Condenado el hijo de Mitterrand por un caso de tráfico de armas
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El tribunal correccional de París condenó este martes al senador y ex ministro del Interior francés Charles Pasqua a tres años de cárcel, dos de ellos de prisión condicional, y a Jean-Christophe Mitterrand, hijo del difunto presidente francés François Mitterrand, a dos años de años de prisión condicional --exentos de cumplimiento-- por un caso de tráfico de armas a Angola en la década de los noventa, conocido como 'Angolagate'.
Según recogen los medios franceses, Pasqua, condenado por tráfico de influencias, tendrá que pagar una multa de 100.000 euros, además de cumplir un año de prisión. Mitterrand, por su parte, condenado por encubrimiento de abusos de bienes sociales, tendrá que pagar 375.000 euros de multa.
La Justicia francesa considera que Mitterrand, quien fue asesor para África entre 1986 y 1992, puso en contacto a los vendedores de armas con las autoridades angoleñas a cambio de 2,6 millones de dólares.
Pierre Falcone, dueño de Brencon, la empresa francesa que vendió las armas al Gobierno angoleño, y el millonario israelí de origen ruso Arcadi Gaydamak han sido condenados a seis años de prisión firme por comercio de armas y tráfico de influencias. Falcone fue condenado también por abuso de bienes sociales y Gaydama por blanqueo de dinero.
Ambos vendieron las armas --unos 20 carros de combate, seis buques de guerra y 12 helicópteros--, procedentes de las antiguas repúblicas soviéticas, al Gobierno angoleño en plena guerra civil, entre 1993 y 1998, para luchar contra los rebeldes de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), un negocio que reportó casi 800 millones de dólares.
Otras 42 personas han sido juzgadas en el proceso del 'Angolagate', que ha durado ocho meses; entre ellas, además de las anteriores, se incluye el ex prefecto de Var Jean-Charles Marchiani, quien ha sido sentenciado a tres años de prisión, con 21 meses exentos de cumplimiento, por complicidad en tráfico de influencias y encubrimiento de abusos de los bienes sociales.
