El alcalde de Arona ''perdonó'' 300.000 euros al complejo Mare Nostrum
El abogado Felipe Campos, acusación particular en el 'caso Arona', ha calificado como cohecho y prevaricación los posibles delitos en los que habría incurrido el alcalde José Alberto González Reverón (CC), por no haber cobrado las tasas de licencias de obra mayor a los propietarios del complejo hotelero Mare Nostrum, supuestamente a cambio de disfrutar de habitaciones para uso privado en el reformado hotel Sir Anthony, en Playa de Las Américas.
El cohecho se suma así a la prevaricación y tráfico de influencias que, indiciariamente, ya apreció el juez Nelson Díaz Frías, y que plasmó en el auto con el que puso fin en 2011 a la fase de instrucción. En el mismo consideraba que el alcalde de Arona habría incurrido en esos delitos al haber “perdonado” las tasas por licencia de obras, lo que supuso que el Ayuntamiento dejase de percibir 300.000 euros.
Campos ha añadido en su escrito de acusación, presentado ante el juzgado de Instrucción 2 de Arona, el delito de cohecho, y coincide con el de prevaricación. El 'caso del Sir Anthony', del complejo Mare Nostrum Resort, y cuyas obras de rehabilitación supusieron un coste de 10 millones de euros, saltó durante la instrucción del procedimiento, en las escuchas telefónicas que llevó a cabo la policía judicial.
De acuerdo con esas escuchas y los interrogatorios a responsables de Mare Nostrum y otros testigos, se desprende que el regidor nacionalista disfrutaba de habitaciones para uso personal.
Un elemento más del 'caso Arona'
El del Sir Anthony es un elemento más del caso Arona, cuyo procedimiento no se ha paralizado pese a que la Audiencia Provincial aún debe resolver las apelaciones presentadas por 30 acusados, incluidos políticos de CC, PP y PSOE, empresarios y funcionarios, contra el auto del magistrado. De hecho, el magistrado ha dado hasta el 18 de septiembre a la fiscal para delitos contra el Medio Ambiente y contra la Ordenación del Territorio de la Audiencia Provincial para que formule su acusación.
De acuerdo con las conclusiones del magistrado, José Alberto González Reverón “habría cometido un delito de tráfico de influencias en concurso con otro de prevaricación por omisión al ser conocedor de la ilegalidad de la obra mayor realizada en el hotel Sir Anthony, y hacer dejación de sus funciones y competencias sobre la ilegalidad de tal obra, a la vez que, de forma simultánea, se habría estado beneficiando del uso y disfrute de habitaciones en dicho hotel para un uso privado y reservado, y por las que no consta que abonara precio alguno”.
Díaz Frías también acusa al ex concejal de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Luis Sosa (CC), de tráfico de influencias y prevaricación, igualmente por “omisión al ser conocedor de la ilegalidad de la obra mayor realizada en el hotel Sir Anthony, y hacer dejación de sus funciones y competencias sobre la ilegalidad de tal obra”.
Acceso a las habitaciones “por entradas discretas”
Según la investigación de la Policía Judicial en la instrucción del caso Arona, González Reverón disfrutaba en 2008 “cuando así lo solicitaba” de habitaciones por las que no abonaba cargo alguno, en los hoteles del grupo Expohoteles and Resort (Mare Nostrum), en un trato directo con el entonces delegado del grupo empresarial, Rafael Estartús.
Estartús reconoció ante el magistrado que el acceso del alcalde de Arona a las habitaciones “era por entradas discretas que no fueran las normales de cualquier huesped”.
En una de las conversaciones intervenidas que figuran en el informe de la Guardia Civil, el 29 de febrero de 2008 el alcalde le comentó al delegado del complejo hotelero que “le había salido un tema, que sería para las siete, que es para tomarse una copa”, a lo que Estartús le respondió que “lo mejor es el sir Anthony”.
Por aquellas fechas ya habían comenzado las obras en el hotel, cuya reforma duró todo 2008. El juez, y ahora la acusación particular, sostienen que el alcalde era “perfectamente consciente de la realización de dichas obras de reformado ilegales en el mencionado establecimiento hotelero”, pese a lo cual, “no se adoptó en el correspondiente expediente la preceptiva orden de suspensión de las obras conforme a lo establecido por el artículo 176 del TRLOTENC (Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias), ni se impartió la orden para su cumplimiento efectivo por el concejal de Urbanismo de dicho consistorio”.
“Se oyen rumores”
Continúa que “muy al contrario, el referido imputado José Alberto González toleró y permitió tal situación de ilegalidad en la realización de dichas obras en el hotel Sir Anthony, llegando incluso a enviarle a Rafael Estartús un mensaje sms el día 27-6-2008 a las 11´03 horas diciéndole: ”debes presentar el proyecto d reformado d sir anthony p [para] no tener nosotros problemas? ya se oyen rumores“.
Según el auto, ni González Reverón ni su concejal de Urbanismo en 2008, Antonio Luis Sosa, “adoptaron las medidas cautelares tendentes a una efectiva y real paralización de las obras, tal como era su obligación por los cargos que ocupaban”.
Una técnico jurista del Ayuntamiento, asignada al área de contratación y servicios públicos, manifestó al juez que “no sabe que pasó para que no se ordenase la paralización de las obras”, pese a que hizo constar que había acta de inspección e informe técnico sobre la reforma en el Sir Anthony.
