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El Gobierno canario da por bueno ahora el Canódromo

DECIDE NO RECURRIR LA ÚLTIMA SENTENCIA DEL TSJC

En 2009 se había posicionado con los vecinos contra la casación ante el TS del Ayuntamiento de LPGC y Realia tras anular el TSJC el Plan Especial de 2004.

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El Gobierno canario no recurrirá en casación al Supremo la sentencia del TSJC relativa al caso Cánodromo, que a diferencia de la anulación del Plan Especial dictada en 2008 por el alto tribunal canario, ha bendecido ahora la cobertura urbanística de 2004 para la construcción de las dos torres de viviendas en el barrio de Schamann.

Los servicios jurídicos de la Comunidad han confirmado a CANARIAS AHORA que en su agenda no se contempla estos días analizar el caso, a pesar de que en 2009 se opusieron -aunque fuera de plazo- al recurso de casación al Supremo presentado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Realia, que ha dado pie estos días a la revisión de la sentencia anulatoria del Plan Especial por parte del TSJC, justo en sentido contrario.

El Ejecutivo regional se considera en este caso simplemente "codemandado" y jamás ha hecho suya, formalmente, la orden de impugnación del Plan Especial decretada en 2004 por el exviceconsejero de Política Territorial Fernando González, que obligó en 2009 a la Comunidad a cambiar por tercera vez de criterio y defender las tesis de la asociación de vecinos Avecalta contra la legalidad de la operación urbanística en la Ciudad Alta de Las Palmas de Gran Canaria.

Ahora, la administración autonómica canaria vuelve a cambiar de posición jurídica y da por buenas las consideraciones de la mayoría de los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en sus últimas sentencias sobre el caso. Desde la Dirección General del Servicio Jurídico regional se ha explicado a este periódico que "la sentencia confirma el Plan Especial y tampoco aprecia vicios de legalidad en el Plan General", causa última por la que fue codemandada la Comunidad al depender la aprobación definitiva del PGOU capitalino de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac).

"La sentencia no afecta al Gobierno porque nunca impugnó el Plan Especial", han indicado fuentes oficiales de Presidencia, de quien ahora depende los servicios jurídicos.

Fernando González firmó la orden de impugnación por el excesivo uso residencial de la zona el 7 de abril de 2004. Miércoles Santo, para más señas, víspera de un largo fin de semana festivo. Debió haber sido tramitada por los servicios jurídicos, entonces bajo control de la Consejería de Presidencia y Justicia, cuya titular era María Australia Navarro (PP).

El exviceconsejero aseguró en su reciente declaración como testigo en el proceso penal del caso desconocer el dato de que el vencimiento para impugnar el plan aprobado por el gobierno municipal de Pepa Luzardo se cumplía el 10 de abril -Sábado Santo, por lo tanto el lunes 12 como primer día hábil-. El tiempo material que tenían los servicios jurídicos, de haber recibido la orden, era prácticamente cero.

El exviceconsejero del Territorio de Canarias aseguró ante el juez instructor Tomás Martín ser consciente de que el plazo para impugnar se agotaba, pero mantuvo que desconocía la fecha del 10 de abril como tope. Del mismo modo, González admitió no haber realizado un seguimiento a su orden, aunque carece de una copia del registro de salida de la Vicenconsejería para confirmar que desde su propio departamento se le diera curso hacia los servicios jurídicos a las órdenes de Australia Navarro.

González dijo, no obstante, haberse enterado tiempo después pero "extraoficialmente" de que su orden no fue tramitada y los únicos documentos que mantiene en su poder son tanto la orden firmada por él para impugnar el plan que da cobertura jurídica a los torres del Canódromo como la copia de su remisión a la consejería de María Australia Navarro.

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