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Cantidades que no cuadran y trabajos sin contratos

ALGUNOS PAGOS SUPERAN LO PACTADO

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Mediante un convenio de fecha 22 de marzo de 1996, el Banco Exterior de España (integrado actualmente en el grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), formalizó en fecha 24 de junio de 1997 un contrato de servicios con la entidad FF Comunicación, por la que ésta última se compromete a prestar servicios a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por un importe de 442.089 euros (impuestos no incluidos). Dichos servicios consistirían en la realización y difusión por los medios considerados adecuados de una campaña de presentación pública del Tesoro Canario. Con cargo al mismo, la dirección general ha solicitado el pago entre los años 1997 y 1999 de cuatro facturas por un importe bruto de 505.125 euros, cantidad superior a la establecida inicialmente en dicho contrato.

La Audiencia de Cuentas tuvo constancia al menos de "dos trabajos efectuados por empresas externas (Andersen Consulting, S.A. y Delphi Institute of Management, S.L.) sin la existencia de un expediente contractual, expresamente prohibido en el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 2/2000. En el caso de Delphi Institute of Management, S.L. y con inmediatez en el tiempo, probablemente a fin de dar cobertura a la situación de hecho creada se formalizó un posterior contrato, con distinto objeto a la prestación realmente efectuada por dicha empresa".

Se observa la reiteración, en sucesivos ejercicios, de contratos menores, con similar objeto, realizados fundamentalmente con consultoras privadas, y cuya finalidad pudo ser directamente obtenida por la propia dirección general, con su propio personal, y en el ejercicio de sus competencias, sin necesidad de recurrir a la contratación externa. La práctica generalidad de los contratos analizados, a juicio de la Audiencia, "ostentarían un excesivo precio atendiendo a la actividad desarrollada, su grado de complejidad técnica y la consecución de la finalidad pública, de mejora en el desarrollo de la gestión administrativa de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, como fundamento justificativo de la contratación, incurriendo en generalidades e informaciones fácilmente obtenibles, sin que incorporen ningún tipo de recomendaciones que pudieran redundar en una mejor gestión del propio servicio".

Durante los meses de enero y febrero de año 2003, personal de la empresa Delphi Institute of Management, S.L. estuvo realizando trabajos de conciliaciones bancarias sin que se formalizara el contrato relativo a esa prestación.

En el informe se afirmas que con posterioridad, existe un contrato formalizado el 23 de junio de 2003, y finalizado el 3 de julio de ese año con la empresa Delphi Institute of Management, S.L. con el objeto de: "obtener un estudio de las condiciones financieras en cajas de ahorros y entidades bancarias que operan en Canarias con sus clientes y su estudio comparativo con las condiciones de las cajas y bancos en el resto del territorio nacional", y por un importe de 29.200 euros, el cual es un contrato realizado innecesariamente. Para la Audiencia de Cuentas, "es probable que el importe de este contrato sirviera para retribuir los trabajos no pagados en enero/febrero del mismo año, tal y como se ha comentado en la conclusión anterior, ya que del análisis del mismo se desprende que el mismo se limita a copiar los datos que de manera gratuita se exponen en la página web del Banco de España. Por tanto, podría existir un empleo irregular del presente contrato administrativo".

Un estudio que es fotocopia de informes

A la empresa Delclos Consultores, S.L. se le adjudicó durante el ejercicio 2003 un contrato menor por importe de 11.984 euros sobre "Estudio comparativo de la política de inversión de los fondos de inversión de titularidad del Gobierno de Canarias", "estudio que, prácticamente, se limita a remitir copias de los informes trimestrales emitidos por cada entidad gestora, los cuales se obtienen gratuitamente en las entidades financieras", se indica en el informe.

Se observan tres contratos diferentes con la entidad Delphi Institute of Management S.L. (contratos números 1, 2 y 5) en los que el trabajo realizado es similar entre sí. A su vez, son coincidentes con otros contratos (números: 3 y 6) realizados por la empresa Delclos Consultores, S.L. Existe un administrador común entre dichas sociedades. También el contrato número 8, celebrado con la empresa Gestión de Medios Inmobiliarios, S.L. presenta similitud con los trabajos realizados por la entidad Delphi Institute of Management, S.L.

La Audiencia verificó "la existencia de contratos en los que la causa de los mismos no responde a una real y efectiva necesidad de interés público, tal y como exige el artículo 13 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, careciendo incluso en ocasiones de auténtica utilidad práctica en el desarrollo de la actividad administrativa; en concreto, en la totalidad de los contratos analizados con las empresas Delphi Institute of Management, S.L., Delclos Consultores, S.L. y Murli y Asociados, S.L., se observa esta deficiencia respecto al elemento causal del contrato".

1,2 millones de euros en recargos

Para la Audiencia de Cuentas, "la ausencia de depuración de las conciliaciones como mecanismo de control ha determinado no poder detectar en su fecha datos fiscales que han dado lugar a obligaciones de pago fuera de plazo de algunas retenciones por rendimientos de capital mobiliario, que ha conllevado la imposición de recargos por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de 807.117 euros e intereses de demora de 401.069 euros, en total 1,2 millones de euros. Por tanto, dicha ausencia de control podría conllevar un menoscabo a los fondos públicos de la Comunidad Autónoma por el importe resultante de los mismos".

Por último, durante la realización del informe de fiscalización, la Audiencia de Cuentas tuvo constancia de al menos "cinco cuentas ociosas que mantienen unos saldos relevantes en el mismo espacio temporal en que se utilizaban operaciones de crédito. Dicha actuación ha podido conllevar un menoscabo en los fondos públicos derivado del pago de intereses por utilización de créditos de Tesorería existiendo Tesorería en las arcas de la Comunidad Autónoma de Canarias".

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