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Delphi se declara insolvente

LA PLANTILLA MANTIENE LAS PROTESTAS

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La filial de Delphi en España presentó este martes una demanda de concurso por insolvencia ante un juzgado mercantil en Cádiz horas después de que el ministro de Industria, Joan Clos, augurara que el proceso de negociación con la dirección de la empresa estadounidense iba a ser duro.

En esa demanda presentada por la dirección de Delphi España para que un juez decida sobre la insolvencia o no de la factoría de Puerto Real la Junta de Andalucía ha decidido personarse en el proceso. Mientras, los trabajadores afectados por el futuro cierre de la fábrica gaditana continúan con sus manifestaciones a la espera de que el comité de empresa ponga fecha a una huelga general convocada por USO en Cádiz y a una manifestación en Madrid frente al Congreso de los Diputados.

Delphi Automotive Systems España presentó este martes la solicitud para que la factoría de Puerto Real sea declarada insolvente por un juez, acogiéndose a la Ley Concursal española, que ha sustituido las anteriores figuras de la suspensión de pagos y quiebra. La filial española de la multinacional americana, que fabrica componentes para el automóvil, decidió esta demanda de insolvencia por "el deterioro de su situación patrimonial" y aseguró que tanto las autoridades competentes como los sindicatos y las partes implicadas han sido informadas.

Delphi argumentó mediante un comunicado que esta decisión se ha tomado también por "la imposibilidad de iniciar conversaciones sobre algunos asuntos relacionados con el cierre" y volvió a recalcar que el cierre de la planta de Cádiz concuerda con el plan de transformación anunciado en marzo de 2006, dentro del cual Delphi pretendía centrarse sólo en líneas de producto estratégico dejando de fabricar productos no esenciales como las suspensiones y los rodamientos elaborados en Puerto Real.

A partir de ahora, el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz que ha recibido la solicitud de insolvencia deberá decidir si la acepta o no y, en caso favorable, abrir un plazo para que las partes acreedoras (trabajadores, autoridades públicas o proveedores) presenten las cuentas de lo que les adeuda Delphi. También la empresa podría presentar un convenio de acreedores para devolver lo adeudado a los acreedores con los activos de los que dispone (maquinaria, instalaciones, terrenos..).

Sin embargo, esta declaración de concurso por insolvencia podría derivar también en la liquidación de los bienes de la empresa para hacer frente a estos pagos, siempre que lo decida el juzgado mercantil.

Intervención de la Junta de Andalucía

De momento la Junta de Andalucía decidió personarse en este proceso judicial para "poder defender mejor a los trabajadores y hacer un marcaje más directo a la empresa". El titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, dijo que "tampoco se descarta la posibilidad de promover la iniciativa penal si hubiera base para ello y los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía están estudiando si hay algún supuesto contemplado en el Código Penal para poder utilizar esta vía".

La decisión de demandar un concurso por insolvencia se conoció después de que el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, augurara por la mañana que "el proceso de negociación con Delphi iba a ser duro". Clos dijo que la empresa debe respetar la Ley primero y luego se "debe encontrar una solución de reindustrialización para el sector" y lamentó que Delphi "incurra en unos comportamientos que no son propios de la conducta habitual en Europa a la hora de plantear un problema de competitividad".

Precisamente en la Comisión de Industria del Congreso, donde esta mañana los grupos parlamentarios del PP y del PSOE consensuaron un texto para que Delphi cumpla el Plan Industrial que firmó con los sindicatos en el año 2005, el diputado socialista por Cádiz, Rafael Román, anunció que este jueves el consejero de empleo de la Junta andaluza, Antonio Fernández, se entrevistará en Bruselas con los comisarios europeos de Empleo y de Economía para abordar esta crisis.

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