El Gobierno remite los pleitos de Vivienda a los juzgados de Tenerife
¿Vive usted en el barrio de Cruz de Piedra, en Las Palmas de Gran Canaria? ¿Tiene que recurrir ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa una decisión del Instituto Canario de la Vivienda? Pues sepa que para litigar con el Gobierno de toda Canarias deberá añadir a los gastos de abogado y procurador los desplazamientos que éstos hayan de realizar a Santa Cruz de Tenerife, porque es en ese partido judicial donde el Ejecutivo regional ha decidido que se residencien todos los pleitos que se refieran a consejerías con sede en esa ciudad.
“La competencia [jurisdiccional] se atribuye al órgano en cuya circunscripción tenga su sede el órgano autor del acto (Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, con sede en Santa Cruz de Tenerife, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 172/2007, de 17 de julio, que determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las consejerías del Gobierno de Canarias”. Así se recoge en un escrito presentado por la jefa de los Servicios Jurídicos del Gobierno, Rosa Elena Martínez, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, donde recayó un recurso de una vecina de Cruz de Piedra.
El abogado de la afectada, Francisco Palero, recurrió sin éxito ante el mismo juzgado por considerar que “el Instituto Canario de la Vivienda tiene sede en Las Palmas de Gran Canaria, calle Profesor Agustín Millares Carló, número 18 (...)”, según la página web del Gobierno de Canarias. Lo que le lleva a acogerse al artículo 51 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que indica que “las entidades jurídicas también podrán ser demandadas en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tenga establecimiento abierto al publico”, como es el caso.
La juez titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5, María Mercedes Martín, se ha inhibido en favor de los juzgados de Santa Cruz, pero la defensa de la afectada ha interpuesto recurso ante la Audiencia Provincial de Las Palmas solicitando que comparezca Paulino Rivero para que explique la Ley de Sedes.
