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El Cabildo conejero pide la nulidad de contratos de Inalsa

PARA DEVOLVER 40 MILLONES DE DEUDAS

El presidente de la institución señala que la deuda con la empresa pública no está descendiendo.

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El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés (CC), señaló este martes que la corporación ha solicitado ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas la nulidad de diversos contratos y deudas de la empresa pública de aguas Inalsa, que suman 25 millones de euros.

San Ginés señaló que la deuda de Inalsa se mantiene o aumenta y se mostró convencido de que la compañía de aguas no será capaz de devolver los cuarenta millones de deuda si no se ganan los recursos planteados. Se mostró partidario de que Inalsa se mantenga en la esfera pública aunque señaló que la decisión de inyectar capital privado será de los administradores judiciales dependiendo del volumen de la deuda.

San Ginés acusó a la anterior presidenta, Manuela Armas (PSOE), de no haber emprendido acciones en defensa de Inalsa a pesar de que encargó un informe en julio de 2009 que le recomendaba solicitar la nulidad de los contratos de la UTE Edam Janubio y de Aguas Filtradas, que suman 21 millones. A estos contratos se une la reclamación de otros cuatro millones por los recargos que aplicó Unelco a Inalsa por no firmar un contrato eléctrico.

"Armas guardó ese informe en una gaveta y no emprendió ninguna acción como sí he hecho yo", señaló San Ginés, que aseguró que la ex presidenta insular tampoco aprobó los presupuestos del Consejo Insular de Aguas de los tres últimos años ni activó el Consorcio Insular del Agua, como solicitaba la Audiencia de Cuentas de Canarias.

Unelco

El presidente del Cabildo anunció que Inalsa no va a perder la subvención estatal que se da al Consejo, "al menos no íntegramente", y que el Consorcio traspasará sus fondos a Inalsa en cuanto tenga aprobados los presupuestos.

Por otra parte, San Ginés aseguró que se está intentando que Inalsa no pierda el contrato de interrumpibilidad eléctrica firmado con Red Eléctrica Española, por el que cobraría más de dos millones de euros, ya que se firmó fuera de plazo. San Ginés señaló que la autorización llegó ocho días más tarde de haber suscrito el contrato y que es el Ministerio de Industria quien cometió el error y debe decidir si se puede mantener ese contrato.

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