El PP no da un cheque en blanco al Gobierno en las leyes de cabildos y municipios
Que los alcaldes del Partido Popular (PP) de Canarias hayan suscrito, en el seno de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), el acuerdo que permitió desatascar la aprobación de la Ley Reguladora de los Municipios de Canarias no significa que el texto tenga el visto bueno ni de la dirección del partido ni del grupo parlamentario. Y lo mismo sucede con la Ley de Cabildos.
Ni siquiera el acuerdo alcanzado respecto a la Ley de Transparencia, una de los tres grandes textos ‘troncales’ en los que pivotará la acción del Gobierno en lo que resta de legislatura, garantiza que el PP no enmiende a la totalidad la nueva legislación que afecta a las corporaciones locales.
“Todo lo contrario, por eso he convocado a los presidentes insulares, uno de los cuales es alcalde de Los Realejos, para estudiar en el seno del partido cual va a ser nuestro posicionamiento político en esta materia” ha sido el aviso a navegantes que el secretario general del PP canario, Asier Antona, ha lanzado hoy al Ejecutivo que preside Paulino Rivero.
Una advertencia efectuada momentos antes de comenzar su reunión con las vicesecretarias autonómicas de Organización y Acción Sectorial, Carmen Hernández Bento y Cristina Tavío, respectivamente, y los presidentes insulares del partido para marcar la estrategia y las acciones a seguir en los próximos meses, pues lo que se decida “vinculará a todos los dirigentes y alcaldes del PP”.
Choque frontal con la Ley Estatal
“Ninguna de estas dos leyes tienen que ser incompatibles con la estatal de Sostenibilidad de las Administraciones Locales. No podemos buscar apoyar una Ley que choque frontalmente con la aprobada en el Congreso y en el Senado por parte del Gobierno de España”, ha insistido Antona.
Precisamente, tanto el presidente Rivero como el consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, hicieron gala el pasado 31 de julio, cuando se cerró el acuerdo con la Fecam, de que el texto terminaba “con la incertidumbre que generaba la Ley estatal y ampliar las competencias actuales de los municipios relativas, por ejemplo, a empleo o promoción económica”.
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada en 2013 por el gabinete que preside Mariano Rajoy dejó en el aire la prestación de varias competencias hasta ahora gestionadas por los ayuntamientos, como las relativas a servicios sociales o educación.
Sin embargo, la Ley pactada con la Fecam, tal y como explicó Hernández Spínola, “va a mantener como competencias propias aquellas que mediante leyes sectoriales se habían transferido a los ayuntamientos canarios”.
Un éxito para el municipalismo canario que resaltó el presidente de la Fecam y alcalde de Alajeró, Manuel Plasencia, cuando aseguró que “hemos conseguido lo que nos impide la Ley estatal”, por lo que apeló al “sentido común” de los conservadores, ya que “alcaldes del PP han dado el visto bueno a este borrador, porque va a ser bueno para los municipios y sus ciudadanos”.
Un mensaje que, de momento, no ha calado en el secretario general de los conservadores canarios, aunque sí ha asegurado que apoyarán “todo lo que vaya encaminado a mejorar la eficacia para la respuesta de las administraciones a los ciudadanos”, así como tolo que se refiera a “mejorar el control del gasto” de las mismas y “clarificar el ámbito competencial”.
Presupuestos sin gastos innecesarios
Pero Antona ha puesto más ‘peros’ al último tramo de la legislatura presidida por Rivero: los Presupuestos regionales para 2015, que el PP quiere vincular a la reforma fiscal que presentará la próxima semana ante la opinión pública.
Una modificación que supondrá “bajar los impuestos a las familias, a los autónomos y a las pymes”, como anunció en la sesión parlamentaria de la mañana durante su debate con el presidente Rivero.
“Vamos a ser muy rigurosos y exigir al Gobierno que sepa priorizar en aquellas cuestiones fundamentales, urgentes y básicas y que elimine todo lo que sean gastos innecesarios”, concluyó Antona.
