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Desaparecen pruebas y autos relevantes del caso Unión

De la primera conversión grabada por la Guardia Civil al denunciante de este trama de corrupción masiva solo se conservaba una copia

Se trata de cuando el político socialista lanzaroteño Carlos Espino recibe la oferta de Fernando Becerra, intermediario del empresario Luis LLeó, para desbloquear una parcela

Tampoco se encuentra en el sumario la única conversación mantenida entre el denunciante Espino y Lleó

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Las grabaciones originales de dos pruebas relevantes de la operación Unión han desaparecido. Se trata de la primera conversación grabada por la Unidad contra el Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil, entre el político socialista lanzaroteño Carlos Espino, denunciante del caso, y Fernando Becerra, intermediario del empresario Luis Lleó para desbloquear los problemas urbanísticos de una parcela, que da pie a toda una vasta operación contra la corrupción en la isla de Lanzarote.

De aquellas grabaciones entre Espino y Becerra sólo se conserva una copia, y de la única conversación mantenida entre Lleó y Espino, días antes de las primeras detenciones, no hay ni siquiera una copia. También se ha extraviado el original de los autos de entrada y registro a la casa y oficinas de Luis Lleó y al Ayuntamiento de Yaiza. De los 12.000 primeros folios de la instrucción, cuyo secreto de sumario se levantó en diciembre de 2009, son estos son los únicos que faltan.

El primero de los autos ya ha sido anulado por la Audiencia Provincial, aunque no por este motivo sino porque la fundamentación del auto correspondía a la entrada y registro de otra de las imputadas, Elena Martín, por un error obvio. Con esa anulación se invalidan todas las pruebas conseguidas mediante ese registro, como el informe que hizo la Guardia Civil que ponía de manifiesto los contactos de Luis Lleó con dos ex letrados del Tribunal Constitucional que le asesoraban a cambio de grandes sumas de dinero.

Los fundamentos de ese auto eran los mismos que aparecían en el auto de entrada y registro del Ayuntamiento de Yaiza, ya que se buscaban expedientes relacionados con Lleó, aunque también con el arquitecto Carlos Morales, marido de la princesa Alexia de Grecia. Ese auto era el folio 10.526 del sumario, que ahora pertenece a otro contenido, y se separó del resto para dar testimonio en otra pieza que se seguía por la construcción de la casa de Morales en suelo rústico, ya que el expediente se consiguió en el registro del Ayuntamiento. Esos papeles ni llegaron a esa causa ni volvieron, y la pieza contra Morales se ha archivado sin que se aportaran.

Esto no es todo. Hay indicios de que han podido desaparecer los originales de autos que afectan a detenciones y registros. Uno de los imputados, Felipe Fernández Camero, señala hasta 93 documentos sin firmar por parte del primer juez instructor, César Romero Pamparacuatro. El secretario del Juzgado número 5 había advertido en enero de 2012 que faltaba la firma del juez en once de ellos, que se le enviaron a Pamparacuatro para que los firmara, pero tiempo después aparecen muchos documentos más sin firmar de los que no se había informado.

De esos 93, la mayoría son providencias o diligencias que no están firmadas por el juez ni tienen por qué estarlo, según fuentes de la investigación.

Otros, sin embargo, son autos que afectan a derechos fundamentales: de entrada  y registro a domicilios, como los de Rafael Arrocha, Manuel Spínola, Julio Romero, Isabel Déniz, Demetrio Rodríguez, María José Docal, Antonio Machín o Luisa Blanco, y órdenes de detención de Fernández Camero, Martínez Llerandi,  Stephane Valverde, Docal, Eduardo Ferrer, Pedro Rodríguez, Demetrio Rodríguez, Antonio Machín o José Luis Betancort. Según esas mismas fuentes, todos los autos originales estaban firmados por el juez. Los autos que aparecen en el sumario están firmados sólo por el secretario.

En la instrucción no se ha llevado a cabo una reconstrucción de autos, en la que se cita a las partes para subsanar errores de este tipo y que puede derivar en la solicitud de pruebas periciales para determinar si los documentos originales se crearon antes de las detenciones o se crearon después, que es en definitiva lo que podría conllevar la anulación de esos documentos.

La causa no se tramitó dentro del sistema informático Atlante, por los recelos o temores a filtraciones (como en efecto ocurrió) y por la relevancia social de algunos de los investigados, pero no sería difícil comprobar cuándo se crearon esos documentos, ya que es una información que se almacena en las propiedades del documento informático.

Una de las juezas instructoras del caso, Lucía Barrancos, en un auto de 19 de enero de 2012, señalaba, instando a que se subsanara el error material de ausencia de firma de algunos autos y resoluciones, que "la falta de firmas no originaba la nulidad de las actuaciones ya que se trata de un error material u omisión". En el caso de la desaparición de la primera conversación que dio lugar a la operación, sin embargo, sí podría poner en riesgo toda la instrucción, en caso de que se anulara esa prueba.

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