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Estudian 43 reclamaciones de indemnizaciones

EN EL MARCO DE LA NUEVA MORATORIA TURÍSTICA

Por ahora, advierten desde el Ejecutivo, "es muy prematuro calcular cuantías o prever qué va a ocurrir".

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El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, avanzó hoy que el Ejecutivo regional estudia 43 reclamaciones de indemnización por la paralización de proyectos urbanísticos en el marco de la nueva moratoria turística. No obstante, el titular del citado departamento avanzó que "muchas no nos suscitan dudas", sobre que no se encuentran entre las causas de indemnización que contempla la nueva Ley de Medidas Urgentes, o Moratoria 2.

Berriel explicó al inicio de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), que se celebra en la capital grancanaria, que del total de reclamaciones, tres corresponden a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el resto a Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.

Hasta el momento, se trata de "peticiones iniciales", señaló el consejero, por lo que confirmó que su departamento ha iniciado los expedientes, solicitándole a los titulares de la reclamación las acreditaciones correspondientes. Por lo tanto, hasta que no se resuelva este trámite, "no se podrá saber de qué estamos hablando". Aún así, Berriel avanzó que "hay muchas que no nos suscitan dudas, existen otras que conocemos de antemano que no están en los casos que prevé la Ley, y otras que sí hay que comprobar".

Por ahora, advierten desde el Ejecutivo, "es muy prematuro calcular cuantías o prever qué va a ocurrir".

Cabe recordar que el portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, afirmó hace unas semanas que el Ejecutivo "no descarta" la vía de la expropiación forzosa para evitar nuevos pagos, motivados por las reclamaciones presentadas por varias empresas con suelo para uso turístico y que se ven impedidas de desarrollarlo debido a la aplicación de la Ley de Medidas Urgentes. Esta Ley, recordó Marrero, otorga a la Administración la potestad de afrontar la indemnización que corresponda o acudir a la vía de la expropiación forzosa.

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