El alcalde de Arona defiende la legalidad de los expedientes requeridos
El alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, de CC, dijo este jueves que los 274 expedientes urbanísticos requeridos por el juzgado número 8 del municipio “no incurren en ningún tipo de ilegalidad”, y aseguró que la Fiscalía Anticorrupción “no ha intervenido en ningún momento”.
Reverón calificó en rueda de prensa de “totalmente normal” el requerimiento de la Justicia, que ha dado un plazo de tres días para llevar estos expedientes al juzgado, y afirmó que “sólo hay una petición para que, en el caso de que se haya producido alguna ilegalidad, se resuelva”. El alcalde consideró una “jugada política y de mal gusto” la denuncia que presentó el portavoz del PSOE en Arona, Francisco Santamaría, quien advirtió de la presunta ilegalidad de algunos expedientes, y achacó esta acción a la “mala situación política que atraviesa” el representante socialista.
La documentación solicitada son contratos y licencias de obras realizadas en todo el municipio durante el último mandato de Reverón y donde han intervenido más de 180 empresas y particulares, precisó el alcalde. Estas obras se han adjudicado con el visto bueno de la comisión de gobierno, formada por siete miembros.
El alcalde de Arona también se refirió a la “gravísima infracción urbanística” supuestamente cometida en la construcción de un camping propiedad de Francisco Sanatamaría “por estar ubicado en suelo rústico en una superficie de 32.000 metros cuadrados”. A este respecto, Reverón estudia “iniciar acciones judiciales” contra el portavoz socialista “por un atentado contra el medio ambiente” y “un verdadero atentado urbanístico”, y afirmó que “todos los informes municipales constatan la ilegalidad”.
El PSC pide a González Reverón que asuma su responsabilidad
Por su parte, el portavoz del PSC en el Ayuntamiento de Arona pidió al alcalde que asuma su responsabilidad sin confundir a la opinión pública y que deje actuar “con total libertad” a la justicia, que investiga 274 expedientes urbanísticos.
Francisco Santamaría dijo que el alcalde de Arona debe tener “claro” que no ha sido el portavoz socialista sino la justicia la que ha mandado la policía al Ayuntamiento para reclamar, a petición del juzgado número ocho del municipio, los citados expedientes, que corresponden a contratos de obras públicas y licencias. El edil señaló que los socialistas denunciaron públicamente que CC y PP, que forman el pacto de gobierno municipal en Arona, han cometido presuntas irregularidades urbanísticas y económicas “de manera sistemática”.
Esta situación “nos parecía muy grave” y el PSC se planteó dos opciones, permanecer como meros espectadores, que era “lo más sencillo y cómodo”, o actuar con responsabilidad y cumplir con su obligación de denunciar estos hechos, añadió. Cuando el PSC tuvo “buena parte de la documentación necesaria” la trasladó a sus asesores jurídicos para que obraran en consecuencia, y una vez analizada, se puso en disposición de la justicia, en concreto de la Fiscalía competente en materia de urbanismo y medio ambiente.
A partir de ese momento se inició un proceso que ha llegado al juzgado de Arona, señaló Santamaría, quien subrayó que no es juez sino que ejerce sus funciones como cargo político. Subrayó también que en su día fueron los asesores jurídicos del Ayuntamiento los que advirtieron de que en los citados acuerdos urbanísticos habían supuestas irregularidades que podían ser constitutivas de delito.
En su opinión, las presuntas irregularidades se refieren a la concesión de licencias y contratos “a dedo, saltándose todas las normas de la ley de contrataciones”. En el caso de las licencias urbanísticas había advertencias efectuadas por los servicios jurídicos municipales y del secretario del Ayuntamiento, y en el caso de la adjudicación de las contrataciones tenían el reparo del interventor municipal y también del secretario, añadió Santamaría.
Por ello consideró que la documentación es “clara” y reclamó que sea la justicia la que dictamine y mientras tanto, que cada uno obre en consecuencia. El portavoz socialista también se refirió a la afirmación que efectuó hoy el alcalde de Arona, quien aseguró que un camping propiedad de la familia de Santamaría incurre en una “gravísima infracción urbanística por estar ubicado en suelo rústico en una superficie de 32.000 metros cuadrados”.
Francisco Santamaría aseveró que tiene un certificado registrado el 30 de enero de 2007 y firmado por el secretario general del Ayuntamiento de Arona y por el alcalde en el que, a petición del propietario del camping, se acredita que este recinto no ocupa “ni un solo metro cuadrado de reserva natural”.
