El Partido Popular ha decidido pasar del “silencio prudente” de las últimas 48 horas a cuestionar abiertamente la gestión del Gobierno ante el accidente ferroviario de Adamuz en el que han fallecido al menos 42 personas y el siniestro de un tren de Rodalies en Catalunya. Pero, además, el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, ha puesto en cuestión la calidad de las infraestructuras en España.

“La falta de transparencia está añadiendo gravedad a los accidentes en estas horas”, ha dicho Bravo. “Y se está agravando la sensación de los ciudadanos, la sensación de desprotección de la gente, de inseguridad y de desconfianza”. Por todo ello, el dirigente popular ha pedido al Gobierno que dé “toda la información de que dispone”. “Solo desde la noche de ayer y dos días después del accidente de Córdoba hemos conocido una colisión con una víctima mortal en las Rodalíes de Cataluña, con decenas de heridos. Otro descarrilamiento, la suspensión del servicio, cambios en la velocidad del AVE impuestos con urgencia y sin previo aviso”, ha recordado. “Eso no genera seguridad. Eso no genera tranquilidad”, ha enfatizado.

Con todo, Bravo ha explicado que ayer, 48 horas después del accidente que se ha cobrado la víctima de 43 ciudadanos, el PP se dirigió por carta al Ministro de Transportes, Óscar Puente, “para trasladarle la preocupación por la gestión de las infraestructuras” y por “la forma en que el gobierno está atendiendo la emergencia”.

Tras conocer el llamamiento a la huelga del Semaf, el principal sindicato de maquinistas, Bravo ha querido además “enviar un mensaje de apoyo, respeto y agradecimiento al conjunto de los maquinistas. ”Son los profesionales que conducen los trenes y no confían en las explicaciones que reciben. Se les pide a esos profesionales que trabajen sin certezas suficientes, porque se acumulan las decisiones improvisadas. El problema ya no es un episodio concreto, ni dos, ni siquiera tres. Es el miedo al sistema insuficientemente mantenido por un gobierno sin presupuestos y, lo más importante, sin capacidad de gestión“, ha zanjado. ”Esos profesionales han perdido a los compañeros en 48 horas. Han cumplido con sus obligaciones. Primero, avisando puntualmente de los problemas encontrados. Después, yendo a trabajar y sirviendo a los españoles. Y, por tanto, no merecen a un ministro que diga que se movilizan por su estado anímico. Se movilizan porque han cumplido y el gobierno no les hace caso hasta que han fallecido dos profesionales“, ha agregado.

Preguntas en el aire

A renglón seguido, Bravo ha verbalizado varias preguntas: “Si la meteorología de Catalunya no aconseja que circulen los trenes por riesgo de accidente, ¿por qué detienen el servicio ahora y no lo detuvieron antes de que hubiera víctimas? Si el estado de las vías de nuestro país obliga a reducir la velocidad porque no es seguro hacerlo a la velocidad a la que venían circulando, ¿por qué se hace ahora y no antes de que hubieran fallecidos? Y si los maquinistas llevan meses advirtiendo de los problemas, ¿por qué no se obtuvo antes de dos descarrilamientos y de dos colisiones con 43 víctimas mortales y decenas de heridos?”.

El PP carga por todo contra “la falta de previsión” y “las respuestas contradictorias del Gobierno”. “Y, sobre todo, la alarma generada en la sociedad, que ya tiene miedo a utilizar uno de los servicios públicos que mejor funcionaban hasta hace siete años”, ha añadido, antes de lanzar más preguntas: “¿Cuál es el estado actual de las vías de sistema ferroviario en nuestro país? ¿Por qué no se limitó la velocidad antes? ¿Qué ha cambiado de la semana pasada a esta para tomar estas decisiones? ¿Existe una evaluación de riesgos más amplia sobre el estado de las infraestructuras de alta velocidad en España y de cada una de las líneas? Si la vía no estaba en condiciones, ¿por qué se tomó la decisión justo ayer, dos días después de la tragedia de Adamuz? ¿Se ha estado poniendo en peligro todo este tiempo a los viajeros en esta línea?”

A su juicio, el Gobierno “no debe preocuparse por la desinformación a la oposición” sino “por las víctimas, por los viajeros, por los españoles”. Así, Bravo ha considerado “urgente” que Moncloa “explique a las familias, a los ciudadanos, qué ha pasado. Y además, que garantice en el conjunto de los españoles que no va a volver a pasar”.

La dirección del PP ya sitúa en el centro de sus ataques a Puente. “El control del relato ha sido la prioridad de este ministro y este gobierno para esquivar los escándalos. Les importa más eso que la seguridad de los ciudadanos”, ha denunciado Bravo, que ha asegurado que el ministro “conocía las alarmantes estadísticas sobre siniestralidad ferroviaria, los avisos de los maquinistas para bajar la velocidad en determinados trayectos, las vibraciones en los trenes y otras incidencias”, además de “los recortes en el mantenimiento de las infraestructuras” o “el deterioro en suma de la red”.

La exigencia de responsabilidades

“El Gobierno tiene que dar muchísimas explicaciones”, ha remarcado, volviendo a insistir en la idea que ya lanzó ayer Génova 13 de que “hay partidos que cuando la meteorología cuesta vidas se lanzan muy rápidamente a llamar a asesinos a los gestores públicos, a los que toman decisiones en torno a las alertas o a aquellos que tienen que tomar la decisión del cierre de los servicios públicos”, en alusión a la tragedia de la Dana, y “partidos que se lanzan muy pronto a proferir insultos en plena ola de incendios”. “Nosotros aspiramos, y así intentamos demostrarlo, a no ser como ellos desde la oposición, para poder decir con toda claridad que lo haremos mejor que ellos cuando tengamos la responsabilidad”, ha concluido.

“La prioridad del gobierno no puede ser establecer un relato exculpatorio. La prioridad debe ser atender a las víctimas e informar a los ciudadanos. Ya habrá tiempo para pedir responsabilidades políticas por lo sucedido, pero el gobierno debe dar explicaciones ya a los ciudadanos, a los usuarios y a los profesionales que se suben a los trenes todos los días para hacer su trabajo. El Gobierno debe entender que los ciudadanos se encuentran consternados y preocupados. Que los ciudadanos, los viajeros, los profesionales desconfían de las explicaciones de nuestro gobierno por el deterioro constante vivido por los servicios públicos de nuestro país en los últimos años, pero muy especialmente por las infraestructuras ferroviarias”.

“Nosotros siempre hemos estado a favor de Ucrania. Lo que exigimos es conocer en qué consiste ese proceso de paz”. Con estas palabras se ha expresado este miércoles el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, al ser preguntado sobre si su partido apoyaría en el Congreso el despliegue de fuerzas militares españolas en Ucrania una vez se alcance la paz en aquel país. Fue el martes, tras el encuentro de la Coalición de Voluntarios en París, cuando el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se abrió a ese despliegue.

El jefe del Ejecutivo anunció que a partir del próximo lunes se reunirá con “la mayoría” de los grupos del Congreso para decidir cuál debería ser la contribución de España en Ucrania cuando finalice la guerra y esa opción de enviar tropas al país. “España desde el principio ha defendido el acceso de Ucrania a la Unión Europea”, afirmó el jefe del Ejecutivo, que añadió que desde el Gobierno se va a “seguir ayudando en ese fin tanto a Ucrania como también lógicamente a la Comisión Europea”.

El PP esperará a esa reunión con Sánchez. “Primero que exista la paz”, ha enfatizado Bravo en rueda de prensa, además de exigir conocer “cuáles son las condiciones de la misión” planteada por la Coalición de Voluntarios. “Cuando nos llamen será el momento en el que nos podamos pronunciar”, ha señalado el dirigente del PP. No obstante, Bravo ha tirado de la ironía para considerar que “la posición del PP no será muy importante cuando el Gobierno presume de su mayoría” en el Congreso. Es decir, Bravo insinúa que a Sánchez le debería bastar el respaldo de sus aliados parlamentarios, aunque sabe que algunos de ellos ya han manifestado su rechazo.

“No nos han llamado”

Bravo ha asegurado que el PP lleva “mucho tiempo pidiendo información” en materia de Defensa al Gobierno “A nosotros de momento no nos han llamado, ni para esto ni para nada que tenga que ver con Defensa”, ha lamentado.

En la declaración aprobada el martes, los miembros de la Coalición de Voluntarios reafirmaron la voluntad de proporcionar garantías de seguridad “jurídicamente vinculantes” a Ucrania, entre ellas el despliegue de una fuerza internacional “respaldada” con medios militares estadounidenses, una vez que se alcance un alto el fuego. La propuesta la vienen discutiendo los aliados en diferentes reuniones en los últimos meses.

Además la coalición, formada por una treintena de países, se comprometió el martes a reforzar su apoyo a Ucrania y a colaborar con una fuerza de mantenimiento de la paz en territorio ucraniano. “Esta reunión supone un avance considerable hacia una paz sólida y duradera, reconoce la convergencia entre los 35 países de la Coalición de Voluntarios para construir garantías de seguridad sólidas”, afirmó el anfitrión del encuentro, el presidente francés, Emmanuel Macron, en la rueda de prensa posterior.

Sumar se abre a un envío de tropas de paz pero con condiciones

Después del anuncio de Sánchez, algunos de sus socios parlamentarios se han ido posicionando sobre un asunto muy delicado especialmente para la izquierda. Los partidos de Sumar en el Gobierno se han reunido ad hoc para abordar esta cuestión y han pactado un comunicado en el que se abren a apoyar un envío de tropas de paz pero siempre que se den condiciones fundamentales: deben servir para la supervisión de un alto el fuego y siempre bajo el mandato de un organismo multilateral.

Aunque durante el día fuentes de la coalición pedían prudencia antes de conocer más detalles sobre la propuesta que anunció Sánchez, algunos partidos de la coalición plurinacional sí fueron avanzado posiciones en las últimas horas. Este martes, el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, se posicionó en contra de cualquier envío de tropas que no se enmarque dentro de un escenario de paz bajo la tutela de la Organización de Naciones Unidas y tras la aprobación del Consejo de Seguridad.

“Veremos a ver qué comentan, pero obviamente nuestra posición es que cualquier fuerza de interposición o verificación de cualquier acuerdo de paz tiene que actuar bajo el mandato en derecho internacional y eso es un mandato de Naciones Unidas con un acuerdo del Consejo de Seguridad porque eso refrenda un acuerdo que sea realmente entre ambas partes. Lo que no vamos a apoyar es enviar tropas a un escenario de conflicto armado”, dijo en una entrevista en Hora 25.

Santiago también criticó lo que ha trascendido hasta ahora sobre los planes que de momento se han conocido. “Los escenarios que ha descrito Macron son confusos y peligrosos. En primer lugar, ha hablado de una fuerza multinacional bajo la dirección de Francia y Reino Unido no para supervisar la tregua sino para la reconstrucción de las fuerzas armadas de Ucrania y respaldar la disuasión ante Rusia. Eso es una fuerza de confrontación, es entrar en una guerra”, advirtió.

Pero tras reunirse tanto Movimiento Sumar, el partido de Yolanda Díaz, como Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns, las cuatro fuerzas han pactado un comunicado en el que ponen las condiciones en las que un envío así debería ejecutarse.

“El cese el fuego en Ucrania es un paso fundamental tras cuatro años de guerra abierta, destrucción y muerte. En función de las condiciones que se den, eso puede incluir la participación de tropas españolas en una misión para la observacion y verificación en Ucrania de un acuerdo de cese al fuego que permita el fin de los combates y siempre bajo un mandato multilateral como la OSCE [ Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa] o NNUU [Naciones Unidas]”, han expresado los partidos en un comunicado.

“La Coalición SUMAR considera que, ante la gravedad de las últimas actuaciones y violaciones del derecho internacional por parte de la Administración Trump, Europa necesita poner fin a su dependencia política y militar de los EEUU y construir urgente y democráticamente su soberania politica y su seguridad”, han trasladado.

Los socios piden cautela a la espera de la ronda con Sánchez

El resto de socios consultados prefieren esperar también a conocer más detalles sobre los planes de Sánchez y no avanzarán todavía una posición concreta, como EH Bildu, que prefiere aguardar hasta su ejecutiva el próximo lunes para hacer una primera valoración. La misma postura que defiende el Partido Nacionalista Vasco, que prefiere conocer antes “los detalles que pueda ofrecer el Gobierno” tanto en esa ronda de portavoces anunciada por el presidente como en la comparecencia en el Congreso del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ya han pedido varios grupos.

Esquerra Republicana está en esa misma línea aunque advierte que cualquier decisión de ese calado tiene que pasar por la Cámara Baja antes de ser aprobada. “Iremos a escuchar”, sostienen fuentes del grupo parlamentario sobre la reunión, aún por concretar.

Quien sí ha marcado una posición firme es Podemos, que ha rechazado de plano cualquier envío de tropas. “Nos oponemos al envío de tropas a Ucrania que plantea Sánchez. España es un pueblo de paz, el del 'No a la guerra'. No vamos a hacerle la seguridad privada a Trump mientras EEUU y Rusia se reparten colonialmente Ucrania”, escribió la secretaria general del partido, Ione Belarra, en una publicación de X. “No se va a hacer con el apoyo de Podemos en el Congreso”, ha dicho en unas declaraciones durante una manifestación convocada por CGT El Corte Inglés.

“No estábamos escuchando”. Así ha evitado responder este lunes la dirección nacional del PP, que preside Alberto Núñez Feijóo, sobre el interrogatorio a Carlos Mazón en el Congreso. El 'president' en funciones de la Generalitat Valenciana ha asegurado que “nada hubiera cambiado si hubiera llegado antes al Cecopi”, que renunció a sus escoltas cuando salió del restaurante 'El Ventorro' con Maribel Vilaplana y que no cogió el teléfono a la consellera Salomé Pradas a las 19.10 del día de la dana porque iba andando y “tenía el móvil en la mochila”.

El PP ha recuperado este lunes las ruedas de prensa habituales tras las reuniones del Comité de Dirección. Feijóo ha convocado a su 'ejecutiva' a la misma hora que Mazón comparecía ante la comisión de investigación del Congreso, que ha acudido casi solo al interrogatorio. Tras cuatro semanas sin comparecencia, ha atendido a los medios el viceconsejero de Hacienda y Vivienda, Juan Bravo, para informar de la posición de su partido ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera que vota hoy la nueva senda presupuestaria del Gobierno.

Bravo ha despejado todas las preguntas sobre la declaración de Mazón ante el Congreso con la misma respuesta. “Nosotros estábamos en el Comité de Dirección, no he podido escuchar esas declaraciones”, ha reiterado una y otra vez. Desde la dirección han reiterado después: “No estábamos escuchando”. “No sé exactamente a lo que a lo que él ha hecho referencia”, ha replicado cuando se le ha cuestionado si ve normal que Mazón haya dicho que no respondió al teléfono porque lo tenía guardado en la mochila mientras iba andando.

Juan Bravo no ha querido decir ni una sola palabra de lo reconocido por Mazón, pero sí ha defendido su gestión posterior a la dana del 29 de octubre de 2024 y ha atacado al Gobierno central. Tras decir que no había escuchado al 'president', Bravo ha dicho que lo que sí “es claro es que Mazón ya declaró en la las Cortes Valencianas, que hoy está en el Congreso y que asumió el máximo grado de responsabilidad, que es la dimisión”.

Bravo ha proseguido: “Lo que no sabemos, porque no van a comparecer, es dónde estaba el señor Sánchez, los ministros de su Gobierno, la delegada del Gobierno y toda la gente que tuvo algún tipo de responsabilidad, que todavía no ha comparecido ni ha dado explicaciones en ningún sitio”.

“Quizá eso es lo que deberíamos preguntar”, ha planteado, para zanjar: “¿Cuáles son las explicaciones? Porque el Presidente Mazón está dando las explicaciones oportunas. Y ahora mismo lo más importante en Valencia es la reconstrucción, sin lugar a dudas”.

Repreguntado al respecto del móvil y la mochila, Bravo ha reiterado la excusa de que no ha “escuchado las declaraciones” por lo que no sabe “exactamente a lo que él ha hecho referencia”. Y ha reiterado: “Pero bueno, yo creo que lo que sí que es cierto es que está dando explicaciones en las Cortes, está dando explicaciones en el Congreso, ha presentado su dimisión y creo que el resto ni sabemos dónde estaba ni sabemos dónde tenía el teléfono ni sabemos nada”. La misma respuesta que ante la pregunta anterior.

Mazón sigue al frente del PP: “A los valencianos les importa poco”

Bravo tampoco ha querido responder cuándo se producirá el relevo de Mazón al frente del PP valenciano. Aunque ya se ha puesto en marcha el proceso para sucederle al frente de la Generalitat, Feijóo lo mantiene como presidente del PPCV. Su mandato ya caducó el pasado verano, pero la dirección nacional del PP ha optado por incumplir sus propios estatutos.

Algo que, según el PP, no preocupa a los valencianos. “A los valencianos le aseguro que les importa poco”, ha dicho expresamente Bravo.

“El PP de la Comunidad Valenciana está trabajando en la negociación”, para relevar a Mazón al frente de la Generalitat. El candidato es su 'número dos' orgánico y fiel escudero, Juan Francisco Pérez Llorca, quien busca el voto de Vox para ser investido. “Pero repito”, ha insistido Bravo, “yo creo que lo realmente importante ahí es centrarse en lo que los valencianos esperan y los valencianos esperan un trabajo en esa reconstrucción, en esa capacidad de dar respuesta a las metas que se han tenido. Y el PP está en lo importante, en la reconstrucción”.

“En cuanto a la renovación orgánica”, ha proseguido, “lo importante ahora mismo es construir un gobierno cuyo único objetivo tiene que ser la reconstrucción en Valencia para dar respuesta”. Bravo ha aprovechado para volver a atacar al Gobierno central. “Esperemos que también esté”, ha dicho. “Porque recuerde que dijeron que iban a aprobar los Presupuestos, y jamás apoyaron esos Presupuestos. El presidente Feijóo dijo que apoyaría todos reales decretos leyes para Valencia. El PP ha cumplido. El PSOE no. Los valencianos quieren tener un Gobierno que siga trabajando por esa reconstrucción”.

El vicesecretario nacional de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha defendido una reforma de la financiación autonómica sin ordinalidad y que busque “el equilibrio” en los recursos. “Debe establecerse un equilibrio, que no consiste en recibir exactamente lo mismo que se ha aportado, sino en hacer que todos los españoles dispongan de unos recursos similares”, ha afirmado el dirigente popular, que también ha dicho que Catalunya y el resto de autonomías tendrán “más recursos” si el PP llega a La Moncloa.

Bravo ha hecho estas declaraciones desde la sede de los populares en Barcelona, dos días después de que el Gobierno anunciara que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará próximamente la propuesta de nueva financiación. El dirigente popular no ha descartado que su partido entre a negociarla. No obstante, ha advertido que “no tienen ninguna confianza” en que el modelo del Gobierno pueda contar con sus votos, ya que, según ha criticado, primero debería haberse consensuado con las autonomías.

En concreto, ha defendido un modelo que proporcione “más recursos” a Catalunya y al resto de comunidades autónomas, pero ha rechazado que este responda al principio de ordinalidad tal como reclama la Generalitat. “No se trata de pedir lo mismo que se ha aportado, sino de garantizar que haya un equilibrio”, ha argumentado.

“Si Catalunya tiene que afrontar nuevas inversiones como, por ejemplo, la ampliación del Aeropuerto del Prat, pues es evidente que deberá contar con una partida extraordinaria, porque esta infraestructura da servicio al conjunto de los españoles. Eso también es ordinalidad, en el sentido de recibir recíprocamente conforme a lo que cada uno aporta”, ha defendido.

Asimismo, Bravo ha concretado otras medidas en materia económica que el PP pondrá en marcha si llega a gobernar, entre ellas, impulsar un “fondo transitorio” para que las comunidades tengan acceso a “mayores recursos” mientras se elabora un nuevo sistema de financiación. También ha propuesto aumentar la participación de las comunidades y los ayuntamientos en los fondos europeos, reestructurar la deuda de las autonomías y revisar a la baja los impuestos que pagan los españoles.

La dirección del Partido Popular ha asegurado este lunes que defiende “la libertad de culto” y ha expresado su “máximo respeto a todas las confesiones religiosas”, pero ha vuelto a evitar criticar la moción aprobada por la propia formación en Jumilla, la semana pasada, prohibiendo la celebración de rezos islámicos en instalaciones deportivas de la localidad. A pesar de que la moción llevaba en el titular el rechazo a la llamada “fiesta del cordero” y a que fue inicialmente impulsada por Vox con claras alusiones al veto islámico, el PP asegura que con la redacción final “no veta absolutamente nada” y “no habla de confesiones”.

El texto aprobado, que finalmente fue una enmienda del PP al presentado por la extrema derecha, utiliza términos claramente excluyentes. El primer punto habla de una supuesta “identidad” española, sin especificar a qué se refiere, y dice respetar únicamente la religión “tradicional” del país que, aunque no se concreta en la iniciativa, se refiere a la católica. Lo que pide literalmente es lo siguiente: “Instar al equipo de gobierno a promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país”.

El segundo punto es el que veta actos religiosos del Islam que hasta ahora se celebraban en recintos municipales, aunque el texto final, fruto de la corrección del PP, evita mencionar a la religión musulmana. En concreto, la moción establece que “el uso” de las instalaciones del consistorio sea “exclusivamente para el ámbito deportivo o actos y actividades organizadas por el Ayuntamiento de Jumilla, y en ningún caso para actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento”.

Para el PP, que lleva una semana sin censurar lo ocurrido en la localidad murciana “hay dos posiciones de dos partidos”, en alusión a PSOE y Vox, “que buscan muros que cada vez quieren poner más altos para polarizar a los españoles”. “PSOE y Vox quieren la confrontación”, ha insistido este lunes, en rueda de prensa, el vicesecretario económico, Juan Bravo. Preguntado por el requerimiento hecho público a primera hora por el Gobierno instando al consistorio de Jumilla a anular la moción, Bravo ha considerado que según dicen “los propios letrados” del ayuntamiento el texto “no tiene efecto jurídico y es una mera opinión política”.

Pero la dirección de Feijóo no la critica. Bravo ha asegurado que “respeta” a “quien manifiesta sus opiniones”, en alusión a la Conferencia Episcopal, que también censuró la iniciativa de Jumilla. También ha dicho el dirigente del PP que en la localidad murciana se están buscando “espacios” para “que esos aspectos religiosos se puedan celebrar” y ha dicho que el partido gobierna “en dos ciudades como Ceuta y Melilla” donde, ha afirmado, conviven la comunidad “musulmana”, la “católica”, la “hindú” y hasta “la hebrea”

El PP reclamará la comparecencia “urgente” ante el Parlamento del ministro de Transportes, Óscar Puente, para que dé explicaciones sobre el caos ferroviario vivido entre el domingo y el lunes y que ha afectado especialmente a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Además, el PP quiere que el Gobierno acometa una “auditoría de toda la red ferroviaria”, según ha pedido este lunes el vicesecretario económico, Juan Bravo, quien, además, ha anunciado el 'no' del PP al real decreto-ley para responder a los aranceles de Donald Trump que se votará el jueves en el Congreso.

“Lo que ha ocurrido hoy no es una excepcionalidad, es la nueva normalidad de un Gobierno que está sobrepasado”, ha asegurado Bravo en una rueda de prensa este lunes. “El sistema está peor ahora que cuando estaba el señor Ábalos”, ha ironizado, en referencia al exministro y ex secretario de Organización del PSOE, hoy en problemas judiciales por una supuesta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. “Ni para Puente ni para el otro la gestión era lo importante, ambos son ministros más pendientes de sus redes que de la gestión”, ha añadido.

Bravo, quien sufrió él mismo el percance y permaneció varias horas en un tren detenido, ha sostenido que el problema de la línea Madrid-Sevilla no es aislado. “Esto no es una realidad que se ha producido ayer”, ha dicho. “Estamos conociendo todas las semanas situaciones especiales en los trenes que llevan a retrasos, que llevan a cambiar de trenes, que llevan a circunstancias en las que el ciudadano no disfruta de esos servicios públicos”, ha añadido.

Junto a Bravo ha comparecido el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, quien ha acusado al Gobierno de “desinformar” adrede sobre lo ocurrido en la línea afectada ayer. “Asistimos también a un Gobierno claramente desinformador”, ha dicho en la misma rueda de prensa.

“La semana pasada, en relación con el apagón, la respuesta del Gobierno fue generar confusión, caos y desinformación”, ha sostenido, para añadir: “Y lo que estamos viendo también en las últimas horas en relación con los graves retrasos sufridos por los trenes, es también un ejercicio más de desinformación, porque nos hablan de sabotaje y porque culpan a todos menos asumir cualquier tipo de responsabilidad”, ha añadido.

Sémper ha puesto en duda la versión del “sabotaje” planteada por Óscar Puente, y aunque ha reconocido que “el Gobierno no tiene la culpa del robo de cobre si es el motivo”, poniéndolo también en duda, sí lo es, ha añadido, “la responsabilidad de cómo respondemos como país a los problemas de los españoles”.

“Estamos seriamente preocupados porque el deterioro de los servicios públicos es continuo. Este Gobierno está agotando la paciencia de los españoles. Dicho de otra manera, creemos que este Gobierno, en múltiples frentes, está abusando del civismo de los ciudadanos españoles”, ha zanjado.

“Si el Gobierno no quiere aceptar las propuestas que hace el PP, evidentemente no va a contar con el apoyo del PP y tendrá el voto negativo”. Así ha despejado este lunes el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo su posición sobre el real decreto-ley para responder a la guerra comercial abierta por el presidente de EE UU, Donald Trump, y que se someterá este jueves a votación en el Congreso. El vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, ha confirmado el 'no' de sus diputados, por lo que el plan del Gobierno queda a expensas de su capacidad de atraer a los grupos de izquierda. Podemos ha dejado en el aire su apoyo al verlo “insuficiente”.

Bravo ya apuntó la semana al rechazo del PP al plan del Gobierno, que recoge la movilización de hasta 14.000 millones para ayudar a los sectores que se puedan ver afectados por los aranceles impuestos por Trump a la UE. El responsable económico de Feijóo se reunió con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para buscar un acercamiento que permitiera sacar adelante el decreto. Pero la cita acabó sin un acercamiento.

El PP no quiso confirmar entonces su 'no' al decreto, pero este mismo lunes sí lo ha hecho, aunque no ha cambiado nada desde el pasado 30 de abril. El Gobierno reclama que Feijóo apoye el decreto en sus términos y se abre a negociar medidas adicionales posteriormente, pero el PP exige un compromiso previo y concreto sobre qué parte de su plan sería asumido por el Ejecutivo.

El decreto aprobado por el Gobierno necesita ser convalidado por el Congreso para no decaer, y el límite para someterlo a votación se cumple esta misma semana. Es necesaria una mayoría simple, más síes que noes, para darlo por convalidado.

Desde el primer momento, el PP arremetió contra el Ejecutivo por el plan y lo utilizó como arma arrojadiza, aunque se guardó mucho de revelar su posición final de voto. Al Gobierno le bastaría una abstención del primer grupo del Congreso, pero salvo giro de última hora, los votos del PP irán al 'no', lo que obliga a Pedro Sánchez a recopilar todos los síes que le dieron la investidura en noviembre de 2023.

Pero en las últimas horas desde Podemos han considerado “insuficiente” el plan del Gobierno y ha dejado la puerta abierta al 'no'.

Este mismo lunes, el presidente del Gobierno ha pedido al PP que se siente a negociar. “Les pido que den la cara por su país, por sus empresas y por sus trabajadores”, ha dicho Sánchez en Barcelona en un mensaje dirigido al conjunto de fuerzas parlamentarias.

Preguntado expresamente por el PP, Sánchez ha lamentado que su oposición no sea “constructiva”. “Veremos si esta vez es diferente. De hecho, el Gobierno de España quiere trabajar para que eso sea así”, ha asegurado. La semana pasada, los populares se levantaron de la mesa de negociación con el ministro de economía tras asegurar que el Ejecutivo no estaba dispuesto a introducir ni una sola de las medidas propuestas.

Prolongar las centrales nucleares

“Ustedes no conocen cuál es el plan del Gobierno. Propone deuda, préstamo y avales, pero no propone un plan”, ha defendido este lunes Bravo en una rueda de prensa. “El único plan que ustedes conocen es el plan del PP”, ha añadido, para criticar que el Ejecutivo quiera ahora negociar.

“Después de 23 días nos llamaron y el Gobierno decidió que nuestras propuestas no le parecían adecuadas”, ha sostenido Bravo sobre su reunión con Cuerpo.

La propuesta del PP es la misma que suele plantear ante cualquier crisis: bajar impuestos y cotizaciones sociales a las empresas. “”El método más ágil de ayuda es la bajada de cotizaciones e incentivos fiscales con mayor intensidad a las empresas más expuestas y más vulnerables“, sostuvo cuando lo presentó.

“No habrá respuesta adecuada a la guerra comercial sin unidad”, dijo Feijóo cuando presentó su plan. “Estar divididos no suma nada, no podemos hacer la guerra por nuestra cuenta”, añadió.

En el mismo ‘pack’, Feijóo planteó prolongar la vida útil de las centrales nucleares que las empresas quieran mantener abiertas. Este lunes, Bravo ha insistido en esta medida y ha señalado que el apagón generalizado en toda España de la semana pasada les da la razón en su petición.

El vicesecretario económico del PP ha defendido que prolongar la vida útil de las centrales supondría abaratar la gestión de los residuos que generan las centrales porque el dinero destinado a ello “ya está recaudado, con lo cual lo que tendría es menos costes para todos”.

“Salimos de la reunión con el ministro Cuerpo peor que entramos”, ha afirmado el vicesecretario de economía del Partido Popular, Juan Bravo, sobre su encuentro con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el que no han logrado ningún acuerdo.

Bravo ha expresado que presentaron al Gobierno un plan hace 23 días con medidas reclamadas por empresas, autónomos y ciudadanos. “El Gobierno nos ha dicho que no se puede comprometer y que lo que hay ahora mismo es lo que todos conocen: una propuesta de deuda, préstamos y avales” que, según el popular, “no puede ser la única respuesta que demos a los ciudadanos”. “Ha vuelto el muro del Gobierno para dejar fuera al Partido Popular”, ha criticado.

“Si después de 23 días la respuesta es que hay que seguir hablando, es que no quieren seguir contando con el Partido Popular”, ha resumido Bravo, que ha añadido que, si el Gobierno no valora sus propuestas, el PP tampoco apoyará en el Congreso las del Gobierno.

El Gobierno aprobó el pasado 8 de abril el plan de respuesta a los aranceles de Trump con 14.000 millones en ayudas, de los que 7.400 serán de nueva financiación y 6.700 de instrumentos ya existentes.

“Nosotros no hemos venido aquí a ser muleta del Gobierno, sino a ser capaces de trasladar al BOE las propuestas de los sectores que nos las han reclamado”, ha concluido el popular, que también ha aprovechado para reivindicar la protección de la energía nuclear.

El Gobierno había trasladado al PP que no se puede comprometer con las propuestas planteadas y ha puesto sobre la mesa el real decreto ley con las medidas ya avanzadas hace semanas y aprobadas en el Consejo de Ministros.

Bravo considera que “ha vuelto el muro” por parte del Gobierno para dejar fuera al Partido Popular. “Nos vamos peor que entramos puesto que no hay no hay aceptación de las propuestas del Partido Popular y en ese camino pues evidentemente entendemos que nos dejan fuera”, ha lamentado.

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha elogiado las políticas económicas del presidente ultra argentino Javier Milei este jueves por la noche en una entrevista en la Cadena SER.

Tras una semana marcada por la votación en el Congreso con la que PP y Junts tumbaron el decreto ómnibus, el responsable de Economía de los populares ha acudido a una entrevista en la Cadena SER. El periodista Aimar Bretos se ha mostrado sorprendido tras escuchar a Milei en el Foro de Davos vincular la homosexualidad con la pederastia: “A este tipo, su partido, el PP, le ha dado la medalla de Honor de Madrid”.

“La medalla era a la política económica. La política económica de Argentina va bien”, ha contestado Bravo. Al ser preguntado por si esa política en España iría también bien, ha matizado que “en España no tenemos el entorno que tiene Argentina”. “Pero evidentemente no gastar lo que no tenemos sí que es nuestra política. Lo que no vamos a gastar es en tener 22 ministerios, cuando llega un presidente y dice que en vez de 22 ministerios puedo trabajar con 13, todo el mundo lo entendería. Gastar 2.300 millones para invadir Telefónica, tampoco lo haría”, ha añadido.

Los aranceles de Trump

Sobre la política de aranceles de Trump, Bravo ha señalado que “Trump va a desplazar la oferta china a otros mercados”. “Europa tiene que despertar ante lo que viene y saber trabajar en el ámbito de EEUU. Insultar a Trump o Milei no son las mejores políticas, no hay que insultar a nadie”, ha añadido.

En la entrevista Bravo ha defendido la votación contra el decreto ómnibus y ha señalado al PSOE como responsable, en la línea de su partido durante los últimos días. “La solución es que el Gobierno tiene que aprobar un decreto ley de pensiones, que ya va tarde porque podría haberlo hecho hoy. Tiene el voto a favor del PP y tema solucionado”, ha dicho.

El Partido Popular solo se cree los datos del empleo de las comunidades donde gobierna. Tras conocer a primera hora de este martes que el trabajo batió un nuevo récord en mayo al alcanzar los 21,3 millones de trabajadores en toda España, Juan Bravo, el vicesecretario de Economía del partido de Alberto Núñez Feijóo, ha hecho público un hilo en el que únicamente dice creerse los datos referidos a las comunidades en las que gobiernan los populares. El resto, afirma, es “maquillaje”.

“Siempre que se crea un puesto de trabajo es una buena noticia, pero analicemos los datos de empleo de hoy en un mini hilo”, aseguraba Bravo al inicio de una serie de tuits publicados tras conocer los datos del paro. A su juicio “los datos de este mes tienen una gran influencia estacional”, porque “un 72% del empleo creado se debe a esto”.

A renglón seguido, Bravo ha querido dejar claro que únicamente reconoce las buenas cifras aportadas todas ellas por el Ministerio de Trabajo en el caso de las comunidades gobernadas por el PP. “El dato que conocemos hoy se sostiene en comunidades como Madrid, Andalucía o Baleares, entre otras, que son las que más trabajos crean”, ha tuiteado. Pero en el resto de las autonomías hay “maquillaje”, según él. “Cualquier dato que se dé sobre empleo a nivel nacional es engañoso, debido a que los fijos discontinuos sin trabajar no computan como parados”, ha llegado a asegurar.

El mantra de los fijos discontinuos lo lleva utilizando el PP prácticamente desde que la izquierda llegó al Gobierno, pero la contabilización de esos trabajadores como empleados se ha dado siempre, también cuando gobernaban los populares. “Seguimos esperando que el Gobierno publique la cifra de fijos discontinuos inactivos”, pide ahora Bravo.

El máximo responsable de la política económica del PP añade que, a su juicio, los datos están marcados por la “precariedad” ya que “casi 8 de cada 10 contratos son o a tiempo parcial, o fijos discontinuos, o temporales”. También habla de “destrucción” porque “se destruye empleo el último día del mes a nivel nacional, con 173.420 afiliados a la Seguridad Social menos”. Y añade la palabra “fracaso” ya que “a pesar del maquillaje y de la estacionalidad, España sigue teniendo los peores datos de toda la Unión Europea en paro general y paro juvenil”

El PP ha reclamado este martes una reunión de urgencia con el Gobierno para negociar el real decreto ley anticrisis que perfilan las dos partes del Ejecutivo y que debería ir mañana al Consejo de Ministros para su aprobación y su inmediata entrada en vigor. La oposición plantea así una negociación con apenas 24 horas de antelación y con la pretensión de que se asuman todas sus propuestas para votar a favor de la convalidación, que básicamente se resumen en bajar impuestos.

La petición de la reunión la han lanzado el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, y la de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, en una rueda de prensa conjunta este martes. Bravo ha reclamado una cita con las vicepresidentas Teresa Ribera y María Jesús Montero “para hacer un proyecto de ayuda a los españoles que no tenga como única obsesión elevar la presión fiscal y obtener más recaudación”.

Bravo ha resumido las propuestas que el PP querría incluir en un documento que ahora están negociando el PSOE y Sumar dentro del propio Gobierno de coalición. “El Gobierno alimenta a Bildu, agasaja a prófugos de la Justicia, mientras los españoles sufrimos las consecuencias de su política económica”, ha lamentado el vicesecretario económico, quien ha asegurado que el PP reclama desde 2022 la “deflactación” del IRPF, así como la reducción del IVA en determinados productos o servicios, como energía y alimentos.

Además, Paloma Martín ha reclamado la “prórroga de la suspensión de impuesto a la producción energética” así como la “rebaja al impuesto especial” energético. También que se mantenga la prohibición de cortar el suministro de agua, luz y gas a hogares vulnerables“, y la prórroga de la llamada tarifa de último recurso para consumidores de gas. ”De no hacerlo será causante del aumento de la factura del gas“, ha sostenido la responsable de Desarrollo Sostenible.

El PP mantiene así básicamente las recetas planteadas por el equipo económico desde que Alberto Núñez Feijóo aterrizó en Madrid en abril del año pasado. Bravo ha exigido “lealtad” al Gobierno y que no apruebe un amplio real decreto ley “que aglutine todo con medidas que el PP no puede votar a favor”, sino que plantee un real decreto ley “independiente” que recoja sus propuestas.

Pero el dirigente ha asegurado que “si el Gobierno pretende que demos el visto bueno a los compromisos adquiridos con Bruselas y que no ha hecho, que no ha llamado para acordar y decir que es por urgencia para garantizar la llegada de fondos Next Generation” no contarán con su voto favorable. “Para eso tiene otros socios”, ha zanjado, casi a la vez de que se comunicara el acuerdo del Ejecutivo con EH Bildu para mantener la prórroga de la prohibición de desahucios a personas vulnerables hasta 2025.

Bravo ha criticado que “a 26 de diciembre” todavía no esté finalizado el decreto ley y que no se haya consensuado con ellos. “Seguimos sin saber qué va a hacer el Gobierno”, ha lamentado. “En la reunión, Sánchez no trasladó ninguna medida” a Feijóo, ha sostenido sobre la cita que ambos mantuvieron el pasado viernes en el Congreso.

Feijóo aseguró en la rueda de prensa posterior que le planteó al presidente del Gobierno un “plan económico que focalice en rentas medias y bajas”. En el documento que llevó a la cita, el PP criticaba “la creación de impuestos ideológicos a base de improvisación”, en referencia a los tributos a los beneficios extraordinarios de banca y energéticas que el Ejecutivo debate si mantener y cómo.

El PP reconoce que su plan supondría una caída de la recaudación del Estado. Para solventarla y que no afecte a las cuentas públicas, Bravo ha planteado bajar el gasto público. Por ejemplo, reducir los actuales 23 ministerios a 13 supondría un ahorro de 1.000 millones, según ha dicho el vicesecretario económico. Además, el dirigente ha insistido en que el Gobierno dé marcha atrás en su intención de entrar en el accionariado de Telefónica, lo que implicaría dejar de gastar 2.000 millones más.

¡Buenos días!

¿Cómo estás? Espero que con ganas de coger las vacaciones de Navidad. Ahora que hay tanta gente preocupada por la situación de España -menos por la de los españoles- es pertinente aplaudir la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez con la entrada del Estado en el capital de Telefónica con la compra de un 10% del accionariado. Esto sí que es 'putodefender' a España. No es broma. El fondo saudí que ha comprado hasta un 9,9% lo hizo sin avisar a la compañía ni al Gobierno español. Estamos hablando de un fondo soberano que cuenta con 700.000 millones de dólares en activos, uno más, entre los grandes fondos soberanos de países del Golfo que van a dedicar ingentes cantidades de dinero para comprar compañías por todo el mundo cuando ya palpan la decadencia del negocio del petróleo y el gas.

'Putodefender' a España es proteger a las empresas estratégicas como Telefónica -activos en telecomunicaciones o defensa vitales para el país- de la voracidad de unos mercados que actúan como un bazar lleno de tiburones.       

'Putodefender' a España es dejar de hacer el imbécil en nombre del libre mercado. Lo que ha sido una excepción todos estos años es la total privatización que culminó José María Aznar de una compañía como Telefónica. ¿Qué pasa en el resto de Europa? El Estado francés cuenta con casi el 23% del capital de Orange, el 30,4% de Deutsche Telekom es de participación pública mientras que Italia es propietario del 9,8% de TIM. Aquí te explicamos cómo la mayoría de los países europeos cuenta con participación accionarial en sus empresas de telecomunicaciones.

'Putodefender' a España es salvaguardar la soberanía productiva del país. Es una de las lecciones que, en teoría, tendríamos que haber aprendido de la pandemia. Es necesario amparar a nuestras empresas, eso sí, sin dejar de fortalecer la competencia para que los consumidores no se vean perjudicados, además de consolidar la regulación que elimine incertidumbres y distribuya la riqueza a través de los impuestos.  

'Putodefender' a España es preservar lo público. 

Pero es que el PP sigue sin enterarse...

Cada vez que habla sube el pan

La compra por parte de la Sepi del 10% de Telefónica viene para protegerse de los saudíes. Creo que ustedes conocen que hay una norma que ya existe en este país: la acción de oro que permite que esa situación no se produzca

Juan Bravo — Vicesecretario de Economía del Partido Popular

Es terrible para un país tener una oposición que no se entera de nada ni tiene la mínima idea de las normas que rigen la convivencia. Se supone que Juan Bravo sabe de economía, pero en su intento de atacar al Gobierno por su entrada en el accionariado de Telefónica roza el ridículo. Es normal que ahora que el PP ve cómo Pedro Sánchez ha iniciado una ronda de contactos con grandes empresarios para normalizar relaciones y que el apocalipsis económico no termina de llegar, se lancen a criticar todo lo que sea, pero, al menos, es exigible un poco de rigor. El vicesecretario de Economía del Partido Popular censura la operación porque asegura que hay otro mecanismo, conocido como 'la acción de oro' (acción nominal que permite a su poseedor vencer a todas las demás acciones y accionistas en una votación), que serviría para controlar a los saudíes en Telefónica.

Pues bien, la acción de oro no existe desde hace años en España. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la declaró ilegal en 2003. El Gobierno de entonces tardó en hacer efectiva la desaparición de este blindaje y control accionarial. Las cuatro compañías, que fueron privatizadas, y todavía contaban con la acción de oro ya tenían fecha para su eliminación: Repsol (febrero de 2006), Iberia (3 de abril de 2006), Telefónica (18 de febrero de 2007) y Endesa (8 de junio de 2007). El 27 de mayo de 2006 se publicó en el BOE la Ley que acabó con la acción de oro en España.  

¿Qué le pasa al PP? Además de no encontrar una fisura en el ámbito económico para atacar con contundencia al Gobierno de coalición, observa cómo la operación de entrada del Estado en Telefónica termina de rematar esa época soñada por los conservadores del supuesto milagro económico español. Aquella etapa de privatizaciones que sirvió a José María Aznar para colocar en la presidencia de la operadora a su compañero de pupitre, iniciar guerras contra medios de comunicación y que acabó como el rosario de la aurora por operaciones de stock options de dudosa legalidad. Aquí te explicamos cómo fue una de las privatizaciones más mediáticas y controvertidas llevadas a cabo por el PP.

El Gráfico

Las empresas españolas con problemas para lograr financiación han aumentado siete puntos, del 13% al 20%, en el cuarto trimestre de 2023. Las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) empiezan a dañar al sector privado, que venía de disfrutar de unos préstamos más baratos que nunca. Hasta que, en julio de 2022, la institución monetaria decidió dar un giro radical a su política para luchar contra la inflación. Un 40% de las empresas admite un impacto negativo en sus negocios por el incremento del coste de endeudarse y dos de cada 10 de compañías tienen problemas para pedir un préstamo. La situación se complica para las empresas pero el BCE responde con mutismo sobre una bajada de tipos en 2024. Aquí te lo explicamos. 

Esperemos que los precios no vuelvan a subir por los problemas que se repiten en las cadenas de suministros. Vuelve el miedo a un atasco del comercio internacional: las navieras evitan el Canal de Suez y el de Panamá se satura.

Donde hay también un silencio difícil de explicar es en el Gobierno alrededor del decreto de las medidas de choque contra la inflación, que decaen con el año 2023. Se supone que estaban a la espera de cómo quedarían finalmente las reglas fiscales, cuya negociación ha terminado con múltiples cesiones a Alemania. Pero lo cierto es que el Banco de España asegura que la inflación caería al 2,3% en 2024 si el Gobierno mantuviera todas las medidas de choque que están vigentes actualmente. En sus proyecciones económicas, la institución monetaria solo contempla que el Gobierno extenderá la bajada del IVA a los alimentos y las subvenciones al transporte público con lo que los precios se mantendrán con subidas similares a las de este año: un 3,3%. En este enlace te contamos las necesarias medidas para seguir rebajando la inflación.  

El Dato

570 euros al mes

Es la nueva cuantía del subsidio de desempleo que el Gobierno acaba de aprobar. Esta cantidad se abonará durante los primeros seis meses, luego pasará a 540 euros en los siguientes seis meses y se mantendrá en los 480 euros actuales el resto de duración de la prestación. En este enlace te lo explicamos. A pesar del enfrentamiento inicial, Trabajo ha logrado un acuerdo con Economía para sacar adelante la nueva norma, que amplía los beneficiarios, elimina el mes de espera entre la prestación y la ayuda y se podrá compatibilizar con un salario durante seis meses. Aquí tienes una explicación detallada de la letra pequeña del subsidio de paro: desde junio de 2024, cambios en el cómputo de rentas y cuotas a los 52 años.

La sorpresa ha llegado cuando se ha descubierto que el Gobierno ha metido de rondón en el decreto del subsidio de paro la prioridad aplicativa de los convenios autonómicos sobre los estatales y sectoriales que Pedro Sánchez prometió al PNV en el acuerdo de investidura. Aquí te lo explicamos. La medida ha abierto un cisma entre sindicatos y patronal con el Gobierno, al que acusan de quebrantar la confianza.

Entrepreneur

No hay gran 'entrepreneur' que no tenga unas buenas puertas giratorias con las que nutrir su equipo directivo. En este caso hablamos de Oesía, multinacional española de defensa y tecnología, dueña de Tecnobit, proveedor clave del Ejército, cuyos principales accionistas son su presidente (98,5%), Luis Furnells, y el director general, Héctor Roldán (1,5%). La compañía presentó ventas récord de 244 millones de euros en 2022 (+44%), con pedidos de 850 millones. Oesía destaca la buena marcha de sus cuentas “debido al incremento de los presupuestos de Defensa de los países occidentales, como consecuencia del aumento de las tensiones geopolíticas a nivel global”. Pues bien, la empresa cuenta entre sus directivos con ex altos cargos del Ejército: desde un general de División, un coronel que fue director de Ciberdefensa del Ejército del Aire pasando por un teniente General que ha sido Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército, entre muchos otros. Pincha aquí para entender las puertas giratorias entre la industria armamentística y el Ejército.

Bien público

El horror está en las redes sociales. Arturo Béjar trabajó en Meta como jefe de ingeniería de Facebook y asesor de Instagram. Béjar es uno de los extrabajadores de la corporación que han comparecido ante el Senado de EEUU en su nueva investigación contra Meta y sus redes sociales: Facebook e Instagram. En 'Bien público', la sección de este boletín donde aparecen los reportajes de investigación y las informaciones más elaboradas, os traemos esta semana una entrevista a Arturo Béjar. No os engaño, da pavor lo que cuenta como ex empleado de unas redes sociales donde hay millones de jóvenes expuestos a tanto peligros: “Un tercio de los menores de 16 años con cuenta en Instagram han recibido acoso sexual en el último mes”. Lo peor es que la empresa lo sabía, Béjar avisó de lo que estaba pasando y diseño una herramienta para que los jóvenes pudieran denunciar pero nunca se puso en marcha. Tenéis que leer esta entrevista de Carlos del Castillo a Arturo Béjar sobre la basura de las redes sociales. 

Nos gusta la competencia

Ahora os ofrecemos una serie de informaciones de otros medios que nos han parecido interesantes:

Aquí termina este boletín, que es el último del año. Os deseamos unas felices fiestas y un prospero (y solidario) año nuevo. Volveremos después de Reyes. Tienes el correo contraoferta@eldiario.es para cualquier cosa que nos quieras decir.

¡Felices Fiestas! 

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Toda la cúpula del PP de Alberto Núñez Feijóo con cargo público ingresó algún sobresueldo a través del partido o de los grupos parlamentarios, además de su salario como diputado o senador. Así se desprende de las declaraciones de bienes presentadas ante el Congreso y el Senado en las últimas semanas. En total, 203.806 euros desde abril de 2022, según la información que se desprende de lo que indican los dirigentes.

El que más cobra por esta vía es el propio Feijóo. Desde que llegó a la presidencia del PP, en abril de 2022, y al Senado a finales de mayo, hasta finales de 2022, el gallego percibió 71.110 euros al margen de su sueldo de senador. De ellos, 39.260 euros brutos los ha declarado como “gastos de representación” por su cargo en el PP. Es decir, salieron íntegros de las arcas de la organización. Todas las cantidades indicadas en las declaraciones de bienes son en bruto, salvo que se señale lo contrario.

Los otros 31.850 euros los percibió como presidente del grupo parlamentario. Pero no es una asignación que decida el Senado ni que cobren todos los presidentes de grupos parlamentarios, sino que el PP destina una parte de la asignación que la Cámara Alta concede a cada grupo para complementar el sueldo de su líder. Es discrecional. Su predecesor en el cargo, Pablo Casado, nunca cobró como presidente del grupo parlamentario, por ejemplo.

La declaración de Feijóo ha permitido también trazar la evolución de su patrimonio desde que aterrizó en Madrid hasta ahora: tras un incremento de 600.000 euros en sus últimos años al frente de la Xunta, el líder del PP ha aumentado sus propiedades con una nueva vivienda en A Coruña, además de su inversión en la multinacional Inditex.

El partido ha ocultado durante año y medio estas remuneraciones, pese a lo que marca la ley de transparencia. Y pese a los muchos intentos de los periodistas de averiguarlo. Pero ahora, gracias a las políticas de transparencia de Congreso y Senado, se ha desvelado un secreto que afecta no solo a Feijóo, sino prácticamente a toda la cúpula que salió del congreso extraordinario de Sevilla del año pasado.

La 'número dos', Cuca Gamarra, también cobró dos sobresueldos al margen de su salario público del Congreso, que ascendió en 2022 a los 113.468 euros brutos al tener un complemento como portavoz, según Newtral. A esta cantidad la secretaria general añade 26.860 euros como “gastos de representación” del PP y 28.759 del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Baja, según su declaración. La secretaria general, aún portavoz parlamentaria, pagó en su declaración de la renta del año pasado 72.540 euros, casi 8.000 más que su jefe de filas.

También el coordinador general, Elías Bendodo, recibió un complemento salarial del PP durante 2022 que él mismo declara en 14.500 euros. El 'número tres' indica expresamente que el dato es en “neto”, es decir, impuestos ya descontados, por lo que la cantidad bruta sería mayor. El diputado por Málaga declara, además, cuatro pisos, una parcela y diversas plazas de garaje en la provincia. De IRPF, el malagueño pagó el año pasado 38.755 euros.

Los vicesecretarios, máximos responsables sectoriales y con asiento en el Comité de Dirección del PP, también percibieron algún tipo de emolumento al margen de su cargo. Esteban González Pons, eurodiputado (cargo por el que percibió 89.859 euros), ha declarado ante el Congreso unos “gastos de representación” de 22.720 euros. 

La misma cantidad ha declarado Miguel Tellado, vicesecretario de Organización Territorial y enviado de Feijóo a los territorios para preparar al partido ante las elecciones del pasado 28 de mayo. Es del núcleo más próximo al jefe desde hace años y, a este complemento de 22.720 euros, hay que añadir lo que cobró el año pasado (20.229 euros), y desde mayo como senador: la parte proporcional de 86.000 euros.

Esos 22.720 euros se repiten en el vicesecretario de Economía, Juan Bravo. El dirigente declara dos sueldos en 2022 (de la Junta de Andalucía y del Parlamento autonómico) por un total de 49.141 euros. Desde mayo hasta diciembre como senador raso se embolsó poco más de 70.000 euros. A estas cifras hay que sumar esos “gastos de representación”.

Cierran la nómina dos senadores: Pedro Rollán y Javier Maroto. El primero ha sido designado presidente de la Cámara Alta para esta legislatura, por lo que tendrá que abandonar sus cargos dentro del PP. Pero en 2022 el que fuera vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local pudo sumar a su sueldo de senador raso los 25.560 euros que declara como “gastos de representación”. 

Maroto ejerció como portavoz en el Senado, lo que le valió un sueldo bruto total de unos 126.536 euros. Es la cantidad que, por los complementos, cobran todos los portavoces que además han ganado su escaño fuera de Madrid. A esa cantidad, el dirigente añadió un sobresueldo de 23.076 euros como miembro de la dirección del grupo parlamentario en la Cámara Alta. Un dinero que, como en el caso de Feijóo, lo perciben aquellas personas que el partido decide.

Cierra este capítulo Carmen Navarro, vicesecretaria desde abril de 2022 (primero, de Políticas Sociales, luego de Estudios) y que complementó su sueldo como diputada rasa, primero, y secretaria de la Mesa, después, con un sobresueldo del partido de 19.880 euros, según su declaración. Navarro declara además tres viviendas en Albacete, otra en Murcia y una última en Madrid, y varias plazas de garaje. 

Hay otros dos casos reseñables. El primero, el del secretario de Organización, Ángel González, único dirigente del PP por debajo de vicesecretario que ha declarado gastos de representación ante el Senado: 10.800 euros. También el actual portavoz (accidental, porque es temporal), Javier Arenas, ha declarado unos “gastos” a cuenta del grupo parlamentario de 5.013 euros.

Fúnez, Sémper y Montserrat, las excepciones

En la cúpula del PP hay tres personas que, al menos en 2022, no cobraron un sobresueldo del partido o de los grupos parlamentarios. Son Borja Sémper, Carmen Fúnez y Dolors Montserrat.

Fúnez, actual responsable de Políticas Sociales del PP, ha regresado a las Cortes Generales como diputada tras varios años sin cargo público. La ciudarrealeña declara ante el Congreso un sueldo del año pasado de 51.379 euros que cobró del grupo parlamentario en el Senado, donde trabajó como asistente de los senadores. La ya diputada no entró a formar parte del Consejo de Dirección del PP hasta casi la primavera de este 2023, por lo que no será hasta una próxima declaración ante el Congreso cuando tendrá la obligación de explicitar si cobra sobresueldo del PP, y cuánto.

Es una situación muy similar a la de Borja Sémper, cuya declaración de bienes no aparece en su ficha de diputado por un error administrativo, pero a la que ha tenido acceso elDiario.es. El vicesecretario de Cultura fue reclutado por Feijóo como portavoz en enero de 2023. En su declaración de bienes no figura lo que ha podido cobrar desde entonces del PP, ya que la norma pide solo indicar los ingresos del año anterior. 

Pero Sémper sí refleja el sueldo que tenía como director de Relaciones Institucionales de la consultora multinacional EY (Ernst & Young): 191.127 euros. Una cantidad que dejó de percibir al regresar a la primera línea política. Desde enero hasta ahora, Sémper ha cobrado un sueldo del PP que no ha sido formalmente revelado. Como diputado, comenzará a tener un sueldo público y, según la tónica, recibirá también un complemento si se mantiene en la dirección.

La única persona de todo el Comité de Dirección que se salta esta ‘norma’ es la portavoz en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, quien indica en su declaración en Bruselas que su puesto como miembro de la cúpula del PP no es remunerado.

Montserrat es eurodiputada, portavoz del PP y presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento en Bruselas. El salario de un eurodiputado supera los 7.000 euros al mes, aunque también ingresan dietas y diversas remuneraciones diferentes. Según Newtral, Montserrat venía cobrando 107.944 euros anuales.

José María Aznar sabe lo que su público espera de él y no está dispuesto a defraudar. Eso es lo que ha hecho el expresidente del Gobierno popular este martes en Sevilla, donde ha reclamado reformas que cambien toda la agenda legislativa del actual Ejecutivo, y ha exigido “volver al rigor económico” porque si no “vamos a pasar apuros”. También ha acusado a Pedro Sánchez de tener un acuerdo ya cerrado con nacionalistas vascos y catalanes para celebrar un referéndum en Euskadi y Catalunya para “acabar con la transición política, la Constitución, la ley, el Estado de derecho y el modelo de España”. “El pacto está ya hecho”, ha subrayado, lo que ha adornado en paralelo con la afirmación de que “en España vale más ser okupa que propietario porque el Gobierno te da más facilidades”.

La ocasión para que Aznar reabra la caja de los truenos ha sido un coloquio de Fórum Europa. Tribuna Andalucía, que en teoría consistía en un diálogo con el vicesecretario general de Economía del PP y cabeza de lista por Sevilla, Juan Bravo, aunque en la práctica todos los focos han apuntado al expresidente, que ha puesto el énfasis en sus fórmulas económicas para apelar al regreso a fórmulas de austeridad. Y todo ello como receta de cara a un 23J ante el que “hay dos estilos políticos muy claros: la arrogancia y el narcisismo inútil que representa Sánchez frente a la competencia útil” que encarna Alberto Núñez Feijóo. “Vamos a ganar por más diferencia de lo que algunos se piensan, Feijóo va a ser presidente y además un buen presidente”, ha sido su vaticinio. 

Desde el punto de vista económico, Aznar considera que España está necesitada de tres cuestiones, la primera de las cuales sería acabar con la actual “regla de barra libre” permitida por Europa y el Gobierno central a cuenta de la pandemia. Por eso defiende “volver a la seriedad, la disciplina y el rigor, porque si no vamos a pasar apuros”, porque si no “malgastamos las oportunidades que tenemos”. La segunda protagonista de esta trilogía sería “recuperar el impulso reformista” porque “el país se ha dormido y hacen falta reformas profundas”. “La Unión Europea ha inyectado tal cantidad de dinero que se ha olvidado lo que hay que hacer, el dinero fácil hace que el país no se preocupe”, cuando a su juicio urgen reformas fiscales, laborales y del sistema educativo, esto último para “volver a la meritocracia y a premiar el esfuerzo”.

La tercera y última estación sería la recuperación del criterio de convergencia europea, sentido en el que la entrada masiva de nuevos países nos situó en el 103% y hoy hemos bajado al 85% de renta media en comparación con Europa. Según los números que puso encima de la mesa, su Gobierno dejó a España en 2004 al 89%, después de que entre 1976 y 1996 (cuando llegó a La Moncloa) la cifra estuviese estancada en el 78%. “Muchos no se han dado cuenta de una realidad que es muy preocupante”, ha añadido para reforzar su mensaje.

Feijóo es “la moderación decidida”

En definitiva, que añora “reformas que aumenten la competitividad del país”, y para ello el primer factor es el sistema institucional, que “cuando se toca, se abusa y no se respeta, los países pierden credibilidad”. Incidiendo en la necesidad de una reforma laboral y otra fiscal que elimine la “hiperregulación”, también ha reclamado cambios en el terreno energético, un hilo del que ha seguido tirando para concluir que todo esto “requiere un Gobierno fuerte, enérgico y con capacidad de tomar decisiones desde la moderación”. Por eso, está convencido de que España tiene una gran oportunidad el 23J, porque “en un país tan fragmentado el triunfo de Feijóo será el de la moderación decidida”. Esto, de paso, lanzará el mensaje de que “desde la moderación es posible ganar, gobernar y tomar decisiones” para hacer a España “más fiable”.

La otra cuestión angular en la que ha cargado las tintas ha sido al hablar del modelo de país, donde ha sido rotundo en la existencia de un acuerdo secreto que sería, precisamente, el que habría impedido a Sánchez aceptar el pacto que le ofreció Feijóo en el cara a cara de este lunes. La espita la ha abierto subrayando que no existe en toda Europa el precedente de un Gobierno como el de Pedro Sánchez, “apoyado por los que quieren destruir el país”. “Nos vamos a meter en un lío monumental con esa coalición Frankenstein” si gana en las elecciones del próximo 23J, aunque está convencido de que “el precio está acordado ya” y no es otro que la celebración de unos referéndums en el País Vasco y Cataluña (“que no llamarán referéndums, sino consultas para saber la voluntad del pueblo”.

Esto, en la práctica, “significa que la transición política, la Constitución y el modelo de España que tenemos se ha terminado”, uniéndole a continuación que también supondrá liquidar “la ley y el Estado de derecho”. “Eso es lo que va a pasar en España exactamente si la coalición Frankenstein gobierna, el pacto ya está hecho”.

“Lo más inteligente” es votar al PP

¿Quién puede impedir lo que a su juicio se nos viene encima? Pues el PP, “el único partido constitucionalista centrado y serio”, de ahí que considere “imprescindible” que Feijóo cuente con una mayoría suficiente para poder marcar las reglas del juego. En una intervención en la que en ningún momento ha hecho mención a Vox, ha incidido en que “la falta del pilar constitucional del centro izquierda” hace “muy complicado” llegar a acuerdos, por lo que hace falta un Gobierno “lo menos condicionado posible” para así “volar solo y tomar decisiones”. “Una mayoría suficiente es lo más inteligente que pueden decidir los españoles el 23J”, ha apostillado.

En su somero repaso por la actualidad, el expresidente del Gobierno y del PP ha reivindicado un plan nacional del agua como el que dejó diseñado en 2004 y con el que acabó José Luis Rodríguez Zapatero, insistiendo en una política basada en trasvases por toda España, porque “el agua se comparte y compartiéndola se hace más país”. ¿Y cuál considera que es el hecho político contemporáneo más relevante? Pues la creación del euro, que hoy es “el gran anclaje fundamental” de Europa hasta el punto de que “si le pasa algo, la Unión Europea se disuelve en dos semanas”. Hubo también tiempo para conectar la participación española que él ordenó como presidente en la segunda invasión de Irak con la situación en Ucrania, que “en un futuro próximo debe formar parte de la OTAN”. A la Alianza Atlántica, por cierto, le atribuye poco menos que la salvación de occidente: “Los comunistas hubieran tiranizado Europa si hubieran podido; no pudieron porque existía la OTAN”.

(FE DE ERRATAS. Esta noticia ha sido corregida a las 18.23 horas. En un principio se escribió que Aznar defendía “volver al rigor económico y la disciplina aunque pasemos apuros”, aunque en realidad dijo de forma literal que hay que “volver al rigor económico” porque si no “vamos a pasar apuros”. Lamentamos el error.)

La vieja relación de cercanía entre el sector del juego y el PP sigue engrasada. Así lo reflejan la asidua presencia de figuras del partido en reuniones sectoriales, un premio a su actual responsable de Economía, Juan Bravo, en vísperas de su ascenso a la cúpula de la formación o una reciente “ponencia magistral” de un exministro popular con el patrocinio del sector.

Las empresas del juego han reclutado en los últimos años a cerca de una decena de antiguos cargos de los populares como consejeros o asesores. Y creen que, tras el vuelco conservador en las últimas elecciones autonómicas, “es el momento de la verdad” después de años de políticas restrictivas hacia este negocio.

En las competencias que dependen del Estado (juego online), esas políticas las ha liderado el todavía ministro de Consumo, Alberto Garzón, que durante su mandato reguló la publicidad de las casas de apuestas, obligó a publicar las sanciones a las empresas tras una década de opacidad o prohibió apostar online con tarjeta de crédito a los jugadores con comportamientos de riesgo.

Del radio de acción de Garzón quedó fuera el juego físico (salas de apuestas, recreativos, bingos…), porque su gestión está en manos de las comunidades autónomas. Justo después del batacazo de la izquierda el 28M, José Vall, presidente de la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (ANESAR), integrada en CEOE y formada por Sportium (Cirsa), Codere u Orenes, indicaba que “ahora es el momento de la verdad, de que seamos capaces de transmitir a los que vienen el daño causado”. Este “continuará” si no “impera la lógica y la sensatez”.

Según Vall, en el sector se han sentido “escuchados” por los políticos autonómicos que estaban en la oposición y ahora han llegado al poder en las comunidades autónomas: “Nos han dado la razón y muchas esperanzas” que confió en que, “ahora que gobernarán, se conviertan en realidad. 18.000 familias solo en salones están pendientes de ello. Sin olvidar a la hostelería, ese otro gran perjudicado, especialmente en Valencia y camino de ello en Aragón. Nos avalan los datos y esperemos que todos juntos seamos capaces de reconducir el daño causado a un sector que no se lo merece. Ahora es la hora de la verdad”.

ANESAR defiende la aportación del juego a la economía y subraya que el porcentaje de población con problemas de ludopatía en España es del 0,3%. Esta patronal celebró el mes pasado el 10 Congreso de Salones de Juego. Lo inauguraron el presidente de ANESAR y el secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz Fernández. Uno de los platos fuertes fue una conferencia “magistral” del exministro popular Álvaro Nadal, bajo el título “¿Hemos despejado las incertidumbres? Oportunidades y riesgos de la economía española”.

La ponencia del exjefe de la Oficina Económica de Moncloa con Mariano Rajoy contó con el patrocinio de Merkur Dosniha, una empresa de juego de capital alemán. En la nota de prensa del evento, la empresa indica que “como viene siendo habitual en este importante encuentro anual, este año bajo el lema 'Comprometidos con las empresas, responsables con la sociedad', Merkur Dosniha ha participado y colaborado patrocinando la ponencia magistral como una iniciativa más al interés común de todos los que conforman el Sector del Juego”.

“Con un aforo completo, los presentes pudieron atender las interesantes explicaciones del ministro repasando y valorando diferentes temáticas en las que destacaron la actividad económica y consumo, la inflación, la política monetaria y fiscal y las tendencias en la regulación”. El escenario elegido fue el Espacio Pablo VI de Madrid, gestionado por la fundación del mismo nombre, creada hace décadas por el cardenal Herrera Oria, fundador de la Asociación Católica de Propagandistas.

“Sin duda alguna, una oportunidad de aprendizaje en cuestiones de coyuntura económica española, europea e internacional, así como políticas energéticas, desarrollo sostenible y digitalización, haciendo mención y referencia en este último aspecto a los medios de pago”, destacó esa empresa de suministro de máquinas recreativas.

La presencia de políticos conservadores en estos eventos sectoriales es muy habitual. En el congreso de ANESAR de 2022 participaron entre otros el exministro popular de Sanidad Alfonso Alonso o el exdiputado y exejecutivo de Coca-Cola, Marcos de Quinto. También Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el think tank de la CEOE, y al frente del Instituto Nacional de Estadística (INE) con Rajoy. El anterior congreso, celebrado antes de la pandemia, en 2020, lo clausuró el entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López.

Hace poco más de un año, uno de los medios de referencia del sector, Infoplay, hacía entrega, por mediación del presidente de la empresa gallega de apuestas Luckia, José González Fuentes, y de una religiosa, la hermana superiora Antonia López, del premio “Embajador de Juego Responsable” al actual vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, por su labor como consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía.

Bravo excusó su presencia en el acto, celebrado en el Teatro Real de Madrid. Participó a través de un vídeo en el que cedió todo el mérito al encargado de recoger el galardón, el entonces director general de Juego de la Junta y actual secretario general de Hacienda andaluz, Manuel Vázquez, que “en los momentos más difíciles de la pandemia mantuvo el equilibrio, la serenidad, para establecer esas medidas que permitiesen mantener la actividad económica a pesar de las dificultades y, sobre todo, mantener el empleo en vuestro sector y en el resto de los sectores”, dijo a los empresarios de los salones de apuestas.

Dos días después de ese acto, Bravo fue nombrado vicesecretario de Política Económica por un Alberto Núñez Feijóo recién aterrizado a la presidencia del PP. Del jurado de aquel premio formaron parte el expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, y otro expolítico popular, Fernando Fernández de Trocóniz, abogado del Estado jubilado, exalcalde de Salamanca y exdiputado del PP.

Tras dejar la política activa, Fernández de Trocóniz presidió durante años la Fundación Alcohol y Sociedad, entidad sin ánimo de lucro de los fabricantes de bebidas alcohólicas que tiene “el objetivo principal de eliminar hábitos indebidos en el consumo de alcohol”. Su directora de Relaciones Institucionales es la periodista Silvia Jato, esposa del expresidente de la Generalitat Valenciana Alberto Fabra, cabeza de lista del PP por Castellón en las generales del próximo 23 de julio.

El director de esa entidad es Bosco Torremocha, hijo de Fernando Torremocha, exconsejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que llegó a ser miembro de la junta directiva del PP, el partido que le colocó en el organismo, mientras estaba en el regulador.

Larga lista

Pero volvamos al juego. La lista de cargos del PP que están o han estado vinculados a empresas de este sector en España es larga y abarca a políticos de ámbito estatal, autonómico o municipal. Un ejemplo es el exdiputado Andrés Ayala, socio del grupo murciano Orenes y que tras dejar su escaño fue nombrado consejero en varias de sus filiales en sustitución de su esposa.

O el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que en 2006 aceptó la presidencia de honor de la Fundación Social del Juego Privado que le ofreció el patrón regional del sector, José Ballesteros Requejo, propietario de un operador de bingo, tal y como recogía el periodista Luis Díez en su libro '¡Jugad, malditos, jugad!' (2020).

El caso quizás más conocido es el de Rafael Catalá, en Codere antes y después de ser ministro con Rajoy, junto a otro exministro con José María Aznar, Pío Cabanillas, que hasta 2021 fue consejero del grupo. Codere arrastra desde hace años una situación financiera muy complicada. Su auditor acaba de advertir de “dudas significativas" sobre su continuidad. Su filial online, que cotiza en Estados Unidos y tiene su matriz en Luxemburgo, anunció este jueves el nombramiento de Catalá como miembro de un órgano formal de nueva creación, el comité de Compliance, que hasta ahora tenía carácter consultivo.

La multinacional española, que el año pasado fichó al abogado del Estado Antonio Zafra (ex Bankia y jefe de gabinete en el Ministerio de Economía con Rodrigo Rato), contrató hace más de una década al despacho de asesoría que fundó Cristóbal Montoro, Equipo Económico. Bloomberg acusó entonces a Hacienda de favorecer a Codere en el reparto de licencias de juego online. El ministerio que entonces dirigía Montoro negó “tajantemente la acusación de tráfico de influencias” y anunció una querella que nunca llegó a presentar.

En la Galicia de Feijóo, la Asociación Gallega de Empresas Operadoras (AGEO) la preside Serafín Portas, consejero delegado de Recreativos Portas. Su hermana Alicia fue directora de gabinete de Ana Pastor en el Ministerio de Fomento con Rajoy en Sanidad y Consumo con Aznar. Actualmente es directiva en el Hospital La Paz de Madrid.

Hace un par de años, la Xunta de Galicia y AGEO fueron de la mano para intentar frenar un recurso de la CNMC contra la negativa del Gobierno de Feijóo a autorizar la instalación de una tragaperras en un bar. Un aspecto trivial, pero con cierto fondo: la Audiencia Nacional dio la razón a Competencia y anuló la resolución de la Xunta, cuyas argumentaciones, dijo, “parecen inclinarse a la protección de los intereses económicos de determinados operadores económicos y no del interés general”. La sentencia fue confirmada en febrero por el Tribunal Supremo.

En el grupo gallego Egasa, matriz de Luckia, es consejero el abogado Javier Laorden, socio de honor del bufete Cuatrecasas, especializado en derecho tributario y entidades sin ánimo de lucro, exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y exlíder del PP de Torrelodones, municipio que durante años tuvo el único casino de la Comunidad de Madrid y en el que los populares acaban de recuperar la alcaldía tras ocho años en la oposición. Egasa, que hace años se alió en Panamá con empresarios acusados de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, aparecía en el sumario judicial de Gürtel como donante de 100.000 euros al PP.

Otros cargos técnicos nombrados por el PP que acabaron trabajando para el sector son los ex directores generales del Juego Carlos Hernández y Juan Espinosa. El primero asesoró a las empresas de apuestas online en su recurso contra el decreto de Garzón que restringió drásticamente los anuncios del sector. El segundo se convirtió en asesor de la patronal británica del juego. Ambos tienen un despacho que ofrece asistencia a sectores regulados como el del juego.

El ex consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía y actual vicepresidente económico del Partido Popular, Juan Bravo, y el alcalde de Carmona, Juan Ávila, son los nombres que liderarán las listas del PP de Sevilla al Congreso y al Senado, respectivamente, de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio, adelantadas por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tras el resultado de las autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo, en las que el PSOE perdió poder territorial.

Así lo ha adelantado Diario de Sevilla y lo han confirmado varias fuentes del partido consultadas por Europa Press. El ex consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía Juan Bravo dejó su escaño por Jaén en el Parlamento autonómico para centrarse en su labor como vicesecretario de Economía del Partido Popular, responsabilidad que ostenta desde que en abril de 2022 lo nombrara el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, tras ser éste designado nuevo líder de la formación en el XX congreso nacional celebrado en Sevilla. Bravo fue cabeza de lista por la provincia de Jaén en las pasadas elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022.

En el caso de Juan Ávila, que liderará la lista de los 'populares' sevillanos al Senado, éste acaba de revalidar por cuarta vez la Alcaldía de Carmona (Sevilla) en las municipales del pasado 28 de mayo. En esta última ocasión, ha incrementado el número de concejales hasta lograr quince de 21 posibles del Pleno. Es su segunda mayoría absoluta. El cargo en el Senado es “compatible” con su labor como regidor carmonense, como ya ocurriera con José Luis Sanz mientras era alcalde de la localidad sevillana de Tomares hasta su marcha en 2021 para optar a la Alcaldía de la capital hispalense que, finalmente, ha conquistado tras lograr en las municipales catorce concejales frente a los doce del PSOE.

Ávila encabezó, además, la candidatura que disputó a Virginia Pérez la presidencia del PP de Sevilla en el XV Congreso Provincial Extraordinario del PP sevillano, en el que se impuso Pérez. Posteriormente, y en un congreso extraordinario, la presidencia del PP sevillano recayó en Ricardo Sánchez con el 96,41% de los votos. Una vez publicado el pasado 30 de mayo el decreto de convocatoria de elecciones y de disolución de las Cortes Generales, dando comienzo de esta manera el periodo electoral, la semana que viene, a partir del 14 de junio, empieza el plazo para que los partidos y coaliciones presenten en las Juntas Electorales Provinciales sus respectivas candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado.

El Partido Popular estaría dispuesto a apoyar el nuevo paquete de medidas anticrisis del Gobierno, que incluye la congelación del precio de los alquileres en la renovación de los contratos y un cheque de 200 euros para familias trabajadoras, siempre y cuando incluya algunas de las medidas que proponen. Así lo ha señalado este lunes en rueda de prensa el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo: “Si el Gobierno dice que sí a algunas de nuestras medidas, nuestro voto estará más cercano al sí, si no [lo hace] estará mas cercano a la abstención”.

Desde la sede de Génova, Bravo ha insistido en que el Ejecutivo “copia las medidas del PP”, aunque “tarde y de manera reducida”, unas críticas que se producen después de que la semana pasada el Gobierno detallara las novedades del real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros para hacer frente a la crisis energética y la elevada inflación provocada por la invasión rusa de Ucrania con especial foco en el coste de los alimentos.

La oposición pide al Gobierno modificar algunos puntos del decreto y proponen, entre otras medidas, aplicar la reducción del IVA a alimentos como carne, pescado y conservas, además de deflactar la tarifa del IRPF para las rentas de hasta 40.000 euros y renunciar a imponer el impuesto al plástico.

Bravo también ha recordado ante la prensa que su partido aboga por una fiscalidad para el empleo, la necesidad de simplificar las trabas burocráticas, una reducción del gasto superfluo político y activar los fondos europeos Next Generation. “Todo esto orientado a un crecimiento de la economía y a la generación de empleo, el que no deje a nadie atrás”, ha añadido.

Bravo, que ha pedido un adelanto electoral, ha criticado especialmente la propuesta del Gobierno del cheque con un pago único de 200 euros para familias con rentas inferiores a 27.000 euros al año y un patrimonio que no supere los 75.000 euros, al considerar que no se aplica un criterio “lógico” si se compara con el bono cultural joven de 400 euros. “Dar 200 euros a las familias y 400 euros a los jóvenes para que se lo gasten, por ejemplo, en videojuegos no parece muy lógico con la que está cayendo. Tiene más sentido ayudar a las familias, a las rentas bajas, a los pensionistas”, ha señalado. A su juicio, se trata de medidas que suponen un “parche” y no una verdadera solución, por ello el PP propone convertir ese cheque de 200 euros en una devolución más amplia y automática vía IRPF a rentas medias y bajas.

Por otro lado, a pesar de que el IPC se ha reducido al 5,8% interanual en diciembre, Bravo ha reprochado al Gobierno que la inflación subyacente -la que excluye la energía y los alimentos frescos- se sitúe en el 6,9%. “La inflación subyacente sigue subiendo, no son datos para sacar pecho, sino para tomar medidas que ayuden a trabajadores y empresas para controlarla”, ha concluido.

Críticas de Feijóo

A las críticas de Bravo se han sumado las del propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha señalado en Twitter que el Gobierno está “desbordado” y ve necesarios planes para impulsar el crecimiento y contener la inflación.

Feijóo también ha indicado que España se sitúa como la última economía de la Unión Europea en recuperar el PIB de la prepandemia, a pesar de que todas las predicciones -desde las del Gobierno a las del Banco de España- apuntan a que la economía crecerá por encima de la media de los países europeos y no contemplan una recesión.

Alberto Núñez Feijóo se ha rodeado en el Senado de su cúpula. Mire atrás, a un lado o al otro, los rostros que verá son los de los dirigentes que le acompañan cada lunes en la reunión de la ejecutiva del partido. El presidente del PP fue designado para la Cámara Alta por el Parlamento de Galicia el pasado mes de mayo, poco después de suceder a Pablo Casado como líder de la derecha. Es la única forma que encontraron en la sede nacional del número 13 de la madrileña calle de Génova para solventar un problema en su elección como rival de Pedro Sánchez: su ausencia del Congreso, el principal centro político estatal. Con el paso de los meses, la mayor parte de la nueva dirección del partido ha seguido sus pasos hasta convertir las primeras filas del Senado en el refugio del primer círculo de poder del PP, lo que les garantiza cercanía al líder, visibilidad mediática, sueldo público y aforamiento ante el Tribunal Supremo.

La crisis interna que llevó a la dimisión de Casado el pasado mes de febrero provocó, además de la elección de Feijóo como presidente, la renovación casi total del núcleo de poder del PP, que se repartieron entre el dirigente gallego y el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla. Pero el control total que había ejercido Casado en la elaboración de las listas electorales de 2019 supuso que los fieles de ambos estaban fuera de las Cortes Generales.

Ese fue uno de los primeros problemas que tuvo que abordar Feijóo al llegar a Madrid. La solución se tomó rápido porque era la única posible: el Senado. Una parte de los representantes en la Cámara Alta se eligen directamente en las urnas, pero otros son seleccionados por los parlamentos autonómicos, según las normas que se establezcan en los diferentes estatutos.

Dicho y hecho, tras Feijóo han sido designados por sus respectivas cámaras regionales un número importante de miembros del Comité de Dirección (el órgano diario de decisión del PP y más próximo al presidente), así como de escalas inferiores. El primero, el que fuera su mano derecha en el PP gallego, Miguel Tellado, y hoy vicesecretario nacional de Organización Territorial.

Tras su aterrizaje en el Senado, Tellado fue nombrado vicepresidente segundo de la Comisión de Transportes, lo que supone un complemento económico de 1.134,52 euros por 14 pagas, además de los emolumentos por senador (3.050,66 euros por 14) y la indemnización por desplazamiento (1.958,02 euros por 14) para los Senadores de circunscripciones distintas a Madrid.

Silencio sobre el sueldo de Feijóo en el PP

En total, Tellado se embolsará 86.000 euros al año. 16.000 más que los 70.121 que cobrará Feijóo del Senado, aunque los presidentes del PP históricamente han recibido también una remuneración del partido que difícilmente se hace pública salvo por obligación.

Tras ser elegido para el cargo, Feijóo dijo no saber qué salario se iba a poner. De momento, la dirección del PP no lo ha revelado y no tienen intención de hacerlo, así que habrá que esperar a que el presidente del partido salga del Senado para comprobarlo en su declaración de rentas ya que la que presentó este año al asumir el escaño recoge solo datos de 2021, tal y como marca la normativa.

El pasado mes de abril, Casado aseguró en su declaración de rentas al abandonar el Congreso que su sueldo como presidente del PP fue de 54.912 euros. Mariano Rajoy llegó a declarar 200.000 euros al año.

Feijóo y Tellado aterrizaron en el Senado en sendos puestos ya ocupados, pero en el PP no dan puntada sin hilo y buscaron destino a quienes no pudieron sino ceder su escaño. Uno, en la Casa de Galicia en Madrid. La otra, en la propia Xunta como secretaria xeral de la Vicepresidencia segunda que ocupa el coruñés Diego Calvo, elegido a su vez por Feijóo para el muy importante cargo de presidente del Comité Electoral del PP nacional, donde se fijan todas las candidaturas electorales.

Turno andaluz

Feijóo y Tellado fueron los mascarones gallegos del desembarco andaluz. Otros dos dirigentes del PP asumieron este pasado martes su cargo como senadores tras ser designados por el Parlamento salido de las elecciones del pasado mes de junio, y que depararon la mayoría absoluta para Juan Manuel Moreno.

El presidente andaluz terminó de soltar amarras con Elías Bendodo, el que ha sido su mano derecha desde que asumiera el relevo de Juan Ignacio Zoido al frente del partido. Viejos conocidos del PP de Málaga, Bendodo ha sido consejero de Presidencia, portavoz y factótum electoral de Moreno. Y ahora es coordinador general del PP nacional. Un cargo incompatible para Moreno, con responsabilidades en el Ejecutivo andaluz.

Bendodo se presentó a las elecciones andaluzas, pero la decisión ya estaba tomada: tras ser elegido senador, cedió el escaño en Sevilla. Este martes se estrenaba en la sesión de control al Gobierno con una pregunta sobre el hipotético indulto al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado por el caso ERE.

Con él ha llegado a la Cámara Alta otro de los puntales del Gobierno de Moreno, su ya exconsejero de Hacienda, Juan Bravo. El gurú económico por el que el presidente andaluz sí dio la batalla ante Feijóo. El gallego ganó y, como Bendodo, Bravo ha dejado el Parlamento justo después de ser designado senador, pese a ser el número uno del PP en su provincia de nacimiento, Jaén.

Bravo, inspector de Hacienda en comisión de servicios especiales, y que ha estado cobrando en la Junta un sueldo muy superior al de consejero gracias a un vericueto legal, estaba considerado un casadista impuesto a Moreno en 2020 por la dirección de Pablo Casado. Ahora, se ha convertido en uno de los puntales del PP de Feijóo ante el difícil panorama económico que se aventura en los próximos meses.

Ambos cobrarán, en principio, el mismo sueldo que su jefe de filas, unos 70.000 euros, ya que no complementan su puesto con ningún cargo en el Senado.

El pasado martes también juró su cargo la exalcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo Jurado, exsecretaria de Cultura y Turismo con Casado. Su paso por la Alcaldía de Jerez estuvo salpicado de irregularidades y fue imputada en el marco del caso Gúrtel, pero el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral la salvó dos veces de ser juzgada pese a las pruebas en su contra. García-Pelayo ha dejado su puesto en el Congreso para pasar a la Cámara Alta y, pese a su pasado, repetirá en mayo de 2023 como candidata del PP en la ciudad gaditana. Su puesto lo ha ocupado el que era portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cádiz, Ignacio Romaní, afectado también por escándalos durante su paso en Aguas de Cádiz.

Veteranos y segundos niveles

Junto a los recién llegados hay otros miembros de la dirección del PP que ya estaban en el Senado antes del ascenso de Feijóo. Es el caso del portavoz, Javier Maroto, uno de los pocos supervivientes en la purga llevada a cabo con el equipo de Casado. Maroto mantiene su cargo, que lleva aparejada su presencia en los Comités de Dirección de los lunes.

Maroto es uno de los dirigentes del PP que recibe un mayor sueldo público. A la asignación por senador, se suma la indemnización por ser de fuera de Madrid, y dos complementos: el de portavoz del grupo (2.897,09 por 14 pagas) y el de portavoz de la Comisión de Reglamento (1.134,52 euros por 14 pagas). En total, 126.564,06 euros.

También el viceconsejero de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, era senador por designación de la Asamblea de Madrid, después de que Isabel Díaz Ayuso pusiera tierra de por medio entre su Gobierno y su inmediato predecesor en el cargo ya que Rollán fue presidente accidental de la Comunidad de Madrid tras la dimisión y huida a Ciudadanos de su amigo Ángel Garrido, enfadado porque Casado no apostó por él como candidato y optó por Ayuso. Una decisión de la que probablemente se arrepintió más de una vez.

Su sueldo es diferente. Por representar a Madrid recibe una indemnización menor, de 933,78 euros. Sumado el sueldo base y el complemento de portavoz de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el total es de 71.665,44 euros.

Completa la nómina el presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP, el expresidente de Extremadura José Antonio Monago. Senador por designación autonómica, es portavoz adjunto del grupo parlamentario y vicepresidente segundo de la Comisión de Hacienda, dos cargos con complementos compatibles entre sí, por lo que su salario anual es también de los más altos: 117.681,76 euros.

El resto del Comité de Dirección de Feijóo no está en el Senado porque ya ocupaban otros cargos públicos. Es el caso de la secretaria general, Cuca Gamarra, otra superviviente de la era Casado que mantuvo la Portavocía del Congreso. Como Esteban González Pons la del Senado y Dolors Montserrat la de eurodiputada.

Pero el desembarco de dirigentes del PP en el Senado no se circunscribe al primer círculo de poder. Otros siete altos cargos del PP ocupan plaza en la Cámara Alta, todos ellos relegados en su día por Casado.

Es el caso de Ana Isabel Alós, senadora electa por Huesca y que ocupa la Secretaría de Política Provincial e Insular. O Patricia Rodríguez (electa por Ávila) y secretaria de Familia, Igualdad y Reto Demográfico. Feijóo la ascendió a portavoz adjunta en la Cámara Alta.

Otro de los nuevos dirigentes del PP es Antonio Román, destacado militante antiabortista electo por Guadalajara, de cuya capital fue alcalde, y que hoy es el secretario de Política Municipal y Grandes Ciudades. Como en el caso anterior, fue nombrado portavoz adjunto, con la mejora económica respectiva.

Jaime Miguel de los Santos (designado por la Asamblea Madrid) es secretario de Cultura, Sofía Acedo (electa por Melilla), de Afiliación y Participación, Jorge Martínez Antolín (electo por Palencia), es secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y José Vicente Marí (designado por el Parlamento de Baleares), secretaria de Industria, Turismo, Comercio, Empresas y Economía Circular.

El Partido Popular tiene dudas sobre el anteproyecto de Ley de Secretos Oficiales que este lunes aprobará el Consejo de Ministros. La primera, que no conoce el contenido del texto cuya redacción ha comandado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. “No ha habido contactos”, se ha lamentado en una rueda de prensa el secretario de Economía, Juan Bravo, quien ha asegurado que una norma que afecta a asuntos “de Estado” debería haberse redactado de acuerdo con el principal partido de la oposición. Pero, además, el PP ha acusado al Gobierno de “politizar” la cuestión al trasladar la competencia en la materia desde el Ministerio de Defensa al de Presidencia.

El Gobierno de coalición pondrá en marcha este lunes la primera piedra para una Ley de Secretos Oficiales democrática. La actual fue aprobada en 1968, durante la dictadura de Francisco Franco, y no se asimila con las normas similares que existen en los países occidentales. Por eso, creen en el PP, el PSOE debería haber pactado con ellos el contenido del proyecto. “Hemos mostrado firme voluntad de llegar a acuerdos”, ha dicho Bravo, quien ejerce de portavoz del partido de Alberto Núñez Feijóo en la primera semana de agosto.

El dirigente ha lamentado que algo “tan importante” y que afecta a la seguridad del Estado no se haya acordado para que la futura ley, cuyo trámite no ha hecho más que empezar y que se puede prolongar fácilmente un año antes de su aprobación, perdure “en el tiempo”. Es decir, que el PP no decida enmendarla o modificarla si logra una mayoría para hacerlo. Bolaños ha gestionado la redacción de su propuesta con mucho celo, tanto que ni siquiera el socio de Gobierno, Unidas Podemos, sabía de su contenido, lo que ha llevado a que la líder del espacio político, Yolanda Díaz, haya rechazado las medidas que se han filtrado.

Pero el PP también ha criticado el fondo de la norma. Al menos, de algunos de los planteamientos que ya se han hecho públicos. Franco situó la gestión de los secretos oficiales bajo el manto del Ministerio de Defensa, toda una declaración de intenciones. Cinco décadas después, el Gobierno de coalición plantea trasladarlo al Ministerio de la Presidencia. Es decir, al Palacio de la Moncloa, lo que para Bravo significa una “politización” de la materia, además de una nueva afrenta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a quien este lunes el PP ha vuelto a señalar como su preferida dentro del Consejo de Ministros.

“Debilita a la ministra Robles, se le resta protagonismo”, ha dicho Bravo, quien ha puesto como ejemplo la destitución de la directora del CNI tras el estallido de la crisis por el espionaje con Pegasus a diferente miembros del Gobierno, entre ellos el propio presidente.

El PP ha relacionado la intención de cambiar el departamento que gestionará los documentos secretos con una supuesta debilitación del Estado. “Poner en duda el CNI es comprometido para el país, es la institución qué defiende a nuestro país por encima de todo”, ha dicho Bravo. “Lo que deberíamos hacer es reforzar las instituciones, la independencia de las instituciones”, ha añadido.

Bravo, sin embargo, no ha considerado a preguntas de los periodistas que la decisión que tomó Mariano Rajoy en 2012 de traspasar al completo el CNI desde Defensa a Presidencia supusiera “politizar” el servicio de espionaje español. Y ha deslizado que la nueva norma puede restar poder al servicio de inteligencia y, por tanto, al Ministerio de Defensa. “Por segunda vez se minoran las competencias de CNI”, ha asegurado Bravo. El servicio de inteligencia es el encargado de la custodia de los documentos que el Gobierno clasifica como secretos, algo que el PP cree que puede cambiar con la nueva norma. “Eso es lo que puede preocupar al conjunto de los españoles”, ha zanjado.

Contra el plan de ahorro energético

El PP tampoco ve con buenos ojos el plan de ahorro energético que aprobará también este lunes el Consejo de Ministros. Como en el caso de los secretos oficiales, Juan Bravo ha lamentado que el Gobierno no se haya puesto previamente en contacto con el principal partido de la oposición para consensuar las medidas, algunas de las cuáles ya desgranó Pedro Sánchez en su comparecencia de la semana pasada.

“Con lo que hemos oído, no va a solucionar los problemas”, ha señalado el responsable económico del PP. “Recuerda mucho al presidente Zapatero”, ha asegurado a continuación, en referencia a las medidas de ahorro que se pusieron en marcha en los primeros compases de la crisis económica desatada en 2008.

Entonces, ha dicho Bravo, “la solución no fue la mejor ni a los españoles les fue mejor”. Algo que, cree, volverá a ocurrir si el real decreto-ley se queda en lo anunciado por Sánchez.

Bravo ha reclamado al Gobierno “un plan” completo que vaya más allá de medidas coyunturales de ahorro y que incidan en el mix energético española, apostando por recuperar la producción basada en el carbón y en anunciar que se prolonga la vida de la centrales nucleares.

Alberto Núñez Feijóo le gana la partida a Juan Manuel Moreno y contará en exclusiva con el gurú económico del recién elegido presidente de la Junta de Andalucía, Juan Bravo. Aunque tanto Moreno como el propio Bravo habían planteado en público que el consejero de Hacienda mantuviera sus funciones en el Gobierno andaluz y los compatibilizara con la Vicesecretaría de Economía del PP, el líder del partido ha impuesto su criterio y tendrá en exclusiva a Bravo, que se trasladará a Madrid.

Feijóo arrebata así a Moreno sus dos principales puntales en el Gobierno andaluz. Durante la reciente campaña electoral ya quedó claro que el hasta ahora número dos del barón del PP, Elías Bendodo, no seguiría como consejero de Presidencia en la nueva legislatura, toda vez que el presidente del partido considera que sus labores de coordinador general del PP son incompatibles con otra responsabilidad.

Bendodo, número tres del PP tras Feijóo y la secretaria general, Cuca Gamarra, comparte con el vicesecretario de Organización, el gallego Miguel Tellado, la tarea de atar la organización y ponerla en funcionamiento ante las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. No había dudas de que el malagueño no iba a continuar en el Gobierno de Moreno.

Pero el caso de Bravo es diferente. Tanto Moreno como él mismo habían expresado en público que preferían que mantuviera su cargo. No en vano, Bravo ha sido el artífice de los tres presupuestos aprobados por el Parlamento andaluz, en alianza con Ciudadanos y con Vox. Además, recibió el encargo de gestionar los fondos europeos, en detrimento del consejero de Economía. El titular de Hacienda ya había comenzado, de hecho, la redacción de las nuevas cuentas.

Moreno ahora deberá buscar un sustituto para Bravo, que durante toda la campaña se ha comportado como si fuera a mantenerse en el Gobierno andaluz. Número 1 de la candidatura por Jaén, dejará en las próximas semanas el escaño que acaba de conseguir para aterrizar en Madrid.

Tanto Bravo como Elías Bendodo serán designados senadores por el Parlamento autonómico, lo que les permitirá tener presencia mediática más allá de las ruedas de prensa que puedan dar desde la sede nacional del PP. Así estarán aforados ante el Tribunal Supremo y, además, verán complementado los sueldos que les pague el partido. Un senador raso se embolsa 3.050,66 euros al mes por 14 pagas (42.709,24 euros al año). Pero existen diferentes complementos que los senadores cobran: desde la indemnización (27.412 euros al año a los senadores de fuera de Madrid) hasta la tarjeta-taxi de 3.000 euros, pasando por los complementos que pueden recibir en función de los cargos que ocupen: comisiones, portavocías, etcétera).

Bendodo y Bravo ingresarán del Senado, como poco, 73.121 euros. En el caso del aún consejero de Presidencia, esta cantidad iguala más o menos la que cobra de la Junta. Para el titular de Hacienda supone un cuantioso recorte sobre los más de 127.000 euros que ingresa gracias a un complemento que percibe como exdelegado de Hacienda en Ceuta y que consiguió tras un informe ad hoc que firmó un funcionario que fue luego ascendido a director general. De hecho, la Junta señaló un “error” cuando elDiario.es desveló el sueldo real de Bravo, que no figuraba en el portal de Transparencia, así como la promoción del letrado que redactó el informe

El presidente electo de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado este martes vía libre al consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, para dedicarse en exclusiva a sus responsabilidades como vicesecretario de Economía del PP a nivel nacional.

Fuentes del Gobierno andaluz han señalado a Europa Press que el resultado electoral con mayoría absoluta para el PP no hace necesario su perfil para aprobar las cuentas de 2023. Pese a sus resistencias, las mismas fuentes apuntan que Moreno ha cedido porque Bravo será una pieza clave en el equipo nacional de Feijóo ante el nuevo ciclo electoral. El presidente del PP quiere que Bravo se dedique en exclusiva a ayudarle a llegar a la Moncloa el año que viene.