La ponencia atribuye la responsabilidad política a Alberto Amorós
El documento sobre el que trabaja la ponencia que elaborará las conclusiones de la comisión parlamentaria que investigó la gestión de Alberto Amorós al frente de la Dirección General atribuye a éste la responsabilidad política en las irregularidades detectadas por la Audiencia de Cuentas.
Los tres grupos presentes en la ponencia, CC , PP y PSOE, aceptaron este vierbes utilizar como base el documento presentado por el grupo Popular, sobre cuyo contenido confían en tener unas conclusiones preparadas para el próximo miércoles.
El portavoz del grupo Popular, Jorge Rodríguez, indicó que la ponencia descartó la propuesta de CC, porque que en esta se eludían responsabilidades y consideraba que las anormalidades detectadas eran leves y se trataba de fallos administrativos.
Rodríguez consideró que el documento presentado por su grupo, y aceptado por los otros dos, es más claro y directo y constata que la utilización del convenio no era la figura propicia para los trabajos que la Dirección General del Tesoro desarrollaba.
Uno de los aspectos más cuestionados por el informe de la Audiencia de Cuentas son los convenios suscritos por la Dirección General con entidades bancarias para el desarrollo de determinados trabajos.
Rodríguez indicó que en el documento se pone de manifiesto que existían ingresos que por la utilización de un procedimiento anormal no llegaron a las arcas de la Comunidad Autónoma y concretó que en la propuesta del grupo Popular se designa como único responsable al director general.
Asimismo destacó el acuerdo existente para que las conclusiones y los trabajos realizados por la comisión de investigación sean remitidas a la Audiencia de Cuentas para que ésta las envíe al Tribunal de Cuentas.
El diputado del grupo Socialista José Alcaraz indicó que aunque se han producido algunos avances, como la aceptación del documento del grupo Popular, su grupo no está satisfecho ya que considera que es insuficiente.
Alcaraz señaló que aunque se reconoce en el documento que hubo presuntas irresponsabilidades contables, tanto CC como el PP se niegan a que sea remitido a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tal y como es la pretensión socialista.
Además criticó que en el informe se diga que no hubo delito porque lo dice el consejero auditor y en cambio no se recoja la opinión contraria de otras personas que intervinieron en la comisión.
Destacó la coincidencia en el reconocimiento de responsabilidades políticas pero indicó que a juicio de su grupo, éstas no deben circunscribirse únicamente a Alberto Amorós.
Alcaraz advirtió de que hay cuestiones que para su grupo son determinantes y por ello condicionó el voto final que tengan a que estas cuestiones sean incluidos en el dictamen.
Explicó que en el documento utilizado como base se acepta que la gestión de la Dirección General ocasionó un perjuicio a las arcas públicas pero precisó que ello aparece en el relato de los hechos “pero no va más allá”.
El portavoz de Coalición Canaria, José Miguel González, no se quiso pronunciar sobre cuáles de los aspectos contenidos en el documento del PP coincidían y recordó que los servicios jurídicos de la Cámara serán los encargados de elaborar una propuesta que será la estudiada el próximo miércoles.
