La ley de Medidas Urgentes continúa una vez rechazada la enmienda

El Parlamento de Canarias tramitará el proyecto de ley de Medidas Urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación turística después de rechazar este miércoles los grupos de CC y PP la enmienda a la totalidad presentada por el grupo socialista, que opina que el texto tergiversa la realidad y ha suscitado el rechazo social.

La enmienda a la totalidad fue defendida por el diputado socialista Manuel Fajardo, quién pidió la retirada del proyecto de ley y consideró que el rechazo social que ha suscitado este proyecto sería suficiente para la retirada de la iniciativa.

El consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, defendió el proyecto de ley y argumentó que sus objetivos y fines son oportunos y necesarios para mejorar la productividad y dinamizar el medio rural.

Berriel dijo que en materia turística se hace necesario este proyecto de ley para corregir determinadas imprecisiones de la actual regulación, especialmente por la afección de derechos adquiridos por particulares, lo que ha provocado sentencias judiciales que obligan al Gobierno a pagar indemnizaciones.

En opinión del consejero es importante el modo de plantear la contención en la ocupación del suelo y la modulación del crecimiento del sector, para evitar incurrir “en gravosas responsabilidades patrimoniales que producen un quebranto al erario público”.

Aseguró que la ley prohíbe que en los próximos cinco años se clasifiquen nuevos suelos urbanizables con destino turístico, indicó que se fomenta la renovación y la rehabilitación de la planta más obsoleta para mejorar la competitividad del sector y se establece la excepción para los hoteles escuela de cinco estrella.

Berriel indicó que el proyecto de ley elimina rigideces innecesarias que dificultan el desarrollo de las actividades productivas, hecho que ha provocado el abandono de la actividad primaria, dificultades para el suelo industrial o la indisponibilidad de suelo para viviendas, dotaciones y equipamientos.

El consejero dijo que la ley también aborda el problema del incumplimiento por parte de las corporaciones locales de los plazos de adaptación de sus planes territoriales a las diferentes leyes turística y del territorio.

Aseguró que con esta ley se garantiza la igualdad y los derechos y deberes de los ciudadanos en materia urbanística.

En cuanto al suelo industrial, Berriel indicó que la ley prevé medidas para facilitar la disposición del suelo industrial.

El consejero afirmó que el proyecto de ley no invade las competencias locales, tal y como ha afirmado el grupo Socialista, y señaló que las corporaciones locales lo han apoyado.

Manuel Fajardo, diputado socialista que defendió la enmienda a la totalidad presentada por su grupo al texto del Gobierno, señaló que después de consultar con instituciones, profesionales y sectores económicos ha constatado el rechazo unánime al proyecto de ley.

Fajardo indicó que el Gobierno es el único que no se ha dado cuenta del rechazo de este proyecto, que, dijo, es un mosaico incoherente, que propone medidas inadecuadas.

El parlamentario socialista dijo que una vez analizado el contenido del proyecto se deduce que muchas de las medidas, lejos de adoptarlas con el carácter urgente que pide el Gobierno, deben ser adoptadas de forma sosegada.

Expresó su sorpresa por el diagnóstico negativo que hace el Gobierno de sectores como la agricultura o la ganadería, cuando las mismas fuerzas políticas llevan años gobernando.

Agregó que la principal razón de la enmienda es la ruptura de las reglas de juego, ya que en los últimos 15 años se ha respetado el consenso en todas las materias relativas al medioambiente y el territorio.

Dijo que invade competencias locales, cuestiona la moratoria y lejos de simplificar los trámites administrativos, los dificulta.

José Miguel González, de CC, dijo que la enmienda a la totalidad desfigura el proyecto de ley y carece de fundamento y no pretende mejorar la realidad.

González afirmó que cuando se habla de ordenación territorial y turística es solo una competencia del Gobierno de Canarias, señaló que nada legitima más a una administración que dar la opción a las alegaciones y subrayó que el Gobierno ha aceptado aquellas que mejoran el texto.

El Gobierno canario quiere clarificar y simplificar los procesos administrativos territoriales, dijo González, quién señaló que se refuerzan las competencias de los ayuntamientos y la seguridad de los procesos, por lo que rechazó las acusaciones de la oposición sobre se quiere incluir la discrecionalidad en la toma de las decisiones.

González afirmó que el Gobierno no ha querido “cargarse” la moratoria, como dice la enmienda, y señaló que pese a la desclasificación de suelo que impuso las directrices, todavía hay mucho suelo con derechos adquiridos.

Miguel Jorge Blanco, del grupo Popular, señaló que ante la crisis económica es necesario dinamizar diversos sectores productivos con la implementación de medidas que flexibilicen la aplicación de las leyes territoriales.

Abogó por una reforma global de la legislación urbanística para, entre otros factores, agilizar la tramitación de los planeamientos urbanísticos y pidió que se frene el intervencionismo público ante las iniciativas privadas.

Jorge aseguró que este proyecto de ley será una buena ley para todos, indicó que a las leyes del territorio se les da mucha importancia y por ello deben nacer con la vocación de permanencia porque lo difícil es hacer leyes cortas, simples y de fácil aplicación.

Dijo que el PP está de acuerdo en no autorizar nuevo suelo turístico.