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Rivero elude opinar sobre el presunto blanqueo de Zerolo en 'Las Teresitas'

''HAY QUE SER RESPETUOSOS CON LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES''

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El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, eludió este miércoles pronunciarse sobre la investigación judicial sobre el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, por un presunto blanqueo de capitales en el marco del caso Las Teresitas. "Cuando están abiertos los procedimientos judiciales hay que ser respetuosos" y, por tanto, Rivero dijo que no tenía "nada que decir hasta que no concluya el proceso de investigación judicial".

La magistrada que investiga las presuntas irregularidades urbanísticas en la playa de la capital tinerfeña ha ordenado a la policía que investigue si Miguel Zerolo, compañero de Paulino Rivero en Coalición Canaria, blanqueó dinero de procedencia ilícita comprando premios de lotería. Según publicaron este miércoles los periódicos La Provincia y La Opinión de Tenerife, la investigación patrimonial al alcalde tinerfeño ha detectado bienes de elevado valor que no se corresponden con sus ingresos como edil.

Según publican los dos rotativos canarios, Zerolo ha justificado el ingreso de cantidades superiores a su sueldo afirmando que provenían de diversos premios obtenidos en los juegos de azar.

Querella contra once personas

La fiscal anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, presentó a finales de 2006 una querella por el caso de Las Teresitas contra once personas, entre ellas el alcalde de la capital tinerfeña, por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Además de Zerolo, en este asunto sobre las presuntas irregularidades urbanísticas en la playa de Las Teresitas la Fiscalía Anticorrupción acusa también, entre otros, al presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González; al concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, y a los ex portavoces municipales del PSOE Emilio Fresco y del PP José Emilio García Gómez. La querella se fundamenta en una investigación de diecisiete meses por las plusvalías obtenidas por un grupo de empresarios por la compra de unos terrenos en la playa de Las Teresitas, parte de los cuales fueron vendidos después al Ayuntamiento, que recalificó como urbano el resto.

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