El periodista Fernando Ónega, cronista de la Transición española, ha muerto este martes a los 78 años. Según ha informado 65ymás, periódico del que era presidente, la capilla ardiente estará abierta este miércoles en la Casa de Galicia de Madrid.

Nacido en Mosteiro (Lugo) en 1947 se definía así: “Periodista y gallego, no sé en qué orden...”. Comenzó su carrera periodística en su Galicia natal, donde con 15 años empezó a escribir una página semanal en El progreso de Lugo. Fue en Madrid donde desarrolló gran parte de su carrera, llegando a ser director de prensa durante la presidencia de Adolfo Suárez.

Ónega escribió buena parte de los discursos de Suárez, entre ellos el emblemático Puedo prometer y prometo. Este fue uno de los discursos que han trascendido como uno de los símbolos de los años de la Transición.

Sus años con Suárez le permitieron conocer el poder “desde dentro” y la “grandeza” de algunas personas, como Santiago Carrillo, Felipe González o el propio presidente del Gobierno. Lo escribió en Puedo prometer y prometo. Mis años con Adolfo Suárez (Plaza y Janés, 2013), una especie de memorias mezcladas con la crónica de la trayectoria política, personal y sentimental de Suárez.

En la radio, inauguró el comentario político en mayo de 1978, en Hora 25 de la Cadena SER. En la SER y, después, en COPE llegaría a ser director de informativos. Y, en Onda Cero, director general. En esta última emisora, colaboró con Luis del Olmo, con Carlos Herrera, en Más de Uno y La Brújula. En televisión, ha sido director de varios programas en RTVE, así como director de relaciones externas de la cadena pública.

Siendo director de informativos de la Cadena SER vivió la cobertura del golpe de Estado del 23F, del que hace unas semanas se cumplieron 45 años. “Ese fue mi estreno radiofónico auténtico”, contaba en el podcast Maestros del Periodismo, de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). “Mantuvimos informada a la sociedad en todo momento”. Eso, la decisión de seguir emitiendo en directo, supuso, según Ónega, “un punto de inflexión en el periodismo tras 40 años de franquismo”.

En 2020 recibió su tercer Premio Ondas por su trayectoria profesional. El jurado reconoció “su fecunda carrera en la radio, tanto en su faceta directiva como ante el micrófono, desarrollada en las principales cadenas”. “Fue pionero de la incorporación de los espacios de opinión en la radio, y sigue todavía hoy aportando una mirada ponderada sobre la actualidad”.

Tras más de 30 años en Onda Cero, en septiembre de 2022, decidió retirarse de forma voluntaria. “Me he olvidado de que había prolongaciones de los fines de semana, me he olvidado de que había puentes, no he disfrutado de un solo puente en toda mi vida”, aseguró entonces.

La desclasificación de documentos relacionados con el intento de golpe de Estado ofrece detalles y subtramas suculentas para los expertos en este subgénero. Contribuirá probablemente a apuntalar una versión oficial de la transición que entroniza a la clase política, incluyendo al Rey, como garantes irrevocables del sistema heredado.  

No ha quedado tiempo, sin embargo, para reflexionar sobre las corrientes de fondo, sobre las redes, grupos de poder y decisiones que condujeron a que esta situación fuera inevitable. Una serie de tramas civiles, económicas y políticas que exigían un ‘golpe de timón’ ante una democracia que, para algunos, se había vuelto demasiado precaria, pero que para otros (más poderosos e influyentes) amenazaba con resultar excesiva. Un poco de contexto, que ofrezco con detalle en mi nuevo libro, ‘Las élites que dominan España. Una historia alternativa desde 1939’, podría ayudarnos a ver la verdadera lección que subyace. 

En 1975, Michel Crozier, Samuel Huntington y Joji Watanuki publicaron el informe sobre ‘La crisis de la democracia’ en el seno de la Comisión Trilateral, que reunía a líderes políticos y empresariales de los Estados Unidos, Europa y Japón frente al sempiterno enemigo comunista. El informe alertaba sobre los peligros inherentes a otorgar a las masas demasiadas atribuciones políticas. La crispación generada por las luchas raciales y la crisis del capitalismo iniciada en 1973 con el aumento de los precios del petróleo sugería a los líderes del denominado mundo libre organizarse ante una nueva amenaza. La conclusión de dicho informe subrayaba una recurrente y paradójica moraleja elitista: los excesos democráticos podían acabar con el sistema parlamentario.  

En 1979, la Trilateral integró a los primeros representantes de la élite corporativa española. Entre estos, a miembros de la familia Garrigues-Walker, una saga de abogados que había sido clave en la apertura comercial y en la entrada de las principales corporaciones estadounidenses a partir de 1959. Uno de los miembros de dicha familia, Joaquín Garrigues-Walker, ejerció de ministro de Obras Públicas y Urbanismo y Adjunto a la Presidencia con Adolfo Suárez entre 1977 y 1980. 

Poco antes de que le fuera diagnosticada una leucemia que acabaría con su vida, Garrigues-Walker ya había abandonado a Suárez, con quien había colaborado activamente durante la transición. El presidente del gobierno acusaba un declive en su popularidad mientras la crisis inflacionaria había llevado las contradicciones trabajo capital al máximo y los atentados etarras habían excitado el ánimo ultra de muchos militares. 

Pero Suárez acumulaba otras deudas y rencores que le perseguían y que pocas veces se mencionan por resultar menos espectaculares. La patronal CEOE, reorganización de la clase capitalista tras la caída del sindicato vertical, estaba presidida por el empresario farmacéutico Carlos Ferrer Salat. Esta había rechazado numerosos aspectos de los acuerdos de los Pactos de La Moncloa que, para los empresarios, suponía mayores regulaciones. También un nuevo impuesto, el IRPF, aprobado en 1977. El pacto tributario rompía el paréntesis fiscal del franquismo, que había evitado que, en síntesis expresada por el economista Ramón Tamames, los hijos de los vencedores tributaran como los de los vencidos. La ley del divorcio, promulgada en septiembre de 1981, hacía a muchos representantes del conservadurismo temer por la destrucción de la familia tradicional.  

Detrás de todo ello latía el conflicto social y las crecientes demandas del pueblo español, en línea con los temores de la Trilateral, preocupada, además, por el futuro de las democracias capitalistas de la Europa meridional después de la Revolución de los Claveles en Portugal. Los trabajadores, agrupados en sindicatos de clase como Comisiones Obreras y UGT, peleaban por evitar una lacerante pérdida de poder adquisitivo en un contexto de inflación persistente. 

Contagiados por los experimentos socializantes en países como Alemania o Suecia, donde los representantes sindicales adoptaban decisiones en los consejos de Administración de las empresas, los trabajadores trataban de avanzar hacia una versión patria del socialismo democrático. El propio Manuel Jiménez de Parga, ministro de Trabajo de Suárez, había hecho en 1977 declaraciones a favor de la autogestión empresarial y de una mayor participación laboral en los organismos empresariales; el futuro ministro socialista Miguel Boyer, uno de los responsables de la desamortización del aparato industrial, había abogado por un modelo productivo a la yugoslava en un debate televisivo al inicio de la transición.  

Todo ello, acompañado de la presión del Partido Comunista y del PSOE, mayoritarios en los ayuntamientos desde 1979, había conducido a Suárez a una deriva socialdemócrata que abrió la brecha con los liberales atlantistas que apoyaban al gobierno. Dicha brecha se hizo infinita cuando el primer ministro expresó sus dudas sobre la necesidad de entrar en la OTAN, una irrenunciable expectativa de los Estados Unidos, tutores de España desde la década de los cincuenta. 

De ahí que el mencionado golpe de timón, el punto de partida para todas las tramas que conducen al 23F, no deba ser visto solamente como una operación patriótica para evitar el caos, sino como un impulso elitista para estabilizar una nación que no podía permitirse experimentos que recordaran mínimamente a los iniciados en 1931 y que, además, podían alterar el equilibrio geoestratégico en el que los Estados Unidos trabajaban desde el inicio de la Guerra Fría. 

Todo un frente político, empresarial y periodístico se puso en contra de un presidente a quien posteriormente se ha considerado como poco menos que un santo laico. Muchos cronistas que celebran todas las onomásticas constitucionales clamaron por un gobierno de concentración en el que los militares lideraran el enderezamiento de una nación que no podía aspirar a gobernarse sola.  

Más allá de que determinados puntales de la banca española ofrecieran asistencia y refugio a los golpistas y de que la renqueante Prensa del Movimiento todavía alentara un golpe de Estado con sabor a 18 de julio, deberíamos reflexionar sobre las corrientes aquí mencionadas. En ‘Las élites que dominan España’ se abunda en los grupos de poder que nos gobiernan con nuestro permiso desde el final de la guerra civil. El mantra y sustrato de creencias que hace todo esto posible es que necesitamos quien nos salve de nosotros mismos. Pese a que este debate no haya salido en la prensa, lo sucedido en torno al 23F debería recordárnoslo. Hablemos de ello.  

El 23F se ha contado mil veces, de todas las formas y en todos los formatos posibles, pero faltaba la versión del Estado, que ha mantenido clasificados bajo secreto oficial desde 1981, al menos 153 documentos. Papeles confidenciales que estaban en el Ministerio de Defensa, en el de Interior, en Presidencia, en el CNI y que, 45 años después, el Gobierno ha decidido publicar sin mucho contexto. Hay transcripciones de llamadas telefónicas, informes de inteligencia, documentos sin firmar y hasta dibujos. 

Estos papeles tan secretos ¿desvelan algo relevante o que realmente no se supiera? ¿Cambian el sentido de la historia? Hablamos con Raquel Ejerique, Marta Borraz e Iñigo Aduriz, miembros del equipo de elDiario.es que ha explorado esos documentos. Con Carlos López Fonseca, uno de los escritores y periodistas que más ha indagado en el 23F, calibramos la relevancia del material revelado por el Gobierno. 

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El 29 de enero de 1981, Adolfo Suárez, en el discurso televisado en que anunció su dimisión como presidente del Gobierno, nos confirmó a muchos que no éramos unos paranoicos, que el ruido de sables era tan real como el paro, la inflación, los atentados de ETA y las brutalidades de la ultraderecha. “Yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España”, dijo Suárez para explicar su renuncia. Joder, nuestro miedo estaba más que justificado: en los cuarteles se conspiraba para dar un golpe de Estado.

La dimisión de Suárez no detuvo, sin embargo, el pronunciamiento. Este se produjo tres semanas y pico después, el 23 de febrero, en plena investidura de su sucesor, el derechista Leopoldo Calvo Sotelo. Ahora, 45 años después, el Gobierno de Pedro Sánchez hace públicos una parte significativa de los documentos secretos sobre aquel siniestro episodio, y, a falta de ver si contienen novedades, mi generación está refrescando sus recuerdos de aquellos tiempos.

El 23F me pilló en Valencia, donde el capitán general Milans del Bosch asumió el poder absoluto, prohibió la actividad de partidos y sindicatos, decretó el toque de queda, sacó los tanques a la calle y envió tropas a ocupar el Diario de Valencia, donde yo trabajaba como reportero de sucesos. Nuestro secuestro en la redacción del diario se prolongó durante horas, hasta bien entrada la madrugada, después incluso del discurso televisado en el que el rey Juan Carlos desaprobó la intentona. Milans solo se rindió tras una tensa escena, en la que llegó a desenfundar la pistola, con el general Caruana, que seguía órdenes del monarca.

Bastantes hemos sospechado desde entonces que, de alguna manera, Juan Carlos dio alas a los militares sediciosos del 23F. Quizá expresando su hastío con Suárez, quizá compartiendo la necesidad de un “golpe de timón” en los asuntos patrios, quizá no vetando las maniobras del general Armada. Y que debió ser la brutalidad de la entrada de Tejero en el Congreso y el envío de tanques a las calles de Valencia lo que le inclinó a terminar pronunciándose rotundamente contra el golpe. Puede que también le influyera el recuerdo de lo que mal que le fue a su cuñado el rey Constantino de Grecia por no oponerse al golpe de los coroneles de 1967.

El caso es que en la redacción de Diario de Valencia ovacionamos al rey tras su discurso a la una y pico de la madrugada del 24 de febrero. Nuestro director, J.J. Pérez Benlloch, que había defendido nuestra dignidad durante todo el secuestro a mano armada del periódico, instó entonces al comandante de la tropa ocupante a retirarse de inmediato. Como este no le hacía caso, me encargó que llamara al jefe superior de Policía de Valencia, Rafael del Río, para que enviara agentes con la misión de liberarnos. Así lo hizo Del Río, leal toda aquella noche al orden constitucional, y los policías nacionales terminaron desalojando a los soldados. Sin violencia, cabe precisar.

Aquella noche Juan Carlos fue, sin duda, el escudo supremo frente al golpe de Estado. Solo él, nombrado personalmente por Franco, no salido de unas elecciones que los golpistas despreciaban, podía pararlo. Lo hizo, ciertamente, y la España democrática se lo agradeció durante las décadas siguientes. Se le recompensó elaborando el relato oficial de que Juan Carlos se había ganado su legitimidad política el 23F. Y, además, haciendo la vista gorda ante las informaciones que daban cuenta de su desaforada libido y su espíritu pesetero.

Ahora bien, Juan Carlos se pasó tanto que su comportamiento terminó siendo escandaloso y su propio hijo tuvo que pedirle que abdicara y se marchara de España. De modo que, ahora, con la desclasificación de los papeles del 23F, es de recibo que los periodistas e historiadores intenten saber más sobre su relación con aquel golpe. La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.

Vuelvo a Suárez y su deseo de que esta democracia no fuera otro paréntesis en la historia de España. Al valiente Suárez podríamos decirle que es imperfecta y tiene un indudable tuétano franquista, pero también le confirmaríamos que ya es la más larga de todos los tiempos. El paréntesis se ha prolongado y cabe felicitarse por ello, carajo.

Pero ninguna democracia está asegurada para siempre jamás. Ninguna. No escuchamos hoy en España un ruido de sables que nos haga temer por el futuro, pero sí otros sonidos muy inquietantes. Ruido de togas partidistas, estruendo de bulos en televisiones y, de nuevo, el retumbar en las calles de botas fascistas. La ultraderecha parece haber aprendido: no se toma el poder enviando tipos armados al Parlamento, se toma intoxicando las mentes a través de los medios y las redes sociales y ganando así las elecciones. Como Trump en 2024. O, bueno, también como Hitler en 1933.

El Gobierno ha desclasificado este miércoles los documentos que hasta ahora permanecías secretos sobre el 23F, algo más de 150 documentos con informes, conversaciones telefónicas y detalles de la intentona golpista que acabó en fracaso. Hemos elaborado esta guía para navegar por las diferentes informaciones que han salido de esa documentación, que contiene detalles como el papel de los espías, la desazón de la mujer de Tejero o las alusiones al rey Juan Carlos.

Los rumores sobre Juan Carlos: “Tiene un avión para huir”

Hay muchas alusiones al rey Juan Carlos en los documentos, pero ninguna clara sobre su participación en el golpe, pese a lo mucho que se ha especulado estos años. De hecho, esas mismas especulaciones comenzaron ya inmediatamente tras el golpe, como recoge este documento sin ninguna firma que identifique su autoría o procedencia. El informe, de diez páginas, recoge esa “campaña” de mentiras y “tergiversaciones” entre los que se encuentra que el rey tenía “un avión para huir de España” o que “envió a sus hijos a Inglaterra” antes del golpe de Estado.

El rey en el plan de los golpistas: “Un objetivo a abatir y anular”

El monarca aparece también mencionado en varias ocasiones en un texto, de noviembre de 1980, plantea distintos escenarios para el derrocamiento del Gobierno de Adolfo Suárez. En un documento anexo posterior al intento de golpe de Estado se analiza la opinión de una facción del ejército que señala los riesgos de “dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero”, cuando ha frustrado por televisión las posibilidades de éxito del golpe de Tejero. Es un auténtico mapa de posibilidades para el golpe y de opciones para el futuro cuando ya había fracasado. Puedes leerlo aquí.

Las llamadas: “¿Has visto qué asco de Ejército tenemos?”

Una de las principales expectativas sobre los documentos desclasificados este miércoles eran las transcripciones sobre el inmenso tráfico de llamadas que se produjo aquella noche. Pero lo cierto es que no están las que se produjeron desde el interior del Congreso, o las que mantuvo el rey con las capitanías generales.

Sí se ha publicado un extenso documento con las llamadas de una protagonista inesperada de la noche del 23F: la mujer de Antonio Tejero, Carmen Díez. No soltó el teléfono aquella noche, preocupada por su marido, protagonista ya de un golpe fracasado, y al que se refiere con una ristra de descalificativos: “El tonto desgraciado, lo han dejado solo”. Hemos reunido aquí las conversaciones más importantes de Díez, que constituyen un documento fundamental para entender lo que ocurrió aquella noche, en la que en a cada minuto se distanciaban aún más las expecativas iniciales de la realidad.

Pero hay más conversaciones interesantes. Por ejemplo, la que mantuvieron el general Carlos Iniesta con el golpista Juan García Carrés, o una entre dos soldados sobre la toma de RTVE, que pudo acabar en tragedia: “El primer tiro al aire y el segundo a dar. Con los cargadores metidos y ni seguro ni nada”.

Espías que pillaron a otros espías

Se esperaba que los documentos de hoy incluyeran informes del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), el anterior CNI, y aunque ninguno recoge los movimientos previos al golpe (lo más interesante), hay uno fundamental: el que revela la “participación activa” de seis de sus agentes en el 23F.

El informe dice directamente que “se ha podido comprobar que algunos miembros de esta Unidad participaron activamente en los hechos”. Fueron seis en total: cuatro de ellos nunca fueron procesados en la causa judicial que investigó los hechos, mientras que de los dos restantes, uno fue condenado y el otro absuelto. Puedes leer aquí este informe elaborado por espías sobre las actividades golpistas de otros espías.

Prisiones saturadas, militares católicos y un PCE monárquico

Los documentos de este martes, aunque no han arrojado nuevas claves sobre el golpe, sí que contienen innumerables detalles sobre aquella noche y sobre la tensión que se vivió en el país los meses posteriores. Hay anécdotas curiosas, como que se arrestó a tantos oficiales que no cabían en la prisión militar, que el PCE estaba muy preocupado por el futuro de la monarquía, o las tensiones dentro del Ejército: “El ambiente en los cuarteles se está enrareciendo”.

De hecho, un documento secreto de la época alertaba de que los soldados podía distanciarse “peligrosamente” de sus mandos y la Constitución. Hasta el punto de que se diseña un plan para recuperar el control con nuevos mandos militares, que debían ser “católicos con evidencias” pero sin “afinidades políticas”. Aquí están el resto de requisitos.

El juzgado número 14 de violencia contra la mujer de Madrid ha archivado la denuncia por agresión sexual que una mujer presentó a comienzos de diciembre contra Adolfo Suárez, el primer presidente del Gobierno de la democracia, según publica RTVE. El juzgado ha tomado esta decisión tras constatar que el denunciado falleció en 2014 y que los hechos, que se remontan a hace cuatro décadas —entre 1982 y 1985—, han prescrito. Eso impide exigir responsabilidades penales a personas que aún sigan con vida.

Los hechos han sido analizados jurídicamente bajo el prisma del Código Penal que estaba vigente en el momento de los hechos, una regulación establecida en el franquismo y que había sido retocada en 1978 para adaptarse a la Constitución. Entonces, aunque se despenalizó el adulterio o el amancebamiento, los delitos sexuales siguieron pivotando sobre el concepto de honestidad. Estaba vigente el delito de estupro, que penaba con entre seis meses y seis años de cárcel el acceso carnal con prevalimiento sobre mujeres de más de 12 años y menores de 18.

No obstante, el Código Penal es claro en su artículo 130: la responsabilidad penal de una persona desaparece tras su fallecimiento y no puede ser ni imputada ni tampoco condenada. Resulta indiferente el momento procesal en que haya sobrevenido el deceso: durante la fase de investigación, en el transcurso del juicio o ya a la espera de sentencia. Los repositorios judiciales dejan todo tipo de ejemplos que siempre terminan en el mismo fallo: el archivo del caso contra el fallecido. 

La denunciante relató un supuesto primer episodio de agresión que habría ocurrido cuando ella tenía 17 años y Suárez, 50. En su denuncia también identificaba a dos personas que trabajaban en su despacho y que, consideraba, pudieron ser cómplices o encubridores. Estas dos personas eran quienes la llamaban para citarla al despacho del expresidente del Gobierno y abrían la puerta cuando llegaba.

La Policía Nacional ha remitido a los Juzgados de Madrid la denuncia por agresión sexual que una mujer presentó a comienzos de diciembre contra Adolfo Suárez, el primer presidente del Gobierno de la democracia. Los hechos denunciados se remontan a hace cuatro décadas —entre 1982 y 1985—, cuando la mujer era menor de edad y Suárez, que falleció en 2014, ya había alcanzado la cincuentena. Las acusaciones no provocarán la apertura de un proceso penal dado que Suárez murió hace más de una década y es, por tanto, inimputable. Los hechos, además, estarían prescritos penalmente. 

Eso es lo que, previsiblemente, recogerá la resolución judicial en el caso de que la denuncia sea admitida a trámite por el juzgado asignado por reparto, sostienen las fuentes consultadas. La imposibilidad de acreditar el delito ante la Justicia impide también que la denunciante pueda acceder a una indemnización por el posible “daño moral ocasionado”, sostienen las mismas fuentes. Según la ley, la responsabilidad civil de cualquier delito debe restituir el daño causado, pero para eso se debe acreditar ese delito. 

Son hechos que, además, deben ser analizados jurídicamente bajo el prisma del Código Penal que estaba vigente en el momento de los hechos, una regulación establecida en el franquismo y que había sido retocada en 1978 para adaptarse a la Constitución. Entonces, aunque se despenalizó el adulterio o el amancebamiento, los delitos sexuales siguieron pivotando sobre el concepto de honestidad. Estaba vigente el delito de estupro, que penaba con entre seis meses y seis años de cárcel el acceso carnal con prevalimiento sobre mujeres de más de 12 años y menores de 18.

En todo caso, el Código Penal es claro en su artículo 130: la responsabilidad penal de una persona desaparece tras su fallecimiento y no puede ser ni imputada ni tampoco condenada. Resulta indiferente el momento procesal en que haya sobrevenido el deceso: durante la fase de investigación, en el transcurso del juicio o ya a la espera de sentencia. Los repositorios judiciales dejan todo tipo de ejemplos que siempre terminan en el mismo fallo: el archivo del caso contra el fallecido. Fue lo que sucedió, por ejemplo, cuando en 2016 falleció Rita Barberá y el Tribunal Supremo archivó la ramificación del caso Imelsa por el que estaba imputada.

En pocos supuestos una causa puede seguir adelante cuando el acusado muere. En los primeros meses de pandemia, por ejemplo, el Supremo aceptó estudiar el recurso del fallecido doctor Eduardo Vela, acusado de participar en el robo de una bebé, porque sus hijos querían que ese tribunal ratificase su absolución y limpiase su honor. “El recurso está, por tanto, vivo”, concedieron los magistrados en un caso que, finalmente, no era el de un robo de bebés. 

Otra opción que contemplan los tribunales es que el fallecido sea solo uno de los múltiples acusados. En ese caso la investigación, el juicio o la sentencia seguirán adelante y, eventualmente, los jueces podrán examinar el papel del muerto en el caso, pero solo para analizar la culpabilidad de los vivos. Es lo que sucedió, por ejemplo, en la Audiencia de Sevilla el pasado mes de septiembre en una ramificación del caso de los ERE: los jueces, antes de absolver a los acusados, tuvieron que afrontar el hecho de que uno de ellos había muerto entre el juicio y la sentencia. “Su fallecimiento extingue su responsabilidad criminal si bien, para depurar la acusación respecto de otro acusado, debemos examinar la participación de aquél al estar enlazada con la de éste”, dijo el tribunal para acabar absolviendo a todos los encausados.

En este caso, la denuncia se dirige contra Adolfo Suárez, pero también identifica a dos personas que trabajaban en su despacho y que, considera, pudieron ser cómplices o encubridores.

Búsqueda de reparación

Las posibilidades de investigar a un muerto, por tanto, son nulas en cualquier fase del proceso, pero eso no es siempre lo que buscan las víctimas y no es lo que persigue la denunciante de Adolfo Suárez, tal y como ha explicado ella misma. “Las víctimas hablamos cuando podemos. A la gente le puede parecer una barbaridad que denuncie ahora, pero dentro de esta mujer de 60 años está la niña de 17 a la que violaron y agredieron, y esta mujer lo está haciendo por esa niña de 17 a la que ahora abraza”, ha explicado a elDiario.es.

El concepto de “justicia restaurativa” alude a cuando víctima y agresor mantienen encuentros de cara a la resolución del conflicto. En otros casos, como en este en el que el presunto agresor ha fallecido, las víctimas acuden a los tribunales o a otras instancias buscando algún tipo de reconocimiento. Lo han intentado, por ejemplo, las víctimas del franquismo en decenas de denuncias que, al final, se han encontrado con un portazo del Tribunal Constitucional. “Es empezar a romper el muro de silencio e impunidad”, dijo en la puerta de los juzgados de Madrid la primera víctima del franquismo en ser escuchada por un juez como afectado y no como acusado.

La muerte del acusado y la prescripción de los hechos puede ser un muro para abrir una causa penal, pero el paso del tiempo no merma la credibilidad de una víctima. Es, de hecho, un fenómeno bastante común en los delitos sexuales y de violencia machista. La última macroencuesta de violencia contras las mujeres, realizada el año pasado, puso de manifiesto que hasta un 90% de las mujeres que han sufrido agresiones sexuales por alguien que no era su pareja no lo han denunciado. Entre los motivos: “era menor, era una niña” (37,9%) y la vergüenza (37,6%). Otras tenían miedo a no ser creídas (21,4%), a su agresor (20,6%) o se culpaban a sí mismas de lo sucedido (19,3%). También que cuando ocurrió “eran otros tiempos, otra época y no se hablaba de estas cosas” (19,2%).

“Culpa, vergüenza y miedo” en las víctimas

Los datos oficiales muestran cómo el número de denuncias presentadas ha crecido de forma exponencial en los últimos años, así como los juicios celebrados y, por tanto, las condenas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial del último trimestre, casi el 85% de las sentencias de violencia machista son condenatorias en España. Y la preocupación del órgano de gobierno de los jueces no son ni las denuncias falsas ni la credibilidad de las mujeres, sino el alto porcentaje de denunciantes que se retira de los procesos por no declarar contra sus parejas o exparejas. 

El Supremo y su Sala de lo Penal llevan más de una década dejando por escrito que la tardanza en denunciar este tipo de casos, más aún cuando sucedieron durante la niñez, no disminuye la credibilidad de la víctima: el paso del tiempo se puede llevar por delante las pruebas periféricas pero el testimonio de la afectada, en estos delitos sexuales que ocurren en la intimidad y sin testigos, sigue siendo la clave a examinar. 

“No se les puede volver en su contra cuando tardan en denunciar, porque hasta se sienten estigmatizadas por hacerlo”, ha llegado a decir el Supremo. Los ejemplos son múltiples y un juez puede llegar a firmar una condena años después de los hechos si el testimonio de la víctima es firme y creíble a pesar del paso del tiempo. Uno de los casos más llamativos sentenciados recientemente en los tribunales de Madrid es el de una joven que tardó seis años en identificar y denunciar a su violador, y solo lo consiguió cuando se lo encontró dando un paseo por el centro de la ciudad más de un lustro después.

En la sentencia, los jueces explicaron los sentimientos “frecuentes” que llevan a las víctimas a no denunciar o hacerlo solo años después, cuando las circunstancias han cambiado: “culpa, vergüenza y miedo” por unos hechos que, además, dejan una “huella indeleble” en las mujeres. Ese episodio de abusos que tardó años en ser denunciado se saldó con tres años de cárcel para el acusado.

Una mujer presentó a comienzos de diciembre ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional una denuncia por agresión sexual contra el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez. La denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, describe con detalle hechos que sucedieron entre los años 1982 y 1985. El primer episodio de agresión que relata ocurrió cuando ella tenía 17 años y Suárez, 50. “Necesité muchísimos años de terapia para procesar el trauma y eliminar el dolor al hablar, ahora me siento segura y arropada. En aquellos momentos era implanteable denunciar y menos a un personaje así. Cuando muere su agresor, las víctimas suelen descansar, en mi caso ha sido lo contrario: fue morir y ponerle el nombre al aeropuerto, hacerle un héroe nacional, encontrarme imágenes por todas partes y ahora la serie... oigo hablar de ella y de él a todas horas, ya no puedo más”, explica Ariadna, nombre ficticio, en conversación con este medio.

La denuncia se dirige contra Adolfo Suárez, pero también identifica a dos personas que trabajaban en su despacho y que, considera, pudieron ser cómplices o encubridores. Estas dos personas eran quienes la llamaban para citarla al despacho del expresidente del Gobierno y abrían la puerta cuando llegaba. Suárez murió en 2014 y los hechos están, además, prescritos. La denuncia, no obstante, está ya en un juzgado de Madrid remitida por la Policía Nacional. Ariadna busca una reparación simbólica por unos hechos que, cuenta, impactaron profundamente en su vida.

elDiario.es ha podido comprobar que Ariadna, que tiene ahora 60 años, cuenta con un documento de la Comunidad de Madrid que la acredita como víctima de violencia de género y con varios informes que muestran la atención psicológica que ha recibido. Este medio tiene también la carta que Ariadna decidió enviar a Adolfo Suárez en 2003 en la que describía las consecuencias que había sufrido a lo largo de los años y en la que le pedía explicaciones. “He sufrido mucho en silencio, he necesitado ayuda psicológica, como he podido he ido sobreviviendo (...) Me gustaría que me dieses una explicación de por qué me tocó ser un juguete”, dice en la misiva, fechada el 29 de julio de 2003. La mujer cuenta que fue la psicóloga que le trataba entonces quien le recomendó escribir una carta a modo de desahogo. Esa misiva, dice, nunca tuvo respuesta.

Cita en su despacho

Después de las elecciones de 1982, Ariadna dirigió una carta al despacho de Adolfo Suárez pidiéndole asesoramiento sobre qué podía estudiar “para ayudar a mi país y a mi gente”. Un secretario de Suárez –la mujer incluye en la carta la identidad de él y de otra secretaria que también estaba presente en el despacho cuando ella iba– la llamó al teléfono de casa de sus padres y la citó para el día siguiente.

El 23 de noviembre de ese año, Ariadna acudió al despacho y la pasaron a una sala en la que apareció Adolfo Suárez. “Se interesó por mí y por mis estudios, me preguntó sobre mis padres, a qué se dedicaban. También me aconsejó que para ser política podía estudiar lo que yo quisiera, pero tener una buena formación jurídica ayudaba. Me hizo muchas promesas, que él me iba a ayudar, que iba a seguir mis pasos, y yo en ese momento me lo creí”, puede leerse en la denuncia. Según el relato de la mujer, Suárez le preguntó si tenía novio y si tomaba anticonceptivos. “Y me respondió lo típico, 'pero cómo es así', 'los chicos de tu edad son tontos y ciegos'”, cuenta la mujer, que asegura que hubo varios silencios muy incómodos en los que el hombre se quedaba sonriéndole.

Ahí acabó su primer encuentro. Durante unas semanas mantuvieron el contacto. Suárez, cuenta, le envió una felicitación navideña a casa y poco después volvieron a verse en un acto de partido, el CDS. El día después, una de sus secretarias la llamó a casa para citarla en el despacho: Adolfo Suárez le prestó dos libros y ella, tiempo después, se los devolvió.

Fue a comienzos de marzo cuando la citaron de nuevo al despacho el 4 de marzo de 1983. “Ese día lo recuerdo con horror. Estábamos sentados igual que las veces anteriores, en el sofá de cuero blanco, cada uno en su extremo, pero de repente ASG me cogió la mano y empezó a darme tirones hacia él, yo no me movía, no quería acercarme a él, lo intentó tres o cuatro veces y como no me movía al cabo de un rato se abalanzó sobre mí y me robó mi primer beso en los labios. Me dijo que separase los labios para meterme la lengua (...) Introdujo su mano por debajo de mi camiseta y bajo el sujetador me magreó las tetas. Yo no entendía nada, me quedé totalmente bloqueada y no reaccionaba”, dice en la denuncia. La mujer relata en ella que Suárez le obligó a hacerle una felación: “Eyaculó fuera y se limpió con un pañuelo”.

“No supe poner nombre a lo que había pasado. Años más tarde sería una de mis psicólogas la que me dijo que había sufrido una violación siendo menor de edad y también me explicó que mi falta de reacción fue consecuencia de la intimidación ambiental y del abuso de superioridad”, prosigue. Ariadna cuenta que una vez salió del despacho empezó a correr y se echó a llorar, que no se atrevía a contar nada a nadie y que su familia estaba ilusionada con la ayuda que Suárez le estaba prestando. “A partir de ese momento si salía en la tele yo no quería verle y mis padres me decían que era tonta”, agrega.

Más episodios

En la denuncia, la mujer incluye otros dos episodios durante 1983; uno antes de que ella, en septiembre, entrara en la universidad a estudiar Derecho, y otro en diciembre. “Esa vez eyaculó en mi pelo y me lo manchó todo (...) También me mandó un christmas esas navidades. Sé que hubo más encuentros, todos igual de horribles, yo cada vez me hacía más daño yendo allí, pero no lo sabía parar”. Todos esos encuentros se produjeron en el despacho profesional de Suárez. Hasta que en agosto de 1984, cuenta Ariadna en la denuncia, la citaron en su domicilio particular: “Recuerdo que le dije que tenía la regla y que usaba tampones (a ver si con un poco de suerte desistía), me dijo que le daba igual”. En la denuncia, la mujer incluye un relato detallado de lo ocurrido tanto del despacho como de la casa de Suárez.

Ariadna describe que, una vez en la casa, Suárez la hizo sentar en un sofá y la obligó a ponerse encima de él, “me sobaba por dentro de la ropa todo el cuerpo”. Después, prosigue, la llevó a una habitación e intentó penetrarla: “Me hacía daño y me giré, le pedí, por favor, que no lo hiciera, y se subió el pantalón”. A finales de 1985, al límite, Ariadna escribió una carta “para que me dejase en paz”. No recuerda si la volvieron a llamar del despacho, pero ella ya no fue nunca más. “Lo que sí recibí fue un tarjetón de su puño y letra firmado por él donde me decía que no aceptaba 'mi renuncia'. Y a los pocos días se personó frente al portal donde vivía con mis padres”, consta en la denuncia, en la que Ariadna deja el nombre de dos mujeres que le vieron en ese momento.

Ariadna se le contó a su madre y, más tarde, lo supieron sus hermanos y su padre. En 2002, a raíz de una depresión, la mujer recibió atención psicológica por primera vez y fue en terapia cuando verbalizó lo sucedido y comenzó un proceso para afrontar el trauma vivido, que le había dejado importantes secuelas físicas y emocionales.

La mujer cuenta ahora que negarse a los encuentros con Suárez le producía un miedo inasumible: “Pensaba que podían hacer conmigo lo que quisieran, que me podían hacer algo. Cuando empecé a trabajar tenía miedo de que hablaran con mis jefes, de que no me contratasen, de que me siguiesen... hasta que recibí ayuda de profesionales y entendí que lo que me había pasado”.

Como parte del tratamiento, la psicóloga que la atendía en 2003 le aconsejó el ejercicio de enviarle una carta. En ella dice: “La relación de poder y superioridad era impresionante, me vi envuelta en una situación de la que no sabía cómo salir, tampoco sabía cómo explicar a mi familia que no te quería ver, que no podía oír hablar de ti, que dejasen de idolatrarte”. Cuando la envió al domicilio particular de Adolfo Suárez, Ariadna tenía 38 años.

En conversación con elDiario.es, Ariadna deja claro que esta denuncia, de escaso recorrido penal porque los hechos están prescritos y el acusado está muerto, es para ella una forma de reparación pública. “Las víctimas hablamos cuando podemos. A la gente le puede parecer una barbaridad que denuncie ahora, pero dentro de esta mujer de 60 años está la niña de 17 a la que violaron y agredieron, y esta mujer lo está haciendo por esa niña de 17 a la que ahora abraza”, explica.

La conversa bull mentre comencen a arribar els concurrents. Entre cafès i apunts escampats en una llibreta, diversos veïns del municipi mallorquí d'Esporles s'acosten a la taula del cèntric restaurant Es Brollador i comencen a parlar. “Hi ha una clara intencionalitat de les institucions per ocultar el sondeig...”, deixa anar un d'ells. Els presents són part dels coordinadors d'un grup de 74 persones que fa més de dos anys va emprendre una insòlita batalla: reclamar que el Govern espanyol faci pública l'enquesta que l'expresident Adolfo Suárez hauria encarregat el 1976 per preguntar a l'opinió pública, en el context de la Transició, si preferia un Estat monàrquic o republicà, com va confessar el mateix mandatari d'UCD dècades després: “Quan la major part dels caps de Govern estrangers em demanaven un referèndum sobre monarquia o república... fèiem enquestes i perdíem”, va assenyalar. Des de llavors, el silenci institucional és absolut.

Els autors de la iniciativa recriminen, en declaracions a elDiario.es, que l'Executiu central mantingui suposadament sota secret aquest sondeig mentre el president del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), José Félix Tezanos, revelava el passat dimarts el resultat d'una altra enquesta, que també va encarregar Suárez, però ja el 1979. En aquella ocasió, els ciutadans es van inclinar a favor de la monarquia: “Els qui es declaraven partidaris de la monarquia eren un 30,9% i de la república, un 19,7%. Indiferents, el 31,7%”. Durant la seva compareixença, Tezanos va admetre que el problema d'aquella consulta rau en el fet que va tenir “una mostra insuficient de 504 entrevistes”. Malgrat això la seva conclusió va ser clara: en conjunt, va apuntar, “els monàrquics més accidentalistes sumaven un 62%”.

“És una barbaritat que Tezanos digui que hi havia un 62% a favor de la monarquia sense donar la fitxa tècnica. No diu com es va formular la pregunta, quin era el marge d'error ni com es va seleccionar la mostra. I, a sobre, era una enquesta feta a poc més de 500 persones, amb un marge d'error altíssim”, critica Josep Ferrà, integrant del grup de veïns d'Esporles i batle d'aquesta localitat enclavada a la Serra de Tramuntana. Per la seva banda, Domingo, un altre resident, posa l'accent en el fet que Tezanos triés aquest dimarts per donar a conèixer l'enquesta de 1979: “Dona la casualitat que 48 hores abans ens havíem adreçat al president del Govern [d'Espanya] per insistir que publiqui el sondeig de 1976”.

Després de la publicació d'aquest reportatge, el president del CIS ha remès una nota en la qual assegura que no existeix cap registre o document “sobre aquesta suposada enquesta de 1976”, ni els consta que Suárez realitzés cap comentari sobre tal possibilitat. Tezanos assenyala que aquell any es van fer tres grans onades d'enquestes prèvies a la Constitució sobre la possible distribució de les orientacions electorals abans que existissin partits polítics legalitzats. Sobre la de 1979 -a la qual, postil·la l'escrit, l'expresident del Govern espanyol va al·ludir en diverses ocasions-, el CIS apunta que van trobar “documents parcials en les prop de mil caixes de documentació antiga que trobem”.

Confessions a micro tapat

La confecció i els resultats de la suposada enquesta havien dormit el somni dels justos durant diverses dècades fins que una 'relliscada' del mateix Suárez va jugar en contra seva. En una entrevista inèdita que la periodista i biògrafa oficial de la Transició, Victoria Prego, va realitzar el 1995 a l'expolític i que, 21 anys després, seria desvetllada per La Sexta Columna el novembre de 2016, Suárez va reconèixer que, quan el 1977 va impulsar la Llei per a la Reforma Política que eliminaria jurídicament les estructures de l'aparell franquista, va introduir-hi les paraules 'rei' i 'monarquia', amb disposicions com “el Rei sanciona i promulga les lleis” o “el President de les Corts i del Consell del Regne serà nomenat pel Rei”. “Vaig ficar la paraula rei i la paraula monarquia a la Llei i així vaig dir que ja havia estat sotmès a referèndum”, va justificar literalment l'expolític, qui, d'aquesta manera, evitava una consulta expressa sobre monarquia o república i s'assegurava la permanència de la institució dinàstica sense tan sols haver estat sotmesa a votació popular.

Quan la major part dels caps de Govern estrangers em demanaven un referèndum sobre monarquia o república... fèiem enquestes i perdíem

Adolfo Suárez — Entrevista inèdita amb Victoria Prego el 1995

Com s'aprecia en el vídeo inserit en aquest article, Suárez procedeix a tapar el micròfon que porta subjecte perquè no es registressin les seves paraules: explica que va actuar d'aquesta manera perquè els sondejos dels quals disposava el Govern espanyol -i que mai van arribar a publicar-se- anunciaven que el model republicà era el preferit pels espanyols. “Fèiem enquestes i perdíem”, va admetre l'expolític abulenc, qui, durant la dictadura franquista, va ostentar diversos càrrecs públics per, el 1976, ser nomenat líder de l'Executiu central pel rei Joan Carles I. Va morir el 2014, deixant un cúmul d'incògnites i interrogants sobre com es va forjar la Transició. Gairebé cinquanta anys després, les ombres que planen sobre el relat d'aquell històric període continuen sense aclarir-se.  

“La monarquia s'ha construït amb una gran mentida”

Els veïns reunits al centre d'Esporles sostenen que l'ocultació de la consulta de 1976 respondria a un patró segons el qual, “quan capten que socialment no hi ha una majoria a favor de la monarquia, s'amaguen les dades. Va passar a la Transició i ha tornat a passar quan la valoració del rei va caure per sota de 5 al CIS entre 2011 i 2015”, assevera Domingo. Aquest resident recorda que fa anys el baròmetre va deixar de preguntar directament per monarquia o república i es va limitar a mesurar la confiança en la Corona. En aquest sentit, critica que el president d'aquest organisme públic “porta des de 2015 dient que no es pregunta per la monarquia perquè per a la gent no és un problema”. El grup, no obstant això, ha estudiat minuciosament les sèries estadístiques del CIS i els cicles de publicació de dades i assevera: “Quan van començar els suspensos, van retirar la pregunta”.

Domingo Sanz recorda que fa anys el baròmetre del CIS va deixar de preguntar directament per monarquia o república i es va limitar a mesurar la confiança en la Corona. “Quan van començar els suspensos, van retirar la pregunta”, denuncia

El veí diu que aquest patró ja existia a la Transició i incideix en què aquesta es va fonamentar sobre un relat adulterat: “La monarquia s'ha construït amb una gran mentida”, subratlla mentre els altres assenteixen. “No va tenir el suport inicial de la població i es va ocultar. Quan les dades interessaven, es publicaven. Quan no, s'oculten”, afegeix Ferrà, qui considera que es tracta d'“un joc molt esbiaixat” atès que “tots els aparells mediàtics que acompanyen les institucions fan reflotar aquesta narrativa perquè la monarquia sigui acceptada”.

La Llei franquista de Secrets Oficials

Per damunt d'això, el primer edil considera “molt greu” que “s'ocultin aquestes coses en democràcia amb una llei de secrets franquista”. Es refereix, en concret, a la Llei de Secrets Oficials que es va aprovar el 1968, amb el règim de Franco en vigor, i en la qual les institucions s'emparan per no fer públic el sondeig de 1976 al qual es va referir Suárez. En una resposta oferta el 5 d'abril de 2023 al senador Vicenç Vidal, qui milita a Més per Mallorca, l'Executiu central al·ludia a l'elaboració d'un avantprojecte de llei que pretén substituir la norma encara vigent. “El Govern està compromès amb l'elaboració de l'Avantprojecte de Llei d'Informació Classificada que actualitzi el règim jurídic preconstitucional en aquesta matèria, tal com passa als països del nostre entorn”, responia aleshores l'Executiu, reconeixent, potser implícitament, l'existència de l'enquesta que se li va formular a l'opinió pública espanyola dos anys abans d'aprovar-se la Constitució. “Aquesta és l'autèntica enquesta”, comenta Domingo.

Les institucions s'emparen en la Llei de Secrets Oficials de 1968, aprovada amb el règim franquista en vigor, per no fer públic el sondeig de 1976 al qual es va referir Suárez

Ferrà va més enllà: “El més greu és que en un Estat democràtic s'estiguin ocultant coses que van passar durant la dictadura, que és el que s'està fent en aquest cas, quan aquesta llei franquista no obliga a ocultar-les. Un govern democràtic pot desclassificar el que vulgui i, si no ho fa, és perquè no li dóna la gana, perquè ha publicat coses que també estaven sota aquesta mateixa llei”. “Quin barem democràtic té Espanya amb aquesta llei de secrets d'Estat?”, es pregunta. I sentencia: “El Govern [espanyol] protegeix la dictadura”.

Sobre la nova norma que prepara l'Executiu central, alerta que permetria bloquejar documents durant dècades “sense necessitat de justificar-ho davant la ciutadania” -el text estableix un mínim de 45 anys, prorrogables de forma motivada a un màxim de 60-. El batle confia que “els comptadors no arrenquin des de zero” per als documents classificats actualment, en línia amb altres veus crítiques que temen que els terminis del secret dels documents es reiniciïn i aquests continuïn algunes dècades més sota sigil, buidant així la memòria col·lectiva i mantenint ocultes determinades zones fosques de la història contemporània. “Ara estem veient com la població jove no sap ni qui és Franco ni què és la Transició. D'aquí a 40 o 50 anys, la feina de desmemòria que s'haurà fet serà total”, recela.

La llei de secrets franquista no obliga a ocultar. Un govern democràtic pot desclassificar el que vulgui i si no ho fa és perquè no li dóna la gana. ¿Què barem democràtic té Espanya amb aquesta llei de secrets d'Estat? El Govern [espanyol] protegeix la dictadura

Josep Ferrà — Membre del grup i batle d'Esporles

La trobada a Es Brollador avança i la frustració es barreja amb la determinació. Alguns proposen escriure de nou als grups parlamentaris que donen suport al Govern central; altres creuen que caldrà explorar noves vies legals. L'únic segur és que no pensen rendir-se, atès que, en la seva opinió, el que ha succeït no és un detall històric menor, sinó un element que hauria canviat la forma en què diverses generacions es van acostar a la Transició i a la cultura democràtica.

“Si s'hagués conegut aquesta enquesta, tindríem una societat molt millor”, subratlla Domingo, qui considera que “els professors d'història haurien pogut explicar el sondeig sense por que en cada classe es generés una petita guerra civil”. En aquesta línia, subratlla: “Si s'hagués conegut que Espanya en aquell moment preferia república, els professors haurien pogut dir a milions de nens i adolescents: 'Aquest és el país en què vivim'”. La veu li tremola lleugerament en recordar els infructuosos intents per aconseguir que el Govern d'Espanya recapaciti: “Envies un escrit i res. És desesperant. Estem molt fotuts”.

Si s'hagués conegut l'enquesta, tindríem una societat molt millor i els professors d'història haurien pogut explicar els seus resultats sense por que en cada classe es generés una petita guerra civil. Si s'hagués conegut que Espanya en aquell moment preferia república, els professors haurien pogut dir a milions de nens i adolescents: 'Aquest és el país en què vivim'

Domingo Sanz — Membre del grup

Al gener de 2024 un grup de jutges i juristes de Balears, entre els quals es troben José Castro -conegut per dirigir la instrucció del cas Nóos- i Juan Pedro Yllanes -qui va renunciar a presidir el judici contra Iñaki Urdangarin i la infanta Cristina per accedir a la política de la mà de Podem-, van remetre una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la qual li reclamaven que es desclassifiqui tota la informació relativa a l'enquesta de 1976. Igual que els veïns d'Esporles, volen arribar al fons d'aquesta qüestió per conèixer si, efectivament, els qui van tutelar la transició de la dictadura franquista a la democràcia parlamentària van blindar mitjançant aquests dubtosos mètodes la continuïtat d'un règim caduc sota el parapet de la monarquia i van impossibilitar que la bandera de la República pogués onejar de nou als balcons de les institucions.

El gener de 2024 un grup de jutges i juristes de Balears, entre els quals es troben José Castro i Juan Pedro Yllanes, van reclamar al Govern que es desclassifiqui la informació relativa a l'enquesta de 1976 per conèixer si els qui van tutelar la transició del franquisme a la democràcia parlamentària van blindar mitjançant dubtosos mètodes la continuïtat del règim

En la seva missiva, reclamaven que, juntament amb els resultats del referèndum de la Llei de la Reforma Política -elaborada pel president de les Corts franquistes Torcuato Fernández Miranda-, el Govern central proporcioni l'entrevista que Prego va realitzar a Suárez i en la qual, recorden, aquest “va desvetllar que abans del referèndum de 1976 havia ordenat la realització d'enquestes, que no va publicar, i que li van permetre organitzar el referèndum per obtenir els resultats que li interessaven i assegurar la continuïtat de la monarquia que el dictador havia restaurat el 1947 mitjançant la Llei de Successió del cap d'Estat”. A través d'aquesta norma, Franco va establir que Espanya, com a unitat política, era un Estat catòlic, social i representatiu que, d'acord amb la seva tradició, es declarava constituït en regne, reservant-se d'aquesta manera la facultat de proposar a les Corts la persona que havia de ser cridada, al seu dia, a succeir-lo a títol de rei.

A Esporles, mentrestant, els veïns no descarten emprendre noves accions després de Nadal. Malgrat el cansament acumulat, els seus integrants mantenen la convicció que la societat mereix saber què pensaven realment els espanyols el 1976, quan Adolfo Suárez va decidir mirar aquelles xifres i callar.

La conversación hierve conforme comienzan a llegar los concurrentes. Entre cafés y apuntes desperdigados en una libreta, varios vecinos del municipio mallorquín de Esporles se acodan en la mesa del céntrico restaurante Es Brollador y empiezan a hablar. “Hay una clara intencionalidad de las instituciones por ocultar el sondeo...”, desliza uno de ellos. Los presentes son parte de los coordinadores de un grupo de 74 personas que hace más de dos años emprendió una insólita batalla: reclamar que el Gobierno haga públicas las encuestas que el expresidente Adolfo Suárez habría encargado en 1976 para preguntar a la opinión pública, en el contexto de la Transición, si prefería un Estado monárquico o republicano, como el propio mandatario de UCD confesaría décadas después: “Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república... hacíamos encuestas y perdíamos”, señaló. Desde entonces, el silencio institucional es absoluto.

Los autores de la iniciativa recriminan, en declaraciones a elDiario.es, que el Ejecutivo central mantengan supuestamente bajo secreto aquellos sondeos mientras el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, revelaba este martes el resultado de otra encuesta, que también encargó Suárez, pero ya en 1979. En esa ocasión, los ciudadanos se inclinaron a favor de la monarquía: “Los que se declaraban partidarios de la monarquía eran un 30,9% y de la república, un 19,7%. Indiferentes, el 31,7%”. Durante su comparecencia, Tezanos admitió que el problema de esa consulta radica en que tuvo “una muestra insuficiente de 504 entrevistas”, pese a lo cual su conclusión fue clara: en su conjunto, apuntó, “los monárquicos más accidentalistas sumaban un 62%”.

“Es una barbaridad que Tezanos diga que había un 62% a favor de la monarquía sin dar la ficha técnica. No dice cómo se formuló la pregunta, cuál era el margen de error ni cómo se seleccionó la muestra. Y, encima, era una encuesta hecha a poco más de 500 personas, con un margen de error altísimo”, critica Josep Ferrà, integrante del grupo de vecinos de Esporles y alcalde de esta localidad enclavada en la Serra de Tramuntana. Por su parte, Domingo, otro residente, hace hincapié en el hecho de que Tezanos eligiese este martes para dar a conocer la encuesta de 1979: “Da la casualidad de que 48 horas antes nos habíamos dirigido al presidente del Gobierno para insistir en que publique el sondeo de 1976”.

Tras la publicación de este reportaje, el presidente del CIS ha remitido una nota aclaratoria en la que asegura que no existe ningún registro o documento “sobre esa supuesta encuesta de 1976”, ni les consta que Suárez realizara ningún comentario sobre tal posibilidad. Tezanos señala que aquel año se hicieron tres grandes oleadas de encuestas previas a la Constitución sobre la posible distribución de las orientaciones electorales antes de que existieran partidos políticos legalizados. Sobre la de 1979 -a la que, apostilla el escrito, el expresidente del Gobierno aludió en varias ocasiones-, el CIS apunta que hallaron “documentos parciales en las cerca de mil cajas de documentación antigua que encontramos”.

De esa forma, prosigue, recuperaron la encuesta realizada en 1979 con una muestra de 504 entrevistas que él mismo dio el pasado martes a conocer. “Lo exiguo del tamaño de la muestra hace que los márgenes teóricos de error de tal estudio sean elevadísimos y, por lo tanto, poco representativos”, continúa la nota, en la que recalca que “dio a conocer inmediatamente esta encuesta nunca publicada, debido al indudable interés histórico de la misma”. Tezanos recuerda que en el Senado leyó literalmente la pregunta de dicha encuesta e informó “de todos los datos disponibles”. “En ningún momento en mi comparecencia en el Senado hablé sobre la existencia de otra encuesta diferente”, admite, asegurando no haber tenido conocimiento de las peticiones de los vecinos.

Confesiones a micro tapado

La confección y los resultados de la supuesta encuesta había dormido el sueño de los justos durante varias décadas hasta que un 'desliz' del propio Suárez jugó en su contra. En una entrevista inédita que la periodista y biógrafa oficial de la Transición, Victoria Prego, realizó en 1995 al expolítico y que sería desvelada por La Sexta Columna en noviembre de 2016 -nada menos que 21 años después-, Suárez reconoció que, cuando en 1977 impulsó la Ley para la Reforma Política que eliminaría jurídicamente las estructuras del aparato franquista, introdujo en ella las palabras 'rey' y 'monarquía', con disposiciones como “el Rey sanciona y promulga las leyes” o “el Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino será nombrado por el Rey”. “Metí la palabra rey y la palabra monarquía en la Ley y así dije que ya había sido sometido a referéndum”, justificó literalmente el expolítico, quien, de este modo, evitaba una consulta expresa sobre monarquía o república y se aseguraba la permanencia de la institución dinástica sin tan siquiera haber sido sometida a votación popular.

Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república... hacíamos encuestas y perdíamos

Adolfo Suárez — Entrevista inédita con Victoria Prego en 1995

Como se aprecia en el vídeo insertado en este artículo, Suárez procede a tapar el micrófono que lleva sujeto para que no se registraran sus palabras: explica que había actuado de esta forma porque los sondeos de los que disponía entonces el Gobierno -y que nunca llegaron a publicarse- anunciaban que el modelo republicano era el preferido por los españoles. “Hacíamos encuestas y perdíamos”, admitió el expolítico abulense, quien ostentó varios cargos públicos durante la dictadura franquista y fue en en 1976 nombrado líder del Ejecutivo central por el rey Juan Carlos I. Murió en 2014, dejando tras de sí un reguero de incógnitas e interrogantes acerca de cómo se fraguó la Transición. Casi cincuenta años después, las sombras que sobrevuelan el relato de aquel histórico periodo continúan sin despejarse. 

“La monarquía se ha construido con una gran mentira”

Los vecinos reunidos en el centro de Esporles sostienen que la “ocultación” de la consulta que habría sido realizada aquel año respondería a un patrón según el cual, “cuando captan que socialmente no hay una mayoría a favor de la monarquía, se esconden los datos. Pasó en la Transición y ha vuelto a pasar cuando la valoración del rey cayó por debajo de 5 en el CIS entre 2011 y 2015”, asevera Domingo. Este residente recuerda que hace años el barómetro dejó de preguntar directamente por monarquía o república y se limitó a medir la confianza en la Corona. En este sentido, critica que el presidente de este organismo público “lleva desde 2015 diciendo que no se pregunta por la monarquía porque para la gente no es un problema”. El grupo, sin embargo, ha estudiado minuciosamente las series estadísticas del CIS y los ciclos de publicación de datos y asevera: “Cuando empezaron los suspensos, retiraron la pregunta”.

Domingo Sanz recuerda que hace años el barómetro del CIS dejó de preguntar directamente por monarquía o república y se limitó a medir la confianza en la Corona. “Cuando empezaron los suspensos, retiraron la pregunta”, denuncia

El vecino señala que ese patrón ya existía en la Transición e incide en que esta se cimentó sobre un relato adulterado: “La monarquía se ha construido con una gran mentira”, subraya mientras los demás asienten. “No tuvo el apoyo inicial de la población y se ocultó”, añade Ferrà, quien considera que se trata de “un juego muy sesgado” dado que “todos los aparatos mediáticos que acompañan a las instituciones hacen reflotar esa narrativa para que la monarquía sea aceptada”.

La Ley franquista de Secretos Oficiales

Por encima de esto, el primer edil considera “muy grave” que “se oculten estas cosas en democracia con una ley de secretos franquista”. Se refiere, en concreto, a la Ley de Secretos Oficiales que se aprobó en 1968, con el régimen de Franco en vigor, y en la que las instituciones se amparan para no hacer público el sondeo de 1976 al que aludió Suárez. En una respuesta ofrecida el 5 de abril de 2023 al senador Vicenç Vidal, quien milita en Més per Mallorca, el Ejecutivo central aludía a la elaboración de un anteproyecto de ley que pretende sustituir a la norma aún vigente. “El Gobierno está comprometido con la elaboración del Anteproyecto de Ley de Información Clasificada que actualice el régimen jurídico preconstitucional en esta materia, tal y como ocurre en los países de nuestro entorno”, respondía entonces el Ejecutivo, reconociendo, quizás implícitamente, la existencia de la encuesta que se le formuló a la opinión pública española dos años antes de aprobarse la Constitución. “Esta es la auténtica encuesta”, comenta Domingo.

Las instituciones se amparan en la Ley de Secretos Oficiales de 1968, aprobada con el régimen franquista en vigor, para no hacer público el supuesto sondeo de 1976

Ferrà va, incluso, más allá: “Lo más grave es que en un Estado democrático se estén ocultando cosas que ocurrieron durante la dictadura, que es lo que se está haciendo en este caso, cuando esa ley franquista no obliga a ocultarlas. Un gobierno democrático puede desclasificar lo que quiera y, si no lo hace, es porque no le da la gana, porque ha publicado cosas que también estaban bajo esa misma ley”. “¿Qué baremo democrático tiene España con esta ley de secretos de Estado?”, se pregunta. Y sentencia: “El Gobierno protege la dictadura”.

Sobre la nueva norma que prepara el Ejecutivo central, alerta de que permitiría bloquear documentos durante décadas “sin necesidad de justificarlo ante la ciudadanía” -el texto establece un mínimo de 45 años, prorrogables de forma motivada a un máximo de 60-. El alcalde confía en que “los contadores no arranquen desde cero” para los documentos clasificados en la actualidad, en línea de otras voces críticas que temen que los plazos del secreto de los documentos se reinicien y estos continúen varias décadas más bajo sigilo, vaciando con ello la memoria colectiva y manteniendo ocultas determinadas zonas oscuras de la historia contemporánea. “Ahora estamos viendo cómo la población joven no sabe ni quién es Franco ni qué es la Transición. De aquí a 40 ó 50 años, el trabajo de desmemoria que se habrá hecho será total”, recela.

La ley de secretos franquista no obliga a ocultar. Un gobierno democrático puede clasificar lo que quiera y si no lo hace es porque no le da la gana. ¿Qué baremo democrático tiene España con esta ley de secretos de Estado? El Gobierno protege la dictadura

Josep Ferrà — Miembro del grupo y alcalde de Esporles

El encuentro en Es Brollador avanza y la frustración se mezcla con la determinación. Algunos proponen escribir de nuevo a los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno; otros creen que habrá que explorar nuevas vías legales. Lo único seguro es que no piensan rendirse dado que, en su opinión, lo sucedido no es un detalle histórico menor, sino un elemento que habría cambiado la forma en que varias generaciones se acercaron a la Transición y a la cultura democrática.

“Si se hubiera conocido esta encuesta, tendríamos una sociedad mucho mejor”, subraya Domingo, quien considera que “los profesores de historia habrían podido explicar el sondeo sin miedo a que en cada clase se generara una pequeña guerra civil”. En esta línea, subraya: “Si se hubiera conocido que España en ese momento prefería república, los profesores habrían podido decir a millones de niños y adolescentes: 'Este es el país en el que vivimos'”. La voz le tiembla ligeramente al recordar los infructuosos intentos por lograr que el Gobierno recapacite: “Mandas un escrito y nada. Es desesperante. Estamos muy jodidos”.

Si se hubiera conocido la encuesta, tendríamos una sociedad mucho mejor y los profesores de historia habrían podido explicar sus resultados sin miedo a que en cada clase se generara una pequeña guerra civil. Si se hubiera conocido que España en ese momento prefería república, los profesores habrían podido decir a millones de niños y adolescentes: 'Este es el país en el que vivimos'

Domingo Sanz — Miembro del grupo

En enero de 2024 un grupo de jueces y juristas de Balears, entre quienes se encuentran José Castro -conocido por dirigir la instrucción del caso Nóos- y Juan Pedro Yllanes -quien renunció a presidir el juicio contra Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina para acceder a la política de la mano de Podemos-, remitieron una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le reclaman que se desclasifique toda la información relativa a la supuesta encuesta de 1976. Al igual que los vecinos de Esporles, quieren llegar al fondo de esta cuestión para conocer si, efectivamente, quienes tutelaron la transición de la dictadura franquista a la democracia parlamentaria blindaron la continuidad de un régimen caduco bajo el parapeto de la monarquía e imposibilitaron que la bandera de la República pudiera ondear de nuevo en los balcones de las instituciones.

En enero de 2024 un grupo de jueces y juristas de Balears, entre quienes se encuentran José Castro y Juan Pedro Yllanes, reclamaron al Gobierno que se desclasifique la información relativa a la supuesta encuesta de 1976 para conocer si quienes tutelaron la transición del franquismo a la democracia parlamentaria blindaron mediante dudosos métodos la continuidad del régimen

En su misiva, reclamaban que, junto a los resultados del referéndum de la Ley de la Reforma Política -elaborada por el presidente de las Cortes franquistas Torcuato Fernández Miranda-, el Gobierno proporcione la entrevista que Prego realizó a Suárez y en la que, recordaban, este “desveló que antes del referéndum de 1976 había ordenado la realización de encuestas, que no publicó, y que le permitieron organizar el referéndum para obtener los resultados que le interesaban y asegurar la continuidad de la monarquía que el dictador había restaurado en 1947 mediante la Ley de Sucesión de la jefatura del Estado”. A través de esta norma, Franco estableció que España, como unidad política, era un Estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se declaraba constituido en reino, reservándose de este modo la facultad de proponer a las Cortes a la persona que debía ser llamada, en su día, a sucederle a título de rey.

En Esporles, mientras tanto, los vecinos no descartan emprender nuevas acciones después de Navidad. Y, pese al cansancio acumulado, sus integrantes mantienen la convicción de que la sociedad merece saber qué pensaban realmente los españoles en 1976, cuando Adolfo Suárez decidió mirar aquellas cifras y callar.

“¿Es usted partidario de que España sea una monarquía o de que España sea una República?”. Esta fue la pregunta que hizo el hoy Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en diciembre de 1979, en una encuesta encargada por el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez. “Los que se declaraban partidarios de la monarquía eran un 30,19% y de la República , un 19,7%. Indiferentes, el 31,7%”, se respondió hace 46 años en esa encuesta que “nunca se hizo pública”, según ha explicado este martes el actual presidente del CIS, José Félix Tezanos.

Durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado sobre el instituto que dirige, Tezanos ha reconocido que el problema de esa encuesta encargada por Suárez fue que tuvo “una muestra insuficiente de 504 entrevistas”. Pero su conclusión es que, en su conjunto, “monárquicos más accidentalistas sumaban un 62%”. 

También ha defendido Tezanos que “el CIS ha hecho ocho preguntas distintas sobre la monarquía” en los últimos años, y que “la última vez que se preguntó por la monarquía fue en el mes de junio de 2015”, aunque el planteamiento no fue tan claro como el de 1979, y se limitó a preguntar por la sucesión de Juan Carlos I. No obstante, el presidente del CIS ha afirmado que “generalmente las opiniones que se han vertido sobre la monarquía son positivas”. 

En 2016, La Sexta desveló un fragmento inédito de una entrevista de la periodista Victoria Prego a Adolfo Suárez, en 1995. Entonces, el expresidente confesó, tapándose el micrófono con la mano, que blindó a la monarquía legalmente cuando se dio cuenta de que un referéndum se inclinaría a favor de la república. “Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república..., hacíamos encuestas y perdíamos”, admitía el expresidente fallecido en marzo de 2014.

Una labor “rigurosa” e “independiente”

En su intervención, el presidente del instituto ha afirmado que el CIS es “absolutamente independiente”. “Nunca hemos recibido ninguna instrucción de Moncloa”, ha señalado, además de explicar que, por ejemplo, los ministros del Gobierno conocen los resultados de los barómetros a la vez que el resto de la ciudadanía. También ha dicho que el suyo es “un modelo de estimación que está dando buenos resultados”, aunque ha insistido la posibilidad de que se produzcan fallos. “Nos podemos equivocar”. 

Tezanos ha reivindicado la “labor rigurosa” e “independiente” de las encuestas que publica, incluyendo las estimaciones de voto que se incorporan a cada uno de los barómetros mensuales. “Hemos dado siempre en el clavo, ha asegurado. ”La crítica actual al CIS es una crítica no científica, es de carácter político. A mí me llama la atención teniendo en cuenta la historia, casi todos los presidentes han salido del CIS con la sensación de que han sido criticados injustamente y en mi caso se ha exagerado“, ha remarcado Tezanos. No obstante, el también dirigente socialista ha insistido en que en todas las encuestas se manejan márgenes de error. ”Nos podemos equivocar, porque la sociología es una ciencia relativa“, ha afirmado.

La historiografía oficial de los últimos 50 años de este país ha conseguido que el imaginario colectivo acepte de manera acrítica una versión edulcorada de la Transición, según la cual pasamos de una dictadura de 40 años a una democracia gracias a un proceso político pacífico liderado por dos hombres: el rey Juan Carlos I y el presidente Adolfo Suárez. Un cambio personalista y “desde arriba” que poco tiene que ver con la realidad. Ni fue un proceso modélico, ni fue pacífico, ni la democracia fue otorgada: la conquistó la ciudadanía en la calle, en ocasiones a costa de la propia vida. 

Situemos primero el contexto. La Revolución de los Claveles de abril de 1974 en Portugal acabó con los 48 años de dictadura de Oliveira Salazar, prolongada desde 1968 en la persona de Marcelo Caetano, y en julio caía en Grecia la dictadura de los coroneles tras ocho años de tiranía impuesta por un golpe militar. Ambos acontecimientos convirtieron a España en la única dictadura de Europa, e impactaron con fuerza en nuestro país, donde las élites asistían con temor al progresivo deterioro físico de Francisco Franco. 

El caudillo no era inmortal y se hacía imprescindible preparar su sucesión con una apertura política controlada que nos homologara en apariencia con nuestros vecinos europeos. A diferencia de Portugal y Grecia, donde los tiranos fueron depuestos, en España el dictador murió en la cama y sus valedores se dividieron entre quienes defendían una evolución tutelada, los aperturistas; y quienes aspiraban a un franquismo sin Franco, el búnker. Ni unos ni otros creían en las libertades, pero el pragmatismo hizo que los primeros abrazaran la democracia con la fe del converso. 

La muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975 dio paso al primer Gobierno de la monarquía restaurada en la persona de Juan Carlos de Borbón, a quien Franco había designado su sucesor a título de rey en 1969. Para ese primer ejecutivo, el monarca confirmó como presidente a Carlos Arias Navarro –ya lo era desde 1973–, que nunca tuvo la intención de transitar hacia la democracia. De su gabinete formaban parte cuatro tenientes generales que se habían sublevado contra la República, defendían a ultranza la memoria y la obra del Caudillo, y consideraban a las Fuerzas Armadas las garantes últimas del legado de Franco y del devenir futuro de España. 

Fue un Gobierno de vida efímera, hasta el 1 de julio de 1976, cuando el rey forzó su dimisión y designó a Adolfo Suárez como sucesor entre una terna en la que figuraban los exministros franquistas Federico Silva Muñoz y Gregorio López Bravo. Su elección sorprendió por el desconocimiento de su figura entre la opinión pública y su perfil poco comprometido hasta entonces con el cambio democrático. Era un hombre joven, procedía del franquismo –hasta el mismo momento de su elección fue ministro secretario general del Movimiento– y no era sospechoso de defender cambios radicales.

La calle era un hervidero de huelgas y movilizaciones laborales de matiz económico –el número de parados en 1975 se había duplicado en relación con los tres años anteriores–que derivaban en reivindicaciones de democracia y libertad a las que se sumaron los movimientos vecinal y estudiantil. En este panorama el nuevo Ejecutivo se enfrentó a la tarea de desmantelar la dictadura. Lo hizo desde la legalidad franquista con la Ley para la Reforma Política, que derogaba los Principios Fundamentales del Movimiento. La norma fue votada favorablemente por los procuradores de las Cortes franquistas, que se hacían así el harakiri para dar paso a unas elecciones democráticas. Un proceso que Torcuato Fernández Miranda, presidente del Consejo del Reino, definió como “de la ley a la ley, pasando por la ley”. Una manera de decir que el paso de la dictadura a la democracia no era de ruptura, como reclamaban algunos partidos de la oposición, sino de transición.

La convocatoria de los primeros comicios exigía la legalización previa de los partidos políticos, entre ellos el PCE, que para la cúpula militar representaba al enemigo derrotado en la Guerra Civil. Suárez la había reunido en septiembre de 1976 para convencerla de la necesidad de la reforma política, comprometiéndose a no legalizar a los partidos “revolucionarios”, entre los que los militares situaban al PCE. 

Su legitimación la noche del Sábado Santo del 9 de abril de 1977 fue recibida como una afrenta por el Ejército. El ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, dimitió en desacuerdo con la decisión, dando continuidad a la que meses antes había presentado el teniente general Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil, vicepresidente primero para Asuntos de la Defensa, en su caso por su oposición a la ley de Amnistía y al proyecto de reforma sindical, que preveía la legalización de todos los sindicatos. Años después, ya en la reserva, sería uno de los agitadores del golpe de Estado del 23-F. Manuel Gutiérrez Mellado, un militar reformista, le sustituyó como vicepresidente primero.

El 15 de junio se celebraron los primeros comicios democráticos desde 1936, que dieron la victoria a la plataforma creada por Suárez, la Unión de Centro Democrático (UCD). Un “invento” que aglutinaba a liberales, socialdemócratas, democristianos y personas procedentes del franquismo, los llamados azules, que habían medrado durante la dictadura y se sumaban ahora al proceso democrático. 

Ruido de sables

UCD ganó con 165 diputados frente a los 118 del PSOE, que se convirtió en el principal partido de la oposición. El PCE, que había liderado la lucha contra la dictadura, consiguió dieciocho representantes, dos más que la Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga, una federación de siete asociaciones abanderadas por ex ministros de Franco. Esa era la configuración del Parlamento en el arranque de la legislatura encargada de elaborar una Constitución.

Al “todo ha quedado atado y bien atado” pronunciado por el dictador al designar a Juan Carlos I como su sucesor, comenzaron a desatárseles los nudos y la jerarquía militar comenzó a conspirar contra la incipiente democracia en una estrategia de la tensión sostenida por el ruido de sables. Una primera reunión conspirativa tuvo lugar en septiembre de 1977 en la localidad valenciana de Xàtiva (en Xàbia según otras fuentes), donde un grupo de generales debatieron la posibilidad de dar un golpe de Estado que pusiera fin al proceso democrático. Los confabulados acordaron finalmente dirigirse al rey para trasladarle su lealtad e instarle a que, ante la, a su entender, “grave situación política” cesara a Suárez y designara a un teniente general al frente de lo que llamaban gobierno de salvación nacional, un término que sería habitual en las conspiraciones por venir. La Constitución aún no había sido aprobada y el monarca mantenía intacto el poder heredado de Franco para poner y quitar presidentes del Gobierno.

Cuadernos para la libertad

Nacida en octubre de 1963, ‘Cuadernos para el Diálogo’ fue un referente para los demócratas españoles en el interior. Su brillantez intelectual y su sensibilidad con los temas sociales durante la dictadura fue toda una gesta. Desapareció en 1978. Esta portada aborda un debate que sigue vivo: reforma o ruptura. Se puede consultar en la web de la Fundación Francisco Largo Caballero: https://fflc.ugt.org/org/

Al malestar del estamento militar se sumaron los empresarios, liderados por Carlos Ferrer Salat, presidente de la Confederación Españoles de Organizaciones Empresariales (CEOE), que se oponían a cualquier cambio en la legislación laboral que supusiera el reconocimiento del derecho de huelga. La patronal perdía los privilegios de que había disfrutado durante la dictadura y su inicial apoyo a UCD se iría decantando paulatinamente hacia AP.

La propia AP y algunos miembros de la UCD que no se identificaban con las reformas de Suárez se sumaron a la conspiración y comenzaron a reunirse en el otoño de 1977 a iniciativa del periodista Luis María Anson, presidente de la Agencia EFE. En uno de esos encuentros Anson propuso un plan, según el cual el rey debía citar un domingo al presidente del Gobierno para pedirle que presentara su dimisión, tras la cual el Consejo del Reino propondría como sustituto a un técnico sin compromisos con ningún partido. El BOE publicaría el lunes los ceses, el nombramiento del nuevo presidente y se declararía el estado de excepción. La situación se prolongaría durante dos años, transcurridos los cuales se convocarían elecciones. El periodista consideraba urgente la solución y sugirió como fecha más adecuada las navidades de ese mismo año. Sin embargo, el proyecto no llegó a concretarse y la legislatura concluyó con la aprobación de la Constitución el 31 de octubre de 1978.

Dos semanas después, el 11 de noviembre, se abortaba un incipiente golpe de Estado que planeaba la toma del Palacio de la Moncloa y el secuestro del Gobierno aprovechando la reunión del Consejo de Ministros. La conocida como Operación Galaxia, por el nombre de la cafetería en la que conspiradores se reunían, se saldó con una levísima condena de siete y seis meses de prisión al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina, y al capitán de la Policía Nacional Ricardo Sáenz de Ynestrillas, que en la vista oral afirmaron que el plan no había pasado de ser una mera discusión teórica. Fracasada la asonada, la Carta Magna fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre y sancionada por el rey ante las Cortes Generales el día 27 del mismo mes. 

La aprobación de la Constitución dio paso a la disolución de las cámaras y la convocatoria de las segundas elecciones generales para el 1 de marzo de 1979. Sus resultados fueron similares a los de 1977: volvió a ganar UCD con 168 escaños, tres más que en los anteriores comicios, el PSOE se consolidó como la segunda fuerza con 121 diputados, también tres escaños más, el PCE mejoró ligeramente sus resultados y pasó de veinte a veintitrés y la Coalición Democrática, nombre bajo el que se presentó la Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga coaligado con otros partidos, perdió seis diputados y se quedó en diez. La extrema derecha, que concurría por primera vez en solitario, logró un único representante: Blas Piñar, presidente de Fuerza Nueva.

La nueva legislatura debía poner en marcha las instituciones previstas en la Constitución y el desarrollo normativo que diera cuerpo legal a la naciente democracia con iniciativas legislativas tan cruciales como el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Libertad Religiosa, de Defensa, de Sanidad, de Autonomía Universitaria, o un nuevo Código Penal, entre otras, además de iniciar el desarrollo del Estado de las Autonomías con la aprobación de los estatutos vasco y catalán. 

La consolidación de la democracia avanzaba y con ella crecía el malestar de los sectores más inmovilistas de la sociedad y del Ejército, que veían en el proceso autonómico un ataque a la unidad de la patria. También ETA contribuía a la inestabilidad política con una actividad terrorista que situó a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y del Ejército entre sus objetivos prioritarios. En 1978 la banda terrorista asesinó a 67 personas, a 89 en 1979, y alcanzó la cifra récord de 97 en 1980. Una excusa más para el incesante ruido de sables. 

Intrigas y conciliábulos

Luis María Anson recuperó su actividad conspirativa contra el presidente Suárez y la, a su entender, política de centroizquierda del Gobierno. Los encuentros con líderes empresariales se sucedieron y empezó a hablarse de una alternativa al plan de 1977. Como ya no era posible que el rey depusiera al presidente, se hacía necesario forzar su dimisión para ir a un gobierno de concentración integrado por independientes. Entre los contertulios de aquellos encuentros estaban Carlos Pérez de Bricio, empresario y exministro con Arias Navarro y del propio Suárez, el banquero Carlos March Delgado, Carlos Ferrer Salat, José Joaquín Puig de la Bellacasa, secretario particular del rey hasta 1976, y los políticos centristas Arturo Moya y Rafael Orbe, entre otros.

Fue en estos conciliábulos donde comenzó a citarse el nombre del general Alfonso Armada, secretario general de la Casa del Rey, como candidato a la presidencia del Gobierno, y el aludido se dejó querer. La operación fue bautizada como golpe de Timón por el CESID, el servicio secreto militar, alguno de cuyos miembros asistían a las reuniones invitado por el propio Anson para que nadie pudiera calificarlas de clandestinas y, de paso, para que trasladaran a instancias superiores lo que allí se hablaba. 

Las intrigas estaban también a la orden del día en UCD, que aunque en 1977 se había convertido en un partido unitario, mantenía diferencias ideológicas internas entre sus familias, que comenzaron a enfrentarse con el Gobierno por algunas de sus reformas. Un ejemplo fue la Ley del Divorcio promovida por los socialdemócratas de Fernández Ordóñez, a la que se oponían los democristianos. La lucha por el control interno del partido y el distanciamiento con Suárez llevó a algunos a plantear su sustitución por Landelino Lavilla.

El PSOE asistía gozoso al espectáculo, que le permitía vislumbrar por primera vez la posibilidad de llegar al poder. Su primer paso fue presentar una moción de censura en mayo de 1980 que, aunque sabía perdida, supuso un gran coste político para el presidente, zarandeado desde la bancada socialista por Felipe González y Alfonso Guerra. La iniciativa fue derrotada por 166 votos (todos de UCD) y 152 a favor (del PSOE y el PCE), 21 abstenciones y 11 ausencias. 

Suárez no se amilanó y cuatro meses después, el 16 de septiembre, se sometió a una cuestión de confianza que, de no prosperar, suponía su dimisión. Buscaba obligar a su grupo, en el que militaban sus principales detractores, a hacer público su apoyo o retirárselo y forzar un adelanto electoral. La apuesta resultó ganadora por una mayoría absoluta de 180 votos, los de su propio partido, la Convergencia i Unió, con Miquel Roca al frente, y el Partido Socialista de Andalucía (PSA) de Alejandro Rojas-Marcos, aunque también aumentó (164 votos) el número de detractores. 

Su triunfo parlamentario no impidió que los críticos de UCD continuasen conspirando para conseguir su caída con una segunda moción de censura pactada con los socialistas para la primavera de 1981. Su opción para presidir el gabinete era el democristiano Alfonso Osorio, que había abandonado el partido para integrarse en la Coalición Democrática de Fraga. El aludido negó siempre ser el promotor de esta operación, pero quienes avalaban su candidatura decían que era un político de la confianza del rey que contaba con el apoyo de sectores económicos, eclesiásticos y militares.

Para entonces, finales de 1980, eran numerosas las conspiraciones que se solapaban para acabar con el presidente. Un documento de autoría desconocida, aunque atribuido a los servicios secretos militares, con el título “Panorámica de las operaciones en marcha” enumera entre las civiles una protagonizada por los democristianos Miguel Herrero de Miñón, entonces portavoz parlamentario de UCD, José Luis Álvarez, ministro de Transportes y Comunicaciones, “y acaso Landelino Lavilla”, en ese momento presidente del Congreso de los Diputados, y otra liderada por Rodolfo Martín Villa, representante del sector azul del Gobierno. A los socialistas se les atribuía un plan para presentar una moción de censura pactada con los críticos de UCD en la que el candidato a la presidencia fuese un general de talante liberal que contara con el apoyo de la Corona. 

Enrique Múgica se reúne con Armada

En este ambiente de contubernio, el diputado socialista Enrique Múgica se reunió el 22 de octubre con el general Armada en el domicilio particular del alcalde socialista de Lleida, Antoni Siurana, y elaboró una minuta sobre el encuentro en la que relata que el militar le planteó dos salidas a la crisis política: la dimisión de Suárez o “un Gobierno de coalición a partir de un voto de censura”. Una solución que pretendía evitar un golpe duro encabezado por “un general en activo al frente”. 

El informe de los servicios secretos citaba también tres operaciones militares, designadas como la de los tenientes generales, la de los coroneles y la de los espontáneos. En la primera estaban implicados un grupo de capitanes y tenientes generales. La segunda la lideraban coroneles, a los que se calificaba como “fríos, racionales y metódicos”, dispuestos a esperar un año y medio o dos antes de intervenir, en el convencimiento de que la situación política del país sería límite y la propia ciudadanía pediría su intervención. Finalmente, la de los espontáneos representaba la continuidad de la fallida Operación Galaxia, y en opinión de los autores del informe “hay serios temores de que pueda ejecutarse”.

A estas operaciones de acoso y derribo del presidente Suárez se sumó la creciente desafección del propio rey, plasmada en un informe confidencial de los servicios de Información de la Policía. En este informe se constataban la opinión contraria del monarca a algunas de las decisiones del presidente, a quien no se recataba de criticar en público, incluso planteando la conveniencia de su relevo. 

Suárez se anticipó a todos cuantos conspiraban contra él y presentó su dimisión el 29 de enero de 1981 con una afirmación que parecía un dardo envenenado dirigido al monarca: “Me voy sin que nadie me lo haya pedido”, y un enigmático “no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España”, que parecía vaticinar el inminente golpe de Estado. 

El 23 de febrero, mientras el Congreso votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente, tres centenares de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero Molina asaltaron el Congreso de los Diputados y secuestraron a los representantes de la soberanía popular. Al mismo tiempo, el general Jaime Milans del Bosch, capitán general de la III Región Militar, sacaba los tanques a la calle, tomaba Valencia y decretaba el estado de guerra. Los dos rebeldes estaban convencidos de que su acción provocaría una adhesión en cadena de las regiones militares, pero no se produjo. 

A esas alturas, el problema para los golpistas ya no era Adolfo Suárez, como decían quienes conspiraron durante años contra él, sino la propia democracia.

Alberto Rodríguez es uno de los cineastas que más y mejor ha mirado a las cloacas de España. Lo hizo en La isla mínima, donde un crimen en las marismas del Guadalquivir servía como metáfora de una Transición que consistió en mirar hacia adelante sin cuestionar nada. También lo hizo en El hombre de las mil caras, retrato del ex espía Paesa que avanzaba en el tiempo hasta el gobierno del PSOE para mostrar lo que ocurría entre bambalinas mientras todo parecía avanzar.

Estaba claro que, si alguien se atrevía a adaptar un libro tan inadaptable como Anatomía de un instante, la reconstrucción de Javier Cercas del golpe de Estado de Tejero el 23 de febrero de 1981, debía ser él. De la mano de su inseparable Rafael Cobos en el guion, y ayudados de Fran Araújo, han convertido aquel poliédrico libro en una miniserie de cuatro episodios que ya se puede ver en Movistar Plus+.

Una serie imprescindible donde miran a ese momento en el que nuestra historia pudo cambiar, y especialmente a aquellos personajes que se resistieron sin tirarse al suelo mientras Tejero disparaba en el Congreso. Un ejercicio de puesta en escena que el propio Alberto Rodríguez analiza en una nueva entrega de 'Anatomía de una escena'.

Los tres traidores

Alberto Rodríguez ha elegido para empezar las tres escenas que abren los tres primeros episodios de Anatomía de un instante. Cree que ahí se refleja muy bien varias de las intenciones de la serie, y también introduce a “los tres traidores”. Las personas que no se tiraron al suelo, y que para los miembros de sus partidos y sus instituciones habían traicionado todos sus principios. Ellos son Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Manuel Gutiérrez Mellado.

La idea era que la serie tomara el punto de vista de cada uno de ellos, y a la vez que se convirtieran en puntos de vista “inusitados e inéditos” sobre el golpe. Por eso Rodríguez cree que “no solo introducen los capítulos, sino que ponen el golpe en primera persona”. Para él, las imágenes originales son insuperables. Considera, de alguna forma, aquel suceso, como el asesinato de Kennedy para los españoles, y sabía que recrear ese momento era clave.

Para ello, ensayaron en una nave “unas 100 o 150 veces” para llegar al momento clave, los tres días que les permitieron rodar en el Congreso de los Diputados. Tres jornadas donde se usaron tres unidades a la vez, donde se decoró todo para que pareciera del 81, y donde solo había una norma: si había un pleno de emergencia, había que desmantelar todo en solo tres horas.

Un encuentro entre cigarrillos

El segundo momento elegido por el director pertenece al segundo episodio, y es el encuentro entre Adolfo Suárez y Santiago Carrillo en la clandestinidad. De esta escena destaca el uso de la voz en off, clave en toda la serie, pero fundamental en momentos como este, donde la voz de Raúl Arévalo aporta un punto de “ironía” que Rodríguez usa para “desmontar momentos históricos que son como piedras de molino”.

Es uno de sus momentos favoritos de toda la serie. Un momento que ocupaba en torno a las siete páginas de guion y que le planteó el dilema de cómo rodarlo para que no se hiciera monótono. Al final, la decisión que tenía más sentido era que los actores estuvieran sentados, porque “el capítulo gira en torno a la palabra y cómo la política se hace con la palabra”. Una conversación donde compartir un cigarrillo se convierte en algo crucial y donde se puede observar el increíble casting que han conformado Eva Leira y Yolanda Serrano. Algunas opciones Rodríguez las tenía claras, pero la de Álvaro Morte no. Ahora, no puede pensar en otro Adolfo Suárez.

Auge y caída de Suárez

Cada episodio tiene el punto de vista de uno de esos traidores. El tercero es el que hace referencia a Manuel Gutiérrez Mellado, al que interpreta Manolo Solo, amigo de Alberto Rodríguez desde jóvenes. Sin embargo, hay un momento en este episodio, que dirige Paco Baños, en el que de una forma “brillantísima” cuenta en un instante el momento de más esplendor de Adolfo Suárez y su caída a los infiernos.

Con un baile rodado en plano secuencia y la voz en off se explica todo lo que había logrado. De repente una bomba. Un estallido que da paso a un montaje muy picado de numerosos atentados terroristas. Los que ocurrieron en aquellos años y que convirtieron a Gutiérrez Mellado en el militar más odiado. Una escena que planteó a su creador un dilema moral, usar o no material de archivo para estas escenas, algo que descartó porque le parecía “ilícito e incoherente”.

Un juicio de pantomima

Mientras que del golpe de Estado hay un documento televisado que sirve de referencia. Del juicio del golpe no hay ni una imagen. No se permitieron fotos. Para recrearlo, el equipo de Anatomía de un instante recurrió a las crónicas periodísticas, donde se podían leer las “barbaridades” que se oyen en este episodio.

Un juicio que muchos consideraron “una pantomima” y cuyas sentencias tuvieron que ser modificadas por el Tribunal Supremo por ser “ínfimas”. Es el centro de este episodio, que también cuenta con una cena que parece sacada de El Padrino donde los militares se juntan ante una mesa y acaban gritando: 'España'. “Una palabra que se ha tergiversado y que cuesta trabajo decirla porque te significas depende de donde la digas”, como recuerda Alberto Rodríguez.

Con esta escena también aprovecha para resumir la intención de su serie, que cree que habla sobre “lo frágil que son nuestras libertades”, y para ello lo hace usando un estilo diferente para cada episodio: “El primero es más pop; el segundo una película de espías sobre la palabra; el tercero sobre la violencia y lo serio que era este juego; y el cuarto un episodio seco con una puesta en escena mínima”.

Coincidiendo con la conmemoración de los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco se ha estrenado la serie ‘Anatomía de un instante’ en la plataforma Movistar plus, una ficción que revisita a través del golpe de estado del 23 F algunos de los momentos más relevantes del período de la transición en España.

Dirigida por Alberto Rodríguez (‘La isla mínima’, ‘Modelo 77’), adapta la novela de Javier Cercas del mismo nombre, con una estructura de cuatro capítulos, cada uno de ellos centrado en un personaje clave en este momento de la historia reciente española como son Santiago Carrillo o el general Gutiérrez Mellado.

El primer capítulo de ‘Anatomía de un instante’ se centra en Adolfo Suárez, quien había sido presidente del gobierno hasta su dimisión en ese enero y cuyo relevo, Leopoldo Calvo-Sotelo, estaba siendo investido ese mismo 23 de febrero en el que tuvo lugar el fallido golpe de estado de Tejero. En ese primer capítulo ya se aprecia uno de los detalles más comentados de la serie, lo desconocido que queda el actor que lo interpreta y al que pocos relacionan a simple vista.

La transformación física de Álvaro Morte para ser irreconocible como Adolfo Suárez

A pesar de ser uno de los actores españoles más conocidos después del éxito mundial de ‘La casa de Papel’ en Netflix, donde dio vida al llamado ‘Profesor’, pocos reconocen a simple vista a Álvaro Morte como Adolfo Suárez en ‘Anatomía de un instante’, siendo muy llamativa la transformación que ha llevado para meterse en la piel del que fuera presidente del gobierno.

Un papel, el de dar vida a Adolfo Suárez en el momento del 23F, para el que parecía predestinado al haber nacido precisamente un 23 de febrero, aunque del año 1975, es decir cumplía seis años cuando se producía el fallido golpe de estado. Pero antes de meterse en la piel del expresidente, investigó y se documentó sobre su figura.

Para que Álvaro Morte se haya convertido en Adolfo Suárez en ‘Anatomía de un instante’ han sido claves tanto las directoras de casting, Eva Leira y Yolanda Serrano, como el diseñador de vestuario Fernando García, que ha sido el responsable de que sea creíble los personajes que se ven en pantalla, con el objetivo claro no de imitarlos, sino de captar su esencia.

Así, con esta premisa es con la que Morte asegura ha trabajado, según varias entrevistas que ha concedido a diferentes medios de comunicación: “Intenté analizar su forma de andar, de reírse, de hablar, de mirar, para luego destilarlo y no hacer una imitación, que me parece algo bastante burdo, porque además podía rozar lo ‘caricaturesco’ y es lo peor que le podría ocurrir a esta serie. Para mí la clave fue analizarlo como un vendedor de neveras, que sabía convencer y conseguir lo que quería”, declaraba a Infobae España.

A pesar de ello, es notable su transformación física al cambiar su voz, llevar una prótesis nasal, así como la gesticulación con la que se acerca a la figura de Adolfo Suárez para captar el carisma que tenía este. Uno de los detalles, sin embargo, que más han llamado la atención ha sido la ayuda del imitador Carlos Latre, que ha confirmado el propio actor, tras sugerencia de Eduard Fernández, al tener algunas sesiones para trabajar en hacer una pronunciación similar a la del expresidente.

Adolfo Suárez tiene una cita fundamental en su agenda solo tres meses después de ser elegido presidente del Gobierno. La idea ha partido de Torcuato Fernández Miranda, el arquitecto del suicidio de las Cortes franquistas y del nombramiento del propio Suárez, y cuenta con el total apoyo del rey Juan Carlos. Debe convencer a ese paquidermo medio dormido pero peligroso que son las Fuerzas Armadas de las bondades de la Ley para la Reforma Política que tiene que aprobarse en referéndum en diciembre. Veintinueve coches negros con capitanes generales, tenientes generales y otros jefes militares llegan el 8 de septiembre a la sede de Presidencia del Gobierno, entonces situada en el Paseo de la Castellana. Les espera un político tan seguro de sí mismo que cree que puede convencer de todo a todo el mundo. 

Carismático, embaucador y hasta mentiroso si la ocasión lo exige, no hay interlocutor que se le resista. “Suárez les ofreció un show de simpatía, imaginación, talento y compañerismo”, escribe Gregorio Morán en su biografía del presidente. Se adelanta a sus inquietudes y se muestra inflexible en los principios. Les dice a los generales, todos franquistas de larga trayectoria, lo que quieren escuchar. El sistema político debe cambiar y se legalizará a todos los partidos políticos, pero no hay nada que temer. No hay peligro de que la izquierda gane las elecciones. Lo más importante para su audiencia: entre los concurrentes, no estará el PCE. No será legalizado. “Por razones que ustedes entenderán muy bien, eso no podemos hacerlo. Por nuestros muertos y por patriotismo”, les dice.

La referencia a “nuestros muertos” debe de tranquilizar a los militares. Es una forma de decirles que él es uno de los suyos. Que no ha olvidado la Guerra Civil y el franquismo.

En esos primeros meses, Adolfo Suárez ejecuta los pasos que han diseñado entre Juan Carlos I y Fernández Miranda. Muy pronto, eso cambiará. El rey aspira a que el presidente no se desvíe del camino marcado y, especialmente, a que no haga nada que enturbie las relaciones con los militares. 

Se había acostumbrado como príncipe durante décadas de franquismo a tener la boca callada y era consciente de que los dirigentes de la dictadura nunca se habían fiado de él. “Durante 20 años tuve que hacer el idiota, lo que no es fácil”, es la frase que se le atribuye en una conversación con Santiago Carrillo. Sea cierta o no, resume bastante bien su situación. Juan Carlos I no da su primer golpe de autoridad hasta que acepta la dimisión de Arias Navarro en julio de 1976, ante la sorpresa de ese mediocre servidor del régimen. La alternativa que ofrece es Suárez, un hombre de su generación, para que presida un Gobierno que asuma el desgaste de tomar las decisiones políticas. Está bastante convencido de cómo debe ser el final del proceso, pero no tanto de los pasos intermedios. Prima en él la cautela y el deseo de no cometer errores.

Una audacia a la altura de su ambición

Suárez es muy diferente. La audacia es el rasgo que le mueve, solo a la altura de su ambición. Otros dirán que es temeridad. No han pasado más que dos semanas tras la reunión con la cúpula militar y recibe al vicepresidente de su Gobierno, el general Fernando de Santiago, que está furioso por las negociaciones con los sindicatos con la vista puesta en su futura legalización. La reunión acaba en bronca y De Santiago dimite. Eso no estaba en los planes de Juan Carlos y Torcuato, obsesionados con no dar motivos de queja a los ultras en el generalato. Suárez no tolera lo que considera que es una insubordinación de De Santiago, cuya presencia en el Gobierno había sido una herencia del Gobierno de Arias. Es una señal de que empieza a volar solo y es el momento de su primer choque con el general Alfonso Armada, secretario personal del rey. No será el último.

La gran ironía de la Transición es que Suárez fue elegido por el rey Juan Carlos y Fernández Miranda tanto por su lealtad como por su condición de alumno aventajado al que se podría guiar en cada momento en un camino repleto de trampas. Con la victoria rotunda en el referéndum de diciembre de 1976, el elegido se convence de que el mérito es sobre todo suyo. El político servil en el franquismo, que nunca se quedaba corto al halagar a cualquier persona con poder y que estuvo a punto de ser borrado de la historia en varias ocasiones, es ahora una persona diferente. 

A partir de entonces el presidente Suárez ya no obedece órdenes. Él es quien toma las riendas cuando el país queda a unos pasos del precipicio, en la semana de violencia de enero de 1977 que culmina con el asesinato de los abogados de Atocha por la extrema derecha. Él es quien decide cuándo empezar a negociar con Santiago Carrillo y cuándo se legaliza a los comunistas. Antes, no estaba muy a favor, pero termina convenciéndose de que la democracia no será creíble si no están todos los partidos sin excepción en la primera campaña electoral. Una vez más, toma una decisión contra el criterio del rey, que prefiere ir más despacio.

Manuel Prado y Colón de Carvajal, amigo de Juan Carlos y su emisario personal, había celebrado en 1975 y 1976 varias reuniones con el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger. Le informa en diciembre de 1976 de que el rey no tiene previsto permitir que los comunistas se unan abiertamente al proceso político tan pronto a causa de la posible reacción violenta del Ejército. Kissinger le responde que la legalización del Partido Comunista es un asunto interno español, aunque también le da su opinión personal: “Dejen que el sistema se estabilice por sí mismo. No creo que necesiten al partido comunista para eso. Si yo fuera el rey, no lo haría. Mostraría su fortaleza no haciéndolo. Tendréis un espectro de oposición política y una opinión pública completamente normal sin él. Puede que la izquierda grite, pero gritará de todas formas”.  

Libertad sin ira

La canción de Jarcha protagonizó el lanzamiento de Diario16 en octubre de 1976. Aunque estuvo prohibida, todos la cantaron y su difusión fue imparable. Esta portada de noviembre del 76 sella el compromiso del periódico con la democracia y refleja el sentimiento de todo un país.

Suárez hace efectiva su decisión de legalizar al PCE en abril de 1977. “Llama al Consejo Superior del Ejército y prepáralos para la legalización”, le ha dicho el rey cuando ve que no hay vuelta atrás. Suárez ignora el consejo. Por un lado, no quiere implicar a la monarquía en una decisión muy polémica. De todas formas, no dejará que sean Juan Carlos y el general Armada los que limiten su capacidad de decisión por el miedo a un golpe militar.

Al día siguiente de la legalización, Suárez se reúne en Zarzuela con el rey, Armada y el marqués de Mondéjar, el principal consejero de Juan Carlos desde 1964. Es el escenario de otro duro enfrentamiento entre el presidente y el general. “Airadamente, Armada pone de manifiesto que considera la decisión un serio error”, escribe Alfonso Pinilla, autor de ‘La legalización del PCE. La historia no contada’ (Alianza). “Suárez, sin ambages, le contesta que no está dispuesto a que se cuestione su autoridad y que la legalización del PCE es estrictamente necesaria para legitimar la reforma hacia la democracia”. El rey calla en la mayor parte de la reunión. Sabe que no puede desautorizar por completo a Suárez a pocos meses de las inminentes elecciones generales. Es tarde para cambiar de caballo. 

“La historia os pasará factura. Habéis retrocedido cuarenta años la historia de España”, dice Manuel Fraga al ministro Leopoldo Calvo Sotelo. En su editorial, el diario ABC se declara escandalizado porque los responsables de la Guerra Civil (se refiere a los comunistas) “se ven, del día a la mañana, en plano de igualdad con cuantos ofrecieron sus vidas a defender a España de aquello que el Partido Comunista anhelaba y a punto estuvo de conseguir: la instalación de nuestra Patria en la órbita en la que hoy giran Polonia y Hungría, Checoslovaquia y Bulgaria, los países de detrás del telón de acero, en fin”. Con tal nivel de paranoia, no es extraño que se extienda en la derecha la idea de que Suárez es un funesto caballo de Troya.

Adolfo Suárez ya está decidido a mantenerse en el poder con la creación de lo que se llamará “el partido del presidente”. Los exministros del franquismo se agrupan bajo Fraga en lo que será Alianza Popular. Puede que Juan Carlos y Torcuato pensaran al principio que él iba a ser una figura de transición que se quemaría en el puesto para que fuera otro el que liderara a las fuerzas liberales y conservadoras. Con el poder en la mano y el control de TVE y otros medios públicos, Suárez piensa que no puede perder. Todos los que aceptan su liderazgo se unen a UCD, cuya ideología se resume en esa vacua expresión que es el “centro democrático” que luego se utilizará tantas veces en la política española. Democristianos, liberales y hasta algunos que dicen ser socialdemócratas se unen a UCD en una ensalada ideológica condicionada por la personalidad de su presidente. A fin de cuentas, Suárez le había dicho antes a su vicepresidente Alfonso Osorio que “en el fondo soy un democristiano”. De la misma forma que antes había comentado a otra persona que “yo siempre he sido un socialdemócrata”. Suárez era todo lo que querías que fuera y si tenías alguna duda él te cautivaba con su sonrisa. 

Con la legitimidad que dan las urnas, ya no tiene que escuchar a Juan Carlos más allá de lo imprescindible. Le exige que prescinda de Armada, que se ve obligado a abandonar Zarzuela. Estamos aún dentro de lo que se conoce comúnmente como la Transición, pero solo hay una persona al frente de la empresa. Fernández Miranda es historia desde hace tiempo. El rey se queda con un papel secundario, excepto en las relaciones con el Ejército. Las notas personales del teniente general Emilio Alonso Manglano –reveladas en el libro ‘El jefe de los espías’, de Juan Fernández-Miranda y Javier Chicote– confirman el distanciamiento. “A medida que ganaba elecciones (en 1977 y 1979), me hacía menos caso”, contó después el rey al director del Cesid. En el plano personal, el presidente no se corta. “Llegaba siempre tarde” a sus reuniones en Zarzuela, le dijo Juan Carlos.

“Evitar el caos”

Los años 1979 y 1980 son terribles por la crisis económica y el terrorismo. La victoria electoral de 1979 supone un alivio para Suárez que en seguida queda amortizado. Importantes sectores del poder político y económico (con la CEOE de Carlos Ferrer Salat a la cabeza), por no hablar del militar, creen que la solución ya no pasa por las urnas. Son los tiempos del “golpe de timón” o la “Operación De Gaulle”, y el momento en que las miradas se dirigen hacia la Zarzuela. El rey deja hacer a los que dicen hablar en su nombre.

En público, Juan Carlos se mantiene en una posición discreta. No siempre. En su discurso de la Pascua Militar de 1979 intenta marcar límites, por mucho que Suárez le escuche cada vez menos. Elogia las reformas puestas en marcha en las FFAA por el general Gutiérrez Mellado, pero no tarda en mostrar que está muy lejos del estilo arrojado que es habitual en Suárez: “Pero sin prisa, sin excesos ni precipitaciones, con el ánimo de eludir cuantos perjuicios sea posible. Y sin abordar más reformas que las oportunas”.

Los conspiradores pronto cuentan con los buenos oficios de Luis María Anson, que convierte el comedor de la agencia EFE en la antena que lanza el mensaje que cierta derecha quiere escuchar: hay que sustituir a Suárez por una personalidad no partidista que meta en vereda a los terroristas, a los nacionalistas y a la clase trabajadora. Cuentan con el apoyo de la élite económica y la patronal. El único que puede “evitar el caos” es el rey, dice el periodista monárquico más significado. Y desde el principio todos piensan que quien debe terminar de convencerle es el Ejército.

En el libro 23-F. La verdad (Plaza & Janés), de Francisco Medina, el teniente general José Ramón Pardo de Santayana confirma al autor que en julio de 1980 el secretario general de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, le explica el estado real de la relación entre ambos. “Habíamos hablado muchas veces de que el rey estaba muy amigado con Suárez, y eso no nos gustaba a ninguno de los dos, y Sabino me dijo: ‘José Ramón, al rey se le ha caído la venda de los ojos. Sí, sí, ya se ha dado cuenta de quién es Suárez’. Lo que me quería decir es que don Juan Carlos estaba pensando en que Suárez ya no fuese... Me dijo más: ‘Y la solución es formar un Gobierno de concentración nacional’. 

Fernández Campo le pregunta quién puede ser el presidente. Pardo prefiere no mojarse, algo que no se puede decir de su interlocutor, que lo tiene claro: “Tiene que ser un militar”, dice primero, y de inmediato da el nombre de Armada. Pardo da su aprobación: “Tienes razón. Ese sí, porque es una persona que sabe de política, lo ha hecho bien al lado del rey”. Fernández Campo le pone al día: “Eso está hablado, incluso los socialistas están de acuerdo... y eso se va a hacer”. 

Es el momento de la ‘Solución Armada’, que el rey conoce y que, a diferencia de otros movimientos anteriores, no hace nada por impedir. Se intenta montar desde un muy discutible respeto a la legalidad democrática y partiendo de la base de que tendrá la connivencia del rey. Sus promotores se ocupan de que algunos medios de comunicación metan miedo y hagan ver que es la única alternativa si lo que se quiere evitar es una insurrección militar.

Toda esa conspiración a la que se intenta dar una pátina legal, si se convence al sector crítico de UCD para que pacte con el PSOE un Gobierno de unidad nacional, se viene abajo con la dimisión de Suárez y la candidatura de Calvo Sotelo como su sucesor. El presidente no explica las razones de su dimisión, aunque deja una frase que trasluce lo que puede ocurrir si se mantiene en el puesto: “No quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España”. 

Los militares que han preparado su propia conspiración lanzan el golpe del 23F con el asalto al Congreso. A partir de ese instante y con los ministros y diputados encañonados, la ‘Solución Armada’ es inviable, aunque el general siga intentándolo esa misma noche. 

Los papeles de Manglano dejan un último apunte sobre el gran interés de Juan Carlos I por deshacerse de Adolfo Suárez. A medio camino entre el soborno y la recompensa por los servicios prestados, el monarca le promete una gran cantidad de dinero para convencerle de la retirada. “Le ofreció un millón de dólares a Suárez para cuando dejara de ser PG (presidente del Gobierno). No lo sabe nadie”, escribió Manglano en sus notas. Habían recorrido un largo camino juntos desde que el Suárez, que dirigió RTVE entre 1969 y 1973, se ocupaba de proteger la imagen del entonces príncipe. Con un cheque y un ducado, esa larga amistad y colaboración política tocaba a su fin. 

José Castro Aragón (Còrdova, 1945) porta tatuada a la seva biografia l'etiqueta de“jutge del cas Nóos”, la causa que va posar en escac la monarquia i que, per primera vegada, va asseure a la banqueta un fill de la família real, la infanta Cristina, una fita sense precedents en la història judicial espanyola. Al capdavant del Jutjat d'Instrucció número 3 de Palma, es va convertir, a més, en assot de l'expresident del Govern balear Jaume Matas (PP), es va endinsar de ple als secrets del finançament irregular del partit i va tenir davant seu investigats com l'arquitecte Santiago Calatrava, autor de l'avantprojecte d'una òpera pel qual l'Executiu autonòmic va pagar 1,2 milions d'euros. Aquella construcció mai no va veure la llum.

Afable i trempat en el tracte, Castro, Pepe per als amics i coneguts, assegura que hauria investigat el rei Joan Carles si no existís l'article 56.3 de la Constitució, que blinda la inviolabilitat del cap de l'Estat. Ara, el grup de jutges i juristes amb què treballa reclama cada any al Govern d'Espanya que insti el rei a renunciar a aquest privilegi, “però ni punyeter cas”, assenyala. Retirat de la judicatura, acaba de publicar El caso Nóos. Toda la verdad del proceso que conmocionó España, contada por su juez protagonista (Roca Editorial), on repassa la instrucció d'un procediment que va marcar un abans i un després en la percepció ciutadana de la Justícia i la monarquia.

En una entrevista concedida a elDiario.es a la seu de la delegació balear d'aquest diari, sosté que “la Justícia mima més el poderós que el desvalgut”, encara que el que més el preocupa és l'arbitrarietat legal, protegida per la mateixa llei, com la doctrina Botín. Es mostra severament crític amb l'encausament de Begoña Gómez –“el que haurà fet la senyora Gómez d'encarregar el seu assistent personal a través d'uns correus electrònics podrà ser correcte o no, però no es pot elevar a la categoria de delicte”– i amb el processament del Fiscal General de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per la suposada filtració d'un correu de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso -“condemnar això em semblaria absurd”-, mentre recrimina el retrocés democràtic que pateix el país: “Tenim joventuts amb uns valors tan feixistes, retrògrads i absurds al món en què vivim...”.

Parla sense embuts, a més, de la politització de la Justícia: “El Consell General del Poder Judicial és un òrgan de control que per als altres poders és indesitjable. Indesitjable perquè controla i els altres poders no volen ser controlats”.

Què us ha portat a publicar un llibre sobre el cas Nóos? Què aporta que no s'hagi explicat fins ara?

Bé, he de dir que jo no vaig tenir mai intenció d'escriure un llibre sobre el cas Nóos, com tampoc ho he escrit sobre el cas Calvià [per un intent de suborn per part del PP a un regidor socialista perquè recolzés una moció de censura contra la llavors alcaldessa, Margarita Nájera] o sobre la adjudicació de l'hospital Son Espases. No, no tenia aquesta intenció, però una editorial es va interessar pel tema. M'ho vaig pensar durant un temps. Entenia que si no ho escrivia jo, ho escriurien altres persones des d'òptiques molt diferents de la meva. Realment aquest llibre el podria haver escrit vostè, que en va fer el seguiment, el fiscal Pedro Horrach o qualsevol lletrat que intervingués en la causa. Al final em vaig decidir a escriure'l. És una obra sobre un procés judicial, i per això no em puc inventar un judici diferent. Relato el que va passar des de la meva òptica, però sense apartar-me del que és el sumari. Pel que fa al que diu el llibre que no se sabés... Hi ha una mica de trastienda sobre la causa, com la part més nova en què, per fer-lo més digerible, sotmeto a un diàleg determinats passatges. És un diàleg purament imaginat i potser no gaire diferent del que hauria pogut ser. Cada lector ho anirà descobrint.

La dedicatòria del llibre diu: “Als que no es van atrevir a fer el que devien per por a la repercussió de les seves pròpies decisions, perquè recapacitin fins on la seva consciència els ho permeti”. A qui es refereix?

Va dirigit a terceres persones, entre les quals m'hi incloc. Realment aquesta dedicatòria no és més que una recomanació als qui llegeixin el llibre i als qui van intervenir en aquest cas perquè reflexionin sobre si van fer el que havien de fer.

Si Joan Carles I no hagués gaudit del privilegi de la inviolabilitat –de què continua gaudint Felip VI–, fins on hauria arribat la instrucció?

Mai no se sap fins on pot arribar una instrucció. Se sap com comença, però mai no se sap com pot acabar. El que sí que és cert és que una de les línies de recerca que hauria pogut desenvolupar és el paper que va tenir el rei Joan Carles si l'article 56.3 de la Constitució, que blinda la seva inviolabilitat, no existís. Aquest article impedia iniciar la menor investigació sobre el llavors rei. Que pensés d'una manera o d'una altra, que abrigés els meus dubtes sobre la intervenció que aquest senyor va tenir en el cas, no conduïa a res. No sé fins on hagués pogut arribar, però que ho vaig abrigar en un moment sí que és cert.

Mai se sap fins a on pot arribar una instrucció. Se sap com comença, però mai com pot acabar. El que sí que és cert és que una de les línies de recerca que hauria pogut desenvolupar és el paper que va tenir el rei Joan Carles si l'article 56.3 de la Constitució, el que blinda la seva inviolabilitat, no existís. No sé fins a on hauria pogut arribar, però que ho vaig abrigar en un moment donat sí que és cert

José Castro — Exjutge juez del cas Nóos

Aleshores, es pot induir de la seva resposta que comptava amb indicis suficients per imputar el rei emèrit, però l'article 56.3 ho impedia?

Si no eren indicis, sí que eren objectius clars, però no es va desenvolupar cap investigació. A priori jo podia tenir una línia de recerca que s'alineava amb la causa, però la vaig menysprear perquè, atesa l'existència d'aquest article, no tenia sentit ni conduïa enlloc.

Precisament, un grup de jutges, juristes i altres professionals de Balears, entre els que vostè es troba, han reclamat al Govern d'Espanya instar el rei Felip VI a que, en algun dels seus discursos de Nadal, anunciï la seva renúncia a la inviolabilitat...

Cada any enviem un escrit al president del Govern [central], però ni punyeter cas. I en aquest escrit li diem: “Recomani a sa Majestat el Rei que aprofiti el discurs de Nadal per renunciar”. Ja sabem que el que renunciï no significa que el precepte s'elimini, però almenys el Tribunal Constitucional es podrà sentir més tranquil concordant que la interpretació més lògica no és la que se li ha donat. Aquesta interpretació és que és inviolable pels actes propis de la seva funció com a rei, que és allò que diu la pròpia Constitució.

Cada any enviem un escrit al president del Govern, però ni punyeter cas. I en aquest escrit li diem: 'Recomani a la seva Majestat el Rei que aprofiti el discurs de Nadal per a renunciar a la inviolabilitat'

José Castro — Jutge del cas Nóos

No si comet altres fets delictius fora d'aquestes funcions...

És que no té cap sentit.

Tornant al cas Nóos, fa uns diez va comentar que les causes amb aforat eren com “trepitjar una mina antipersona”. Vostè va enviar una exposició raonada al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) perquè Francisco Camps i Rita Barberá fossin imputats en el cas Nóos. El TSJCV ho va rebutjar. També va quedar fora del cas l'exconseller valencià i exvicesecretari general del PP Esteban González Pons tot i que va afavorir amb la seva firma uns Jocs europeus que mai no van arribar a celebrar-se. Al final, la branca valenciana del cas Nóos va quedar pràcticament en foc d'encenalls en comparació de la branca balear. A què ho atribueix?

Jo vaig oferir al tribunal sentenciador tot l'elenc de persones que podien haver contret algun tipus de responsabilitat i entre elles hi havia la trama valenciana, que no diferia gaire de la que després es va desenvolupar aquí a les Balears. El tribunal, que és amo i senyor per valorar les proves que s'obtinguin al plenari, va optar per relativitzar tots els indicis amb què es comptaven i els va absoldre. No hi tinc res a dir. No és la primera vegada que un tribunal sentenciador no acull els plantejaments d'un jutge instructor i, bé, el que volem és que els nostres plantejaments siguin acollits. Però si no ho són, hi estem acostumats.

Jo li vaig oferir al tribunal sentenciador tot l'elenc de persones que podien haver contret algun tipus de responsabilitat i entre elles estava la trama valenciana [del cas Nóos]. El tribunal, que és amo i senyor per a valorar les proves que s'obtinguin en el plenari, va optar per relativitzar tots els indicis amb els quals es comptaven i els va absoldre

José Castro — Exjutge del cas Nóos

Van influir interessos polítics en el fet que el TSJCV no assumís les competències per investigar aquesta part del cas Nóos?

Jo he de pensar bé del tribunal. No tinc cap altra alternativa...

A la interlocutòria amb què, el març del 2010, va imposar l'expresident del Govern balear Jaume Matas una fiança de tres milions d'euros, la més alta decretada fins aleshores per a un polític a Espanya, va assenyalar que l'exlíder del PP va venir “a burlar-se dels simples mortals” segons les justificacions que va oferir al seu dia al voltant del sobrecost d'un dels seus grans projectes, el velòdrom Palma Arena, i el descomunal increment del seu patrimoni. Creu que continua burlant-se després de lliurar-se de possibles condemnes per enriquiment il·lícit o per blanquejar diners amb l'adquisició del seu palauet de Palma?

Sempre que algú a qui el poble ha encimbellat d'alguna manera, si no compleix el seu deure de procurar el benestar dels ciutadans, se n'està rient.

Es va enriquir il·lícitament Matas?

No rastregem tot el que es podia rastrejar. Comptes corrents, comprovar si hi havia caixes fortes... No ja a nom d'ell, sinó de testaferros. Degueren cuidar-se molt. O potser no hi havia res... No es va trobar absolutament res. Però les obres del palauet del carrer Feliu, aquestes es van sufragar amb diners opacs al fisc [nombrosos proveïdors que van declarar com a testimonis van manifestar que Matas els va arribar a abonar més de 300.000 euros en efectiu pels treballs que van dur a terme]. I on estaven residenciats aquests fons? Jo vaig enviar als Estats Units una comissió rogatòria, però la veritat és que no em van fer gaire cas. Deu haver-hi algun lloc on estan atapeïts aquests diners.

Les obres del palauet [de Jaume Matas], aquestes es van sufragar amb diners opacs al fisc. I on estaven residenciats aquests fons? Jo vaig enviar als Estats Units una comissió rogatòria, però la veritat és que no em van fer massa cas. Ha d'haver-hi algun lloc on estigui aquests diners

José Castro — Exjutge del cas Palma Arena

A la recent presentació del seu llibre va comentar que, durant la segona legislatura de Matas (2003–2007), cada adjudicatari “havia de passar per caixa”, és a dir, pagar un suborn per cada concessió. Una de les causes derivades d'aquella època va ser el cas Son Espades, en el sumari del qual van aflorar noms com els de Juan Miguel Villar Mir i Florentino Pérez per presumptes favors al PP a canvi de ser-los adjudicades les obres de l'hospital. Va arribar a apuntar, fins i tot, que aquests suposats suborns es van destinar als treballs de reforma de la seu nacional del PP. A la interlocutòria amb què va arxivar aquesta línia de recerca va admetre no haver pogut demostrar aquests pagaments, però va lliscar que “no seria desgavellat sospitar que diners obtinguts en ocasió d'aquest concurs fossin la font d'alimentació de la caixa B del PP”. Què li va impedir acreditar-ho?

Quan un es troba davant d'un mur que ja no pot travessar, cal reconèixer-ho. Això vol dir que l'instructor ha de renunciar a la seva línia de recerca, als seus plantejaments del que realment va passar? No. I fixeu-vos fins a quin punt que el cunyat del senyor Matas, Fernando Areal Montesinos [extresorer del PP balear], qui davant meu es va mostrar virulent en dir-me que jo la tenia presa amb ell i que ja el tenia condemnat a priori, en una altra causa va arribar a un pacte amb la Fiscalia i va reconèixer que el partit manejava diners negres [amb els qual es van sufragar les campanyes municipals i autonòmiques de 2007]. Si, com ell va confessar, hi havia diners negres, una caixa B, que algú em digui d'on es nodreix, d'on s'alimenta aquesta caixa. No es va poder demostrar d'on sortien aquests diners, però, si tu t'estàs relacionant amb persones que adjudiquen contractes milionaris, no és difícil imaginar-ho.

Si, com va confessar Fernando Areal [extesorero del PP balear i cunyat de Matas], hi havia diners negres, una caixa B en el partit, que algú em digui d'on es nodreix, d'on s'alimenta aquesta caixa. No es va poder demostrar d'on sortia aquests diners, però, si tu t'estàs relacionant amb persones que adjudiquen contractes milionaris, no és difícil imaginar-lo

José Castro — Exjutge del cas Palma Arena

En el cas de la reforma de la seu balear del PP, l'exregidor Javier Rodrigo de Santos ha assegurat que les obres havien estat sufragades en part per l'empresari Antonio Pinal, qui li hauria confessat que havia “ajudat” en el finançament dels treballs a canvi de ser-li adjudicat el desenvolupament d'un projecte urbanístic a les casernes de Son Busquets, a Palma. L'extresorer del PP Luis Bárcenas també va al·ludir a les suposades 'aportacions' d'aquest empresari, a qui es va referir com a un “donant generós”amb el PP. Alguns adjudicataris van confessar també pagaments en negre. De nou, vostè va arxivar la causa a contracor després que així ho demanés la Fiscalia Anticorrupció i l'Advocacia de la Comunitat Autònoma s'apartés del procediment. En la seva interlocutòria de sobreseïment, tot i això, va insinuar que els que haguessin finançat les obres “ja s'afanyarien per fer els lliuraments de manera que no deixessin rastre”.

Efectivament, em vaig fer ressò que el senyor Pinal buscaria la manera de no deixar rastre. I no és que jo li estigui imputant una cosa inexistent. És que si circulen diners negres [com havia confessat Areal] ja es cuidarien els que exerceixen aquesta circulació que no quedés rastre. Això és una manera habitual i normal en l'ésser humà, sobretot si tria el camí de la corrupció. També el cas Son Dureta [en què es va investigar el desviament de fons públics a través de la gestió d'aquest hospital i la implantació de marcapassos a pacients morts] es va haver d'arxivar perquè ningú va col·laborar. No vam aconseguir indicis clars malgrat que allò era un autèntic desastre, com la custòdia de les pròtesis: algunes, molt cares, es perdien i ningú sabia on anaven. I és clar, jo ho vaig arxivar perquè no tenia indicis. Però ningú no em pot privar del dret a fer constar que ho arxivo perquè no tinc més remei.

Creu que la justícia espanyola protegeix els poderosos?

L'espanyola, la francesa, la nord-americana, tota la justícia del món mima més el poderós que al desvalgut. Això és clar. De fet, no ho podem evitar: el desvalgut té el seu advocat del torn d'ofici. Són dolents els del torn d'ofici? No. Però qualsevol persona acabalada contracta el seu propi advocat, com el cas de la infanta Cristina, que crec que en tenia tres. Naturalment, a tres ments se li acudeixen més recursos. Se'ls il·lumina la ment a tres més que a un. O almenys hi ha més possibilitats que això sigui així. Aquest tipus d'injustícia no es pot evitar, però el que sí que es pot evitar és l'arbitrarietat legal que està protegida per la mateixa llei. Es poden evitar els aforats, es poden evitar línies jurisprudencials com la doctrina Botín: que es pretengués privar de legitimitat l'acusació popular perquè acusava el senyor Botín [president del Banc de Santander]. El Tribunal Suprem va elaborar una línia jurisprudencial que tirava per terra tota la que havia seguit fins aleshores, que deia que l'acusació popular té les mateixes atribucions i les mateixes competències que l'acusació pública. Aquesta arbitrarietat és la que s'hauria d'evitar, no pas que hi hagi rics i pobres. Podem repartir millor la riquesa, però sempre hi haurà rics i pobres. Això no ho podem canviar.

La Justícia espanyola, la francesa, la nord-americana, tota la justícia del món mima més al poderós que al desvalgut. Aquest tipus d'injustícia no es pot evitar, però el que sí que es pot evitar és l'arbitrarietat legal que ve protegida per la pròpia llei. Es poden evitar els aforats i es poden evitar línies jurisprudencials com ara la doctrina Botín

José Castro — Exjutge

El Fiscal General de l'Estat, Álvaro García Ortiz, s'asseurà a la banqueta per la filtració d'un correu de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, després que la Sala Penal del Tribunal Suprem confirmés el seu processament amb un dels magistrats en contra...

Jo entenc que no ho poden condemnar. Si el condemnessin, em causaria molta més sorpresa encara que el que ho hagin assegut a la banqueta, que també m'ha causat sorpresa. Ningú no pot ser condemnat per revelar un secret quan aquest secret ja ha deixat de ser-ho. Quan ja s'ha fet públic. Condemnar això em semblaria absurd. Però, cosa absurda, estan prosperant els qui així ho desitgen. Esperem que s'acabi la ratxa.

Jo entenc que no ho poden condemnar [al Fiscal General de l'Estat, Álvaro García Ortiz]. Si ho condemnessin, em causaria molta més sorpresa encara que el que ho hagin assegut en la banqueta. Ningú pot ser condemnat per revelar un secret quan aquest secret ja ha deixat de ser-ho

José Castro — Exjutge del cas Nóos

La presidenta de Madrid, Isabel Ayuso, i la seva mà dreta, Miguel Ángel Rodríguez, fa més d'un any que desacrediten els jutges i fiscals que han investigat la seva parella, Alberto González Amador, per frau fiscal. I tot això davant la passivitat de les associacions majoritàries i conservadores, d'altres jutges i fiscals i del mateix Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Què opina sobre això?

Sembla que la societat s'ha dividit, s'ha polaritzat i ara n'hi ha uns que defensen un delinqüent confés. No ho han condemnat, però ell s'ha confessat com a autor de dos delictes contra la hisenda pública. Però ara resulta que és el govern del senyor Pedro Sánchez qui ha organitzat totes les institucions públiques perquè l'Agència Tributària pugui atacar aquest senyor per ser la parella sentimental d'Ayuso. Això és ridícul, és absurd. Però és que tot allò que diu aquesta senyora té una visió alterada de la realitat que l'envolta. Té una agressivitat desaforada. I bé, hi ha persones a qui els encanta. És lamentable que la societat avui dia estigui com estigui. La veritat és que és descoratjador el que està passant.

Sembla ser que la societat s'ha dividit, s'ha polaritzat i ara hi ha uns que defensen un delinqüent confés [Alberto González Amador]. Ara resulta que és el govern del senyor Pedro Sánchez el que ha organitzat totes les institucions públiques perquè l'Agència Tributària pugui atacar a aquest senyor per ser la parella sentimental d'Ayuso. Això és ridícul, absurd

Begoña Gómez està a punt d'asseure's a la banqueta, i amb jurat popular, per suposada malversació arran de les tasques realitzades per la seva assessora per a la càtedra que dirigia a la Complutense...

El dret penal es regeix per un principi i un és el de la intervenció mínima, però sembla que a ningú se li ha acudit al·legar que el dret penal està per a fets que tinguin rellevància punitiva criminal. Cada cop que no t'agrada una cosa, cada cop que creus que algú ha actuat de manera no totalment correcta, ho pots elevar a delicte. I el que haurà fet la senyora Gómez d'encarregar al seu assistent personal, diguem-ho així, a través d'una sèrie de correus electrònics podrà ser correcte o no, podrà semblar innocu a alguns o els podrà semblar malament als altres, però no es pot elevar a la categoria de delicte. Ho he dit més d'una vegada. Si una persona, un funcionari públic, encarrega a un subordinat que vagi a comprar tabac, és clar que és incorrecte. Però organitzarem un judici amb jurat per malversació? Estem bojos. Això no té cap sentit. En el cas del Fiscal General ja sabem que s'hi asseurà. Haurà de suportar un judici. I jo espero que en el cas de la senyora Begoña Gómez això no arribi a passar. Per seny, per sentit comú, això no pot arribar a passar.

El que haurà fet la senyora Begoña Gómez podrà ser correcte o no, però no es pot elevar a la categoria de delicte. Estem bojos. No té sentit. Espero que no arribi a anar a judici. Per sensatesa, per sentit comú, això no pot arribar a ocórrer

José Castro — Exjjutge del cas Nóos

El ministre Félix Bolaños defensa que cal limitar la figura de l'acusació popular perquè en aquests moments és “una fira d'ultres amb ganes de fer publicitat”. Està instrumentalitzada aquesta figura?“

Si algú digués que es farà servir un judici per publicitar una instrucció perquè algú se'n fes publicitat, tots diríem que això és una aberració, no? Però està passant. En el meu cas van pretendre constituir-se en acusació popular un munt de persones i a la majoria li vaig denegar la personació perquè l'única cosa que volien era fer-se sentir. Igual que Hazte Oír, però fer-se oír de veritat [riu]. Volien fer publicitat a les seves pretensions, com ara l'Església Evangèlica Jesús, Amor i Llibertat. Aleshores el primer garbell l'ha de fer el jutge d'instrucció, negant la personació a aquelles preteses acusacions populars que no responguin als criteris per als quals es va instituir aquesta figura. I després cal fer un control de la intervenció d'aquestes acusacions davant de peticions que l'únic que persegueixen és el lluïment. Van arribar a demanar-me que vingués Corina... Ara, eliminar o limitar la figura de l'acusador popular mai no em pot semblar bé. Per què? Doncs perquè seria tant com dir que sense Ministeri Fiscal ja no cal fer justícia. Hi ha casos en què hi ha fundats recels. No ho estic dient jo. Ho van dir els set o vuit magistrats del Suprem quan aquest pretenia o va decidir deslegitimar Manos Limpias. Es van queixar que això conduiria a lliurar les causes completament al Ministeri Fiscal, quan hi pot haver casos en què hi hagi un legítim dubte sobre l'actuació de la mateixa Fiscalia. Aleshores, l'acusació popular està cridada a intervenir per posar remei a això. Ara, el circ que estan muntant les acusacions populars avui dia em sembla indesitjable. Però és clar, si pel fet que han muntat un circ eliminarem aquesta figura, que a més està contemplada a l'article 125 de la Constitució...

Als noranta alguns països europeus van crear òrgans encarregats de vetllar per la independència de la justícia mentre que a Espanya el CGPJ no aconsegueix consolidar-se com a garant de la independència, amb denúncies alternes de corporativisme o de politització...

L'òrgan el tenim, el CGPJ, que ni té atribucions pressupostàries sobre la justícia en general, ni pot fer una llei, ni, per descomptat, dictar la creació de nous tribunals i jutjats. El CGPJ hauria de ser en dos sentits òrgan de control –no de control jurisdiccional, sinó de control disciplinari real i autèntic dels jutges– i, d'altra banda, ser òrgan de pressió davant el Ministeri de Justícia perquè les mancances que actualment tenim s'eliminin d'una vegada, perquè la Justícia encomanada exclusivament al Ministeri de Justícia, i no em refereixo a tots cap, absolutament cap no ha fet res en favor de la Justícia ni de la seva celeritat. I llavors es fa més necessari que hi hagi un òrgan de pressió davant el Govern [d'Espanya] perquè aquesta situació de carència absoluta acabi d'una punyetera vegada.

El Ministeri de Justícia, i no em refereixo a l'actual ministre, sinó a tots els que li han precedit, cap, absolutament cap d'ells ha fet res en favor de la Justícia ni de la seva celeritat. I llavors es fa més necessari que hi hagi un òrgan de pressió davant el Govern perquè aquesta situació d'absoluta manca acabi d'una punyetera vegada

José Castro — Exjutge

I sobre el sistema de proposta dels vocals del CGPJ?

Durant molt de temps s'ha confitat aquest sistema. Els pares de la Constitució podrien haver deixat resolt el tema, van preferir no fer-ho. Van deixar en blanc el sistema de proposició dels vocals remetent-ho a una llei orgànica. Aleshores, què passa? Que cada Govern porta l'aigua al seu molí. Aleshores, en funció de fins a quin punt pensaments conservadors o progressistes poden dominar el CGPJ, s'aprofiten perquè entri o surti aquell. Perquè, en definitiva, no oblidem que el Consell Geneal del Poder Judicial, la Justícia, és un òrgan de control que per als altres poders és indesitjable. És indesitjable perquè controla i els altres poders no volen ser controlats. I, a més, a la Justícia se la culpa, igual que els altres poders tenen un origen democràtic, de no tenir-ho clar. El poble no anomena els jutges. Però es pretén que sigui la sobirania popular la que controli d'alguna manera el CGPJ. Però és un control polític de la jurisdicció i això va contranatura. No pot ser.

Durant moltíssim temps s'ha porfidiejat el sistema d'elecció dels vocals del CGPJ. Els pares de la Constitució podrien haver deixat resolt el tema, però van preferir no fer-lo. Llavors, què ocorre? Que cada Govern porta l'aigua al seu molí. En funció de fins a quin punt pensaments conservadors o progressistes poden dominar en el CGPJ, s'aprofiten perquè entre aquest o surti aquell

L'exfiscal anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo sosté, al llibre Jutges, però parcials, que la Transició va deixar intactes molts ressorts del franquisme, sobretot en l'àmbit judicial. Quines petjades persisteixen d'aquesta herència, si creu que persisteixen?

Quan accedim a la democràcia eliminem coses que formalment no concorden amb una democràcia. Eliminem un tribunal d'ordre públic, però allò que no es pot eliminar és el pensament. Moltes persones instal·lades en institucions fonamentals a la democràcia segueixen mantenint pensament dictatorials. I això, fins que no passin gaires, molts anys, continuarà passant. Hi ha joves que no han conegut la dictadura ni Franco, que no en saben res, però en la mesura que pertanyen a famílies que sospiren per aquestes idees, segueixen mantenint una postura de rebuig cap a valors els democràtics. Perquè en democràcia hi cap tothom, tant el que té un pensament progressista com el que té un pensament més conservador, però respectant-se. Lamentablement, el pas del temps no està tornant els valors democràtics al ritme que a un li agradaria, perquè tenim joventuts amb uns valors tan feixistes, retrògrads i absurds al món en què vivim...

En el cas dels jutges, sempre he dit que tenim les nostres idees. Efectivament, pensar que els jutges tenen el cap buit d'idees polítiques, morals, socials o religioses és pretendre allò que és impossible. El que cal és no contaminar amb les nostres idees. Les nostres resolucions han d'estar totalment ajustades a dret. Encara que desitgem que el dret fos diferent, és el dret que hem d'aplicar.

Quan vam accedir a la democràcia eliminem coses que formalment no concorden amb una democràcia. Eliminem un tribunal d'ordre públic, però el que no es pot eliminar és el pensament. Moltes persones instal·lades en institucions fonamentals en la democràcia continuen mantenint pensaments dictatorials

José Castro — Exjutge

Ha de ser condemnat el president del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), per trencar la fotografia de tres víctimes del franquisme?

Ha de ser condemnat, però si la pregunta és si ho serà, penso que no. És una opinió, no estic anunciant una sentència: sí que mereix ser condemnat, però no ho serà perquè les conseqüències d'una decisió d'aquest calibre poden fer atemorir els que la dicten. I sobre els fets: no s'ho inventa ningú, estan enregistrats. El seu tarannà, la seva resposta desabrida hi són gravats. Que això s'interpreti com una sortida de to d'un senyor que aquell dia estava emprenyat o com un delicte d'odi, ens podem inclinar pel segon.

Seguint a Balears, el cas Cursach va acabar amb l'absolució del magnat Bartomeu Cursach i amb el jutge instructor i el fiscal condemnats... Què creu que va fallar?

L'assumpte es troba a cassació davant el Tribunal Suprem [la condemna de nou anys de presó a l'exjutge Manuel Penalva ia l'exfiscal Miguel Ángel Subirán]. Jo lamento de debò que hagin acabat així. Crec que ells mai no van pensar que això podia passar. Però es van excedir al zel investigador. I quan investigues, has de patir i experimentar les limitacions de la pròpia llei. Em sap greu perquè a més els considero amics, però no tot s'hi val en una investigació per aconseguir una finalitat determinada. Aquest és el plantejament que jo faig arran que el Tribunal Superior de Justícia de Balears els condemnés. Tant de bo el Suprem vegi raons per disminuir la pena o absoldre'ls.

Què els diria als que pensen que, en aquest cas, el 'poderós' s'ha escapolit?

És com la lluita entre el delinqüent i els que el persegueixen. En aquest cas va guanyar el delinqüent, que jo no dic que ho sigui. I a la trama 'policia i lladre' resulta que guanya el lladre. Però no és aquesta la lectura que cal donar-hi. Si en aquest repartiment de rols el delinqüent ha sortit guanyant –que, repeteixo, jo no dic que el senyor Cursach ho sigui–, és perquè altres no ho han fet bé. I quan les coses no es fan bé, hi surt guanyant aquell que ha estat investigat. Si un entra al domicili d'una persona investigada, sense desar ni mantenir els requisits que estableix la Llei d'Enjudiciament Criminal, pot trobar el que sigui, però no serà vàlid. I llavors és quan assistim a l'escena esperpèntica del fiscal plorant al final del judici contra Cursach. No entenc com passen aquestes coses.

Per acabar, l'expresident del Govern d'Espanya Adolfo Suárez va encarregar, uns quants anys abans de l'aprovació de la Constitució espanyola, unes enquestes per conèixer si l'opinió pública, en el context de la Transició, preferia un Estat monàrquic o republicà. Els sondejos donaven la victòria a la proclamació d'una nova República, però els documents no han sortit mai a la llum. El grup de jutges i juristes amb què vostè treballa reclama que es desclassifiqui tota la informació relativa a aquests sondejos. Com es troba aquesta qüestió?

Estem esperant que s'aprovi la nova Llei d'Informació Classificada [que pretén substituir la Llei de Secrets Oficials franquista actual] perquè a aquestes enquestes els afecti el transcurs dels terminis que marca la normativa. Espero que a partir d'aquí es desclassifiqui tota aquesta documentació i sapiguem qui va fer l'enquesta i quin perfil tenien els enquestats.

Per què creu que des del primer moment s'han mantingut en secret els sondejos?

Perquè sortia guanyadora la República. I per a Adolfo Suárez això no podia ser.

José Castro Aragón (Córdoba, 1945) lleva tatuada en su biografía la etiqueta de “juez del caso Nóos”, la causa que puso en jaque a la monarquía y que, por primera vez, sentó en el banquillo a un miembro de la familia real, la infanta Cristina, un hito sin precedentes en la historia judicial española. Al frente del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, se convirtió, además, en azote del expresidente balear Jaume Matas (PP), se adentró de lleno en los entresijos de la financiación irregular del partido y tuvo frente a él a investigados como el arquitecto Santiago Calatrava, autor del anteproyecto de una ópera por el que el Ejecutivo autonómico pagó 1,2 millones de euros. Aquella construcción nunca vio la luz.

Afable y campechano en el trato, Castro, Pepe para los conocidos y amigos, asegura que habría investigado al rey Juan Carlos si no existiera el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inviolabilidad del jefe del Estado. Ahora, el grupo de jueces y juristas con el que trabaja reclama cada año al Gobierno que inste al rey a renunciar a este privilegio, “pero ni puñetero caso”, señala. Retirado de la judicatura, acaba de publicar El caso Nóos. Toda la verdad del proceso que conmocionó España, contada por su juez protagonista (Roca Editorial), en el que repasa la instrucción de un procedimiento que marcó un antes y un después en la percepción ciudadana de la Justicia y la monarquía.

En una entrevista concedida a elDiario.es en la sede de la delegación balear de este periódico, sostiene que “la Justicia mima más al poderoso que al desvalido”, aunque lo que más le preocupa es la arbitrariedad legal, protegida por la propia ley, como la doctrina Botín. Se muestra severamente crítico con el encausamiento de Begoña Gómez –“lo que habrá hecho la señora Gómez de encargar a su asistente personal a través de unos correos electrónicos podrá ser correcto o no, pero no se puede elevar a la categoría de delito”– y con el procesamiento del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta filtración de un correo de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso -“condenar esto me parecería absurdo”-, mientras recrimina el retroceso democrático que sufre el país: “Tenemos juventudes con unos valores tan fascistas, retrógrados y absurdos en el mundo en que vivimos...”.

Habla sin tapujos, además, de la politización de la Justicia: “El Consejo General del Poder Judicial es un órgano de control que para los demás poderes es indeseable. Indeseable porque controla y los demás poderes no quieren ser controlados”.

¿Qué le ha llevado a publicar un libro sobre el caso Nóos? ¿Qué aporta que no se haya contado hasta ahora?

Bueno, tengo que decir que yo no tuve nunca intención de escribir un libro sobre el caso Nóos, como tampoco lo he escrito sobre el caso Calvià [por un intento de soborno por parte del PP a un concejal socialista para que apoyase una moción de censura contra la entonces alcaldesa, Margarita Nájera] o sobre la adjudicación del hospital Son Espases. No, no tenía esa intención, pero una editorial se interesó por el tema. Me lo pensé durante un tiempo. Entendía que si no lo escribía yo, lo escribirían otras personas desde ópticas muy diferentes a la mía. Realmente este libro lo podría haber escrito usted, que hizo el seguimiento, el fiscal Pedro Horrach o cualquier letrado que interviniera en la causa. Al final me decidí a escribirlo. Es una obra sobre un proceso judicial, por lo que no me puedo inventar un juicio distinto. Relato lo que ocurrió desde mi óptica, pero sin apartarme de lo que es el sumario. En cuanto a lo que dice el libro que no se supiera... Hay un poco de trastienda sobre la causa, como la parte más novedosa en la que, para hacerlo más digerible, someto a un diálogo determinados pasajes. Es un diálogo puramente imaginado y quizás no muy distinto de lo que hubiera podido ser. Cada lector lo irá descubriendo.

La dedicatoria del libro reza: “A quienes no se atrevieron a hacer lo que debían por temor a la repercusión de sus propias decisiones, para que recapaciten hasta donde su conciencia se lo permita”. ¿A quiénes se refiere?

Va dirigido a terceras personas, entre las que me incluyo. Realmente esa dedicatoria no es más que una recomendación a quienes lean el libro y a quienes intervinieron en este caso para que reflexionen sobre si hicieron lo que debían hacer.

Si Juan Carlos I no hubiera disfrutado del privilegio de la inviolabilidad –de la que sigue disfrutando Felipe VI–, ¿hasta dónde habría llegado la instrucción?

Nunca se sabe hasta dónde puede llegar una instrucción. Se sabe cómo comienza, pero nunca se sabe cómo puede terminar. Lo que sí es cierto es que una de las líneas de investigación que habría podido desarrollar es el papel que tuvo el rey Juan Carlos si el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda su inviolabilidad, no existiera. Ese artículo impedía iniciar la menor investigación acerca del entonces rey. El que yo pensara de una manera o de otra, el que yo abrigara mis dudas sobre la intervención que este señor tuvo en el caso, no conducía a nada. No sé hasta dónde hubiera podido llegar, pero que lo abrigué en un momento sí es cierto.

Nunca se sabe hasta dónde puede llegar una instrucción. Se sabe cómo comienza, pero nunca cómo puede terminar. Lo que sí es cierto es que una de las líneas de investigación que habría podido desarrollar es el papel que tuvo el rey Juan Carlos si el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda su inviolabilidad, no existiera. No sé hasta dónde habría podido llegar, pero que lo abrigué en un momento dado sí es cierto

José Castro — Exjuez del caso Nóos

Entonces, ¿se puede inducir de su respuesta que contaba con indicios suficientes para imputar al rey emérito, pero el artículo 56.3 lo impedía?

Si no eran indicios, sí eran objetivos claros, pero no se desarrolló ninguna investigación. A priori yo podía tener una línea de investigación que se alineaba con la causa, pero la desprecié porque, dada la existencia de ese artículo, no tenía sentido ni conducía a ningún lado.

Precisamente, un grupo de jueces, juristas y otros profesionales de Balears, entre quienes usted se encuentra, han reclamado al Gobierno instar al rey Felipe VI a que, en alguno de sus discursos de Navidad, anuncie su renuncia a la inviolabilidad...

Cada año enviamos un escrito al presidente del Gobierno, pero ni puñetero caso. Y en ese escrito le decimos: “Recomiende a su Majestad el Rey que aproveche el discurso de Navidad para renunciar a la inviolabilidad”. Ya sabemos que el que renuncie no significa que el precepto se elimine, pero al menos el Tribunal Constitucional se podrá sentir más tranquilo concordando con que la interpretación más lógica no es la que se le ha venido dando. Esta interpretación es que es inviolable por los actos propios de su función como rey, que es lo que dice la propia Constitución.

Cada año enviamos un escrito al presidente del Gobierno, pero ni puñetero caso. Y en ese escrito le decimos: 'Recomiende a su Majestad el Rey que aproveche el discurso de Navidad para renunciar a la inviolabilidad'

José Castro — Juez del caso Nóos

No si comete otros hechos delictivos fuera de esas funciones...

Es que no tiene sentido.

Volviendo al caso Nóos, en alguna ocasión ha comentado que las causas con aforado eran como “pisar una mina antipersona”. Usted envió una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que Francisco Camps y Rita Barberá fuesen imputados en el caso Nóos. El TSJCV lo rechazó. También quedó fuera del caso el exconseller valenciano y exvicesecretario general del PP Esteban González Pons a pesar de que auspició con su firma unos Juegos europeos que nunca llegaron a celebrarse. Al final, la rama valenciana del caso Nóos quedó prácticamente en agua de borrajas en comparación con la rama balear. ¿A qué lo atribuye?

Yo le ofrecí al tribunal sentenciador todo el elenco de personas que podían haber contraído algún tipo de responsabilidad y entre ellas estaba la trama valenciana, que no difería mucho de la que luego se desarrolló aquí en Balears. El tribunal, que es dueño y señor para valorar las pruebas que se obtengan en el plenario, optó por relativizar todos los indicios con los que se contaban y los absolvió. No tengo nada que decir. No es la primera vez que un tribunal sentenciador no acoge los planteamientos de un juez instructor y, bueno, lo que queremos es que nuestros planteamientos sean acogidos. Pero si no lo son, estamos acostumbrados.

Yo le ofrecí al tribunal sentenciador todo el elenco de personas que podían haber contraído algún tipo de responsabilidad y entre ellas estaba la trama valenciana [del caso Nóos]. El tribunal, que es dueño y señor para valorar las pruebas que se obtengan en el plenario, optó por relativizar todos los indicios con los que se contaban y los absolvió

José Castro — Exjuez del caso Nóos

¿Influyeron intereses políticos en el hecho de que el TSJCV no asumiera las competencias para investigar esa parte del caso Nóos?

Yo tengo que pensar bien del tribunal. No tengo otra alternativa...

En el auto con el que, en marzo de 2010, impuso al expresidente del Govern balear Jaume Matas una fianza de tres millones de euros, la más alta decretada hasta entonces para un político en España, señaló que el exlíder del PP vino “a burlarse de los simples mortales” a tenor de las justificaciones que ofreció en su día en torno al sobrecoste de uno de sus grandes proyectos, el velódromo Palma Arena, y el descomunal incremento de su patrimonio, cuyo origen nunca llegó a justificarse. ¿Cree que continúa burlándose tras librarse de posibles condenas por enriquecimiento ilícito o por blanquear dinero con la adquisición de su palacete de Palma?

Siempre que alguien al que el pueblo ha encumbrado de alguna manera, si no cumple con su deber de procurar el bienestar de los ciudadanos, se está riendo de ellos.

¿Se enriqueció ilícitamente Matas?

No rastreamos todo lo que se podía rastrear. Cuentas corrientes, comprobar si había cajas fuertes... No ya a nombre de él, sino de testaferros. Debieron de cuidarse mucho. O a lo mejor no había nada... No se encontró absolutamente nada. Pero las obras del palacete de la calle Feliu, esas se sufragaron con dinero opaco al fisco [numerosos proveedores que declararon como testigos manifestaron que Matas llegó a abonarles más de 300.000 euros en efectivo por los trabajos que llevaron a cabo]. ¿Y dónde estaban residenciados esos fondos? Yo mandé a Estados Unidos una comisión rogatoria, pero la verdad es que no me hicieron demasiado caso. Debe de haber algún sitio donde está remansado ese dinero.

Las obras del palacete [de Jaume Matas], esas se sufragaron con dinero opaco al fisco. ¿Y dónde estaban residenciados esos fondos? Yo mandé a Estados Unidos una comisión rogatoria, pero la verdad es que no me hicieron demasiado caso. Debe de haber algún sitio donde esté ese dinero

José Castro — Exjuez del caso Palma Arena

En la reciente presentación de su libro comentó que, durante la segunda legislatura de Matas (2003–2007), cada adjudicatario “tenía que pasar por caja”, es decir, pagar un soborno por cada concesión. Una de las causas derivadas de aquella época fue el caso Son Espases, en cuyo sumario afloraron nombres como los de Juan Miguel Villar Mir y Florentino Pérez por presuntos favores al PP a cambio de serles adjudicadas las obras del hospital. Llegó a apuntar, incluso, que estos supuestos sobornos se destinaron a los trabajos de reforma de la sede nacional del PP. En el auto con el que archivó esta línea de investigación admitió no haber podido demostrar esos pagos, pero deslizó que “no sería descabellado sospechar que dinero obtenido con ocasión de ese concurso fuera la fuente de alimentación de la caja B del PP”. ¿Qué le impidió acreditarlo?

Cuando uno se encuentra frente a un muro que ya no puede atravesar, hay que reconocerlo. ¿Significa esto que el instructor debe renunciar a su línea de investigación, a sus planteamientos de lo que realmente ocurrió? No. Y fíjese hasta qué punto que el cuñado del señor Matas, Fernando Areal Montesinos [extesorero del PP balear], quien ante mí se mostró virulento al decirme que yo la tenía tomada con él y que ya le tenía condenado a priori, en otra causa llegó a un pacto con la Fiscalía y reconoció que el partido manejaba dinero negro [con el que se sufragaron las campañas municipales y autonómicas de 2007]. Si, como él confesó, había dinero negro, una caja B, que alguien me diga de dónde se nutre, de dónde se alimenta esa caja. No se pudo demostrar de dónde salía este dinero, pero, si tú te estás relacionando con personas que adjudican contratos millonarios, no es difícil imaginarlo.

Si, como confesó Fernando Areal [extesorero del PP balear y cuñado de Matas], había dinero negro, una caja B en el partido, que alguien me diga de dónde se nutre, de dónde se alimenta esa caja. No se pudo demostrar de dónde salía este dinero, pero, si tú te estás relacionando con personas que adjudican contratos millonarios, no es difícil imaginarlo

José Castro — Exjuez del caso Palma Arena

En el caso de la reforma de la sede balear del PP, el exconcejal Javier Rodrigo de Santos aseguró que las obras habían sido sufragadas en parte por el empresario Antonio Pinal, quien le habría confesado que había “ayudado” en la financiación de los trabajos a cambio de serle adjudicado el desarrollo de un proyecto urbanístico en los cuarteles de Son Busquets, en Palma. El extesorero del PP Luis Bárcenas también aludió a las supuestas 'aportaciones' de este empresario, a quien se refirió como un “donante generoso” con el PP. Incluso algunos adjudicatarios confesaron pagos en negro. De nuevo, usted archivó la causa a regañadientes después de que así lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Comunidad Autónoma se apartase del procedimiento. En su auto de sobreseimiento, sin embargo, insinuó que quienes hubieran financiado las obras “ya se afanarían por hacer las entregas de manera que no dejasen rastro”.

Efectivamente, me hice eco de que el señor Pinal buscaría la manera de no dejar rastro. Y no es que yo le esté imputando algo inexistente. Es que si circula dinero negro [como había confesado Areal] ya se cuidarían quienes ejercen esa circulación de que no quedase rastro. Eso es un proceder habitual y normal en el ser humano, sobre todo si elige el camino de la corrupción. También el caso Son Dureta [en el que se investigó el desvío de fondos públicos a través de la gestión de este hospital y la implantación de marcapasos a fallecidos] se tuvo que archivar porque nadie colaboró. No logramos indicios claros a pesar de que aquello era un auténtico desastre, como la custodia de las prótesis: algunas de ellas, muy caras, se perdían y nadie sabía dónde iban. Y claro, yo lo archivé porque no tenía indicios. Pero nadie me puede privar del derecho a hacer constar que lo archivo porque no tengo más remedio.

¿Cree que la justicia española protege a los poderosos?

La española, la francesa, la estadounidense, toda la justicia del mundo, mima más al poderoso que al desvalido. Eso está claro. De hecho, hay algo que no podemos evitar: el desvalido tiene su abogado del turno de oficio. ¿Son malos los del turno de oficio? No. Pero cualquier persona acaudalada contrata a su propio abogado, como el caso de la infanta Cristina, que creo que tenía tres. Naturalmente, a tres mentes se le ocurren más recursos. Se les ilumina la mente a tres más que a uno. O al menos hay más posibilidades de que eso sea así. Ese tipo de injusticia no se puede evitar, pero lo que sí se puede evitar es la arbitrariedad legal que viene protegida por la propia ley. Se pueden evitar los aforados, se pueden evitar líneas jurisprudenciales tales como la doctrina Botín: que se pretendiese privar de legitimidad a la acusación popular porque acusaba al señor Botín [presidente del Banco de Santander]. El Tribunal Supremo elaboró una línea jurisprudencial que echaba por tierra toda la que había seguido hasta entonces, que decía que la acusación popular tiene las mismas atribuciones y las mismas competencias que la acusación pública. Esa arbitrariedad es la que se debiera evitar, no la de que haya ricos y pobres. Podemos repartir mejor la riqueza, pero siempre habrá ricos y pobres. Esto no lo podemos cambiar.

La Justicia española, la francesa, la estadounidense, toda la justicia del mundo, mima más al poderoso que al desvalido. Ese tipo de injusticia no se puede evitar, pero lo que sí se puede evitar es la arbitrariedad legal que viene protegida por la propia ley. Se pueden evitar los aforados y se pueden evitar líneas jurisprudenciales tales como la doctrina Botín

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, se sentará en el banquillo por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmara su procesamiento con uno de los magistrados en contra...

Yo entiendo que no lo pueden condenar. Si lo condenaran, me causaría mucha más sorpresa aún que el que lo hayan sentado en el banquillo, que también me ha causado sorpresa. Nadie puede ser condenado por revelar un secreto cuando ese secreto ya ha dejado de serlo. Cuando ya se ha hecho público. Condenar esto me parecería absurdo. Pero ojo, cosa absurda, están prosperando quienes así lo desean. Esperemos que se termine la racha.

Yo entiendo que no lo pueden condenar [al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz]. Si lo condenaran, me causaría mucha más sorpresa aún que el que lo hayan sentado en el banquillo. Nadie puede ser condenado por revelar un secreto cuando ese secreto ya ha dejado de serlo

José Castro — Exjuez del caso Nóos

Díaz Ayuso y su mano derecha, Miguel Ángel Rodríguez, llevan más de un año desacreditando a los jueces y fiscales que han investigado a su pareja, Alberto González Amador, por fraude fiscal. Y todo ello ante la pasividad de las asociaciones mayoritarias y conservadoras, de otros jueces y fiscales y del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). ¿Qué opina al respecto?

Parece ser que la sociedad se ha dividido, se ha polarizado y ahora hay unos que defienden a un delincuente confeso. No lo han condenado, pero él se ha confesado. Autor de dos delitos contra la Hacienda Pública. Pero ahora resulta que es el gobierno del señor Pedro Sánchez el que ha organizado todas las instituciones públicas para que la Agencia Tributaria pueda atacar a este señor por ser la pareja sentimental de Ayuso. Eso es ridículo, es absurdo. Pero es que todo lo que dice esta señora tiene una visión alterada de la realidad que la rodea. Tiene una agresividad desaforada. Y bueno, hay personas a las que les encanta. Es lamentable que la sociedad hoy día esté como esté. La verdad es que es desalentador lo que está ocurriendo.

Parece ser que la sociedad se ha dividido, se ha polarizado y ahora hay unos que defienden a un delincuente confeso [Alberto González Amador]. Ahora resulta que es el gobierno del señor Pedro Sánchez el que ha organizado todas las instituciones públicas para que la Agencia Tributaria pueda atacar a este señor por ser la pareja sentimental de Ayuso. Eso es ridículo, absurdo

Begoña Gómez está a punto de sentarse en el banquillo, y con jurado popular, por supuesta malversación a raíz de las labores realizadas por su asesora para la cátedra que dirigía en la Complutense...

El derecho penal se rige por un principio y uno de ellos es el de la intervención mínima, pero parece que a nadie se le ha ocurrido alegar que el derecho penal está para hechos que tengan relevancia punitiva criminal. Cada vez que no te gusta una cosa, cada vez que crees que alguien ha actuado de manera no totalmente correcta, no lo puedes elevar a delito. Y lo que habrá hecho la señora Gómez de encargar a su asistente personal, llamémoslo así, a través de una serie de correos electrónicos podrá ser correcto o no, podrá parecerles inocuo a algunos o les podrá parecer mal a otros, pero no se puede elevar a la categoría de delito. Lo he dicho más de una vez. Si una persona, un funcionario público, encarga a un subordinado que vaya a comprar tabaco, por supuesto que es incorrecto. ¿Pero vamos a organizar un juicio con jurado por malversación? Estamos locos. No tiene sentido. En el caso del Fiscal General ya sabemos que se va a sentar en el banquillo. Va a tener que soportar un juicio. Y yo espero que en el caso de la señora Begoña Gómez eso no llegue a ocurrir. Por sensatez, por sentido común, eso no puede llegar a ocurrir.

El derecho penal se rige por un principio y uno de ellos es el de la intervención mínima. Lo que habrá hecho la señora Begoña Gómez podrá ser correcto o no, pero no se puede elevar a la categoría de delito. Estamos locos. No tiene sentido. Espero que no llegue a ir a juicio. Por sensatez, por sentido común, eso no puede llegar a ocurrir

José Castro — Exjuez del caso Nóos

El ministro Félix Bolaños defiende que hay que limitar la figura de la acusación popular porque en estos momentos es “una feria de ultras con ganas de publicitarse”. ¿Está instrumentalizada esta figura?

Si alguien dijera que se utilizará un juicio para publicitar una instrucción para que alguien se hiciera publicidad, todos diríamos que eso es una aberración, ¿no? Pero está ocurriendo. En mi caso pretendieron constituirse en acusación popular un montón de personas y a la mayoría le denegué la personación porque lo único que querían era hacerse oír. Igual que Hazte Oír, pero hacerse oír de verdad [ríe]. Querían hacer publicidad a sus pretensiones, como la Iglesia Evangélica Jesús, Amor y Libertad. Entonces la primera criba debe hacerla el juez de instrucción, negando la personación a aquellas pretendidas acusaciones populares que no respondan a los criterios para los que se instituyó esta figura. Y luego hay que hacer un control de la intervención de estas acusaciones ante peticiones que lo único que persiguen es el lucimiento. Llegaron a pedirme que viniera Corina...

Ahora, eliminar o limitar la figura del acusador popular nunca me puede parecer bien. ¿Por qué? Pues porque sería tanto como decir que sin Ministerio Fiscal ya no cabe hacer justicia. Y ojo, hay casos en lo que existen fundados recelos. No lo estoy diciendo yo. Lo dijeron los siete u ocho magistrados del Supremo cuando éste pretendía o decidió deslegitimar a Manos Limpias. Se quejaron de que eso conduciría a entregar las causas por completo al Ministerio Fiscal, cuando puede haber casos en que haya una legítima duda sobre la actuación de la propia Fiscalía. Entonces, la acusación popular está llamada a intervenir para remediar esto. Ahora, el circo que están montando las acusaciones populares hoy en día me parece indeseable. Pero claro, si por el hecho de que han montado un circo vamos a eliminar esta figura, que además está contemplada en el artículo 125 de la Constitución...

Hay que hacer un control de la intervención de estas acusaciones ante peticiones que lo único que persiguen es el lucimiento. Pero si por el hecho de que en la actualidad están montando un circo vamos a eliminar esta figura no me puede parecer bien

José Castro — Exjuez

En los noventa algunos países europeos crearon órganos encargados de velar por la independencia de la justicia mientras que en España el CGPJ no logra consolidarse como garante de la independencia, con denuncias alternas de corporativismo o de politización... 

El órgano lo tenemos, el CGPJ, que ni tiene atribuciones presupuestarias sobre la justicia en general, ni puede elaborar una ley, ni, por supuesto, dictar la creación de nuevos tribunales y juzgados. El CGPJ debiera ser en dos sentidos órgano de control –no de control jurisdiccional, sino de control disciplinario real y auténtico de los jueces– y, por otro lado, ser órgano de presión ante el Ministerio de Justicia para que las carencias que actualmente tenemos se eliminen de una vez, porque la Justicia encomendada exclusivamente al Ministerio de Justicia, y no me refiero al actual ministro de Justicia, sino a todos los que le han precedido, ninguno, absolutamente ninguno de ellos ha hecho nada en favor de la Justicia ni de su celeridad. Y entonces se hace más necesario que haya un órgano de presión ante el Gobierno para que esta situación de absoluta carencia termine de una puñetera vez.

El Ministerio de Justicia, y no me refiero al actual ministro, sino a todos los que le han precedido, ninguno, absolutamente ninguno de ellos ha hecho nada en favor de la Justicia ni de su celeridad. Y entonces se hace más necesario que haya un órgano de presión ante el Gobierno para que esta situación de absoluta carencia termine de una puñetera vez

José Castro — Exjuez

¿Y sobre el sistema de propuesta de los vocales del CGPJ?

Durante muchísimo tiempo se ha porfiado este sistema. Los padres de la Constitución podrían haber dejado resuelto el tema, prefirieron no hacerlo. Dejaron en blanco el sistema de proposición de los vocales remitiéndolo a una ley orgánica. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada Gobierno arrima el ascua a su sardina y entonces, en función de hasta qué punto pensamientos conservadores o progresistas pueden dominar en el Consejo, se aprovechan para que entre este o salga aquel. Porque, en definitiva, no olvidemos que el Consejo, la Justicia, es un órgano de control que para los demás poderes es indeseable. Es indeseable porque controla y los demás poderes no quieren ser controlados. Y, además, a la Justicia se la culpa, al igual que los demás poderes tienen un origen democrático, de no tenerlo claro. El pueblo no nombra a los jueces. Pero se pretende que sea la soberanía popular la que controle de alguna manera el Consejo General del Poder Judicial. Pero es un control político de la jurisdicción y eso va contranatura. No puede ser.

Durante muchísimo tiempo se ha porfiado el sistema de elección de los vocales del CGPJ. Los padres de la Constitución podrían haber dejado resuelto el tema, pero prefirieron no hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada Gobierno arrima el ascua a su sardina. En función de hasta qué punto pensamientos conservadores o progresistas pueden dominar en el Consejo, se aprovechan para que entre este o salga aquel

El exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo sostiene, en su libro Jueces, pero parciales, que la Transición dejó intactos muchos resortes del franquismo, sobre todo en el ámbito judicial. ¿Qué huellas persisten de esa herencia, si es que cree que persisten?

Cuando accedimos a la democracia eliminamos cosas que formalmente no concuerdan con una democracia. Eliminamos un tribunal de orden público, pero lo que no se puede eliminar es el pensamiento. Muchas personas instaladas en instituciones fundamentales de la democracia siguen manteniendo pensamientos dictatoriales. Y eso, hasta que no pasen muchos, muchos años, seguirá pasando. Hay jóvenes que no han conocido la dictadura ni a Franco, que no saben nada de él, pero en la medida en que pertenecen a familias que suspiran por esas ideas, siguen manteniendo una postura de rechazo hacia valores los democráticos. Porque en democracia cabe todo el mundo, tanto el que tiene un pensamiento progresista como el que tiene un pensamiento más conservador, pero respetándose. Lamentablemente, el paso del tiempo no está devolviendo los valores democráticos al ritmo que a uno le gustaría, porque tenemos juventudes con unos valores tan fascistas, retrógrados y absurdos en el mundo en que vivimos...

En el caso de los jueces, siempre he dicho que tenemos nuestras ideas. Efectivamente, pensar que los jueces tienen la cabeza vacía de ideas políticas, morales, sociales o religiosas es pretender lo imposible. Lo que hay que hacer es no contaminar con nuestras ideas. Nuestras resoluciones deben estar totalmente ajustadas a derecho. Aunque deseáramos que el Derecho fuera distinto, es el Derecho que tenemos que aplicar.

Cuando accedimos a la democracia eliminamos cosas que formalmente no concuerdan con una democracia. Eliminamos un tribunal de orden público, pero lo que no se puede eliminar es el pensamiento. Muchas personas instaladas en instituciones fundamentales en la democracia siguen manteniendo pensamiento dictatoriales

José Castro — Exjuez

¿Debe ser condenado el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), por romper la fotografía de tres víctimas del franquismo?

Debe ser condenado, pero si la pregunta es si lo será, pienso que no. Es una opinión, no estoy anunciando una sentencia: sí merece ser condenado, pero no lo será porque las consecuencias de una decisión de este calibre pueden hacer atemorizar a quienes la dictan. Y sobre los hechos: no se lo inventa nadie, están grabados. Su talante, su desabrida respuesta están ahí grabados. Que esto se interprete como una salida de tono de un señor que aquel día estaba cabreado o como un delito de odio, nos podemos inclinar por lo segundo.

Continuando en Balears, el caso Cursach terminó con la absolución del magnate Bartolomé Cursach y con el juez instructor y el fiscal condenados... ¿Qué cree que falló?

El asunto se encuentra en casación ante el Tribunal Supremo [la condena de nueve años de prisión al exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán]. Yo lamento de verdad que hayan acabado así. Creo que ellos nunca pensaron que esto podía ocurrir. Pero se excedieron en el celo investigador. Y cuando investigas, tienes que sufrir y experimentar las limitaciones de la propia ley. Me sabe mal porque además los considero amigos, pero no todo vale en una investigación para conseguir un fin determinado. Este es el planteamiento que yo hago a raíz de que el Tribunal Superior de Justicia de Balears los condenase. Ojalá el Supremo vea razones para disminuir la pena o absolverlos.

¿Qué les diría a quienes piensan que, en este caso, el 'poderoso' “se ha ido de rositas”?

Es como la lucha entre el delincuente y los que lo persiguen. En este caso ganó el delincuente, que yo no digo que lo sea. Y en la trama 'policía y ladrón' resulta que gana el ladrón. Pero no es esta la lectura que hay que darle. Si en este reparto de roles el delincuente ha salido ganando –que, repito, yo no digo que el señor Cursach lo sea–, es porque otros no lo han hecho bien. Y cuando las cosas no se hacen bien, sale ganando aquel que ha sido investigado. Si usted entra en el domicilio de una persona investigada, sin guardar ni mantener los requisitos que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puede encontrar lo que sea, pero no será válido. Y entonces es cuando asistimos a la escena esperpéntica del fiscal llorando al término del juicio contra Cursach. No entiendo cómo pasan estas cosas.

Para terminar, el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez encargó, varios años antes de la aprobación de la Constitución española, unas encuestas para conocer si la opinión pública, en el contexto de la Transición, prefería un Estado monárquico o republicano. Los sondeos daban la victoria a la proclamación de una nueva República en España, pero los documentos no han salido nunca a la luz. El grupo de jueces y juristas con el que usted trabaja reclama que se desclasifique toda la información relativa a esos sondeos. ¿Cómo se encuentra el asunto?

Estamos esperando a que se apruebe la nueva Ley de Información Clasificada [que pretende sustituir la actual Ley de Secretos Oficiales franquista] para que a esas encuestas les afecte el transcurso de los plazos que marca la normativa. Espero que a partir de ahí se desclasifique toda esa documentación y sepamos quién hizo la encuesta y qué perfil tenían los encuestados.

¿Por qué cree que, desde el primer momento, se han mantenido en secreto los sondeos?

Porque salía ganadora la República. Y para Adolfo Suárez eso no podía ser.

Han vuelto los fontaneros. Bueno, nunca se fueron. Han vuelto a la actualidad y de manera burda, chusca, en una versión tan pobre de tan complicado oficio que parece una exageración interesada eso de llamarle a Leire Díez “fontanera jefe del PSOE y de Moncloa”, como han hecho estos días algunos colegas de derechas. Si ese es el nivel de la fontanera jefe, ¡cómo sería el de sus subordinados, si los hubiera! Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio, dejan muy atrás en competencia y habilidad fontaneril real a Leire Díez en fontanería figurada, si es a eso a lo que ésta se dedica.

Para los poco iniciados: en política, se les llama fontaneros a esas personas que se ocupan en la sombra, dentro de los partidos o de los gobiernos, de tareas delicadas, unas veces por el lado de dentro de la vasija de la ley y otras veces por el lado de fuera. En ocasiones, a los fontaneros les toca visitar las cloacas del Estado, donde abundan otro tipo de perfiles profesionales ya claramente alejados de la ley.

En este sentido del que estamos hablando, encontraréis el término fontanero en algunos diccionarios en línea. En el Diccionario del Español de Todos (DiccET), por ejemplo, se dice que es una “persona vinculada a un partido político que se encarga de sus trapos sucios”. En el Diccionario de las academias no lo hallaréis, por ahora.

El término nos viene de traducirlo del inglés. Nació con el Watergate, el escándalo político que a primeros de los años setenta del siglo pasado acabó con la dimisión del republicano Richard Nixon como presidente de los Estados Unidos. Sabemos incluso quién y cuándo lo creó.

El escándalo surgió a raíz de un robo de documentos en la sede del Partido Demócrata en el edificio de oficinas Watergate de Washington. Investigaciones periodísticas —recordaréis Todos los hombres del presidente, con Robert Redford y Dustin Hoffman interpretando a los reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein, de The Washington Post— descubrieron que la administración Nixon encubría a los responsables del robo y tiraron de sus hilos.

Nixon, alarmado, creó en la Casa Blanca un grupo de personas de su máxima confianza para intentar tapar cualquier filtración a la prensa. Se llamaban David Young, E. Howard Hunt y G. Gordon Liddy, y en mayor o menor grado estaban directamente implicados en las ilegalidades del Watergate.

El 24 de noviembre de 1971, en la fiesta familiar del Día de Acción de Gracias, a uno de ellos, Young, le preguntó su abuela a qué se dedicaba en la Casa Blanca. “I am helping the president stop some leaks” (“Estoy ayudando al presidente a detener algunas filtraciones”), respondió. “Oh, you're a plumber!”, (“¡Oh, eres fontanero!”), replicó la abuela. A Young le hizo tanta gracia la anécdota que colocó en el despacho que compartía con Hunt y con Liddy un cartel con el título The Plumbers. Sus jefes les recordaron que la operación era un alto secreto y les ordenaron que lo retiraran, pero quedaron los tres para los eternos como los fontaneros de Nixon. Young acabó siendo investigado en el Senado y consiguió una inmunidad limitada a cambio de colaborar con la justicia. Los otros dos fueron juzgados y condenados. Hunt pasó 33 meses en prisión; Liddy, cuatro años y medio.

Entre nosotros, se le atribuye a Adolfo Suárez, presidente del Gobierno desde el 5 de julio de 1976 hasta el 26 de febrero de 1981, la primera descripción pública del oficio de fontanero político. Dijo Suárez que los fontaneros se ocupaban de que las cañerías siguieran funcionando mientras se reconstruía la casa.

Para la delicada tarea de reconstruir el Estado, de la transición de una dictadura a una democracia, Suárez se rodeó de un equipo de fontaneros de primer nivel: Alberto Aza, diplomático de carrera; Aurelio Delgado, Lito, amigo y cuñado del presidente; Eugenio Bregolat, también diplomático; y Alberto Recarte, técnico comercial y economista del Estado, eran los principales.

Se desempeñaron con éxito. Aza acabó años después de jefe de la Casa del Rey; Lito, de empresario en diversos sectores en su Ávila natal; Bregolat, de embajador en China y de experto en el gigante asiático, con varias obras publicadas; Recarte, de consejero en empresas del Ibex.

No se le ve a Leire Díez tanto futuro profesional como a los fontaneros de Suárez, ciertamente. Pero quizás tampoco —por ahora— tanto camino procesal como a los fontaneros de Nixon. 

Este viernes, el lehendakari, Imanol Pradales, recibirá en el palacio de Ajuria Enea de Vitoria al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El encuentro institucional es el colofón a la intensa ronda de reuniones iniciada por el sustituto de Iñigo Urkullu, también del PNV, para tomar el pulso a su nueva responsabilidad. En el escaso mes desde que juró el cargo bajo el árbol de Gernika, se ha visto con el jefe del Estado, con el rey Felipe VI, con los diputados generales, con alcaldesas, con toda la oposición salvo con Vox, con todos los sindicatos a falta de poder verse con UGT, con organizaciones corporativas de Osakidetza y con colegios profesionales, con la patronal y con rectores universitarios, por ejemplo. Ha estado hiperactivo hasta el punto de bromear con no tomarse vacaciones y ha exprimido el complejo de Ajuria Enea como espacio de trabajo aunque se negara a residir en él.

Pero la cita con Sánchez reviste un simbolismo especial. Es el primer cara a cara entre ambos, desde luego. El PNV es uno de los socios más relevantes del Gobierno y los nacionalistas están exigiendo que se vayan cumpliendo los puntos del acuerdo de investidura firmado en 2023. Este mismo miércoles se ha reforzado el papel de la Ertzaintza y su visibilidad en puertos y aeropuertos, por ejemplo. Pradales, a buen seguro, esgrimirá que está comprometido también completar el Estatuto de 1979 antes de 2025. La gran materia pendiente es la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, nunca antes cedida a ninguna comunidad. Pero nacionalistas y socialistas también han acordado activar ya la reformar de ese Estatuto. Los socialistas forman parte de la coalición que lidera Pradales con cinco de las dieciséis carteras que componen el nuevo gabinete.

Además, solamente es la tercera vez que una reunión de este tipo tiene lugar en Vitoria y no en Madrid. Los dos únicos precedentes son muy singulares. Adolfo Suárez visitó a Carlos Garaikoetxea en los tiempos en que ambos sentaron las bases de la España democrática y de la Euskadi autonómica. Era 1980 y el país empezaba a pasar del blanco y negro de la dictadura al color. La segunda fue en otoño de 2011. José Luis Rodríguez Zapatero despachó con el hasta ahora único lehendakari socialista, Patxi López, apenas unos días después de que ETA anunciara el final del terrorismo. Eran también días de cambios trascendentales.

Sopa de tortuga e himnos variados para Suárez

El 9 de diciembre de 1980 era un día soleado en Vitoria a pesar de la cercanía del invierno. Pero frío. Muy frío. El cronista de 'El País' contó que la mínima por la noche había alcanzado los siete grados bajo cero. Adolfo Suárez llegó desde Madrid en avión. Un Mystère de la Fuerza Aérea Española que tenía un coste de 201.676 pesetas por cada hora de vuelo aterrizó en las nuevas instalaciones de Foronda, inauguradas ese mismo año. A pie de pista le esperó una comitiva conformada por el lehendakari, Carlos Garaikoetxea, por varios miembros del Gobierno autonómico, por el alcalde de Vitoria, José Ángel Cuerda, por altos mandos militares, por gobernadores civiles y por cuadros de la UCD, el partido mayoritario de la época. Sonó el himno de España como bienvenida.

La comitiva se desplazó en coche hasta Ajuria Enea. El de Garaikoetxea era un Seat 132 matriculado en Vitoria y que lucía una ikurriña. El del presidente era un Mercedes-Benz negro con placas de Madrid y algo menos moderno. Portaba una bandera española, todavía la misma que en la dictadura, con el águila imperial. Otros cuatro vehículos completaban la comitiva. Helicópteros de la Guardia Civil vigilaron desde el aire el trayecto, en el que no hubo incidentes.

En la puerta del palacio de Ajuria Enea había una dotación de Miñones con uniforme de gala. La Policía foral de Álava, la más antigua de España en servicio continuado, fue la primera guarnición del lehendakari hasta la consolidación de la Ertzaintza, precisamente uno de los puntos de la reunión. En el palacio, Garaikoetxea hizo sonar el 'Gora ta gora' y el 'Eusko abendaren ereserkia', para sorpresa de Suárez. No se permitió que fueran interpretados en Foronda y Euskadi cambió el protocolo para ello.

Suárez y Garaikoetxea se reunieron en privado durante 45 minutos en una estancia del palacio. Antes del encuentro, una nube de fotógrafos y camarógrafos registró las sonrisas de ambos. En paralelo, cuatro colaboradores de Suárez y cinco consejeros autonómicos departieron en otra sala. Luego se unieron los presidentes. Solamente había una mujer en el grupo, Rosa María Posada, del equipo de la UCD. A pesar de las diferencias ideológicas -Garaikoetxea era nacionalista y Suárez procedía del franquismo-, ambos mandatarios se entendieron en su misión común de construir las bases de un nuevo marco democrático. El presidente habló de la importancia del encaje de las “regiones y nacionalidades” del “Estado español” y señaló que aquella fecha iba a pasar “para bien” a la historia.

No era aquél un contexto fácil para el presidente. Suárez estaba a punto de dimitir y de dar paso a una nueva investidura. Aquella sesión, celebrada el 23 de febrero de 1981, pasó a la historia por el fallido intento de golpe de Estado. Después de la reunión, hubo una comida. Se celebró en el chalé Los Olivos de Uleta, en la zona de Armentia. Era la residencia de Marcelino Oreja, delegado del Gobierno desde fechas recientes y decorada a toda velocidad para la cumbre. Durante la tarde, el presidente despachó allí con representantes de la economía vasca, como los presidentes de las patronales. Garaikoetxea y Suárez volvieron a verse en una cena de gala en Ajuria Enea, donde se sirvió sopa de tortuga. El presidente tuvo tiempo aún para, a las 23.30 horas, mantener un encuentro con militantes de la UCD en Vitoria, a los que animó a continuar a pesar de la amenaza de ETA.

Ese día, en las calles de Vitoria, que en noviembre había sido proclamada por ley como “sede de las instituciones de la comunidad autónoma del País Vasco”, hubo algunas protestas contra la visita de Suárez. EGI, la rama juvenil del PNV, había instalado pancartas demandando el cumplimiento del Estatuto, por ejemplo. Estaban en la balconada de San Miguel, en plena plaza de la Virgen Blanca, o en el viejo puente de Castilla. Un centenar de ayuntamientos de Bizkaia y Gipuzkoa cesaron en su actividad en señal de protesta por la visita presidencial. 'El País' llegó a dar voz en una crónica a un “militante” de ETA que les informó de que a la semana siguiente iban a dar “trabajo” a los medios de comunicación.

Rodríguez Zapatero y su amor por la Euskadi de la “libertad”

El 20 de octubre de 2011, con Patxi López de viaje oficial en Estados Unidos, ETA anunció el final del terrorismo. No era la entrega de armas ni su disolución pero sí el cese definitivo de su actividad violenta. Unos días después, el 7 de noviembre de 2011, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, giró una visita al palacio de Ajuria Enea para dar realce a ese momento histórico. López estaba cuestionado por haber reaccionado desde el extranjero a lo sucedido y España estaba sumergida en una campaña electoral trascendental. El 20 de noviembre de ese año, 36 años después de la muerte de Francisco Franco, se iban a celebrar elecciones generales y el presidente ya no era candidato para oponerse a quien resultaría elegido, Mariano Rajoy del PP.

López, lehendakari desde 2009 con apoyo de los 'populares', había mantenido una relación tirante con Rodríguez Zapatero en algunos momentos a pesar de ser ambos socialistas. El punto más tenso fue la negociación de la transferencia de las políticas activas de empleo, es decir, del antiguo Inem. Rodríguez Zapatero, en minoría en el Congreso, cerró ese acuerdo con el PNV, entonces en la oposición, que impuso unas condiciones económicas que no eran compartidas por el Gobierno vasco. Con todo, Lanbide se puso en marcha en aquella época y es hoy un organismo más dentro de la Administración autonómica.

“He notado un nuevo ambiente cuando he aterrizado en Vitoria”, solemnizó Rodríguez Zapatero, que también llegó a Foronda en avión, ya un Falcon. “La libertad se ha abierto paso definitivamente en Euskadi”, manifestó también. Como Suárez, él también consideró que la visita era “un momento histórico” y recalcó que él y su ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, habían tenido siempre el “afán” de hacer todo lo posible por acabar con ETA. Tras ser recibidos por agentes con uniforme de gran gala de la Ertzaintza, de color verde, se entrevistaron y, más tarde, presidente y lehendakari ofrecieron una rueda de prensa conjunta en el propio palacio presidencial. Es un “gran presidente” y un “amigo”, remachó López. En los atriles de ambos, también en el del jefe del Ejecutivo central, figura el logotipo del Gobierno vasco.

Tras el encuentro oficial, Rodríguez Zapatero presidió una comida con dos centenares de cuadros y militantes del PSE-EE. Estaban presentes Rodolfo Ares, Txiki Benegas o Ramón Jáuregui. “Ser socialista y vasco ha sido una gran hazaña”, les homenajeó el presidente, que abandonó Euskadi después de apenas seis horas de estancia. Y siguió: “Habéis puesto resistencia, solidaridad, capacidad de sufrir, pero, en ningún momento, perdisteis la confianza en lograr el fin de la violencia y la libertad. Habrá quien haya hecho por llegar a este momento tanto como vosotros, pero estad seguros de que nadie ha hecho más que vosotros por ver el fin del terrorismo. Después de lo que han sido estos años en la lucha contra ETA, de tantas horas, pensando en Euskadi, en cómo terminar con esta barbarie, en cómo ver a la gente feliz, en cómo ver la dignidad del recurso a las víctimas de un país digno como es éste, después de sentir tantas cosas, me siento muy vinculado a Euskadi, siento esta tierra más cercana que cualquier otra. No olvidamos las veces que lloramos por lo que lloramos, pero ahora podemos llorar de otra manera, sentirnos más cerca y querernos más. Eso es lo que deseo para Euskadi, que la convivencia sea lo que se escriba a partir de ahora, que Euskadi, que es recordada en estas décadas lamentable e injustamente por el dolor, sea recordada y conocida, a partir de estos días para las próximas décadas, por la convivencia, por el buen ejemplo de la paz, por el buen ejemplo de la libertad”.

¿Qué hará Pedro Sánchez a partir del próximo lunes? Nadie lo sabe. Quizá, ni el propio presidente del Gobierno lo tenga aún decidido: este miércoles anunció que se tomaba unos días para reflexionar si seguiría al frente del Ejecutivo. Y, aunque la política contemporánea a menudo parece discurrir por senderos inéditos, lo cierto es que las opciones que tiene sobre la mesa Pedro Sánchez ya han sido transitadas en el pasado.

¿Una cuestión de confianza? Hay ejemplos en el pasado: Adolfo Suárez y Felipe González. El líder de la UCD por aquel entonces la convocó en 1980 y la ganó con 168 votos a favor y 164 en contra.

Una década después, en 1990, fue el líder socialista quien la planteó. González tuvo que sudar menos para ganarla, pues en aquel momento el PSOE tenía mayoría absoluta en el Congreso y acababa de ganar unas elecciones, en 1989.

¿Y si Sánchez dice que se va? Eso mismo hizo Adolfo Suárez el 29 de enero de 1981. En aquel discurso que sorprendió a los españoles mientras oían la radio y veían la televisión, el entonces presidente del Gobierno y líder de UCD decía: “Como frecuentemente ocurre en la historia, la continuidad de la obra exige un cambio de personas, y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España”.

TVE interrumpió sus emisiones a las 19.40 de aquel jueves para retransmitir los casi diez minutos de discurso de dimisión de Suárez, después de poner en pantalla el rótulo de Declaración del presidente del Gobierno.

“Adolfo Suárez, vestido con chaqueta oscura, camisa azul celeste y corbata azul oscura a rayas blancas, apareció sentado tras su mesa de despacho en un plano general. A la izquierda de la cámara, la bandera española; al fondo, en el mismo ángulo, un retrato del Rey y un tapiz enmarcado que representaba a una mujer. Sobre la mesa, un mechero, un cenicero, y, a la izquierda del presidente, un micrófono sobre trípode”, describía la crónica de El País.

“La cámara se acercó en un zoom rápido hasta un plano medio del presidente, con aire alrededor del busto, los ojos húmedos, dos motas de luz en las pupilas y un reflejo luminoso en la frente. El presidente leyó con firmeza su alocución y miró constantemente a la cámara, es decir, a los telespectadores, probablemente ayudado por el sistema de lectura denominado autocue”, añadió.

“He llegado al convencimiento de que hoy, y en las actuales circunstancias, mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la Presidencia”, decía Suárez: “Me voy, pues, sin que nadie me lo haya pedido, desoyendo la petición y las presiones con las que se me ha instado a permanecer en mi puesto, con el convencimiento de que este comportamiento, por poco comprensible que pueda parecer a primera vista, es el que creo que mi patria me exige en este momento”.

Suárez, a pesar de su largo discurso, no llegó a concretar los motivos reales por los que dejaba el cargo. No obstante, las crónicas del momento hablaban de varias causas: “Los persistentes rumores de los últimos días sobre presiones de estamentos militares cerca del Rey. Observadores políticos no dudaban anoche en atribuirle un papel desestabilizador, similar al que supuso en el Chile de Allende la huelga de Transportes, a la huelga salvaje de los controladores aéreos, que ha desarmado al Gobierno ante la opinión pública y provocado la suspensión del congreso de UCD. La oposición de la derecha confesional a la continuidad de Suárez ha sido menos recatada, y la toma de posición de los obispos, en los días previos al Congreso, respecto al divorcio, llevaba una carga de profundidad de largo alcance contra el líder centrista. Sin embargo, es preciso recordar las circunstancias creadas por la lucha desencadenada en el seno de UCD, en los días previos al aplazado Congreso, para tener todos los elementos de juicio que puedan explicar la dimisión de Adolfo Suárez, sorprendente para sus propios compañeros de partido”.

Si bien Suárez anunciaba su dimisión el 29 de enero de 1981, el relevo tardó semanas en producirse. El primer paso fue la elección de un candidato alternativo de su partido, toda vez que no convocó elecciones anticipadas. Y el candidato elegido en una reunión de la cúpula de UCD, que seguía presidiendo Suárez, fue Leopoldo Calvo Sotelo, en contra de la opinión del sector crítico, teóricamente liderado por el presidente del Congreso, Landelino Lavilla, quien acabó siendo el candidato a la presidencia por UCD en 1982 y se llevó una sonora derrota ante el PSOE de Felipe González (202 escaños): la UCD pasó de 168 diputados a 11, y fue reemplazada por la AP de Manuel Fraga (luego reconvertido en PP) como la principal alternativa el PSOE.

La sesión de investidura de Calvo Sotelo arrancó el miércoles 18 de febrero, con un discurso que se iniciaba con una mención a su predecesor: “El proceso de que es parte central esta sesión de investidura se abrió con la dimisión del presidente Suárez. He estado a sus órdenes, como ministro, durante cuatro años, y he tenido el privilegio de seguir de cerca la transición política de la que él ha sido principal artífice. Quiero dejar en el umbral mismo de este discurso mi homenaje a la extraordinaria obra de Adolfo Suárez y mi afecto y mi admiración como persona. Con su retirada termina la transición. Con su retirada termina una etapa singularísima de la historia española. Precisamente porque yo no he sido el protagonista de esa transición que ahora termina, creo que puedo inaugurar una etapa nueva, en la que actúen desde el primer momento los mecanismos constitucionales limpios de toda emoción fundacional”.

Calvo Sotelo se presentaba, así, como el inicio de una nueva etapa en España frente al pasado que representaba Suárez como actor de la Transición, que el candidato daba por cerrada. Esto tampoco es innovador, siempre que llega un nuevo líder intenta representar e inaugurar un tiempo nuevo. A pesar de que Calvo Sotelo, como Suárez y todo su gobierno, provenía de las élites del franquismo.

Lo que no sabía Calvo Sotelo ese 18 de febrero, es que cinco días después, el 23, durante la segunda votación para su investidura –en este caso por mayoría simple–, se produciría un golpe de Estado que, además, venía a impugnar el discurso de Calvo Sotelo en la parte de que la Transición estaba acabada. “La democracia está hecha”, llegó a proclamar Calvo Sotelo, días antes de que entrara Tejero disparando al techo del Congreso en un golpe que pretendía, precisamente, regresar al franquismo.

España, en aquel febrero de 1981, fue consciente de que el franquismo no estaba enterrado del todo, que la democracia ni terminaba de hacerse ni debía darse por sentada.