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Nuevo REF. Avances e insuficiencias (2)

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La nueva propuesta introducida fue defendida insistentemente por un sector de empresarios, fundamentalmente de la construcción, para poder invertir RIC en infraestructuras públicas y así permitir, se dice, a las administraciones públicas adelantar la realización de obras públicas para las que carece de financiación a corto plazo. Pendiente aún del desarrollo reglamentario de esta medida se debe ser muy cauto sobre el uso que se va a realizar de esta posibilidad de materializar la Reserva. Considero que la mejor forma de financiar infraestructura y obra pública con la RIC es a través de su materialización en deuda pública emitida por las administraciones canarias (tal y como siempre se ha contemplado en el art. 27, precisamente para esta situación). O, en todo cado, la emisión de títulos por organismos públicos, tal y como hemos comentado. Se garantizaría así que las prioridades en la realización de las infraestructuras las decidan las administraciones con sus recursos -debiendo tener como guía el interés general- y no sectores privados que sólo financiarían aquellas obras públicas afines a sus intereses. Al respecto es significativo que la voluntad manifestada por los empresarios de la construcción se dirija sólo a financiar grandes infraestructuras, como el Puerto de Granadilla en Tenerife, de gran impacto medio ambiental y muy contestado socialmente. En cuanto a los aspectos insuficientemente resueltos por el nuevo REF, destacaré, en primer lugar, que no se logra reorientar decisivamente las inversiones empresariales hacia los sectores de la economía más necesitados de capitalización y que permiten diversificar nuestra economía, usando la RIC como un destacado instrumento de política económica. Para favorecer la diversificación de nuestro tejido productivo, debíamos haber primado la materialización de la RIC en el sector industrial, en el sector primario y en sectores estratégicos como las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, el transporte, la energía, en Investigación y Desarrollo (I+D), etcétera. Y no se ha hecho así. Tampoco se discrimina lo suficiente la inversión de la Reserva en la rehabilitación de establecimientos turísticos y la renovación en áreas en declive respecto a los alojamientos turísticos de nueva planta, idea clave de las Directrices de Ordenación del Turismo, que están en vigor, aunque parece que el Gobierno de Canarias lo ha olvidado. De haber incluido modificaciones de la RIC en este sentido, habrían sido las medidas de carácter fiscal más importantes adoptadas para el fomento de la renovación edificatoria turística, según le mandata al Gobierno la directriz 31 de Ordenación del Turismo. Haber adoptado estas medidas era posible, desde una perspectiva de técnica fiscal, graduando la importancia de la bonificación de la RIC (por ejemplo, manteniendo la actual de 90% de los beneficios empresariales e introduciendo otra nueva de sólo el 50%) en función de que la inversión se dirija al sector industrial o al sector turístico o dentro del turístico según vaya a rehabilitar un alojamiento de vieja planta o construir uno nuevo. Más sencillo ahora que se exige que al dotar la RIC en el Impuesto de Sociedades se defina ya, a través de un plan de inversión, la actividad donde se pretende materializar y aplicar, por tanto, las distintas bonificaciones que se establecieran. A modo de balance Siendo positivos algunos cambios introducidos, el conjunto de las modificaciones se nos antoja poco ambicioso, pues no se logra reorientar decisivamente las inversiones empresariales hacia los sectores de la economía más necesitados de capitalización y que permiten diversificar nuestra economía. Creo que las inversiones de la RIC (aún con las positivas restricciones introducidas) se van a seguir dirigiendo preferentemente a los sectores que han sido el motor del crecimiento económico de Canarias en las dos últimas décadas: el sector de la construcción y el sector inmobiliario, incluido aquí la construcción de alojamientos turísticos desde que se elimine la vigente moratoria turística de la Ley de Directrices. No hay que olvidar que la Comunicación del Gobierno de Canarias al Parlamento 2006 sobre la renovación de los incentivos del REF de enero de 2006, señala que el 50% de la materialización de la RIC en activos fijos ''son inversiones de carácter inmobiliario: terrenos y construcciones''. Para favorecer la diversificación de nuestro tejido productivo, se debía haber primado la materialización de la RIC en los sectores más necesitados de capital (industrial, agrícola,...) y en los que se defina como estratégicos para nuestra sociedad, así como orientar las inversiones en el sector turístico hacia la sostenibilidad incentivando de forma más decidida la rehabilitación de establecimientos turísticos obsoletos frente la creación de alojamientos de nueva planta. En definitiva, en el nuevo REF conviven progresos importantes, como la vinculación de la RIC con el empleo y las restricciones a beneficios fiscales respecto del suelo y actividades inmobiliarias, con problemas e insuficiencias notables; aspectos que la sociedad canaria deberá muy tener en cuenta para no repetir errores y avanzar consecuentemente en la diversificación de nuestra economía y en la orientación del modelo hacia la sostenibilidad. (*) Román Rodríguez es diputado y presidente de Nueva Canarias.

Román Rodríguez (*)

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