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Carlos Espino declara por los Centros Turísticos

ESTÁ IMPUTADO POR PREVARICACIÓN Y COHECHO

Está citado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Arrecife este martes.

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El secretario insular del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) en Lanzarote, Carlos Espino, prestará declaración este martes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Arrecife en calidad de imputado por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos y fraude.

La denuncia, que fue interpuesta por el Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) del Cabildo de Lanzarote y admitida a trámite el pasado mes de mayo, tiene que ver con presuntas irregularidades durante su gestión al frente de los CACT del Cabildo de Lanzarote desde junio de 2007 hasta octubre de 2009, según informaron a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

Según la presidenta del Consejo de Administración y consejera de los CACT, Ástrid Pérez, el dirigente socialista actuaba como si los Centros Turísticos fueran "una empresa privada suya" y "contrataba a quien quería, como quería y en la cuantía que quería". "Eso vulnera el procedimiento legalmente establecido y es un delito", apostilló.

Personas ''excesivamente vinculadas'' al PSOE

"Yo como cargo público tengo la obligación de poner en conocimiento del juzgado cualquier irregularidad en la gestión que entienda que puede ser constitutivo de delito. Una vez que ha entrado la denuncia en el juzgado está sub iudice y será el juzgado el que tendrá que determinar si él ha cometido esos delitos o no", remarcó la también presidenta del PP en Lanzarote.

En todo caso, Pérez acusó a Espino de haber "pagado" desde los CACT "dinero a personas excesivamente vinculadas a su partido sin que se acreditara que se realizaran los trabajos". "No se siguieron los procedimientos de contratación como establece la ley", reiteró.

Entre las presuntas irregularidades cometidas, aludió a los trabajos en la cocina de los Jameos del Agua, que se efectuaron sin concurso público y, según Pérez, "se pagó muy por encima del valor del mercado".

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