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Bruselas “no valora el fondo” del estudio de impacto de los sondeos de Repsol

La plataforma GSF Arctic I pasa junto al parque marítimo César Manrique en dirección al puerto de Santa Cruz de Tenerife. El Gobierno de España ha autorizado recientemente las prospecciones petrolíferas en aguas de Canarias. EFE/Ramón de la Rocha

Canarias Ahora

Las Palmas de Gran Canaria —

El comisionado del Gobierno de Canarias para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, aseguró este miércoles que la respuesta de la Comisión Europea sobre el estudio de impacto ambiental de los sondeos petrolíferos en aguas canarias “únicamente traslada la opinión y posición del Gobierno de España al respecto y no entra a valorar el fondo del asunto”.

Ríos explicó que “la supuesta investigación que dice haber abierto la Comisión Europea”, tal y como refleja su propia respuesta al eurodiputado de Coalición por Europa, Ramón Tremosa, concluyó cuando las autoridades españolas “informaron de que el proyecto era objeto de una evaluación completa de impacto ambiental de conformidad con las disposiciones de la Directiva 2011/92/UE”.

El comisionado avanzó que el Gobierno de Canarias volverá a activar las quejas presentadas ante la Comisión Europea por la autorización a Repsol, haciendo especial hincapié en el voto particular suscrito por dos de los magistrados del Tribunal Supremo. A este respecto, Ríos recordó que las prospecciones “vulneran hasta ocho directivas comunitarias, entre ellas las de Hábitat, Aves, Hidrocarburos o Proyectos y Programas”.

En relación a las declaraciones efectuadas por el subsecretario de Estado de Industria, Enrique Hernández Bento, sobre el “escaso recorrido” del recurso de alzada presentado por el Gobierno de Canarias en contra de la autorización, Ríos señaló que “la soberbia del Ministerio impedirá que se tengan en cuenta las graves deficiencias del procedimiento”, aunque espera que “esta vez sí contesten a las alegaciones formuladas”.

En cualquier caso, el comisionado aseguró que el Gobierno de Canarias recurrirá a los tribunales en caso de que el Ministerio rechace el recurso de alzada, “puesto que son los únicos que pueden garantizar imparcialidad al proceso”.

Ríos subrayó que la pasada sentencia del Tribunal Supremo se pronunció sobre la autorización activada hace dos años, pero que “en ningún caso se ha manifestado en torno al procedimiento seguido por el Gobierno en ese tiempo”.

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