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El Gobierno estudia una denuncia por las escuchas grabadas a Adán Martín

EL CONSEJERO AFECTADO, DOMINGO BERRIEL, LO ANUNCIA EN 'EL ESPEJO CANARIO' DE CANARIAS AHORA RADIO

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El Gobierno de Canarias estudia presentar una denuncia para conocer los motivos que llevaron al juez del caso Mogán, José Alexis Reyes Negrín , a autorizar a la Brigada Provincial de Información "grabar conversaciones telefónicas del presidente y de un consejero", según anunció en directo poco antes de las 10:00 horas de este jueves el responsable de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Ejecutivo, Domingo Berriel, en el programa El Espejo Canario de CANARIAS AHORA RADIO.

Cinco horas después de la intervención en radio del consejero, el presidente del Gobierno, Adán Martín, arremetió en una declaración institucional contra quienes han dañado su imagen y que el Juzgado de Primera Instancia y de Instrucción número 6 de San Bartolomé de Tirajana y la Jefatura Superior de Policía deberán dar explicaciones por la filtración de parte del sumario del caso Mogán, en lo que ha afectado al presidente y su Gobierno.

"Las filtraciones y las grabaciones" sobre las conversaciones telefónicas mantenidas por el presidente, Adán Martín, el consejero Domingo Berriel y el director general del Gabinete del Presidente, Salvador Iglesias, con el presidente del Grupo Anfi, Santiago Santana Cazorla, "merece una investigación", afirmó la mañana de este jueves Domingo Berriel en el programa de Francisco J. Chavanel.

Berriel aseguró con respecto a las conversaciones con Santana Cazorla, a cuenta de la declaración gubernamental de interés general de su urbanización turística Anfi Tauro, que "me parece necesario hoy aunque es una barbaridad -en otras circunstancias-" que la opinión pública sepa con detalle el contenido de las conversaciones telefónicas pinchadas por el Cuerpo Nacional de Policía.

El consejero mantiene que "no procede grabar sin indicios claros y concretos" a personas -aforadas o no- "que no tienen nada que ver con el caso" que investiga el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 6 de San Bartolomé de Tirajana.

Tampoco, a juicio de Berriel, "procede realizar una grabación en abanico" que, al tratarse de un persona investigada en concreto -en este caso, el empresario Santiago Santana Cazorla- alcance también al contenido de las conversaciones de otras personas.

Domingo Berriel afirmó que "no es de recibo" que, en esos pinchazos, aparezcan el presidente del Gobierno de Canarias, él mismo, y el director general Salvador Iglesias, y aunque alabó "la diligencia y profesionalidad" de la prensa para dar la noticia, instó a investigar quién realizó la filtración de la noticia.

En este sentido, el consejero recordó que la tarde del jueves 8 de febrero "un periodista [de CANARIAS AHORA] me preguntaba por cuestiones muy concretas de una conversación con Santiago Santana Cazorla", en referencia a la noticia que dio origen al salto del caso Mogán al Gobierno de Canarias, publicada la noche de aquel jueves por este diario y la mañana del viernes por METRO CANARIAS.

Berriel no criticó la publicación de la noticia, sino el hecho de que alguien filtrara esa información para que "el periodista hiciera su trabajo de manera diligente", por lo que considera que se debe investigar el origen de la filtración.

El juez José Alexis Reyes Negrín remitió la tarde del jueves al Tribunal Superior de Justicia de Canarias una pieza separada, para que el alto tribunal canario, que la recibió la mañana del viernes, se pronunciara sobre si le compete abrir una investigación al Ejecutivo.

El TSJC envió el auto del juez el martes al Ministerio Fiscal, tras abrir las diligencias previas pertinentes, para que éste se pronunciara sobre su competencia a entrar en el fondo del asunto.

La Fiscalía del TSJC respondió el miércoles, en un dictamen no vinculante, en el que que no ve indicios de delito en el contenido del auto remitido desde San Bartolomé de Tirajana y, por tanto, el TSJC no es competente para actuar contra dos personas aforadas, Adán Martín y Domingo Berriel.

Este jueves, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias hizo pública su decisión de no investigar al presidente del Gobierno de Canarias ni a su consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, "por no ser constitutivos de delito los hechos referidos en los testimonios de pieza separada elevados a esta Sala por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de San Bartolomé de Tirajana, lo que determina que este Tribunal no tenga competencia para realizar investigación alguna referida a los mencionados hechos y a las personas aforadas que en ellos constan".

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