El tribunal rechaza la anulación de las pruebas clave que incriminan a Zaplana

El juicio a Eduardo Zaplana continúa. El presidente del tribunal que juzga a Zaplana ha rechazado la nulidad de las principales pruebas que incriminan al expresidente de la Generalitat Valenciana, tal como pedía su defensa. En la sesión de este jueves, centrada en las cuestiones previas, se vislumbraron las estrategias de defensa de los principales acusados, así como los posibles pactos de conformidad que algunos presuntos miembros de la trama han alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción.

El principal acusado, expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro del PP, ha asegurado a la entrada de la Ciudad de la Justicia que estaba “deseando que empiece”. Sin embargo, su defensa ha intentado por todos los medios jurídicos a su alcance que el juicio se llevara a la Audiencia Nacional o, en caso contrario, que el tribunal tumbara las principales pruebas del 'caso Erial'.

El letrado Daniel Campos, que ejerce la defensa de Zaplana, ha perdido la nulidad de la documentación hallada en el registro al despacho del penalista Ramir Blasco, el primer abogado de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', en el marco de la instrucción del 'caso Taula'.

El presidente del tribunal ha anunciado que la valoración de las cuestiones previas planteadas se hará, en todo caso, en la sentencia que dicte la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València. El juicio, por tanto, continúa. El tribunal ha planteado un calendario de cinco meses de sesiones.

Las cuestiones previas se han centrado en el origen de la causa. La entrada y registro en el despacho del abogado de Benavent, autorizada por el juez de instrucción, halló la denominada “hoja de ruta”, un documento que detallaba la estructura societaria para el concurso de las ITV. Una autorización de la entrada y registro que, por otro lado, ha sido avalada por una sentencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial de València en el marco del 'caso Taula'.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiraron del hilo de esa documentación y destaparon una presunta trama de corrupción, con hasta 20,3 millones de euros en paraísos fiscales, supuestamente liderada por Eduardo Zaplana. Los papeles fueron entregados a Benavent por un empresario sirio que vivió en un piso que había sido propiedad de Zaplana.

“Nos parece aberrante”, ha dicho el letrado. La defensa de Zaplana ha cuestionado la entrada y registro de la UCO, por “prospectiva”, y por haber superado las limitaciones que estableció el juez de instrucción del 'caso Taula', dado que se trataba del despacho de un letrado. “El propio juez, sabiendo que estaba entrando en terreno complicado, deja dicho a dónde tiene que limitarse”, ha recordado.

El letrado ha denunciado que la Guardia Civil inició “una investigación que dura 163 días”. La defensa de Zaplana ha pedido la exclusión de la “mal llamada” hoja de ruta, que ha enmarcado en un mero plan entre empresas privadas para optar a un concurso público con una entidad financiera. “¿Dónde estaba el señor Zaplana en esos documentos de esa hoja de ruta?”, se ha preguntado en su exposición de las cuestiones previas.

Sin embrago, el fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, ha defendido la actuación de la UCO y ha justificado la investigación policial de 163 días en que “había mucha documentación contable”. Ponce también ha asegurado que no se intervino documentación alguna relativa a la defensa del 'yonqui del dinero'. También ha recordado que cuando Zaplana fue detenido, se le intervino “una serie de documentos de similares características” (pruebas también incorporadas al sumario).

Además, el representante del Ministerio Público ha recordado que la entrada y registro al despacho del primer letrado de Benavent, donde se intervino la 'hoja de ruta', se hizo con el “consentimiento de la persona titular de ese domicilio”.

Interpretación “restrictiva” de la competencia de la AN

El tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València, presidido por el magistrado Pedro Castellano, también ha rechazado la pretensión de la defensa de Zaplana de que la jurisdicción para enjuiciar los hechos se trasladara a la Audiencia Nacional. La defensa del expresidente valenciano sostiene que los delitos, especialmente el blanqueo de capitales, se produjeron en el extranjero, fundamentalmente en Luxemburgo y en Andorra. 

En respuesta a la declaratoria de jurisdicción, el fiscal ha recordado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que la competencia de la Audiencia Nacional “hay que interpretarla de manera restrictiva”. Pablo Ponce también ha alegado que las “pruebas del delito” se hallaron en territorio español.

Así, el magistrado ha rechazado la cuestión previa al considerar que el delito principal de cohecho “se comete aquí en València”, en referencia al presunto amaño de las adjudicaciones públicas que propiciaron el cobro de comisiones.