La reproducción de los pinchazos telefónicos en el juicio retrata la “organización criminal” de Zaplana

La tecnología ha avanzado a pasos agigantados desde el primer pinchazo policial, en el marco del 'caso Naseiro' en 1990, en el que se oía a Eduardo Zaplana: de las cintas de casete de la época en las que quedó registrada la necesidad del político del PP de hacerse rico al moderno sistema de escucha Sitel utilizado en el 'caso Erial', casi tres décadas después. El sonido es más nítido, tal como se pudo comprobar en directo en la sesión de este jueves del juicio en el que Zaplana es el principal acusado en el banquillo, celebrado en la sala Tirant de la Ciudad de la Justicia ante la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València. Pequeñas traiciones, piques, chanzas, insultos, comentarios crípticos, lenguaje en clave, tacos, e incluso temores y miedos. La fase de la prueba documental incluyó, a petición de las defensas, la reproducción de los audios de las llamadas telefónicas intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante las pesquisas secretas a la presunta trama liderada por el exministro del PP. Unas conversaciones muy poco honorables para todo un expresidente de la Generalitat Valenciana que retratan más bien una “organización criminal” comandada por Eduardo Zaplana, tal como mantiene la Fiscalía Anticorrupción.

Al presidente del tribunal, el magistrado Pedro Castellano, le tocó leer de viva voz algunos de los diálogos, incluyendo algún taco. Sin embargo, con el tono formal y poco dramatizado del juez, se perdió la viveza de los diálogos en contraste con los audios originales. Se perdía, por ejemplo, el tono de voz de Joaquín Barceló 'Pachano', testaferro confeso de Zaplana, cuando le testimoniaba al abogado Nino Suanzes, también acusado, que estaba “cagao en los pantalones” porque se había publicado una lista de empresas pantalla con cuentas en la Banca Privada d'Andorra (BPA) que le podía salpicar gravemente. “Tú pasabas por allí”, trataba de tranquilizarlo Suanzes, hermano de una exdiputada del PP que también se sienta en el banquillo de los acusados.

Las conversaciones más incriminatorias fueron intervenidas por la UCO en 2018, durante los meses previos a las detenciones. Los diálogos telefónicos que mantenía Pachano resultaron ser los más comprometedores. El 20 de marzo de 2018, a las 18.07, el exministro del PP conferenciaba con “Pachanito” usando un lenguaje críptico que, según los investigadores, se refería a testaferros de la trama: “He hablado con estas tías con las que tenemos que quedar”, dice Zaplana. “Estaba la tía relajadísima, que le había venido la regla y estaba todo en orden”, agregaba en otro momento del diálogo, en el que Zaplana descartaba que la tercera persona, a la que se referían en lenguaje velado, hubiera quedado “preñada”. Se trata, según la UCO, de un “lenguaje convenido” que aludía a los supuestos testaferros.

En el banquillo de los acusados no estaba sentado en su sitio el testaferro confeso. Estaban Zaplana, su secretaria, Mitsouko Henríquez, y Elvira Suanzes. Los tres han acudido a todas las sesiones del juicio. A la derecha del trío, con dos sillas de separación, se sentaba Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana que, al igual de Pachano, aceptó un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para reconocer los hechos y rebajar la condena. 

Con las conversaciones entre el testaferro y el abogado Nino Suanzes, la UCO pudo vincularlos a las cuentas de la trama en la BPA. Suanzes ejerce su propia defensa y se sienta en la zona lateral de la sala reservada para los letrados. “Me acojona por lo que tú ya sabes”, le dice Pachano al abogado en una de las conversaciones. “A ver qué nos dice el de arriba, que sabrá más que nosotros”, contesta Suanzes. En la llamada más extensa entre ambos, acaecida el 13 de marzo de 2018, el tono de voz de Pachano delata inquietud y miedo. El testaferro reconoce que está “muy preocupado”.

En otra conversación, una semana después, Pachano insiste en que le daba “pavor” que su mujer acabara salpicada. “La tranquilidad absoluta es que sabemos que no hemos tenido nada que ver a ciencia cierta”, contesta Nino Suanzes. El letrado mantenía un semblante serio en la sala mientras escuchaba el audio y comprobaba la transcripción de la conversación. “El problema es que el nombre de Fernando está saliendo en todos lados”, afirma Suanzes.

Se refería a Fernando Belhot, el fiduciario uruguayo que también confesó los hechos y entregó a la justicia española casi siete millones de euros (pertenecientes a Zaplana, según declaró). “Está en la lista Falciani”, recuerda Pachano. Nino Suanzes también le anuncia en el mismo diálogo que el gestor en Barcelona de la BPA que había movido los fondos en metálico de la presunta trama, el excanterano de Barça Lluís Majó, había sido imputado en la Audiencia Nacional. “Tiene un pollo montado del carajo”, dice a modo de resumen.

“Pelagatos”, “hijo de puta” o “gilipollas”

Esa conversación entre ambos acusados fue una mina para apuntalar la acusación. Un Pachano deslenguado acabó reconociendo por teléfono que Paco Grau, el asesor fiscal de Zaplana, fue el “artífice de toda esta ingeniería”, en referencia al tinglado financiero para ocultar las presuntas mordidas en el extranjero de la trama.

“Tiene los huevos como el caballo de Espartero”, contesta Nino en referencia a Grau. Éste último, con autorización del tribunal, se ha venido sentando en los asientos de la sala reservados para el público durante casi todas las sesiones, para seguir trabajando con su ordenador portátil mientras avanzaba el juicio. Sin embargo, esta semana Paco Grau se acomodó en una mesa detrás de las defensas, al fondo de la sala, desde donde escuchó el audio. 

Pachano y Grau se llevaban fatal. De hecho, tal como informó elDiario.es, Zaplana tuvo que mediar entre ambos en una serie de conversaciones telefónicas que también fueron intervenidas por la UCO. En la fase de prueba documental en el juicio se escucharon algunos de los epítetos que le dedicaba el testaferro al asesor fiscal: “pelagatos”, “hijo de puta” o “gilipollas”. Más allá de los entresijos de la trama, la fonoteca del 'caso Erial' vino a retratar unos diálogos inconfesables de una presunta organización criminal que llegó a mover una 'cifra de negocio' de 20,6 millones de euros.