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El Gobierno desmiente que pretenda limitar la segunda residencia

LO ÚNICO QUE EXISTE ES UN GRUPO TÉCNICO DE ESTUDIO

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La Comisionada de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, Elsa Casas, afirmó este jueves que "es radicalmente falso" que el Ejecutivo regional esté negociando en Bruselas limitar la segunda residencia en las Islas, "y mucho menos a los canarios que residen en ellas".

De esta manera, el Ejecutivo aclara el contenido de la documentación Canarias ante el Futuro de las Regiones Ultraperiféricas que ha remitido a la Comisión Europea, como aportación al debate sobre la futura estrategia con las regiones ultraperiféricas (RUP), que se inicia en las próximas semanas.

El documento plantea que se estudie "eventualmente la posibilidad de regular" la segunda residencia en el Archipiélago "durante un tiempo determinado, condicionando la adquisición de las mismas, siguiendo algunos precedentes existentes" en la Unión Europea (UE) como el "caso de Dinamarca, Finlandia o Malta, y siempre que no exista discriminación entre los nacionales de los Estados miembros".

El texto, que ha sido remitido al Parlamento de Canarias, argumenta que "ante el incremento de la población y su presión sobre un territorio limitado como el de las RUP" sería conveniente analizar el "alcance cuantitavo" de la residencia secundaria para determinar si es necesaria su restricción.

Al respecto, Elsa Casas afirmó que dicha sugerencia forma parte del conjunto de alternativas que el Gobierno de Canarias, junto con otras instituciones y agentes económicos y sociales del Archipiélago, acordaron incluir en un documento de trabajo acerca del reto que supone la presión demográfica en el futuro de un territorio fragmentado y reducido como es el de las Islas.

Con su elaboración, agregó, Canarias responde a la consulta pública que la Comisión Europea trasladó en diciembre de 2007 a las Regiones Ultraperiféricas y que abrió "un largo debate y reflexión en la sociedad canaria, acerca de los retos que pueden plantear un especial desafío a las Islas y al resto de las RUP, como son el cambio climático, la definición de una política marítima europea, el futuro del sector agrario y la evolución demográfica y los flujos migratorios".

Análisis profundo de la situación de Canarias

En este sentido, Elsa Casas explicó que la intención del Gobierno "no es, en ningún momento, iniciar una negociación en Bruselas, sino presentar un análisis profundo de la situación de Canarias frente a cada una de los retos que se plantean, en el que se muestre, de la manera más descriptiva posible, las peculiaridades que nos diferencian del resto de las regiones de la UE".

Además, afirmó que la sugerencia que se plantea en el texto remitido a Bruselas se refiere únicamente a "la posibilidad realizar un estudio sobre el alcance cuantitativo que tienen las residencias secundarias en Canarias".

"Lo único que queremos es conocer el impacto real que tiene este tipo de práctica para poder valorar, con posteridad, si es conveniente o no plantear a las instituciones europeas una limitación temporal y parcial a la adquisición de segundas residencias", añadió Elsa Casas.

El principal objetivo del Gobierno de Canarias al incluir ésta y otras sugerencias en el documento de Canarias ante el Futuro de las regiones ultraperiféricas es aportar unas primeras orientaciones y propuestas a la Comisión Europea antes de que el próximo mes de octubre, emita una nueva Comunicación, con una primera propuesta sobre el Futuro de la Estrategia de la UE para las RUP, que sentará las bases de una nueva fase de desarrollo para estas regiones.

El vicepresidente y consejero del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, también se refirió hoy a esta cuestión y señaló que la segunda residencia "ayuda a la actividad económica, no lo contrario". Además, aseguró que el Ejecutivo regional no tiene tomada ninguna decisión al respecto.

Lo único que existe, explicó, es "un grupo técnico de estudio" que ha hecho una propuesta sobre la estrategia futura de las Regiones Ultraperiféricas con temas como la política marítima, la agricultura, el cambio climático, y los efectos de la población y la demografía, "pero en modo alguno es una decisión del Gobierno regional".

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