una causa por corrupción. El nombre del exsecretario de organización del PSOE se suma al de ministros como Eduardo Zaplana, altos cargos como Rafael Vera o políticos autonómicos como Francisco Granados o Ignacio González que pasaron tiempo entre rejas mientras la investigación contra ellos estaba en marcha. El magistrado que investiga el caso Koldo entiende que Cerdán, ya sin cargos políticos u orgánicos dentro del partido, podría destruir pruebas sobre la trama de contratos amañados y comisiones en la que comparte imputación con José Luis Ábalos y Koldo García.

Las grandes causas de corrupción de la última década han venido acompañadas, en muchos casos, de grandes operaciones policiales con decenas de detenidos. El filtro judicial, tradicionalmente en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, aplica criterios muy concretos para decidir quién tiene que empezar la investigación entre rejas: si hay riesgo de que se fugue o de que destruya pruebas. En el caso de Cerdán, el juez Leopoldo Puente intuye que el “botín” de la trama tuvo que ser mucho más alto que el que ha detectado la Unidad Central Operativa (UCO) y hay un peligro real, alega, de que el exdiputado pueda destruir las potenciales pruebas.

Santos Cerdán ostentó el cargo más importante que puede tener alguien dentro de un partido político por debajo del secretario general. Fue el de secretario de Organización del PSOE entre 2021 y 2025. Pero no es el único alto cargo enviado a prisión provisional durante una investigación. El preso preventivo con mayor rango político sigue siendo, a día de hoy, Eduardo Zaplana. Ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno de José María Aznar en su última legislatura, Zaplana pasó ocho meses y medio en la cárcel de Picassent después del estallido del caso Erial. Abandonó la prisión antes del juicio y después de que los magistrados entendieran que debía permanecer en libertad para recibir tratamiento contra el cáncer que padece.

Zaplana, también expresident de la Generalitat Valenciana, pasó 259 días en prisión entre 2018 y 2019 en un caso Erial que ha terminado, a la espera de un pronunciamiento del Supremo, en una condena para él: diez años de cárcel y multa de 25 millones de euros por cobrar comisiones en un proceso de privatización de las ITV. El terremoto político por su entrada en prisión provisional fue de una intensidad bastante inferior al provocado por el encarcelamiento de Cerdán. Fue detenido unos días después del décimo aniversario de su salida de la política para fichar por Telefónica.

Muchos altos cargos de Gobiernos ligados sobre todo al PP han entrado en prisión, pero después de ser condenados, en primera o en segunda instancia. A nivel de la administración, otros antecedentes previos a Zaplana se remontan a la década de los 90, cuando Rafael Vera pasó varios meses la prisión de Alcalá de Henares por su implicación en el caso del terrorismo de Estado de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y el secuestro de Segundo Marey. El exsecretario de Estado de Seguridad con Felipe González estuvo casi cinco meses entre rejas entre febrero y julio de 1995, de donde salió tras pagar una fianza de 200 millones de pesetas.

El Tribunal Supremo terminó confirmando condenas para Vera que sumaban más de 17 años de prisión por su relación con el secuestro y también con el uso de fondos reservados para pagar a dos policías de los GAL. El Gobierno de José María Aznar limitó su estancia en prisión por el primer caso tras indultar una parte importante de su condena y terminó entrando en la prisión de Segovia en 2005 para cumplir su segunda condena.

El listón de la prisión provisional también ha llegado en ocasiones al nivel parlamentario que también ocupó Santos Cerdán hasta pocos días antes de ser encarcelado. Luis Bárcenas, conocido y condenado por su actividad como tesorero del Partido Popular y gestor de la 'caja B' de la formación, sorteó la prisión provisional cuando era senador, estalló el caso Gürtel y el juez Antonio Pedreira entendió, tras dos años de imputación, que no había pruebas contra él. Su suerte cambió dos años después, cuando El País publicó su contabilidad paralela, que recogía las entradas y salidas de dinero negro de Génova 13, y el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional decidió enviarle a Soto del Real en el verano de 2013.

Bárcenas pasó 19 meses en prisión provisional hasta que salió en 2015 armado con su frase más lapidaria: “Luis ha sido fuerte de verdad”. Arrancó entonces para él un reguero de sanciones penales por corrupción, fraude fiscal y el pago de la reforma de la sede del PP en dinero negro que le devolvió a prisión aunque esta vez para cumplir condena. Quedó en libertad condicional en diciembre del año pasado, más de una década después de su primer ingreso en prisión.

La nómina de políticos encarcelados de forma preventiva por causas relacionadas con la corrupción se amplía descendiendo al nivel autonómico. Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, estuvo casi siete meses en prisión como cabecilla de la operación Lezo. Una causa por la que, ocho años después, sigue procesado y a la espera de juicio por corrupción en la construcción de un campo de golf o por cobrar una comisión de 1,8 millones cuando estaba al frente del Canal de Isabel II.

Francisco Granados, exsenador, pero sobre todo hombre fuerte de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, pasó dos años y medio en prisión preventiva por una trama Púnica cuyas piezas principales también están pendientes de juicio más de una década después del arranque de la operación. Años antes, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, el primero conseller y el segundo secretario general de Presidencia con Jordi Pujol, pasaron más de un mes en prisión provisional por el caso de corrupción urbanística 'Pretoria' por el que fueron finalmente condenados a casi dos años de cárcel tras reconocer que cobraron comisiones.

De los ministros de Aznar al procés

La lista de políticos que han pasado por la prisión crece drásticamente al analizar aquellos que han sido encarcelados después de ser condenados, todos evitando el presidio cuando la investigación todavía estaba en marcha. A nivel nacional, muchos de ellos integrantes de los gabinetes del PP y José María Aznar. Rodrigo Rato, uno de los hombres fuertes de los gobiernos del Partido Popular y considerado artífice del 'milagro económico español', fue detenido en 2015 durante los registros de su domicilio y su despacho, pero nunca fue enviado a prisión provisional.

El exvicepresidente del Gobierno no pasó por la prisión provisional, pero sí tuvo que entrar a cumplir condena por el uso de las 'tarjetas black' de Caja Madrid y Bankia y está por ver si tiene que volver a hacerlo si los tribunales declaran firme su segunda condena de casi cinco años de cárcel por ocultar su fortuna a Hacienda.

Jaume Matas, ministro con José María Aznar y también presidente del Govern de Balears por el PP, también optó por empezar a pactar sus condenas con la Fiscalía ante la amenaza de causas judiciales que le llevaron a la cárcel sin que antes hubiera pasado por prisión provisional. Desde su primera condena en 2012 por pagar con dinero público a un periodista que escribía sus discursos hasta el macro caso Palma Arena y dos años y medio entre rejas.

El caso de los GAL y la guerra sucia contra ETA no solo llevó a prisión a Rafael Vera. El exministro del Interior socialista José Barrionuevo no fue encarcelado de forma provisional, pero sí entró a cumplir los 10 años de cárcel que le fueron impuestos por su papel en el secuestro de Segundo Marey. Vera tampoco es el único secretario de Estado de Seguridad que ha pasado por la cárcel de forma preventiva: Francisco Martínez, procesado en la operación Kitchen, estuvo menos de una semana en prisión por su supuesta implicación en la 'operación Borraska' sobre la actividad del hacker Alcasec.

No todos los políticos que han sido presos preventivos o condenados han estado encarcelados por delitos relacionados con causas de corrupción política. El cargo orgánico de un partido con más categoría dentro de su formación que ha pasado tiempo entre rejas es Oriol Junqueras, líder de ERC que estuvo en torno a dos años en prisión preventiva por el procés. Desde que la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, decidió enviar a este político y varios miembros del Govern depuesto de Carles Puigdemont en 2017 hasta que el Supremo firmó su condena de 13 años de prisión y su encarcelamiento dejó de ser preventivo.

Junto con Junqueras pasaron meses o incluso años en prisión provisional varios políticos catalanes que ocupaban cargos públicos o de partido en el Govern como consellers o en ERC y Junts. En su caso, tanto Lamela en primer lugar como Pablo Llarena posteriormente en el Tribunal Supremo cimentaron su decisión de mantenerles entre rejas en el riesgo de que se fugaran o, incluso, de que siguieran adelante con el desafío soberanista si eran dejados en libertad.

Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, también pasó tiempo en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional. Entró en octubre de 2009 por el caso Bateragune, la causa en la que los tribunales europeos determinaron que no había tenido un juicio justo. Previamente, también había pasado por prisión provisional por participar, dentro de la banda terrorista ETA, en el secuestro del director de la fábrica de Michelín en Vitoria, Luis Abaitua, en 1979. Fue preso preventivo desde 1987 hasta que fue condenado en 1989.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de València, el tribunal que condenó al exministro del PP Eduardo Zaplana por corrupción, ha confirmado que las parcelas de la trama en la Vila Joiosa que estaban en el aire por una primera interpretación de la sentencia deben ser decomisadas. Se trata de una cuenta de la mercantil con 170.484 euros, terrenos y una reserva de aprovechamiento turístico situados en la localidad alicantina y pertenecientes a Gesdesarrollos Integrales SL, que no fue condenada ni como responsable penal, ni responsable civil subsidiaria ni como partícipe a título lucrativo. Sin embargo, los fondos y las parcelas se deben considerar, a juicio del tribunal, como una “ganancia obtenida por el culpable” (el condenado Eduardo Zaplana), a pesar de que se encuentre “en poder de un tercero” (la sociedad Gesdesarrollos Integrales SL). El tribunal no considera que sea un “tercero de buena fe”, a tenor de la condena de su administrador, el testaferro confeso Miguel Barceló, condenado por un delito de blanqueo de capitales “del que se deriva la ganancia”.

“No existe ninguna duda acerca de que las parcelas (...) deben ser calificadas como ganancia derivada del delito de blanqueo de capitales y procede el comiso”, afirma el auto de la Audiencia Provincial de València al que ha tenido acceso elDiario.es.

Por otro lado, la resolución también clarifica la inhabilitación a la que fue condenado el contable de la trama, Francisco Grau. En este caso, no resulta necesaria una subsanación de la sentencia: la profesión “que guarda relación con el delito por el que es condenado es la de economista”. El tribunal deja para la fase de ejecución de la sentencia, recurrida ante el Tribunal Supremo, la aclaración sobre las costas procesales impuestas a Grau.

Además, el auto avala la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre ls solicitudes a la Agencia Tributaria de la información sobre el contable de la trama. La resolución concluye que la UCO “actuó siempre bajo la supervisión y con autorización” de la jueza instructora de la causa.

'Paco Gasofa', condenado solo por falsedad

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de València también establece que el empresario Francisco Pérez López, conocido como 'Paco Gasofa' fue absuelto del delito de blanqueo de capitales, pero condenado por falsedad, por que la condena final para el empresario y hombre fuerte de Zaplana en Benidorm queda en un año y medio de prisión.

Los magistrados resuelven así las peticiones de aclaración de sentencia que plantearon tanto el fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, como algunas defensas. La sentencia, que condenó a Zaplana a más de 10 años de prisión, confiscó 11,5 millones en cuentas y productor financieros, cuatro vehículos y cajas de seguridad a los condenados de la trama del 'caso Erial', tal como informó este diario.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha decidido mantener la libertad provisional al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana, condenado por la trama de las ITV en el caso Erial, al no apreciar riesgo de fuga.

Zaplana fue condenado a 10 años y cinco meses de prisión por el caso Erial, en una sentencia que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción pidió una vistilla para valorar su ingreso en prisión hasta que se pronuncie el Alto Tribunal.

La vistilla se celebró el pasado jueves y, en la misma, Anticorrupción pidió el ingreso inmediato en la cárcel de Zaplana para evitar que se fugue, como lo hizo José María Tabares, condenado en el caso Ivex; mientras que su defensa se opuso alegando que no existía esta posibilidad por su enfermedad y por arraigo familiar: “No hay ni el más mínimo indicio de riesgo. Tiene su casa, su familia, su medio de vida, la pensión que se le ingresa en una cuenta, todo lo tiene en España”, dijo.

Por su parte, Zaplana hizo uso de palabra y manifestó que no tenía intención de fugarse del país: “No está en mi ánimo fugarme”, subrayó. Además, recalcó que si Tabares tuvo un procedimiento judicial fue precisamente porque la Generalitat que él presidía presentó una querella.

El tribunal ha acordado dejar en libertad provisional sin fianza a Zaplana con la imposición de algunas medidas cautelares como la retirada de pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la comparecencia mensual en sede judicial, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La Audiencia ha adoptado esta decisión al no apreciar riesgo de fuga puesto que, hasta ahora, el 'expresident' no ha llevado a cabo ningún acto tendente a eludir la acción de la Justicia, ha comparecido en todas las sesiones de juicio y ha respondido a cualquier llamamiento judicial.

Delitos graves

El representante del ministerio público expuso durante la vistilla ante el tribunal que la situación procesal de Zaplana ha cambiado tras la sentencia condenatoria, en la que se reconoce que “se trata delitos graves, asociados a la corrupción política en el ejercicio de sus funciones públicas”. “El riesgo de fuga se acrecienta no solo por la pena impuesta, que es una motivación para eludir la Justicia, sino también por su acceso a los medios económicos”, advirtió.

En ese sentido, insistió en que, con arreglo a la sentencia, quedó “acreditado” que Zaplana “tiene acceso a productos financieros y patrimonio en el extranjero que no ha puesto a disposición de las autoridades españolas”. Además, recordó que el ex director general del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), José María Tabares, que era una persona “a las órdenes” de Zaplana, se fugó a Japón, país en el que no hay acuerdo de extradición con España.

Del mismo modo, rechazó el informe médico elaborado por los forenses del juzgado en 2019 que presentó la defensa para oponerse a esta medida cautelar. “Afortunadamente Zaplana ha asistido al juicio, entendemos que su problema en su salud no tiene riesgo y ha desarrollado una vida completamente normal”, replicó.

Por todo ello, pidió el ingreso en prisión provisional porque Zaplana, “gracias a sus condiciones económicas puede eludir la acción de la Justicia, y seguir su tratamiento médico en países del primer mundo, y ante la pena de diez años que se le ha impuesto existe una posibilidad de fuga tiene que ser medida”.

Por contra, el abogado de Zaplana recalcó que su cliente es “inocente” hasta que haya una sentencia firme y se debe respetar esa presunción de inocencia y subrayó al respecto que no cumple con los “fines legítimos” que establece la ley para acordar esta medida cautelar.

Así, apuntó que durante todo este tiempo, desde que el inicio de la causa hasta haberse presentado en la vistilla, no ha huido, lo que demostraba que “no tiene intención de sustraerse de la acción justicia”, tampoco hay posibilidad de ocultar pruebas. Además, apuntó que era anticonstitucional pedir su ingreso por alarma social y destacó que la condena por los delitos, aunque de “cierta gravedad”, al no ser firme podría llevar aparejadas penas menores.

El tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València, que condenó a 10 años y cinco meses de prisión a Eduardo Zaplana por la trama corrupta del 'caso Erial', ha descartado enviar a prisión al expresidente de la Generalitat Valenciana, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción alegaba el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos. “No está en mi ánimo fugarme”, ha dicho Zaplana.

“Es un hombre libre e inocente”, ha afirmado el letrado del exministro del PP, Daniel Campos, en la vistilla convocada por el tribunal para este jueves. El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, ha planteado la “naturaleza y la gravedad” de las penas y los delitos “asociados a la corrupción política” y en el ejercicio de sus “funciones públicas”, por los que Zaplana ha sido condenado. Ponce ha argumentado que el exministro popular tiene acceso a personas que “pueden manejar patrimonio en el extranjero”.

El representante del Ministerio Público ha recordado que un antiguo alto cargo de Zaplana, el exdirector general del Instituto Valenciano de Exportaciones (Ivex) José María Tabares, condenado a cinco años de prisión por estafa, se fugó a Japón, un país que no cuenta con un tratado de extradición con España. El condenado ha alegado que fue la propia Generalitat Valenciana la que se querelló contra Tabares, propiciando el fallo condenatorio y la posterior fuga.

“Tabares se encuentra fugado”, ha dicho el fiscal Pablo Ponce, que abunda en la “posibilidad” de que Zaplana tenga patrimonio en el extranjero que “no ha puesto a disposición de las autoridades españolas”. También ha indicado que hay países en los que “con recursos económicos se tiene acceso” a la atención sanitaria, en referencia a las alegaciones de la defensa sobre el estado de salud del condenado.

El letrado Daniel Campos ha aportado el mismo informe médico de 2019 sobre la salud de Eduardo Zaplana que motivó su puesta en libertad provisional. La defensa considera que no existe “ningún indicio de pronóstico de que Zaplana eluda a la justicia” y recuerda que cumplió “rigurosamente” las medidas que se le impusieron tras ser puesto en libertad. “No aprovechó para huir de la justicia”, ha afirmado Campos, quien ha recordado que su cliente está “a disposición del tribunal”.

La defensa argumenta que Zaplana tiene su vivienda y a su familia en Benidorm, además de su pensión. El tribunal ha dado por finalizada la vistilla tras las intervenciones de las partes y el expresidente autonómico queda, de momento, libre a la espera de la decisión del tribunal.

Tras abandonar la Ciudad de la Justicia, Zaplana ha asegurado que seguirá “peleando” con un recurso ante el Tribunal Supremo. Sobre las alegaciones del representante de Anticorrupción, ha dicho tajante: “El fiscal que diga lo que quiera”.

No, Eduardo Zaplana no era el problema. Era el síntoma. No gozó durante veintiocho años de total impunidad porque tuviese la destreza de engañar a todos durante todo el tiempo. Al contrario, ha sido un impostor que no ha engañado a nadie. Se aprovechó de flaquezas personales y de unos sistemas de control de la calidad democrática con más agujeros que un queso gruyere. Compró debilidades humanas e institucionales, sometió al ecosistema mediático y anuló (con navaja, flores o chequera) a los pocos jueces y fiscales que se cruzaron en su camino.

Supo que las bases se controlan desde las alturas. Por eso sindicó intereses con élites empresariales. La cúpula patronal apadrinó en julio de 1995 aquel Pacto del Pollo PP-UV, rubricado en el despacho del empresario Federico Félix, para que Zaplana se instalara en el Palau y se inaugurara el negocio de las privatizaciones y/o las mordidas. Por ejemplo, con las ITV.

El poder, por encima de siglas

Zaplana tuvo una segunda virtud. Nadie entendió mejor que él que el poder trasciende a los partidos y las siglas. En aquellos años expansivos, y con vistas a postularse como sucesor de Aznar y hacer negocios, fue ampliando su red de contactos.

El golpe perpetrado por Zaplana durante seis lustros –el político y el atraco- se ha sustentado, en definitiva, en una trama civil vertebrada en torno al afán de negocio. Una red de cómplices, colaboradores necesarios y coautores que ahora, mayoritariamente, hace mutis por el foro. Y eso tiene muy cabreado al ex presidente, quien siempre ha contado con una legión de amigos, que en realidad eran socios. Entre ellos, algunos dueños del país, miembros del consejo de administración de España, por así decirlo.

Florentino Pérez, Emilio Botín, Esther Koplovitz…

Las agendas privadas que en su día le intervinieron a Zaplana son como un tacógrafo de las relaciones que forjó. Cuando era presidente de la Generalitat, mucho antes de instalarse en el Gobierno de Aznar, ya se codeaba con grandes de España. Desayunaba, comía, cenaba y navegaba con Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid. Mantenía habituales contactos con Esther Koplovitz (entonces FCC); con Emilio Botín, presidente del Banco Santander; con Isidoro Álvarez (presidente de El Corte Inglés); con Fernando Fernández Tapias, empresario, consejero de OHL y Unión Fenosa y vicepresidente del Real Madrid…

De tú a tú con el jefe de la Casa Real

Tenía trato directo con Fernando Almansa cuando era jefe de la Casa Real, en tiempos de Juan Carlos I. No en balde, Zaplana prestó un impagable servicio a la Corona al asumir, con el dinero de los valencianos, una parte de la factura por el silencio de Bárbara Rey sobre sus escarceos amorosos con el monarca. Canal 9 regaló un programa de cocina a la vedette cuyo coste superó los 6 millones, como se cuenta en Los tentáculos del truhan.

RTVV fue un pesebre que alimentó a una amplia nómina mediática madrileña elegida para allanarle el camino sucesorio. Desde Isabel San Sebastián a Carlos Dávila, pasando por Pilar Ferrer. En esa etapa, Zaplana cultivó relaciones con Federico Jiménez Losantos, Carlos Herrera, Luis del Olmo… Y, por supuesto, mimó económica y personalmente a empresarios de la comunicación como Antonio Asensio (Grupo Zeta), Luis María Ansón (La Razón), o al entonces consejero delegado de Prisa Juan Luis Cebrián y a su presidente ejecutivo, Jaime de Polanco.

Sin contar, por supuesto, con la sociedad valenciana de gananciales que constituyó con María Consuelo Reyna (Las Provincias) y su entonces esposo, Jesús Sánchez Carrascosa, jefe de gabinete de Zaplana y luego director de Televisió Valenciana.

Notarios y notables como Pepe Bono

Todos conformaron una larga lista de amigos/socios de la que podría haber levantado acta el insigne notario don Carlos Pascual de Miguel, otro que acostumbraba a cenar regularmente con Zaplana. O políticos socialistas como el difunto Alfredo Pérez Rubalcaba, José Blanco o Pepe Bono, quien igual comía e iba a los toros con el ex presidente valenciano.

El empeño de la UCO, la jueza y el fiscal en que la investigación Erial llegara a buen puerto, como ha sucedido, les llevó a renunciar a intervenir el teléfono de Zaplana. Quisieron evitar que Movistar, su operadora, diese el chivatazo a quien era un alto directivo de la compañía. La decisión, más que justificada, nos privó de componer una parte del mapa de la trama civil del golpe. Habríamos obtenido muestras de campo para explicar cómo funcionan los engranajes del poder. Habrían quedado retratados unos cuantos, a derecha e izquierda, de arriba y de abajo, que dirían en aquel Podemos adolescente.

Campañas mediáticas

Parte de esa trama civil se retrató en aquellos decisivos días de la Navidad de 2018 cuando el jefe de Hematología de la Fe, Guillermo Sanz, certificó la muerte segura de Zaplana si no era excarcelado. Hubo llamadas para presionar, artículos en prensa y hasta una campaña de recogida de firmas en Change.org, promovida por el ex presidente de Nuevas Generaciones del PP José Luis Bayó, y reclamando la puesta en libertad del reo.

Posteriormente se impulsó una corriente mediática que alimentaba la teoría de la conspiración, sobre la que pivotó la defensa judicial de Zaplana y que fue desechada por el tribunal. Se publicaron panegíricos zaplanistas de los que ponen la gallina de piel. Especialmente en OK Diario y El Mundo. El silencio fue la estrategia mayoritaria de apoyo a Zaplana por parte de su coro mediático. Basta con observar la escasa resonancia que tuvo el macrojuicio, especialmente más allá del pantano de Contreras.

Invocar el precedente Griñán

El próximo 7 de noviembre, el tribunal ha de decidir si entra ya en prisión, como pide el fiscal, o demora ese ingreso. La defensa esgrimirá que no hay riesgo de fuga y se agarrará al artículo 80.4 del Código Penal, que faculta a los jueces a suspender una pena cuando el afectado padezca una “enfermedad muy grave con padecimientos incurables”.

Tanto el ex presidente como su hija y alumna aventajada María Zaplana intentarán, de nuevo, movilizar a sus amigos y deudores en una corriente de solidaridad y piedad ante la enfermedad. Invocaran el precedente del andaluz José Antonio Griñán, cuya ejecución de pena de cárcel fue suspendida por enfermedad. Luego el Constitucional anuló la condena. Pero en el entorno zaplanista admiten que esta vez lo tendrán crudo. Y mira que ya habían planificado la gira mediática de desagravio como víctima de lawfare si se hubiera consumado, como creían, una absolución judicial.

La condena cambia el panorama. El hombre que ha estado treinta años bajo sospecha ya no es inocente. Y sus contactos han perdido consistencia. Cada vez quedan menos amigos y socios en su cooperativa de negocios e intereses. El tiempo pasa…Unos están ya muertos y otros, de parranda.

El empresario Francisco Pérez López, conocido como 'Paco Gasofa', ha anunciado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) de la sentencia del 'caso Erial' que lo condenó a un año y medio de prisión como autor criminalmente responsable de un delito de falsedad. Sin embargo, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València lo absolvió en un primer momento, junto a otros encausados, “de los delitos por los que venían siendo acusados”. La defensa de 'Paco Gasofa', que ejerce el penalista Agustín Ribera Fuertes, ya solicitó una aclaración de sentencia “a los efectos de una estricta seguridad jurídica” y “a fin de precisar si existe condena por un delito de falsedad”.

El condenado y absuelto al mismo tiempo, en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, anuncia la interposición de un recurso de casación ante el TS y considera que la sentencia “contraviene los intereses” del empresario.

La defensa de Francisco Pérez López justifica el recurso por una supuesta vulneración del precepto constitucional de la presunción de inocencia. El escrito también rechaza la “aplicación indebida” de los artículos del Código Penal relativos al delito de falsedad en documento público.

La sentencia, que condenó al exministro Eduardo Zaplana a una pena de 10 años y cinco meses de prisión, concluye que Francisco Pérez López, expresidente del PP de Benidorm, firmó un documento de reconocimiento de deuda “a sabiendas” de que el otro partícipe, Gregorio Fideo (asistente personal de Zaplana) había fallecido. Todo ello en el contexto del reparto del porcentaje de participación en la propiedad del barco Loix, adquirido por varios amigos de Eduardo Zaplana aunque usado principalmente por parte del expresidente de la Generalitat Valenciana, según el apartado de hechos probados. 

El documento “mendaz” fue confeccionado por el asesor fiscal Francisco Grau “por indicación” de Eduardo Zaplana, agrega la Audiencia de València. Por el contrario, el letrado de Francisco Pérez López considera que ha habido un “quebrantamiento de forma”, al “no haberse resuelto en la sentencia sobre todos los puntos que hayan sido objeto de defensa”.

El escrito lamenta que la sentencia obviara un acta de manifestaciones ante notario realizada por el hijo de Gregorio Fideo, entregada por la defensa de 'Paco Gasofa' al inicio del juicio oral, “sin ser rechazada por el tribunal”.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el inmediato ingreso en prisión de Eduardo Zaplana tras su condena a 10 años y cinco meses de cárcel como autor de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad en documento mercantil, además de multa de 25 millones de euros, en el marco del 'caso Erial'.

El fiscal Pablo Ponce solicita la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza “por riesgo de fuga”. El representante de la Fiscalía Anticorrupción, en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, alega que los delitos por los que ha sido condenado el expolítico del PP son “todos ellos graves” y “asociados a la corrupción”, en el ejercicio de “las más altas funciones públicas tanto en la Comunidad Valenciana como en el Gobierno de la nación”.

Asi, existe un “evidente interés social en que la sentencia sea cumplida”, dada la existencia de un “patrimonio oculto en el extranjero” propiedad del exministro popular, “con evidente posibilidad económica para eludir la acción de la justicia”.

Anticorrupción también alude a los “entramados societarios complejos” y al acceso de Eduardo Zaplana, debido a sus “relaciones” y a su “nivel económico”, a “países, fiduciarios y entidades bancarias extranjeras que no son accesibles al ciudadano medio”.

El tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València ha señalado una vistilla el próximo 7 de noviembre para decidir sobre la petición de ingreso en prisión.

La sentencia condenatoria, tal como ha informado este diario, concluyó que Zaplana cobró comisiones ilícitas durante toda su carrera política en el PP.

La defensa del empresario Francisco Pérez López, también conocido como 'Paco Gasofa', ha pedido al tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València una aclaración de la sentencia del 'caso Erial'. Se trata de la posibilidad de aclarar algunos extremos de una sentencia después de haber sido dictada, prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El contable de la trama, Francisco Grau, también presentó un escrito similar en relación a su condena por inhabilitación, en el que considera  “a todas luces excesiva” la intervención de sus bienes.

El escrito de 'Paco Gasofa', al que ha tenido acceso este diario, advierte de que en el fallo de la sentencia se le absuelve en un primer momento, junto a otros encausados, “de los delitos por los que venían siendo acusados” mientras que más adelante se le condena a un año y medio de prisión como autor criminalmente responsable de un delito de falsedad.

El empresario, con una cuenta en Andorra, firmó un documento de reconocimiento de deuda “a sabiendas” de que el otro partícipe había fallecido, todo ello en el marco del reparto del porcentaje de participación en la propiedad del barco Loix, adquirido por varios amigos de Zaplana aunque usado principalmente por parte del expresidente de la Generalitat Valenciana, según el apartado de hechos probados de la sentencia.

El documento “mendaz” fue confeccionado por Francisco Grau “por indicación” de Eduardo Zaplana, agrega la Audiencia de València.

En su escrito, “a los efectos de una estricta seguridad jurídica”, el empresario pide la aclaración o subsanación de la sentencia dictada, “a fin de precisar si existe condena por un delito de falsedad”.

Las peticiones de ambas defensas amplían levemente los plazos para los más que probables recursos de casación de los condenados frente a la sentencia impuesta por la Audiencia Provincial de València.

Francisco Grau, el contable de la trama corrupta liderada por el exministro del PP Eduardo Zaplana, quiere saber si la inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por tiempo de tres años “se refiere a la profesión colegiada de economista o a la de financiero”. Así lo plantea en un escrito dirigido a la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València en el que pide una subsanación y complemento de la sentencia del 'caso Erial' que lo condenó el pasado 15 de octubre a una pena de cinco años de prisión por un delito de blanqueo de capitales y una multa de 20 millones de euros, además del pago de las costas procesales. Se trata de la posibilidad de aclaración de una sentencia después de haber sido dictada, prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa de Grau recuerda que el condenado tiene la doble condición de economista y de abogado, desde que se dio de alta como letrado en 2017, un año antes de las detenciones del 'caso Erial'. De la aclaración depende su futuro profesional después del cumplimiento de la pena de prisión en caso de una condena firme.

Su participación en los hechos está vinculada a su condición de asesor fiscal. De hecho, Joaquín Barceló 'Pachano', testaferro confeso' de Zaplana, aseguró en una conversación telefónica intervenida por los investigadores que Grau era el “artífice” de la “ingeniería” societaria de la trama corrupta. Una tesis que avala plenamente la sentencia.

El fiscalista, que formó parte del consejo de administración de la quebrada Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), era el asesor fiscal de Zaplana y de su familia. El apartado de hechos probados de la sentencia acredita que en el “reparto de funciones” de la trama, el expolítico del PP “colocó como financiero” para la gestión de las comisiones en empresas 'offshore' en paraísos fiscales a Paco Grau, “de su círculo de amistad más estrecho y que poseía los conocimientos financieros necesarios para dar las órdenes oportunas a Beatriz García Paesa”, la sobrina del famoso espía encargada de la gestión de las firmas pantalla en Luxemburgo.

El fiscalista, agrega el fallo, “conocía” la procedencia ilícita de los fondos. El condenado también prestó sus servicios en la inversión de las comisiones blanqueadas en Andorra y Panamá y en su retorno a España mediante negocios inmobiliarios y uso de grandes cantidades en efectivo. Fue él quien “ideó el entramado societario” de la trama, indica la Audiencia de València.

La “cuenta de la vieja” de Paco Grau

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil halló en el registro de su vivienda la “cuenta de la vieja”, nombre literal del archivo informático que detallaba los movimientos contables de la trama.

El escrito de Paco Grau también lamenta que la sentencia le imponga el pago de las costas procesales “sin mayor precisión”, por lo que pide “precisar la cuota”. El fallo también mantiene intervenidos bienes del fiscalista “a efectos de garantizar el cumplimiento por los condenados de sus responsabilidades pecuniarias”. Así, continúan bloqueados un total de 473.211 euros en cuentas bancarias y fondos de inversión, además del 40% de una vivienda en Alicante y un vehículo Smart Fortwo. Los fondos confiscados a la trama ascienden a un total 11,5 millones de euros.

La defensa del fiscalista recuerda que entre las responsabilidades pecuniarias que pueden asegurarse mediante la fianza o el embargo de bienes no está la pena de multa, lo que sería “tanto como imponer una pena anticipada”. Grau fue condenado a una multa de 20 millones de euros. La intervención de sus bienes le parece “a todas luces excesiva”.

El escrito también plantea la necesidad de complemento de la sentencia por una “falta de pronunciamiento congruente” relativa a dos cuestiones previas planteadas por la defensa de Francisco Grau en el juicio oral: las supuestas vulneraciones del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones.

El PSPV pide explicaciones al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sobre la gestión de las ITV valencianas cuando él era director general. La secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, reclama al líder de los populares valencianos que aclare si, como director general de Seguridad Industrial, con competencias en las inspecciones técnicas, “era conocedor de lo que pasó” en la gestión de las ITV, una de las ramas del 'caso Erial' por el que han sido condenados el expresidente Eduardo Zaplana y los empresarios de la familia Cotino, propietarios de empresas de ITV.

La dirigente socialista afirma que le “preocupa” que el presidente valenciano “no ha condenado públicamente este tipo de actitudes” y esté “rebajando las medidas contra la corrupción ” en las reformas legislativas. Asímismo, señala “el señor Mazón estaba allí. Zaplana ha sido condenado por las mordidas en el contrato de las ITV, Zaplana se fue de ministro y dejo vigilando el corral al señor Carlos Mazón como director general”.

La secretaria general exigue que “Mazón dé explicaciones”. “Si en su condición de director general, precisamente de esta contrata de las ITV, era conocedor de lo que había pasado y, por tanto, de que se había producido corrupción en la gestión de las ITV”, insiste. “No nos vale que Mazón diga que la sentencia no le ha dejado indiferente. Porque no puede ser indiferente, estaba allí. Así que exigimos explicaciones a Mazón de qué ocurría, qué sabía y, por supuesto, que condene esta actitud y nos asegure de que eso forma parte del pasado del PP. No tenemos garantías de que no se pueda volver a producir”, sentencia.

La frase és del periodista Francesc Arabí: “Quasi tres dècades va passar el Harry Houdini de la política del subsol practicant el l’escapisme judicial en tots els escàndols que va anar col·leccionant: la compra de la trànsfuga Maruja Sánchez per a arribar a l’alcaldia de Benidorm un 22 de novembre de 1991, el cas Sanz, el cas Terra Mítica (l’úter de la corrupció zaplanista), la causa IVEX-Julio Iglesias, l’escàndol Lezo… Tots els assumptes térbols i corrupteles van ser el cas Zaplana, però a ell mai el va esguitar judicialment la merda. No va anar a declarar mai, ni tan sols com a testimoni”. La vida política de l’expresident de la Generalitat i exministre de José María Aznar ha sigut una constant d’escàndols i esglais de tots els quals va eixir indemne. Fins a aquesta setmana, en què va ser condemnat a 10 anys i cinc mesos de presó pel cas Erial. La llista és llarga.

Eduardo Zaplana Hernández-Soro va estar a penes tres anys al capdavant de l’alcaldia de Benidorm. No obstant això, és cridaner com va obtindre la vara de comandament el novembre del 1991. El maig d’aquell any, el PSPV va obtindre la majoria i va formar govern. No obstant això, tan sols havien passat sis mesos quan un jove Eduardo Zaplana (tenia llavors 35 anys) va accedir a la vara de comandament gràcies a la trànsfuga socialista Maruja Sánchez, que havia ocupat la Regidoria de Benestar Social amb els socialistes. Tot això va passar més d’una dècada abans de l’arxiconegut Tamayazo que va donar la presidència de la Comunitat de Madrid a la també popular Esperanza Aguirre.

Sánchez va abandonar el grup municipal socialista l’octubre d’aquell 1991 (la majoria socialista era d’onze regidors, incloent-hi l’exresponsable de Benestar Social, per deu edils del Partit Popular), i el 22 de novembre secundaria amb el seu vot la moció de censura impulsada pel PP d’Eduardo Zaplana contra el fins aquell moment primer edil, el socialista Manuel Catalán. Sánchez, que va morir el juny del 2023 als 81 anys, tornaria a la delegació de Benestar Social després de la moció de censura, ja amb els populars en el govern municipal, i encadenaria posteriorment diferents càrrecs d’assessora en diferents institucions en què governava el Partit Popular.

Cas Naseiro

A Zaplana se li atribueix erròniament la frase “jo estic en política per a folrar-me”, que realment va pronunciar el dirigent popular llavors Vicente Sanz. La sentència la va pronunciar l’ex-secretari general del PP de València, condemnat per abusos sexuals quan era responsable de recursos humans d’RTVV, i apareix en unes gravacions judicials publicades el 1994 sobre una pretesa mossegada de contractes a Benidorm en el marc del cas Naseiro.

El que sí que figura en el sumari del cas Naseiro, la primera investigació judicial pel pretés finançament il·legal del Partit Popular, és una conversa en què Zaplana reconeix a l’exregidor Salvador Palop que s’ha de “fer ric” perquè està “arruïnat”: “He de guanyar molts diners, em fan falta molts diners per a viure”, diu l’exministre d’Aznar. Els àudios d’aquestes converses van ser finalment anul·lats com a prova i el cas va acabar saltant per l’aire.

Cas Terra Mítica

L’abril del 2016, vint anys després que es produïren els fets analitzats, la justícia condemnava una vintena de persones –dos exdirectius del parc (un d’ells l’excunyat de Zaplana Justo Valverde) i la resta, empresaris– per frau i frau fiscal en la construcció de Terra Mítica, el parc temàtic impulsat per la Generalitat Valenciana a Benidorm en època d’Eduardo Zaplana com a president i amb finançament públic de les caixes d’estalvi valencianes, controlades pel PP. El tribunal considera provada l’existència d’una trama que es va apropiar de diners públics mitjançant la sobrevaloració dels seus serveis, l’emissió de factures falses o, directament, el cobrament de faenes no fetes. Les condemnes, confirmades el 2019 pel Tribunal Suprem, van oscil·lar entre cinc anys i deu mesos dels dos exdirectius a 46 anys a què va ser condemnat l’empresari Antonio Moreno.

Cas IVEX

El cas IVEX investigava un pretés delicte de malversació pels pagaments milionaris del Govern valencià al cantant Julio Iglesias entre el 1997 i el 1999. El contracte amb l’artista imposava el pagament de 2,2 milions, però va haver-hi un “contracte B” que elevava presumptament aquesta quantitat a 5,9 milions lliures d’impostos. Per aquests fets és investigat l’exdirector general de l’Institut Valencià d’Exportacions (IVEX) José María Tabares, que va ser condemnat a cinc anys de presó per estafa en una altra causa el 2005. Tabares va ser localitzat al Japó, on treballa en una universitat. L’Audiència Provincial va sobreseure el cas que va obrir el 2005, però va mantindre vius els delictes a l’espera de rebre la contestació de dues comissions rogatòries sobre pagaments del Govern valencià a les illes Caiman i Shanghai. Finalment, es va arxivar l’abril de l’any passat per haver prescit els delictes.

Cas Lezo

De nou unes gravacions van posar en el focus a Zaplana en una investigació judicial. En aquesta ocasió, en el cas Lezo, en què la Guàrdia Civil va registrar una conversa amb l’expresident de la Comunitat de Madrid, el popular Ignacio González, en què aquest últim sol·licitava la mediació de l’exministre de José María Aznar davant el ministre llavors Rafael Catalá perquè Jesús Alonso ocupara el lloc de fiscal en cap de l’Audiència Nacional, càrrec a què finalment va accedir. El jutge manté entre els investigats per aquesta causa, entre unes seixanta persones, l’expresident de la Generalitat.

La frase es del periodista Frances Arabí: “Casi tres décadas se pasó el Harry Houdini de la política del subsuelo practicando el escapismo judicial en todos los escándalos que fue coleccionando: la compra de la tránsfuga Maruja Sánchez para llegar a la alcaldía de Benidorm un 22 de noviembre de 1991, el caso Sanz, el caso Terra Mítica (el útero de la corrupción zaplanista), la causa IVEX-Julio Iglesias, el escándalo Lezo… Todos los asuntos turbios y corruptelas fueron el caso Zaplana, pero a este jamás le salpicó judicialmente la mierda. No fue a declarar nunca, ni siquiera como testigo”. La vida política del expresidente de la Generalitat y exministro de José María Aznar ha sido una constante de escándalos y sustos de los que salió indemne de todos. Hasta esta semana, cuando fue condenado a 10 años y cinco meses de prisión por el caso Erial. La lista es larga.

Eduardo Zaplana Hernández Soro estuvo apenas tres años al frente de la alcaldía de Benidorm. Sin embargo, lo llamativo es cómo consiguió la vara de mando en noviembre de 1991. En mayo de ese año, el PSPV consiguió mayoría y formó gobierno. Sin embargo, tan solo habían pasado seis meses cuando un joven Eduardo Zaplana (tenía entonces 35 años) accedió a la vara de mando gracias a la tránsfuga socialista Maruja Sánchez, que había ocupado la concejalía de Bienestar Social con los socialistas. Todo ello ocurrió más de una década antes del archiconocido Tamayazo que le dio la presidencia de la Comunidad de Madrid a la también popular Esperanza Aguirre.

Sánchez abandonó el grupo municipal socialista en octubre de ese 1991 (la mayoría socialista era de once concejales, incluida la ex responsable de Bienestar Social, por diez ediles del Partido Popular), y el 22 de noviembre secundaría con su voto la moción de censura impulsada por el PP de Eduardo Zaplana contra el hasta ese momento primer edil, el socialista Manuel Catalán. Sánchez, que falleció en junio de 2023 a los 81 años de edad. La concejal egresaría a la delegación de Bienestar Social tras la moción de censura, ya con los populares en el gobierno municipal, y encadenaría posteriormente distintos cargos de asesora en diferentes instituciones en las que gobernaba el Partido Popular.

Caso Naseiro

A Zaplana se le atribuye erróneamente la frase “yo estoy en política para forrarme”, que realmente pronunció el exdirigente popular Vicente Sanz. La sentencia la pronunció el exsecretario general del PP de Valencia, condenado por abusos sexuales cuando era responsable de recursos humanos de RTVV, y aparece en unas grabaciones judiciales publicadas en 1994 sobre una supuesta mordida de contratos en Benidorm en el marco del Caso Naseiro.

Lo que sí que aparece en el sumario del caso Naseiro, la primera investigación judicial por la supuesta financiación ilegal del Partido Popular, es una conversación en la que Zaplana le reconoce al exconcejal Salvador Palop que se tiene que “hacer rico” porque está “arruinado”: “Tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir”, dice el exministro de Aznar. Los audios de esas conversaciones fueron finalmente anulados como prueba y el caso acabó saltando por los aires.

Caso Terra Mítica 

En abril de 2016, veinte años después de que se produjeran los hechos analizados, la Justicia condenaba a una veintena de personas -dos exdirectivos del parque (uno de ellos el excuñado de Zaplana Justo Valverde) y el resto, empresarios- por fraude y fraude fiscal en la construcción de Terra Mítica, el parque temático impulsado por la Generalitat Valenciana en Benidorm en época de Eduardo Zaplana como presidente y con financiación pública de las cajas de ahorro valencianas, controladas por el PP. El tribunal considera probada la existencia de una trama que se apropió de dinero público mediante la sobrevaloración de sus servicios, la emisión de facturas falsas o, directamente, el cobro de trabajos no realizados. Las condenas, confirmadas en 2019 por el Tribunal Supremo, oscilaron entre los cinco años y diez meses de los dos exdirectivos a los 46 años a los que fue condenado el empresario Antonio Moreno.

Caso Ivex

El caso Ivex investigaba un supuesto delito de malversación por los pagos millonarios del Gobierno valenciano al cantante Julio Iglesias entre 1997 y 1999. El contrato con el artista imponía el pago de 2,2 millones, pero hubo un “contrato B” que elevaba presuntamente esa cantidad a 5,9 millones libres de impuestos. Por estos hechos se encuentra investigado el exdirector general del Instituto Valenciano de Exportaciones (Ivex) José María Tabares, que fue condenado a cinco años de prisión por estafa en otra causa en 2005. Tabares fue localizado en Japón, donde trabaja en una universidad. La Audiencia Provincial sobreseyó el caso que abrió en 2005, pero mantuvo vivos los delitos a la espera de recibir la contestación de dos comisiones rogatorias sobre pagos del Gobierno valenciano en Islas Caimán y Shangai. Finalmente, fue archivada en abril del pasado año al prescribir los delitos.

Caso Lezo

De nuevo unas grabaciones pusieron en el foco a Zaplana en una investigación judicial. En esta ocasión, en el caso Lezo, en el que la Guardia Civil registró una conversación con el expresidente de la Comunidad de Madrid, el popular Ignacio González, en la que este último solicitaba la mediación del exministro de José María Aznar ante el entonces ministro Rafael Catalá para que Jesús Alonso ocupara el puesto de fiscal jefe de la Audiencia Nacional, cargo al que finalmente accedió. El juez mantiene entre los investigados por esta causa, entre unas sesenta personas, al expresident de la Generalitat.

La sentencia del 'caso Erial', que ha condenado a 10 años y cinco meses de prisión a Eduardo Zaplana, supone un exitoso tanto en materia de recuperación de activos corruptos que se anota en su haber la Fiscalía Anticorrupción, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la jueza instructora de la causa, Isabel Rodríguez Guerola. Se ha conseguido recuperar un total de 11,5 millones de euros entre fondos decomisados e intervenidos para garantizar las responsabilidades pecuniarias de los condenados. Unos activos que pasan a manos del Estado.

La trama manejó un altísimo volumen de dinero —con una 'cifra de negocio' superior a los 20 millones de euros, según el fiscal Pablo Ponce— en una compleja estructura societaria en paraísos fiscales que blanqueó las comisiones ilícitas cobradas a Sedesa, la empresa de la familia Cotino que obtuvo plusvalías de 86,5 millones de euros tras haber sido adjudicataria de la privatización de las ITV, un proceso de licitación amañado por Zaplana y por su exjefe de gabinete, Juan Francisco García, según el apartado de hechos probados.

El fallo de la sentencia, dictada por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València, detalla los decomisos y las intervenciones de cuentas bancarias, fondos de inversión, planes de pensiones, vehículos, bienes inmobiliarios o cajas de seguridad. La sentencia acuerda el decomiso de un Audi Q7 de Eduardo Zaplana y de un BMW X3 a nombre de una de las empresas pantalla.

También permanecen intervenidos, a efectos de garantizar el cumplimiento de las responsabilidades pecuniarias por parte de los condenados, un Land Rover de Joaquín Barceló 'Pachano', testaferro confeso de la trama, y un Smart Fortwo de Francisco Grau, asesor financiero.

La sentencia impone multas por un valor global superior a los 55 millones de euros. Además, al exministro popular y expresidente de la Generalitat Valenciana, principal condenado, se le decomisan 63.325 euros (la mitad de los fondos de una cuenta que comparte con su esposa); 50.000 euros en efectivo intervenidos por la UCO en el registro del despacho de su secretaria en Telefónica; 18.000 euros —también en metálico— en el registro de su domicilio en Madrid, y 238.100 euros en cuentas en el Banco Sabadell a nombre del abogado uruguayo Fernando Washington Belhot, artífice de la estructura 'offshore' de la trama en Panamá y Andorra.

El decomiso también incluye los 6,7 millones de euros transferidos a la Oficina de Gestión y de Recuperación de Activos procedentes de una cuenta en Suiza titulada formalmente por Belhot pero perteneciente a Zaplana, según la sentencia. En total, la cuenta a abonar por parte del expresidente de la Generalitat Valenciana supone 7,1 millones de euros además del vehículo.

A Juan Francisco García, exjefe de gabinete que alcanzó un pacto de conformidad con Anticorrupción para reconocer los hechos y rebajar así la pena de prisión, su participación en la trama del 'caso Erial' le ha salido por 1,8 millones de euros, incluyendo sus fondos en cuentas bancarias, fondos de inversión y planes de pensiones.

Por otro lado, a su esposa (condenada como partícipe a título lucrativo del delito de blanqueo de capitales) se le mantienen intervenidos 105.694 euros en cuentas y en un plan de pensiones. La sentencia cierra el apartado de comisos con otros 371.371 euros provenientes de empresas de la trama.

Viviendas en Benidorm y cajas de seguridad

Además, permanecen intervenidos un total de 473.214 euros titularidad de Paco Grau, asesor fiscal de Zaplana, entre cuentas bancarias y fondos de inversión, así como el vehículo Smart y el 40% de una vivienda en Alicante.

Al testaferro 'Pachano', la sentencia le mantiene intervenidos 471.506 euros, incluyendo cuentas corrientes y de valores, depósitos, fondos de inversión y dinero en efectivo incautado durante el registro policial de su domicilio. También tres viviendas en Benidorm, una caja de seguridad en el Banco Sabadell y un vehículo Land Rover.

Por otro lado, permanecen intervenidos fondos por un total de 138.162 euros pertenecientes a los hermanos Vicente y José Cotino, incluyendo cuentas y planes de pensiones, además de una caja de seguridad en Caixabank.

Algunos directores de medios de comunicación se acostumbraron en los primeros años del siglo XXI a recibir frecuentes llamadas de Eduardo Zaplana en las que exigía la rectificación de informaciones sobre la batalla interna que se libraba en el PP valenciano entre sus seguidores y los del nuevo inquilino del Palau de la Generalitat, Francisco Camps. Aquel estricto marcaje ponía especial interés en negar que existieran los “zaplanistas”, a pesar de que el enfrentamiento entre sus partidarios y los de su sucesor llegaron al extremo de que en julio de 2004 una veintena de los 48 diputados del PP plantaron a Camps en las Corts Valencianes cuando iba a presentar “el plan de inversiones más ambicioso de la historia”, según la enfática retórica del entonces presidente valenciano.

Zaplana siempre ha cuidado la relación con los medios, a través de los periodistas y también de los propietarios de periódicos y cadenas de radio y televisión. Su agenda, como acaba de comprobarse en el sumario del caso Erial, en el que ha sido condenado a 10 años de cárcel, recogía comidas y reuniones habituales con personajes de la prensa y las empresas de comunicación. Siendo directivo de Telefónica, utilizó su cargo para que los medios tuvieran en cuenta sus apreciaciones y puntualizaciones a cada información. Cuidó siempre su reputación mediática al extremo.

Capaz de proclamar públicamente en 1999 que “la corrupción ha desaparecido” mientras urdía, como revela la investigación judicial, toda una trama de cobro y blanqueo de mordidas por adjudicaciones del Gobierno autonómico que presidía, Zaplana fue también el ministro portavoz que aparecía en televisión junto al titular de Interior, Ángel Acebes, tras los atentados en Madrid del 11 de marzo de 2004, pocos días antes de las elecciones que el PP de José María Aznar al final perdería. En aquellas apariciones ante una audiencia consternada, sostuvo con toda seriedad, pese a las evidencias de que había sido un ataque de terroristas islámicos, que las fuerzas de seguridad seguían pistas que apuntaban a ETA.

Su casi obsesiva preocupación por la imagen escondía una minuciosa dedicación a negocios basados en el tráfico de influencias y la manipulación de licitaciones públicas, empujado por la necesidad de alimentar un tren de vida a cuyos lujos no renunció ni cuando la enfermedad, una leucemia, le puso en graves apuros.

Lo había dicho en una conversación telefónica de finales de los años ochenta, cuando era todavía un joven político del PP con aspiraciones y hablaba con el entonces concejal en Valencia Salvador Palop de repartirse bajo mano una comisión: “Que me dé diversas opciones y me quedo con la más fácil. Pero me tengo que hacer rico porque estoy arruinado”. La conversación, grabada por la policía en el denominado caso Naseiro, dejó de contar a efectos legales porque se anularon las escuchas y se archivó el asunto. Una prueba inválida.

Zaplana se preocupó con tenacidad de evitar en años sucesivos que se reprodujeran aquellas grabaciones en los periódicos, de intentar borrar de la memoria pública lo que había quedado borrado en los tribunales. Sin embargo, en aquel caso primigenio de supuesta financiación ilegal del PP estaba escrita la alerta ante una predisposición peligrosa a hacer de la política una forma de enriquecerse.

Como si aquel episodio le hubiese concedido una patente de impunidad, Zaplana desplegó su carrera como un joven liberal que venía a abrir una etapa memorable para la derecha valenciana. Un liberal para el cambio en la Comunidad Valenciana fue el título con el que se bautizó el libro que glosaba sus aspiraciones políticas en los años 90 del siglo pasado y cuyo prólogo firmó el propio José María Aznar, su principal valedor para el asalto a la Generalitat Valenciana y el posterior paso al Gobierno.

Casado con Rosa Barceló, hija de un empresario hotelero, se apoyó para su lanzamiento en una tránsfuga socialista, Maruja Sánchez, que lo convirtió en alcalde de Benidorm en 1991, en una operación tan oscura como rocambolesca. A partir de esa plataforma, logró hacerse con el liderazgo del PP de la Comunidad Valenciana desplazando a Pedro Agramunt y alcanzó tras las elecciones autonómicas de 1995 la presidencia de la Generalitat valenciana gracias a un pacto con los regionalistas de Unión Valenciana que apeó del poder a los socialistas de Joan Lerma.

Y ese año 1995 fue clave en la vida de Zaplana y en el futuro de la Comunitat Valenciana, que se convirtió en tierra de oportunidades para la corrupción. Las prisas por hacerse rico a toda velocidad, pero también su paciencia y meticulosidad para lograrlo, las revela la lectura del sumario del caso Erial. Sin estar ni dos años en el poder urdió la privatización de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y del plan eólico para regalárselos a empresarios amigos que posteriormente con la venta de esos derechos por cantidades millonarias le agasajarían, presuntamente, con suntuosas comisiones como agradecimiento o contraprestación.

Los concursos de las ITV y del plan eólico, qu e se amañaron, se dividieron en siete lotes que fueron a parar a siete grupos de empresas. Varios de estos empresarios y sociedades fueron años después descubiertos financiando irregularmente al PP valenciano y una tercera, Sedesa, de la familia del exdirector general de la policía Juan Gabriel Cotino, se vería implicada en la mayoría de los casos de corrupción.

Medios de comunicación, pocos, y empresarios, menos aún, denunciaron las trapisondas, amenazas y excesos de Zaplana, aunque la burbuja del ladrillo y el gran papel del actor cartagenero consiguieron enterrar esas críticas que empezaban a arreciar.

Su buena prensa, sus antiguos amigos y un efectivo olfato para aprovechar todas las oportunidades se volvieron a conjurar en diciembre de 2018 en plena investigación del caso Erial, cuando estaba en prisión provisional tras la operación policial. Medios de comunicación y políticos de todos los colores clamaron por su excarcelación argumentando la enfermedad que sufre. La jueza, que había escuchado en las grabaciones cómo Zaplana manejaba sus negocios incluso desde la cama del hospital, se tuvo que oponer auto sobre auto y contra gran parte de la opinión pública para poder asegurar las pruebas.

Nacido en Cartagena en 1956, Zaplana introdujo en la política valenciana la idea de los “proyectos temáticos”, con el parque Terra Mítica como emblema y el cantante Julio Iglesias en el papel de embajador de la Comunidad Valenciana en el mundo. Aquella forma de jugar “a lo grande”, carente de escrúpulos, sería llevada a la apoteosis por los populares valencianos bajo el liderazgo de Francisco Camps, con los “grandes eventos” como bandera y las mayorías absolutas del PP como resultado. Hasta que el estallido del caso Gürtel abrió una cascada de casos de corrupción, destapó la financiación ilegal del partido y metió a la formación de la derecha en un barrizal del que todavía se dirimen escándalos en los tribunales.

La marcha a Madrid, donde fue ministro y después enfiló la puerta giratoria para colocarse como directivo de Telefónica, pareció alejarle del escenario de la corrupción de la derecha valenciana. Su fichaje era un ejemplo más de un movimiento que han protagonizado otros notables políticos españoles. Nada más prometer la cartera de Trabajo en 2003, Eduardo Zaplana aprobó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a la multinacional que dirigía César Alierta, amigo de José María Aznar, lo que le permitió reducir en un tercio la plantilla de Telefónica. El premio, como las comisiones de Sedesa, vino años después con un sueldo anual de un millón de euros en la tecnológica española.

Su astucia y desvergüenza parecían haber puesto a Zaplana a salvo de los banquillos durante toda su carrera política. Hasta que se desencadenó el caso Erial. El paso a un segundo plano, en las bambalinas de una política en la que nunca dejó de moverse, le permitió hacerse rico. Con él empezó todo. Y ahora, con la sentencia que le condena, la impunidad que quiso fabricarse ha llegado a su fin.

La condena a Eduardo Zaplana llega tras un larguísimo periplo judicial. Por la sala Tirant I de la Ciudad de la Justicia de València desfilaron una pintoresca galería de personajes, entre acusados y testigos del juicio a la presunta organización criminal liderada por el exministro del PP. La sobrina del espía Paco Paesa, el peluquero de José María Aznar, el fisioterapeuta de Zaplana, un penalista que veraneaba en Corea del Norte, un discreto y 'Molt Honorable' José Luis Olivas, el empresario y expresidente del PP de Benidorm 'Paco Gasofa', el periodista radiofónico Luis Herrero, el dúo formado por el excomisario Villarejo y el 'yonqui del dinero' e incluso Joaquín Torres, el televisivo arquitecto de los famosos. Las comparecencias propiciaron multitud de escenas tragicómicas y, por momentos, cierta hilaridad en el tribunal, a modo de potente anecdotario para todos los operadores jurídicos presentes en la sala.

Sólo faltó el fugaz testigo Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional. Su antiguo despacho —Estudios Jurídicos y Procesales SL— fue uno de los bufetes españoles que llegó a un acuerdo con el fiduciario uruguayo Fernando Belhot, experto en tinglados 'offshore' en paraísos fiscales, para captar clientes españoles en materia de “servicios de constitución de sociedades” o “asesoramiento en Latinoamérica”. Lo propuso como testigo el letrado de Francisco Grau (asesor fiscal de Zaplana), pero a mitad juicio desistieron. Quien tampoco declaró —nadie lo propuso— fue Lluís Majó, excanterano del Barça reconvertido en gestor de la banca andorrana, a pesar de que su nombre se repitió sin parar durante la vista oral.

Una vez amarrado el testimonio incriminatorio de Fernando Belhot y de Beatriz García Paesa durante la fase de instrucción, el fiscal Pablo Ponce se plantó al inicio del juicio con cuatro arrepentidos de primer nivel que confesaron los hechos. Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana, desveló las tensas semanas anteriores al juicio. El acusado relató durante el turno de última palabra la visita a su antiguo jefe, al que le unía una amistad de “46 años”, para anunciarle que iba a confesar los hechos y para animarle a seguir el mismo camino. “No voy a citar literalmente su contestación”, dijo en el tono educado que le caracteriza Juan Francisco García ante el tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València, presidido por Pedro Castellano y completado por las magistradas Isabel Sifre y Cristina Badenes, esta última designada como ponente de la sentencia.

Los dos bandos acabaron “a navajazos”, según la expresión del biógrafo no autorizado de Eduardo Zaplana, el periodista Francesc Arabí. Las confesiones clarificaron los hechos: se trataba de una presunta trama corrupta en la que la firma Sedesa, de la familia político-empresarial de los Cotino, pagó mordidas en Luxemburgo que Zaplana cobró mediante un testaferro, su amigo de la infancia Joaquín Barceló 'Pachano'.

Los dos empresarios le echaron la culpa a su tío, el fallecido ex director general de la Policía, Juan Cotino. El pacto con el fiscal de los hermanos Vicente y José Cotino incluye el pago de multas de 4,6 millones de euros, una cifra sensiblemente superior a la sanción de 109.500 euros que pagó el primero, en el marco del 'caso Gurtel', por financiar ilegalmente al PP.

La confesión de Pachano fue especialmente dura para la defensa de Zaplana, por motivos jurídicos y personales. “Pachanito”, como lo llamaba afectuosamente el exministro en las escuchas policiales que figuran en el sumario, lo cantó todo con pelos y señales. La UCO también contaba con un precioso documento intervenido al contable: la “cuenta de la vieja” de la presunta red corrupta (el nombre literal del archivo informático con todos los detalles de las operaciones, saldos e inversiones).

El exministro, por su parte, declaró que todos los bienes sospechosos eran de su amigo de la infancia mientras que el fiscalista Paco Grau adujo que Pachano representaba a los Cotino en una serie de inversiones en la provincia de Alicante de los empresarios, veteranos de las adjudicaciones de los gobiernos del PP.

Todos los bienes de la presunta trama —los fondos que viajaron entre Luxemburgo, Andorra y Panamá, el piso en el barrio de Salamanca de Madrid, los dos áticos en el puerto deportivo de Altea y las parcelas en primera línea de La Vila Joiosa— eran del modesto Pachano, según dijeron al unísono Zaplana y Grau. El exministro popular también afirmó que, aunque pueda parecer descabellado, simplemente se dedicaba a hacer “miles de favores” a sus amigos. El fiscal ironizó en la exposición de su informe de conclusiones con la supuesta condición de “filántropo” argüida por Eduardo Zaplana.

La vista oral también ha reflejado el alto nivel de vida de Zaplana, un político que en 1990 ya se refería en las famosas escuchas telefónicas del 'caso Naseiro' a su imperiosa necesidad de hacerse rico. Además de los yates, los vuelos internacionales y el dinero en efectivo, salieron a la superficie en la audiencia pública dos televisores Bang & Olufsen valorados en 20.000 euros y un reloj del mismo precio que, según Pachano, acabó en la muñeca de Ignacio González.

Zaplana no era precisamente “pobre”

El exministro del PP no era precisamente “pobre”, según destacó el fiscal Pablo Ponce. De hecho, cobraba 700.000 euros anuales en Telefónica, la empresa del Ibex 35 que lo fichó a iniciativa de César Alierta cuando abandonó la política activa y que lo largó —de mutuo acuerdo— tras su detención y encarcelamiento en prisión preventiva en 2018.

Los investigadores consiguieron levantar a Zaplana un supuesto botín individualizado de 15 millones de euros, según la suma de la instructora de la causa, la magistrada Isabel Rodríguez Guerola. Anticorrupción elevó la 'cifra de negocio' total de la trama hasta los 20,6 millones de euros.

El Ministerio Público cuenta con la poderosa baza de las confesiones de cuatro de los acusados y de las declaraciones —incriminatorias, en mayor o menor medida— de los fiduciarios 'offshore' Beatriz García Paesa y Fernando Belhot, ambos implicados en otros casos de corrupción. En la recámara del fiscal Pablo Ponce también figura la “extraordinaria” investigación policial de la “moderna” unidad de élite del instituto armado.

Por el contrario, la defensa de Zaplana, que ejerce el exfiscal anticorrupción Daniel Campos, atacó repetidamente el origen de las pesquisas, comandadas por una policía judicial de la que dijo, poco menos, que actuó con el exministro del PP como la Brigada Político Social franquista pero sin torturas en comisaría. Campos cuestiona de plano el hallazgo casual de la prueba primigenia: los denominados 'papeles del sirio', en referencia a la documentación que el empresario Imad Al Naddaf se encontró en una vivienda de la plaza de la Legión Española de València que había pertenecido a Zaplana y que, según su versión, entregó a un viejo conocido de la Fiscalía Anticorrupción: Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero'.

La UCO se topó con la documentación en el registro del despacho del primer abogado del 'yonqui del dinero', ordenado por el juez instructor del 'caso Taula'. El cuestionamiento de aquella actuación policial por parte de las defensas del 'caso Erial' contrasta con la declaración del letrado Ramir Blasco, propietario del despacho que certificó la corrección de la entrada y registro.

La documentación clave, “apócrifa”

La sentencia de la pieza separada D del 'caso Taula' también avaló el auto que ordenó el registro (“No hay nada que objetar”, afirmaba) y destacó que no se trataba “ni mucho menos” de una investigación prospectiva. Fue, en definitiva, una medida “proporcionada, necesaria e idónea”, según el fallo.

A su vez, la sección quinta de la Audiencia Provincial de València tumbó durante la instrucción de la causa los recursos de la defensa de Zaplana y el tribunal que juzga al expresidente autonómico descartó inicialmente, en la fase de cuestiones previas, la anulación de las pruebas clave. Sin embargo, durante el juicio hubo un momento fugaz que no pasó desapercibido para nadie. El presidente del tribunal, el magistrado conservador Pedro Castellano, le espetó a uno de los peritos de la UCO que los 'papeles del sirio' eran un documento “apócrifo”.

La expresión designa algo “falso o fingido” o “de dudosa autenticidad en cuanto al contenido o a la atribución”, según el Diccionario de la Real Academia Española. Por su parte, el Diccionario panhispánico del español jurídico sólo aporta una acepción, “dicho de un texto: que no es obra de la persona a quien se atribuye la autoría”. El concepto de apocrifidad será, previsiblemente, una de las muchas claves de la sentencia.

En otro momento revelador del durísimo informe de conclusiones del Ministerio Público, el fiscal Pablo Ponce aseguró que los fondos atribuidos a Zaplana eran “dinero negro” y no “sucio”; una alusión directa al polémico auto de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València —la misma que juzga al exministro del PP— que tumbó el procesamiento de medio centenar de asesores y ediles de Rita Barberá en la pieza separada A del 'caso Taula' (con un contundente voto particular de la magistrada Clara Bayarri). El magistrado Pedro Castellano tomó nota.

El letrado Daniel Campos también dejó clara su estrategia: tumbar la “piedra angular” de la acusación. Es decir, el presunto delito de cohecho. “Si no hay cohecho no hay blanqueo, si no hay blanqueo no hay ningún grupo criminal”, dijo en una de las sesiones más tensas del juicio, en plena guerra abierta entre los dos bandos de las defensas.

Las cloacas del 'caso Erial'

Más allá del trasfondo técnico de la estrategia jurídica de Eduardo Zaplana, su defensa también ha sacado a escena la teoría de la conspiración del 'caso Erial' con la declaración del excomisario José Manuel Villarejo, que aludió a un supuesto complot contra el expolítico del PP.

En el Congreso de los Diputados dijo que el supuesto complot fue obra del PSOE y en el juicio oral la conspiración corrió a cargo del PP en el contexto de las guerras internas del partido. El fiscal anticorrupción ni siquiera formuló preguntas al testigo, que inició su carrera en la Brigada Político Social a las órdenes del comisario Roberto Conesa y que ha acabado siendo el máximo exponente de las cloacas del Estado español.

Villarejo ha transitado en el subsuelo del 'caso Erial' desde el principio. Cuando Zaplana fue detenido por la UCO el 22 de mayo de 2018 su maletín contenía, tal como informó elDiario.es, una anotación manuscrita referida a la mercantil panameña Merson Overseas SA y un número de cuenta asociado de la Union Bancaire Privée (UBP) de Suiza, propiedad del empresario Adrián de la Joya, histórico aliado del excomisario. Por otro lado, el exministro sospechaba que podría aparecer en la fonoteca de Villarejo, según se desprende de su correspondencia desde la cárcel de Picassent.

La superficie de la causa

Si bien Eduardo Zaplana navegó en la cloaca que rodea al procedimiento, en la superficie de la causa la defensa del exministro quedó muy tocada con las confesiones y la ofensiva final del fiscal anticorrupción en su informe de conclusiones, casi cinco horas de ametrallamiento indiciario en un tono extremadamente severo.

Después, las defensas se enfrentaron en campo abierto. El penalista David González Wonham, antiguo militante del PP y letrado del exjefe de gabinete Juan Francisco García, le arreó a Zaplana donde más le duele cuestionando sin medias tintas su honorabilidad. En la sala se respiraba un aire de derrota mientras el fiscal Pablo Ponce observaba, impertérrito, el espectáculo.

La veintena de sesiones del juicio, algunas extenuantes, ha pintado un retrato de tintes costumbristas de la presunta trama corrupta. En las escuchas telefónicas, reproducidas en la sesión dedicada a la fase de la prueba documental, se oyó al 'molt honorable' expresidente de la Generalitat Valenciana hablando en un críptico lenguaje velado. La sala escuchó conversaciones, cuando menos, poco virtuosas para todo un exministro.

En los últimos minutos del juicio, los apoderados de cada bando protagonizaron la escaramuza final y, en el turno de última palabra, Eduardo Zaplana reivindicó su trayectoria en la vida política, una “actividad digna donde las haya”. Se trata, quizá, de su última gran aparición en un acto público.

La secció quarta de l'Audiència Provincial de València ha condemnat a 10 anys i cinc mesos de presó l'expresident de la Generalitat i exministre del PP Eduardo Zaplana com a autor dels delictes de blanqueig de capitals, suborn, falsedat en document mercantil, i li imposa a més inhabilitació especial durant huit anys i nou mesos pel delicte de prevaricació administrativa. A més, li imposa una multa de 25 milions d'euros. La resolució absol Zaplana i la resta d'acusats del presumpte delicte de grup criminal. 

La sentència conclou que la conducta de Zaplana, d'acord amb el seu càrrec de president de la Generalitat Valenciana, va ser “especialment reprovable”. L'Audiència Províncial de València considera provat que Eduardo Zaplana i el seu llavors cap de gabinet van percebre comissions il·lícites després d'intervindre en el procés d'adjudicació de la privatització de les ITV. I considera, en el seu apartat de fets provats, que l'expolític del PP era el “titular real o últim beneficiari” dels fons a Luxemburg i Andorra a nom del seu testaferro. 

Zaplana i la resta d'acusats han sigut absolts del presumpte delicte de grup criminal en apreciar que es tracta més aviat d'un “supòsit de codelinqüència” sense que existisca un “acord associatiu amb una finalitat delictiva i un repartiment de rols”.

La sentència del 'cas Erial' també absol l'expresident valencià José Luis Olivas, que s'enfrontava a una petició de pena de sis anys per un presumpte delicte de suborn. L'escrit indica que no ha quedat acreditat que els 580.000 euros que va cobrar de Sedesa (el grup empresarial de la família Cotino) “tinguera la seua causa” en la seua participació en el procés d'adjudicació dels Parcs Eòlics. 

La secretària de Zaplana, Mitsouko Henríquez també ha sigut absolta. La sentència considera que no ha quedat acreditat que fora coneixedora de l'“origen il·lícit dels diners en efectiu dels quals feia lliurament” a Zaplana. 

La sentència imposa penes mínimes a la tanda d'acusats que van arribar a un pacte de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció a canvi de reconéixer els fets: Joaquín Miguel Barceló 'Pachano', testaferro confés de Zaplana, condemnat a un any i tres mesos de presó per blanqueig de capitals i a una multa de cinc milions d'euros; l'excap de gabinet Juan Francisco García (dos anys i nou mesos pels delictes de suborn, falsedat i blanqueig i inhabilitació per un delicte de prevaricació durant quatre anys i cinc mesos), i els empresaris Vicente Cotino (tres anys i cinc mesos de presó pels delictes de suborn, falsedat i blanqueig de capitals, a més d'una multa de quatre milions d'euros) i el seu germà José Cotino (dos anys de presó per un delicte de suborn i una multa de 320.000 euros).

A Francisco Grau Jornet, comptable de la trama, la resolució judicial li imposa cinc anys de presó per blanqueig de capitals, una multa de 20 milions d'euros i inhabilitació per a l'exercici de la seua professió durant tres anys. La sentència conclou que era el “financer” que gestionava el “patrimoni ocult” a l'estranger de Zaplana. 

L'empresari Francisco Pérez López ha sigut condemnat a una pena d'un any i mig de presó per un delicte de falsedat. Per contra, la sentència absol l'advocat Saturnino Suanzes i els empresaris Robert-Edgar Batauche Pérez i Carlos Gutiérrez Nomdedéu. 

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de València ha condenado a 10 años y cinco meses de prisión al exministro del PP Eduardo Zaplana como autor de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil, y le impone además inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 17 años y 10 meses (por los delitos de prevaricación administrativa y cohecho). Además, le impone una multa de 25 millones de euros. El fallo absuelve a Zaplana y al resto de acusados del presunto delito de grupo criminal.

También concluye que la conducta de Zaplana, a tenor de su cargo de presidente de la Generalitat Valenciana, fue “especialmente reprobable”. La Audiencia Provincia de València considera probado que Eduardo Zaplana y su entonces jefe de gabinete percibieron comisiones ilícitas tras intervenir en el proceso de adjudicación de la privatización de las ITV. Y considera, en su apartado de hechos probados, que el expolítico del PP era el “titular real o último beneficiario” de los fondos en Luxemburgo y Andorra a nombre de su testaferro.

Zaplana y el resto de acusados han sido absueltos del presunto delito de grupo criminal al apreciar que se trata más bien de un “supuesto de codelincuencia”, sin que exista un “acuerdo asociativo con una finalidad delictiva y un reparto de roles”.

La sentencia del 'caso Erial' también absuelve al también expresidente valenciano José Luis Olivas, que se enfrentaba a una petición de pena de seis años por un presunto delito de cohecho. El fallo indica que no ha quedado acreditado que el cobro de 580.000 euros de Sedesa (el grupo empresarial de la familia Cotino) “tuviera su causa” en su participación en el proceso de adjudicación de los Parques Eólicos.

La secretaria de Zaplana, Mitsouko Henríquez, también ha sido absuelta. La sentencia afirma que no ha quedado acreditado que fuera conocedora del “origen ilícito del dinero en efectivo del que hacía entrega” a Zaplana.

El fallo impone penas mínimas a la tanda de acusados que alcanzaron un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción a cambio de reconocer los hechos: Joaquín Miguel Barceló 'Pachano', testaferro confeso de Zaplana, condenado a un año y tres meses de prisión por blanqueo de capitales y a una multa de cinco millones de euros; el exjefe de gabinete Juan Francisco García (dos años y nueve meses por los delitos de cohecho, falsedad y blanqueo e inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa durante cuatro años y cinco meses), y a los empresarios Vicente Cotino (tres años y cinco meses de prisión por los delitos de cohecho, falsedad y blanqueo de capitales, además de una multa de cuatro millones de euros) y José Cotino (dos años de prisión por un delito de cohecho y una multa de 320.000 euros).

A Francisco Grau Jornet, contable de la trama, la sentencia le impone cinco años de prisión por blanqueo de capitales, una multa de 20 millones de euros e inhabilitación para el ejercicio de su profesión durante tres años. El fallo concluye que era el “financiero” que gestionaba el “patrimonio oculto” en el extranjero de Zaplana.

El empresario Francisco Pérez López ha sido condenado a una pena de un año y medio de prisión por un delito de falsedad. Por el contrario, la sentencia absuelve al abogado Saturnino Suanzes y a los empresarios Robert-Edgar Batauche Pérez y Carlos Gutiérrez Nomdedeu.

Zaplana recurrirá el fallo

El exministro popular, en un comunicado, ha anunciado que recurrirá la sentencia. Zaplana arguye que no hay “ninguna evidencia objetiva” de su participación en los hechos. El expolítico y exconsejero de Telefónica ha avanzado, tras conocerse el fallo, que se siente “decepcionado” por haber sido condenado “por unas pruebas basadas en pactos y acuerdos opacos y sin ninguna evidencia objetiva” sobre su participación en los hechos.

A pesar de todo, el expresidente de la Generalitat ha manifestado que sigue “confiando” en la justicia y ha afirmado que tiene la certeza de que “tarde o temprano” se reconocerá lo “infundado” de las acusaciones y, en consecuencia, recurrirá a las instancias “que sea necesario”.

En el mismo comunicado, Zaplana también ha mostrado su “alegría” por la absolución en este procedimiento “de todas las personas cuyo único delito fue haber sido mis amigos o colaboradores y que han tenido que sufrir un acusación igualmente injusta y soportar durante largos años la amenaza de una condena penal sin ningún fundamento”, ha apostillado.

El empresario Francisco Pérez López, más conocido como 'Paco Gasofa', va camino de obtener una nueva adjudicación de un consistorio del PP situado en el área de influencia del zaplanismo político. El Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el popular Toni Pérez, ha propuesto a la empresa Zarcar SL, de 'Paco Gasofa', para uno de los lotes del contrato de suministro de carburante que cubra las necesidades del municipio.

La mesa de contratación, presidida por la concejal Aida García y completada por la secretaria y el interventor como vocales y con un funcionario como secretario, se reunió el pasado 26 de junio para proceder a la apertura de los sobres con las propuestas de los licitadores. “A la vista de las ofertas presentadas”, según reza el acta, la mesa de contratación propuso a Zarcar SL para el lote más importante, por 144.000 euros, de suministro de gasóleo A, B y C y gasolina 95 en dependencias municipales.

El segundo lote, de gasolina 95 y gasóleo A por 46.000 euros, fue propuesto para Red Española de Servicios SAU mientras que para el tercero, de suministro de gas propano y por 10.000 euros, fue seleccionada Repsol Butano SA.

La empresa de 'Paco Gasofa' obtiene así un nuevo contrato municipal, después de las adjudicaciones en Finestrat (por 190.000 euros), la localidad a tiro de piedra de Benidorm gobernada por Juan Francisco Pérez Llorca, actual portavoz popular en el Parlamento autonómico y secretario general del PP valenciano de Carlos Mazón, y de 100.000 euros en Relleu, cuyo alcalde es el popular Lino Antonio Pascual Carbonell.

La de Benidorm es la primera adjudicación municipal que obtiene el empresario tras haberse sentado en el banquillo de los acusados en el juicio del 'caso Erial' por la presunta trama corrupta liderada por Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro del PP. 'Paco Gasofa' fue presidente del PP de Benidorm, antiguo epicentro del zaplanismo, y abonó gastos del exministro popular a través de una empresa suiza de alquiler de yates de lujo, según la Fiscalía Anticorrupción. Francisco Pérez López adujo en el juicio que Zaplana le reembolsó el dinero posteriormente, aunque el fiscal recordó que no hay rastro documental de esas devoluciones de fondos. 

Compañero de banquillo de Zaplana

'Paco Gasofa' fue uno de los acusados que se mantuvo fiel a Zaplana en el juicio, en contraste con los cuatro compañeros de banquillo que alcanzaron un pacto de conformidad con Anticorrupción para reconocer los hechos, rebajar la condena de prisión y apuntalar la tesis de la acusación pública. Durante su declaración, el empresario reconoció que tenía una cuenta en el Principado de Andorra desde la que hizo un préstamo a Joaquín Barceló 'Pachano', testaferro confeso de Zaplana y uno de los principales arrepentidos de la presunta trama (un “asunto privado” entre ambos, según dijo).

La Fiscalía Anticorrupción pidió una pena para el Francisco Pérez López de cinco años de prisión, multa de ocho millones de euros e inhabilitación durante tres años para el ejercicio profesional y de comercio por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad en documento oficial.

Por la sala Tirant I de la Ciudad de la Justicia de València ha desfilado durante dos meses una pintoresca galería de personajes, entre acusados y testigos del juicio a la presunta organización criminal liderada por el exministro del PP Eduardo Zaplana. La sobrina del espía Paco Paesa, el peluquero de José María Aznar, el fisioterapeuta de Zaplana, un penalista que veraneaba en Corea del Norte, un discreto y 'Molt Honorable' José Luis Olivas, el empresario y expresidente del PP de Benidorm 'Paco Gasofa', el periodista radiofónico Luis Herrero, el dúo formado por el excomisario Villarejo y el 'yonqui del dinero' e incluso Joaquín Torres, el televisivo arquitecto de los famosos. Las comparecencias propiciaron multitud de escenas tragicómicas y, por momentos, cierta hilaridad en el tribunal, a modo de potente anecdotario para todos los operadores jurídicos presentes en la sala.

Sólo faltó el fugaz testigo Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional. Su antiguo despacho —Estudios Jurídicos y Procesales SL— fue uno de los bufetes españoles que llegó a un acuerdo con el fiduciario uruguayo Fernando Belhot, experto en tinglados 'offshore' en paraísos fiscales, para captar clientes españoles en materia de “servicios de constitución de sociedades” o “asesoramiento en Latinoamérica”. Lo propuso como testigo el letrado de Francisco Grau (asesor fiscal de Zaplana), pero a mitad juicio desistieron. Quien tampoco declaró —nadie lo propuso— fue Lluís Majó, excanterano del Barça reconvertido en gestor de la banca andorrana, a pesar de que su nombre se repitió sin parar durante la vista oral.

Una vez amarrado el testimonio incriminatorio de Fernando Belhot y de Beatriz García Paesa durante la fase de instrucción, el fiscal Pablo Ponce se plantó al inicio del juicio con cuatro arrepentidos de primer nivel que confesaron los hechos. Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana, desveló las tensas semanas anteriores al juicio. El acusado relató durante el turno de última palabra la visita a su antiguo jefe, al que le unía una amistad de “46 años”, para anunciarle que iba a confesar los hechos y para animarle a seguir el mismo camino. “No voy a citar literalmente su contestación”, dijo en el tono educado que le caracteriza Juan Francisco García ante el tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València, presidido por Pedro Castellano y completado por las magistradas Isabel Sifre y Cristina Badenes, esta última designada como ponente de la sentencia.

Los dos bandos acabaron “a navajazos”, según la expresión del biógrafo no autorizado de Eduardo Zaplana, el periodista Francesc Arabí. Las confesiones clarificaron los hechos: se trataba de una presunta trama corrupta en la que la firma Sedesa, de la familia político-empresarial de los Cotino, pagó mordidas en Luxemburgo que Zaplana cobró mediante un testaferro, su amigo de la infancia Joaquín Barceló 'Pachano'.

Los dos empresarios le echaron la culpa a su tío, el fallecido ex director general de la Policía, Juan Cotino. El pacto con el fiscal de los hermanos Vicente y José Cotino incluye el pago de multas de 4,6 millones de euros, una cifra sensiblemente superior a la sanción de 109.500 euros que pagó el primero, en el marco del 'caso Gurtel', por financiar ilegalmente al PP.

La confesión de Pachano fue especialmente dura para la defensa de Zaplana, por motivos jurídicos y personales. “Pachanito”, como lo llamaba afectuosamente el exministro en las escuchas policiales que figuran en el sumario, lo cantó todo con pelos y señales. La UCO también contaba con un precioso documento intervenido al contable: la “cuenta de la vieja” de la presunta red corrupta (el nombre literal del archivo informático con todos los detalles de las operaciones, saldos e inversiones).

El exministro, por su parte, declaró que todos los bienes sospechosos eran de su amigo de la infancia mientras que el fiscalista Paco Grau adujo que Pachano representaba a los Cotino en una serie de inversiones en la provincia de Alicante de los empresarios, veteranos de las adjudicaciones de los gobiernos del PP.

Todos los bienes de la presunta trama —los fondos que viajaron entre Luxemburgo, Andorra y Panamá, el piso en el barrio de Salamanca de Madrid, los dos áticos en el puerto deportivo de Altea y las parcelas en primera línea de La Vila Joiosa— eran del modesto Pachano, según dijeron al unísono Zaplana y Grau. El exministro popular también afirmó que, aunque pueda parecer descabellado, simplemente se dedicaba a hacer “miles de favores” a sus amigos. El fiscal ironizó en la exposición de su informe de conclusiones con la supuesta condición de “filántropo” argüida por Eduardo Zaplana.

La vista oral también ha reflejado el alto nivel de vida de Zaplana, un político que en 1990 ya se refería en las famosas escuchas telefónicas del 'caso Naseiro' a su imperiosa necesidad de hacerse rico. Además de los yates, los vuelos internacionales y el dinero en efectivo, salieron a la superficie en la audiencia pública dos televisores Bang & Olufsen valorados en 20.000 euros y un reloj del mismo precio que, según Pachano, acabó en la muñeca de Ignacio González.

Zaplana no era precisamente “pobre”

El exministro del PP no era precisamente “pobre”, según destacó el fiscal Pablo Ponce. De hecho, cobraba 700.000 euros anuales en Telefónica, la empresa del Ibex 35 que lo fichó a iniciativa de César Alierta cuando abandonó la política activa y que lo largó —de mutuo acuerdo— tras su detención y encarcelamiento en prisión preventiva en 2018.

Los investigadores consiguieron levantar a Zaplana un supuesto botín individualizado de 15 millones de euros, según la suma de la instructora de la causa, la magistrada Isabel Rodríguez Guerola. Anticorrupción elevó la 'cifra de negocio' total de la trama hasta los 20,6 millones de euros.

El Ministerio Público cuenta con la poderosa baza de las confesiones de cuatro de los acusados y de las declaraciones —incriminatorias, en mayor o menor medida— de los fiduciarios 'offshore' Beatriz García Paesa y Fernando Belhot, ambos implicados en otros casos de corrupción. En la recámara del fiscal Pablo Ponce también figura la “extraordinaria” investigación policial de la “moderna” unidad de élite del instituto armado.

Por el contrario, la defensa de Zaplana, que ejerce el exfiscal anticorrupción Daniel Campos, atacó repetidamente el origen de las pesquisas, comandadas por una policía judicial de la que dijo, poco menos, que actuó con el exministro del PP como la Brigada Político Social franquista pero sin torturas en comisaría. Campos cuestiona de plano el hallazgo casual de la prueba primigenia: los denominados 'papeles del sirio', en referencia a la documentación que el empresario Imad Al Naddaf se encontró en una vivienda de la plaza de la Legión Española de València que había pertenecido a Zaplana y que, según su versión, entregó a un viejo conocido de la Fiscalía Anticorrupción: Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero'.

La UCO se topó con la documentación en el registro del despacho del primer abogado del 'yonqui del dinero', ordenado por el juez instructor del 'caso Taula'. El cuestionamiento de aquella actuación policial por parte de las defensas del 'caso Erial' contrasta con la declaración del letrado Ramir Blasco, propietario del despacho que certificó la corrección de la entrada y registro.

La documentación clave, “apócrifa”

La sentencia de la pieza separada D del 'caso Taula' también avaló el auto que ordenó el registro (“No hay nada que objetar”, afirmaba) y destacó que no se trataba “ni mucho menos” de una investigación prospectiva. Fue, en definitiva, una medida “proporcionada, necesaria e idónea”, según el fallo.

A su vez, la sección quinta de la Audiencia Provincial de València tumbó durante la instrucción de la causa los recursos de la defensa de Zaplana y el tribunal que juzga al expresidente autonómico descartó inicialmente, en la fase de cuestiones previas, la anulación de las pruebas clave. Sin embargo, durante el juicio hubo un momento fugaz que no pasó desapercibido para nadie. El presidente del tribunal, el magistrado conservador Pedro Castellano, le espetó a uno de los peritos de la UCO que los 'papeles del sirio' eran un documento “apócrifo”.

La expresión designa algo “falso o fingido” o “de dudosa autenticidad en cuanto al contenido o a la atribución”, según el Diccionario de la Real Academia Española. Por su parte, el Diccionario panhispánico del español jurídico sólo aporta una acepción, “dicho de un texto: que no es obra de la persona a quien se atribuye la autoría”. El concepto de apocrifidad será, previsiblemente, una de las muchas claves de la sentencia.

En otro momento revelador del durísimo informe de conclusiones del Ministerio Público, el fiscal Pablo Ponce aseguró que los fondos atribuidos a Zaplana eran “dinero negro” y no “sucio”; una alusión directa al polémico auto de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València —la misma que juzga al exministro del PP— que tumbó el procesamiento de medio centenar de asesores y ediles de Rita Barberá en la pieza separada A del 'caso Taula' (con un contundente voto particular de la magistrada Clara Bayarri). El magistrado Pedro Castellano tomó nota.

El letrado Daniel Campos también dejó clara su estrategia: tumbar la “piedra angular” de la acusación. Es decir, el presunto delito de cohecho. “Si no hay cohecho no hay blanqueo, si no hay blanqueo no hay ningún grupo criminal”, dijo en una de las sesiones más tensas del juicio, en plena guerra abierta entre los dos bandos de las defensas.

Las cloacas del 'caso Erial'

Más allá del trasfondo técnico de la estrategia jurídica de Eduardo Zaplana, su defensa también ha sacado a escena la teoría de la conspiración del 'caso Erial' con la declaración del excomisario José Manuel Villarejo, que aludió a un supuesto complot contra el expolítico del PP.

En el Congreso de los Diputados dijo que el supuesto complot fue obra del PSOE y en el juicio oral la conspiración corrió a cargo del PP en el contexto de las guerras internas del partido. El fiscal anticorrupción ni siquiera formuló preguntas al testigo, que inició su carrera en la Brigada Político Social a las órdenes del comisario Roberto Conesa y que ha acabado siendo el máximo exponente de las cloacas del Estado español.

Villarejo ha transitado en el subsuelo del 'caso Erial' desde el principio. Cuando Zaplana fue detenido por la UCO el 22 de mayo de 2018 su maletín contenía, tal como informó elDiario.es, una anotación manuscrita referida a la mercantil panameña Merson Overseas SA y un número de cuenta asociado de la Union Bancaire Privée (UBP) de Suiza, propiedad del empresario Adrián de la Joya, histórico aliado del excomisario. Por otro lado, el exministro sospechaba que podría aparecer en la fonoteca de Villarejo, según se desprende de su correspondencia desde la cárcel de Picassent.

La superficie de la causa

Si bien Eduardo Zaplana navegó en la cloaca que rodea al procedimiento, en la superficie de la causa la defensa del exministro quedó muy tocada con las confesiones y la ofensiva final del fiscal anticorrupción en su informe de conclusiones, casi cinco horas de ametrallamiento indiciario en un tono extremadamente severo.

Después, las defensas se enfrentaron en campo abierto. El penalista David González Wonham, antiguo militante del PP y letrado del exjefe de gabinete Juan Francisco García, le arreó a Zaplana donde más le duele cuestionando sin medias tintas su honorabilidad. En la sala se respiraba un aire de derrota mientras el fiscal Pablo Ponce observaba, impertérrito, el espectáculo.

La veintena de sesiones del juicio, algunas extenuantes, ha pintado un retrato de tintes costumbristas de la presunta trama corrupta. En las escuchas telefónicas, reproducidas en la sesión dedicada a la fase de la prueba documental, se oyó al 'molt honorable' expresidente de la Generalitat Valenciana hablando en un críptico lenguaje velado. La sala escuchó conversaciones, cuando menos, poco virtuosas para todo un exministro.

En los últimos minutos del juicio, los apoderados de cada bando protagonizaron la escaramuza final y, en el turno de última palabra, Eduardo Zaplana reivindicó su trayectoria en la vida política, una “actividad digna donde las haya”. Se trata, quizá, de su última gran aparición en un acto público.