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Expropiaciones forzosas para evitar indemnizaciones

EL GOBIERNO CANARIO ADVIERTE A LOS EMPRESARIOS

Los empresarios afectados por la segunda moratoria podrán ser expropiados para ''pagar menos''.

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El Gobierno de Canarias recordó este martes a los empresarios afectados por la conocida popularmente como segunda moratoria ?la Ley de Medidas Urgentes de Ordenación del Turismo- que en su articulado se prevén instrumentos para evitar "la cascada de indemnizaciones", según explico el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, que sabían que se producirían durante el período de reclamaciones. Entre estos instrumentos estaría la expropiación forzosa de los terrenos.

Martín Marrero, portavoz del Gobierno de Canarias. (ACN PRESS)

Martín Marrero, portavoz del Gobierno de Canarias. (ACN PRESS)

Marrero recordó tras la reunión del Consejo de Gobierno que en estos momentos el Ejecutivo no se enfrenta a posibles procesos judiciales indemnizatorios -como sí lo son el conocido como caso Tebeto o Montaña Rayada- sino a procedimientos administrativos previstos cuando entró en vigor la ley, hace seis meses. En estos momentos al menos siete empresas han concurrido a procesos de reclamación por un valor de, al menos, 600 millones de euros.

El portavoz, que no pudo precisar cuántos han reclamado hasta el momento, recordó que cuando se articuló la Ley de Medidas Urgentes ya se habían previsto escenarios que ?al contrario que lo que ocurrió con la Ley de Moratoría Turística- articulaban vías para evitar las previsibles reclamaciones indemnizatorias, que les podrían ser reconocidas a aquellos titulares de suelo turístico reconvertido a rústico en virtud de la nueva norma.

"El Gobierno podría recurrir al pago de esos derechos o acudir a la expropiación", afirmó Marrero, que insistió que en estos momentos las posibles cantidades que se reclaman son fruto "de los cálculos de ellos" ?en relación a los empresarios- para insistir una vez más en que desde el Ejecutivo "se velará por el interés general" frente a las posibles alegaciones que lleven a cabo los servicios jurídicos de las partes afectadas.

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