El Pleno del Cabildo de Tenerife reprocha al PP romper el consenso sobre los barrancos de Güímar

El Pleno del Cabildo de Tenerife rechazó este viernes la moción del grupo del Partido Popular (PP) que pedía la retirada en el Parlamento de la proposición de ley de la corporación sobre los barrancos de Güímar, en una sesión en la que los grupos reprocharon al proponente romper el consenso para prohibir la actividad extractiva y regenerar la zona.

La consejera del PP, Ana Zurita, afirmó que su grupo comparte la necesidad de prohibir esta actividad y regenerar la zona pero no en clasificar por ley un suelo como rústico de protección ambiental sin identificar los elementos que le hacen merecedor de este reconocimiento.

Zurita señaló que, tras años de extracciones, la zona es un recinto caótico que es preciso reconducir y regenerar, y afirmó que hay “innumerables” proyectos de regeneración que se han producido en otras zonas de España sin limitar el uso del suelo y entre ellos citó el parque de Cabárceno, en Cantabria, que era una antigua mina.

La consejera indicó que son proyectos que se han resuelto teniendo en cuenta el triángulo entre mina, urbanismo y medioambiente, y subrayó que no hace falta una ley que diga que hay que restaurar esa zona, sino que es suficiente el planeamiento insular y territorial.

La solución es una planificación rigurosa y no categorizar cuatro millones de metros cuadrados “por la cara”, dijo Zurita, quién señaló que el Ayuntamiento de Güímar no comparte la propuesta remitida al Parlamento y recalcó que un desarrollo sostenible no es proteger todo sino compatibilizar los usos.

El coordinador general de Turismo y Proyectos Estratégicos del Cabildo, Miguel Becerra, dijo que se trata de un asunto complejo y tras 20 años de debate se ha llegado a un acuerdo con una ley para acabar con las extracciones, regenerar la zona y canalizar el cauce del barranco.

Por ello, afirmó que no entiende por qué ahora el PP quiere romper el consenso institucional y recordó que hay informes jurídicos que avalan que una ley es la forma más contundente para proteger los terrenos y dar mayor garantía jurídica. Además señaló que también se garantiza que se minimice las consecuencias indemnizatorias que se pudieran derivar de los derechos mineros.

El consejero de Política Territorial, Miguel Ángel Pérez, del PSOE, afirmó que hace siete meses el PP se alegró de esta iniciativa legislativa e incluso el Ayuntamiento de Güímar la avaló por lo que consideró que con esta moción ha cometido un error. “La ciudadanía de Tenerife no se merece tener un grupo Popular así” dijo el consejero socialista, quién reprochó al PP que no propongan alternativas, sino que avale que se siga extrayendo “de forma desmesurada”.

Pérez indicó que se han extraído 23 millones de metros cúbicos de áridos pero, según los expertos, todavía podrían extraerse entre 400 y 1.600 millones más por lo que, indicó, hay que proteger la zona prohibiendo la actividad y subrayó que la restauración de cuatro millones de metros cuadrados solo es posible a través de una ley. Cuando esté del todo protegido y restaurado, los ciudadanos de Güímar podrán decidir el uso que quieran darle, agregó.

Fernando Sabaté, de Podemos, indicó que la propuesta legislativa del Cabildo es la vía menos mala para solucionar este problema y evitar que se siga extrayendo áridos en la zona. Recordó el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial contra empresarios extractores y señaló que alguno que ahora ha tenido que doblar la rodilla y aceptar el pago de una multa “para no ir a la cárcel”, se reía de un agricultor que le advertía del peligro para su finca si continuaban las extracciones.

Además el portavoz del Podemos aludió a los informes jurídicos que avalan que la ley es la mejor garantía para prohibir la continuidad de la actividad extractiva y regenerar los terrenos.