Jueces y fiscales: han vuelto a hacerlo

Erre que erre (de Recorte). Han vuelto a hacerlo. Se han celebrado días atrás unas jornadas sobre los Derechos Humanos y la Inmigración en el marco del Convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de Canarias y el Consejo General del Poder Judicial, comentadas en distintos medios de comunicación por la negativa de la delegada del Gobierno en Canarias a dejar entrar en el CIE ( Centro de Internamiento de Extranjeros) de Gran Canaria a los jueces y fiscales que pretendían ver las instalaciones y la situación en la que se encuentran los seres humanos internos en él. ¿Qué puede haber allí que no querían enseñar a los magistrados?; esperamos aún, de este insólito hecho, la correspondiente denuncia de las altas instancias judiciales ante las autoridades que correspondan.

Pero siendo el interés por visitar el CIE muy loable, no esto lo que nos trae hoy aquí. Hemos expuesto en distintos artículos, la opinión que nos merece que los jueces y fiscales celebren jornadas formativas a las que nada, faltaría más, tenemos que oponer en sus contenidos, pero sí en que se elijan para su desarrollo los complejos turísticos de más alto “standing” y por tanto ostentosamente lujosos. En plena celebración de estas jornadas sobre los Derecho Humanos y el drama de la emigración, los medios de comunicación se hicieron eco del estudio de desarrollo humano y pobreza en España y sus comunidades autónomas, elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas que situaba la tasa de pobreza en nuestra Comunidad tres veces por encima de la media Estatal, 21%, y además tuvimos que escuchar, entre la indignación y la perplejidad, a la Consejera del ramo del Gobierno de Canarias asegurar que dicha cifra se quedaba corta. Semanas antes la EPA indicaba en nuestras islas una tasa de desempleo de más del 34%, que, para situarnos, ni siquiera en la época de la posguerra civil española se alcanzó en nuestra tierra esta cifra espeluznante de paro.

La Justicia emana del pueblo, dice el art.117 de la Constitución Española, esa que juran o prometen acatar jueces y fiscales, por tanto es cierto que debemos garantizar la dignidad de las personas que desarrollan esta labor en nombre del pueblo y para el pueblo, pero ésta no debe entenderse, como alguno interpreta, en tener privilegios o lujos, que para nada son necesarios en el desarrollo de su labor ; la verdadera dignidad de aquéllos a los que en nuestro nombre imparten justicia debe ser alcanzar ésta , la Justicia como valor realizable , dentro del marco de la norma máxima del derecho que no es otra que la Constitución, tan vapuleada e incumplida por los otros poderes del estado. El grito de millones de personas “lo llaman democracia y no lo es” debe ser escuchado por el poder judicial y quienes lo ejercen. Porque le corresponde a este poder el papel de garante de los derechos y libertades que proclama la Carta Magna. La imagen de verlos debatir y exponer en complejos turísticos de lujo que nada tienen que ver con la durísima situación que vive nuestro pueblo, dice bien poco a favor de ellos, y no se trata de que salga “mas barato” organizarlo en esos sitios porque hacen un precio razonable, primero porque no hay quien se crea que ningún empresario regale nada cambio de nada, aunque solo sea la publicidad que se haga , no es de recibo, y segundo insistimos, porque en una sociedad audio-visual como la que vivimos también hay que cuidar la imagen, por respeto a esa parte cada vez mayor de la ciudadanía que sufre una crítica situación económica. Y harían bien jueces y fiscales en preocuparse de ello, ya lo hemos dicho alguna vez, hay que ser como la mujer del César, no sólo ha de serlo, sino parecerlo.

Permítanme, para terminar, una propuesta que ya hemos hecho a tres de los equipos políticos responsables del área de Justicia del Gobierno de Canarias sin ninguna respuesta al respecto: la creación de una Escuela Judicial en nuestra Comunidad Autónoma, pública por supuesto. Tenemos dos facultades de derecho, y por tanto una buena cantera; una situación geográfica estratégica para desarrollo tricontinental de la misma, que nos permitiría formación jurídica mediante convenios con los países del continente Africano, Latinoamérica y Europa; contaríamos con formación continua para todos los operadores jurídicos y preparación de opositores desde jueces a auxilios judiciales. Ahora que el edificio judicial de la calle Granadera Canaria se desalojará para el traslado a las nuevas sedes, sería un lugar idóneo para que se fijara como sede de esa escuela judicial que debería crearse; tendríamos allí salas para el desarrollo de jornadas como las que nos ocupa hoy y lo que es más importante, colocaríamos a Canarias como punto de referencia del derecho y la justicia. Casi nada.