Campos advierte de la gravedad de los hechos recogidos en la querella del PGO
El abogado y portavoz de la Plataforma en contra del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz, Felipe Campos considera que las conclusiones que se recogen en la querella interpuesta por la Fiscalía de Medio Ambiente por el contenido de este planeamiento, “son de una gravedad extrema”. El letrado valora de este modo a sanborondon.info los contundentes argumentos que ha puesto de manifiesto el Ministerio Público por posible comisión de los supuestos delitos de fasificación de documento público, contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística y tráfico de influencias. Un procedimiento penal que se tramita en estos momentos en el Juzgado de Instrucción número 3.
Campos indica que ha pedido hace algunos días que se cite como imputado de forma urgente por la presunta falsedad de documento público al secretario municipal, Luis Prieto, al entender que en la denuncia de la Fiscalía “queda perfectamente acreditado que el documento del PGO se falsificó y se alteró cuando estaba bajo la custodia de dicho funcionario municipal”. Recuerda en este sentido que Prieto convocó un pleno para la aprobación del PGO el 4 de enero de 2010 que había sido alterado cuando ya estaba en su poder sin que la Ley permitiera modificaciones. Sin embargo, ahora todos los indicios apuntan a que el plan entregado el 23 de diciembre a los grupos municipales y el aprobado días más tarde en medio de las protestas ciudadanas no coinciden, tal y como denunció en aquellos días la Plataforma.
Sobre los presuntos delitos de tráfico de influencias y de prevaricación urbanística sólo puede indicar que son cuestiones que están siendo estudiadas. “Lo que sí puedo adelantar es que estamos ante un escándalo tremendamente grave que pone de manifiesto los oscuros pasajes que se esconden detrás de la aprobación del PGO de Santa Cruz hasta el punto de que se hayan cometido presuntos delitos del calado de los que estamos hablando”. El abogado dijo que “todo el mundo tiene presente que estamos ante un PGO que reparte de forma ilegal Santa Cruz de Tenerife entre unos pocos grandes empresarios mientras se expolia el patrimonio a un tercio de la población. Un planeamiento que se negoció en el despacho privado de los redactores que cobraron una cantidad millonaria de dinero público”, tal y como recogió en su informe del año 2010 la propia Cotmac.
Campos avisa que se ha iniciado un proceso penal complejo, muy largo pero recuerda que al margen hay otra denuncia distinta por un presunto cohecho también relacionado con el PGO de Santa Cruz. Por ello entiende que está totalmente justificada la preocupación que se ha instalado en el seno de los miembros del grupo de gobierno municipal “porque básicamente el Plan que se quiere aprobar en las próximas semanas es el que está bajo sospecha en este procedimiento judicial. Pero es que no sólo estamos hablando del Plan General sino también de todo lo ocurrido en el Parque Marítimo en los que es necesario que se depuren responsabilidades”, exigió. Aunque el abogado considera que el actual concejal de Urbanismo, José Ángel Martín ha demostrado buena voluntad en muchos de los asuntos de calado que tiene su Departamento, “sin embargo poco puede hacer cuando ha estado obligado a trabajar con las mismas personas del equipo del anterior alcalde, Miguel Zerolo que son responsables del desaguisado que hay en la Gerencia”.
“Hablamos de los mismos personajes con los que Zerolo trabajó durante años por lo que difícilmente el concejal de Urbanismo podrá hacer algo para mejorar la administración y para acabar con la impunidad que imperó durante el régimen cuando su equipo más directo torpedea el trabajo, cuando el gerente, Eduardo Risueño, que es la máxima autoridad jurídica, ejerció de máxima confianza de Miguel Zerolo. No debemos olvidar que es Risueño quien controla todo lo que tiene que ver con el PGO, por lo que es Zerolo realmente quien mueve los hilos para que se apruebe su Plan, con los pelotazos y el fuera de ordenación incluido”, indicó por último.
