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Gómez Cáceres: ''Es surrealista que el ministro pueda influir en los jueces''

EL MAGISTRADO CRITICA LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES DE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN

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El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Francisco José Gómez Cáceres, sostuvo este martes que las opiniones que vinculan las decisiones judiciales con la posible intervención del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, le causan "risa" y que son "surrealistas".

En una entrevista concedida al programa El Espejo Canario de CANARIAS AHORA RADIO, el magistrado no descartó que el ministro pueda influir el actuaciones policiales y dio por hecho que influye en las del Ministerio Fiscal, por cuanto orgánicamente dependen de su mandato, pero que desde el Ministerio de Justicia se puedan dar instrucciones al poder judicial le pareció totalmente absurdo.

"Que el ministro pueda influir en al actuación estrictamente policial no lo descarto. No lo sé, porque no estoy en la policía, pero bueno, al fin y al cabo son los dos miembros del poder ejecutivo, uno como alto cargo y el otro como funcionario, estructuralmente podría ser. Pero que los jueces puedan estar influenciados por el ministro de Justicia es un disparate, no lo concibo, ni el que lo dice se lo cree. Me entra la risa. No me imagino al ministro dando instrucciones a un juez, un juez no aceptaría esa conversación ni 30 segundos. De darse el caso el juez cortaría la conversación y lo denunciaría, además de que el ministro no es capaz de eso. Es surrealista", dijo Gómez Cáceres.

"La influencia que pueda tener el ministro de Justicia o el presidente del Gobierno en la actividad judicial es nula, partiendo de la base de un juez como dios manda, que prácticamente todos los que conozco son como dios manda", abundó.

Pero sí estableció una distinción para con la actuación del Ministerio fiscal. "Otra cosa es la estructura jerárquica del Ministerio Fiscal. No está bien que el fiscal general dependa del Ministro de Justicia y que a su vez los fiscales dependan de las instrucciones del fiscal general del Estado. A través de ese cauce no es descabellado pensarlo, y de hecho está ocurriendo en la Audiencia Nacional de manera clarísima, que se están quitando y poniendo fiscales en función de las conveniencias políticas, por ejemplo en el denominado proceso de paz. No obstante, es normal, forma parte de la normativa reguladora de ese cuerpo", dijo el magistrado del TSJC.

En este sentido reconoció que dichas afirmaciones, que ponen el tela de juicio la independencia judicial "duelen" pero que desde el colectivo se intenta no darles importancia. "Entre nosotros no lo hablamos, ya ve la nula importancia que le damos. Sabemos que todo responde a una finalidad propagandística, que persigue enturbiar el ambiente y hacer creer al ciudadano, que desconoce cómo funciona la Justicia, determinadas cosas que no existen. Pero nosotros sabemos que no hay nada, que no tiene contenido ninguno ese tipo de rumor", dijo.

"Podría bastar una simple citación judicial"

Gómez Cáceres fue muy crítico con las actuaciones judiciales que se han derivado de las investigaciones de presuntos casos cde corrupción en Canarias como el eólico, Faycán o el más reciente que bajo la denominación Operación Góndola ha supuesto la detención, entre otras personas, del alcalde y dos concejales del municipio de Mogán junto al empresario Santiago Santana Cazorla.

Y es que, a juicio de Gómez Cáceres, esas detenciones no debieron producirse de esa manera, y consideró que quizás tanta publicidad se debiera al "afán de notoriedad de alguien", aunque sostuvo que no habla del juez o de alguien en particular en este caso.

"No hace falta esa tontería para gente con arraigo social clarísimo, y encima cuando estamos viendo los resultados de muchos casos", dijo Gómez Cáceres. Insistió en que las medidas de detención son exageradas en estos casos u para estas personas a las que se ha causado un daño en su imagen.

"Es lamentable.Para personas conocidas con arraigo, vida, familia y patrimonio, y que no están acusadas de asesinato, podría bastar una simple citación judicial. Y no me quiero inmiscuir en esa decisión, ellos sabrán por qué lo han hecho así, pero que se produce una condena social es obvio, se difama su reputación, eso es incuestionable."

Sobre las formas a la hora de la detención, como el caso de Santana Cazorla, en el Aeropuerto, a punto de coger un avión con destino a Tenerife, el magistrado sostuvo que eso no es una decisión del juez que investiga los hechos. El juez, explicó, dicta una orden, pero no dice cómo ni cuándo no dónde se debe producir la detención. "En este y en otros casos en los que se han visto involucradas personas conocidas, al final el resultado es que se sufren humillaciones innecesarias".

Gómez Cáceres no ocultó su opinión personal sobre el empresario grancanario. "Personalmente confío en su honradez y seriedad y, si no fuera así, me produciría un gran rechazo y una gran decepción", aseguró. "Al delincuente, el corrupto que se aplique la ley con toda su dureza, pero después de un proceso con garantías. Esto es una condena anticipada producto de decisiones precipitadas unido a la trascendencia informativa que tiene, y no hay que olvidar que el respeto a la persona es fundamental", dijo.

Reserva de Inversiones de Canarias

La sala de los contencioso administrativo que preside Gómez Cáceres ha sido noticia en los últimos días por los fallos que daban la razón a empresarios que habían sido sancionados por supuestas irregularidades vinculadas a la materialización de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC).

En este contexto, el magistrado sostuvo que "en Hacienda se percibe una concepción del derecho diferente a la que tienen otros poderes públicos. El derecho a castigar tiene que emplearse con mucha cautela. No puede ser que te castiguen directamente. Hay que decir que Hacienda tiene razón en muchas ocasiones, es gente muy preparada, pero para imponer una sanción tienen que tener claros que se dan los presupuestos necesarios de una infracción administrativa, entre ellos la culpabilidad, la intención de defraudar", dijo el juez.

Sostuvo que en la mayor parte de las ocasiones las sanciones impuestas son merecidas pero insistió en que "en otros órdenes de la vida, por ejemplo la vía penal, para sancionar por un delito hacen falta un proceso con muchísima garantías. Pero en Hacienda, por cualquier omisión o deuda, e incluso por cuestiones interpretativas, se lleva aparejada una sanción. Se sanciona de manera automática, por el mero hecho de que resulte precedente una regularización tributaria y eso es lo que no debe ser. Hay que sancionar con mucho ciudadano, con exquisita cautela", dijo explicando la base argumentartiva de las sentencias en este sentido.

"Decepcionado" de la política

En su explicación del actual sistema democrático en España consideró que no existen tres poderes, sino sólo dos: "El legislativo y ejecutivo por un lado y el judicial por otro. Ejemplo es que el ministro de Justicia diga que va a cambiar el Código Penal, y dos meses más tarde el código penal esté modificado, con lo importante que es que requiere de una mayoría cualificad porque es una ley orgánica. Así que un solo miembro del poder ejecutivo basta para que el legislativo adopte una decisión. Sólo hay dos poderes", argumentó.

Señaló que a título personal hace mucho tiempo que está "decepcionado" de la actividad política. "Porque todo va encaminado a llegar al poder y permanecer en él prevaleciendo el interés personal sobre el general: se manipula y se falsifica deliberadamente la cosa pública con ese fin", denunció.

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