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Canarias pide paralizar la tramitación de la ley

PLENO DEL PARLAMENTO

Dolores Padrón (PSC) afirma que no soluciona el déficit tarifario "y genera un nuevo tipo de pobreza, la energética".

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El Parlamento de Canarias, con el voto en contra del Grupo Popular, ha aprobado la propuesta de los socialistas que solicita al Ejecutivo central la paralización de la reforma eléctrica que está tramitándose en las Cortes.

La presidenta del Grupo Socialista, Dolores Padrón, defendió durante su propuesta que el texto elaborado por el Ministerio de Industria "no es una reforma, es un nuevo ajuste económico que está incluido en los 26.000 millones del plan de reformas presentado por el Ejecutivo del PP a la UE".

"De los 4.500 millones de déficit, 2.700 recaen sobre las empresas y 1.800 se dividen en dos paquetes de 900 millones que recaen en los ciudadanos a través de dos vías: la directa en el recibo de la luz y la de los Presupuestos del Estado vía impuestos", insistió la dirigente socialista.

Según Padrón, es una reforma que "nos condena a tener una energía cada vez más cara que el resto de países Unión Europea", y que, en plena crisis, "genera una nueva forma de pobreza que va emergiendo con fuerza, la pobreza energética".

"Una pobreza que afecta a familias que deben renunciar a determinados servicios en sus hogares y que va a abrir un nuevo conflicto social, derivado de posibles nuevos desahucios para los inversores familiares que hipotecaron sus casas con el fin de instalar plantas fotovoltaicas", dijo la también presidenta del PSC.

1,4 Millones de familias con la luz cortada

En este sentido, el portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Román Rodríguez, recordó que "a 1,4 millones de familias se les ha cortado el suministro eléctrico por que no podían afrontar el pago de los recibos".

Rodríguez, al igual que Padrón, incidió en que la norma "no ha sido consensuada con nadie, es una imposición de la mayoría sobre un asunto muy sensible".

Por ello, el texto aprobado pide la retirada de la nueva Ley Eléctrica con el fin de "poner en marcha un proceso de participación y de diálogo lo más amplio posible, encaminado a consensuar una política energética para el país que traslade seguridad jurídica y estabilidad razonable en un sector estratégico como es éste".

Por su parte, el nacionalista José Miguel González resaltó que la reforma crea inseguridad jurídica, sobre todo en lo referente a los sistemas eléctricos extra peninsulares, ya que el texto no garantiza su singularidad y tratamiento diferenciado.

Por el contrario, el conservador Manuel Fernández ha insistido en la necesidad de una reforma "para arreglar la desastrosa política energética del señor Zapatero".

"Con Aznar en el Gobierno, en 2004, el déficit tarifario era cero, y con Zapatero en el Gobierno la electricidad subió un 61%", concluyó.

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