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El Gobierno y los desaparecidos del franquismo

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Los defensores de Garzón señalan sus buenas intenciones a la hora de pretender solucionar los problemas pendientes de las víctimas del franquismo por la vía penal. Arguyen que sus actos han servicio para dinamizar un proceso que estaba dormido -el del enterramiento con divinidad de los asesinados por la dictadura- y que ha promovido la revisión de la transición, a la que se ha puesto de moda denigrar como un acto de cobardía de quienes la protagonizaron y supuestamente no se atrevieron a enjuiciar el franquismo. Para ponerle gallardía al desmantelamiento del franquismo está, a su juicio, el magistrado de la Audiencia Nacional.

Hay muchas cosas que no cuajan en el puzzle que han elaborado Baltasar Garzón y sus incondicionales. En primera instancia, el derecho es un asunto serio que no puede ser manejado al albur de los caprichos de un juez para hacer pedagogía social, darse el gusto de enjuiciar a quien la ley no le da competencia y, en definitiva, erigirse en conciencia de la sociedad a la que indirectamente se le tilda de pusilánime y disminuida en sus capacidades políticas hasta el punto de que, con una soberbia insoportable, se declara dependiente de un juez que ejerce de revulsivo para conseguir que las cosas que deben hacerse desde el poder político y administrativo terminen por llevarse a cabo. Según este principio, cuando haya algún asunto pendiente de resolución que la administración no termine de resolver, lo razonable será abrir una causa penal aunque sus responsables estén muertos, porque por lo menos servirá para que la sociedad se agite ante esa falta de eficacia.

Ahora, con el inventario de desperfectos efectuado por el juez Garzón, en el que parece como si hubiera un contubernio de la Fiscalía General del Estado y de la Audiencia Nacional para evitar que el juez pueda darse el gusto de entender en lo que no está capacitado, las cosas vuelven a estar en donde estaban: en una Ley de la Memoria Histórica cuya falta de desarrollo ha sido el campo propicio para que Garzón intentará esa extravagante incursión en procesar a una montón de cadáveres.

Haría bien el Gobierno en tomar nota de las justas reclamaciones de quienes tienen familiares sin localizar, enterrados en fosas comunes, y sin una labor coordinada que permita cuanto antes acabar con esa injusticia. El asunto es así de sencillo: las leyes vigentes permiten llevar a cabo cualquier investigación para localizar y desenterrar a todas las víctimas de los crímenes cometidos en el golpe militar, en la guerra civil y en la dictadura. Es al Gobierno a quien le corresponde por la vía civil y administrativa satisfacer esas demandas.

Si el Gobierno no termina la aplicación de las leyes que con tanta publicidad promulgó, habrá que empezar a pensar que le interesa más la propaganda que los resultados. No es la única ocasión en la que esto es bien visible. Se propagan grandes principios, se anuncia que este Gobierno solucionará lo que nadie antes hizo y después no hay partidas presupuestarias ni desarrollo reglamentario para que la ley surta efecto.

Es curioso que muchos que aplauden a Garzón no sean consecuentes criticando la dejación y la irresponsabilidad del Gobierno que vendió la Ley de La Memoria Histórica como el escalón necesario para reparar las deudas pendientes con el honor de los asesinados y sus familias y el establecimiento certero de la ilegalidad e ilegitimidad del golpe militar y sin embargo, y un año después de la aprobación de la ley, se haya podido organizar el caos que estamos observando, sencillamente porque el Gobierno no ha hecho sus deberes.

*Carlos Carnicero es periodista y analista político, en elplural.es

Carlos Carnicero*

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