La cultura de un pueblo se puede medir desde varias perspectivas

La más reseñable –como tópico atribuido a Gandhi– habla de “por cómo su gente trata a los animales”. Irrefutable sentencia. Otras citas aluden al nivel intelectual de sus gobernantes. Es obvio que una ciudadanía bien cultivada siempre elegirá a sus representantes entre los más cultos como condición básica de sus supuestas capacidades. En otras menciones, quizá más poéticas, se apunta a las medidas y calidad de jardines y fuentes que adornan el paisaje urbano. También hay referencias al respeto debido a la propia historia, la lengua común, himnos, banderas… en fin, símbolos entrañables que aglutinan el sentimiento colectivo de un pueblo.

En el contexto de la actualidad local, referida hoy a Santa Cruz de Tenerife, procede añadir un sucinto eslogan en la misma onda: “La cultura de un pueblo se mide por el respeto y conservación de su patrimonio urbano, histórico y cultural”.

El Parque Viera y Clavijo, Bien de Interés Cultural, con declaración de Monumento, antiguo colegio femenino de La Asunción; edificio neogótico de 1900; lujosa capilla del mismo estilo, y el anexo Teatro Pérez Minik… lleva una década en conflicto desde que, a principio de este siglo, se procedió a una operación de cesión del Ayuntamiento en favor del Gobierno de Canarias, para su uso, conservación y remodelación pertinentes. El convenio firmado fue acompañado (año 2004 y adenda de 2006) por una espectacular ceremonia oficial en la que, con todo boato, se presentó un magnífico proyecto de futuro para dicho enclave (30.000 m2 en el centro de la capital), donde los espacios culturales, instalaciones deportivas de alto nivel y suntuosas áreas de esparcimiento serían una gran obra, privilegio para esta capital.

Nada de esto se cumplió; sino que de inmediato se clausuró el recinto y los presupuestos asignados se desviaron a otros menesteres. Tras iniciar tareas de demolición, se abandonó a su suerte en un inexplicable acto de destrucción por parte de la consejería de Cultura, beneficiaria de la cesión temporal, ante la pasividad del Ayuntamiento.

El progresivo deterioro de los inmuebles (calificados BIC) por el maltrato recibido, era constitutivo de un presunto delito, tipificado en el Código Penal como “expolio de patrimonio”. Hasta tuvo que intervenir Fiscalía para evitar la ilegal demolición intencionada del Pérez Minik, anunciada por la entonces consejera de Cultura que, por fortuna, eludió así posibles acciones penales.

Se ha reactivado el problema de la situación actual del valioso espacio urbano abandonado, porque los medios de comunicación locales, en general, han insistido durante los últimos años en la perentoria necesidad de que tan importante patrimonio histórico y cultural recibiera la atención institucional suficiente para darle solución. Finalmente ha aparecido la noticia de que el Gobierno de Canarias dotará con 10 millones de euros al Ayuntamiento para que este afronte las obras de rehabilitación.

La noticia sería satisfactoria si no fuera por los más de 10 años de pasividad oficial, y de que el planteamiento ofrece pocas garantías de cumplirse. No ya como cuestión de fiabilidad, por correlación con los precedentes, sino porque la presentación del proyecto ofrece demasiadas ambigüedades e imprecisiones, rodeado todo de una espesa y dilatoria burocracia que nada tiene que ver con la urgencia que merece el caso, tras tantos años de progresivo deterioro.

Entre mesas de trabajo, concursos de ideas, licitaciones, comités de expertos y reuniones técnicas, parece ser que este año no se moverá una piedra de las edificaciones en las que el tiempo corre en contra de su conservación. Lo que crea una duda razonable sobre la imprescindible y auténtica voluntad política

Sería importante conocer el verdadero objetivo final de los responsables. De aquellos que debieran proteger los derechos ciudadanos y defender sus intereses… (no los suyos, ¡claro!, sino los del pueblo).