Miguel Ángel Rodríguez reivindica 70.000 euros por realizar un “exceso de funciones” en Gran Canaria Accesible

El consejero de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Rodríguez.

Jennifer Jiménez

Las Palmas de Gran Canaria —

El consejero de Medio Ambiente en el Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Rodríguez, se ha defendido este viernes de las acusaciones del portavoz del PP en la corporación insular, Felipe Afonso El Jaber, sobre el dinero que ha reclamado por las funciones que ejerció cuando era coordinador del proyecto Gran Canaria Accesible, en el que trabajaba antes de formar parte del grupo de Gobierno. “No estoy pidiendo nada que no me haya ganado, pido que se me pague por el trabajo realizado”, señala.

Rodríguez explica que es trabajador del Gobierno de Canarias, pero sus funciones fueron delegadas al Cabildo y su plaza como monitor la mantiene desde 1991 en el centro de atención a personas con discapacidad El Lasso. Según indica, el PP le ofreció en 2011 coordinar Gran Canaria Accesible y, desde entonces, ha visto cómo sus funciones y la de su compañera de proyecto se incrementan sin apreciarse una mejora salarial. Asegura que se quejó varias veces, pero que el Gobierno de Canarias y el Cabildo no se ponían de acuerdo sobre a quién le competía solucionar su problema.

Cuatro años después, en julio de 2016, decidió demandar al Instituto de Atención Sociosanitaria de Gran Canaria, a la corporación insular y a la Consejería de Empleo del Ejecutivo regional. Al ser cuestionado sobre por qué tardó tanto en demandar, señala que “por buena fe, por evitar llegar a juicio y porque entendía que se iba a llegar a una solución”. Así mismo, aclara que “esto no tiene nada que ver con política” ni tampoco “con un tema personal” ya que su objetivo es reivindicar sus “derechos como trabajador”.

La Justicia ha estimado parcialmente su petición, condenando a las tres instituciones anteriores a pagarle 17.525 euros por el período trabajado desde agosto de 2015 a julio de 2016. Sin embargo, él considera que se le deben abonar las funciones de más desempeñadas desde el año 2011, cuando comenzó a coordinar el proyecto y, por ello, ha recurrido la decisión judicial. Esta actitud es la reprochada por El Jaber: “No es de recibo que un cargo público, que por encima de todo debería defender el interés general, mantenga un litigio personal contra la propia institución a la que representa” y le ha pedido que elija entre “el cargo o la pasta”.

Tras estas acusaciones, Rodríguez ha retado irónicamente al consejero del PP a que done lo que percibe por su cargo en la oposición y a que si lo hace, él también destinará lo que le devuelva la Justicia a una ONG. “Estamos hablando de Justicia social, de derechos laborales”, subraya.

En la sentencia, fechada en marzo de 2017, se recoge que las funciones que ejercía el actual responsable de Medio Ambiente sobrepasaban las de monitor ya que incluían “coordinación, organización, informes y gestión” y que estas son propias de “un jefe de servicio”. En este sentido, Rodríguez insiste en que realizaba horas extras, trabajaba fines de semana y realizaba numerosas actividades acreditadas de las que se siente “muy orgulloso”, pero aclara que no era una situación “justa”.

“Los anteriores consejeros del PP José Miguel Álamo y Francisco Santana estaban al corriente de mi situación y estoy asombrado con que El Jaber haga estas declaraciones cuando sé de muchos miembros de su partido que alaban mi trabajo y están contentos con las actividades realizadas”, apunta.

Además, afirma que su caso pone de manifiesto la situación en la que se encuentran muchos trabajadores que en el año 1998 fueron delegados del Gobierno de Canarias al Cabildo y que piden ejercer derechos como poder promocionar o que pasen a ser directamente trabajadores de la corporación insular si se van a quedar ahí trabajando.

Rodríguez no cree que haya conflictos de intereses en esta situación ya que son tres instituciones las demandadas e insiste en que se trata de luchar por algo que considera justo y es que se le reconozca el trabajo realizado y se le pague por ello.

El Cabildo de Gran Canaria, por su parte, considera legítima su reclamación como trabajador y subraya que esta lucha “no está relacionada con su actividad como consejero”.

Este no es el único episodio de enfrentamiento generado entre este consejero y el portavoz del PP, ya que en reiteradas ocasiones le ha acusado de “tránsfuga” al haberse mantenido en el Gobierno insular, a pesar de que su partido (Podemos), NC y PSOE habían roto el pacto. En el último pleno El Jaber llevó una moción contra el nombramiento de este consejero y el de su compañera María Nebot.

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