Fueron muchos los factores que confluyeron el pasado 26 de mayo para darle a Emiliano García-Page su primera mayoría absoluta como presidente de Castilla-La Mancha. No es que fuera extraño en esta comunidad autónoma, de carácter bipartidista entre PP y PSOE hasta el año 2015, sino porque el resultado fue totalmente atípico dentro del contexto estatal de pactos. El propio García-Page tuvo que hacerlo así con Podemos toda la legislatura anterior, primero en un acuerdo de programa y luego en un gobierno de coalición. De ahí la singularidad de unos resultados electorales que le pusieron a los niveles de las legislaturas del también socialista José Bono, incluso con Ciudadanos entrando en las Cortes de Castilla-La Mancha. En su caso, fue una mayoría absoluta conseguida sin el tradicional bipartidismo.

En las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, aparte de Castilla-La Mancha, solamente en Extremadura el PSOE se hizo con otra mayoría absoluta similar. Dos regiones donde prácticamente han funcionado las mismas fórmulas, salvando algunas diferencias de discurso y carácter demográfico. En el caso castellanomanchego, los socialistas, pese a mantener un discurso conservador como suele ser habitual, aglutinaron a buena parte del electorado de izquierdas ante el desencanto con Podemos, pero también del centro-derecha: PP y de Podemos.

El PSOE consiguió 75.000 votos más recopilados en todas las provincias, pero de esa cantidad más de 30.000 se correspondieron a Toledo, por donde concurría García-Page. Debido al sistema electoral, ese gran aumento tan solo se tradujo en un escaño más por esta circunscripción pero fue un indicativo para comprender el aumento en las otras cuatro provincias. La subida de sus porcentajes y votos procedió de trasvases de varios frentes políticos. No se hizo con los 100.000 votos que perdió el PP, pero sí con buena parte de ellos.

Podemos, a la inversa

El caso de Podemos fue el contrario. El que fuera su socio de gobierno desde agosto de 2017, perdió unos 25.000 votos quedándose sin representación parlamentaria: aproximadamente la mitad se transformaron en papeleta socialista. Previamente, el partido de Pablo Iglesias había perdido también su representación por Castilla-La Mancha en el Congreso tras las elecciones generales de abril. La situación provocó la dimisión en bloque de la dirección de Podemos en la región y el nombramiento de una gestora que todavía hoy se mantiene.

Por el contrario, Ciudadanos sí que consiguió entrar por la puerta grande, con cuatro diputados, en las Cortes castellanomanchegas. Pero la situación de mayoría absoluta del PSOE ha difuminado su relevancia, puesto que no son necesarios estos escaños para que el partido del Gobierno saque adelante sus leyes y propuestas.

Precisamente, uno de los mensajes que Emiliano García-Page más repitió al inicio de la legislatura fue que su intención de conseguir pactos a todos los niveles pese a la mayoría absoluta. Eso, en el primer periodo de sesiones de la legislatura, se ha conseguido en unos casos y en otros no, como ha sucedido con el Estatuto de las Mujeres Rurales o la nueva Ley de Economía Circular: no han tenido consenso absoluto pero tampoco votos en contra.

Ciudadanos, influido por los pactos locales con el PSOE

La posición de Ciudadanos en el Parlamento también se ha visto influida por los pactos post electorales en ayuntamientos a los que llegó con el PSOE en virtud de los resultados de las elecciones municipales. La formación naranja gobierna con los socialistas en Guadalajara, Ciudad Real, Albacete y otros municipios de la región. Se trata igualmente de un caso ‘sui generis’ que se pactó a nivel regional y que ha dificultado el papel de oposición de este partido.

Los pactos PSOE-Ciudadanos junto con los resultados electorales han hecho que el PP se quede prácticamente sin poder en esta comunidad autónoma. Era la primera vez que Francisco Núñez, presidente de los ‘populares’ castellanomanchegos y sucesor de María Dolores de Cospedal, se presentaba a los comicios. Su debut no fue bueno y su papel ahora en la oposición se basa en fortalecer el discurso contra García-Page pero también contra Ciudadanos por sus acuerdos con los socialistas.

¿Cuál es el escenario futuro? Fuentes del Gobierno regional apuntan que la mayoría absoluta permiten mantener buenas expectativas. “Hay una estabilidad que nos está permitiendo sacar adelante nuestro proyecto, los presupuestos regionales a tiempo y una producción legislativa a velocidad de crucero y pisando el acelerador”. Es decir, optimismo a raudales en aras de esa mayoría absoluta, aunque con el objetivo de “seguir buscando el consenso”, especialmente en aquellas cuestiones de especial interés como el agua o la financiación autonómica.

La publicación del macrobarómetro electoral elaborado por el CIS sobre el 10 de noviembre ha vuelto a poner en cuestión el trabajo realizado por el instituto que preside José Félix Tezanos. El exdirigente del PSOE se defiende echando mano de otros pronósticos preelectorales en los que sus encuestas estuvieron más cerca que las del resto del resultado que finalmente arrojaron las urnas.

Los argumento de Tezanos sobre los aciertos del CIS son correctos pero solo en parte. Sus pronósticos para las elecciones generales del 28 de abril de 2019 fueron los que arrojaron mayor porcentaje de acierto con respecto a otros estudios realizados por empresas privadas.

Elecciones generales 28A

Preelectoral CIS vs. resultados 28A

Comparación entre la predicción del CIS preelectoral para el 28A y los resultados del 28A

En cuanto a las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo, el éxito del CIS fue menor. La sobreestimación de la formación que lidera Pablo Iglesias es una constante en las encuestas del CIS para esos comicios. También es habitual que sus barómetros midan por lo bajo las opciones de la derecha.

La encuesta pública tampoco supo prever la caída de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid y sobreestimó el resultado del candidato socialista Pepu Hernández. Falló también en Castilla y León, en donde el CIS daba casi por seguro un gobierno de PSOE y Podemos que acabaría en manos de Partido Popular y Ciudadanos. En aquella encuesta, el CIS preveía para Podemos una renta de ocho escaños y al final sacó dos.

Preelectoral CIS vs. resultados Castilla y León 26M

Comparación entre la predicción del CIS preelectoral para las elecciones a las Cortes de Castilla y León y los resultados del 26M

Comparamos las predicciones de los macrobarómetros preelectorales del CIS para las elecciones generales, europeas, autonómicas y de grandes ciudades con los resultados de cada uno de los comicios. Los siguientes gráficos resumen los aciertos y errores que el CIS tuvo que asumir después de cada jornada electoral.

Elecciones europeas 26M

Preelectoral CIS vs. resultados europeas 26M

Comparación entre la predicción del CIS preelectoral para las elecciones al Parlamento Europeo del 26M y los resultados del 26M

Elecciones autonómicas 26M

Preelectoral CIS vs. resultados Aragón 26M

Comparación entre la predicción del CIS preelectoral para las elecciones a las Cortes de Aragón y los resultados del 26M

Preelectoral CIS vs. resultados Principado de Asturias 26M

Comparación entre la predicción del CIS preelectoral para las elecciones a la Junta General del Principado de Asturias y los resultados del 26M

Preelectoral CIS vs. resultados Illes Balears 26M

Comparación entre la predicción del CIS preelectoral para las elecciones al Parlament de les Illes Balears y los resultados del 26M

Preelectoral CIS vs. resultados Canarias 26M

Comparación entre la predicción del CIS preelectoral para las elecciones al Parlamento de Canarias y los resultados del 26M

Preelectoral CIS vs. resultados Cantabria 26M

Comparación entre la predicción del CIS preelectoral para las elecciones al Parlamento de Cantabria y los resultados del 26M

Preelectoral CIS vs. resultados Castilla-La Mancha 26M

Comparación entre la predicción del CIS preelectoral para las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha y los resultados del 26M

Preelectoral CIS vs. resultados Extremadura 26M

Comparación entre la predicción del CIS preelectoral para las elecciones a la Asamblea de Extremadura y los resultados del 26M

Preelectoral CIS vs. resultados Comunidad de Madrid 26M

Comparación entre la predicción del CIS preelectoral para las elecciones a la Asamblea de Madrid y los resultados del 26M

Preelectoral CIS vs. resultados Región de Murcia 26M

Comparación entre la predicción del CIS preelectoral para las elecciones a la Asamblea Regional de Murcia y los resultados del 26M

Preelectoral CIS vs. resultados Comunidad Foral de Navarra 26M

Comparación entre la predicción del CIS preelectoral para las elecciones al Parlamento de Navarra y los resultados del 26M

Preelectoral CIS vs. resultados La Rioja 26M

Comparación entre la predicción del CIS preelectoral para las elecciones al Parlamento La Rioja y los resultados del 26M

Preelectoral CIS vs. resultados Ayuntamiento de Madrid 26M

Comparación entre la predicción del CIS preelectoral para las elecciones al Ayuntamiento de Madrid y los resultados del 26M

Elecciones municipales 26M

Preelectoral CIS vs. resultados Ayuntamiento de Barcelona 26M

Comparación entre la predicción del CIS preelectoral para las elecciones al Ayuntamiento de Barcelona y los resultados del 26M

Habrá pronto repetición de elecciones, al menos en una mesa electoral de Burela. Será, según prevé el Ayuntamiento de este pequeño municipio gallego, a finales de septiembre cuando 630 ciudadanos sean llamados a volver a votar, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) aceptase la reclamación de la formación Burela Sempre por una irregularidad en una de las urnas de un colegio electoral.

El Superior invalidó así el escrutinio realizado en su momento porque los miembros de esa mesa no enviaron para ser analizados por la Junta Electoral seis votos declarados nulos que podrían dar su primer concejal en la villa a Burela Sempre. Tres meses después de las elecciones, la localidad mariñana sigue a la espera de una corporación y gobierno definitivos y con un alcalde en funciones que espera que “lo antes posible” se repitan los comicios para poder llevar a cabo proyectos y tomar decisiones que la ausencia de una corporación definitiva impide.

El dictamen del TSXG ordenó la convocatoria de las elecciones en un máximo de tres meses desde la sentencia, un plazo que acaba a finales del próximo mes. Además, los comicios se han de repetir en la misma fecha en todos los ayuntamientos del Estado en el que se han anulado, tal y como establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Será ahora el Ejecutivo central quien, a través de un real decreto, convoque las elecciones después de que lo apruebe el Consejo de Ministros y se publique en el BOE, presumiblemente en los próximos días. A falta de confirmación oficial, el alcalde en funciones de Burela, el socialista Alfredo Llano, prevé que el domingo 22 o, más probablemente el 29, sea la fecha elegida

Si se confirmase el 22 de septiembre como la fecha elegida, sería precisamente un día antes del límite fijado para la investidura del nuevo presidente del Gobierno central. Si el 23 no es investido Pedro Sánchez, también se repetirían elecciones, en este caso en todo el Estado y el 10 de noviembre.

La repetición de los comicios en Burela no pone en peligro la continuidad en la alcaldía del socialista Alfredo Llano, con 6 concejales que le dan un amplio margen como fuerza más votada ante posibles cambios en esa mesa frente a los 4 concejales del PP y 3 del BNG en una corporación de 13 ediles. Pero sí dificulta el trabajo del gobierno municipal, como aclara el propio regidor en funciones en conversación con Praza.gal. “Claro que condiciona; no lo hace en la labor común y diaria, que no ha variado, o en la atención a la ciudadanía, que se mantiene como antes, pero el hecho de que la constitución de la corporación no sea todavía oficial y definitiva sí impide otras muchas iniciativas”, dice.

Según explica Llano, no se pueden llevar a cabo plenos extraordinarios y aquellos ordinarios que se convocan se hacen para cuestiones “de obligado cumplimiento”. “No puedes hacer nada que implique o condicione a la próxima corporación”, explica, tras poner varios ejemplos: “No podemos aprobar presupuestos, licitar obras, aplicar nuevas tasas o decidir cambios en la composición del personal municipal”.

Por tanto, Alfredo Llano reclama que “lo antes posible” se celebren las elecciones en esa mesa pendiente para que se constituya oficialmente la corporación y se acabe esta temporalidad en funciones. “Son ya dos meses y acabas perdiendo el hilo de muchas cuestiones; queremos modificar algún reglamento de terrazas y aplicar algunas mejoras en las tasas municipales y en los servicios públicos, pero no podemos mientras los grupos políticos no estén configurados definitivamente”, remata.

Todo a pesar de que esas nuevas elecciones cambiarán poco o nada. La formación independiente Burela Sempre, una de las varias candidaturas impulsadas en diversas localidades por el alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, expulsado del PSdeG, recurrió a la justicia por estimar que alguna de las seis papeletas consideradas nulas en la mesa en tela de juicio podía darle el voto que precisaba para lograr su primer concejal en la villa en detrimento del tercero del BNG, el último en repartirse. El TSXG le dio la razón recordando que esas papeletas debieron ser incluidas en los envíos que las mesas electorales hacen a las juntas electorales para que estas revisen los escrutinios, algo que no se hizo, lo que impidió revisar si eran efectivamente votos nulos.

“Si alguno de los 6 votos nulos se validase por la junta electoral de zona, y perteneciera a Burela Sempre, esta formación política obtendría el concejal número 13 de la Corporación municipal, y por lo tanto obtendría representación en el municipio de Burela, siempre y cuando ninguno de los votos restantes fuera favorable al BNG”, explicaba el TSXG en la sentencia. El tribunal añadía que “se produjo, por lo tanto, una evidente irregularidad e incumplimiento por parte de la Mesa Electoral que, como vimos, estaba obligada a no destruir las papeletas a las que se había negado validez, las cuales tenían que unirse al acta de escrutinio y archivarse con ella, una vez rubricadas por los miembros de la Mesa”.

La intención del regidor socialista es gobernar en solitario con apoyos puntuales del BNG, aunque la posible consecución de un edil por parte de Burela Sempre abriría otras opciones de pacto que no parecen tan factibles con esta formación.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Melilla ha citado para este lunes, en calidad de investigado, al presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro González (Cs). Se le acusa un presunto delito de falsificación de la lista electoral con la que concurrió a las pasadas elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo.

Fue Vox quien presentó la denuncia contra el actual presidente melillense en su calidad de Coordinador Territorial de Ciudadanos. El partido de Santiago Abascal le ha acusado de la presunta comisión de sendos delitos de falsificación de documentos y fraude electoral por la supuesta inclusión en la candidatura de personas “sin su consentimiento” o “falsificando sus firmas”.

La providencia judicial también pide que a la Policía Nacional que identifique y cite a una de las candidatas de Cs en las pasadas elecciones municipales y autonómicas para que declare, también el 29 de julio, “en calidad de testigo”, al tener sospechas de que podría ser una de las personas afectadas por la denuncia de falsificación realizada por Vox.

Por último, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Melilla también ha decidido solicitar a la Junta Electoral de Zona de Melilla (JEZ) que le remita “los originales presentados en la JEZ conforme a lo dispuesto en los artículos 45 y siguientes de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) de la candidatura a las elecciones municipales a la Asamblea de Melilla de 26 de mayo de 2019 correspondiente al partido político Cs”.

La presencia de Podemos en el escena política y mediática de Cantabria a día de hoy es prácticamente nula. Dos meses después de las elecciones autonómicas y municipales, que dejaron a la formación morada bajo mínimos a nivel de representación institucional -con tan solo dos concejales, uno en Santa Cruz de Bezana y otro en Castro Urdiales- y con una importante sangría de votos respecto a los comicios de 2015, el partido ha perdido todo el protagonismo que tuvo la pasada legislatura y ha dinamitado la movilización social que le otorgó casi 30.000 votos hace cuatro años, que se tradujeron en tres diputados y un grupo parlamentario propio. 

Y es que lejos quedan los tiempos en los que Podemos irrumpió con fuerza en el panorama nacional, de la mano de las reivindicaciones del movimiento 15M, y que tuvo su réplica en Cantabria con su entrada en el Parlamento autonómico por la puerta grande, siendo pieza clave con su abstención para la investidura de Miguel Ángel Revilla y con su 'sí' a los primeros presupuestos del bipartito PRC-PSOE, así como por una intensa labor de oposición fiscalizadora del Gobierno en diversas materias como vivienda, turismo, sanidad o industria.

Sin embargo, las continuas disputas internas que fueron surgiendo a lo largo de la legislatura en el seno de la formación morada fueron empañando su labor política y diluyendo el respaldo social del que gozaba al principio. En este sentido, los sucesivos enfrentamientos entre los diputados del grupo parlamentario, así como entre integrantes de la dirección del partido -con denuncias de acoso laboral de por medio- coparon titulares de prensa semana tras semana en detrimento de su actividad institucional y junto a colectivos sociales. 

Así pues, la ruptura del grupo parlamentario y la paralización de las primarias con la imposición desde Madrid de una gestora al frente del partido en la Comunidad y de una candidata a la Presidencia sin pasar por un proceso interno y con un perfil político desconocido terminó por ratificar los malos presagios electorales que venían sobrevolando al partido morado desde varios meses antes de la cita del 26M. 

Podemos se quedó fuera de la Cámara autonómica y la candidatura de Mónica Rodero cosechó 10.000 votos, un 3,12%, muy lejos de la barrera del 5% que es imprescindible para entrar en el Parlamento y se situó como sexta fuerza política, por detrás de PSOE, PP, PRC, Ciudadanos y Vox. Desde ese momento, el partido morado se esfumó de la agenda pública de Cantabria, dejando de emitir comunicados de prensa y de posicionarse públicamente sobre los temas de actualidad de la comunidad. 

Tanto es así que su cuenta de Twitter se mantiene activa por los retuits sobre temas de ámbito nacional y por la difusión de una campaña de captación de fondos entre sus simpatizantes que el partido impulsó tras las elecciones cuando, tras perder la representación parlamentaria, también perdió los recursos que percibía por formar parte de la misma. De hecho, la Cámara le sigue reclamando el sobrante de las subvenciones recibidas desde que se disolvió el grupo, para cuya devolución tiene hasta el mes de septiembre, tal y como ha podido confirmar este medio por fuentes parlamentarias. 

“Reestructurar el partido”

Los actuales responsables de la formación morada en Cantabria, que siguen siendo los miembros del autodenominado 'equipo técnico' impuesto por la dirección nacional, aseguran que están trabajando “en la reorganización del partido estructurando grupos de trabajo por áreas, que serán abiertos a todas las personas que quieran participar”. 

En este sentido, Merche González, responsable de Participación y Círculos, explica a eldiario.es que se están dedicando a “reactivar” algunos círculos, para lo que recibieron recientemente la visita de su homóloga a nivel nacional, Ana Marcello, así como del dirigente Rafael Mayoral. “Fue muchísima gente y me sorprendió bastante esa reacción después de todo lo que había pasado y los resultados electorales que podían hacer que estuviese un poco desmotivada”, sostiene González. 

En lo que respecta a Santander, Lydia Alegría, secretaria general de Podemos en la capital, afirma que en una asamblea, en la que se elaboró un informe, sacaron sus propias conclusiones de los “errores” cometidos. “La papeleta de la confluencia igual fue un poco confusa y, además, no conseguimos crear esa ilusión que se necesitaba para el cambio en Santander”, reconoce. “Igual estuvimos más enfrascados en la labor organizativa entre las diferentes fuerzas políticas en lugar de transmitir a la ciudadanía nuestras propuestas con más ahínco”, explica la dirigente morada. 

Sobre el nuevo impulso a los círculos, en el caso de Santander, Alegría ha llegado a poner su cargo a disposición de los militantes para que decidan sobre su continuidad al frente del partido, así como del modelo organizativo del mismo. “Debatiremos las diferentes propuestas que nos lleguen sobre la estructura”, señala la secretaria general, cuyo cargo tiene vigencia hasta noviembre. Asimismo, a nivel autonómico, opina que “hay una gran oportunidad de que Podemos crezca sanamente porque después de las elecciones se ha ido sumando gente a participar y los más conflictivos ya se han ido”.

Por su parte, el único concejal de Podemos Cantabria con responsabilidad de gobierno, Luis del Piñal, incide en esa reestructuración de la formación para hacerla “más óptima”. “Después de haber estado años acostumbrados a premiar la actividad institucional, ahora es el momento de hacer trabajo, también en las instituciones en las que estamos, pero sobre todo en la calle, porque da la impresión de que eso lo hemos dejado de lado y algunas personas así lo han percibido”.

Ese es el análisis del edil de Obras, Medio Ambiente, Desarrollo Local y Empleo, Movilidad y Transporte y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, para el que el partido “ahora es mucho más maduro”. “Las personas que lo integran ya tienen una experiencia y no van a cometer los errores del pasado”, sentencia Del Piñal.

“Marca desgastada y desprestigiada”

Sin embargo, uno de los tres diputados morados en la pasada legislatura que abandonó el partido decepcionado por la deriva del mismo no cree que vaya a ser posible reconducir la situación. “No parece sencillo”, asegura Alberto Bolado en conversación con eldiario.es, porque “la marca en Cantabria está totalmente desgastada y desprestigiada”. Además, pone el foco en que quienes “han sido la causa del problema siguen dirigiendo el partido de manera impuesta desde Madrid sin una masa social detrás”.

“No hay más que ver el último acto al que vino Rafa Mayoral: antes llenaban los sitios y ahora habría 25 personas”, ejemplifica, al tiempo que incide en el “palo económico” que supuso el resultado electoral y que obligó al partido a lanzar esa campaña de captación económica por primera vez desde que se fundó en 2015. “Cuando algunos vimos que después de las elecciones vinieron pidiendo dinero nos entró la risa floja”, sostiene. 

Desde la gestora de Podemos aseguran que la intención es realizar unas primarias para nombrar un secretario o secretaria general en Cantabria, pero “se tienen que convocar a nivel estatal y el 'equipo técnico' está nombrado hasta febrero”. 

“Esto se arreglaba rápido si los diputados no empezaran a cobrar el sueldo hasta que se conformara un acuerdo de gobierno”, me dijo un amigo, el otro día, mientras desayunábamos. Lo cierto es que me marché a casa meditando sus palabras que, no por simples, tampoco carecían de una lógica particular. Las elecciones autonómicas del 26 de mayo han dejado patente que, en esta Región, no se sabe pactar. El poco entrenamiento en todos estos años transcurridos desde la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía en 1982, con sucesivas mayorías absolutas del PSOE, primero, hasta 1995, y del PP, después, desembocaron en una insólita Asamblea Regional en 2015, cuando a los populares les faltó un solo escaño para revalidarla. El concurso de Ciudadanos entonces, que obtuvo cuatro diputados, permitió al PP seguir gobernando la legislatura anterior a la que ahora se inicia. Sin embargo, la fragmentación parlamentaria actual, más amplia que en esa penúltima etapa, en la que hubo cuatro grupos, se complica aún más con la llegada de Vox.

La irrupción del partido de derecha radical, -“ultraderechita cobarde” le llamó el otro día un más que enojado secretario general del PP, el ciezano Teodoro García- ha supuesto que el papel de árbitro de la situación recaiga en él, y ya no tanto en exclusiva en Cs. La presencia en la cúpula regional de Vox de exmilitantes del PP complica todavía más la cosa. Algunos de estos, abandonaron el partido en su día con ciertas dosis de rencor, a pesar de haber ostentado cargos de evidente responsabilidad en la Administración autonómica. Es el caso de Luis Gestoso, exdirector general de Emergencias, al que la llegada de Pedro Antonio Sánchez a la presidencia de la Comunidad y del PP, así como de Joaquín Bascuñana anteriormente a la Delegación del Gobierno, supusieron que actuara no tanto, como asegura, por abominar de la corrupción imperante en el que fue su partido y sí algo más por aquello que cuenta que hizo el periodista deportivo José María García cuando abandonó la Cadena Ser: “Me fui cinco minutos antes de que me echaran”. No había pues que ser un lince para deducir que Gestoso, hoy secretario del grupo parlamentario de Vox y negociador con PP y Cs de un posible pacto, haría sudar tinta a sus anteriores correligionarios de partido, con los que tenía cuentas pendientes.

Los resultados del 26-M fueron sabios por parte de la ciudadanía, que generalmente no suele equivocarse. Estos supusieron 17 diputados para el PSOE, ganador de los comicios, por 16 para el PP, 6 para Cs, 4 para Vox y 2 para Podemos-Equo. Lo de la sabiduría del pueblo viene a cuento de lo dicho por algunos durante la campaña, en el sentido de que eran bastante incomprensible que siguieran gobernando los que ya llevaban 24 años instalados en el palacio de San Esteban, contra viento y marea. Pues bien, las urnas arrojaron la cifra exacta para que socialistas y naranjas sumaran 23 escaños, que es justo lo que implica la mayoría absoluta. A partir de esa noche, Cs tuvo en su mano posibilitar un gobierno alternativo, que renovara las instituciones, las saneara con nueva savia democrática y provocara esa regeneración de la que tanto se hacía gala. Lo que ocurre es que desde la dirección nacional se les advirtió de que el “socio preferente” sería el PP, lo que complicó enormemente la cosa y, al parecer, trastocó posibles futuros planes.

Es evidente que el candidato socialista, Diego Conesa, al que ahora se le acusa de ser un peligrosísimo “sanchista”, ha dado sobradas muestras de moderación desde que irrumpiera en el panorama político regional. Con la imagen de hombre tranquilo, aun cometiendo algunos errores de cálculo, como el de apoyar la figura del 'relator' en la crisis catalana, ha recuperado un partido que se había convertido en las tres últimas décadas en una máquina de perder elecciones, una tras otra. Por tanto, conformar un gobierno con gente del PSOE y Cs, e incluso con la participación de personalidades independientes, no hubiera supuesto la llegada de los bolcheviques al poder, ni mucho menos, como algunos han querido hacernos ver, sosteniendo que esta Región nunca debería volver a estar gobernada por la izquierda, “que quiere romper España y pacta con los terroristas e independentistas”, en un acto reflejo de incomprensible patrimonialismo caciquil 'in saecula saeculorum'.

En su imprescindible 'Todo lo que era sólido' (Seix Barral, 2013), Antonio Muñoz Molina retrata como pocos un panorama que se viene repitiendo desde hace ya bastante tiempo, cuando expresa: “Pareció que no importaba ser mediocre o ser ignorante o venal para hacer carrera política, y ahora que necesitamos desesperadamente dirigentes políticos que estén a la altura de las circunstancias y que sean capaces de tomar decisiones y llegar a acuerdos nos encontramos gobernados por toscos segundones que no sirven más que para la menuda intriga partidista gracias a la cual ascendieron, todos ellos, mucho más arriba de lo que se correspondía con sus capacidades”.

Cuánto nos hubiéramos ahorrado, a la hora de evitar el espectáculo que la clase política murciana está ofreciendo al país, si la lógica hubiera imperado y las negociaciones hubiesen empezado por los integrantes de la lista más votada, evitando el bochorno y la improvisación en la última sesión de la fallida investidura, la semana pasada, con reuniones de cinco horas para sacar un documento que, por su simpleza y escasa concreción, produce rubor y sofoco, cafelitos de por medio, y espantada en el último segundo.

De vuelta al ensayo antes citado del ubetense Muñoz Molina, da en el clavo cuando denunciaba que “la mayor parte de los que tenían conocimientos y sabían hacer cosas se marcharon hace mucho tiempo de la política o fueron expulsados de ella. Han quedado y han ascendido los que no teniendo otra forma de prosperar en la vida se han limitado a una obstinada militancia, a una ilimitada disposición de obediencia, en el mejor de los casos, y de corrupción en el peor. En ningún otro campo profesional se puede llegar más lejos careciendo de cualificación, conocimiento o habilidad verificable”.

Dejar la política en según qué manos conlleva esto: pasar por ser el hazmerreír de España, mientras en Madrid se frotan las manos experimentando con el banco de pruebas en el que nos han querido convertir al millón y medio de murcianos que, como repite con ese mantra porfiado su todavía presidente, viven “en la mejor tierra del mundo”.

EL PACTO. Se sabía desde antes de las elecciones del 26 de mayo que el PSOE trataría de desalojar a CC -y viceversa- de las principales instituciones de Fuerteventura si daban los números y las circunstancias. Y así fue. Ya en junio del año pasado, en la recta final del pasado mandato, se llegó a explorar una moción de censura contra Marcial Morales, como desveló Podemos, que no llegó a fraguar. Tras el 26-M el camino ha estado despejado para el Partido Socialista, que ha liderado el cambio en las dos principales instituciones majoreras, el Cabildo y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

La Corporación insular es la institución más simbólica, la que atesora mayor poder y más posibles: 169 millones aguardan ahora mismo en el banco. Esa rebosante cuenta corriente, paradojas de la política, es un mal síntoma, que puede explicar, en parte, por qué CC se dejó unos 1.600 votos y dos consejeros en las elecciones al Cabildo y dejó el flanco descubierto para lo que finalmente ha sucedido. Evidencia retrasos en la ejecución del presupuesto cuando la presidencia y las carteras con músculo inversor estaban en manos nacionalistas.

Con todo, la alianza entre PSOE, NC-AMF y Podemos para hacer presidente al socialista Blas Acosta tuvo que esperar a otro acuerdo cuya negociación fue incluso más complicada: el bautizado como ‘pacto de las flores’, que eleva a la presidencia de la comunidad autónoma a otro socialista, Ángel Víctor Torres.

Las resistencias en la dirección regional de Podemos, enfrentada al grupo mayoritario de los miembros de la formación morada en la Isla, no duraron demasiado. Si la estrategia, desde Pablo Iglesias para abajo, es gobernar con el PSOE, en Fuerteventura no podía ser distinto. Si además los militantes (inscritos, según su nomenclatura) de forma abrumadora (133 a favor, 21 en contra) respaldaron el pacto, un veto desde las alturas era prácticamente imposible. Ya bastante fractura interna generó la imposición de Noemí Santana al situar al historiador Carmelo Torres como candidato al Parlamento, por delante del líder natural en Fuerteventura, Andrés Briansó, elegido en primarias.

Sin embargo, la mayor presión recayó sobre Alejandro Jorge. Su voto es el que inclinaba la balanza, hacia Lola García o hacia Blas Acosta. De su grupo político, el que mayor fidelidad tiene a las siglas del partido de Román Rodríguez. El líder de Nueva Canarias en la Isla tenía claro que el futuro del Cabildo estaría ligado a la configuración del Ejecutivo regional. Y así ocurrió. Cuando Casimiro Curbelo, harto de la trabas de Ciudadanos a su amigo Fernando Clavijo y de la crisis en el PP, abierta por el regalo envenenado de la presidencia autonómica, optó por volver a las faldas del PSOE, de carambola decidió quién presidiría el Cabildo de Fuerteventura.

Un intercambio de cromos entre CC y NC del Ayuntamiento de Telde por el Cabildo majorero, como asegura Mario Cabrera, que negoció con Román, parece poco cuando puede estar en juego el Gobierno de Canarias.

EL REPARTO. En los últimos 40 años se han producido dos mociones de censura en el Cabildo majorero. La que, en julio de 1995, llevó a la presidencia a Ildefonso Chacón, en virtud de un pacto entre Independientes de Fuerteventura, PSOE y PP, y la que ahora eleva al despacho presidencial de la sede de Primero de Mayo a Blas Acosta.

El defenestrado hace 24 años fue José Juan Herrera Velázquez, que volvería a ganar las elecciones y ser presidente en 1999, y ahora lo es Lola García, la primera mujer en presidir, de manera efímera, la Corporación insular en 106 años de historia.

“El Cabildo de Fuerteventura”, dice Blas Acosta, “debe recuperar el prestigio”. Su condición de presidente, además del poder que le confiere el bastón de mando, tiene en este caso una cláusula reforzada: ninguno de los consejeros que ha firmado la moción de censura contra Lola García podría, en el caso de que el pacto de gobierno se malograse, volver a firmar para apartarlo.

El PSOE gestionará áreas clave como Hacienda, Turismo, Aguas o Bienestar Social, pero entre los doce miembros del pacto de gobierno emerge un súper consejero, Sergio Lloret. El exalcalde de Tuineje se ocupará del departamento de Obras Públicas, con multitud de proyectos pendientes, y del área de Ordenación del Territorio, en pleno proceso de revisión del PIOF y de los planes de espacios naturales protegidos. Marcelino Cerdeña, alcalde de Betancuria, también tendrá una importante proyección insular, al controlar las áreas de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, mientras que los consejeros de Podemos llevarán Cultura y Participación Ciudadana, entre otras áreas, lo que les puede permitir imprimir un sello propio al gobierno y que su presencia no sea testimonial.

EL PROGRAMA. Los 88 compromisos del nuevo gobierno en el Cabildo de Fuerteventura son, en gran medida, propuestas que cuentan con amplio respaldo político y social y que, eliminando algún que otro adjetivo, podrían firmar los 23 consejeros que forman parte de la Corporación insular.

En materia territorial, donde Coalición Canaria ya ha anunciado que pondrá el foco desde la oposición, como ha manifestado su secretario insular, Mario Cabrera, el pacto se plantea “culminar la tramitación del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF) a través de un proceso participativo”. También señala que apuesta por un planeamiento territorial que “garantice” el “desarrollo equilibrado y sostenible de la Isla”.

Otro compromiso es “impulsar la Reserva de Biosfera de Fuerteventura, realzando este reconocimiento de alcance internacional”. También “reordenar los espacios naturales protegidos con una triple finalidad”: la “conservación natural y cultural”, el “desarrollo social y económico” y el “apoyo educativo, divulgativo e investigador”.

Y se aspira a una “estrategia de desarrollo sostenible, marcada por las directrices, principios y compromisos globales en la lucha contra el cambio climático”. Atajar el problema de la vivienda, coordinando “acciones” para adquirir suelo y construir casas de protección, es otra de las medidas estrella. De forma más tangible, se anuncia la construcción de una planta ambiental para la gestión de residuos en el sur de la Isla.

En materia energética, se comprometen a “marcar una hoja de ruta para el desmantelamiento de la central” térmica de Las Salinas, junto al barrio capitalino de El Charco, algo que no es competencia insular, y a “desarrollar las actuaciones necesarias para conseguir el objetivo de desalar el cien por cien del agua que se consume en la Isla con energías limpias”, cuya responsabilidad sí es del Cabildo, como máximo responsable del CAAF.

El Consorcio de Aguas es una de las bombas de relojería que puede estallar en cualquier momento: casi la mitad del agua que se desala no se factura y los propios técnicos denuncian en informes internos múltiples deficiencias hasta en lo más básico, como el control de las reparaciones.

A partir de ahora, se verá si el programa se empieza a cumplir o si los partidos pueden reciclarlo para 2023.

Este 2019, 405 municipios españoles estarán gobernados por primera vez por una alcaldesa desde las primeras elecciones democráticas municipales de 1979, según la base de datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública analizada por eldiario.es. Los resultados de los comicios del 26 de mayo y los posteriores pactos han hecho que cuatro centenares de localidades se añadan a las 3.952 que han sido gobernadas en algún momento por mujeres. Sin embargo, el 51,3% de los municipios españoles nunca ha tenido una alcaldesa desde que volvió la democracia.

Algunas de estas localidades son ciudades medianas, e incluso capitales de provincia, como A Coruña, Sabadell, Santa Cruz de Tenerife o Alcorcón, las cuatro de entre 160.000 y 245.000 habitantes. Pero la inmensa mayoría de los municipios que estrenan alcaldesa por primera vez desde 1979 tienen menos de 3.000 habitantes.;

Es precisamente en las zonas rurales donde los datos empeoran. Mientras que el 38% de las ciudades con más de 100.000 personas censadas nunca ha sido gobernado por una alcaldesa, el dato sube al 48% en los municipios de entre 1.000 y 10.000 habitantes, al 53% en las localidades de entre 100 y 1.000, y hasta el 59% en las que tienen menos de cien. La obligación de que las listas electorales sean paritarias (con una representación máxima del 60% para un sexo y del 40% como mínimo para el otro) no opera en los municipios de menos de 3.000 habitantes.

La triple jornada (trabajo remunerado, cuidados y política) que tienen que asumir muchas mujeres que quieren dedicarse a la política (no remunerada en el caso de los municipios pequeños), la falta de compromiso de los partidos políticos a la hora de formar sus listas y poner mujeres como cabeza de las candidaturas, o la permanencia de los roles de género y del poder asociado a la masculinidad, son algunas de las razones que han apuntalado un mapa de poder local mayoritariamente en manos de hombres.

El porcentaje de alcaldesas ha ido aumentado paulatinamente desde 1979. Si ese año fueron el 1,2% de los alcaldes elegidos en los comicios, en las últimas elecciones municipales llegaron al 21,7%.;

Más de la mitad de los actuales municipios españoles, el 51,3%, nunca han sido gobernados por una mujer desde que se celebraron las primeras elecciones locales tras la muerte de Franco, en 1979. De los 8.131 ayuntamientos actuales, 4.179 han estado siempre gobernados por hombres o, lo que es lo mismo, nunca han tenido una alcaldesa.

El resto de municipios, 3.952, han tenido tanto alcaldes como alcaldesas, aunque también en estos los nombramientos de hombres han sido ampliamente mayoritarios. De los 93.675 alcaldes nombrados en municipios españoles desde las primeras elecciones municipales, solo 9.914 mandatos han recaído en mujeres, según la base de datos histórica de alcaldes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública analizada por eldiario.es. Unos datos que muestran hasta qué punto el poder político masculino ha sido la norma en nuestro país.

Más de la mitad de los municipios españoles solo han sido gobernados por hombres

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Mandatos de mujeres (1979-2019)

Tiempo en la alcadía (1979-2019)

Alcalde o alcaldesa de 2019

Hombre

Mujer

*No hay datos de 2019 para 60 municipios que no han celebrado el Pleno o no han enviado la información de su alcalde al Ministerio a 4 de julio de 2019

Fuente: Ministerio de Política Territorial

Si dedicarse a la política estatal y regional puede convertirse en la principal fuente de ingresos para alguien que se dedique a ella, no sucede así con la política local. En muchos casos ni alcaldes ni concejales de municipios pequeños reciben remuneración.

“Así que es un trabajo que se añade a las responsabilidades laborales y familiares. Como, desgraciadamente, las responsabilidades familiares no se encuentran equitativamente repartidas, esto ocasiona que las mujeres tengan una doble jornada laboral, la del trabajo productivo y reproductivo. La mayoría de mujeres tienen menos tiempo disponible, ya sea para la política o para cualquier otra cosa que se planteara hacer”, apunta la politóloga Silvia Clavería.

El compromiso político se convierte, por tanto, en una “triple jornada laboral”. La falta de tiempo y la sobrecarga de trabajos y tareas hace, además, que las mujeres no estén presentes en ámbitos informales donde aún se toman decisiones, también políticas. 

Los partidos políticos también tienen su dosis de responsabilidad. Tradicionalmente, las cuotas y la paridad han sido conceptos más y mejor asumidos por los partidos de izquierdas. “La idea de la paridad ha sido una propuesta política de reparto del poder que ha sido incomprendida por la derecha. O no la ha comprendido o la ha rechazado”, dice la directora del Centro de Estudios de Género y Feministas de la Universidad de A Coruña, Rosa Cobo, que señala la resistencia conservadora a asumir y aplicar medidas para repartir el poder. 

“Principalmente son los partidos de izquierdas los que tienden a aplicar cuotas voluntarias, tanto en el ejecutivo del partido, como en las listas electorales, por su compromiso con la igualdad. Por ejemplo, PSOE, Unidas Podemos, la CUP o ERC tienden a realizar listas cremallera. Pero, muchas veces, cuanto más descentralizada está la creación de la lista electoral, más difícil es para los partidos hacer valer este principio de igualdad, y más sujeto a las idiosincrasias locales”, refuerza Clavería.

Los datos son aún más desiguales en la España rural. Conforme aumenta el número de habitantes, aumentan los municipios que sí han tenido alguna vez una mujer al mando. El 38% de las ciudades de más de 100.000 habitantes nunca ha sido gobernada por una alcaldesa. El porcentaje sube diez puntos en las localidades que tienen entre mil y diez mil habitantes: el 48% siempre han estado lideradas por hombres.

“La segregación de espacios en los que el ámbito público era de los hombres y el privado, de las mujeres, a cargo de los cuidados, todavía se mantiene en el imaginario colectivo, y supone un freno muy eficaz, que se intensifica en los sitos más pequeños”, argumentan fuentes del Ministerio de Igualdad. Es, por tanto, en los municipios y en las zonas rurales o no urbanas que se extienden por la mayor parte de nuestro país donde la “preeminencia de los roles de género tradicionales” es más fuerte. “Ahí es todavía más complejo enfrentarse a ellos. Las presiones, las 'sanciones sociales', también la falta de estructuras, mantienen barreras que combinan techos de cristal con suelos pegajosos, también en la política”, añaden.

Por otro lado, a más tamaño del municipio, más poder para repartir y más posibilidades de que las mujeres ocupen espacios, aunque no siempre relevantes, señalan las expertas. La Ley de Igualdad obliga a que haya una representación de no más del 60% para un sexo y no menos del 40% para el otro en cada tramo de cinco candidatos de una lista electoral y en el cómputo global. Sin embargo, este requisito opera solo para los municipios de más de 3.000 habitantes. 

La presencia equilibrada de hombres y mujeres es hoy en día una exigencia que parte de la ciudadanía mira con lupa. Bien sea por convicción, bien por guardar las apariencias, los partidos tienden más que antes a cumplir con cierto equilibrio. Pero la vigilancia no es igual en todos los ámbitos, apunta Rosa Cobo, y eso hace que pongan más empeño en acercarse a la paridad y en colocar a mujeres en puestos visibles cuando se trata de las elecciones generales que cuando hablamos de las listas para pequeños pueblos o ciudades.  

Aunque los datos mejoran conforme los municipios ganan habitantes, aún hay decenas de grandes ciudades que nunca han tenido una alcaldesa. Es el caso de San Sebastián y Burgos, de casi 200.000 habitantes; León y Algeciras, de unos 120.000, y Ceuta, Melilla y Pontevedra, con cerca de 85.000 personas censadas.  

Desde el Ministerio de Igualdad señalan que históricamente las mujeres han estado fuera del poder “material y simbólicamente”. “Ejercer el poder no era solo una 'potestad' de los hombres, sino que ha sido una característica que definía la propia masculinidad. Más aún el ámbito político, que es el lugar por antonomasia del poder”, reflexionan. Por eso, opinan, hay que repensar el patrón cultural que opera alejando a las mujeres del poder, dotar de autoridad a las mujeres, visibilizar referentes y liderazgos feministas. 

Más allá del equilibrio en las candidaturas, para que una mujer llegue a ser alcaldesa tiene que ser cabeza de lista. “Y ellas aún están discriminadas para estar en estas posiciones, aun habiendo cuotas. Ellos, en general, son los dirigentes de los partidos en el plano local, porque se les atribuyen más características de ser buenos líderes, competitividad”, afirma la politóloga Silvia Clavería. Como también sucede en el mundo económico, los predecesores hombres tienden a ser mentores de otros hombres y a facilitarles el camino, mientras que las mujeres necesitan demostrar más experiencia política, y así la rueda sigue. 

El socialista Alpidio Armas ha sido designado este martes presidente del Cabildo de El Hierro, cargo que ocupa por segunda vez y para el que ha prometido diálogo con todos los grupos y tomar medidas contra “el maltrato” a la Isla, pues los herreños “tienen que ser dueños de su propio destino”.

Alpidio Armas ha sido elegido presidente de la institución insular como cabeza de lista de la formación más votada en las elecciones autonómicas del 26 de mayo, cuando el PSOE logró 1.695 votos y 4 consejeros, los mismos que ha obtenido la Agrupación Electoral por El Hierro, que obtuvo el respaldo de 1.513 votantes.

La tercera fuerza en la corporación insular es la Agrupación Herreña Independiente (AHI), que lidera la expresidenta herreña Belén Allende con 1.321 votos y 3 consejeros, mientras que el PP logró 645 votos y 1 consejero, al igual que Podemos-Izquierda Unida, que obtuvo 494 votos y 1 consejero. 

En las pasadas elecciones municipales, frente al candidato del Partido Popular, la formación de independientes que concurrieron por la lista del PSOE de Armuña de Tajuña se hacía con la Alcaldía de la localidad, así como con sus cinco concejalías. Una mayoría absoluta que poco tiene de original si no fuera porque su equipo de gobierno está compuesto solo por mujeres.

“En Armuña la votación es a lista abierta, es decir, que la ciudadanía no vota a un partido político, sino a las personas. Dentro de esa lista abierta por el Partido Socialista independiente nos presentamos cinco mujeres, los cinco concejales que hay, y por el Partido Popular se presentó una persona”, explica a este diario la que ya es la alcaldesa, Raquel Polo.

Por eso, con un 73% de participación, los votantes de las elecciones municipales del pasado 26 de mayo eligieron al PSOE pero también a cinco mujeres, entre ellas la primera alcaldesa de la historia de este pueblo de apenas 300 habitantes. “Nuestra preocupación era que saliéramos las cinco. La gente nos ha apoyado”.

Aunque el mundo rural sea uno de los escenarios en los que más se perpetúan las tradiciones machistas, este cambio ha supuesto “un paso adelante”. “En pueblos pequeños del mundo rural antes esto no era posible, era algo inusual”, relata la nueva alcaldesa.

Según Polo, su nombramiento ha supuesto ilusión entre pequeños y mayores pero sobre todo entre las ciudadanas. “Para las mujeres mayores significa confirmar que al final tenemos las mismas oportunidades, somos iguales y podemos ocupar cualquier cargo ya que antes esto no hubiera sido posible y ahora sí”.

“Queremos subsanar las dificultades de vivir en el medio rural”

Según Raquel Polo, “hay que luchar por todos los pueblos pequeños, tanto de la provincia como de fuera; somos los pequeños pueblos los que nos tenemos que unir para conseguir cosas”. Esta fue la razón por lo que ante la falta de representación de la izquierda, ya que el anterior alcalde socialista dejaba su puesto, ellas decidieron dar el paso y unirse para aventurarse “en este proyecto y seguir adelante”.

La alcaldesa de Armuña de Tajuña se dedicará exclusivamente a este cargo mientras que otras concejalas compaginarán su trabajo público con sus profesiones. “Las cosas que podemos hacer están por ver. En el ámbito de la mujer se pueden hacer muchas cosas pero tampoco es algo que vayamos a hacer específicamente”, explica.

Entre las prioridades de este nuevo equipo de gobierno, se encuentra el reto de minimizar las diferencias entre vivir en el medio rural y en el medio urbano. “En los pueblos pequeños hay algunas desventajas. Por ejemplo, no tenemos pediatra ni transporte escolar”, comenta la alcaldesa, que intentará que “la gente pueda tener las mismas ventajas que viviendo en una ciudad y al final sea apetecible el marcharse a vivir a un pueblo”.

“La ciudadanía piensa en lo que va a perder” si traslada su residencia a una localidad rural. Por ello, desde Armuña de Tajuña quieren “subsanar estas dificultades”. Guadalajara es una de las provincias más afectadas por la despoblación, según los datos del Instituto Serranía Celtibérica. La zona cero de la despoblación es la comarca del Señorío de Molina con una densidad demográfica de 1,63 habitantes por kilómetro cuadrado, la más baja de España.

Ciudadanos ha publicado este domingo en su cuenta de Twitter un hilo en el que denuncia que “siempre que puede, Sánchez pacta con nacionalistas”. A lo largo de varios posts, la cuenta del partido que lidera Albert Rivera desgrana los que ellos mismos han definido como los 100 “pactos de la infamia”. Un contenido que han duplicado, incluso, en su propia web. Pero, en algunos casos, los gráficos que la formación naranja utiliza están manipulados u ocultan información esencial para entender el contexto de los acuerdos. Tanto, que muchos internautas han caído en la cuenta y el partido ha tenido que eliminar algunas publicaciones.

La estrategia que ha seguido Ciudadanos en este hilo es mostrar los pactos del PSOE con algún partido independentista y la suma de sus concejales. En las mismas gráficas, muestra en gris y como si fuera un solo grupo, sin identificar las siglas, el resto. El quid de la cuestión está en que, aunque a primera vista parece que los socialistas podrían haber facilitado gobiernos municipales “consitucionalistas” con la suma de esa masa gris, al analizar a quién corresponden esos concejales se aprecia que también aparecen partidos independentistas.

En muchos casos, Cs ni siquiera tiene representación y del análisis detallado se extrae que el PSOE se ha inclinado por apoyar o recibir el apoyo del PNV en lugar de en EH Bildu; o que ha preferido a ERC en lugar de Junts per Cat, el partido de Puigdemont.

En Castelldefels, Cs acusa al PSOE de evitar que “gobierne el constitucionalismo, y eso que ha ganado las elecciones”. En este caso, la parte del gráfico que no identifican suma 11 concejales, pero no son todos del partido de Rivera. Ni siquiera son todos representantes de lo que este partido considera “constitucionalistas”: ocho son del PP; dos son de Ciudadanos; y uno es de Junts.

En Caldes d'Estrac se da una situación parecida. “El PSC se alía con ERC”, dice Ciudadanos. “Otro gobierno donde Sánchez va a permitir que sus socios sigan imponiendo las tesis separatistas impunemente en Cataluña”. En el gráfico se muestran los cinco concejales de ERC, los tres del PSOE y otros tres de origen desconocido. A simple vista, la suma de los socialistas con estos otros tres serviría para arrebatar el bastón de mando a ERC. Pero, ¿a quién corresponden? Junts y Gent de'Estrac (GdE). Ni PP ni Ciudadanos obtuvieron representación en este municipio, por lo que un gobierno íntegramente “constitucionalista” es, numéricamente, imposible.

“No hay manera de hacer que se aparten de los independentistas”, dicen en un post sobre Castellví de Rosanes. Allí Junts per Catalunya tiene cuatro concejales, el PSC tiene tres y otro grupo sin identificar suma dos. Ese partido sin identificar es ERC. Otra vez, los votos socialistas no pueden evitar que el bastón de mando recaiga en un alcalde independentista, pese a que Ciudadanos sugiere lo contrario.

Como denuncia este tuit, Cs afirma que el PSOE no ha dudado en dar la alcaldía de Zigoitia al PNV. En el gráfico que acompaña al texto puede verse que el PNV tiene cuatro concejales, el PSOE tiene uno y otro partido sin identificar, cuatro. ¿De qué formación se trata? EH Bildu. Es decir, el PSOE apoyó al PNV para evitar que gobernara la izquierda abertzale, contra la que Ciudadanos tiene su cruzada particular.

En otro tuit, Ciudadanos acusaba al PSOE de pactar con los populistas en Vila-Real. “Al PSOE le faltaba un concejal para formar gobierno en Vila-real... ¿Socio prioritario? Los populistas”, indica el mensaje, acompañado de un gráfico en el que se ve claramente que los socialistas tienen mayoría absoluta en esta localidad. El mensaje ha sido eliminado.

En Altafulla, una pequeña localidad de poco más de 5.000 habitantes donde ni Cs ni el PP han conseguido representación, acusan al PSOE de colaborar “con el separatismo” y gobernar de la mano de ERC. Aunque es cierto que el único concejal socialista ha entrado en el gobierno municipal, también lo es que su apoyo a la marca de ERC en ese municipio ha impedido que entre el partido de Puigdemont. Los números tampoco permitían otra opción de gobierno, porque aunque en la imagen parece que los socialistas y En Comú Podem suman tanto como ERC, obvian los concejales de Junts. En cualquier caso, de no haberse llegado un acuerdo, gobernaría la lista más votada: esto es, la de ERC.

Los de Ciudadanos vuelven a repetir estrategia con los datos de Sant Vicenç de Castellet. Acusan al PSC de gobernar en coalición “junto con quienes quieren romper nuestro país”. En el gráfico que publican se ve que los dos concejales del PSOE apoyan a los cinco de ERC. La imagen da a entender que los socialistas suman más con los seis que aparecen en gris. Suman más, pero esos seis concejales corresponden a Junts per Cat (cinco) y a En Comú (uno). En La Selva del Camp el PSC gobierna con ERC y evita así que lo haga Junts per Cat con la Cup, las otras fuerzas presentes en el consistorio.

En el hilo aparece también Vitoria, con un esquema similar. El PSOE pacto con el PNV, con quien suma 13 concejales. La suma gris alcanza los 14, pero está formada por PP, Bildu y Podemos. Es decir, la suma de lo que Ciudadanos llama “constitucionalistas” no alcanza la mayoría absoluta. Haría falta, en cualquier caso, el apoyo de “batasunos”, “separatistas” o “populistas”. Ocurre lo mismo en Donosti y Bilbao.

En Oion, Cs afirma que “había una suma constitucionalista posible”, pero que “el PNV gobernará gracias a los votos del PSOE”. Ambos partidos suman seis concejales. En la imagen que acompaña al post, aparece un “otros” con cinco representantes. Parecería que esos cinco son constitucionalistas con los que el PSOE podría sumar más que con el PNV. Nada más lejos de la realidad: el PP suma dos, Bildu otros dos y SI/Bai aporta otro. Los constitucionalistas a los que ahce referencia Cs -PSOE y PP- solo suman cuatro concejales.

Otro internautas han caído en la cuenta de que los gráficos que utiliza Cs no solo ocultan información importante, sino que estos están mal elaborados y que las franjas que muestras los concejales de cada partido no son proporcionales.

La política de pactos municipales ha consolidado el giro a la derecha de Ciudadanos, que ha optado por cerrar gobiernos con el PP y con Vox como actor necesario, relegando al PSOE a 'socio excepcional' en unos cuantos ayuntamientos, incluso en Melilla –ciudad autónoma que presidirán–, donde los de Albert Rivera han visto la posibilidad de un intercambio de favores con los socialistas.

Una vez configurado el mapa local, ahora todos los esfuerzos se centran en las negociaciones para determinar el puzle autonómico en el que el partido de Santiago Abascal también presiona para encajar sus piezas, especialmente en Madrid, donde la tensión crece a medida que se acerca el plazo para la investidura de la dirigente popular Isabel Díaz Ayuso.

El partido de Rivera, que no gobernaba hasta ahora en ninguna autonomía, capital de provincia ni ciudad importante, hace un balance “muy positivo” de los acuerdos. Aunque su poder tras el 26M se limitará fundamentalmente a cogobernar en las comunidades de Castilla y León, Murcia y Madrid junto con el PP, por cuyo espacio político han luchando en campaña, en Ciudadanos se dan por satisfechos con los resultados al considerar que ese rodaje les servirá para “adquirir experiencia de gestión” con el fin de optar dentro de unos años a dirigir el país, el gran sueño del líder de Ciudadanos.

La realidad es que aunque ha logrado cierta implantación local y territorial, el partido de Rivera no ha conseguido protagonizar el gran “cambio” que esperaba frente a un PP en franco declive al que, por el contrario, ha apuntalado territorialmente tras los pactos que ambos partidos han sellado.

Además, los de Rivera han terminado asumiendo –aunque lo niegan en público– que al haber optado por el PP como 'socio preferente', de una manera u otra tienen que contar también con Vox pese a las numerosas advertencias que les han hecho llegar antiguos fundadores del propio partido o sus socios europeos. Y también el concejal de Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, su antiguo aliado, con el que Rivera acaba de romper relaciones por haber apoyado en Barcelona a Ada Colau para evitar un gobierno independentista.

En la formación, sin embargo, están muy molestos porque se les etiquete junto a Vox, e insisten en que ellos no están incumpliendo el mandato de su Ejecutiva porque “hablar” con Vox no es “negociar”, según dijo Inés Arrimadas en El Objetivo de La Sexta. En esa misma línea argumentan que tampoco pueden evitar que el PP integre a Vox en estructuras 'secundarias' de las áreas de gobierno que les correspondan, como, por ejemplo, otorgándoles algunas Juntas de Distrito de Madrid o algunos “entes u organismos” que dependan de las consejerías de los populares. “Eso no es entrar en el Gobierno”, discuten en Ciudadanos.

De momento, todas las miradas están puestas en la Comunidad de Madrid, donde Vox sigue tensando la cuerda y exigiendo la cuota de poder que le prometió el PP en el ayuntamiento para que las negociaciones entre los tres partidos fructifiquen. En Ciudadanos pretendieron repartirse los cuatro años de mandato municipal entre los dos candidatos –José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís– pero el PP se negó. Ahora todo sigue abierto a la espera de calmar las aguas con Vox.

Las bazas que ha logrado Ciudadanos

¿Qué ha logrado Ciudadanos? Haciendo un repaso de sus principales bazas una de ellas han sido Granada, donde el partido ha conseguido que Luis Salvador –exparlamentario del PSOE– se convierta en alcalde pese a que la formación naranja tiene solo cuatro de los 27 concejales frente a los 10 del PSOE, los 7 del PP y 3 de Vox.

Pero el acuerdo se está cuestionando por parte del propio PP mientras el partido de Abascal también quiere su cuota. La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha reclamado entrar en el gobierno de la capital granadina en proporción a su representación y ha advertido de que el “incumplimiento de este acuerdo” supondrá que promuevan una “moción de censura de inmediato” contra Salvador, en favor del anterior alcalde socialista.

Los de Rivera, a cambio, han facilitado al PP el bastón de mando en otras capitales de provincias andaluzas, como Málaga,  donde el regidor del PP inicia así su sexto mandato sin problemas; Almería, gracias al apoyo de Ciudadanos y Vox; o Córdoba, gracias a los votos de Ciudadanos y a la abstención de los dos ediles de Vox.

Junto a estas hay que añadir Zaragoza, también con el apoyo de Ciudadanos y Vox; Alicante –sin Vox–, en un pacto que también alcanza la diputación provincial, o Murcia, en donde sumaban mayoría absoluta y alcanzaron un acuerdo a última hora. El PP también gobernará Teruel tras el apoyo de Ciudadanos y Vox, y Badajoz, donde Vox, tras apoyar al edil popular, ahora reclama su cuota de poder.

Pactos puntuales también con el PSOE 'no sanchista'

Ciudadanos ha jugado al mismo tiempo algunas de sus cartas por la banda izquierda y, gracias a un acuerdo con el PSOE castellano manchego –al que en Ciudadanos 'indultan' por considerar que Emiliano García-Page no es 'sanchista'– cogobernarán las alcaldías de Ciudad Real y Albacete, donde los ediles de cada partido se turnarán el bastón de mando dos años cada uno.

A nivel autonómico, los de Rivera han permitido que los populares mantengan, tras más de tres décadas gobernando, la comunidad de Castilla y León accediendo a que Alfonso Fernández Mañueco sea presidente de la Junta mientras Ciudadanos ocupa la presidencia del parlamento regional. 

Además, este acuerdo incluía ceder a los de Rivera la alcaldía de Burgos pero Vox se enfadó y dinamitó a última hora el acuerdo, facilitando con ello que el PSOE se hiciera con el bastón de mando al haber sido la lista más votada. Ahora los populares quieren presentar una moción de censura, 

Otro punto de conflicto entre las derechas ha sido Aragón. En Huesca ha habido lío y tensión tras frustrarse el posible acuerdo de las derechas para dar la alcaldía al PP, así que seguirá gobernando el socialista Luis Felipe tras un voto en blanco inesperado que el PP atribuye a uno de los ediles de Ciudadanos. Y la moción de censura que plantearon los de Casado no logró apoyos para presentarla

Donde se ha allanado el camino sin problemas ha sido en Alicante. Allí, los equipos negociadores de PP y Ciudadanos cerraron la semana pasada un acuerdo para gobernar conjuntamente el consistorio alicantino y la Diputación de Alicante como “contrapeso a las futuras políticas que pueda impulsar el Consell de la Generalitat”. De este modo, el popular Luis Barcala repite al frente del Ayuntamiento y su compañero de partido, Carlos Mazón, presidirá la Diputación de Alicante. Ciudadanos asumirá una de las dos vicepresidencias que tendrá la Diputación, mientras que en el Ayuntamiento la cabeza de lista de Ciudadanos, María del Carmen Sánchez, será la portavoz del nuevo equipo de Gobierno y tendrá una vicealcaldía.

El caso más llamativo es el de la ciudad autónoma de Melilla donde el único diputado del partido de Rivera, Eduardo de Castro, ha conseguido apartar al PP de la presidencia y la alcaldía tras sellar un acuerdo de última hora con los ocho diputados localistas de Coalición por Melilla (CpM) y los cuatro del PSOE, forzando un cambio después de 19 años del PP en el poder.  

La tensión por este acuerdo quedó reflejada tras el pleno de constitución de la Asamblea. El expresidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y líder del PP, Juan José Imbroda, tachó a su sucesor en el cargo de “traidor” y “sinvergüenza” por no haber respetado el acuerdo nacional entre el PP y Ciudadanos para que el propio Imbroda siguiera de presidente, al pertenecer a la fuerza más votada en las elecciones municipales y autonómicas del pasado 26 de mayo.

Fracaso municipal en Catalunya

Donde los de Rivera han cosechado un buen fracaso ha sido en Catalunya, a pesar de ser el feudo autonómico de Inés Arrimadas. Los de Rivera no han logrado hacerse con ninguna alcaldía, pese a haber presentado 115 nuevas candidaturas en las recientes elecciones municipales, y han perdido casi un millón de votos desde su victoria en las catalanas de 2017. Cierto es que han pasado de 176 a 238 concejales, pero han perdido 52.963 votos en Catalunya respecto a las anteriores municipales de 2015.

Lo peor de todo es que la apuesta de Rivera para Barcelona, Manuel Valls, ha terminado dando un buen disgusto al líder de Ciudadanos, con el que ha roto al ver que votaba, en contra de su criterio, a favor de Ada Colau para evitar que el Ayuntamiento quedara en manos del dirigente independentista de ERC, Ernest Maragall.

Tras la división en dos de la Plataforma Barcelona pel Canvi, el exprimer ministro francés –que se queda solo con dos ediles de los seis que logró el 26M– no ha cesado de lanzar duras acusaciones a Rivera por su política de pactos y por aceptar a Vox como aliado: “Ciudadanos se ha convertido en el partido que pacta con una formación reaccionaria y antieuropea”, le espetó el exprimer ministro francés en su primera rueda de prensa.

7.986 municipios españoles estrenaron legislatura el sábado, según los datos del Ministerio de Política Territorial. De ellos, 2.829 cuentan con un gobierno municipal encabezado por el PP y 2.780 con un alcalde del PSOE. Las cifras cambian de forma notable al referirse a su población. Atendiendo a ese factor, los socialistas dirigen los gobiernos municipales de 19.584.052 españoles frente a los 12.820.119 que residen en ayuntamientos liderados por el Partido Popular, cifras que confirman que el poder municipal del PSOE se cimenta sobre municipios mayores que aquellos que cuentan con una corporación encabezada por el PP. De hecho, la mayoría de las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes cuentan con alcaldes socialistas frente a 34 del PP.

A ambos partidos, que gobernarán sobre más de 32 millones de habitantes, les siguen En Comú, PNV, ERC, Junts y Compromís. Todos ellos dirigen ayuntamientos que suman más habitantes que los gobernados por Ciudadanos. El partido de Rivera encabeza un total de 174 municipios, con algo más de 950.000 habitantes. 

PSOE y PP gobernarán sobre 32 millones de habitantes

Número de habitantes a los que gobernará cada partido tras las municipales del 26M. Pulsa en cada partido para ver los datos desglosados por provincia

PSOE

PP

Cs

UP

Vox

IU

ERC-AM

JxCAT

CCa-PNC

EAJ-PNV

EH Bildu

*No hay datos para 145 municipios que no han celebrado el Pleno o no han enviado la información de su alcalde al Ministerio a 20 de junio de 2019

Fuente: Ministerio de Política Territorial

Los pactos de las tres derechas, sobre todo el registrado en el Ayuntamiento de Madrid, han permitido al Partido Popular maquillar una notable pérdida de poder municipal. A pesar de ello, el PP ha perdido el control de 12 de las grandes ciudades españolas y ha pasado de gobernar en 41 capitales provinciales o urbes de más de 50.000 habitantes a hacerlo en 34. El PSOE, por su parte, ha repuntado al pasar de dirigir 68 grandes urbes a 76. Los pactos entre las tres derechas le han permitido a Ciudadanos conseguir más alcaldías que las que le corresponderían en virtud de sus resultados, mientras que la división ha pasado factura a Podemos y otras candidaturas de confluencia, que han perdido capitales como Madrid o Zaragoza. La siguiente tabla muestra cómo los pactos han cambiado los resultados registrados en varias de las mayores ciudades del país, entre ellas, Madrid y Barcelona.

Un acuerdo secreto firmado entre las direcciones nacionales de PP y Vox y guardado bajo llave enfrenta a ambas formaciones. El partido de extrema derecha lo invoca para reclamar su cuota de poder en el Gobierno de coalición con Ciudadanos liderado por José Luís Martínez-Almeida a la vez que alega “compromiso de confidencialidad” para no hacer público el documento.

Según los de Santiago Abascal, el escrito incluye una cláusula que habla de “concejalías de Gobierno”, pero desde el PP ni lo confirman ni lo desmienten, según ha dicho el propio Almeida. El ya alcalde de Madrid se escuda en que se trata de un “acuerdo nacional” para no hacerlo público, pese a ser el competente para ceder las concejalías. Y en Génova remiten de vuelta al Ayuntamiento. 

No es la primera vez que la formación de extrema derecha alude a un acuerdo “confidencial” como estrategia para presionar al PP. Aunque esta vez ha amenazado con publicarlo. Unas horas después de hacerlo, los dos partidos han celebrado una reunión en la sede de Cibeles para desbloquear la situación. El encuentro, sin embargo, no ha arrojado ninguna información sobre qué puestos ocupará Vox en el Gobierno municipal. El alcalde ha comparecido ante los medios para confirmar que cumplirán “el acuerdo” a la vez que ha señalado que “todavía no hay acuerdo” sobre cómo se hará. 

Si nos remitimos a la cronología de las negociaciones, este es el tercer golpe sobre la mesa escenificado por Vox desde las elecciones del 26M. Primero fue el tira y afloja en la Asamblea de Madrid. El nudo se resolvió con un principio de acuerdo, firmado con el PP, que garantizaba a Vox “entes” en el Gobierno regional. 

La solución in extremis fue otro pacto secreto que ninguna parte quería hacer público mientras lanzaba mensajes contradictorios sobre lo acordado: si había un compromiso o no de ceder consejerías, como afirmó en un principio Vox; o si se hablaba solo de “entes” en genérico sin importar cuál sea la traducción de eso en el organigrama del Ejecutivo, como matizó luego el PP. 

El segundo nudo gordiano -el relativo al Ayuntamiento de Madrid- se desenredó en la madrugada del viernes al sábado, con el acuerdo sellado entre PP y Vox sin cámaras ni focos para salvar la investidura de José Luis Martínez-Almeida. El esquema se reproduce: versiones incompatibles sobre un mismo pacto. 

En el PP aseguran que no están preocupados porque el acuerdo que implica la gestión de dinero público, y sobre el que hay varias versiones, reste credibilidad de cara al electorado. Y más allá de la autocrítica, se muestran molestos con la distancia que toma Ciudadanos respecto al conflicto al considerar que es parte imprescindible de la ecuación. “Ciudadanos tuvo que hablar, utilizara el verbo que utilizara. Para que saliera lo de la Mesa de la Asamblea tuvieron que pedir los votos a Vox”, reiteran. La formación de Abascal también ha cargado contra el partido de Rivera, cuya actitud califica de “ridícula” por pedirles los votos “a escondidas”, según Rocío Monasterio. Ciudadanos, por su parte, critica al PP por los “pactos ocultos” con Vox. 

Del pacto que cerraron la madrugada de este sábado se conoció un acuerdo programático que ambas formaciones hicieron público a primera hora del sábado, antes de la votación en el pleno de investidura. De la posible cesión de poder municipal a la extrema derecha se supo a través de comunicados y declaraciones públicas y privadas de las formaciones, pero no se conocen los detalles.

El conflicto estalló el lunes, un día después de que se hicieran públicos el reparto de cargos y los nombres de la primera línea del equipo municipal. En esa lista no figuraba referencia alguna a Vox. A partir de este momento empezó el efecto dominó. La candidata de Vox, Rocío Monasterio, confirmó que los acuerdos no son independientes, como intentan hacer ver desde el PP, y que la negociación de la Comunidad de Madrid es una llave que multiplica las posibilidades que a priori podrían dar 12 escasos diputados con el anuncio de que rompía las negociaciones con Isabel Díaz Ayuso.

Vox eclipsaba así las declaraciones de PP y Ciudadanos tras su primera reunión programática. De poco sirvió la “buena sintonía” que mostraron los partidos. Apenas un día después, Monasterio ponía sobre la mesa una nueva solución al conflicto: “crear nuevas concejalías” toda vez que el pacto PP-Ciudadanos ya repartía todas entre las dos formaciones. Esta propuesta, a la que los conservadores no han dado respuesta, contradice varios puntos del programa electoral del partido de extrema derecha, que aboga por reducir cargos municipales y la estructura en las instituciones locales.

Vox trata de marcar la agenda, además, con la amenaza de hacer público un acuerdo con el PP que ambas formaciones se comprometieron a mantener en la oscuridad informativa. Y, mientras tanto, va desgranando más detalles del pacto sin que haya posibilidad de contrastar la veracidad de las afirmaciones.

“En el primer punto se aborda que el objetivo es lograr con una coalición de los tres partidos, que la izquierda no gobernase. Para ello, ya insistimos en que votaríamos conjuntamente tanto para la investidura como para la formación de Gobierno. En el segundo punto quedaba claro que nosotros participaríamos en concejalías de Gobierno; es decir que tendríamos, en función de nuestro porcentaje de voto, áreas concretas”, apuntaba Javier Ortega Smith en una entrevista en La Razón.

Ante la pregunta de por qué no hace público el acuerdo, el concejal de Vox alegaba “consideración a Almeida”, mientras que en desde el Ayuntamiento de Madrid y la dirección nacional del PP se pasan la pelota para no hacer público el documento. Fuentes del PP confirman el compromiso contraído para no difundir el pacto. Pero acusan a Vox de haberlo roto desde el momento en que aluden a él públicamente. 

Tras 48 horas de evasiones, la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, era la enviada por el partido para arrojar un poco más de luz sobre el pacto secreto. Gamarra ha admitido que en el acuerdo con Vox para el Ayuntamiento de Madrid “figuran concejalías” y que la vista está puesta en aclarar el pacto en el Consistorio y continuar con las negociaciones en el ámbito de la Comunidad de Madrid. “En el acuerdo y lo hemos dicho todos, lo que se conoce por parte de todos, sí que figuran concejalías”, ha señalado en una entrevista en TVE. “Eso es lo que hay que precisar, cuáles y cómo, pero creo que es bueno para todos”, ha indicado Gamarra, que no ha querido concretar el “apellido” de estas concejalías.

Asimismo, sobre si estas concejalías en el Ayuntamiento serían de gobierno, Gamarra ha explicado que de gobierno “es todo”. Hasta ahora Ciudadanos ha recalcado que el Ejecutivo sería de coalición solo con el PP, dejando la puerta abierta a que Vox ocupe Juntas de Distrito, que según Begoña Villacís no forman parte del gobierno del Ayuntamiento, a pesar de que se gestiona presupuesto y se toman decisiones. Pero mantiene que dar concejalías a Vox supondría romper el pacto firmado con ellos. Una encrucijada más para el PP.

Un tablero conjunto: la clave de los 20 días

Mientras, el recién proclamado alcalde de Madrid pide tiempo a Vox: los 20 días que se han dado ambas formaciones, para “cumplir el compromiso” y concretar el papel que tendrá la formación de extrema derecha en el Gobierno municipal. El mismo plazo que resta hasta la primera sesión de investidura en la Comunidad de Madrid.

Almeida, con todo, insiste en que “lo que pase en el Ayuntamiento es una cosa y lo que pase en la Comunidad es otra cosa absolutamente distinta”. La candidata regional, Isabel Díaz Ayuso, replica el mismo argumentario y asegura que no sabe nada de ese pacto municipal. “Desconozco su contenido”, ha dicho.

Ciudadanos se desvincula del conflicto, pese a que los escaños de Vox son imprescindibles para la investidura en la Comunidad de Madrid. La estrategia regional pasa, en su caso, por minimizar lo que han definido como “pataletas” de la extrema derecha. “Tendrán que preguntarles a ellos qué ha sucedido. Seguimos haciendo lo mismo que hicimos en campaña”, aseguraba Ignacio Aguado en una entrevista, en la que afeaba “los pactos ocultos con Vox”. “Estoy un poco cansado”, remataba. 

Su táctica, sin embargo, lanza contradicciones constantes porque, mientras pone la responsabilidad sobre la formación de ultraderecha y le pide “altura de miras” para que haya Gobierno, a la vez ningunea su capacidad de influir en las negociaciones y omite que, sin sus votos, no saldrá una investidura de derechas en Madrid. Ni tampoco habría fructificado el pacto entre Almeida y Villacís, que ha colocado a su candidata en la Vicealcadía del Ayuntamiento de Madrid.

En todo caso, el bloqueo de Vox no ha paralizado las reuniones entre PP y Ciudadanos, según confirman fuentes cercanas a Isabel Díaz Ayuso. Los dos equipos han continuado citándose este miércoles para “avanzar en el acuerdo programático” aunque el PP no concreta cuáles han sido los progresos. Mientras, el equipo de Ayuso mantiene la “mano tendida” a las conversaciones con Vox y enmarcan lo ocurrido como una escenificación que “forma parte del curso de las negociaciones”. “Pasó con la negociación de la Mesa y al final logramos el acuerdo”, apuntan fuentes del PP. 

En este contexto de acusaciones cruzadas, el escenario de repetición electoral es ya una hipótesis sobre la mesa con la duda de si el bloqueo de Vox será un órdago más para marcar el paso de las negociaciones con 12 escaños o tendrá consecuencias. “No hay necesidad de que pidan los votos a Vox si no quieren cumplir”, ha indicado Monasterio. En este caso, PP y Ciudadanos están de acuerdo. “Nuestro electorado no entendería volver a ir a elecciones”, ha apuntado Díaz Ayuso. “Voy a hacer todo lo posible para que no haya elecciones”, prometía, por su parte, Aguado. Quedan 23 días para la primera sesión de investidura y el tiempo sigue corriendo.

El expresident de la Generalitat y eurodiputado electo por JxCat, Carles Puigdemont, ha anunciado este martes que recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para poder asumir el acta como eurodiputado, después de la negativa del Supremo a retirarle la orden de detención que permanece vigente en España.

En una rueda de prensa en el Parlamento Europeo en Bruselas, Puigdemont no ha concretado por qué vía presentará la queja al tribunal con sede en Luxemburgo, pero ha confiado en que la Justicia europea tendrá “la última palabra” sobre su situación después de que la Junta Electoral Central rechazara que su abogado Gonzalo Boye recogiera el acta en su nombre y el también electo por JxCat Toni Comín.

En este sentido, Puigdemont ha asegurado que espera “una decisión antes del 2 de julio”, día de constitución de la Eurocámara en Estrasburgo. “Es inconcebible que no estemos a la sesión constitutiva el 2 de julio”, ha valorado Puigdemont. Así, ha avanzado que “nadie” que no sea él mismo, Comín u Oriol Junqueras –al que el Supremo ha impedido acceder al acta de eurodiputado– irá a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo en su nombre.

Un ciudadano o empresa de la UE sólo puede presentar una queja ante el TUE en caso de que una institución de la UE, por ejemplo la Eurocámara o la Comisión Europea, haya adoptado una decisión que le afecte directamente. Sin embargo, existe la posibilidad de recurrir a Luxemburgo en un caso de omisión. Es decir, que la inacción de una institución de la UE en una situación determinada de ámbito europeo haya perjudicado a un particular o una empresa.

En tal caso, sin embargo, es necesario que el afectado reclame antes a la institución europea que actúe. La otra vía de recurso al TUE es la presentación de una cuestión prejudicial a través de un tribunal estatal, que es precisamente lo que ha pedido Junqueras al Supremo.

Todas las instancias judiciales de un estado miembro de la UE pueden preguntar dudas sobre la aplicación e interpretación del derecho europeo al TJUE si lo consideran oportuno. Sólo las altas instancias judiciales en que los afectados luego ya no puedan apelar a otra superior están obligadas a presentar una cuestión prejudicial a Luxemburgo si una de las partes lo solicita. Eso sí, es necesario que el caso esté vinculado con el derecho de la UE.

Cuando el tribunal con sede en Luxemburgo admite un caso puede decidir, si lo considera oportuno, resolverlo a través de un procedimiento de urgencia que puede tardar entre dos y cuatro meses aproximadamente. También existe la opción de que el tribunal emita un “auto provisional” si se considera que el caso es de máxima urgencia. La valoración de esta necesidad se hace caso por caso.

De las posibles lecturas que arroja el saldo electoral del 26M, me voy a detener en algunas de las cuestiones que marcarán cambios de rumbo.

Uno de los ecos que resuena con contundencia tras las constitución de las corporaciones locales en esta nueva legislatura es la perspectiva de tener por delante cuatro años para repensar, empezando por las reglas de cálculo y la aritmética más básica. Parece mentira que la estrategia del 'divide y vencerás' se haya colado poniendo fin al paréntesis abierto en algunas ciudades. Me pregunto de qué nos sirve tanta cabeza pensante, capacidad intelectual y analítica si a la hora de la verdad son los egos y, en gran medida, los pulsos de testosterona los que marcan las direcciones políticas abocando el pretendido desborde del progreso social hacia las profundidades del abismo. Esto no es una provocación para regodearnos en las expectativas frustradas, ni mucho menos intentar hacer leña del árbol caído; se trata de compartir el convencimiento de que se impone una profunda revisión de los criterios, procesos y pautas de comportamiento con los que se ha pretendido alcanzar incidencia política. Sería deseable que dicha revisión abandone la épica y cualquier atisbo de gesta heroica que quede por ahí, dejándose contagiar de la articulación de sinergias creadas desde la inteligencia colectiva.

En estos días recuerdo con intensidad una conversación que tuve hace un par de años al respecto del proyecto ilusionante de una de las auto-proclamadas ciudades del cambio, de la evaluación de las dificultades encontradas para diluir las inercias institucionales de un engranaje, en general, excesivamente burocratizado y con gran aversión al cambio. Ya entonces me alertó que la prioridad de la atención estuviese puesta en la capacidad de gestionar mejor. No se confundan, soy una convencida defensora de la aplicación de criterios éticos y sostenibles en el funcionamiento, contratación y compra pública; sin embargo, me invade la certeza de que gestionar mejor la desigualdad no es necesariamente lo mismo que avanzar en igualdad, ni se traduce siempre en una percepción de mejora de las condiciones de vida ni de que esta llegue de manera directa y ágil a la ciudadanía.

Sin duda, el saneamiento de las cuentas públicas, la mayor transparencia y la rendición de cuentas han sido algunas de las grandes mejoras aportadas por la gestión política de los ayuntamientos del cambio de la pasada legislatura; aunque ello no en todos los territorios se ha visto refrendado en las urnas con la contundencia y confianza que hubiera sido precisa para continuar con proyectos políticos de transformación y justicia social. Salvando excepciones como València, Cádiz o incluso Barcelona, el resto de tableros municipales se han movido de tal manera que anuncian giros importantes en las prioridades de las políticas municipales.

Se inicia un cambio de ciclo, con alianzas y pactos que, en muchos casos, van a significar una quiebra del sentir democrático. La ultraderecha se sienta en el gobierno de Madrid y su toxicidad con seguridad será muy similar a la que ya infecta al parlamento y gobierno andaluz. Quién va a rendir cuentas ahora por la tremenda irresponsabilidad con la que algunos medios de comunicación y partidos políticos han ido normalizando los discursos, presencias y cuotas de poder de la ultraderecha –explícita– en este país.

Toca resistir, como siempre y aún más. Toca defender los avances y derechos que creíamos conquistados y toca, ante todo, articular alianzas y pactos estables para conseguir frenar este neofascismo que ya ha contaminado los discursos políticos y viene cargado de neomachismo y de odio visceral, a las mujeres y demás alteridades que representen cualquier otra manera de entender y vivir la vida fuera de las normas del estatus quo supremacista, extractivista y patriarcal.

Creo que hemos de poner en valor las estrategias de resistencia feminista y denunciar continuamente las desigualdades estructurales y específicamente las desigualdades de género en sus múltiples aspectos socioeconómicos y de violencia patriarcal tan conectada con el capitalismo neoliberal y las formas de explotación sexual y reproductiva con las que mercadea.

Aún estamos pendientes de que se constituya el gobierno del Estado y de saber si, cuando acaben de deshojar la margarita, podremos considerarlo un aliado en este frente común de resistencia; por de pronto, lo que cada vez se hace más evidente es la urgente tarea de construir alternativas ecosociales y feministas al sistema económico dominante.

Una vez constituidos prácticamente todos los ayuntamientos españoles en función de los resultados del pasado 26 de mayo, otro trámite queda pendiente en relación con las elecciones municipales: la conformación de las diputaciones provinciales. Estos órganos no han estado exentos de polémicas en varias ocasiones, cuya eliminación pidieron hace tiempo partidos como Ciudadanos o Vox, que ahora ya no las cuestionan. Su estructura está regulada en la Ley Orgánica del Régimen Electoral Central (LOREG), es decir, no depende de la comunidad autónoma como sí es el caso de los parlamentos autonómicos, y se basa tanto en la población de cada provincia como en la aplicación de la controvertida normativa d’Hont.

En primer lugar y según la normativa electoral estatal, el número de diputados provinciales con los que cuente cada diputación se determina en función de la población. Para provincias con menos de 500.000 habitantes el número es de 25 diputados y en aquellas que no superen el millón, se incrementa en dos diputados. De esta forma, en Castilla-La Mancha, son cuatro las provincias con esta cifra de escaños, menos Toledo, que tiene 27. Ciudad Real también contaba con esta cifra pero al perder población ha vuelto a bajar a 25.

En virtud de los resultados del 26M, el PSOE gobernará en las cinco diputaciones castellano-manchegas, que forman parte del régimen común (no son forales ni cabildos, que tienen otra regulación).

Con estas cifras asignadas en base a la población, las juntas electorales provinciales reparten, proporcionalmente y atendiendo al número de residentes, los puestos correspondientes a cada partido judicial (unidad territorial para la administración de justicia): todos los partidos judiciales cuentan, al menos, con un diputado; y ninguno de ellos puede tener más de tres quintos del número total. Debido a esta operación, puede suceder que haya fracciones iguales o superiores a 0,50. En este caso, las iguales o superiores a esa cifra se corrigen por exceso y las inferiores por defecto.

Proceso desde la constitución de ayuntamientos

El proceso más importante se inicia una vez constituidos todos los ayuntamientos de la respectiva provincia, lo cual se produjo el pasado 15 de junio. A partir de ese momento, la Junta Electoral de Zona procede a formar una relación de todos los partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores que hayan obtenido algún concejal dentro de cada partido judicial. Se ordenan en orden decreciente al de los votos obtenidos por cada uno de ellos. Si hay recursos contencioso-administrativos contra la proclamación de concejales electos, deben resolverse antes de la constitución de la diputación a la que afecte.

La distribución de los puestos que corresponden a los partidos se realiza en aplicación del procedimiento d'Hont según el número de votos obtenidos. Si en aplicación de todo ello hubiera coincidencia entre diferentes partidos, la vacante se atribuye al que mayor número de sufragios haya obtenido, y en caso de empate, al de mayor número de concejales en el partido judicial.

Una vez realizada la asignación de diputados provinciales, la Junta Electoral debe convocar por separado, dentro de los cinco días siguientes, a los concejales de los partidos que hayan obtenido representación, para que elijan, de entre las listas de candidatos avaladas y al menos por un tercio de dichos concejales, a quienes hayan de ser proclamados diputados.

Efectuada la elección, la Junta Zona proclama a los diputados electos, y después la diputación provincial se reúne en sesión constitutiva presidida por una Mesa de Edad. Para la elección del presidente, el candidato debe obtener mayoría absoluta en la primera votación y mayoría simple en la segunda.

El proceso de proclamación de candidatos por parte de los comités provinciales de los partidos ya lo elaboró este fin de semana el PSOE en los casos de Toledo, Ciudad Real, Albacete y Cuenca. En Toledo, repetirá legislatura el socialista Álvaro Gutiérrez, alcalde de Escalona, que obtuvo la mayoría absoluta; en Albacete, también revalidará su cargo Santiago Cabañero; y en Ciudad Real hará lo propio José Manuel Caballero.

El PP pierde las diputaciones de Cuenca y Guadalajara

El PP, en virtud de los resultados, pierde las dos instituciones provinciales en las que todavía gobernaba: Cuenca y Guadalajara. En Cuenca, pasará a manos del socialista Álvaro Martínez Chana, alcalde de Almonacid del Marquesado. Por su parte, en Guadalajara, el PSOE tiene 12 diputados que le permitiría hacerse con el control de esta institución en minoría y con el apoyo de Unidas Podemos para que no gobiernen las derechas de PP, Ciudadanos y Vox. El Comité Provincial de los socialistas alcarreños ha propuesto a José Luis Vega, alcalde de Mondéjar, como próximo presidente de esta diputación.

Las constituciones de estos órganos provinciales se realizarán a final de mes entre la semana del 24 al 30 de junio iniciando con ello una nueva legislatura, pero ¿cuáles son sus principales funciones? Una de las más importantes es la coordinación de los servicios que prestan los ayuntamientos, y por ejemplo, en los casos de los municipios menores de 1.000 habitantes tienen que garantizar la prestación de Secretaría e Intervención.

También deben gestionar los servicios de carácter supramunicipal o supracomarcal, siendo en este caso la extinción de incendios -a través de consorcios- en pueblos con menos de 20.000 habitantes, o el tratamiento de residuos en los de menos de 5.000 habitantes sus funciones más destacadas.

Estas instituciones provinciales también deben fomentar la cooperación para el desarrollo económico y social de los pueblos y ciudades. En ocasiones incluso pueden ejercer la tutela financiera de algunos municipios, según corresponda, en la elaboración y el seguimiento de la aplicación de las medidas contenidas en los planes económicos-financieros; así como la gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario, de los municipios con menos de 20.000 habitantes.

Con el tiempo, las diputaciones han ido adquiriendo nuevas competencias como la gestión de proyectos culturales o la prestación de los servicios de administración electrónica también en las localidades con menos de 2.000 habitantes. En Castilla-La Mancha, esta función, junto con la aportación y coordinación de proyectos como los planes de empleo del Gobierno regional, ha sido en los últimos años su labor más significativa.

Este lunes Gonzalo Pérez Jácome llegó por primera vez a la casa consistorial de Ourense, donde aseguró que no se encontró a casi nadie. En las primeras horas del día comenzaron a trascender, a través de la información de la edición ourensana de Faro de Vigo, las grandes líneas del reparto de competencias en el bipartito que Democracia Ourensana formará con el PP. Los de Jácome actuarán como socio mayoritario de la alianza a pesar de tener menos votos que un PP que, no obstante, arrancó dos contrapartidas esenciales: la ya conocida, el compromiso de apoyo a José Manuel Baltar. Y la ocultada el día de la firma: la promesa de que DO no se presente a las elecciones gallegas -en 2016 debutó en ellas con 7.723 votos-.

Pero, más de la vertiente estrictamente local, el acuerdo con el que el PP ha otorgado a Jácome la alcaldía de Ourense a cambio de salvar al baltarismo y con él, la estabilidad de un pilar fundamental del PPdeG para las elecciones al Parlamento gallego, previstas para 2020, sigue teniendo una derivada gallega. La dirección de los populares gallegos, que optó por el perfil bajo durante las negociaciones, se ha visto obligada este lunes a pronunciarse al respecto por boca de su secretario general, Miguel Tellado. También a través del propio presidente de la Xunta y del partido, Alberto Núñez Feijóo, que durante la campaña del 26M había considerado como “letal” para Ourense la posibilidad de que Pérez Jácome lograra la alcaldía a la que acaba de ascender con los votos del PP.

Según el número dos de los populares gallegos, el bipartito de Democracia Ourensana con el PP no responde a un “reparto de sillas”, sino a un “programa” centrado “en el crecimiento económico” y en la “mejora de los servicios públicos”. Por eso dice estar convencido de que va a resultar “muy positivo para los intereses de Ourense”. No obstante, entre estos elogios Tellado también señala al PSdeG para situarlo como “culpable” último de lo sucedido al no haber “aceptado” la “propuesta” de que “gobernara la lista más votada” en el Ayuntamiento y también en la Diputación, donde no existe votación ciudadana.

También Feijóo se ha dirigido en términos semejantes a los socialistas para reprocharles que no hayan aceptado gobernar el Ayuntamiento a cambio de permitir el mantenimiento de Baltar en la Diputación. “Descubrimos que Jácome iba a ser alcalde sí o sí” porque si no pactaba con el PP, pactaría con el PSdeG, dice Feijóo, quien señala esta circunstancia como el motivo para “llegar a un acuerdo” de “estabilidad” en las dos instituciones aunque implique poner el bastón de mando en las manos del dirigente al que consideraba “letal”. En este sentido, matizó Feijóo al ser preguntado al respecto en un acto de la Xunta en Pontevedra, dice tener confianza en que el “comportamiento” de Jácome en la alcaldía no sea “como el que tuvo en la oposición”. En ese caso, “yo lo criticaré”, avanza.

“Feijóo cierra su ciclo con un bochorno”

Los “malabarismos” de los populares para justificar el voto a Jácome para la alcaldía y el posterior bipartito son señalados por el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, para apuntalar su tesis del fin de “ciclo de Feijóo”. “Feijóo decía que Jácome era letal y Jácome decía que Baltar era tóxico”, recordó el socialista, desde cuyo punto de vista el propio presidente de la Xunta y del PPdeG debería tener “valor” para explicar, pública y conjuntamente con Baltar y el nuevo alcalde, los términos exactos del “cambio de cromos” con el que “traicionan al electorado de Ourense”.

“Feijóo cierra su ciclo político con un ejercicio de indignidad política y con un bochorno y un esperpento que Galicia no merece”, lamenta Caballero, desde cuyo punto de vista “miles de ourensanos se arrepienten de lo votado”, toda vez que “los votantes del PP no quieren a Jácome y los de Jácome no quieren a Baltar”, más aún teniendo en cuenta el historial de “improperios y descalificaciones” mutuas de la campaña y de los últimos años, enfatiza.

También la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ve en lo sucedido en Ourense una muestra del “declive del PP” en Galicia. “A Feijóo no le importa hipotecar el futuro de Ourense” otorgando el poder a quien veía letal “con tal de mantener el cacicato de los Baltar”, dice la líder nacionalista, quien cree que Feijóo está demostrando que para él “la política es mantenerse en el poder, caiga quien caiga y a toda costa”. Para el Bloque esta también es una muestra del final de la etapa de Feijóo en el poder.

“Dejar gobernar a quien gana las elecciones es el principal pilar de la regeneración democrática”. En junio de 2016, Pablo Casado ocupaba el cargo de vicesecretario de Comunicación del PP y su trabajo consistía en propagar la doctrina del partido por los medios de comunicación.

Tres años después, Casado dirige ahora un partido en caída libre, que se ha visto obligado a recurrir a esos acuerdos con los otros dos partidos de la derecha para retener algo de poder territorial. Lo ha hecho de la mano de Albert Rivera, que combina la firma de esos pactos con peticiones públicas de que gobierne la lista más votada.

El líder del PP defendió durante años esa fórmula cuando la fragmentación política daba opciones a la izquierda para hacerse con alcaldías y comunidades autónomas sin haber ganado las elecciones. Llegó a decir que se trataba de “una norma no escrita que se había respetado siempre a nivel nacional”. Para plasmarla por escrito, propuso reformar la ley electoral “para que no haya gobiernos de perdedores a lo largo y ancho de España”.

Casado olvidó aquel argumento convertido en pilar democrático cuando se presentó a las primarias para presidir el PP. Soraya Sáenz de Santamaría ganó en el voto de los afiliados, pero Casado sumó sus compromisarios a los de María Dolores de Cospedal para imponerse en la segunda vuelta. Allí enterró el mantra de la lista más votada, que ya es solo un mal recuerdo.

Por su parte, Ciudadanos ha girado en torno a ese concepto como sobre tantos otros. Lo ha enarbolado siempre que quería apoyar al partido más votado en los comicios y se ha olvidado de él cuando le convenía prestar sus votos al segundo. Rivera ha llegado al extremo de negar sus votos al PSOE, que ganó las generales, pero pedir que se respete el principio de la lista más votada en Navarra, donde ganó la coalición que integra a UPN, PP y Ciudadanos.

Este sábado, esa reivindicación ha quedado a un lado en ciudades como Madrid, Zaragoza o Granada, entre otras. En esos territorios, en los que la izquierda se impuso en los comicios del 26M, los dos partidos se han hecho con los bastones de mando gracias al apoyo de la extrema derecha.

En la capital, Más Madrid se impuso dando la vuelta a los resultados de 2015, cuando fue el PP quien quedó por delante pero no pudo gobernar. Ahora el PP se ha dejado seis concejales, pero ha sumado los conseguidos por Begoña Villacís y por Javier Ortega Smith para hacer alcalde a José Luis Martínez-Almeida. Los populares han tenido que negociar a dos bandas para cuadrar los intereses de Ciudadanos y Vox e imponerse así a la lista más votada.

Esa misma fórmula se ha repetido en Zaragoza, donde Vox amenazó este viernes con no apoyar al PP, aunque al final acabó cediendo. El nuevo alcalde de la ciudad es José Azcon, aunque fue el PSOE quien se impuso en las elecciones con más del 26% de los votos. La candidata socialista, Pilar Alegría, ha dicho este sábado que la cabeza de lista de Ciudadanos no sabía a quién iba a apoyar hasta que Rivera le dio la orden.

En Badajoz, este sábado ha sido reelegido como alcalde Francisco Javier Fragoso, del PP, aunque fue el PSOE quien ganó hace tres semanas con el 37% de los votos. Aquí PP y Ciudadanos han empleado la fórmula que los populares rechazaron para el Ayuntamiento de Madrid: repartirse la alcaldía, dos años cada uno.

En Granada, ese antiguamente llamado “pacto de perdedores” ha aupado a Ciudadanos, que quedó en tercer lugar. Luis Salvador será el nuevo alcalde de la ciudad con los votos de PP y Vox, pese a que el pasado 26M fue el PSOE quien ganó las elecciones con el 32,5% de los votos. Con cuatro de los 27 concejales.