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Ley del suelo. No estábamos tan locos

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En política a veces para ganar hay que perder, y una victoria a veces es una derrota. Esto es justamente lo que ha ocurrido estos días en el Parlamento de Canarias cuando varias fuerzas políticas que representan la mayoría de ciudadanos de esta tierra nuestra rechazaron el proyecto del ley del suelo perdiendo la votación frente a tres grupos parlamentarios que representan a 70.000 ciudadanos menos que los cuatro grupos que votaron en contra. El PSOE se sumó, siendo la fuerza política con más respaldo ciudadano, al bloque de esa mayoría social que rechazó una ley que llegó al parlamento sin el consenso, el diálogo y el debate social que una norma de estas características requiere para marcar las normas del juego sobre un territorio que es de todos y que es nuestro recurso más frágil y más escaso. Cierto es que algo de responsabilidad tienen quienes les abrieron las puertas del hemiciclo a un texto que se gestó en un despacho de profesionales, respetable y de una contrastada solvencia profesional, pero con una idea previa del territorio y de como actuar sobre él que fue fruto del encargo personal del Presidente del Gobierno.

Pertenezco, junto a otros compañeros y compañeras de los socialistas de Canarias, a un grupo que desde que tuvimos conocimiento del texto y de como se estaba gestando entendimos que el mejor servicio que le podíamos prestar al PSOE y a Canarias era no permanecer en un silencio cómplice con un texto que imponía un modelo de territorio donde los socialistas de Canarias éramos irreconocibles. Defender los acuerdos del PSOE en esta materia adoptados democráticamente en el seno de sus órganos previos los correspondientes debates, o el programa electoral, también debatido y aprobado en los órganos del partido, que obtuvo el mayor respaldo ciudadano en las elecciones de 2015. Programa electoral que se comprometía en la agilización y simplificación de los procesos urbanísticos pero reforzando el papel de la COTMAC como órgano autonómico de evaluación ambiental. No permitir que una decisión como esa que nos comprometía como proyecto político se tomara por unos pocos, y que fueran una vez más los órganos del PSOE quien previo debate fijara la posición sobre este texto de la ley del suelo. Lo que finalmente se produjo en una ejecutiva de los socialistas de Canarias y luego en un comité regional. Fue esa también una pelea por un modelo de partido, algo en lo que ahora estamos en pleno debate los socialistas de las islas. No fueron momentos fáciles. Fue paradójico recibir todo tipo de ataques y descalificaciones por algo tan sencillo como defender los acuerdos del PSOE y un modelo de urbanismo que entroncara con la tradición de los socialistas de Canarias en la defensa del territorio y del medioambiente. Recuerdo como anécdota cuando a varios diputados del Grupo Parlamentario se nos invitó a no hacer declaraciones sobre el texto y a no acudir a reuniones donde el mismo se debatiera junto a otras fuerzas de izquierda o instituciones sociales claramente identificables con la lucha por la defensa del territorio y del medioambiente. Lo doy por bueno. Con la perspectiva del tiempo me siento orgulloso de no haber cedido junto a otros muchos socialistas a la imposición de unos pocos y de haber sostenido la bandera de una visión progresista sobre el territorio que finalmente volvió a ser la posición del PSOE de Canarias en esta materia. En el pleno del Parlamento finalmente el PSOE votó junto a las fuerzas progresistas del parlamento contra la parte de la Ley que introduce un modelo neoliberal y desregulatorio del territorio, las mismas con las que se nos invitó a no estar, y con ello hay una ventana abierta al cambio cuando sumemos más diputados en el hemiciclo. Se ve que no estábamos tan locos.

Esta ley del suelo ha estado rodeada de debates falsos introducidos por los partidos partidarios de la misma que con la excusa de desatascar los problemas burocráticos para arreglar un muro en una finca agrícola nos han colado una buena dosis de arbitrariedad en el urbanismo en Canarias. Han querido llevar el debate a una discusión sobre la mayoría de edad de los ayuntamientos mientras que se introducía una enorme dosis de intervención e injerencia en la autonomía local por parte del Gobierno de Canarias, se desestimaban las enmiendas de la FECAM o se diferenciaba entre municipios grandes y pequeños. Se ha hablado de la enorme litigiosidad del actual sistema mientras que la ley va abocada a una inevitable conflictividad judicial con lo que ello conlleva en relación con quienes no tengan la capacidad económica de embarcarse en largos y costosos pleitos. Justo lo contrario de lo que se ha defendido. Se ha tratado de hacer una dicotomía que es artificial entre simplificación y regulación. Entre agilización y garantías medioambientales. Entre autonomía local y una idea común de Canarias. Se ha troceado el urbanismo y se ha puesto a competir a los territorios. Por desgracia el gobierno de Clavijo junto al PP y la Agrupación Socialista Gomera que representan menos ciudadanos que PSOE, Nueva Canarias y Podemos han impuesto su visión sobre el territorio. Esperemos pronto ser también mayoría en diputados y forzar democráticamente una nueva regulación sobre el territorio de nuestras islas.

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