Otra chapuza, una más, de Aena en Canarias

Con aparente menosprecio y evidente falta de respeto por el interés ciudadano y hacia las autoridades locales, se ha decretado de un plumazo el cierre nocturno de la pista de vuelo en el aeropuerto Tenerife Sur, durante tres meses por motivos técnicos de conservación y reparación del pavimento. Lo que ha supuesto cancelaciones de alguna aerolínea low cost que por razones economicistas prefiere volar de noche.

La falta de un previo aviso para amortiguar los efectos ocasionados por una obra, sin duda necesaria, ha ocasionado un aluvión de protestas generalizadas, sin más resultado que el de una pataleta momentánea que se diluirá en pocos días.

Planteado un problema operativo de este tipo, es imprescindible ofrecer alternativas, por parte de los responsables, como solución o paliativo al inevitable perjuicio. Lo contrario indica prepotencia de quien suele actuar a su propia conveniencia sin contar como prioridad con el concepto de servicio público. La indignación provocada redunda en criterios distorsionados por falta de conocimiento suficiente, y opiniones desviadas cuya publicación afecta a una opinión pública demasiado vulnerable a la manipulación informativa.

Sin embargo, en este caso confluyen varios frentes en un solo punto reivindicativo para intentar minimizar daños: ¿Por qué no se amplía el horario nocturno de operación del aeropuerto de Los Rodeos mientras duren los trabajos en el Sur? Parece una propuesta sensata y cargada de sentido común, aunque suponga cierto conflicto relacionado con los ruidos que afectarían a los habitantes de la zona aeroportuaria. Sería conveniente sopesar las ventajas e inconvenientes de cancelar eventualmente el compromiso medioambiental, habida cuenta que los movimientos nocturnos de despegues y aterrizajes son mínimos en ese horario, y la perturbación no tendría por qué ser demasiado traumática para quienes, como en muchas partes del mundo, viven cerca de un aeropuerto. Aparte de las obras de insonorización en viviendas que se han llevado a cabo en los últimos años.

Para Aena no sería problema decidir en tal sentido, pues siempre actúa ajena a cualquier movimiento de rechazo hacia sus decisiones, sin contar con nadie. Pasa sobre las autoridades locales y sin considerar, a veces, la especial idiosincrasia de esta tierra.

El mal trato que se nos dispensa tiene varios botones de muestra que sería interesante erradicar por cuestiones de necesidad unas veces, o de simple dignidad otras.

Tenemos dos aeropuertos, El Hierro y La Gomera, en los que se implantó el AFIS, un servicio de información, no de control, por una sesgada maniobra política contra los controladores. Casi todos exonerados hoy judicialmente de toda culpa por aquel nefasto cierre del espacio aéreo español, militarización incluida. Operación, al parecer, intencionada y premeditada por los responsables políticos de entonces. Al cabo de siete años, seguimos con dos aeropuertos abiertos al tráfico civil sin control de torre (en El Hierro, solo el fin de semana).

Otra: Hace un año, en un pleno del Cabildo, se clamó por unanimidad la exigencia de construir una nueva terminal en Tenerife Sur. ¡¡¡ Una T-2 que llevaba construida e inaugurada desde 2008 !!! Nadie se había enterado a pesar de diversos esfuerzos por denunciarlo. Pero un año después del escandalazo que se montó, nadie ha dado explicación del porqué una obra de más de 40 millones de € ha estado cerrada a cal y canto durante 10 años; ni qué solución inmediata se le va a dar a la precariedad operativa de la obsoleta y mal cuidada T-1 actual.

Otro escarnio anterior: La privatización del 49% se le coló a nuestros responsables políticos. Nadie trató de “exigir” con firmeza el cumplimiento de la Ley Orgánica 4/1996 que contempla nuestro Estatuto de Autonomía; y su artículo 33, específico para Canarias: “A la Comunidad Autónoma le corresponde la competencia sobre…”, en cuyo punto 13 define, sin opción a interpretaciones manipuladas: “… puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa”. Semánticamente no existe un solo punto de apoyo que justifique el pretendido control estatal sobre el 49% presuntamente expoliado. (Quizá los de aquí se asustaran porque les venía grande tanta responsabilidad ante su falta de preparación y conocimiento).

Un inciso colateral: La CSI-F ha solicitado la creación de una Comisión de Investigación en el Congreso sobre el proceso, presuntamente fraudulento, de privatización del Ente. La infravaloración inicial, 58 euros por acción, supuso un ingreso al Estado de 4.263 millones de euros. La actual cotización, 164 euros por acción, le ha hecho perder al erario público 7.791 millones de euros. Beneficio flagrante a riesgo cero para selectos y seleccionados inversores extranjeros, o particulares bien informados, quizá con la conveniente antelación. (Datos del CSI-F).

Estudio aparte merecen la aparente desidia y falta de interés por implantar la CAT III en “Los Rodeos” para que los aviones actuales puedan aterrizar sin visibilidad y evitar así el destrozo operativo que periódicamente y en épocas definidas, se produce por la niebla típica y pertinaz de la zona, que impone gran cantidad de desvíos al Sur en perjuicio de los usuarios.

Y otra cuestión: la imprescindible 5ª Libertad del Aire para el desarrollo y futuro de Canarias. (Remito al artículo Hablando de libertades, 02/10/2017, archivado en el blog de referencia en la firma).

Abundando en los testimonios masivos de protesta, apuntar la inconveniencia de reivindicar cuestiones imposibles. Si se le da a AENA oportunidad de negarse razonadamente en un solo punto, por correlación, tendrá argumento para ignorarnos en todos los demás.